Las mujeres representan el 54% de la población cubana de 60 años o más, según las cifras oficiales citadas por Alas Tensas, organización ciudadana cubana que alertó sobre el impacto de las pensiones insuficientes, la precariedad económica y la falta de servicios públicos de cuidados.

Cuba terminó 2025 con 2.519.823 personas de 60 años o más. De ese total, 1.360.603 eran mujeres, frente a 1.159.220 hombres, una diferencia de 201.383 personas, de acuerdo con el informe El envejecimiento de la población. Cuba y sus territorios-2025, difundido el 20 de octubre por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

La población mayor representó el 26,7% de los habitantes del país al cierre de 2025, un punto porcentual más que el 25,7% registrado en 2024. El estudio sitúa a Cuba entre las sociedades de la región con un proceso de envejecimiento demográfico más acelerado.

Más de un millón de mujeres mayores vive en zonas urbanas

La mayor parte de las cubanas mayores reside en ciudades. Las estadísticas recogidas por Alas Tensas indican que 1.078.583 mujeres de 60 años o más vivían en áreas urbanas, mientras que 282.020 estaban radicadas en zonas rurales.

La concentración urbana equivale a cerca de ocho de cada diez mujeres mayores. Esa distribución añade presión sobre los servicios sanitarios, las redes de asistencia social y las familias que asumen tareas de cuidado, en un contexto de escasez de recursos y deterioro de los servicios públicos.

Villa Clara fue la provincia con mayor proporción de habitantes de 60 años o más, con el 30,2% de su población. La siguió La Habana, con el 29,1%. En el municipio capitalino de Plaza de la Revolución, la proporción alcanzó el 38,2%, el nivel más elevado del país.

Las proyecciones oficiales citadas en el reporte prevén que el 36% de los cubanos tendrá al menos 60 años en 2040. La baja natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la emigración de personas jóvenes figuran entre los factores que explican la transformación demográfica.

Las pensiones y el acceso a medicamentos agravan la vulnerabilidad

El crecimiento de la población adulta mayor coincide con una crisis económica que afecta a quienes dependen de ingresos fijos. Organizaciones independientes de derechos humanos han denunciado que las pensiones estatales resultan insuficientes frente al encarecimiento de los alimentos, la escasez de medicamentos y las dificultades para acceder a atención sanitaria.

Durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada el 4 de agosto de 2026, representantes de la sociedad civil cubana expusieron denuncias sobre la situación de las personas mayores y reclamaron medidas para garantizar su protección social.

La directora del Observatorio de Alas Tensas (OGAT), Ileana Álvarez, advirtió ante la CIDH sobre el efecto de la crisis y de la falta de respaldo institucional en las mujeres mayores. También señaló la situación de abuelas que quedan a cargo de sus nietos tras el asesinato de sus hijas y que, según expuso, no reciben apoyo estatal suficiente.

Las organizaciones que participaron en la audiencia cuestionaron la respuesta de las instituciones cubanas frente a las dificultades para acceder a alimentos, medicamentos, asistencia y servicios de salud.

La carga de los cuidados recae sobre las mujeres

El aumento de la población mayor también profundiza la demanda de cuidados. Según Alas Tensas, las mujeres sostienen gran parte del trabajo doméstico y de asistencia no remunerado dentro de las familias, una carga que puede limitar sus opciones laborales y reducir sus ingresos propios durante la vejez.

La socióloga Elaine Acosta González, directora ejecutiva de Cuido60, sostuvo en una entrevista con Alas Tensas que el Estado cubano ha trasladado responsabilidades de cuidado a los hogares y al sector privado, sin una ampliación equivalente de los servicios públicos.

Acosta alertó sobre el crecimiento de las residencias privadas y las desigualdades que puede generar ese modelo entre quienes cuentan con recursos y quienes dependen de jubilaciones bajas. “Sobre todo cuando el propio Estado ha depauperado sus ingresos y sus condiciones de vida”, afirmó la especialista, según el reporte.

La investigadora también mencionó diferencias salariales entre cuidadoras del ámbito estatal y privado, además del desgaste físico y psicológico que enfrentan quienes realizan esas tareas. La emigración, la precariedad económica y la falta de servicios de asistencia agravan la situación de las personas mayores que viven solas o dependen de familiares.

