La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes a finales de julio por la frontera de Marruecos con Ceuta, ha requerido al Ministerio de Defensa para que le informe de si, entre el 29 de julio y el 10 de agosto, se produjo la entrada, permanencia, tránsito o presencia en aguas territoriales españolas próximas a esa ciudad de buques de guerra o embarcaciones militares de la Armada de Marruecos.

En una resolución, la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número tres quiere constatar así si hubo una posible intrusión por mar de Marruecos y los términos en que pudiera haberse producido. Con todo, advierte de que, de lo investigado hasta el momento, “no existe elemento objetivo alguno que permita afirmar que una eventual presencia de unidades navales marroquíes en aguas territoriales españolas (...) tuviera participación, intervención, colaboración o relación causal con los hechos” que ella investiga.

Responde así a la batería de diligencias que solicitaba la acusación popular dirigida por Iustitia Europa y, aunque rechaza todo lo que se solicitaba por esa parte, sí que quiere obtener esa información del Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Con todo, recalca que hasta la fecha no se puede sostener que esos buques formaran parte del “mecanismo de organización” de esa entrada masiva que colapsó la frontera.

Por otro lado, además de saber si hubo buques marroquíes en aguas españolas, quiere saber también si ello propició la necesidad de que se produjera “algún tipo de acción, reacción, aproximación o interacción” por parte de la Armada Española o de cualquier otra unidad militar nacional. En caso de existan, también pide a Defensa las grabaciones de que dispongan de estancias de buques marroquíes en aguas españolas. Y añade que quiere saber si desde el 10 de agosto hasta ahora se ha tenido conocimiento de alguna nueva incursión.

En su auto, la jueza recuerda que el fiscal del caso, Jesús Alonso, indicó en su informe al respecto que la petición de Iustitia Europa descansaba en informaciones periodísticas -fundamentalmente de El País, que publicó el pasado 12 de octubre que “buques de guerra marroquíes invadieron aguas de Ceuta coincidiendo con la entrada masiva de inmigrantes”. La magistrada recuerda a Alonso, no obstante, que el presidente del Gobierno y algunos ministros ya han admitido, con diferentes valoraciones, pero como hecho cierto que, aun sin mayor concreción ni detalle, sí se habría producido la intrusión de buques de la Armada de Marruecos en las referidas aguas españolas.

Cabe recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó el pasado 12 de octubre en una conversación informal con periodistas durante la recepción por el día de la Fiesta Nacional que la Armada Española envió una fragata para frenar las incursiones de la Marina marroquí en aguas de Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Aunque Sánchez no llegó a explicar por qué entraron esos busques marroquíes, dijo que fueron días muy intensos y muy difíciles y aseguró que hubo interlocución a un alto nivel entre las fuerzas armadas de ambos países.

Buques de guerra de la Armada marroquí estuvieron en aguas de soberanía española cercanas a Ceuta sin autorización coincidiendo con la entrada de migrantes a la ciudad, los pasados días 30 y 31 de julio. El Estado Mayor de la Defensa movilizó de inicio al Buque de Acción Militar (BAM) 'Rayo', con base en el arsenal de Las Palmas de Gran Canaria y que llegó a la ciudad autónoma el lunes 3 de agosto.

El fiscal anticorrupción Juan José Rosa ha solicitado este miércoles al tribunal que decaigan todas las peticiones de nulidades que solicitaron las defensas en el primer día de juicio durante el turno de cuestiones previas en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la compañía Duro Felguera. Además, ha recalcado que la compañía si debe ser juzgada porque llevó a cabo “un plan corruptor unitario”. En esta vista se ventila si hubo pagos de sobornos a funcionarios venezolanos para que la empresa dedicada a la ingeniera de plantas de energía se adjudicara en Caracas la construcción de una central termoeléctrica.

Rosa ha sostenido, primeramente, que la comisión rogatoria que se dirigió durante la instrucción a Andorra, y que se tradujo en el envío de una ingente cantidad de documentos que luego sirvieron para sostener la acusación en este caso, fue completamente legal porque remitieron “lo que estimaron oportuno”. Para el fiscal, la comisión se tramitó conforme al convenio internacional que lo regula.

También ha pedido que se desestime la petición de la nulidad del delito de falsedad documental que solicitaron los exjerarcas venezolanos Nervis Villalobos y Javier Ochoa Alvarado indicando que no fue ninguna acusación sorpresiva por el mero hecho de que se conociera esa imputación en el auto de procesamiento.

En cuanto a la petición de que se anule la entrada y registro en Duro Felguera porque encontraba origen en la entrega de un pendrive con denuncia anónima en Anticorrupción, el fiscal ha negado que fallara la cadena de custodia y que el asunto ya fue despachado en recursos previos. Sobre si el asunto ya fue juzgado en Venezuela o en Andorra, el fiscal ha señalado que en esta causa no coinciden ni todos los investigados ni los delitos concretos.

Sobre la posible prescripción de los delitos respecto a la persona jurídica Duro Felguera, y sobre la alegación de que cuando se comete el presunto delito la empresa no podía ser penalmente responsable (porque la ley no había recogido aún esa figura penal) el fiscal tampoco ha dado la razón a las defensas. Ha explicado que, si bien sostiene Duro Felguera que el contrato que pesa es de 2008, la acusación en realidad se centra “en el plan corruptor unitario que tiene conductas que se ejecutan cuando sí es penalmente responsable en 2011”.

Por otro lado, ha recalcado que “no hubo oscurantismo” en este asunto por parte de los fiscales encargados, y que es habitual que lleguen denuncias anónimas a Anticorrupción o documentos a la Fiscalía General del Estado. “Es un vicio que tienen los ciudadanos de denunciar”, ha ironizado, ara luego señalar que no han hecho otra cosa que cumplir la ley.

Tras esta exposición, el magistrado presidente, Alfonso Guevara, ha admitido toda la prueba propuesta en las cuestiones previas y ha dejado para la sentencia la resolución de todas las nulidades solicitadas por las defensas.

Este miércoles también ha declarado uno de los investigadores de la UDEF que participó en la instrucción y ha confirmado las transferencias que llevaron a cabo entre los investigados para perfeccionar el supuesto soborno.

Fue un contrato de emergencia

Según el Ministerio Público, a través de diversos contratos los directivos de Duro Felguera Juan Carlos Torres Inclán (presidente) y Ángel Antonio del Valle Suárez (consejero delegado) entregaron varias cantidades de dinero y hasta los 105 millones de dólares al exviceministro venezolano Nervis Villalobos. Esos pagos se hicieron, presuntamente, a través de las sociedades interpuestas Terca e Ingespre. El objetivo era que Villalobos “usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de Duro Felguera”.

A preguntas de la defensa de Villalobos, el agente ha reconocido que no se investigó su la empresa intermedia Terca era un “cascarón” o si estaba capacitada para realizar actividades mercantiles en Venezuela. Y ha reseñado que el contrato para la construcción de la planta era de emergencia por la crisis energética y por tanto no era necesaria más concurrencia. Además, ha reseñado que desconoce si el ya fallecido presidente venezolano Hugo Chávez cobró algo por esa adjudicación.

