El éxito del pacífico cambio de régimen en España se debió a un puñado de abnegados servidores públicos que contribuyeron silenciosamente a ello. Entre estos merece lugar destacado José Luis Graullera, que acaba de morir a los 87 años. Valenciano, abogado e interventor del Estado, embajador de España, amigo personal y hombre de confianza de Adolfo Suárez, ejerció un papel decisivo, desde la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en la transición administrativa, que él consideraba tan importante como la transición política. Antes, en su papel de interventor, como protector de los recursos públicos, evitó las corrupciones en los principales organismos del Estado, desde RTVE al CSIC o el Consejo de Estado. Como servidor público ejerció su papel pacificador en Guinea Ecuatorial, por encargo del presidente Suárez, en un momento delicado, recién lograda la independencia.

En la transición administrativa, conducida por él, se procuró, como me confesó en «Secretos de la Transición», «respetar todo lo positivo del antiguo régimen eliminando lo negativo». Facilitó las cosas el hecho de que «en el régimen anterior, a falta de legitimidad, había un axioma: el principio de legalidad que se respetaba escrupulosamente». Todos los funcionarios del Movimiento que no tenían funciones políticas, incluidos los de los sindicatos verticales, encontraron cobijo en la nueva Administración. Un día se presentó en el despacho de Graullera, en Castellana, 3, Pilar Primo de Rivera, delegada nacional de la Sección Femenina, a entregarle un dinero que la Sección Femenina tenía en efectivo y que no figuraba en ninguna cuenta. Una indudable prueba de honradez. «¿Qué va a ser de mis chicas?», le preguntó con insistencia. «No te preocupes, Pilar, -le respondió-, las haremos funcionarias». José Luis Graullera me confesó emocionado que mandó un escrito a más de 25.000 empleados que no entraban en el cuerpo de funcionarios y se quedaban en la calle, por si podía hacer algo por ellos, y sólo dos le pidieron ayuda.

Otro de los grandes servicios prestados por Graullera fue la creación y puesta en marcha de AESMIDE, una asociación de empresas contratistas con la Administración del Estado, que, entre otras cosas, ha contribuido decisivamente, externalizando productos y servicios, a la modernización de las Fuerzas Armadas en España. Se ha ido un patriota sin alardes, un servidor público eficaz, en un momento convulso de la vida nacional, que amenaza a la Transición democrática y la concordia constitucional, con la corrupción, que él tanto combatió, escalando como la yedra los muros del poder. Deja una gran familia. No se puede concebir la vida de Graullera sin Esther, su mujer, que él llamaba cariñosamente «la tendera».

La Asamblea Nacional abrió la discusión de dos propuestas para modificar los requisitos de idoneidad de los abogados, después de que cerca de mil graduados de Derecho enfrentaran dificultades para obtener la autorización profesional. Las iniciativas buscan corregir los efectos de la Ley 500 de 2025, aunque plantean soluciones diferentes.

Los anteproyectos fueron presentados por Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional, y Manuel Cheng, vicepresidente del Legislativo. Ambas iniciativas fueron prohijadas por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, pero una establece excepciones para antiguos estudiantes y la otra flexibiliza las evaluaciones.

La controversia comenzó con los cambios introducidos en la regulación profesional. Durante 38 años, la Ley 9 de 1984 permitía solicitar la idoneidad con el título universitario. Posteriormente, la Ley 350 de 2022 incorporó un examen de competencias, mientras que la Ley 500 de 2025 estableció otras alternativas.

La última reforma contempló tres mecanismos para obtener la autorización profesional: aprobar un examen, publicar una tesis en una revista especializada o realizar tres meses de servicio voluntario. Sin embargo, el examen quedó reservado para quienes comenzaron la carrera después de la promulgación, limitando las opciones anteriores.

En la práctica, los estudiantes anteriores a la reforma quedaron exentos del examen, pero no de las demás exigencias. Quienes se graduaron mediante seminarios, prácticas o materias de maestría no podían utilizar la alternativa de tesis. Además, la obligación de publicarla en una revista especializada complicó ese mecanismo.

El servicio voluntario también generó dificultades porque los horarios disponibles y las restricciones sobre las oficinas autorizadas representaban obstáculos para graduados que ya tenían empleo. Aunque algunos trabajaban como asistentes legales, debían completar una práctica adicional que podía retrasar su incorporación formal al ejercicio profesional.

La primera iniciativa, presentada por Castañedas, propone crear un régimen transitorio para quienes iniciaron Derecho antes del 24 de noviembre de 2025. La excepción comprendería a graduados y estudiantes matriculados, incluidos aquellos con tesis pendientes. Las nuevas exigencias continuarían aplicándose a quienes ingresaron posteriormente.

El anteproyecto busca que los beneficiarios puedan solicitar su idoneidad conforme a los requisitos anteriores, según el momento en que comenzaron sus estudios. También establece un plazo máximo de 60 días para resolver solicitudes y contempla revisar expedientes pendientes, suspendidos, devueltos o rechazados por la reforma.

La propuesta de Cheng sigue otro camino: mantener las tres alternativas, pero hacerlas accesibles para todos los aspirantes. Su texto permitiría presentar el examen a graduados y estudiantes con materias completadas. Además, eliminaría la obligación de publicar la tesis, sustituyéndola por una certificación universitaria.