La central Antonio Guiteras, la de mayor capacidad de Cuba, se detuvo durante más de seis horas en la madrugada del miércoles para realizar ajustes, después de acumular 24 salidas del sistema eléctrico en lo que va de año, tal como consignaron medios locales. La planta volvió a operar antes del amanecer, pero la interrupción ocurrió dos días después de reiniciar sus operaciones tras una semana apagada por trabajos de reparación.

De acuerdo con Diario de Cuba, la central había permanecido fuera de servicio desde el miércoles anterior y retomó la generación el lunes, luego de más de 200 acciones de reparación. Su director general, Román Pérez Castañeda, explicó que la nueva parada se debió a “un disparo del control automático del bloque” y aseguró que la unidad funciona de manera estable con un aporte de 150 MW.

La termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton, redujo además 40 MW de su generación prevista durante la jornada. La propia instalación informó en Facebook que la limitación responde a la acumulación de suciedad en la caldera.

Nueve unidades fuera de servicio y una demanda nocturna de 2.950 MW

El sistema eléctrico cubano afronta este miércoles la salida de nueve unidades generadoras por averías o mantenimiento, mientras otros 518 MW permanecen indisponibles por limitaciones en la generación térmica. La situación anticipa una nueva jornada de cortes extendidos, según informó Diario de Cuba, medio especializado en información sobre la isla.

Están averiadas la Unidad 2 de Felton, las unidades 3 y 6 de Renté, la Unidad 8 de Mariel y las unidades 1 y 2 de Santa Cruz. También permanecen en mantenimiento la Unidad 3 de Santa Cruz, la Unidad 5 de Nuevitas y la Unidad 5 de Renté.

La Unión Eléctrica prevé una disponibilidad de 1.017 MW durante el horario de mayor consumo nocturno, frente a una demanda máxima estimada en 2.950 MW. Bajo esas condiciones, el déficit alcanzaría 1.963 MW y dejaría sin electricidad de manera simultánea al 66,5% del país.

El pronóstico depende de que no se produzcan nuevas fallas en las plantas que continúan operativas. La reciente interrupción de la Guiteras y la disminución de potencia de Felton añaden presión a una red marcada por averías recurrentes y trabajos de mantenimiento.

Santa Cruz vuelve a registrar fallas tras el incendio de la Unidad 1

Además, un incendio de grandes proporciones inutilizó el viernes la Unidad 1 de Santa Cruz, y posteriormente la Unión Eléctrica anunció la entrada en funcionamiento de las unidades 2 y 3. Sin embargo, ambas volvieron a figurar fuera de servicio esta semana: la Unidad 2 por avería y la Unidad 3 por mantenimiento. La termoeléctrica Santa Cruz forma parte de las instalaciones cuya disponibilidad condiciona el cálculo diario de apagones.

Los cortes nacionales comenzaron tras el apagón general de septiembre de 2022, provocado por el huracán Ian. En 2024 ocurrieron otros tres apagones nacionales, en octubre, noviembre y diciembre; en 2025 se registraron dos, en marzo y septiembre, y en 2026 se produjeron otros ocho.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, recibió este miércoles en Washington al excanciller dominicano Roberto Álvarez para discutir la situación de Nicaragua y otros asuntos vinculados con la democracia regional, informó la agencia EFE.

La reunión ocurrió mientras República Dominicana mantiene suspendidas sus relaciones diplomáticas con Nicaragua. El Gobierno dominicano anunció el 2 de octubre el cierre de su embajada en Managua mientras persistieran las condiciones que afectan las libertades y los principios democráticos; el 9 de septiembre, Nicaragua había comunicado el cierre de su embajada en Santo Domingo.

Ramdin dijo que ambos mantuvieron una conversación constructiva y que intercambiaron puntos de vista sobre Nicaragua, cuya situación permanece bajo observación de los Estados miembros de la OEA. También reafirmó su disposición a respaldar los esfuerzos de los países del organismo y señaló que conversaron sobre las elecciones latinoamericanas y la necesidad de mantener un compromiso regional con la democracia.

Álvarez agradeció al secretario general la conversación y afirmó en su cuenta de X: “Siempre es un gusto intercambiar ideas contigo. Cuenta con mi amistad y mi disposición a seguir aportando”. En julio, cuando era canciller, el exfuncionario había llamado a consultas a la embajadora dominicana en Managua por declaraciones de autoridades nicaragüenses que, según el Gobierno dominicano, contravenían los principios democráticos y las obligaciones del sistema interamericano.

