La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha criticado este viernes el nuevo impuesto a la fotovoltaica que prepara el Gobierno del PP y Vox en Castilla y León. “Va en contra de la sociedad en su conjunto”, ha criticado el director general de APPA, José María González Moya. “Lo que nos preocupa de eso es la inseguridad de un impuesto, una tasa que no existía”. “Estamos hablando de inversiones a muy largo plazo”.

Por su parte, el presidente de APPA y directivo de Acciona, Santiago Gómez Ramos, ha recordado que el sector hace inversiones “para décadas” y ha pedido “los menos cambios posibles en la inversión en la que se ha metido el dinero”. “No son nunca buenas noticias”.

Los responsables de APPA han comentado el nuevo impuesto a preguntas de los medios durante la presentación en Madrid del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España.

El informe refleja que el sector de las renovables batió récord de empleo en 2025, con 90.797 puestos de trabajo directo y una contribución directa e indirecta al PIB de 13.737 millones de euros, un 7,1% más. Pero los responsables de APPA han advertido de una ralentización este año y han reclamado “repensar” la denominada “operación reforzada” (con más gas) que Red Eléctrica de España (REE) aplica desde el histórico apagón del 28 de abril de 2025, a la que han pedido “poner fin” con un calendario claro.

El director general de APPA ha indicado que ese récord de empleo (por encima de 2008, cuando hubo una “actividad frenética” por el boom fotovoltaico de esos años) es una “muy buena noticia”, pero ha advertido de que este año la situación “se ha dado la vuelta” y “será difícil” que se alcance el récord de 12.000 megavatios (MW) instalados en 2025, en un contexto en el que no hay suficiente demanda para tanta potencia eléctrica. González Moya ha afirmado que la aportación de las renovables al PIB en 2025 ha sido “menos de lo que quisiéramos”. Como ha señalado el presidente de APPA, fue un año “histórico en nueva potencia”, pero las renovables aportaron menos energía respecto al consumo que en 2024, una “muy mala noticia”. 

Uno de los motivos es esa operación reforzada. El director de APPA ha pedido “relajar o repensar” ese mecanismo, que contribuyó a que los denominados servicios de ajuste del sistema eléctrico tuvieran en 2025 un coste de 3.823 millones, cifra que ya se ha superado este año, con las renovables como “pagafantas” por no poder verter su energía al sistema: los denominados vertidos, la electricidad renovable que se desperdicia, se situaron en 2025 en el 17%, frente al 12% de 2024, según los cálculos que hace APPA, que asegura que “en lo que llevamos de año estamos cerca de 25%”.

“No puede ser que España pueda estar desperdiciando un 25% de nuestra energía renovable”. Es “como decirle a los países del Golfo que el 25% de sus reservas las queme”, ha lamentado González Moya, que ha dicho que el proceso de participación de las renovables en el control de tensión va todavía “muy lento”. Por ahora hay 15.000 MW habilitados para prestar ese servicio “en tiempo real”, de los 37.000 MW que pueden hacerlo.

En la presentación del estudio, que ya va por su 18 edición, el presidente de APPA ha subrayado que una de las principales preocupaciones del sector, además de esa operación reforzada, sigue siendo la insuficiente electrificación, pese a la “buena noticia” de que la demanda eléctrica creció el año pasado un 3%, cifra que no obstante “no corrige la tendencia que tenemos”, ha dicho el director de la patronal.

Factores todos ellos que contribuyen a que se esté desperdiciando energía renovable “para abastecer 6,6 millones de hogares. mientras la factura sigue tan cara”, y que podría “estar sustituyendo importaciones del exterior”. “Reducir estos vertidos debe convertirse en una prioridad de política energética”, ha dicho Gómez Ramos. 

El también directivo de Acciona ha pedido “poner fin a la operación reforzada del sistema con criterios técnicos transparentes y un calendario claro”, siempre “preservando la seguridad del suministro”. Ha señalado que la “generalización” de precios cero o negativos en el mercado mayorista de electricidad es “muy mala noticia” para el sector, por la acumulación de horas sin ingresos suficientes, que deteriora la rentabilidad y dificulta la financiación de nuevos proyectos.

7.589 millones de ahorro

El estudio estima que sin energías renovables, el precio medio del mercado mayorista de electricidad habría sido en 2025 de 125 euros por megavatio hora (MWh), en lugar de los 60,71 euros/MWh, y cifra el ahorro obtenido gracias a estas tecnologías en el denominado ‘pool’ en 7.589 millones. 

El consumo de renovables sobre la energía final bruta se situó en el 25,8%, frente al 25,1% de 2024. La dependencia energética de España solo se redujo una décima, hasta el 68,4%, cuando el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contemplaba un 50% para 2030. El informe calcula que ese año el peso de las renovables sobre la energía final bruta se situará en el 31,5%, muy lejos del 48% que fija el PNIEC. En el mix eléctrico, las renovables aportaron el 55,5% del consumo en 2025. Llegarían a solo el 61,5% en 2030, según el informe, frente al 81% que fija el PNIEC.

En un contexto internacional “marcado por la incertidumbre”, el presidente de APPA ha puesto en valor a las renovables como recurso “estratégico” y autóctono frente a combustibles fósiles “cuyo precio y suministro se decide fuera de nuestras fronteras”. Y en un sector “en el que los proyectos se planifican para varias décadas”, ha pedido “coherencia” en la regulación. “Las decisiones que tomemos hoy determinarán cuánto podremos avanzar en los próximos años”. Gómez Ramos ha pedido también “una apuesta más decidida por el biometano”. En el caso del autoconsumo, APPA espera que 2026 sea “muy similar” a 2025, cuando se instalaron 1200 MW, en línea con 2024.

