La mano del hombre y el cambio climático pueden alterar de manera radical un ecosistema. Y si no que se lo pregunten al milano negro, que en Doñana es el perdedor en la “carrera armamentística” que ha iniciado el lince, que se ha lanzado a por sus polluelos ante la falta de presas, especialmente conejos pero también otras aves. Esto está provocando el exilio de las rapaces del parque, lo que a su vez nos trae a un inesperado vencedor colateral como es el mochuelo, que va al alza al tener un voraz enemigo menos.

Así lo apunta un estudio publicado este miércoles en Nature, en el que se constata una reacción en cadena en Doñana a cuenta no sólo de la sequía, sino también de una enfermedad. Ésta en concreto es una vinculada a la actividad humana que ha diezmado la presencia de conejos, presa principal para linces y milanos, que históricamente han convivido sin mayores problemas.

Ahora, en cambio, el felino es capaz de trepar 12 metros por un árbol para llegar a un nido de esta rapaz y devorar sus polluelos, “un nivel de depredación que no tiene precedentes” y que ha provocado de que en un año se haya arrasado con la mitad de las crías de toda la población. Este “repentino conflicto” tiene además un patrón común: se produce sólo en los daños de sequía.

De paso, se quita rivales

El investigador principal de este estudio, Fabrizio Sergio, de la Estación Biológica de Doñana, apunta que la falta de agua provoca a su vez que haya menos patos, integrante principal del menú del lince cuando falta el conejo. Pero si no hay ni una ni otra presa, el que paga los platos rotos es el milano negro, con otra particularidad: la depredación de polluelos es más intensa en los árboles bajo los cuales se encuentran restos de conejos.

¿Qué significa esto? Pues todo apunta a “una posible motivación adicional”, que el lince aprovecha para eliminar competidores. “En términos humanos, podríamos decir que aquellos milanos que se atrevían a quitarles el alimento a los linces acababan pagando un precio muy alto”, subraya Sergio. “Los linces han sido capaces de eliminar casi la mitad de la población total de crías volantonas de milano”, lo que no es poca cosa.

Como consecuencia de todo esto, los milanos adultos a los que les han esquilmado el nido tienen una mayor probabilidad de cambiar de territorio, exiliándose del parque. “Esta respuesta sugiere una carrera armamentística de eliminación de competidores y contramedidas evasivas por parte de las víctimas”, apunta la investigación.

El mochuelo, tan feliz

Pero lo que son malas noticias para el milano lo son buenas para una de sus presas favoritas, el mochuelo, cuya población ha aumentado. Un “efecto en cascada” del que se ha beneficiado este pequeño búho insectívoro.

La “alteración de esta relación entre depredadores” provocada sobre todo por la sequía ha acabado por afectar a “eslabones tróficos más bajos”. En definitiva, que el cambio climático “está alterando las interacciones entre especies y su combinación con otras amenazas puede desencadenar consecuencias inesperadas y amplificarlas”.

¿Y qué se puede hacer para revertir esto que está pasando? Según el equipo científico, en el caso concreto de Doñana hay que recuperar las poblaciones de conejo y garantizar un régimen de inundación adecuado en las marismas del Guadalquivir, de modo que se mantenga la disponibilidad de presas y se reduzca la vulnerabilidad de estas especies frente a las sequías. Otra cosa es lo que piense de esto el mochuelo, claro.

Agentes de la Guardia Civil fueron el pasado 22 de septiembre a la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba, a retirar el precinto judicial que impedía el uso de los pozos sin licencia inmersos en una causa judicial por un delito contra el medio ambiente que el juez ha archivado. Y se llevaron una buena sorpresa: las captaciones estaban otra vez a pleno funcionamiento desde hacía al menos dos meses tras romper la propiedad los sellos pese a que el juez no lo había autorizado, por lo que el instituto armado considera que se ha cometido un delito de quebrantamiento de una medida cautelar.

A la espera de qué ocurre con los recursos presentados, el magistrado dio carpetazo al caso el 10 de septiembre con un auto en el que también ordenó levantar la prohibición de uso de estos bombeos. Pero como la Casa de Alba ha conseguido que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –el organismo estatal que da los permisos de riego– legalice los pozos tras un procedimiento administrativo que se inició con la causa judicial ya en marcha, consideró que ya estaba legitimada para usarlos y así procedió por su cuenta.