Atención consular desde Honduras y Costa Rica

El 19 de octubre, las autoridades informaron que República Dominicana habilitó servicios consulares en Costa Rica y Honduras para asistir a sus nacionales residentes en Nicaragua, después de retirar su embajada en Managua en medio de la crisis diplomática entre ambos países.

La medida dispone que la Sección Consular de la Embajada en San José, Costa Rica, y el Consulado General en San Pedro Sula, Honduras, atiendan las solicitudes de documentos y asistencia de los ciudadanos dominicanos que viven en Nicaragua.

La Cancillería dominicana también comunicó que quedaron suspendidas de forma temporal las notificaciones judiciales y otros actos procesales destinados a personas físicas o jurídicas con domicilio en Nicaragua.

El Ministerio de Relaciones Exteriores atribuyó esa suspensión a “razones de fuerza mayor” vinculadas con la salida de la embajada. Las oficinas consulares habilitadas en Costa Rica y Honduras no podrán realizar esas diligencias dentro de Nicaragua.

“La suspensión se mantendrá hasta tanto existan las condiciones necesarias para restablecer el servicio”, señaló la Cancillería dominicana en su comunicado.

La disposición implica que los consulados designados podrán atender trámites y consultas de los ciudadanos, aunque no sustituirán a la antigua embajada para actuaciones judiciales en territorio nicaragüense.

Sin aval a la pérdida de elecciones

El dúo de dictadores de Nicaragua arremetió este miércoles contra la República Dominicana por condenar en los términos “más enérgicos” las recientes declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país “no volverán a haber elecciones”, porque no quieren que haya cabida para la participación de opositores.

“Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones”, indicó la cancillería dictatorial en un comunicado.

La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó con 58 votos, de los 60 diputados, un acuerdo de alcance parcial con Belice que permitirá a 422 productos salvadoreños ingresar al mercado vecino con preferencias arancelarias. El convenio, suscrito el 13 de agosto de 2026 tras dos rondas de negociación, busca ampliar el intercambio comercial y mejorar las condiciones de acceso para ambos países.

La medida también alcanza a la población salvadoreña residente en Belice, estimada en 70.000 personas. La subdirectora de acuerdos comerciales del Ministerio de Economía, María Renderos de López, afirmó que el pacto aportará mayor certeza jurídica mediante normas sobre eliminación de barreras y medidas sanitarias.

Los márgenes de preferencia oscilarán entre 25% y 100%, según la mercancía y su categoría. El acuerdo podrá revisarse, modificarse y ampliarse para incorporar nuevas listas de bienes con acceso preferencial.

Arancel cero para 316 manufacturas salvadoreñas

Del total de productos salvadoreños incluidos, 316 manufacturas tendrán arancel cero en Belice, mientras que otras 106 recibirán reducciones parciales que se aplicarán en plazos de cinco a 10 años. Entre los bienes que accederán sin impuestos figuran camisas de punto, botellas de plástico y medicamentos para uso humano.

Las rebajas graduales beneficiarán, entre otros artículos, a cepillos, muebles de metal y preparaciones de atún. Los sectores alcanzados incluyen la metalmecánica, las industrias químicas, los medicamentos, los textiles y la confección, el papel y cartón, los plásticos y cauchos, la agroindustria y otros rubros industriales.

El Salvador concederá condiciones preferenciales a 276 productos originarios de Belice. De ese grupo, 194 ingresarán sin impuestos desde la entrada en vigor del convenio y 82 tendrán reducciones parciales. Los productos beliceños favorecidos pertenecen a los sectores de agroindustria, alimentos y bebidas, maderas y muebles, papel y cartón, manufacturas de piedra, y pieles y cueros.

Reglas aduaneras y cooperación económica bilateral

El convenio simplificará los trámites aduaneros y establecerá reglas de origen para determinar qué mercancías podrán acogerse a las preferencias. También incorpora mecanismos para la solución de diferencias comerciales entre las dos naciones.

Durante el estudio del dictamen previo al decreto legislativo, el jefe del departamento de negociaciones y tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lisandro Landaverde, sostuvo que el objetivo es fortalecer las relaciones comerciales y económicas con Belice mediante beneficios arancelarios y mecanismos de resolución de controversias.

El jefe de política económica internacional de la misma cartera Ejecutiva, Néstor Gámez Platero, señaló que la suscripción de acuerdos económicos forma parte de la estrategia de diplomacia económica impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Renderos de López indicó: “Hay marco jurídico relacionado con eliminación de barrera, reglas claras en medidas sanitarias y que en este momento ya las cumplimos, lo que buscamos con este acuerdo es tener más certeza jurídica”.