El Gobierno del PP y Vox en la Junta de Castilla y León planea gravar más a las energías renovables en Castilla y León, líder en generación de energía limpia en España. El Proyecto de Ley de Medidas Tributarias presentado por el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco eleva la fiscalidad para la energía eólica por su afección medioambiental e incluye en el ámbito de ese gravamen a las instalaciones fotovoltaicas. “Un impuesto al sol”, como lo definía este miércoles en X (antigua Twitter) el experto en renovables Xavier Cugat.

Tal y como avanza El País, la principal novedad del texto es que extiende a los parques fotovoltaicos un impuesto ya existente que grava la afección medioambiental de las instalaciones de generación, hasta ahora limitado a la eólica, la hidroeléctrica y las líneas de alta tensión) a los parques fotovoltaicos a partir de cinco hectáreas y a las redes fijas de telecomunicaciones. Se trata, según la Junta, de “actividades para las que resulta patente a la ciudadanía que están generando costes sociales y medioambientales, como son los parques fotovoltaicos”.

Solo se salvan las plantas solares con una superficie inferior a cinco hectáreas y las de autoconsumo sobre tejados. Esto deja fuera a las plantas domésticas a las que sí afectaba el famoso impuesto del sol con el que el Gobierno de Mariano Rajoy impidió el desarrollo de esta actividad, y que el gurú económico de Alberto Núñez Feijóo, Alberto Nadal, amenazó en cierta medida con recuperar hace unos meses en un evento a puerta cerrada en Madrid.

El proyecto de ley especifica que, para las instalaciones de autoconsumo con excedentes que ocupen cinco hectáreas o más, se exige “que la relación entre la potencia contratada en el periodo punta P1 y la potencia de generación instalada sea al menos del 50%”. De no alcanzarse ese umbral, se considerará que “el propósito principal sea la venta a la red de la energía generada”, retirando la exención y sometiendo a la planta a la tarifa íntegra por hectárea.

Pese a dejar fuera al autoconsumo sobre cubierta, el nuevo tributo abre dudas sobre qué ocurrirá con las plantas que tienen distintas ubicaciones, con las 'baterías virtuales' que ofrecen algunas comercializadoras por los excedentes o las aplicaciones que pueda haber en las comunidades energéticas, que el Gobierno central quiere impulsar con un decreto que prevé aprobar aun con las elecciones generales ya convocadas junto a otro para impulsar, precisamente, el autoconsumo.

En un comunicado remitido a los medios, el director general de la patronal fotovoltaica UNEF, José Donoso, ha lamentado que se trata de “un impuesto absolutamente recaudatorio e injustificado que penaliza una actividad que genera desarrollo socio económico local y ofrece competitividad a todos los consumidores, particulares e industrias”.

Esta entidad recuerda que los parques fotovoltaicos contribuyen ya “significativamente” con impuestos, no solo a nivel estatal (IAE, IVPEE, IEE), sino también a nivel municipal, con el ICIO (obras y construcciones), IAE (actividades económicas) o el IBIBICES. “Los ayuntamientos que albergan parques solares perciben un ingreso anual de en torno a 10 mil euros por MW instalado, convirtiéndose en una palanca de extraordinaria importancia para su crecimiento y aumento de oportunidades”, subraya.

“Detrás de este impuesto injustificado anunciado por la Junta de Castilla y León, hay una supuesta compensación ambiental. Pero esto no es así”, destacan desde UNEF. “Por un lado, todos los proyectos han recibido un informe ambiental positivo por parte de la Junta de Castilla y León. Por otro lado, esa recaudación debería, en todo caso, ir a esos territorios que los albergan. Sin embargo, solo está prevista para engrosar los presupuestos generales de Castilla y León. Además, penaliza especialmente a los proyectos con una integración mayor en el territorio”.

Desde UNEF añaden que se trata de un impuesto injusto, también al definirse su pago en función de las hectáreas ocupadas y no de la generación. “Esto no tiene en cuenta las diferencias de producción entre el norte de la comunidad y el sur, penalizando de forma mucho más significativa a las inversiones del norte. Además, también penaliza precisamente a los proyectos que han hecho las cosas mejor, buscando la mayor integración posible en el medio, mejorando la biodiversidad del terreno y generando toda una actividad económica agrícola en torno al pastoreo, el cultivo o la apicultura”.

“Oscurecen el futuro de todos”

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, ha reaccionado por su parte a la propuesta en la red social Bluesky cargando contra “quienes, al repetir los errores del pasado, oscurecen el futuro de todos. Frente a quienes aprueban un impuesto al sol, nuestra apuesta es clara: energía renovable, autóctona y asequible”.

El proyecto de la Junta también afecta a la energía eólica, en la que Castilla y León es un líder histórico, con una potente patronal (Apecyl) cuyo secretario es Eugenio García Tejerina, hermano de la exministra de Agricultura con Rajoy y hoy consejera de Iberdrola, Isabel García Tejerina. 

En concreto, el texto actualiza los importes por aerogenerador y se incorporan dos nuevos tramos de 14.000 y 16.000 euros por unidad para las máquinas de mayor potencia. Además, se elimina la exención total durante los primeros cinco años de funcionamiento. El periodo de exención se limitaría al año de puesta en marcha y al siguiente.

Para justificar la inclusión de la energía solar en este gravamen, la propuesta alude a “la neutralidad y el respeto al principio de igualdad del texto vigente, ante actividades que persiguen el mismo objeto económico y que son generadoras, igualmente, de efectos adversos sobre el medio ambiente”, y esgrime el principio de que “quien contamina, paga”. 

Recuerda la posición de Castilla y León como región “líder en la producción de energía renovable, que exporta mucho más de lo que consume y cuyos ciudadanos soportan las externalidades que provocan estas actividades”.

El Proyecto de Ley también introduce un nuevo impuesto para los “elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas”, dado que “resulta patente a la ciudadanía que están generando costes sociales y medioambientales” mediante la “generación de afecciones e impactos visuales y ambientales adversos [...] que alteran el entorno natural, el paisaje, la flora y la fauna animal”.