En cuanto al servicio voluntario, Cheng propone mantener los tres meses, equivalentes a 480 horas, pero permitir horarios flexibles. Los aspirantes podrían completar la práctica en jornadas parciales, nocturnas o durante fines de semana. Las horas comenzarían a acumularse desde el segundo año universitario, con certificación institucional.

La iniciativa también ampliaría los espacios autorizados para realizar la práctica, incluyendo oficinas judiciales, departamentos de audiencias y dependencias con funciones jurídicas. Asimismo, permitiría reconocer tesis y horas de servicio anteriores a la reforma, además de presentar nuevamente solicitudes rechazadas por requisitos de publicación o prácticas.

Castañedas sostiene que su propuesta pretende evitar que estudiantes y graduados queden atrapados entre normas diferentes, mientras Cheng plantea ajustar las evaluaciones sin eliminar los estándares profesionales. Ambas iniciativas coinciden en reducir la incertidumbre que ha dificultado obtener la idoneidad, aunque sus mecanismos son distintos

El Colegio Nacional de Abogados expresó una posición favorable a las propuestas legislativas. Su representante, Alexander Hepburn, señaló que existe preocupación por cerca de mil licenciados que terminaron sus estudios sin conseguir la autorización profesional.

Una nueva ola de violencia y ataques con características de sicariato se registró esta semana en Panamá, dejando varias víctimas en distintos sectores de la capital.

El caso que más alarma ha generado por la forma en que fue ejecutado ocurrió en Perejil, en el corregimiento de Calidonia, donde dos hombres fueron asesinados dentro de un automóvil en pleno centro de la ciudad.

El doble homicidio ocurrió el miércoles 21 de octubre, cuando dos hombres fueron asesinados a tiros dentro de un sedán blanco en Calle Primera. Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron el momento en que los presuntos homicidas descendieron del vehículo, que todavía estaba en movimiento, después de disparar contra sus ocupantes.

Las imágenes muestran cómo los dos atacantes escaparon corriendo del lugar y posteriormente fueron recogidos por otro automóvil. Las primeras investigaciones indican que las cuatro personas viajaban juntas en el sedán, por lo que los homicidas habrían compartido el vehículo con sus víctimas antes de abrir fuego.

Los dos fallecidos presentaban impactos de bala en la cabeza, mientras las autoridades iniciaron las diligencias para identificar a los responsables. El ataque provocó la movilización de unidades policiales y personal de Criminalística, que realizaron la inspección del automóvil y el levantamiento de los cuerpos.

Las grabaciones constituyen una pieza importante para reconstruir la participación de los atacantes y establecer la ruta utilizada durante la fuga. Los investigadores también buscan determinar las circunstancias que precedieron al doble asesinato, así como el posible móvil del ataque ocurrido en una zona céntrica de la capital.

La violencia también alcanzó la comunidad de Los Caobos, en Chilibre, donde Reynaldo Roberto Prendergast Torres, de 37 años, murió tras recibir múltiples disparos mientras conducía un sedán blanco. Según los reportes preliminares, los agresores dispararon desde otro automóvil en movimiento durante la mañana del miércoles.

Prendergast perdió el control del volante después de recibir los impactos y su vehículo terminó dentro de una cuneta, a un costado de la carretera. Residentes alertaron a las autoridades, que acordonaron el lugar para recuperar evidencias. Los registros policiales indican que el fallecido había sido aprehendido anteriormente, aunque no se ha establecido si esos antecedentes guardan relación con el asesinato.

Otro hecho violento dejó un taxista de 20 años asesinado en Alcalde Díaz, también en Panamá Norte. La víctima fue identificada como Sudan Gabriel Eduardo Ceballos Falcón, quien recibió un disparo en la cabeza en el sector de La Esperanza, cerca de un puente peatonal.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 10:15 de la noche, cuando residentes escucharon varias detonaciones de arma de fuego. El joven fue encontrado boca abajo, cerca de un taxi amarillo estacionado junto a la carretera. Una de las hipótesis preliminares indica que intentó escapar del atacante, pero cayó antes de conseguir ayuda.

La jornada violenta también dejó un homicidio a plena luz del día en Pueblo Nuevo, donde Luis García, de 51 años, fue asesinado a tiros cerca de las 6:00 de la mañana del miércoles. El ataque ocurrió en calle Tercera, a pocos metros del Sistema Penal Acusatorio de la vía Transístmica, cuando la víctima caminaba cerca de su residencia.

Según los reportes preliminares, los agresores le dispararon desde un automóvil dorado y escaparon del lugar. Los vecinos describieron al fallecido como una persona trabajadora y tranquila, mientras las autoridades investigan el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

Los hechos se produjeron en medio de una sucesión de homicidios que afecta principalmente a sectores de la capital.

De acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), Panamá registraba 460 homicidios intencionales hasta el 11 de octubre de 2026, cuatro más que durante el mismo período del año anterior. La provincia de Panamá concentraba 288 víctimas, equivalentes a casi el 63% del total nacional, mientras Colón contabilizaba otras 77.a

La distribución territorial muestra que el distrito de Panamá acumulaba 198 homicidios, seguido de San Miguelito, con 85. Dentro de Panamá Norte, Chilibre registraba 18 casos, Ernesto Córdoba Campos otros 17 y Caimitillo nueve. Estas cifras reflejan la concentración de la violencia en determinadas comunidades, aunque corresponden a un corte estadístico anterior a los últimos ataques.