El instrumento promueve la inversión y la cooperación económica y técnica a través de encuentros empresariales, intercambio de información, transferencia de tecnología y capacitación para fortalecer la producción, las exportaciones y el acceso a nuevos mercados. El pacto contempla un capítulo de defensa comercial que habilita mecanismos para actuar ante un aumento de importaciones que afecte a la producción local.

El Gobierno de Haití informó que coordinó una respuesta estatal ante el secuestro de soldados salvadoreños, ocurrido el domingo 18 de octubre, y situó su liberación entre las prioridades de las autoridades.

La Primatura de la República de Haití señaló en un comunicado divulgado este miércoles 21 de octubre que el primer ministro encabezó una reunión de alto nivel para revisar las acciones en marcha y definir medidas destinadas a reforzar las operaciones de seguridad.

El encuentro se realizó en la Oficina del Primer Ministro con funcionarios involucrados en la respuesta oficial. Las autoridades trabajan en coordinación con la Fuerza de Represión de las Bandas (FRG), una unidad creada para enfrentar a los grupos armados en el país.

La liberación de los militares, prioridad declarada por las autoridades

El Gobierno haitiano afirmó que movilizó los recursos disponibles para lograr la liberación de los militares y proteger sus vidas. Las fuerzas de seguridad mantienen, además, operaciones contra los responsables del hecho.

“La liberación de los soldados secuestrados es una prioridad absoluta”, indicó la Primatura en su mensaje, que insistió en que el Estado busca reafirmar su autoridad frente a las organizaciones armadas.

El comunicado no precisó cuántos soldados salvadoreños fueron secuestrados, el lugar exacto donde ocurrió el hecho ni la identidad del grupo que los mantiene cautivos. Tampoco informó si hubo contactos con los captores o avances concretos en las tareas de rescate.

Haití prometió continuar las operaciones hasta que concluya la crisis

La administración haitiana aseguró que continuará con las intervenciones de seguridad hasta finalizar las operaciones vinculadas al secuestro. El Estado adoptará, según el comunicado, las medidas que considere necesarias para recuperar a los militares y responder a la acción de los grupos armados.

El anuncio se conoció tres días después del secuestro denunciado por la Primatura, en un contexto marcado por la actividad de bandas armadas en distintas zonas de Haití.

El anuncio se emitió horas después de que el Ejército salvadoreño lanzó este miércoles una ofensiva militar contra las pandillas haitianas que mantienen secuestrados a cuatro técnicos de aviación de su contingente en Haití. El propio presidente, Nayib Bukele, difundió un mensaje dirigido directamente a los captores, traducido al criollo haitiano, en el que advierte que el operativo de hoy “no es nada comparado con lo que está por venir” si no liberan con vida a los rehenes.

Su vehículo blindado fue atacado con disparos y explosivos en la zona de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de la capital haitiana.

La propia ONU calificó el episodio como un secuestro y exigió la liberación inmediata y segura de los cuatro hombres, pese a que las autoridades aún no presentaron pruebas públicas sobre las condiciones en que se encuentran ni identificaron de forma oficial a sus captores.

Fue el pasado domingo 18 de octubre cuando medios haitianos informaron que cuatro soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) estaban desaparecidos tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe, según informaron medios locales haitianos. Inicialmente se manejó que eran cinco, pero la Fuerza Armada de El Salvador informó que son cuatro, en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Una doctora identificada en redes sociales como María Magdalena denunció que dejará de entregar las “hojas de cargo” exigidas en su policlínico porque debe comprar con su propio dinero el papel y los bolígrafos necesarios para completarlas.

En un video difundido en Facebook, la médica planteó que sus gastos laborales se suman a un salario que, según afirmó, ni siquiera había sido depositado en su tarjeta al momento de grabar el mensaje.

“Yo no voy a seguir pagando por trabajar en este país”, afirmó la profesional, especialista en Medicina General Integral, al explicar que recibió un reclamo de las áreas administrativas por los formularios que no había presentado. Su respuesta fue una negativa: “No voy a dar más una hoja de cargo y no es rebeldía, es simplemente coherencia”.

La publicación puso el foco en la falta de recursos básicos dentro de la salud pública de Cuba, donde, según su testimonio, los trabajadores deben asumir con ingresos propios el costo de materiales indispensables para el registro cotidiano de pacientes y prestaciones.