Víctor de Aldama, el empresario condenado en el caso Mascarillas por ser el “nexo corruptor” de la trama, ha irrumpido este miércoles en la precampaña electoral gracias a un vídeo que ha compartido en sus redes sociales en el que pide el voto para los partidos de la derecha: “Sois una panda de mafiosos y espero que no robéis las elecciones, soy de derechas sí, y a quien hay que votar en este país en estas elecciones es a la derecha y no a la izquierda mafiosa de Pedro Sánchez”.

Este vídeo ha sido publicado en su perfil de X para criticar al ministro Óscar Puente después de que el titular de Transportes se hiciera eco del último informe de la UCO de la Guardia Civil. En ese atestado, que ya tiene sobre la mesa el magistrado que le investiga por un fraude del IVA millonario en el sector de los hidrocarburos, se pone en entredicho la versión mantenida por Aldama de que su vehículo blindado -un Audio A8- fue tiroteado. Esta tesis alimentó en 2024 la idea de que el comisionista sufría presiones para que no colaborara con la investigación del caso Mascarillas.

“El ídolo de la derecha. De profesión inventor. La UCO concluye que Aldama se inventó un tiroteo a su coche para perjudicar a Sánchez”, reza el mensaje compartido por Puente sobre ese informe de la UCO, y al que ha respondido Aldama.

Aldama señala que es una pena que mucha gente de izquierdas se haya quedado sin nadie a quien votar porque los dirigentes del PSOE “han destrozado el partido”. Y le pide a Puente que “aprenda a leer”, porque lo que dice, a su juicio, el informe de la UCO es que por distintas llamadas, esos impactos en el cristal de su vehículo pueden tener otra interpretación. “Cuando me encuentro los impactos en la ventanilla llamo a personas de mi confianza, a mi hermano (escolta) y a un ex guardia civil, y me dicen qué puede ser”, indica.

Al hilo, ha aprovechado para explicar que decidió entonces no pedir protección a la Policía porque “todo lo maneja Marlaska” -por el ministro del Interior socialista Fernando Grande-Marlaska-. “No me fio un pelo de vosotros. A día de hoy sigo amenazado por vuestra culpa, porque sois una panda de mafiosos”, añade.

Julio Martínez Martínez, el empresario amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, envió un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el pasado 20 de julio en el que se mostraba dispuesto a colaborar en la causa en la que se indaga en si el expresidente del Gobierno lideró una trama de influencias que maniobró para que, entre otros asuntos, la aerolínea Plus Ultra se hiciera con un rescate público de más de 50 millones. Un día después de que al juez le llegara ese escrito, Martínez Martínez declaró ante él y, ahora cuando se cumplen tres meses de ese capítulo, la transcripción de lo que dijo ante el juez ha sido puesto a disposición de las partes.

A lo largo de las 35 páginas lo que queda claro es que al magistrado Calama no le convencieron para nada las explicaciones de Julio Martínez. Tanto es así que, tras preguntas y repreguntas sobre el origen de determinados cobros en sus cuentas -la mayor parte por negocios relacionados con Venezuela-, el juez le indicó en varias ocasiones que quizá lo mejor sería que enviara “un escrito ampliatorio”. La declaración de Martínez Martínez basculaba entre su defensa de la existencia de un trabajo de intermediación real y la desmemoria y falta de fluidez para aclarar el origen de pagos a empresas chinas.

“Es que no sé cómo explicarlo”, decía sobre por qué cobró 169.000 euros en 2025 de una mercantil china a la que facilitó negocios relacionados con la compra venta de minerales en Venezuela. El juez no entendía qué había hecho él para cobrar, y por eso insistía: “Hago esa gestión de que esos barcos vayan a Venezuela”. Para Calama tanta “logística” y tanta “gestión” no le valían -“son términos muy genéricos”- y volvía repreguntar intentando meter en la ecuación a Zapatero. Pero quien fuera amigo del expresidente no le mezcló en esos negocios y sostuvo que, aunque viajaron juntos en siete u ocho ocasiones a ese país, fue para asuntos distintos y con agendas separadas. “Perdón, el señor Zapatero aquí no hace nada”, le dijo al juez.

Dado que al juez no le valían las explicaciones, llegó a interpelarle: “Mire, se lo voy a decir más claro, si quiere me contesta y, si no, no me contesta, pero no me gusta que me hagan la rueda de hámster”. Julio Martínez trató de subirse al carro del interrogatorio pero no terminaba de entrar porque sus respuestas eran vagas y poco precisas. En un momento dado, confirma que él facilitaba gestiones contactando con autoridades venezolanas, pero no daba nombres porque no se acordaba. Y eso a Calama le molestó: “No estamos hablando de las guerras púnicas, estamos hablando de octubre de 2025”. Finalmente, Julio Martínez dio un nombre: “Vamos a ver, mi relación fundamental en Venezuela es con la vicepresidenta Delcy Rodríguez”.

Lo que, a juicio del juez, eran respuestas poco claras se extendieron al tema clave de la causa, el rescate millonario de Plus Ultra y el papel que pudieron jugar Zapatero y él para facilitarlo. “Hablan a veces de acompañamiento y cosas así curiosas, pero si la empresa -Plus Ultra- cumplía los requisitos de la orden ministerial que se dictó, tampoco necesitaban, no les necesitaban a ustedes en principio salvo que lo que hicieran ustedes eran gestiones con la SEPI o con otro tipo de funcionarios o autoridad”, llegó a indicarle el magistrado tratando de arrojar luz sobre qué pudo hacer el expresidente en favor de la aerolínea.

Martínez Martínez una vez más sabía que su respuesta no iba a gustar al juez -“lo que le voy a decir no le va a gustar a usted, señoría”- pero aun así explicó que ellos vieron que esa empresa estaba “loca por financiación” y que la compañía se encargó de todas las labores administrativas. Plus Ultra le informaba de los pasos y él a su vez le transmitía a Zapatero: “Yo, obviamente, en mi regularidad informo al presidente Zapatero de lo que ellos están haciendo... Es que no sé cómo explicarlo”.

“No me creo” el trabajo de las hijas, dijo el juez

Calama volvía a la carga indicándole que ellos recibieron “un pastón de Plus Ultra” -la investigación sostiene que cobraron el 1 por ciento del rescate, 530.000 euros- y entendía que no lo harían “por nada”. Acto seguido le soltó a la cara la tesis acusatoria, y es que la aerolínea compraba los contactos de Zapatero con las autoridades y los funcionarios de la SEPI y quizá con alguien de “más arriba”. “Luego se viste el santo en esa serie de informes no sé si simulados o de escasísimo valor (...) para pagar el tráfico de influencias”, añadió. A esto, Julio Martínez respondió la frase clave de su declaración: “Lo que hace el presidente Zapatero, yo lo desconozco”.