Las investigaciones también identifican un aumento del 64% en los homicidios vinculados al pandillerismo, que pasaron de 42 a 69 frente al mismo período de 2025. Las rencillas delincuenciales representaban 156 casos y otros 67 permanecían bajo investigación, mientras las armas de fuego estuvieron presentes en 392 asesinatos, aproximadamente el 85% del total.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar los móviles de los ataques, identificar a los responsables y establecer posibles conexiones. Mientras avanzan las diligencias, los crímenes registrados en Perejil, Chilibre y Alcalde Díaz vuelven a colocar la violencia armada en el centro de la preocupación por la seguridad pública.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó una nueva muerte por influenza en Panamá, con lo que el acumulado de fallecimientos por esta enfermedad llegó a 65 durante 2026.

El reporte corresponde a la semana epidemiológica 39, del 27 de septiembre al 3 de octubre, y también evidencia un incremento semanal de los cuadros gripales y las infecciones respiratorias graves.

Entre las personas fallecidas por influenza, el 61.5% tenía 65 años o más y el 58.5% correspondía a hombres. El informe señala que el 96.4% no había recibido la vacuna de la temporada actual, mientras el 81.5% presentaba factores de riesgo, principalmente enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

La influenza es una infección viral que provoca fiebre, tos, dolor muscular, cansancio y malestar general. Aunque muchas personas se recuperan, puede evolucionar hacia neumonía o insuficiencia respiratoria. La dificultad para respirar, el dolor persistente en el pecho y la confusión son señales de alarma que requieren atención médica inmediata

El síndrome gripal registró 927 casos durante la semana 39, frente a 811 de la semana anterior, un incremento de 116 pacientes, equivalente al 14.3%. El acumulado comunicado por el Minsa llegó a 33,331 casos.

Estos cuadros pueden ser causados por distintos virus respiratorios y generalmente presentan fiebre, congestión nasal, dolor de garganta y tos.

Las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen neumonía y bronconeumonía, sumaron 462 casos durante la semana 39, frente a 459 en la semana 38. El acumulado reportado alcanzó 16,547 casos.

Estas enfermedades afectan los pulmones y pueden comprometer la oxigenación, especialmente cuando aparecen respiración acelerada, dificultad respiratoria o disminución del estado de alerta.

La comparación también muestra un incremento en los registros de leishmaniasis, que pasó de 21 casos semanales a 26. El acumulado subió de 1,907 a 1,933. Esta infección parasitaria, transmitida por la picadura de insectos flebótomos infectados, puede provocar úlceras cutáneas persistentes y, en determinadas formas, lesiones de las mucosas.

En contraste, los nuevos casos de malaria disminuyeron de 27 en la semana 38 a cuatro en la 39, aunque el acumulado informado llegó a 6,000. La enfermedad es causada por parásitos transmitidos mediante mosquitos Anopheles infectados. Sus síntomas incluyen fiebre, escalofríos, sudoración y dolor de cabeza, y puede producir anemia grave o complicaciones orgánicas.

El informe epidemiológico de la semana 39, correspondiente al período del 27 de septiembre al 3 de octubre, es anterior a la detección y divulgación de los casos de malaria asociados a Merca Panamá. El 15 de octubre, el Ministerio de Salud confirmó 34 contagios; el 17 de octubre la cifra aumentó a 37 y, para el 19 de octubre, ya se contabilizaban 44 personas diagnosticadas.

La vigilancia epidemiológica identificó además un nuevo caso de fiebre por hantavirus, elevando el acumulado de 21 a 22. El síndrome cardiopulmonar asociado mantuvo 18 casos. La infección se relaciona con la exposición a excreciones de roedores infectados y puede comenzar con fiebre y dolores musculares, antes de provocar dificultad respiratoria potencialmente mortal.

En leptospirosis, el Minsa no notificó casos nuevos durante la semana 39, pero incorporó dos registros correspondientes a períodos anteriores, aumentando el acumulado de 39 a 41. Esta infección bacteriana puede adquirirse por contacto con agua o suelo contaminado con orina de animales y causar fiebre, dolor muscular, ictericia y daño renal.

El reporte también contabilizó 114 casos acumulados de gusano barrenador en humanos, frente a los 111 consignados en el cuadro estadístico de la semana 38. Esta infestación ocurre cuando determinadas moscas depositan huevos en heridas y sus larvas invaden tejidos vivos, causando dolor, lesiones progresivas e infecciones que necesitan tratamiento oportuno.

Respecto al virus Oropouche, no se notificaron infecciones correspondientes a la semana 39, pero se incorporaron tres casos de semanas anteriores, elevando el acumulado de 20 a 23. La enfermedad, transmitida principalmente por pequeños insectos picadores infectados, puede causar fiebre y dolores intensos; ocasionalmente presenta complicaciones neurológicas, como meningitis.

La viruela símica, conocida como mpox, alcanzó 15 casos acumulados después de incorporar dos registros anteriores, frente a los 13 contabilizados hasta la semana 38. Puede transmitirse por contacto estrecho y provocar fiebre, ganglios inflamados y lesiones cutáneas. Las complicaciones son especialmente preocupantes en personas inmunodeprimidas y pacientes con infecciones extensas.

Finalmente, el Minsa reiteró la importancia de mantener actualizada la vacunación y reconocer tempranamente los síntomas de gravedad. También recomendó reforzar la higiene, evitar exposiciones de riesgo y buscar atención médica cuando los síntomas empeoren, especialmente entre adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, los grupos más vulnerables ante complicaciones.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) desplegará más de 950 personas en 66 áreas protegidas de Panamá durante las celebraciones patrias de noviembre, cuando miles de residentes y turistas acostumbran desplazarse hacia el interior del país. El operativo se desarrollará del 30 de octubre al 11 de noviembre, con medidas de vigilancia, prevención y atención a visitantes.