Los ingresos procedentes del impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos, por los parques fotovoltaicos, por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y por los elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas “se afectarán a la financiación de los programas de gasto de carácter medioambiental y de eficiencia energética que se determinen en las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad”, reza la propuesta del Gobierno castellano-leonés. 

El nuevo impuesto a la fotovoltaica en Castilla y León llega después de que en sus acuerdos de gobierno en Aragón y Extremadura el PP y Vox pactaran “emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos”. La propuesta fiscal de la Junta ha puesto en guardia a la patronal fotovoltaica UNEF, que este mismo miércoles recordaba que sin esta fuente la electricidad en España “sería un 86% más cara”. La fotovoltaica “ha ahorrado más de 17.000 millones de euros en el mercado eléctrico español en solo 18 meses”, según cálculos de UNEF.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este miércoles la apertura de un expediente sancionador a Exolum Corporation S,A, dueña de la red de oleoductos, por posibles prácticas anticompetitivas en los mercados de prestación de servicios logísticos de transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos, biocombustibles y otros productos químicos.

La Dirección de Competencia, que ya ha inspeccionado la sede Exolum, investiga al principal operador de logística de hidrocarburos líquidos en España tras conocer varios informes de la Sala de Supervisión Regulatoria y un conflicto de acceso a las redes presentado ante la CNMC.

El organismo analiza tres presuntos abusos de posición dominante por parte de la antigua CLH, propiedad de varios fondos de inversión encabezados por CVC, Stoneshield y KKR. Los abusos estarían relacionados, según Competencia, “con aplicar precios excesivos sobre sus tarifas y negar el acceso a sus instalaciones de transporte y almacenamiento a un tercer operador competidor en el puerto de Tarragona. Dichas prácticas constituirían conductas contrarias a la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC)”.

Exolum Corporation, S. A., “aprovechando su condición de principal operador de logística primaria de hidrocarburos líquidos en España, habría conseguido, por un lado, mantener unos elevados márgenes mediante el incremento de precios en sus tarifas y, por otro lado, habría impedido el acceso y reforzado su posición de dominio, en una zona costera de alto impacto económico, en detrimento de un competidor”.

“Los consumidores podrían haber sufrido un incremento sucesivo de los precios y un tercer competidor haber visto limitado su derecho al acceso a la única red de transporte de hidrocarburos líquidos por oleoducto en España y, por tanto, su capacidad para competir en los mercados aguas abajo”.

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su resolución. Fuentes de Exolum indican que la compañía está analizando el contenido del expediente junto con sus asesores jurídicos y “colaborará plenamente con la CNMC durante su tramitación y ejercerá, con todas las garantías, sus derechos de defensa en el marco del procedimiento.

“Exolum considera que los precios pactados con sus clientes son razonables y transparentes, y que su actuación se ajusta a la normativa de competencia y al marco regulatorio aplicable. De hecho, la variación de precios de los principales servicios de Exolum ha sido inferior a la inflación cada año durante los últimos 25 años y se ha mantenido invariable durante la reciente crisis energética”.

“La compañía mantiene un firme compromiso con la legalidad, la libre competencia y las mejores prácticas de mercado. Dado que se trata de un procedimiento en curso, la compañía no realizará comentarios adicionales sobre el fondo del asunto”.

Exolum es el principal operador logístico de hidrocarburos líquidos en España. Gestiona la única red nacional de oleoductos, integrada por más de 4.000 kilómetros, y 39 instalaciones de almacenamiento con una capacidad de unos 8 millones de metros cúbicos. Además, presta servicios de almacenamiento y suministro en más de 30 instalaciones aeroportuarias. El grupo obtuvo un beneficio neto de 386 millones de euros en 2025, un 1,9% más que el ejercicio anterior.

Iberdrola registró un beneficio neto de 5.816 millones de euros hasta septiembre, un 9,6% más que en el mismo periodo de 2025. Se trata de un nuevo récord de ganancias para ese periodo, en el que el beneficio neto ajustado aumentó un 8,8%, hasta 5.140,5 millones, una vez excluidos los extraordinarios por operaciones extraordinarias, la principal, las plusvalías netas de 953 millones tras la desinversión de México.

El beneficio bruto operativo (EBITDA) ajustado de la mayor eléctrica española creció en el periodo un 7,5%, hasta los 11.891 millones, y un 7,8% excluyendo el impacto del tipo de cambio. España fue el mercado que más aportó a ese EBITDA, el 38% del total.

La eléctrica, que destaca el “sólido desempeño en España” de su negocio de redes, ingresó de enero a septiembre 34.405 millones, con un aumento del 8% frente a los 31.871 millones del mismo periodo de 2025.

Con estas cifras, Iberdrola ha mejorado sus perspectivas para 2026, con un crecimiento esperado de al menos el 10% en el beneficio neto ajustado, frente al más del 8% de su previsión anterior. La energética, que en 2025 obtuvo ya un beneficio neto ajustado récord de 6.231 millones, apuntaría así a unas ganancias para este año de unos 6.900 millones, otro récord.

Iberdrola prevé mantener ese crecimiento medio anual del 10% en el beneficio neto ajustado en los próximos cinco años, ante “la mejora de las perspectivas a 2030” y las buenas perspectivas para el proceso de electrificación, con un aumento de 10 puntos porcentuales para 2035 solo con la tecnología actual, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), ha explicado a los analistas el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

El ejecutivo ha descartado una intervención del mercado eléctrico en España o la UE por los precios disparados a causa del gas, porque la prioridad en Bruselas es la electrificación. Ha pedido que el coste de los servicios auxiliares en España, que se ha multiplicado entre otros motivos por la denominada operación reforzada que Red Eléctrica aplica desde el apagón de 2025, se convierta en un coste regulado más, como en Portugal: “Acaban de aplicar un sistema regulado que no nos está afectando de manera negativa”, ha señalado.

