Los sindicatos educativos catalanes proponen convocar una jornada de huelga durante este trimestre y una manifestación conjunta de la comunidad educativa para dar continuidad a las movilizaciones del sector. La propuesta llega después de una consulta unitaria en la que han participado 32.845 docentes y trabajadores laborales del Departament d’Educació, de los cuales el 49,8% asegura estar dispuesto a hacer huelga y el 79,08% apoyaría una manifestación. Los sindicatos no han informado sobre el censo total, pero el año pasado, solo los docentes sumaban 99.300 trabajadores. A ello se suma ahora el personal de atención educativa y determinados trabajadores de municipios. Por tanto, habrían respondido a la encuesta en torno a tres de cada diez participantes.  

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El debate educativo impulsado por Salvador Illa empieza a tomar forma. El Consell d’Educació de Catalunya (CEC) presentará este viernes los cinco grandes ejes sobre los que trabajarán las comisiones encargadas de alimentar el diálogo social sobre el futuro de la escuela catalana. Según ha podido saber La Vanguardia serán: la inclusión y la no segregación, la profesionalidad docente, la corresponsabilidad de las familias, la gobernanza del sistema educativo y el papel de los ayuntamientos.

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Los universitarios celebran la aprobación del real decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario, que actualiza el de 2010 y que ha sido publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado tras la aprobación en el Consejo de Ministros del martes. Este estatuto obliga a una mayor flexibilidad a las universidades para adaptarse a las necesidades de los estudiantes, sea por su dificultad de aprendizaje o por su situación personal y laboral. Entre las medidas, la más aplaudida es la vuelta de los exámenes de recuperación. “Ya no se puede pensar en el estudiante tradicional que ocupaba las aulas hace diez años. Ahora hay quien trabaja, tiene hijos o padres a su cargo. Es normal que haya más problemas de conciliación”, indica Marta Ferrer, vicerrectora de estudiantado de la Universitat de Barcelona (UB). “Eso supone un reto para la organización de las universidades, pero es una adaptación necesaria a la realidad”, opina Anabel Galán, también vicerrectora de estudiantado de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

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Los docentes se han cansado de sentirse impotentes cada vez que un alumno es desalojado de su casa, reubicado en una pensión, trasladado a otra ciudad, matriculado en otro colegio. La violencia invisible que hay en cada desalojo es insostenible cuando se vive de cerca. Los profesores, si se enteran de la situación porque muchas familias callan por vergüenza, hacen lo que pueden. Llaman a los servicios sociales: no es esa puerta. A los servicios de vivienda: tampoco. A los ayuntamientos... Nadie al lado de la administración puede ocuparse de dar una vivienda digna a una familia que ha perdido la suya. 

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