Los nueve pozos ilegales detectados en esta hacienda, en término del municipio sevillano de Aznalcázar y justo al lado de Doñana, han sido así sorprendidos por tercera vez funcionando sin autorización. La primera fue en 2023 y aquello dio lugar a una investigación judicial que se ha prolongado tres años, lo que conllevó también la prohibición de uso de estas extracciones. El juez levantó después el precinto pero con la advertencia expresa de que no podían activarse, algo de lo que la Casa de Alba hizo caso omiso porque a los pocos meses (a finales de 2024) fueron otra vez descubiertos a pleno rendimiento y “despilfarrando” agua.

“En pleno funcionamiento”

En el atestado –al que ha tenido acceso este periódico– con el que la Guardia Civil ha informado al magistrado de lo ocurrido se apunta, no sin ironía, que el 22 de septiembre “se procedió al teórico desprecinto de todos y cada uno de los pozos”. “Y digo teórico porque todos los pozos que supuestamente tendríamos que haber desprecintado ya se encontraban en pleno funcionamiento desde hacía aproximadamente dos meses”, tal y como reconoció el encargado de la finca.

A los agentes los recibió también el apoderado de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de la Casa de Alba (su consejo de administración está integrado por los hermanos Martínez de Irujo, excepto el actual duque de Alba) que gestiona Aljóbar y otras fincas. Este apoderado es también el abogado que ha defendido a los dos acusados en este proceso finalmente archivado, la propia compañía y su administrador, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba.

La excusa que dio para justificar que los pozos estuviesen de nuevo en marcha es que el pasado mes de mayo recibió de la Confederación del Guadalquivir el visto bueno para cambiar el sistema de regadío de la finca con la consiguiente legalización de las captaciones, una opción (lo que se conoce como transformación de derechos de aguas privadas a públicas) recogida en la normativa de aguas. Esta resolución le daba tres meses para la instalación de contadores y puesta en marcha de las extracciones, a lo que se acoge la propiedad para actuar por su cuenta.

“Ya disponían de la autorización”

Eso sí, no notificó nada al respecto ni al juez ni a la Guardia Civil, todo ello meses antes de que se archivase la causa y se autorizase (desde ese momento sí) el desprecinto de los pozos. Según el atestado, el apoderado de Eurotécnica Agraria arguyó que “ya disponían de la autorización concedida”, “desoyendo las indicaciones vertidas” en el auto de enero de 2025 que ordenó la inutilización de estos bombeos.

La Guardia Civil recuerda que el apoderado “tiene conocimientos suficientes para conocer las consecuencias judiciales” de la decisión tomada, que a su juicio podría suponer “un ilícito penal de quebrantamiento de una medida cautelar” tal y como recoge el artículo 468 del Código Penal, que prevé por ello una pena de multa de 12 a 24 meses. Entiende que se han “desprecintado y colocado los elementos de extracción de agua en los pozos antes de que la autoridad judicial lo ordenase, hecho que ocurrió después”, con el auto del 10 de septiembre.

El atestado incide en que las instalaciones “se encontraban en pleno funcionamiento” y que “no se sabe la fecha veraz de la colocación de los contadores volumétricos”. Por ello, apunta que “se podrían haber estado produciendo captaciones de agua sin control alguno por parte del organismo de cuenca”, que es la propia Confederación del Guadalquivir.

Desde el 7 de agosto

Es más, el instituto armado solicita un informe a la Comisaría de Aguas de este organismo, para intentar delimitar con precisión las fechas. En su respuesta, se apunta que Eurotécnica Agraria recibió luz verde a su cambio de régimen de aguas el 12 de mayo, pero que no fue hasta el 7 de agosto que confirmó formalmente que había instalado los obligatorios contadores.

La Casa de Alba considera que la existencia de sus pozos ilegales supone una “mera infracción administrativa”, argumento que –en contra del criterio de la Fiscalía– ha admitido el juez, que ha descartado la existencia de un delito ambiental. La Confederación del Guadalquivir tiene abierto en paralelo un proceso de sanción administrativa por estos hechos, aunque ahora el magistrado debe considerar si al final sí imputa un delito a la propiedad, en este caso por quebrantamiento de medidas cautelares.

La Fiscalía considera que en Aljóbar se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural”. La investigación de la Guardia Civil, por su parte, calculó que Eurotécnica Agraria extrajo de manera ilegal entre 3.800 y 6.640 millones de litros durante una década larga, lo que le reportó un “beneficio ilegal” de 5,1 millones de euros y provocó daños al entorno de entre 732.000 euros y 1,1 millones.

Nuevo frenazo a la fosa Monumento, la más grande de Sevilla capital con más de 2.613 represaliados. Casi año y medio después de que las cuatro administraciones firmasen el protocolo que en teoría suponía el arranque del proceso de exhumación, ahora un nuevo enredo burocrático amenaza con retrasar todavía más unos trabajos para el que se llegó a un acuerdo político entre todas las administraciones (dos gobernadas por el PSOE y dos por el PP) nada menos que en marzo de 2024.