También ha anunciado que Iberdrola va a invertir 1.200 millones en redes de distribución en España en 2027, un 50% más que en 2025, tras la mejora del marco regulatorio para esta actividad y la eliminación de los topes vinculados al PIB, “algo positivo y racional”. No ha querido valorar la propuesta de regulación del Gobierno español para los centros de datos. Estas instalaciones “se van a construir”, aunque exista “cierta preocupación sobre el consumo de agua”. Ha afirmado que la IA “es otra fuente para el crecimiento de la empresa” y son positivos para las redes. “Todos los ciudadanos yo creo que se pueden beneficiar de precios más bajos”, ha asegurado.

Más dividendo

El consejo de administración de la multinacional aprobó el martes un aumento del dividendo a cuenta del 8,7%, hasta 0,275 euros por acción. A este importe se sumará el dividendo complementario que se apruebe el año que viene en la Junta General de Accionistas de 2027.

Los ingresos de la eléctrica en el periodo de enero a septiembre ascendieron a 34.405 millones, con un aumento del 8% frente a los 31.871 millones del mismo periodo de 2025.

El periodo vino acompañado también de inversiones récord por importe de 10.087 millones, un 13% más, con cerca del 75% destinado al Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, y un aumento del 20% en España. Las inversiones en Redes han crecido en el periodo un 28%, hasta 6.277 millones, y representan el 62% del total. 

Los activos regulados de redes (RAB) han crecido en lo que va de año un 14%, hasta 56.000 millones, impulsados por el aumento del 31% en transporte.

Las inversiones en Generación y Clientes alcanzaron los 3.600 millones, y la inversión en renovables, a 3.257 millones, principalmente en eólica terrestre y marina, más de un 80% en los Estados Unidos, el Reino Unido, Europa Continental y Australia. La compañía ha instalado 3.300 megavatios (MW) en los últimos 12 meses de los 15.000 MW que tiene previsto instalar hasta 2030.

La compañía, que destaca la “fortaleza financiera” que ha permitido mantener la calificación crediticia BBB+, cuenta con una liquidez de más de 23.000 millones, suficiente para 20 meses de necesidades de financiación. La deuda neta a septiembre rondaba los 57.000 millones, con un aumento del 10% respecto a diciembre.

En el último año, Iberdrola ha realizado más de 4.500 nuevas contrataciones. El grupo cifra su contribución fiscal en más de 10.000 millones en ese periodo.

1.250 euros al mes por la “revisión editorial” de una newsletter semanal. Es uno de los gastos cargados por Julio Pomés, presidente de Fundación Civismo, a este ‘think tank’ de orientación marcadamente derechista que apadrinan ultrarricos como Juan Abelló o la dueña de Prosegur, Helena Revoredo, y que en 2024 fichó como patrono a Javier Fernández-Lasquetty, ideólogo de las privatizaciones sanitarias de Esperanza Aguirre en Madrid y ex gurú económico de Isabel Díaz Ayuso.

elDiario.es ha tenido acceso a una factura de 7.500 euros brutos emitida a Civismo por su presidente y fundador el 28 de septiembre de 2023. El concepto o “referancia [sic] del trabajo” que figura es: “Revisión editorial de la newsletter semanal de la Fundación Civismo durante el primer semestre de 2023”. Equivale a 1.250 euros brutos al mes solo por revisar esa lista de distribución de noticias que la entidad lleva tiempo sin enviar a sus suscriptores. 

Preguntado por este asunto, Pomés reconoce la existencia de esos pagos y asegura que sus trabajos para Civismo van mucho más allá de revisar esas newsletter. “Las hago yo también”, dice al teléfono. “Aparte de ese trabajo”, afirma, hace “muchísimas más cosas” para la fundación. “Dedico 24 horas al día a la Fundación Civismo y dedico un montón de gastos a vivir en Madrid”, indicó en una breve conversación con este medio antes de colgar el teléfono.

Preguntado por este medio, Pomés no responde a la pregunta de si Civismo ha pagado el alquiler de la vivienda en el Paseo de la Castellana de Madrid en la que el lobista residió durante años, inmueble que al mismo tiempo albergaba la anterior sede de la entidad. “Solo había un baño que tenía dos puertas, una que daba a la oficina y otra a su casa”, explica una fuente con conocimiento directo del asunto, que pide el anonimato.

Pomés tampoco confirma que Civismo le comprase a su presidente durante años los ISBN (códigos identificativos de una publicación que funcionan como su DNI) para informes que publicaba la entidad. Según algunas fuentes, el 'think tank' adquiría esos ISBN (con el correspondiente sobreprecio) a una sociedad británica ya extinta, Economic Reviews LTD.

Esa sociedad pertenecía a Pomés, tal y como recoge el Registro Mercantil de Reino Unido. En el catálogo de la Biblioteca Nacional hay cerca de una decena de publicaciones editadas por Civismo con su propio ISBN: de estudios firmados por su presidente a un informe sobre el sector del vapeo y una monografía firmada por Agustín García Inda, actual CEO de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA).

Pomés, que el mes pasado cumplió 76 años, está muy vinculado a Navarra (la única vivienda que tiene a su nombre es un céntrico piso en Pamplona). Su 'think tank' ha situado sistemáticamente a la Comunidad de Madrid a la cabeza del “Índice de Libertad Económica” de Civismo, que mide aspectos como el esfuerzo fiscal, el gasto público o el empleo público. En 2021, el propio Pomés entregó a Ayuso el premio anual de Civismo por convertir la región “en un inestimable reducto de libertad”.

La factura a la que ha tenido elDiario.es es posterior al fuerte incremento de las donaciones a Civismo que se produjo entre 2019 y 2022. Ese año la entidad registró un récord de gastos de 304.677 euros, con una importante desviación del 24% respecto a los 245.000 euros inicialmente presupuestados.