Las festividades del 3, 4, 5 y 10 de noviembre generan tradicionalmente un incremento del turismo interno, debido a los días de descanso y las actividades conmemorativas. A estas fechas se suma el 28 de noviembre, cuando se celebra la independencia de Panamá de España, aunque esta jornada queda fuera del operativo anunciado.

Sin embargo, el movimiento turístico dependerá de las condiciones que mantengan las provincias afectadas por el terremoto del 9 de octubre, especialmente Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. Las restricciones de acceso, los daños en infraestructura y las evaluaciones de seguridad podrían influir en la decisión de las familias sobre sus destinos.

El dispositivo especial contará con 625 guardaparques y 50 jefes de áreas protegidas, además de colaboradores regionales y personal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También participarán unidades de la Policía Ambiental, Rural y Turística, el Senafront y el Senan, mediante patrullajes terrestres, acuáticos y controles de ingreso.

Las labores se concentrarán en parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas forestales, donde se vigilarán los senderos, las zonas de acceso y los ecosistemas vulnerables. MiAmbiente buscará prevenir la tala, la minería ilegal, el tráfico de especies y los incendios, además de garantizar una visita ordenada y segura.

Entre los destinos destacados figura el Parque Nacional Soberanía, próximo a la ciudad de Panamá, reconocido por sus senderos y la observación de aves. Su ubicación facilita las excursiones de residentes y extranjeros interesados en conocer la biodiversidad tropical, especialmente en el histórico Camino del Oleoducto.

Otro atractivo es el Parque Nacional Volcán Barú, en la provincia de Chiriquí, donde los visitantes realizan caminatas y excursiones hacia la cima más elevada del país. Desde sus miradores, cuando las condiciones atmosféricas lo permiten, pueden observarse ambos océanos, mientras los bosques montañosos albergan una importante diversidad de especies.

En Veraguas se encuentra el Parque Nacional Coiba, uno de los principales destinos de turismo marino, conocido por sus arrecifes, playas y posibilidades de buceo. El área, reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco, atrae visitantes nacionales e internacionales interesados en la observación de fauna y los ecosistemas oceánicos.

También destacan el Parque Nacional Santa Fe, en Veraguas, y Portobelo, en Colón, que ofrecen paisajes naturales, bosques y oportunidades para el senderismo. San Lorenzo, igualmente en Colón, combina ecosistemas tropicales con un importante patrimonio histórico, mientras Chagres protege fuentes hídricas esenciales para el país.

MiAmbiente informó que el horario general de visitas será de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., mientras las áreas marino-costeras y aquellas con condiciones especiales permitirán el ingreso hasta las 3:00 p. m. Los guardaparques verificarán las tarifas, supervisarán los senderos habilitados y orientarán a los visitantes sobre las medidas de seguridad.

Por el momento, permanecen restringidos los accesos al Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, en Los Santos, y a la Reserva Hídrica Cerro Los Picachos, en Coclé.

La institución recomienda verificar las condiciones de cada destino antes de viajar, especialmente porque la situación posterior al terremoto podría modificar los planes turísticos.

La directora de Áreas Protegidas, Michele Caballero, destacó la importancia de coordinar las acciones de conservación con los estamentos de seguridad para impedir actividades ilegales.

Las autoridades también exhortaron a utilizar únicamente los senderos autorizados, respetar los horarios y evitar dejar desechos, con el propósito de proteger los ecosistemas durante la temporada de mayor circulación turística.

El Ministerio Público contabilizó 502 denuncias entre enero y septiembre de 2026, con incrementos importantes en Chiriquí, Colón y Panamá Oeste. Las investigaciones abarcan daños a los ecosistemas, tala ilegal, afectaciones a especies protegidas y otras conductas sancionadas por la legislación penal.

Las denuncias por delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial aumentaron 17% en Panamá durante los primeros nueve meses de 2026, al pasar de 430 a 502, según estadísticas del Ministerio Público. Los registros incluyen destrucción de recursos naturales, maltrato animal, afectaciones a la vida silvestre e infracciones relacionadas con proyectos urbanísticos.

La categoría con mayor incidencia fue la de delitos contra los recursos naturales, con 277 denuncias, equivalentes al 55% del total. Le siguieron los delitos contra animales domésticos, con 176 casos; contra la vida silvestre, con 44; y las infracciones de tramitación y cumplimiento urbanístico, con cinco investigaciones.

Dentro del primer grupo, la destrucción de recursos naturales acumuló 187 denuncias, frente a 154 en 2025, un incremento del 21%. Esta figura comprende conductas que afectan ilegalmente los componentes del ambiente, mientras la tala y destrucción de vegetación en áreas especiales registró 52 investigaciones, una reducción del 31%.

El informe también contabiliza 13 denuncias relacionadas con la importación de materiales o desechos peligrosos, 12 por incendios de masas vegetales y ocho por emisiones de ruido, gases, olores o luminosidad que afectan al público o los ecosistemas. Estas conductas pueden comprometer la calidad del aire, el suelo y las fuentes hídricas.

Los delitos contra animales domésticos registraron uno de los mayores incrementos, al pasar de 110 a 176 denuncias, equivalente al 60%. Esta categoría comprende conductas de maltrato o crueldad sancionadas penalmente. En materia de vida silvestre, se contabilizaron 36 investigaciones por extracción de especies protegidas y ocho por tráfico, que implica su comercialización ilícita.