Este horizonte es, para algunas de las partes, un nuevo requiebro del Ayuntamiento hispalense (PP) para alargar los plazos y jugar con los tiempos políticos, ya que en mayo de 2027 son las elecciones municipales. El proyecto siempre le ha estorbado a los populares desde que José Luis Sanz es alcalde, entre que considera que no tiene competencias en esta materia y que no le interesa agitar mucho este árbol para salvaguardar sus relaciones presentes y futuras con Vox

La formación de ultraderecha es el aliado presupuestario del PP en el Consistorio y, aunque ahora la relación esté más tensa por la construcción de la mezquita del Polígono Sur y la inminencia electoral, gracias a este pacto Vox ha colado su ideario político como también está haciendo en el Gobierno andaluz, la otra administración que también va al ralentí en este caso. De todos modos, no ha sido necesaria la presión de los de Abascal para que José Luis Sanz liquidase todo rastro de las políticas municipales de memoria histórica.

La cuestión es que el gobierno local habría esgrimido problemas para la contratación del personal necesario para realizar estas tareas. En una reciente comisión de seguimiento, la solución que ha puesto sobre la mesa la Junta de Andalucía –también gobernada por el PP– es que se encargue de la exhumación un departamento especializado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), lo que de partida no se ve con malos ojos (algunas de las responsables ya hicieron trabajos previos en esta fosa) pero que abre un horizonte de incertidumbre.

Dudas jurídicas con el modelo

En teoría, y de acuerdo con lo que ya se hizo en la fosa de Pico Reja con éxito, la fórmula elegida es un convenio por el que Gobierno central, Junta y Diputación ceden partidas económicas al Consistorio hispalense, que asume la dirección de los trabajos al ser el propietario del suelo en el cementerio de San Fernando. Las cuatro administraciones se han comprometido a una financiación a partes iguales, aportando cada una el 25% del coste.

Fuentes consultadas por este periódico admiten que la irrupción de un nuevo actor, en este caso la UPO, cambia las reglas del juego, sobre todo porque la intención municipal sería que cada parte le abone directamente los trabajos. Es decir, que el Ayuntamiento rechaza recibir los fondos, hacer los contratos y liderar el proyecto, como sí hizo con Pico Reja en la etapa de Juan Espadas (PSOE) como regidor.

Esto obligará a un nuevo análisis jurídico, ya que hasta ahora lo que estaba autorizado era transferir el dinero a otra administración y no a una universidad, aunque sea pública. Todavía se está en este punto pese a que, cuando en junio de 2025 se firmó el protocolo, se emplazó a una inminente firma del necesario convenio para formalizar el sistema de pago, pero este paso no se ha dado todavía y ahora se plantea que el convenio se firme con la UPO.

“Dinamita” el modelo Pico Reja

A la espera de conocer este documento, que la Junta de Andalucía se ha comprometido a hacer llegar a las partes cuanto antes, lo que es una evidencia es que esta fórmula supone “dinamitar” el modelo de Pico Reja que tan buenos resultados dio. Ante los continuos retrasos provocados por el Ayuntamiento, que incluso llegó a rechazar fondos estatales, Gobierno y Diputación (gobernados por el PSOE) han llegado a plantear asumir en solitario estos trabajos dados los “reparos ideológicos” del gobierno municipal. Esta opción está ahora en vía muerta.

El nuevo giro de los acontecimientos se habría planteado por la Junta sin diálogo previo, con lo que Gobierno y Diputación se enteraron sobre la marcha en la última comisión de seguimiento, celebrada con varios meses de retraso sobre el calendario previsto. Se entiende que esto obliga a un nuevo estudio de viabilidad jurídica y, con casi toda probabilidad, a firmar un nuevo protocolo general de actuación.

Lo cierto es que se vuelven a dilatar los tiempos y a prorrogar sin fecha una exhumación que se quería tener cerrada en 2029, un cronograma –ya de por sí muy difícil de cumplir– que acaba ahora de saltar por los aires. En este sentido, el protocolo establece hasta cuatro años para acabar los trabajos una vez que se inicien con la previsión de que lo hubiesen hecho en 2025, calculándose una inversión pública total que oscilará entre dos y 2,5 millones de euros.