Así lo reveló un análisis de las cuentas del 'think tank' realizado en 2024 que confirmó que entre sus donantes estaban Abelló, Prosegur o el multimillonario Víctor de Urrutia, otro de sus patronos ultrarricos. La memoria anual que la entidad publica en su web no detalla cifras económicas.

Pomés, que compara a Pedro Sánchez con el ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels, se dedicaba en los 90 a dar clases de Química (disciplina de la que es doctor) en la Universidad Pública de Navarra. A principios de siglo se recicló como lobista. Con un diploma en Alta Dirección de Empresas por el IESE, la escuela de negocios de la Universidad de Navarra (del Opus Dei), montó un 'think tank' allí (Institución Futuro) y luego Civismo, cuya primera sede estaba en Navarra.

Su hermano es Javier Pomés, ex eurodiputado de UPN-PP y ex consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, que fue imputado en 2025 por un delito contra la seguridad vial por conducir sin puntos en su carnet en Pamplona y en 2018 aceptó una condena de 16 meses de cárcel por alzamiento de bienes al ayudar a un jeque árabe a eludir una deuda millonaria con la Seguridad Social. Poco después, trascendía que Julio Pomés estaba pidiendo dinero por carta a empresarios de Navarra para financiar un informe contrario al gobierno que entonces lideraba Uxue Barcos, nacionalista de izquierdas.

“Estado limitado”

Civismo se define como “catalizador de ideas que trabaja en defensa de la libertad” y aboga por un “Estado limitado”. Forma parte de Atlas Network, red global de fundaciones y 'think tanks' de corte conservador y libertario impulsada por multimillonarios y fundaciones de derecha como la Fundación Koch, la Heritage Foundation y Templeton, así como grandes corporaciones de sectores como el petróleo, el tabaco y el farmacéutico.

Civismo lleva años calificando a España como “un infierno fiscal”, tal y como defiende Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Hace unos días organizó un encuentro sobre esta cuestión en el que un fiscalista que lleva meses acusando a Hacienda de “carterista” declaró que España se ha convertido en una “Corea del Norte en materia fiscal” y que la Agencia Tributaria es una “mafia”.

Los miembros del PP son habituales en actos del lobby, aunque también hay vínculos con la ultraderecha. Juan Ángel Soto, director de Civismo hasta 2021, fue luego director de Internacional de Disenso, la fundación de Vox. También estuvo muy vinculado a Civismo durante años Carlos Espinosa de los Monteros, ex Comisionado de Marca España y padre del exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros. El vicepresidente de la fundación es Juan Félix Huarte, heredero del constructor navarro Félix Huarte, que se hizo de oro durante la dictadura y construyó el Valle de los Caídos.

El actual director general de Civismo es Albert Guivernau, ex número dos en 2023 en las listas al Ayuntamiento de Barcelona por Valents, efímero partido conservador y constitucionalista. Hace un par de años El País lo incluyó en un reportaje sobre “los fans españoles” del histriónico presidente argentino, Javier Milei, en vísperas de su visita a España invitado por Ayuso. Economía Digital citaba hace unas semanas a Civismo entre los 15 think tanks “que marcan el pulso económico y político de España”.

La entidad tiene entre sus estudios más conocidos su “Día de la Liberación Fiscal”, cuándo calcula que un español deja de pagar impuestos cada año. En 2024, tras fichar a Lasquetty, otorgó su premio anual al juez jubilado Manuel García-Castellón.

Recientemente, ha lanzado un Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico (CASME) del que forman parte figuras como Lasquetty, José Luis Feito (CEOE), Juan Iranzo (condenado por las tarjetas ‘black’) o Daniel Lacalle. Entre otras cuestiones se pregunta si “compensa no trabajar en España”: “En determinados contextos, no trabajar y depender de las ayudas sociales puede ser más ventajoso que aceptar un empleo formal con el SMI” por “la interacción” entre salario mínimo, subsidios por desempleo y trabajo sumergido, sostiene.

El director del CASME es el secretario general de la Fundación Civismo, el catedrático emérito de la Complutense Francisco Cabrillo, al que Ayuso nombró consejero de la Cámara de Cuentas madrileña junto al expresidente Joaquín Leguina. Allí cobra más de 124.000 euros anuales. Cabrillo ya fue colocado por Aguirre en 2004 para presidir el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Poco después de cesar en 2012 presidió brevemente Libertad Digital, de la que fue socio otro ultrarrico patrono de Civismo, Víctor Ruiz, accionista de Azkoyen y fundador de la quebrada ingeniería Eurofinsa.

Cabrillo también llegó a ser nombrado presidente del consejo asesor de Madrid Network, opaca asociación a la que la Comunidad de Madrid destinó decenas de millones de dinero público cuyo rastro se ha perdido. Su nombramiento se anunció en 2012 a bombo y platillo aunque el máximo órgano fiscalizador de Madrid ha asegurado que tal consejo asesor “nunca se llegó a constituir”. 

Entre las personas que han asesorado a Civismo está el economista Javier Santacruz, asesor de la fundación del PP (Reformismo XXI) al que la Guardia Civil denunció en diciembre de 2024 por la supuesta extracción ilegal de tierras para Quantum Minería, que quiere abrir una mina de tierras raras en Ciudad Real.

Ex economista jefe de Civismo, administró brevemente (año y medio, hasta septiembre de 2018) la citada sociedad británica de Pomés, Economic Reviews LTD. Al teléfono, Santacruz vincula esa firma a la relación de Civismo con un 'think tank' de orientación similar en Londres, el Institute of Economic Affairs (IEA). Asegura desconocer esa operativa con los ISBN de los informes de Civismo.

