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El 95,7% de las víctimas jóvenes de sumisión química no denuncia la agresión a los servicios sanitarios ni a las autoridades

22 October 2026 at 12:22

La mayoría de las víctimas jóvenes de violencia sexual facilitada por drogas en contextos de fiesta y ocio nocturno no comunica lo ocurrido a profesionales sanitarios, psicólogos o autoridades. Aunque el 78,2% comparte la agresión con su entorno más cercano, solo el 4,3% recurre a algún servicio sanitario, psicológico, policial o judicial, según una investigación del Observatorio Universitario de Violencia Sexual Facilitada por Drogas.

El estudio se basa en 1.601 entrevistas a jóvenes de entre 18 y 35 años residentes en España. De ellos, 583, el 36,4%, declararon haber sufrido violencia sexual facilitada por el consumo de drogas.

De acuerdo con los resultados, apenas el 1,9% de las víctimas informó de lo sucedido a las autoridades policiales o judiciales. Los investigadores también observaron diferencias importantes en función de cómo se produjo la sumisión química.

La agresión que menos se comunica

Cuando el agresor administra sustancias a la víctima de forma encubierta o forzada, un tipo de violencia conocido como sumisión química proactiva, el 34,2% de las víctimas comunica la agresión a las instituciones policiales y judiciales.

Sin embargo, la proporción cae hasta el 1,4% cuando el agresor se aprovecha del consumo voluntario de alcohol por parte de la víctima, una modalidad denominada sumisión química oportunista. Los investigadores señalan que este tipo de violencia sexual es especialmente difícil de visibilizar.

La gravedad de la agresión también influye en la comunicación de lo sucedido. Las víctimas de las agresiones más invasivas compartieron lo ocurrido con su entorno cercano en menor medida que quienes sufrieron episodios menos invasivos: un 65,4%, frente al 81%. En cambio, la comunicación a las autoridades fue mayor en los casos más graves, con un 13,5%, frente al 2,3%.

Diferencias entre mujeres y hombres

El estudio también detecta diferencias por sexo. Las mujeres compartieron la agresión con su entorno social más cercano con mayor frecuencia que los hombres, con porcentajes del 82,6% y el 71,2%, respectivamente.

No obstante, su comunicación a las instituciones fue menor: el 3,7% de las mujeres trasladó lo ocurrido, frente al 5,4% de los hombres.

Las barreras que dificultan pedir ayuda

La investigación, publicada en la revista Frontiers in Public Health y en la que participan la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad de Alcalá (UAH), identifica varios obstáculos que pueden dificultar que las víctimas reconozcan la agresión, la comuniquen y busquen ayuda.

Entre ellos figuran los mitos sobre la sumisión química, los problemas de memoria que pueden provocar las sustancias, la falta de lesiones físicas visibles y los estereotipos sexistas que contribuyen a culpabilizar a las víctimas.

Pablo Prego, investigador del Departamento de Salud Pública de la UCM, advierte de que la combinación de estos factores puede contribuir a que las agresiones sexuales oportunistas permanezcan especialmente invisibilizadas.

Por ello, el investigador insiste en la importancia de evitar cualquier juicio o cuestionamiento hacia las víctimas y de favorecer entornos de comprensión, apoyo y confianza que faciliten la comunicación de lo sucedido y la búsqueda de asistencia.

Entre un 20 y un 30% de los delitos sexuales se producen por sumisión química

Piden cuatro años y medio de cárcel para un policía de Santander por acceder en Viogen al riesgo de una víctima a la que no protegía

22 October 2026 at 10:14

La Fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel para un policía local de Santander acusado de un delito contra la intimidad por acceder repetidamente al sistema Viogen para consultar el nivel de riesgo de una víctima a la que no le correspondía proteger e intentar maniobrar para que se le rebajara.

Según el auto del juez instructor que ordena la apertura de juicio oral, el agente mantenía una relación personal con el presunto agresor de la víctima, que le arrendaba una vivienda. Además, el magistrado declara al Ayuntamiento de Santander responsable civil subsidiario y le da un plazo de diez días para comparecer y presentar su escrito de defensa, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El policía estaba destinado en la Oficina de Protección de Víctimas y, presuntamente, aprovechó su condición de funcionario con acceso al sistema para consultar en varias ocasiones los datos relativos al nivel de riesgo de la mujer, pese a que su protección correspondía a otro cuerpo policial.

Tras esas consultas, existen indicios de que el agente habló con el policía nacional encargado de proteger a la víctima y logró que se reevaluara su situación. Como resultado de esa revisión, el nivel de riesgo pasó a ser bajo.

La defensa solicitó el sobreseimiento de la causa al considerar que acceder al fichero no constituía un delito. Sin embargo, el magistrado rechazó ese argumento y señaló que el acceso a los datos contenidos en el sistema, en particular a la información sobre el nivel de riesgo de la víctima, sí puede ser constitutivo de delito.

En su resolución, el instructor considera que acceder reiteradamente a VioGén para consultar el riesgo de una mujer a la que el agente no tenía encomendada proteger y tratar de rebajarlo puede cumplir los requisitos del tipo penal.

El policía será juzgado por la Audiencia Provincial de Cantabria, que ya confirmó la instrucción después de que no prosperara el recurso presentado por la defensa.

Además de los cuatro años y medio de prisión, la Fiscalía reclama diez años de inhabilitación absoluta y una indemnización de 3.000 euros. Por su parte, la acusación particular solicita tres años de cárcel, una multa de 8.100 euros y una indemnización de 6.000 euros.

© EUROPAPRESS

Abierto juicio oral a un policía de Santander por accesos a VioGén sobre una víctima que no protegía
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