Por otro lado, sobre los pagos a la empresa de las hijas de Zapatero desde su mercantil Análisis Relevante -más de 200.000 euros-, Julio Martínez defendió que ambas hicieron al principio un buen trabajo. “Nosotros firmamos un contrato de iguala de alrededor de 3.000 euros al mes y, al principio, de verdad creo que debo de ser honesto, la verdad, trabajan muy bien”, dijo, para añadir que hicieron labores de seguimiento de informes, organización de webinars, etc. Pero Calama volvió a ser cortante: “Bueno, sobre este tema, que yo no me lo creo, digo abiertamente que no lo creo, haremos una investigación muy exhaustiva”.

La Agencia Tributaria, principal perjudicada en el caso en el que está imputado Víctor de Aldama por un fraude millonario del IVA en el sector de los hidrocarburos, no quiere que el empresario y comisionista sea quien venda sus propios vehículos de alta gama para el juzgado que le investiga. Fue en agosto cuando Aldama se dirigió al juez Santiago Pedraz para explicarle que quién mejor que él para vender en el mercado sus coches, incluido un flamante Ferrari F12 de coleccionista. Aldama no se fía de que tengan buena salida en una subasta oficial y prefería encargarse personalmente.

Sin embargo, el escrito de Hacienda al que ha tenido acceso elDiario.es indica que debe oponerse a ese ofrecimiento porque la representación legal del comisionista ha hecho una proposición “genérica y sin corroboración objetiva”: “Se plantea una venta en mercado como posibilidad más ventajosa, pero esta petición no viene acompañada de una oferta de compra concreta de los vehículos por importe superior u otros datos que permitan justificar la conveniencia de acceder a lo solicitado como medida alternativa a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)”.

Frente a ese ofrecimiento carente de detalle, la Agencia Tributaria explica que el Ministerio de Justicia sí ha explicado que hará una subasta electrónica a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Y añade que la defensa de Aldama no debe olvidar que al ser una subasta pública en ella puede participar cualquier persona que cumpla los requisitos y que el precio de salida no tiene por qué ser el de venta ya que depende de las pujas que se hagan.

Fue a finales de agosto cuando la ORGA informó de que procedía a organizar esa subasta pública de varios de los vehículos de Aldama porque el mantenimiento de los mismos cuesta dinero al erario público y pueden llegar a perder valor al estar aparcados durante tanto tiempo en los depósitos judiciales. El objetivo es que esa venta sirva para hacer frente a las posibles multas e indemnizaciones futuras, se busca obtener de ellos el mayor valor posible.

Tras pedir un peritaje a la tasadora Tinsa, la ORGA informó a Pedraz de que el precio de subasta del Ferrari sería de 241.613 euros. El modelo en cuestión está matriculado en 2013 y lleva sin pasar la ITV desde 2024. Además, indicaba que a ese vehículo se unían para la subasta tres todoterreno de la marca Land Rover que sumarían un valor de tasación total de 200.000 euros.

En mayo de 2025, la defensa de Aldama pidió expresamente al juez Pedraz que no autorizara esas subastas de sus vehículos al entender que con esa medida se vulneraba su presunción de inocencia. Solicitó, además, que se acordara mantener los vehículos a resguardo y en “buen estado de conservación”. Luego, en agosto de 2026 fue cuando pidió encargarse él de la venta al entender que lograría un mejor precio.

Cabe recordar que en esta causa, que gira en torno a la instrumentalización que supuestamente hicieron Aldama y su socio Claudio Rivas de la operadora Villafuel, se investiga una trama que liderarían ambos y a la que se le atribuye un fraude del IVA de 231,7 millones de euros. Varios de los Land Rover que entrarían en esa subasta eran utilizados no solo por Aldama sino también por su socio y por la esposa de este, Stella Duarte, según consta en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El empresario Víctor de Aldama tiene una oportunidad de oro para vender el edificio que posee en Málaga y quitarse una deuda de 3,5 millones, que fue lo que le costó comprar en su día el solar. Pero tiene un problema, esa propiedad, al igual que el resto de su patrimonio, está en manos de la Audiencia Nacional, en concreto en manos del magistrado Santiago Pedraz, que le investiga en el caso Villafuel por ser uno de los presuntos cabecillas de una trama que perpetró un fraude millonario en el IVA del sector de los hidrocarburos.

Para salvar ese obstáculo, la representación legal del comisionista ha pedido al juez que le permita enajenar, esta vez sí, ese inmueble para sufragar el importe del préstamo. Y advierte de que en caso de que no le permitan vender, hay riesgo cierto de 'okupación'. Aldama ya intentó sin éxito en 2025 poder vender esa propiedad que está a nombre de Logística Comercial Montelimar, mercantil de la que es administrador único.

El escrito de la defensa de Aldama, al que ha tenido acceso elDiario.es, señala que para poder construir ese edificio en Málaga, el comisionista firmó en agosto de 2023 un contrato de préstamo con la mercantil Invercenter USA inc. para así poder disponer de fondos para adquirir ese terreno. Adquisición a la que se había comprometido con otra de sus mercantiles, la portuguesa Atmosferaudaz Unipessoal Lda.

El objetivo de Aldama era poder sacar adelante ese proyecto inmobiliario con esas dos sociedades en UTE: Logística Comercial Montelimar y Atmosferaudaz.

Las empresas portuguesas

Según la investigación patrimonial llevada a cabo en el marco de este caso concreto, Aldama habría utilizado empresas como la mercantil Lógistica Comercial Montelimar para retornar los fondos de origen delictivo que pudo sacar previamente a Portugal. De hecho, otro informe que consta en el caso realizado por la Agencia Tributaria expone que tiene registrados dos movimientos de entrada de capital desde una cuenta portuguesa desconocida por valor de 3,5 millones de euros. Hacienda recalcaba que, a juzgar por las declaraciones tributarias de esa mercantil, su volumen de facturación no justificaba esos cobros. A los 12 días de haber recibido tal cantidad de dinero, compró por 3,52 millones ese solar en Málaga.

A pesar de estas sospechas, Aldama vuelve a la carga y explica que necesita vender ese inmueble porque la fecha prevista para la devolución de los 3,5 millones del préstamo era el 29 de febero de 2024. Lamenta que ese plazo no ha podido cumplirlo a consecuencia de la investigación abierta contra él y las medidas cautelares adoptadas contra su patrimonio.

Aldama adjunta a ese escrito tanto el contrato de compradel solar como el firmado con los posibles compradores del edificio. Defiende que en el primero “se evidencia el origen de los fondos con los que se llevó a cabo dicha operación inmobiliaria, que se encuentra completamente desvinculado de lo que conforma el objeto del presente procedimiento”.

Advierte, por otro lado, que existe “riesgo cierto de ocupación del edificio” porque ya en mayo de 2025 se tuvo que denunciar ante la policía que un grupo de personas “realizaron actuaciones tendentes a la ocupación del inmueble”. Recuerda que al respecto se incoaron diligencias en un juzgado malagueño por posibles delitos de daños y usurpación.

En este sentido, conisdera que el hecho de que haya un procedimiento abierto no impide que hechos aprecidos puedan volver a tener lugar, y considera que “la eventual ocupación causaría daños irreparables a la propiedad” e impediría la venta del edificio y la posterior devolución del préstamo.

Esta petición llega después de que en septiembre el comisionista pidiera ser él quien llevara a cabo la venta de su Ferrari F12, que también le fue incautado por el caso Villafuel, al entender que la cifra 241.000 euros por la que iba a ser subastado se quedaba corta.