Otras personas vinculadas a Civismo son el citado Lacalle (ex “jefe de Estrategia”), Cayetana Álvarez de Toledo, Fernando del Pino (de la familia dueña de Ferrovial), José María Rotellar (asesor a tiempo parcial del gobierno madrileño), Luis María Linde (gobernador del Banco de España con el PP) o Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria con José María Aznar y columnista en medios de derechas.

Isabel Díaz Ayuso y su consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, han ocultado en su agenda pública durante meses un almuerzo que tuvieron en enero con un selecto grupo de donantes de la fundación Civismo, lobby financiado por varios ultrarricos (los más conocidos, el multimillonario Juan Abelló y la dueña de Prosegur, Helena Revoredo) que fichó como patrono a Javier Fernández-Lasquetty, anterior gurú económico de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Del encuentro quedó constancia en la fotografía que acompaña a esta información y se celebró en un céntrico hotel madrileño el pasado 15 de enero. elDiario.es preguntó a la Comunidad de Madrid, sin obtener respuesta, por qué ese almuerzo no se publicó en la agenda de la presidenta y su consejera de Economía y Hacienda, quién lo pagó y qué asuntos se trataron.

Ocultar su existencia podría vulnerar la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Si un alto cargo mantiene una reunión de trabajo con una empresa, una asociación empresarial o un grupo de interés en el ejercicio de sus funciones, esta debe figurar por regla general en su agenda pública.

Ese día, Ayuso tuiteó en X (antes Twitter) un encuentro con un ciudadano israelí que había sido secuestrado por Hamás. La presidenta madrileña solo tenía en su agenda oficial la inauguración de una exposición en Madrid. En ese acto arremetió contra el nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Y de allí, a ese almuerzo con Civismo, del que no dio cuenta. Tampoco lo hizo Rocío Albert, que ese día dejó constancia en X de su participación en el foro Spain Investors Day.

Entre los asistentes a esa comida estuvieron el conocido inversor Francisco García Paramés, que en los últimos años ha prestado apoyo a este y otros lobbies ultraliberales en Madrid; o el financiero Claudio Aguirre Pemán, también donante de Civismo. El primo de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que el pasado domingo cumplió 71 años, fundó y preside la gestora AltamarCam, vendida recientemente a Mercer, filial del gigante estadounidense Marsh.

También participaron el presidente del banco de inversión Renta 4, Juan Carlos Ureta (70 años), y otro ex abogado del Estado, José Díaz-Rato (67 años), mano derecha de Juan Abelló en Torreal desde hace muchos años. Otros asistentes fueron el empresario Juan Félix Huarte (69 años), heredero del constructor del Valle de los Caídos y también vinculado a varios think tanks en la órbita de Civismo; el magnate hortofrutícola Alexandre Pierron D´Arbonne; y el secretario de Civismo, Francisco Cabrillo.

Quién es quién en el almuerzo de Díaz Ayuso

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Cabrillo dirigió la tesis doctoral de la actual consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, con la que ha firmado artículos académicos. Fue nombrado por Ayuso en marzo de 2024 consejero de la Cámara de Cuentas madrileña junto al expresidente Joaquín Leguina. Allí cobra 124.851,84 euros anuales, con una subida del 23,5% desde que fue nombrado consejero.

Ex presidente de Libertad Digital, Cabrillo llegó a ser nombrado presidente del consejo asesor de Madrid Network, opaca asociación en la que trabajó Ayuso y a la que el gobierno de Esperanza Aguirre destinó decenas de millones de dinero público cuyo rastro se ha perdido. Su nombramiento se anunció en 2012 a bombo y platillo aunque el máximo órgano fiscalizador de Madrid aseguró que tal consejo asesor “nunca se llegó a constituir”. 

Por su parte, Rocío Albert, patrona de la Fundación Faes, de José María Aznar, junto a Lasquetty, estuvo antes de suceder a este en Economía en la consejería de Educación del Gobierno madrileño. Albert también fue fugaz decana de la Universidad Europea, de la que entonces era accionista Torreal, de Abelló. Tuvo que dimitir en esa universidad privada porque pretendía compatibilizar ese puesto con su plaza en la universidad pública, según publicó El Confidencial en 2015.

“Reducto de libertad”

El almuerzo de Ayuso con la cúpula y los principales donantes de Civismo se celebró en el hotel Barceló Emperatriz, en pleno barrio de Salamanca, junto al Paseo de la Castellana y la calle Serrano. Es el hotel donde se aloja cuando viene a Madrid Julio Pomés, el presidente de Civismo, que en 2021 entregó a Ayuso su premio anual por convertir a la Comunidad de Madrid en “un reducto de libertad”. También han recibido ese galardón el ex juez Manuel García Castellón, Esperanza Aguirre o Cayetana Álvarez de Toledo.

Seis días después de ese almuerzo en secreto, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó iniciar los trámites para bonificar aún más el impuesto de Sucesiones con la aprobación del anteproyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar. La norma, impulsada por Albert y que la propia Ayuso avanzó ya en septiembre de 2025, entró en vigor el 1 de julio. El Ejecutivo madrileño la presentó el 21 de enero como una vía para “garantizar el relevo generacional” en las 450.000 empresas familiares presentes en la región.

Con ella, ha aumentado del 95% al 99% la reducción de la base imponible en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones “cuando se hereda o se dona una empresa individual, un negocio profesional o participaciones sociales”, siempre que los bienes se mantengan en el patrimonio del nuevo titular durante un periodo mínimo de cinco años. Y se han ampliado los beneficios fiscales a hermanos, tíos, sobrinos, suegros, yernos, nueras, primos hermanos e incluso a ciertos empleados. El Gobierno madrileño cifró el ahorro fiscal en unos 2 millones de euros anuales, con unos 1.500 potenciales beneficiarios al año.

elDiario.es contactó con Civismo, sin obtener respuesta, para intentar confirmar entre otras cuestiones si el almuerzo con Ayuso lo pagó este lobby, como afirman algunas fuentes. La entidad se unió en 2011 a Atlas Network, red global de fundaciones y 'think tanks' de corte conservador y libertario, clave en la actual ola reaccionaria global, impulsada por multimillonarios y fundaciones de derecha como la Fundación Koch, la Heritage Foundation y Templeton, así como grandes corporaciones de sectores como el petróleo, el tabaco y el farmacéutico.