En materia de minería ilegal, dos personas fueron aprehendidas el 19 de septiembre en la quebrada Peluca, dentro del Parque Nacional Chagres, donde presuntamente extraían minerales sin autorización. MiAmbiente decomisó motobombas, palas y bateas, mientras la Fiscalía Ambiental asumió las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Otro operativo realizado en junio, en Mamoní Arriba, permitió la aprehensión de 11 personas y la retención de un menor por presunta extracción clandestina. En julio, seis personas fueron sorprendidas en el Corredor de Los Pobres, donde la actividad minera había provocado afectaciones al suelo y al cauce de una quebrada.

La legislación panameña establece penas de tres a seis años de prisión por destrucción, extracción, contaminación o degradación ilegal de recursos naturales, conforme al artículo 399 del Código Penal. Las sanciones pueden aumentar cuando se afectan áreas protegidas, cuencas hidrográficas o fuentes de agua, entre otras circunstancias agravantes.

En junio, cuatro personas recibieron condenas de 48 meses de prisión por minería ilegal en Las Minas, provincia de Herrera. Los sentenciados habían sido sorprendidos realizando exploraciones clandestinas en Río Negro, donde las actividades ocasionaron daños al ecosistema y degradaron un acuífero, según el Ministerio Público.

Los riesgos asociados a la actividad minera también quedaron expuestos tras el terremoto del 9 de octubre, que provocó un deslizamiento en la antigua mina El Remance, en Veraguas. La explotación, abandonada desde 1999, conserva depósitos de residuos mineros que representan un pasivo ambiental y requieren vigilancia permanente.

MiAmbiente detectó en la quebrada Veneno un pH de 5.75, indicativo de condiciones ácidas, además de concentraciones de hierro de 15 miligramos por litro y sulfatos de 114 miligramos por litro. Los resultados motivaron un monitoreo reforzado de las fuentes de abastecimiento, mientras continúa la evaluación de posibles afectaciones.

La institución solicitó al IDAAN vigilar las tomas de agua de San Francisco y Santiago, mientras el Ministerio de Salud evalúa los sistemas comunitarios. También anunció trabajos de restauración ambiental en El Remance y otros cinco puntos del país, ante los riesgos que representan las antiguas explotaciones abandonadas.

En la distribución geográfica, Panamá encabezó las denuncias con 99 casos, seguida de Chiriquí, con 91, y Panamá Oeste, con 74. Colón registró el mayor incremento relativo entre las provincias, de 118%, mientras Chiriquí aumentó 82% y Panamá Oeste 80% frente a 2025.

El informe también revela reducciones importantes en Darién, Los Santos y Bocas del Toro, con disminuciones de 76%, 50% y 34%, respectivamente. Septiembre cerró con 44 denuncias, frente a 38 en agosto, mientras enero concentró el mayor registro mensual, con 76 investigaciones.

La Habana, 22 oct (Prensa Latina) Expertos cubanos participaron hoy en una videoconferencia internacional sobre la situación en la región de Zaporiyia y el impacto global del conflicto bélico.

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El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre cobró su segunda víctima mortal, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmara este jueves el fallecimiento de Regina Miranda, de 60 años, quien permanecía hospitalizada en Santiago de Veraguas por las lesiones sufridas durante el movimiento sísmico.

Miranda realizaba labores administrativas en la escuela Rómulo Arrocha, en Santiago, cuando comenzó el terremoto. Durante la evacuación del plantel, tropezó con una cuneta y cayó al suelo, golpeándose fuertemente la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico grave.

La mujer fue trasladada al Hospital Luis “Chicho” Fábrega, donde recibió atención especializada del servicio de Neurocirugía. Sin embargo, permaneció en estado de coma y falleció pese a los esfuerzos médicos, según informó la institución sanitaria en un comunicado fechado el 22 de octubre.

La primera víctima fue Elena Barría, de 68 años, quien falleció el 14 de octubre. La mujer descansaba en su vivienda de Macaracas, provincia de Los Santos, cuando una pared se desplomó sobre ella, dejándola atrapada entre los escombros y provocándole graves lesiones abdominales.

Barría fue rescatada por familiares y vecinos, quienes lograron sacarla de la estructura colapsada. Posteriormente recibió atención en distintos centros hospitalarios hasta ser trasladada a la capital, donde fue intervenida quirúrgicamente. Su fallecimiento fue confirmado por la Caja de Seguro Social después de varios días hospitalizada.

Entre los casos de mayor gravedad figura Suribeth Cortéz, una joven de 22 años con dificultades de movilidad, quien quedó atrapada cuando una pared cayó sobre ella en El Pájaro de Macaracas. Sufrió lesiones craneales y abdominales que obligaron a trasladarla en helicóptero al Hospital Santo Tomás.

Después de permanecer sedada y recibir intervenciones quirúrgicas, la joven despertó y fue retirada de la ventilación mecánica el 14 de octubre. Su familia confirmó que reconoció a su hermana y mostró una evolución favorable. Posteriormente, continuó su proceso de recuperación y rehabilitación tras superar los momentos más críticos.

El balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualizado al 20 de octubre, registraba 27 personas lesionadas por el terremoto. La cifra todavía incluía una sola víctima mortal, debido a que el fallecimiento de Miranda fue confirmado dos días después del último consolidado disponible.