“Yo compro las hojas, yo compro los bolígrafos”

La doctora describió una situación en la que la obligación administrativa de presentar documentos recae sobre trabajadores que no reciben los elementos necesarios para producirlos. “Yo compro las hojas, yo compro los bolígrafos”, sostuvo. También indicó que algunos pacientes le han regalado esos recursos cuando ella no puede adquirirlos.

La profesional definió esa dinámica como una forma de transferir a los empleados un costo que debería asumir la institución. “Eso estamos haciendo, pagando por nuestro trabajo”, expresó.

En el video, la médica vinculó el reclamo de formularios con la precariedad de su remuneración. Según relató, la oficina de estadísticas del policlínico la contactó el día ocho del mes para exigir la entrega de las hojas pendientes. Ella sostuvo que no aceptará seguir afrontando los gastos asociados a esa documentación.

“Tú no me puedes pagar por algo que tú no proporcionas”, dijo, en referencia a la falta de insumos. Luego cuestionó que una parte de su sueldo termine destinada a la compra de papel y lapiceras para cumplir con exigencias de su puesto.

Las llamadas hojas de cargo forman parte de los registros administrativos y estadísticos que se solicitan en los centros de salud. La médica no precisó en el video el contenido de cada formulario ni la cantidad que le requirieron, aunque su intervención giró en torno al costo de producirlos y a la presión por entregarlos.

El salario pendiente y el costo de la vida

El reclamo no se limitó a los insumos de trabajo. La doctora afirmó que su salario todavía no había sido acreditado en la tarjeta donde recibe sus pagos, pese a que el mes ya estaba avanzado. “El día diez del mes que viene, porque a esta hora de este mes no me han pagado, mi salario no ha entrado en mi tarjeta”, advirtió.

La profesional señaló que esperaba comprobar si podría cobrar el mes siguiente después de haber cumplido con sus tareas. “Yo voy a ver si no voy a cobrar, porque trabajando estoy”, planteó.

La doctora también mencionó un basurero de más de seis metros que, según dijo, se encuentra a dos cuadras de su lugar de trabajo y donde hay personas que buscan alimentos.

“¿Y tú me vas a pagar a mí la miseria que me pagas por un papel que yo tengo que buscar con un bolígrafo que yo tengo que comprar?”, preguntó. Su crítica apuntó a la distancia entre los recursos que requiere para cumplir sus funciones, el atraso en el depósito salarial y las dificultades económicas que observa en su entorno.

Un llamado a los trabajadores del sector

La médica dirigió una parte de su mensaje a sus colegas. Les pidió que evalúen el dinero que deben destinar cada jornada para trasladarse, alimentarse y adquirir instrumentos básicos de trabajo.

“A mis compañeros, llámese a la reflexión: ustedes están pagando por estar donde están”, sostuvo. En esa enumeración incluyó el transporte, los bolígrafos y los alimentos para la jornada laboral. “Ni siquiera donde están pueden alimentarse”, añadió.

El testimonio presentó esos desembolsos como gastos que reducen todavía más el poder de compra de los salarios. “Ustedes están pagando por eso”, insistió, antes de formular una pregunta que repitió dos veces: “¿En qué país del mundo se paga por trabajar?”.

Su conclusión fue una denuncia directa sobre las condiciones que describió. “La esclavitud está aquí. El miedo sigue estando aquí”, afirmó.

El diputado dominicano Rogelio Alfonso Genao Lanza presentó este martes 20 de octubre un proyecto para reducir a la mitad las ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y elevar las pensiones hasta un 60% o 70% del salario cotizable, frente al 25% que, según afirmó, reciben actualmente los trabajadores. La iniciativa busca reformar de manera integral la Ley 87-01 de Seguridad Social, según Diario Libre.

La propuesta también elimina los copagos para enfermedades catastróficas, ordena actualizar cada año los catálogos de servicios de salud y prevé consecuencias para los centros médicos que incumplan la atención de emergencias.

Un trabajador que cobraba 100.000 pesos (1.667 USD) y completó sus cotizaciones recibe una pensión estimada de 25.000 pesos (417 USD) bajo el sistema vigente, de acuerdo con el ejemplo expuesto por el legislador. Con los cambios planteados, ese monto podría ubicarse entre 60.000 y 70.000 pesos (1.000 y 1.167 USD).