Civismo ha situado sistemáticamente a Madrid a la cabeza de su “Índice de Libertad Económica”, como otro lobby de corte similar también en Atlas Network, Fundalib, al que han apoyado algunos patronos y financiadores de Civismo.

El presidente de Civismo, que ha comparado a Pedro Sánchez con el ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels, se dedicaba en los 90 a dar clases de Química (disciplina de la que es doctor) en la Universidad Pública de Navarra. A principios de siglo se recicló como lobista. Con un diploma en Alta Dirección de Empresas por el IESE, la escuela de negocios de la Universidad de Navarra (del Opus Dei), Pomés montó un 'think tank' allí (Institución Futuro) y luego Civismo, cuya primera sede estaba en Navarra y al que ha cobrado 1.250 euros al mes por la “revisión editorial” de su newsletter.

Su hermano, Javier Pomés, ex eurodiputado de UPN-PP y ex consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, fue imputado en 2025 por un delito contra la seguridad vial por conducir sin puntos en su carnet en Pamplona. En 2018 aceptó una condena de 16 meses de cárcel por alzamiento de bienes al ayudar a un jeque árabe a eludir una deuda millonaria con la Seguridad Social. Poco después, trascendía que Julio Pomés pedía dinero por carta a empresarios de Navarra para financiar un informe contra el gobierno que entonces lideraba Uxue Barcos, nacionalista de izquierdas.

Civismo se define como “catalizador de ideas que trabaja en defensa de la libertad”. Aboga por un “Estado limitado” y tacha a España de “infierno fiscal”, idea en la que insistía el pasado lunes Alberto Núñez Feijóo en su “contrato con España” si llega al poder, que no revela una sola medida nueva. Hace unos meses el 'think tank' organizó un encuentro sobre esta cuestión en el que un fiscalista que acusa a Hacienda de “carterista” y la compara con la Alemania Nazi declaró que España es una “Corea del Norte en materia fiscal” y la Agencia Tributaria, una “mafia”.

Los miembros del PP son habituales en actos del lobby, aunque también hay vínculos con la ultraderecha. Juan Ángel Soto, director de Civismo hasta 2021, fue luego director de Internacional de Disenso, la fundación de Vox. También estuvo muy vinculado a Civismo durante años el fallecido Carlos Espinosa de los Monteros, ex Comisionado de Marca España y padre del exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros. 

Entre las personas que han asesorado a Civismo están Daniel Lacalle (ex “jefe de Estrategia”), la citada Álvarez de Toledo, Fernando del Pino (de la familia dueña de Ferrovial), José María Rotellar, actual asesor a tiempo parcial del gobierno madrileño, o Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director de la Agencia Tributaria con Aznar y columnista en medios de derechas.

En esa extensa nómina también figuran los históricos de CEOE José Luis Feito y Juan Iranzo, condenado por las tarjetas black de Caja Madrid; Fernando Becker (ex directivo de Iberdrola muy vinculado al PP), el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, el exdiplomático Inocencio Arias, los catedráticos Benito Arruñada y Rafael Pampillón, Luis María Linde, ex gobernador del Banco de España con el PP, y Fernando Eguidazu, consejero del supervisor y alto cargo en Exteriores con Mariano Rajoy.

El Gobierno español tiene muy presente el efecto de los centros de datos en Irlanda. Este país acaba de aprobar un cambio legal que afecta directamente a estas instalaciones, con un enorme peso en su consumo eléctrico, tras detectar un “riesgo inmediato y significativo para la estabilidad de la red y la seguridad del suministro”.

En el Ministerio para la Transición Ecológica circulan varios informes de la Commission for Regulation of Utilities (CRU) irlandesa que sustentan su decisión de obligar a estos centros a mantenerse conectados durante perturbaciones de la red eléctrica.

La obligación entrará en vigor de forma gradual el 27 de octubre y afecta a todas las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte, también las existentes, con nuevas obligaciones técnicas y un régimen transitorio que restringe la demanda de los centros que no cumplan estas especificaciones.

La medida partió del operador del sistema, EirGrid, equivalente a Red Eléctrica de España (REE) y 100% estatal, para reducir el riesgo de desconexiones masivas de la red de transporte de grandes consumidores, en especial, centros de datos.

El dictamen de la CRU, del 22 de septiembre, recuerda que Irlanda no es el único país en esta situación: “Se han registrado casos de una pérdida significativa de carga de demanda de centros de datos a nivel mundial”. “Jurisdicciones como Australia y Texas ya han implementado, o están en proceso de implementar, normas técnicas similares”. 

EirGrid calculó que, en algunos escenarios, con la normativa actual podía llegar a perderse hasta el 90% de la demanda de centros de datos. En junio su consumo alcanzó unos 1.000 megavatios (MW), muy cerca del nivel de 900 MW que EirGrid cree compatible con su límite de seguridad: la cantidad máxima de demanda que su sistema (que incluye a Irlanda del Norte) podría perder de golpe sin poner en peligro su estabilidad.

Ya en julio, la CRU advirtió de que “la desconexión simultánea de un gran volumen de demanda del sistema eléctrico puede crear desequilibrios repentinos entre la oferta y la demanda, que EirGrid gestiona en tiempo real”, lo que supone “un riesgo significativo para la seguridad del sistema”.