La famosa cena VIP al pie de la Giralda con motivo de los XX Premios Escaparate no sólo recibió 18.000 euros brutos (IVA incluido) de fondos municipales, sino que también fue el propio gobierno local del PP el que concedió los permisos que hicieron posible la utilización de este enclave privilegiado. Para ello, primero lo declaró “evento de interés público municipal y turístico”, para lo que esgrimió el argumento de que la gala es “uno de los acontecimientos sociales, culturales, de moda y comunicación de mayor prestigio y proyección nacional e internacional celebrados en Sevilla”.

Fue el propio Ayuntamiento hispalense el que se encargó de tramitar este reconocimiento de “evento de interés”, para lo que primero suscribió un acuerdo de colaboración –al que ha tenido acceso este periódico– con el organizador en el que también se comprometía a aportar estos 18.000 euros, la misma cantidad que también puso la Junta de Andalucía. Tanto el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, como el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ambos del PP, asistieron como invitados a la cena.

El convenio lo rubricó Contursa, la empresa turística municipal, a partir de lo cual solicitó (y consiguió de la propia Delegación de Turismo y Cultura a la que pertenece) la declaración de “evento de interés”. En paralelo, tramitó y logró el permiso para ocupar la plaza Virgen de los Reyes, en la que –con contadas excepciones– la propia ordenanza prohíbe cualquier tipo de acto. A ello se unió la exención de tasas por ocupación de la vía pública y la autorización de “excepcionalidad acústica temporal”, ya que hasta las 2 de la madrugada se iba a producir más ruido del permitido. En total, el enclave permaneció ocupado durante 32 horas.

“Una actividad institucional”

Fue una empresa municipal (Contursa) la que pidió estas licencias, y lo hizo ante otro organismo del Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo, que dio su visto bueno clonando los argumentos ya recogidos en el convenio suscrito con Escaparate. De hecho, en el expediente por el que le autoriza la ocupación de la plaza se llega a afirmar que esta entrega de premios tiene como objeto “la difusión y promoción de la excelencia cultural y patrimonial de Sevilla”.

De hecho, define la gala como “una actividad de carácter institucional y excepcional”, por lo que da su visto bueno al entender que puede acogerse a una de las excepciones recogidas en la ordenanza. Esto permitió a Escaparate levantar mesas para 600 invitados en una zona ubicada entre los tres monumentos patrimonio de la humanidad de la ciudad: la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias.

En definitiva, que el Ayuntamiento hispalense no sólo actuó como patrocinador, sino que también se encargó de tramitar las autorizaciones y de concedérselas a sí mismo. “Ingeniería administrativa”, lo definió la concejal del grupo Podemos-IU, Susana Hornillo (Podemos), en la última comisión de control al gobierno local, a lo que la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno (PP), respondió que no se utilizó “ningún atajo administrativo” y que la inversión municipal estaba más que justificada por el “alcance mediático extraordinario” de un evento que, aseguró, consiguió “324 millones de impactos”.

El alcalde, “sorprendido” por el revuelo

Esto llevó a renglón seguido al portavoz municipal del PSOE, Antonio Muñoz, a criticar esta versión municipal con una cifra “sin aclarar qué significa ni cómo se ha calculado”, preguntándose de paso si “son personas, visualizaciones, euros o apariciones en medios”. Por ello, considera que todo el caso es una “tomadura de pelo”, ironizando con que el alcalde “paga la cena de Escaparate y ahora pretende que los sevillanos le den las gracias”.

Por cierto, que la única referencia a la gala del regidor, José Luis Sanz, ha sido para expresar su incredulidad ante la que se ha formado con este evento celebrado hace un mes. “Me ha sorprendido mucho el espacio que ha ocupado en los medios de comunicación, ojalá el déficit de infraestructuras que tiene Sevilla ocupara el mismo espacio”, se limitaba a apuntar hace unos días.

Y aunque admite que el uso de la plaza Virgen de los Reyes “no lo contempla la ordenanza” y que “se hizo una excepcionalidad”, no muestra mayor preocupación por la denuncia por malversación y prevaricación que ha admitido un juzgado: “Que investigue el juez lo que tenga que investigar, de momento no ha denunciado nadie”.

“Proyección mediática insuperable”

El convenio entre Contursa y Escaparate también resalta que, en años anteriores, esta entrega de premios “ha puesto en valor los espacios y monumentos más emblemáticos de la urbe”, ya que se ha celebrado en lugares como los Reales Alcázares, la Plaza de España, el Casino de la Exposición, el palacio de San Telmo (el año pasado se celebró enfrente, en los Jardines de Cristina), el Muelle de la Sal o la plaza de San Francisco. La edición de 2026, añade, “en pleno entorno patrimonio mundial de la Unesco, otorgará una proyección mediática insuperable a la marca de la ciudad”.