El juez del Tribunal Central de Instancia (la nueva denominación de la Audiencia Nacional) Antonio Piña ha enviado este martes a prisión provisional por presuntos delitos de terrorismo a los dos detenidos el pasado sábado por la Ertzaintza. Según la información policial inicial, en septiembre se les intervino información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un depósito de armas y explosivos. El juez Piña, en el auto de encarcelamiento, da por buena esa tesis y concreta que tenían “planos” de “zulos” (en plural) de ETA, “listados” de guardiaciviles, el “contenido íntegro” del móvil clonado de un agente de la Policía Nacional, “fotografías” de vehículos policiales, símbolos de ETA e imágenes de “entrenamientos para la perpetración de actos violentos o contra la paz pública”.

El fiscal Vicente González Mota había solicitado la prisión provisional para ambos detenidos. Es una medida extrema que se adopta si hay riesgo de fuga o un peligro real, y el magistrado ha entendido que las acusaciones son sólidas. Los dos detenidos son un hombre de 34 años y una mujer de 22, a los que se les relaciona con un grupo disidente abertzale que ya estaba siendo investigado, Jarki. Cuando se inició la operación, en septiembre, iban acompañados de un irlandés presuntamente relacionado con la disidencia del IRA.

El grupo fue detectado en un control de carretera en la GI-627, en Eskoriatza. Eran las 4.03 horas del 26 de septiembre, la víspera del Gudari Eguna. Iban en un Toyota Yaris amarillo conducido por ella, con él de copiloto y el irlandés en la parte trasera. Pesaban sobre ellos avisos de Italia y Francia por “razones de seguridad nacional”.

En el asiento del copiloto, el hombre de 34 años, al que se describe como “motor principal” de Jarki, tanto para la “captación” de militantes como para otras tareas, llevaba una mochila con “evidencias sospechosas” de un zulo y otro material, como un listado manuscrito de matrículas de vehículos. Había pendrives de Jardun, la coordinadora de la que forma parte Jarki. Se indicó a los ertzainas que venían de Navarra, de la sierra de Urbasa, la zona de los planos del zulo. La joven llevaba en el bolso dos teléfonos satelitales “que permitían enviar mensajes de texto encriptados sin cobertura de móvil ni internet”. No llevaban móviles normales, para evitar ser localizados, siempre según la versión oficial.

Entre el material recopilado y analizado 'a posteriori' han aparecido símbolos de ETA, fotografías de “entrenamientos” para la “perpetración de actos violentos” y hasta el clonado de un dispositivo de un agente de la Policía Nacional. No se explica por qué quedaron en libertad tras este control y no fueron arrestados hasta este sábado, cuando dos de ellos, los de nacionalidad española, se presentaron con un abogado en la comisaría de Irún de la Ertzaintza.

La defensa de Cristina Álvarez, la asesora que fue procesada junto a Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado, ha presentado un escrito en el que solicita abrir una investigación para dar con la persona que realizó fotografías de ambas en una de las vistas que se celebró a puerta cerrada, la de la audiencia preliminar, y que posteriormente filtró al medio Libertad Digital. Fueron publicadas el pasado 9 de octubre.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, en realidad el letrado deja poco lugar a la imaginación de una futura investigación porque, tras cruzar las fotos, los encuadres y los vídeos de esa audiencia celebrada el día 15 de junio, señala a un abogado de Iustitia Europa como el filtrador de esas imágenes en las que se veía a la esposa del presidente del Gobierno junto a Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.

“Si observamos detenidamente las imágenes filtradas a Libertad Digital, y las comparamos con la grabación de la vista entregada a las partes, es muy fácil observar el tiro de cámara desde el que se realizaron las fotos y, de este modo, determinar la identidad del autor de esta ilícita filtración”, indica el letrado en un ejercicio de deducción poco habitual en este tipo de escritos jurídicos.

El abogado, José María de Pablo, se fija primero en dos de las imágenes filtradas, y explica que fueron realizadas “desde el lado ocupado por los abogados de la acusación popular” porque en primer plano aparece Begoña Gómez, que era la que más cerca de ellos estaba. Añade que fue tomada por un abogado que estaba situado fuera de los estrados y a la misma altura que los investigados.

Indica que cruzando esa foto con la imagen proporcionada por el juzgado solo pudieron captar esa imagen dos personas: el letrado de Iustitia Europa o la de Manos Limpias: “Se van a convertir en nuestros primeros sospechosos”, indica.

Tras esa primera deducción, la 'investigación' da un giro inesperado porque tras revisar la grabación ve que una vez terminada la audiencia preliminar tuvo lugar la vista de medidas cautelares. Y ahí se produce la salida de la abogada de Manos Limpias, y de otros letrados. Y se puede apreciar como el de Iustitia Europa cambia de sitio, sube a la zona de estrados.

De Pablo explica que ese cambio de ubicación se puede apreciar también en las fotos filtradas a Libertad Digital, donde “se observa sin dificultad ese cambio de tiro de cámara”. “El autor ya no se encuentra a la altura de las investigadas fotografiadas, sino por encima de ellas —en estrados— y claramente por delante”, dice.

“A juicio de esta defensa, no existe ninguna duda acerca de la autoría de la filtración”, concluye, para señalar al letrado de Iustitia Europa. Y recuerda que la conducta “no constituye una mera irregularidad procesal” sino que comporta “una grave lesión de los derechos fundamentales de las personas fotografiadas”. Entiende que la captación y difusión de la imagen en el interior de la sala durante unas vistas celebradas a puerta cerrada “vulnera su derecho a la intimidad personal y a la propia imagen, y su derecho a la protección de datos personales”. Atenta, además, al derecho a la presunción de inocencia “al exponer a la opinión pública a quien ostenta la condición de investigada en un procedimiento de máxima repercusión mediática”.

Por todo esto, el letrado pide que la apertura de pieza separada “a fin de esclarecer la autoría de la filtración, las circunstancias en las que las fotografías fueron tomadas y posteriormente facilitadas al medio de comunicación, así como determinar, en su caso, las responsabilidades penales y disciplinarias que pudieran derivarse”. Añade que, también, debe remitirse el resultado de la investigación al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid por si la conducta tuviera efectos disciplinarios.

La defensa de Nervis Villalobos, el exjerarca venezolano que fue viceministro de Energía en el Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 a 2006, ha solicitado este lunes ante la Audiencia Nacional que se anule el juicio de Duro Felguera, por el que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena para él de ocho años y nueve meses de cárcel por delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. “Soy inocente”, ha señalado ante el presidente de la Sala, Alfonso Guevara.

Esta es la primera sesión de esta vista oral, dedicada a ventilar las cuestiones previas, en la que se verá si la metalúrgica asturiana pagó comisiones y sobornos millonarios a funcionarios venezolanos que le permitieron adjudicarse la construcción en Caracas de una central termoeléctrica allá por 2009. Ya hay dos de los encausados que han reconocido los hechos y han llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público. Uno de ellos es el expresidente de Duro Felguera Juan Carlos Torres, que ha aceptado una multa de 4.800 euros y al que, según fuentes fiscales consultadas, se le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas y de colaboración con la justicia. De inicio, el fiscal había pedido para él penas de 9 años y medio de cárcel y multa de 160 millones de euros.