Las administradoras de fondos de pensiones obtuvieron ganancias cercanas a 6.000 millones de pesos (100 millones de USD), mientras que sus costos operativos, trasladados a los afiliados mediante cargos mensuales, ascendieron a unos 7.200 millones de pesos (120 millones de USD), sostuvo Genao. El proyecto plantea limitar esos gastos y evitar que las restricciones a las utilidades sean compensadas con nuevos incrementos administrativos.

El diputado, del Partido Reformista Social Cristiano, cuestionó que una persona que trabajó durante años termine jubilada con una proporción reducida de su salario. “No podemos permitir que cuando usted tenga una vida trabajando y tenga un salario, sea pensionado con el 20% del mismo”, expresó.

Los gastos operativos de las administradoras bajo fiscalización

Las modificaciones introducidas en 2020 para limitar las ganancias de las AFP habrían sido respondidas con un aumento de los gastos operativos, según expuso Genao. La iniciativa busca establecer mecanismos de fiscalización más estrictos sobre esas entidades, según El Nuevo Diario, portal dominicano de noticias.

El proyecto contempla que los beneficios generados por los ahorros de los trabajadores se distribuyan de forma más equitativa y que los afiliados no absorban los costos de funcionamiento de las administradoras.

La Ley 87-01 fue promulgada en 2001 y, pese a los distintos proyectos presentados para modificarla, ninguna reforma ha avanzado en el Congreso durante más de dos décadas. “Entendemos que es momento de que esta discusión se dé en el Congreso, ya que han pasado 25 años desde la aprobación de la Ley 87-01 que rige la Seguridad Social; se necesita un nuevo sistema”, subrayó el legislador.

Genao también cuestionó la espera de una propuesta del Poder Ejecutivo para iniciar los trabajos legislativos y sostuvo que el Congreso Nacional debe asumir un papel activo en la búsqueda de soluciones para los trabajadores y sus familias.

El integrante de la Cámara de Diputados criticó otras propuestas de reforma que, según dijo, parecen elaboradas por las propias AFP o contemplan aumentar la edad de retiro sin priorizar mejores pensiones ni ampliar el acceso a los servicios de salud; aunque no se detallaron con precisión a las que hizo mención.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado Montes, solicitó a la Asamblea Legislativa de El Salvador un presupuesto de USD 95.3 millones para 2027, destinado en su mayor parte al funcionamiento de la institución, la ampliación de servicios para víctimas y la segunda fase de proyectos tecnológicos de recepción de denuncias y gestión de expedientes.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Delgado indicó que USD 94.58 millones del monto solicitado se destinarán a gastos operativos, equivalentes al 99.2% del total. Los otros USD 741,165 corresponden a inversión pública.

“Los USD 95.3 millones que solicitamos son para sostener esos resultados, atender a las víctimas y garantizar la legalidad de las elecciones del año 2027”, afirmó Delgado.

La Fiscalía prevé habilitar denuncias por dispositivos móviles

Uno de los ejes de la solicitud presupuestaria es la segunda fase del sistema de recepción inteligente de denuncias con inteligencia artificial. El fiscal explicó que la herramienta busca permitir que los ciudadanos presenten denuncias desde teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos conectados.

Según Delgado, el proyecto se encuentra en fase de entrenamiento para adaptar el sistema a las formas de habla y escritura utilizadas en distintas zonas del país.

Señaló que el sistema deberá incorporar controles de ciberseguridad, definir el almacenamiento de los datos y establecer mecanismos para prevenir denuncias falsas o usos indebidos de la plataforma.

La iniciativa busca reducir los tiempos de atención en oficinas policiales y fiscales. También pretende liberar a los fiscales de tareas administrativas para que dediquen más tiempo a las investigaciones, la depuración de expedientes y el acompañamiento a las víctimas.

El proyecto Integra apunta a un expediente penal electrónico

La FGR también pidió fondos para avanzar con el proyecto Integra, una plataforma que busca concentrar en un mismo sistema la gestión de los procesos penales, la cadena de custodia de pruebas y el análisis criminal.

Delgado explicó que el modelo permitirá que los fiscales registren desde el inicio las diligencias de cada caso, las entrevistas, los documentos jurídicos y los requerimientos de información a otras instituciones. El objetivo es evitar duplicaciones y contar con datos actualizados sobre la evolución de los expedientes.

El fiscal anticipó que Integra comenzará su desarrollo formal con la instalación de una Oficina de Transformación Digital de la Fiscalía. La implementación general está prevista para mediados de 2028, aunque la institución planea habilitar módulos cada tres o cuatro meses.