Con el sistema actual, ante una perturbación breve de la tensión de la red en Irlanda, muchos centros de datos se desconectan casi instantáneamente y un fallo pequeño puede provocar una pérdida súbita de cientos de MW de demanda, con el consiguiente desequilibrio para la red. Ocurrió el pasado 6 de junio tras un problema en una subestación de 220 kV en Dublín (el área metropolitana de la capital irlandesa concentra el 99% de la capacidad de los data centers irlandeses). Se perdieron unos 480 MW, el 52% de la demanda de los centros de datos en ese momento. 

Para paliarlo, el operador irlandés lleva meses reduciendo exportaciones de electricidad, entre otras actuaciones, lo que puede encarecer la electricidad y agravar el desperdicio de energía renovable (los llamados vertidos). El objetivo con estas medidas es que, a medida que se adapten las instalaciones, EirGrid pueda retirar esas restricciones. La isla, una potencia eólica, cubrió con renovables en 2025 cerca del 42% de su consumo bruto de electricidad, según Eurostat.

Este país aprobó a principios de año el plan LEAP (Large Energy User Action Plan), para compatibilizar la expansión de los centros de datos y otras industrias de gran consumo energético con la capacidad de la red y el despliegue de renovables. El plan les obliga a aportar generación gestionable o almacenamiento y cubrir al menos el 80% del consumo anual con nuevas renovables, como acaba de plantear el Gobierno español, aunque les da un plazo de adaptación de seis años.

Sin parangón

Los principales centros de datos en Irlanda pertenecen, sobre todo, a grandes tecnológicas estadounidenses (Amazon, Microsoft, Meta y Google) y a operadores especializados que alquilan espacio, capacidad eléctrica y conectividad a terceros. Su situación no es comparable a España. Aquí tienen todavía un consumo residual, aunque ya empieza a notarse en la demanda de los grandes consumidores, según los indicadores que maneja REE, y no hay una normativa específica, aunque existen requisitos técnicos y permisos de consumo flexible.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya reclamó en enero de 2025, antes del histórico apagón del 28 de abril, que los data centers “dispongan de las características técnicas necesarias con respecto a capacidades de soportar huecos de tensión, de seguimiento de rampas u obligaciones de observabilidad y gestionabilidad, acordes a las necesidades actuales de la operación del sistema”.

Irlanda, que ejerce la presidencia de turno de la UE y en abril firmó con España un protocolo para explorar una futura interconexión eléctrica, está también en el foco del regulador español. En su informe sobre el borrador de decreto del Ejecutivo para regular los centros de datos, Competencia recuerda que en Irlanda estas instalaciones han pasado “del 4% del consumo total en 2015 al 28% en 2026, y se proyecta que alcance el 35% en 2035”.

Esto ha llevado “a introducir medidas para ordenar el desarrollo de este tipo de proyectos”, como modificar los códigos de red “para así gestionar mejor la conexión, fomentar el autoconsumo o la autogeneración y garantizar un acceso no discriminatorio que evite moratorias o retrasos en el desarrollo urbano”, recordó la CNMC.

El peso de los centros de datos en el consumo de Irlanda este año “podría alcanzar el 32%”, advertía hace unas semanas en Bloomberg Pedro Sánchez, en un artículo para defender la pertinencia de ese decreto urgente, planteado en agosto y que puede aprobarse con las Cortes disueltas, al no requerir del visto bueno del Parlamento.

Según El Periódico, la patronal del sector, que agrupa a gigantes tecnológicos pero también a ACS, las grandes energéticas o incluso al gigante sanitario Quirón, confía en que el decreto tenga que pasar el filtro de la Comisión Europea por sus exigencias sobre soberanía digital, con lo que no se aprobaría antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Pero la parte mollar del borrador no es esa, sino los exigentes requisitos de consumo de renovables que La CNMC ha pedido flexibiliza, al igual que la patronal de los centros de datos, que asegura que hay en riesgo 9.000 millones de inversión.

El Gobierno propuso que los centros de datos con potencia igual o superior a 1 MW respalden hora a hora al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable, hasta que la generación limpia supere el 90% del mix eléctrico. El borrador, que también incorpora nuevas exigencias de eficiencia energética e hídrica, suscita también el rechazo de los gobiernos autonómicos del PP, como el de Aragón, donde se han anunciado inversiones multimillonarias. Su consejera de Economía es Eva Valle, esposa del gurú económico de Alberto Núñez Feijóo, Alberto Nadal.

En paralelo a este decreto y a dos para impulsar el autoconsumo y las comunidades energéticas que el Gobierno ha reactivado ahora, el último Consejo de Ministros acordó la tramitación urgente de otra norma que permitirá ampliar la capacidad de la red eléctrica al establecer requisitos sobre las demandas de centros de datos y otras instalaciones que se conectan con electrónica de potencia.

Por la aplicación del criterio de acceso dinámico de la CNMC, los requisitos actuales drenan capacidad en aquellos nudos con los que comparte zona, que pueden estar a muchos kilómetros de distancia. Es decir, además de aprovechar la capacidad que necesiten para operar, impiden que otras demandas se conecten a su alrededor. Y la norma persigue aflorar capacidad disponible en las redes y reforzar la estabilidad del sistema frente a perturbaciones.

Ante la burbuja de peticiones de acceso a la red de proyectos de centros de datos sin nada detrás, el primer decreto por la guerra de Irán ya introdujo incentivos para permitir a los promotores renunciar formalmente a sus permisos recuperando los avales y sin ejecutar las garantías depositadas y atajar la especulación. También implantó exigencias como la vinculación del permiso a una actividad económica concreta, la prestación económica por reserva de capacidad, la caducidad de los permisos de acceso y conexión ante incumplimientos de determinados hitos y la priorización de determinados proyectos considerados estratégicos.

Según la CNMC, tras ese decreto en el caso de los centros de datos ya habrían renunciado permisos equivalentes a 1.600 MW. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, dijo hace unos días que las medidas para evitar el acaparamiento de permisos ya han liberado más de 1.000 MW en la red de transporte y 1.700 MW en distribución.