La defensa de Villalobos ha explicado que a lo largo de la instrucción se han producido diversas irregularidades y vulneraciones de derechos fundamentales, y ha puesto el foco en que determinados delitos, como las falsedades documentales que se le achacan, habrían prescrito cuando se presentó en 2017 la querella de los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa.

En su exposición inicial, ha subrayado, además, que los magistrados deben anular la entrada y registro en la mercantil Duro Felguera porque esa diligencia parte de la entrega anónima en la Fiscalía de un pendrive y una carta en la que se hablaba de esos presuntos sobornos. Varios de los letrados de los encausados han puesto el foco en que no hubo una correcta custodia de ese material y no consta tampoco el registro del mismo a su entrada en Fiscalía, y, por tanto, todo lo que se hiciera tras su admisión debe anularse.

Además, la defensa ha sido dura contra los fiscales a los que ha afeado haber realizado un escrito de acusación “insuficiente”, que “no se entiende en absoluto”, y en el que no queda claro en qué participa cada uno, en qué consiste el blanqueo que les imputan, o si son corruptores iniciales o si se han beneficiado. Así, lamenta contradicciones porque en ocasiones Villalobos es funcionario o persona con poder en el gobierno de Chávez y en otros momentos es una parte privada: “Son noventa folios cruzados, desgarbados, con contradicciones”. A esto, ha sumado que los hechos, la adjudicación de una planta termoeléctrica, ya se han investigado en Venezuela y el asunto acabó en archivo.

Por su parte, la defensa de otro de los encausados, Javier Ochoa Alvarado, quien fue viceministro de Electricidad ha solicitado subsanaciones en el escrito de acusación del fiscal dado que él no ha reconocido los hechos a pesar de que sí ha tenido “una colaboración intensa” con el Ministerio Público. Además, ha sostenido que el contrato para la creación de esa central eléctrica en Caracas fue consecuencia de un acuerdo entre los estados de España y Venezuela por lo que los encausados no se concertaron.

Zapatero “se nos muere”

Para corroborar ese extremo, Ochoa Alvarado ha solicitado que se cite como testigos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos. Pretende desmontar que hubiera sobornos en la adjudicación. Pero el magistrado presidente, con cierta sorna ha rechazado esa petición al instante y sin escuchar la postura de la Fiscalía: “Si citamos al señor Moratinos y al señor Zapatero, se nos mueren”.

Por su parte, la defensa de Duro Felguera ha presentado una pericial sobre su sistema de cumplimiento y ha presentado dos cuestiones previas. En la primera, ha señalado que, si bien se le acusa a la persona jurídica de corrupción en las transacciones internacionales, la fecha cuando se habría consumado el presunto delito (2008) es anterior a la modificación legal que permitía que las empresas sí tuvieran responsabilidad penal (2010). A esto, ha sumado como segunda cuestión que podría darse una prescripción del delito que se le imputa.

La Fiscalía solicita para la metalúrgica la imposición de una multa de 160 millones de euros y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, y para ser contratada por el sector público durante dos años. El juicio se reanudará el miércoles con la respuesta de la Fiscalía a las cuestiones previas y con las primeras declaraciones testificales.

La jueza María Tardón ha dictado un auto por el que cita como testigos a tres consejeros de la Ciudad de Ceuta, así como a tres de los investigadores policiales implicados en la redacción de informes antes y después de la llegada masiva de migrantes. La magistrada también pide al MInisterio de Defensa informes de inteligencia sobre la presunta previsión de los hechos los días 30 y 31 de julio pasado.

Los tres consejeros citados son el de Presidencia, Alberto Ramón Gaitán; de Sanidad, Nabila, Benizna; y el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo de Ceuta, Alejandro Ramírez Magaña. Los tres deben comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 27 de octubre . Al día siguiente, Tardón tomará declaracion a tres oficiales del Cuerpo Nacional de Policía.

Asimismo, la magistrada pide al jefe del Estado Mayor de la Defensa que recopile del Ejército de Tierra y le remita “todos los informes de inteligencia y seguridad que se hayan emitido por la Comandancia de Ceuta” entre los días 15 de julio y 7 de agosto, así como el informe original de uno de sus organismos a los que se alude en los documentos desclasificados.

Tardón también solicita que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) que le envíe los informes de inteligencia que haya emitido su grupo de seguimiento de Marruecos, así como la ampliación de las imágenes satelitales sobre la frontera de Ceuta entre el mismo periodo de tiempo. Igualmente la jueza requiere los datos que haya ofrecido el programa de guerra electrónica del programa Santiago de las Fuerzas Armadas.

La magistrada requiere a todas las autoridades civiles y militares para que “remitan todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterio y demás medios audiovisuales correspondientes, y ello desde el día 30 de julio y hasta ahora”.

A la ciudad autónoma, Policía, Guardia Civil y Servicio Marítimo la jueza pide “toda la información oficial de que dispongan sobre el número de entradas registradas, retornos, devluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados”.

De la Ciudad Autonoma de Ceuta y la Delegación del Gobierno, la jueza requiere “actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación relacionada con las reuniones celebradas los dias 27, 28 y 30 de julio”.

Por otra parte, la jueza pide a la Guardia Civil y Policía de Ceuta que identifiquen a un confidente que se llamaría Ahmed, residente en Benzú y que colaboraría habitualmente con el instituto armado. También quiere saber qué agentes lo manipulaban y que se les cite como testigos a todos.

La Audiencia Nacional celebra desde este lunes el juicio contra la metalúrgica asturiana Duro Felguera por el presunto pago de comisiones y sobornos millonarios a funcionarios públicos venezolanos que le permitieron adjudicarse la construcción en Caracas de una central termoeléctrica en 2009. Anticorrupción señala que el presidente y el CEO de la compañía española entregaron 105 millones de dólares a quien fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, a través de empresas interpuestas para que este usara su capacidad de influencia en la administración en beneficio de la empresa española.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal fue elaborado por José Grinda, quien fue uno de los objetivos de la presunta trama que se investiga en el caso Leire Díez. Las pesquisas de la UCO se dirigen a saber si pudo haber un acercamiento a Nervis Villalobos por parte de la exmilitantes socialista con el objetivo de que facilitara información comprometedora contra el fiscal a cambio de ayudarle con procesos abiertos en España (este caso Duro Felguera) y de agilizar su expediente de concesión de nacionalidad española. Según refleja un auto del caso Leire Díez, Nervis Villalobos pudo ser quien posibilitara que la trama contactara con Miriam Serrano, la joven que denunció al fiscal Grinda.

Ahora, además de Villalobos, la Audiencia Nacional juzgará también a otro viceministro venezolano: Javier Alvarado Ochoa. Recuerda la Fiscalía que su papel junto al del presidente de la petrolera PDVSA Rafael Ramírez fue clave también a la hora de que la UTE de la que formaba parte Duro Felguera se hiciera con ese megacontrato valorado en 1.500 millones de dólares.