“Puede suceder que un día la fiscalía ya solo reciba las denuncias de manera electrónica”, dijo Delgado, quien añadió que el sistema también facilitaría la emisión digital de certificaciones y constancias.

La FGR afirmó que ha invertido en infraestructura tecnológica con recursos propios y asignaciones especiales, incluidos fondos decomisados en investigaciones por narcotráfico y pandillas. Delgado sostuvo que la entidad busca mantener bajo control institucional la información obtenida en sus investigaciones.

Atención a víctimas y formación de fiscales

La propuesta para 2027 contempla extender el modelo de atención psicosocial a las oficinas fiscales de Sonsonate y San Vicente. Con esas incorporaciones, la FGR tendría cinco sedes con servicios especializados para mujeres, niñas, niños, adolescentes y otros grupos vulnerables.

El fiscal señaló que estos espacios buscan evitar que las víctimas repitan sus relatos ante diferentes funcionarios. También cuentan con condiciones para realizar anticipos de prueba y otras diligencias judiciales.

El presupuesto incorpora además recursos para el Instituto Especializado de Educación Superior creado por ley. La institución prevé ofrecer una Maestría en Investigación Criminal para fiscales auxiliares, con énfasis en causas de alta complejidad.

Delgado indicó que la Fiscalía buscará fortalecer la capacitación en delitos vinculados con criptoactivos, violencia digital y argumentación jurídica.

Reducción del 88% en la mora heredada

Como parte de su rendición de cuentas, el fiscal informó que la institución recibió más de 573 mil denuncias y atendió a más de 567 mil víctimas entre mayo de 2021 y el 16 de octubre de 2026.

En ese período, según los datos expuestos por Delgado, la FGR resolvió 607,543 casos y obtuvo 68,761 condenas frente a 12,974 absoluciones. El funcionario afirmó que el 84% de los procesos que llegaron a sentencia concluyó con una condena.

También sostuvo que la Fiscalía redujo de 176,726 a 21,135 los expedientes heredados que permanecían activos sin diligencias, una disminución del 88%. La carga activa actual, añadió, asciende a 142,469 casos e incluye expedientes nuevos en trámite.

“La institución resuelve 118 expedientes por cada 100 que ingresan”, aseguró el fiscal, al comparar el indicador con los 86 casos resueltos por cada 100 denuncias registrados en 2021.

El Ministerio de Hacienda de Nicaragua acumuló 32 semanas sin colocar Bonos de la República en 2025, mientras inversores privados, instituciones financieras y bancos evitaron adquirir deuda estatal por dudas sobre la capacidad y la voluntad de pago del régimen, informó Confidencial 30.

Las emisiones realizadas hasta el 14 de octubre sumaban USD 45,9 millones en distintos plazos, menos de la mitad de la meta anual de USD 100 millones. El resultado prolongó las dificultades que ya habían limitado la captación de recursos durante el año anterior.

La principal preocupación es la confianza en que el Estado cumpla sus obligaciones, explicó a Confidencial, medio nicaragüense, un profesional que integró el equipo de asesoría legal de un banco comercial nicaragüense. El riesgo, señaló, combina dos interrogantes: si el Gobierno podrá pagar y si decidirá hacerlo.

Hasta ahora, el régimen de Daniel Ortega no ha incumplido obligaciones financieras. El especialista recordó que, al inicio de su Gobierno, Ortega cuestionó el pago de más de USD 100 millones en Bonos por Indemnización, pero cambió de posición tras ser advertido sobre las consecuencias de un incumplimiento.

El experto advirtió que una eventual suspensión de pagos no puede descartarse si el país enfrenta sanciones comerciales o financieras.

El aislamiento financiero y la presión sobre las reservas

Las sanciones comerciales podrían afectar los acuerdos de Nicaragua con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana —conocido como DR-CAFTA— y con Europa mediante el Acuerdo de Asociación. El impacto sobre las exportaciones dependería de la profundidad de las medidas que eventualmente se apliquen.

El aislamiento financiero también podría agravarse, según el medio, por la suspensión de desembolsos de créditos ya firmados, incluidos los contratos con China, que suelen avanzar lentamente. Si esos escenarios se concretaran, las reservas internacionales brutas podrían resultar insuficientes para sostener salarios estatales, servicios básicos y el funcionamiento del Estado.

