No tengo duda de la valía profesional de la mayoría de las personas que forman o han formado parte del Consejo General del Poder Judicial en las últimas décadas, pero, con la hemeroteca en la mano, no es precisamente la institución que más elogios se ha llevado en los últimos tiempos, y esta semana se ha vuelto a cubrir de gloria.

Como máximo órgano de gobierno de la judicatura española, prestar amparo a un juez que está siendo atacado o amenazado por elementos a los que investiga parecería una de sus obligaciones más elementales. De hecho, en la historia reciente ha tenido que hacerlo en más de una ocasión.

Un caso especialmente reseñable es el de 2006, cuando el CGPJ en pleno dio amparo al juez Juan del Olmo por los ataques verbales que le había dirigido Federico Jiménez Losantos en su programa de radio, donde lo había ridiculizado, y en un artículo de prensa. Y es reseñable porque, según aseguran quienes siguieron el tema, el instructor del 11-M ni siquiera tuvo que pedir amparo: el CGPJ actuó por iniciativa propia para defender al juez. Aunque, en realidad, las críticas que más molestarían a Juan del Olmo no serían tanto las que venían de fuera del sector judicial como las que procedían de dentro, como bien explicó el periodista José Yoldi, uno de los máximos cronistas de las batallas con togas de este país.

Veinte años después, el actual CGPJ, en cambio, no parece estar por la labor de amparar a la jueza Beatriz Biedma, a quien unos individuos han estado siguiendo, al igual que a sus hijos. Se da la desafortunada coincidencia de que son los vocales propuestos por un espacio político los que estaban a favor del amparo, mientras que los propuestos por el otro espacio son los que no han querido concedérselo, alegando que el caso aún está sub iudice.

La sombra del desprestigio sobre el CGPJ aparece cuando sus vocales parecen actuar en función del perjuicio que sus decisiones puedan ocasionar a los políticos a los que deben su puesto

La justicia tendrá que resolver el grado de peligro real que había en los intentos de amedrentar a esta mujer y si los responsables de esos intentos tenían o no las conexiones que se les atribuyen con la llamada "cloaca" sanchista. Pero que hubo presiones, atacando a la jueza por su lado más personal, parece fuera de toda duda desde el momento en que se ha acordado proporcionarle protección y escolta. ¿Los indicios que sirven para ponerle guardaespaldas no sirven para que el CGPJ le conceda el amparo? ¿Había más argumentos para dar amparo al juez Del Olmo por los excesos verbales de un comentarista que a la jueza Biedma por actuaciones de tinte mafioso?

La sombra del desprestigio sobre el CGPJ aparece cuando sus vocales parecen actuar no tanto en función de la gravedad de los hechos que evalúan como del perjuicio que sus decisiones puedan ocasionar a los políticos a los que deben su puesto.

En 1995, el juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero, se sintió muy atacado porque Juan Carlos Rodríguez Ibarra lo comparó con los asesinos de ETA. El entonces presidente de Extremadura consideraba que el instructor que investigaba la financiación ilegal del PSOE tomaba decisiones para hacer daño a los socialistas. El malestar de Barbero era comprensible porque, a pesar de las muchas críticas que podía merecer su instrucción, que ya se hacía eterna, si se abría la puerta a que los cargos institucionales despreciaran al Poder Judicial, se entraba en una deriva peligrosa. Pero resultó que todos los consejeros del bloque progresista votaron en contra de darle el amparo a Barbero. Cuatro abstenciones y solo tres votos a favor. Podría pensarse que los tres que votaron a favor eran los que mantenían algo de dignidad, pero, dado que entre ellos estaba Luis Pascual Estevill, el juez de los sobornos (esta semana hemos despedido a su principal cómplice, Joan Piqué Vidal), aquello parecía más una votación en la que cada uno se posicionaba en función de los intereses de su bloque.

Más recientemente se vio un caso en sentido inverso. El juez José Ricardo de Prada pidió amparo al CGPJ, harto de que medios que situaba en la órbita pepera (ABC, El Mundo, La Razón) o políticos peperos (José Antonio Monago) cuestionaran su actuación en la sentencia de la Gürtel. Y los vocales conservadores del CGPJ, como no podía ser de otra manera, se opusieron, dejando claro a qué obedecía cada uno de ellos. Unirse para protestar contra un periodista petardo es fácil, pero hacerlo contra los políticos a los que se debe el asiento ya es más complicado.

Pero el caso de la jueza Biedma no tiene comparación con estos. Biedma no se queja de un artículo que ironice o haga burlas contra ella, ni de un tertuliano que la haya ridiculizado en antena, ni de un miembro del Gobierno que la haya cuestionado, aunque algo de eso haya habido. El amparo se solicitaba ante el cruce de una línea roja: la de pretender amedrentar a alguien en aquel punto donde cualquier persona es más vulnerable. Y a nadie se le escapa que, si en este proceso judicial no estuviera la hipótesis de que el partido en el Gobierno tenga algo que ver, los vocales progresistas no se opondrían.