La Fiscalía imputa a Duro Felguera y a quienes fueron sus principales directivos Juan Carlos Torres y Ángel Antonio del Valle un delito continuado de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Para la metalúrgica reclama la imposición de una multa de 160 millones de euros y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, y para ser contratada por el sector público durante dos años.

Mientras, para el que fuera viceministro venezolano, Nervis Villalobos, la Fiscalía solicita la pena de 8 años y 9 meses de cárcel por los delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Además de una multa que supera los 3,6 millones de euros. Su esposa, Milagros Coromoto Torres también se enfrenta a una pena de 2 años y 9 meses de cárcel.

La empresaria que sostiene haber entregado 90.000 euros en la sede madrileña del PSOE, Carmen Pano, aparece, y mucho, en el sumario de una causa en la que se investigó un fraude millonario en el IVA de los hidrocarburos. Sin embargo, con la investigación ya terminada, esta empresaria vinculada al comisionista Víctor de Aldama —tan vinculada que llegó a ser una suerte de 'suegra' para él, ya que mantuvo una relación con su hija— ha logrado no aparecer en el elenco de personajes que sí se sentarán en el banquillo de los acusados. Pano se libra del caso Gaslow.

En la ristra de causas relacionadas con fraudes de IVA en ese sector concreto de los hidrocarburos que se investigan en la Audiencia Nacional, el caso de la operadora Gaslow es algo así como la 'madre' que alumbró un segundo fraude de mayores dimensiones: el de la operadora Villafuel, una causa en la que se investiga como cabecilla de una organización criminal a Aldama.

Si bien la investigación de Villafuel sigue abierta, en el caso de Gaslow el asunto ya se ha ventilado y está pendiente de juicio. En el sumario de esa causa, al que ha tenido acceso elDiario.es, Pano se ubica como un testaferro que pudo ser útil para el blanqueo de capitales. La trama instrumentalizó las operadoras Gaslow Abastecimientos y Nascor Energías con el objetivo utilizar el impago del IVA para tener un margen comercial que les permitía bajar los precios por debajo de los ofertados por el mercado. Con esto, conseguían aumentar sus ventas y, por tanto, sus ingresos. Este fraude se cometía interponiendo sociedades fantasma entre las operadoras y las comercializadoras de carburantes. Y esto enmarañaba el asunto para dificultar que se pudiera seguir el rastro del fraude.

Una de esas sociedades fantasma era Keep it Save SL. En mayo de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emitió un atestado en el que detallaba la trazabilidad de todos los fondos de esa empresa investigada. Y destacaba que Pano controlaba tres sociedades que tendrían “un marcado carácter instrumental” porque recibieron transferencias millonarias procedentes de esa empresa pantalla. Las tres empresas administradas por Pano eran Sociedad Comercio Justo y Solidario S. XXI SL, Ornus Import SL y Nerium Logistia SL. En ellas recibió transferencias por importe de 2,8 millones de euros, si bien de esa cantidad corresponde al periodo investigado la cifra de 2,04 millones.

De las pesquisas del Instituto Armado se pudo conocer, además, que las tres empresas estaban radicadas en un piso de Las Rozas (Madrid) en el que estaba empadronada Carmen Pano. Y tirando del hilo, la Guardia Civil descubrió que dos de las mercantiles de Pano (Nerium Logistia y Ornus Import) fueron adquiridas por ella misma en julio de 2020 a otra sociedad, Sky CBN Mangenement, que había sido constituida por ella misma y por su hija (Leonor González Pano) dos meses antes.

La UCO, tras recordar en ese informe que Pano tiene “antecedentes por estafa” se fija en que sus sociedades tenían un capital social de 3.000 euros aproximadamente, y que eso es “algo recurrente en las sociedades instrumentales, pues son capitales mínimos”. Añade, además, que es un dato llamativo “si se compara con el importante volumen de ingresos que reciben en los periodos cercanos a su adquisición”.

A esto se suma que el objeto social de esas empresas de Pano parece no tener vinculación alguna con la actividad que desarrolla Keep it Save como suministradora dentro del sector de los hidrocarburos, “por lo que las relaciones comerciales declaradas pudieran tener carácter ficticio”. Y destaca la UCO como elemento característico de los ingresos recibidos por esas tres mercantiles que la totalidad de ellos “se efectúan por importes redondos”. Esto es un hecho llamativo “pues la actividad comercial que se desarrolle en cualquier sector no utiliza, como normal general, cantidades redondas y suele ser, por tanto, un indicio de operaciones compatibles con el blanqueo de capitales”, aclara.

Las retiradas de efectivo

Tras fijarse en las cantidades que Pano recibió en sus tres empresas desde una de las sociedades pantalla, la UCO se centra en ver qué hizo la empresaria con el dinero, y detectó que Pano realizó más de 120 retiradas de efectivo de las cuentas de sus tres mercantiles: sacó un total de 2,25 millones de euros del cajero entre 2020 y 2021. Siempre sacaba el dinero el día que recibía la transferencia de la empresa vinculada a la trama o en días inmediatamente posteriores. A esto, suma que transfirió otros 146.000 euros en diferentes operaciones para la adquisición de un vehículo.

La UCO explica, por otro lado, que en 2021 Pano habría incluido en esas operativas presuntamente delictivas a su hija, Leonor. Esto ocurrió al integrarla como administradora de otra mercantil, Have Got Time SL, mercantil que está siendo investigada en el caso Villafuel, y que tuvo un papel protagónico en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos. Esa sociedad fue la que se usó para la compra de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz) que se habría puesto a disposición del político como pago por su intervención (nada exitosa) para que la operadora obtuviera una licencia en el sector de los hidrocarburos.

El sumario del caso Gaslow cuenta con otro documento clave: el informe elaborado en enero de 2023 por Hacienda, en concreto por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). En él, se destaca que Carmen Pano al tiempo de los hechos investigados “carecía de rentas de trabajo, no declaraba el IRPF y no tenía actividad económica”. Sumaba, asimismo, que en 2020 era titular de cuatro cuentas bancarias y todas ellas tenían “saldo negativo”.

Entre los documentos obrantes en la causa que se refieren a Pano, se explica que sus empresas pudieron ser usadas para perfeccionar el delito de blanqueo de capitales dado que la organización criminal investigada las incluyó en “la estructura societaria dispuesta e implementada” para lavar el dinero procedente del fraude del IVA. Y de hecho, en el auto por el que el magistrado Santiago Pedraz procesaba a una quincena de investigados, sus tres mercantiles constan como responsables civiles en caso de condena. Sin embargo, Pano no figura entre los procesados.

Fuentes jurídicas conocedoras del caso señalan a elDiario.es que llama la atención que esas mercantiles sí consten en el auto de procesamiento, pero que, en cambio, administradora de las mismas no aparezca, cuando, según la investigación ella era la que llevaba a cabo las retiradas en efectivo procedentes de una de las principales empresas de la trama: Keep it Save.