El Ministerio de Salud informó que más de 31,000 atenciones sanitarias se habían brindado en las zonas afectadas, mediante personal desplegado en hospitales, centros de salud y albergues. Los equipos también ofrecen apoyo psicológico y seguimiento médico a las familias damnificadas.

Las consecuencias materiales continúan extendiéndose por distintas comunidades. Sinaproc contabilizó 10,655 viviendas evaluadas y 35,065 personas registradas mediante las inspecciones de daños y necesidades. Estas cifras corresponden a las evaluaciones realizadas y permanecen sujetas a nuevas verificaciones.

El mismo informe identificó 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud con afectaciones, mientras 5,628 personas permanecían alojadas en 126 albergues. Las autoridades también reportaron 175 comunidades atendidas con asistencia humanitaria, incluyendo alimentos, agua y otros suministros esenciales.

Las provincias de Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé concentran parte importante de los daños ocasionados por el movimiento sísmico. Entre las afectaciones se encuentran viviendas destruidas, centros educativos deteriorados, iglesias dañadas y problemas en carreteras y puentes, especialmente en comunidades rurales.

El terremoto tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, según los registros del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Las autoridades mantienen las evaluaciones estructurales y la asistencia humanitaria, mientras las familias afectadas enfrentan el proceso de recuperación.

El terremoto que sacudió Panamá el 9 de octubre provocó desplazamientos del terreno de hasta 1.20 metros en Búcaro, provincia de Los Santos, y hundimientos de entre 15 y 30 centímetros en Isla Cañas.

Los resultados preliminares también identifican rupturas superficiales y deformaciones del fondo marino, que pudieron contribuir a la generación de olas durante el movimiento sísmico.

Los hallazgos corresponden a una investigación del geofísico panameño Isaac Guerra Araúz, becario doctoral de la Senacyt, quien realiza mediciones en Búcaro, La Pitaloza y Mariato, en la costa de Veraguas y el sur de Azuero.

El especialista encontró desplazamientos horizontales de entre uno y 1.20 metros, además de movimientos verticales cercanos a un metro en Búcaro.

Las mediciones buscan establecer cómo se desplazaron los bloques de la corteza terrestre durante la ruptura de la falla responsable del terremoto. Estos movimientos pueden provocar grietas, desniveles y modificaciones del relieve, especialmente en terrenos cercanos a la zona de ruptura, donde la deformación puede permanecer visible después del sismo.

La investigación también documenta un hundimiento de entre 15 y 30 centímetros en Isla Cañas, mientras se estudian deformaciones del fondo marino que pudieron contribuir a la generación de olas.

Los especialistas buscan determinar la extensión de estos cambios y sus consecuencias sobre las comunidades costeras, particularmente en las zonas próximas a la falla.

En sectores de Tonosí, Soná y Mariato se han reportado fisuras y alteraciones visibles en la superficie terrestre, asociadas al terremoto. También circulan reportes sobre arrecifes que habrían quedado expuestos incluso durante la marea alta, aunque todavía no se dispone de mediciones científicas verificadas que permitan confirmar su extensión o establecer cuánto se elevó el litoral.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá relacionó el terremoto con la falla de Azuero-Soná, cuya ruptura alcanzó aproximadamente 90 kilómetros. Esa extensión corresponde al proceso geológico que originó el sismo y no significa necesariamente que exista una grieta continua de esa longitud sobre la superficie terrestre.

Guerra Araúz desarrolla estas investigaciones como parte de su doctorado en Geofísica en la Universidad de Western Ontario, Canadá, bajo la supervisión del científico Katsuichiro Goda.

Los resultados permitirán contrastar las mediciones de campo con modelos de ruptura sísmica y comprender mejor el comportamiento de las fallas activas en Panamá.

Antes del terremoto, ambos investigadores habían desarrollado uno de los primeros modelos tridimensionales del subsuelo panameño, mediante el análisis de 2,741 movimientos sísmicos registrados entre 2013 y 2023.

Utilizaron información de 148 estaciones de Panamá, Costa Rica y Colombia para estudiar estructuras geológicas ubicadas hasta 80 kilómetros de profundidad.

El estudio, publicado en mayo de 2026 en la revista Tectonophysics, identificó nuevas evidencias de un sistema de doble subducción bajo el occidente panameño. Las placas de Cocos y Nazca se introducen desde el Pacífico, mientras la placa del Caribe presenta señales de hundimiento desde el norte, configurando una interacción tectónica particularmente compleja.

La magnitud del terremoto también llamó la atención del ingeniero estructural japonés Kit Miyamoto, director ejecutivo de Miyamoto International, quien lo situó entre los movimientos más grandes que han afectado zonas pobladas durante 2026. El especialista advirtió que un sismo de semejante intensidad provocaría problemas incluso en Los Ángeles, California.

Miyamoto destacó además la importancia de las inspecciones estructurales realizadas después del terremoto, especialmente en viviendas, carreteras y edificios públicos. Su evaluación subrayó que identificar las construcciones inseguras constituye apenas la primera etapa de una recuperación que deberá incorporar mejores condiciones de resistencia ante futuros movimientos sísmicos.

El más reciente balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con corte al 20 de octubre, contabiliza 10,655 viviendas evaluadas y 35,065 personas registradas en las evaluaciones de daños. También reporta 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud afectadas, además de 27 lesionados y una persona fallecida.