No sabemos si se probará o no una implicación del PSOE y de su actual cúpula con las cloacas de Leire Díez. Lo que sí podemos afirmar es que los vocales progresistas del CGPJ están convencidos de que el PSOE está en el ajo, dado que, al negarle el amparo, han seguido el modus operandi de "nunca votar contra los nuestros", que es lo mismo que reconocer que los hostigadores de la jueza pertenecen al bando de "los suyos". La dirección socialista debería mosquearse con la falta de confianza en la presunción de inocencia que han mostrado sus vocales en el Poder Judicial.

No faltará quien piense que, al negar el amparo a la jueza atacada, los vocales han perdido una oportunidad de recuperar el prestigio del CGPJ, pero, para realizar esa afirmación, primero habría que asegurarse de si en algún momento dicha institución lo ha tenido.

El votante de ese espacio político que en los últimos años denominan bajo el eufemismo de "la izquierda a la izquierda del PSOE" tiene que ser profundamente amnésico a la hora de votar o caerá en la cuenta del bucle que supone que, periódicamente, la izquierda cree una marca "para agrupar" a toda la izquierda, muy por encima de simples partidos, incluyendo sensibilidades y sectores sociales, para que luego esa marca empiece a sufrir deserciones que obligan a crear otra nueva marca. La antigua marca pasa a ser un partido más y se crea una nueva que se atribuye nuevamente la misión de ser un movimiento social que agrupe a todas las sensibilidades progresistas de la sociedad.

Esa era, a fin de cuentas, la cantinela de Izquierda Unida al nacer en 1986. Frente a los que decían que era, básicamente, una marca blanca del PCE, sus fundadores insistían en que era mucho más que eso: era un movimiento social para agrupar a una izquierda mucho mayor y que el PCE solo era "un partido más" dentro de IU. Luego llegó Podemos y entonces Alberto Garzón intentó aquello de usar la marca Unidad Popular en las elecciones de diciembre de 2015, que a nadie le importó demasiado. Todo el mundo estaba pendiente de Podemos, que se presentaba no como un partido político, sino como un gran movimiento ciudadano desde las bases populares. Paralelamente, Garzón trató de convencer de que Unidad Popular era un proyecto integrador de todas las izquierdas y que Izquierda Unida "solo era un partido más" dentro de ella.

Luego llegó Unidas Podemos, con aquel pacto de los botellines de Pablo Iglesias y Alberto Garzón en Sol, y entonces aseguraron que no era una coalición de partidos, que era algo mucho mayor, un acuerdo entre sectores sociales en el que Podemos e Izquierda Unida habían pasado a ser simplemente "dos partidos más" que se sumaban a ese gran pacto ciudadano que era Unidas Podemos. Y luego llegó Sumar en 2023, con un replay que aseguraba que Sumar no era un partido, sino un gran acuerdo ciudadano entre grupos de izquierda y sectores sociales. Todo para llegar a un 2026 en el que ahora Sumar no es más que "un partido más" (y bastante débil) dentro de esa nueva marca que quiere agrupar a toda la izquierda y la ciudadanía progresista, que ahora llamarán Frente Amplio. Les molestará el constante chascarrillo del Frente Popular de Judea, pero ponen un poco difícil no hacerlo.

Más aún si su cabeza va a ser Ada Colau, que en las últimas elecciones a las que se presentó como cabeza de lista, las de Barcelona en 2023, se quedó seis puntos por debajo de los resultados que la habían llevado a la alcaldía en 2015. La costumbre es llevar como candidato presidencial a quien ha ganado en su localidad. Anguita, de ganar en Córdoba, al Congreso; Fausto Fernández, de ganar en Rivas, a la Asamblea. Pero llevar a Ada Colau tras perder Barcelona es invitarla a que interprete al personaje de la Unión Popular de La vida de Brian.

La cofundadora de este periódico, Victoria Prego, expresó una profecía sobre Podemos el 1 de mayo de 2015, cuando el movimiento aún no se había estrenado electoralmente en unas generales, pero todas las encuestas decían que iba a sorpassar al PSOE y ser primera fuerza de España, y cuando Izquierda Unida estaba clínicamente muerta. Gran parte de los medios apostaban por el triunfo morado. Prego no compartía aquella borrachera de encuestas y aseguraba en aquel artículo que Podemos no tenía futuro a largo plazo, que su poder se había desvanecido y que su único futuro era levantar la bandera identitaria de la "verdadera izquierda", es decir, ser IU. "Al final van a tener que resucitar IU para a continuación invitar a los supervivientes de Podemos a que se vayan incorporando a sus filas".

Pablo Iglesias acaba de afirmar en TVE su convencimiento de que Izquierda Unida va a tener que llamar a sus puertas para presentar candidaturas conjuntas más allá de Madrid y Barcelona, una forma arrogante (e inteligente) de camuflar que no estaba haciendo otra cosa en esa intervención que suplicar a IU que permita que haya miembros de su Podemos en todas las listas que fomente la formación de Maíllo en el conjunto del Estado fuera de Madrid o Barcelona. Prego terminaba su artículo de 2015 con un "Pero para ese viaje no habríamos venido". Pues eso. Olfato tuvo en esa ocasión la veterana cronista.