Carmen Pano sí consta como investigada, en cambio, en el caso Villafuel. En su última declaración ante el juez Santiago Pedraz, que data de enero de 2026, la empresaria volvió a insistir en que los 90.000 euros que dice que llevó a la sede del PSOE provenían de Claudio Rivas, dueño de la compañía de hidrocarburos Villafuel y socio en ese negocio de Aldama. Además, afirmó que Víctor de Aldama le comentó que había recibido un sobre que el presunto conseguidor del 'caso Koldo' vincula con finanzas bajo sospecha del PSOE.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha entregado un informe a la jueza que investiga la entrada masiva de migrantes a Ceuta. En sus veinte páginas hace un repaso pormenorizado de todo lo que se comunicó y se hizo desde los servicios de inteligencia españoles y señala que, con la información que manejaron en los días previos al 30 de julio, comunicaron el 29 de julio por alerta urgente a los servicios marroquíes de que existían convocatorias de asalto a Ceuta. Indica que les trasladaron a esos servicios de inteligencia los grupos de WhatsApp y Facebook que era más activos con ese llamamiento.

“Se considera que, a partir de ese momento, (los servicios marroquíes) son conscientes y conocedores de la extensión, dimensión, fecha y hora de la posible entrada forzada”, indica el informe adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es.

Así, el informe relata que previamente a esa entrada masiva “se puede establecer de manera objetiva que las autoridades marroquíes conocían con detalle la existencia de convocatorias en redes sociales, con un gran seguimiento por parte de sus usuarios, que Ilamaban a una entrada masiva en Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono, y que dichas autoridades eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo”.

En este sentido, insiste en el documento en que las fuerzas policiales y de seguridad marroquíes eran “absolutamente conocedoras de que se estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares, y un relevante aumento en la afluencia de migrantes en los días previos”. De hecho, explica que el efecto llamada de las redes sociales hizo que numerosos grupos de migrantes se aproximasen durante el mismo 30 de julio al litoral fronterizo desde las laderas de las montañas. Añade que se dieron incluso atascos por la afluencia de personas en vehículos y a pie a lo largo de la carretera A-7, que une Tetuán y Castillejos.

Marruecos “opta por una actuación pasiva”

Para el servicio de inteligencia español, la gendarmería marroquí “estableció controles que resultaron insuficientes para contener la llegada masiva de migrantes a las inmediaciones de Ceuta” y considera que la reacción no fue proactiva “ante la perdida de control de la situación”. A su juicio, esto provocó la entrada masiva a Ceuta alrededor de las 11.00 horas del 30 de julio.

De hecho, relata que ya el 29 de julio el flujo de migrantes interceptados en Marruecos por sus fuerzas de seguridad se incrementa “de manera muy notable” y las autoridades toman medidas de refuerzo con el despliegue de más efectivos de las Fuerzas Auxiliares (FAUX) en el dique que sirve de frontera en Ceuta y Castillejos. Con todo, señala que el 30 de julio esa presencia de las FAUX no fue suficiente porque desde las 8.00 horas un número importante de migrantes comenzó la travesía a nado. Ya a las 12.00 horas “las autoridades marroquíes son conscientes de que (...) no cuentan con el refuerzo necesario de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) y optan por una actuación pasiva evitando el uso de la fuerza”.

A pesar de este reproche a los agentes marroquíes, el CNI recalca en su informe que “se ha venido manteniendo un esfuerzo específico de intercambio de información can los Servicios de Inteligencia Interior (DGST) y Exterior (DGED) de Marruecos, que en el pasado ha permitido neutralizar intentos de llegada por vía marítima, así como asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla”.

Indica que la cooperación en el ámbito de la inmigración irregular con los servicios de inteligencia marroquíes es fundamental para el CNI y añade que la nota dirigida a ese cuerpo el 29 de julio advirtiendo e la convocatoria de una entrada en Ceuta “es un ejemplo de las más de veinte remitidas durante 2026 a esos servicios de inteligencia alauí.

Además, el CNI recuerda que tras la crisis, y durante el retorno voluntario desde Ceuta, las autoridades marroquíes colaboraron con las españolas disponiendo “instalaciones, refugios temporales y un hospital de campaña, así como autobuses para desplazar a los retornados hacia diversas localidades del interior de Marruecos”.

La conversación con el jefe de Gabinete

A lo largo del informe el CNI también despeja algunas incógnitas de la investigación, como la de la conversación mantenida el 29 de julio entre uno de sus activos y el entonces jefe de Gabinete de la Delegación de Ceuta. Explica que esa llamada telefónica (posterior a los mensajes de 'wasaps' ya conocidos en los que se alertaba de los grupos de redes sociales con 180.000 seguidores) se produjo a las 21.34 horas.

En ella se transmitió al CNI que la situación era “preocupante” y que se había alcanzado un acuerdo con Marruecos para la devolución de los inmigrantes que estaban entrando en Ceuta en días previos. El agente del CNI le insistió en el “elevado número de candidatos a emigrar en Castillejos, y que se estaban intentando camuflar entre la multitud de veraneantes que llenaban la localidad”. Ante esto, y después de que el jefe de Gabinete le preguntara “si no era un poco exagerada la cifra de 180.000 usuarios de las redes sociales”, el agente le indicó que “aunque solo hubiera un 10% que intentara acceder, el volumen de migrantes que accediera a la ciudad podría ser superior al registrado en el episodio ya vivido en 2021”.

Por otro lado, entre los motivos que para el CNI desencadenaron la crisis, está la celebración de la Fiesta del Trono de Marruecos que produjo un desvío de fuerzas de seguridad marroquíes hacia otra zona que no era la frontera. Además, esa festividad, explica “es una fecha recurrente y de referencia en las convocatorias de redes sociales en las que se induce y promueve la entrada irregular en Ceuta”. Para el servicio de inteligencia español, otro elemento de oportunidad detonante de esta crisis es “la interpretación errónea de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente.

A estas dos premisas, suma que las autoridades alauitas han llevado a cabo acciones para tratar de evitar condenas por parte de organismos internacionales, y apunta también como desencadenante de la crisis a la difícil situación socio-económica de amplios sectores de la población marroquí.

El juez instructor de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado archivar provisionalmente las diligencias previas de investigación que abrió tras recibir la denuncia del partido político Iustitia Europa contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la detención de un sargento del Ejército español en Líbano. Piña asume el criterio de la Fiscalía acerca de que la Audiencia Nacional no es competente para investigar si, como alega, ya hay procedimiento abierto en el seno de Naciones Unidas y por las propias autoridades israelíes.

El auto del magistrado, al que ha tenido acceso elDiario.es, apela al artículo 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al principio de subsidiariedad. No consta, por el contrario, dato alguno que permita afirmar la “inactividad de dichas autoridades o la necesidad actual de una intervención subsidiaria de la jurisdicción española”, escribe Piña.

El magistrado advierte en su resolución que el archivo se produce “sin perjuicio de que una eventual modificación sustancial del estado de las investigaciones actualmente en curso o la aparición de nuevos elementos relevantes pueda justificar una nueva valoración de la cuestión”.