La emergencia mantiene 5,628 personas alojadas en 126 albergues, mientras continúan las inspecciones y la asistencia humanitaria. Las autoridades han movilizado más de 208,317 libras de suministros por vía aérea y 365 toneladas por tierra, con atención reportada en 175 comunidades afectadas.

Los resultados de las investigaciones geológicas serán fundamentales para determinar las condiciones de seguridad de los terrenos donde se reconstruirán viviendas.

Guerra Araúz sostiene que integrar las mediciones de desplazamiento con los registros de daños permitirá mejorar los modelos de amenaza sísmica y orientar la planificación territorial, especialmente en las comunidades más expuestas.

Vientián, 22 oct (Prensa latina) Una representación de estudiantes de español de la Universidad Nacional de Laos expresó hoy su solidaridad con el pueblo cubano contra el bloqueo que Estados Unidos mantiene contra Cuba hace más de seis décadas.

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En España, al menos 15 millones de hogares conviven con un animal de compañía. La primera estadística nacional de protección animal contabiliza 15.171.569 mascotas en todo el país, y entre ellas el perro ocupa el primer lugar de preferencia. El censo registra 7.562.893 canes distribuidos por el territorio nacional, una cifra que representa casi la mitad del total de animales de compañía contabilizados.

La llegada de estos animales al hogar suele responder a la búsqueda de compañía y afecto, aunque no siempre va acompañada de la comprensión necesaria sobre las dificultades que implica su educación. El adiestrador Juan Manuel Liquindoli comparte sus conocimientos a través de sus redes sociales, bajo el perfil @filosofia.animal, con el objetivo de orientar a quienes enfrentan este desafío.

El adiestrador canino Juan Manuel Liquindoli ha cuestionado los métodos tradicionales de entrenamiento basados en el castigo y ha propuesto un enfoque centrado en entender el comportamiento del animal antes de corregirlo. Según ha explicado, existe evidencia científica que demuestra que las técnicas aversivas generan consecuencias negativas en el bienestar de los perros y, además, resultan contraproducentes a la hora de resolver los problemas de conducta que buscan eliminar.

Evitar “el camino corto” de la agresión

Liquindoli ha descrito una práctica habitual entre quienes entrenan perros: recurrir a herramientas de corrección física apenas aparece un comportamiento indeseado. Es, según dice, “el camino corto”, que ejemplifica así: “Si un perro gruñe o un perro ladra, agarrar un collar de ahorca y tironearlo”.

El adiestrador ha planteado una serie de preguntas que, a su juicio, deberían anteceder a cualquier intervención correctiva: “¿Qué le está pasando a este perro? ¿Por qué llegó a esta situación? ¿Por qué cuando salimos a pasear se quiere pelear con todos los perros?”. Para Liquindoli, el gruñido o el ladrido no son el problema en sí, sino una señal de que algo previo ha generado esa respuesta en el animal.

El especialista ha trazado una comparación con la evolución de los modelos educativos aplicados a los niños. “Educaciones puramente conductistas, donde si el nene hacía algo bien, te daban un chocolatino, un premio, y si hacías algo mal, era un castigo físico o te quedabas sin la PlayStation”, ha descrito, en referencia a esquemas que reducían la crianza a un sistema binario de premios y castigos.

Según Liquindoli, esa lógica ha entrado en revisión desde que se ha comprendido que la educación de los niños “era mucho más” que ese intercambio mecánico de recompensas y sanciones. El adiestrador ha sostenido que algo similar está ocurriendo hoy con el entrenamiento canino, donde los enfoques que solo contemplan el refuerzo o la corrección física han quedado cuestionados frente a nuevas evidencias sobre el comportamiento animal.

“Con los perros está pasando algo parecido, sustentado con mucha evidencia científica de que justamente los métodos que son aversivos, que generan miedo o dolor en el perro, tienen muchas, eh, consecuencias negativas, no solamente en el bienestar del perro, sino también que terminan siendo contraproducentes hasta para resolver problemas de comportamiento”, asegura.

Para Liquindoli, la clave del adiestramiento pasa por identificar las causas que desencadenan reacciones como la agresividad hacia otros perros durante los paseos, en lugar de aplicar una corrección automática ante cada manifestación de esa conducta. Esta mirada ha situado al comportamiento problemático como un síntoma que requiere análisis, no como una falta que exige un castigo inmediato.

“Son empresas de nicho pero que resultan claves para ganar soberanía tecnológica”, ha afirmado esta mañana Laia Corbella, directora general de la fundación Mobile World Capital en motivo de la presentación del informe El ecosistema de spin-offs deep tech a Espanya 2026, elaborado junto a la Secretaría de Estado de Digitalización y de Inteligencia Artificial. 

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Vientián, 22 oct (Prensa latina) Mientras más laosianos viven fuera en busca de mejores opciones laborales, la población extranjera en Laos casi se duplicó en la más reciente década, de acuerdo con un estudio publicado hoy.

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Hanoi, 22 oct (Prensa Latina) Diputados a la Asamblea Nacional de Vietnam evaluaron hoy las enmiendas a los proyectos de leyes de Tierras, Negocios inmobiliarios y Vivienda, en aras de conseguir la debida sincronización para el uso correcto del suelo.

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Seaya Nova invertirá 600 millones de euros en startups en fase de crecimiento en España. La gestora madrileña Seaya acaba de lanzar este nuevo vehículo con el objetivo de apoyar al ecosistema digital español, que hace años que reivindica acceder a capital local para evitar recurrir a inversores extranjeros.