El documento que allanó el camino para la declaración como “evento de interés” cifraba la asistencia al acto en “600 invitados de alto nivel”, aunque al final fueron menos, lo que supondría “un importante impacto económico en el sector hostelero, comercial y hotelero de Sevilla”. Todo esto se traduciría en la reserva de “un elevado número de plazas en hoteles de alta categoría” durante nada menos que una semana.

Doñana es un espacio tan grande y tan diverso que siempre hay lugar para que, en paralelo, se produzcan buenas y malas noticias. El pasado 30 de septiembre acabó un año hidrológico que en el parque nacional se puede definir de “razonable” en cuanto a lluvias y “bueno” en lo que respecta a la cría de aves, pero las cosas se han complicado con un verano que como quien dice todavía se hace sentir. Esto se ha traducido en un septiembre con récord histórico de temperaturas, lo que tiene a la vegetación del parque “en pausa” y con una elevada mortalidad.

Este es el balance que hace el director de la Estación Biológica de Doñana (EBD), Eloy Revilla, que alerta de que son señales de un “cambio de patrón” fruto de los efectos cada vez más evidentes del cambio climático. Esto propicia “un verano larguísimo” y unas “altísimas temperaturas”, y como muestra valga el botón de que 13 de los 25 días más calurosos del pasado estío se vivieron en septiembre, con récord el 3 de ese mes y sus 42,2 grados.

“En septiembre se han batido todos los récords de temperatura histórica”, apostilla, y toda la primera mitad de octubre también ha tenido registros elevados. Esto propicia que la vegetación en Doñana esté “en pausa” y lo que es peor, “se observa una mortalidad importante en muchas zonas”.

“Un patrón de cambio”

“Hay un patrón de cambio que se está observando en muchos años consecutivos”, prosigue su análisis, y que “tiene que ver directamente con el cambio climático”. Esto no solo ocurre en Doñana, advierte, ya que es algo evidente “en muchos más sitios”, lo cual “genera incertidumbre desde el punto de vista del funcionamiento de los ecosistemas”.

Y eso que el año hidrológico ha sido “bastante razonable” desde el punto de vista de la marisma y de las poblaciones de aves, tras unas lluvias invernales que permitieron una inundación importante y propiciaron “un buen año de reproducción”. La abundancia de agua ha permitido, además, que la laguna más grande, Santa Olalla, no se haya secado por segundo año consecutivo, aunque ha entrado en octubre con un aspecto no precisamente exuberante.

La conclusión es que el verano “se está volviendo muy difícil en el día a día” y eso “tiene que ver directamente con el cambio climático”. Esto provoca “cambios muy importantes” que no solo sacuden a este enclave natural, sino que “nos están afectando a nosotros también como país, tanto en la agricultura como en los servicios”. En este sentido, resalta “que no hay que olvidar que España ”es dependiente del turismo“, aunque aquí Doñana funciona como una oportunidad: ”Es un buen lugar para hacer un seguimiento muy fino y que podamos adelantarnos y adaptarnos“

La cuestión del acuífero

Junto a ello, y a la hora de hacer balance del año hidrológico, apunta a otro problema recurrente en el parque como es la situación del acuífero, “que está pendiente de recuperarse”. Este proceso es mucho más lento, porque el último informe técnico (referido al ejercicio 2024/25) evidenció que el año con más agua en una década –con precipitaciones un 123% por encima de la media– no logró una mejora significativa. “Una recuperación del acuífero requiere no un año aislado, sino un nuevo periodo húmedo”, apuntaba al respecto el análisis de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Tanto es así, que en julio volvió a repetirse lo que ya se ha convertido en un ritual: la Unesco alertó de que Doñana podría entrar en su lista negra de patrimonio en peligro si no se rehabilita esta masa de agua subterránea clave para la vida del parque. El último paso para caminar en esta recuperación se ha dado esta misma semana, con la publicación por fin de las ayudas para los agricultores que dejen de cultivar en el parque y, así, disminuir las extracciones.

Hablamos de 407 hectáreas, y el cálculo oficial es que esto permitiría reducir en 1,8 hectómetros cúbicos anuales el consumo de agua para riego en la zona. El Ministerio para la Transición Ecológica define este dato como “muy significativo” si se tiene en cuenta que el volumen de agua que ahora se extrae de manera ilegal es de casi 1,5 hectómetros cúbicos al año. WWF, en cambio, eleva esta cifra hasta 13,34 hectómetros, ya que calcula que todavía hay unas 3.330 hectáreas de cultivos irregulares.