Piña abrió diligencias por una denuncia de Iustitia Europa y ahora archiva tras el informe de la Fiscalía. El informe del Ministerio Público se refiere a los hechos investigados como “una retención realizada por el Estado de Israel, en el contexto de un incidente operacional producido durante el desarrollo de las funciones encomendadas a la misión UNIFIL, sin que 'a priori' conste, pese al tenor de la denuncia, el empleo de violencia física, ni la prolongación de la privación de libertad más allá del referido lapso temporal”.

Sobre la existencia de investigaciones en la ONU e Israel, la Fiscalía en su informe especifica que la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas informó el 21 de julio de 2026 que los hechos habían sido puestos “formalmente en conocimiento de Naciones Unidas, que los mismos fueron trasladados por UNIFIL a las autoridades del Estado de Israel y que la propia Organización inició una investigación interna conforme a sus procedimientos”.

“Asimismo, se informa de la existencia de actuaciones desarrolladas por las autoridades israelíes en relación con los hechos denunciados, sin que conste comunicación alguna que permita concluir, en este momento, la inexistencia de una investigación efectiva por parte de dichas autoridades”, recoge la Fiscalía en su informe al juez.

Iustitia Europa tiene previsto recurrir la decisión del juez directamente ante la Sala de lo Penal y pedir que declare como perjudicado el sargento español retenido por el Ejército israelí, informan fuentes jurídicas.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decidirá en los próximos días si abre una causa contra Julio Iglesias, tras la querella por agresión sexual y otros delitos presentada contra él por dos extrabajadoras de sus mansiones en el Caribe. El magistrado ya tiene sobre su mesa el informe en el que el fiscal del caso, Vicente González Mota, defiende que ese tribunal, al que corresponde investigar los delitos cometidos por españoles en el extranjero, sí es competente. 

El artículo clave que cita el fiscal es el 23.2 de la ley del Poder Judicial, que hace referencia al llamado principio de personalidad. Ese artículo permite que los tribunales españoles persigan delitos cometidos en el extranjero por españoles si se dan tres requisitos: que haya denuncia en España de la víctima o la Fiscalía, que la conducta sea también delito allí donde se produjeron los hechos y que el caso aún no haya sido juzgado. 

Son requisitos que se cumplen en este caso, de acuerdo al criterio del fiscal. La denuncia en la que las dos extrabajadoras describen situaciones de acoso y agresiones sexuales fue presentada en la Audiencia Nacional en septiembre e incluye supuestos hechos que también se consideran delito en Bahamas y República Dominicana, los países donde supuestamente ocurrieron las agresiones denunciadas. Además, no consta que en esos países se haya abierto ninguna investigación contra el cantante.  

Las fuentes consultadas sostienen que el informe del fiscal también alude al Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos y al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul). No obstante, determina que, más allá de estos instrumentos legales, la nacionalidad del cantante es el elemento clave que determina que los tribunales españoles puedan intervenir. 

Cambio de criterio en la Fiscalía 

La postura de González Mota se aparta de la fijada hace unos meses por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez. Esta fiscal archivó el pasado enero una primera denuncia que estas trabajadoras presentaron ante el Ministerio Público, no en el juzgado como en esta ocasión. La fiscal Durántez consideró que los tribunales españoles carecían de jurisdicción dado que los hechos ocurrieron en el extranjero y no se daban los “vínculos” territoriales ni personales que exige la ley para que la Justicia española pudiera intervenir.

Sin embargo, González Mota se apoya en su informe en un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de mayo de 2026, posterior a la primera decisión de Durántez, para sostener que el criterio de este tribunal especial indica que con la mera nacionalidad española del querellado es suficiente para que el Juzgado Central de Instrucción investigue de los hechos.

Esa resolución de la Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Fraile Coloma, abordaba un recurso en el que un español residente en Estados Unidos sostenía que la Audiencia Nacional no podía investigarle en un caso de estafa. Alegaba que el asunto se debía haber abordado antes en el estado de Nueva York y que la Justicia norteamericana no se había pronunciado sobre los hechos. 

La resolución explicaba, sin embargo, que el artículo 23.2 de la ley del Poder Judicial no contempla que deba existir un pronunciamiento previo de la Justicia del país donde han ocurrido los hechos. “No está en la letra del precepto el condicionamiento de la jurisdicción española a la previa presentación, por la persona agraviada (...) de una denuncia o querella en el lugar de comisión”, recoge ese auto.

Y añade que lo que se exige es que la persona contra la que se pretende dirigir la acción penal en España no haya sido absuelta, indultada o penada en el lugar de comisión y, en caso de que haya sido condenada, que no haya cumplido la pena.

En ese auto de mayo, los magistrados señalan que también hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala que la Justicia española puede investigar de este tipo de casos “ante la mera falta de constancia de incoación del proceso en el país de comisión del delito”. Y recuerda que no se exige “esa previa actuación de la persona perjudicada ante los tribunales de dicho país”. 

Una de las sentencias del Alto Tribunal que se cita destaca que “no es el de la territorialidad –el país donde se comete el delito– el único criterio determinante de la jurisdicción española”. “Junto a este, y entre otros que no son ahora del caso, se erige el criterio de la personalidad”, añade, para resaltar que la norma española recoge que sus tribunales también pueden investigar “los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho”.

Ahora, González Mota explica en su informe que ese auto le hace apartarse del criterio de la teniente fiscal en este caso concreto de las denunciantes de Julio Iglesias y añade que no es necesario otro vínculo si existe el de la nacionalidad.

La primera denuncia presentada ante la Fiscalía por las extrabajadoras señalaba a Julio Iglesias como autor principal de los hechos, pero incluía también como colaboradoras a dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas. Una de estas mujeres es colombiana y la otra brasileña. Las fuentes consultadas aseguran que ninguna de ellas figura en la querella presentada ante el juzgado, lo que también refuerza la idea de la competencia de los juzgados españoles al haber un único querellado —Julio Iglesias— y tener nacionalidad española.  

Aunque admite que España sí tiene jurisdicción para examinar el caso, el fiscal sí desliza que los hechos se podrían haber denunciado en República Dominicana y Bahamas. Se trata, a su juicio, de países considerados Estados democráticos y de derecho y en los que no consta que no haya garantías jurídicas.

En una entrevista en elDiario.es, las abogadas de las denunciantes mantuvieron que tras sus análisis y experiencia y teniendo en cuenta las voluntades de las mujeres, habían concluido que “en ninguno de los dos países existen las condiciones mínimas para garantizar a las denunciantes seguridad, protección efectiva e investigación diligente conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”. 

La querella presentada por Women's Link, la organización que representa a ambas trabajadoras, incluye el mismo relato de hechos y la misma calificación de delitos que ya se presentaba en la denuncia ante la Fiscalía, aunque con un añadido: un delito de trato degradante. El texto recoge también una amplia recopilación de jurisprudencia para reforzar la tesis de que la Justicia española sí es competente para indagar estos hechos.

“Según sus testimonios, el querellado habría aprovechado su posición de poder y su situación de vulnerabilidad para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante. De acuerdo con la querella interpuesta, Rebeca y Laura describieron que Iglesias las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”, dijo entonces la organización en un comunicado. El relato de estas extrabajadoras forma parte de una investigación exclusiva de elDiario.es en colaboración con Univision.