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A última hora del miércoles, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había emprendido viaje de regreso a Ucrania desde Noruega cuando impulsó la posibilidad de un alto el fuego que congelase las actuales líneas del frente y una reunión a tres bandas con sus homólogo ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump. La realidad de la guerra se imponía, sin embargo, a la diplomática casi a la misma vez: en torno a las diez de la noche (una hora menos en Madrid), una lluvia de misiles balísticos rusos se precipitaba sobre Kiev. A su vez, desde territorio ucranio despegaban hacia Rusia varios cientos de drones.

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El inquilino cuyo casero es un gran propietario de vivienda pagó en el 2023 una media del 7,1% más por el arrendamiento de un piso con las mismas características frente al de un dueño que arrienda un único inmueble. Un informe de EsadeEcPol firmado por Jorge Galindo llega a la conclusión de que el tamaño de la cartera de propiedades es un factor determinante a la hora de establecer los precios del alquiler. Es decir, poseer un número importante de viviendas fija rentas al alza, frente a los pequeños propietarios que, habitualmente, las moderan.

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No han transcurrido ni dos años desde el nacimiento de Masia VC y los impulsores de este fondo ya preparan un segundo vehículo para volver a invertir 20 millones en startups vinculadas con Barcelona.

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El terremoto que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre fue uno de los movimientos sísmicos más grandes que han afectado zonas pobladas del mundo durante 2026, según el ingeniero estructural Kit Miyamoto.

El especialista internacional destacó la enorme cantidad de energía liberada y los desafíos que enfrentan las autoridades para evaluar los daños y garantizar la seguridad de los habitantes.

Miyamoto, director ejecutivo de Miyamoto International, explicó que un terremoto de magnitud 7.7 no puede considerarse un evento menor, especialmente cuando ocurre cerca de comunidades habitadas.

Durante su intervención, afirmó que un movimiento de semejante intensidad provocaría serios problemas incluso en Los Ángeles, California, donde reside y desarrolla parte de su actividad profesional.

El experto utilizó esa comparación para dimensionar la fuerza del fenómeno y sus posibles consecuencias sobre la infraestructura.

Explicó que después de un terremoto de gran magnitud resulta fundamental identificar rápidamente los daños en carreteras, puentes y edificaciones, así como determinar cuáles instalaciones pueden continuar funcionando sin representar un peligro para la población.

En su evaluación de la emergencia, Miyamoto consideró que la respuesta inicial de las autoridades panameñas fue profesional y adecuada. Entre las medidas que mencionó estuvieron las inspecciones de las principales vías de comunicación, la instalación de equipos médicos de emergencia y la organización de mecanismos para distribuir alimentos entre las comunidades afectadas.

Uno de los aspectos que destacó fue la evaluación de casi 10,000 viviendas y edificios durante los primeros diez días posteriores al movimiento sísmico.

Según explicó, estas inspecciones permiten identificar estructuras peligrosas y ofrecer información a las familias sobre las condiciones de seguridad de los inmuebles que ocupaban antes del desastre.

El ingeniero señaló que en otros países las evaluaciones de daños suelen comenzar después de dos semanas, por lo que consideró relevante el tiempo empleado en Panamá. Sin embargo, la identificación inicial de los problemas estructurales constituye apenas una etapa de un proceso que también requiere reparaciones, reconstrucción y medidas para reducir riesgos futuros.

El terremoto ocurrió el 9 de octubre a las 12:56 de la tarde, con una magnitud de 7.5, según los datos divulgados por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Su epicentro se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad aproximada de cuatro kilómetros.

El Instituto de Geociencias explicó que el terremoto estuvo relacionado con el movimiento de la falla de Azuero-Soná, una estructura geológica ubicada en la región afectada. Según la información difundida por sus especialistas, la ruptura se extendió aproximadamente 90 kilómetros, lo que permite dimensionar la extensión del proceso que originó el movimiento.

Una falla geológica se activa cuando la tensión acumulada entre bloques de la corteza terrestre supera su resistencia, provocando un desplazamiento repentino. La energía liberada se propaga mediante ondas sísmicas que pueden afectar viviendas, edificios, carreteras y otras estructuras, dependiendo de su cercanía al epicentro y de las condiciones del terreno.

Las principales afectaciones se concentraron en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, donde se reportaron daños en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud e infraestructura pública. El terremoto también estuvo acompañado de numerosas réplicas que mantuvieron la preocupación entre los residentes, particularmente en las comunidades que sufrieron mayores daños materiales.

La magnitud de la emergencia obligó a realizar inspecciones estructurales y habilitar servicios médicos provisionales, mientras se organizaba la distribución de suministros. El Gobierno declaró el estado de emergencia el 10 de octubre, una medida que permitió movilizar recursos para atender a las comunidades damnificadas y continuar con la evaluación de los daños.

Miyamoto, quien se reunió con el presidente José Raúl Mulino para abordar las necesidades de recuperación, cuenta con experiencia en proyectos de ingeniería sísmica y reconstrucción internacional.

Su participación se produce mientras Panamá enfrenta el desafío de determinar qué edificaciones pueden repararse y cuáles necesitan intervenciones mayores, especialmente en las zonas más afectadas.

Las observaciones del especialista también ponen de relieve la importancia de mantener evaluaciones técnicas durante las siguientes etapas de recuperación. Más allá de las primeras inspecciones, la seguridad de las viviendas y la resistencia de la infraestructura serán determinantes para que las comunidades puedan recuperar sus actividades y reducir su vulnerabilidad ante futuros terremotos.