“Quizás puedan hacerlo por tres o cuatro meses, en cuyo caso, pagar esos bonos no será prioridad”, sostuvo el especialista. La emisión de estos instrumentos busca captar recursos para financiar el Presupuesto General de la República e incentivar el ahorro de pequeños inversores en la Bolsa de Valores de Nicaragua.

La compra de deuda pública supone además un riesgo para quienes participan en las subastas. “Adquirir estos bonos, o simplemente ofertar por ellos, significa objetivizarse frente a la voracidad recaudatoria del Estado”, afirmó el experto, al mencionar la posibilidad de reparos fiscales contra los inversores.

Un inversionista consultado consideró que la tasa de interés del 7% ofrecida por el Estado revela “desesperación por liquidez”. Según su evaluación, Nicaragua permanece aislada financieramente y los financiadores internacionales se han alejado de un Gobierno que atraviesa una crisis política permanente.

Dos clases de bonos y una demanda limitada

El Estado ofrece bonos denominados en dólares estadounidenses que se pagan en córdobas al tipo de cambio oficial, y otros emitidos y pagaderos en dólares. El mercado ha mostrado mayor preferencia por los primeros.

La política económica también busca contener la inflación mediante un freno macroeconómico, según el análisis recogido por Confidencial. Las remesas, que en 2025 se acercaron a USD 6.200 millones y podrían rondar los USD 6.700 millones en 2026, ingresan sin un encadenamiento productivo local y, de acuerdo con esa evaluación, deberían generar mayores presiones sobre los precios.

Los bancos prefieren los instrumentos emitidos por el Banco Central, que capta recursos para aumentar las reservas brutas. Además, las entidades necesitan mantener altos niveles de liquidez porque trabajan con fondos internacionales de corto plazo, que deben devolver en un período máximo de un año.

En 2024, el Ministerio de Hacienda solo logró colocar USD 6,5 millones, equivalente al 6,5% de lo proyectado. Durante los primeros cinco meses de 2025, las emisiones alcanzaron USD 9,85 millones, y al cierre del año la colocación representó el 15,3% de la meta prevista, se añade.

Dos ciudadanos dominicanos y un ciudadano chino fueron detenidos por un presunto caso de tráfico de cocaína después de que la Guardia Costera de Estados Unidos interceptara una embarcación rápida frente a la costa norte de Puerto Rico este martes.

El operativo concluyó con la incautación de 222 kilos de cocaína (489 libras), cuyo valor estimado asciende a USD 5,5 millones, según informó este martes la Guardia Costera, y recogió la agencia EFE.

Los agentes detectaron e interceptaron la lancha en aguas del océano Atlántico, en la zona frente al litoral norte de la isla. Tras el procedimiento, los guardacostas trasladaron el cargamento hasta tierra y entregaron a los tres sospechosos a las autoridades federales.

La custodia de los detenidos quedó a cargo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en San Juan, que deberá continuar con las actuaciones vinculadas al caso.

No se difundieron las identidades de los arrestados ni se precisó el punto de partida de la embarcación, su posible destino o la ruta que habría seguido antes de la intercepción.

Otro operativo dejó 69 bloques de droga incautados este mes

La incautación se suma a otro operativo efectuado este mes cerca de la costa noreste de Puerto Rico, donde fueron arrestadas cuatro personas que transportaban 69 bloques de cocaína en una embarcación.

Las autoridades no informaron si ambos casos están relacionados. Las dos operaciones refuerzan la atención de los organismos de seguridad sobre el uso de embarcaciones pequeñas y rápidas para trasladar droga por las rutas marítimas del Caribe.

La isla ocupa una posición geográfica entre el mar Caribe y el océano Atlántico. Por su condición de Estado Libre Asociado de Estados Unidos, figura como punto de tránsito para cargamentos de droga procedentes de América del Sur y de otros territorios del Caribe con destino al mercado estadounidense.

La DNCD incauta 1.068 paquetes de presunta cocaína y arresta a tres colombianos

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) interceptó una lancha rápida e incautó 1.068 paquetes de presunta cocaína frente a las costas de Pedernales, en República Dominicana. La operación dejó tres colombianos arrestados tras una persecución de varias horas en altamar, según informó la institución.

El cargamento fue entregado bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que determinará el tipo y el peso exacto de la sustancia. La DNCD informó que durante 2026 las fuerzas de seguridad decomisaron más de 34.000 kilogramos de drogas, equivalentes a 34 toneladas.

La embarcación fue interceptada varias millas náuticas al suroeste de la isla Beata durante un despliegue marítimo, aéreo y terrestre coordinado con la Armada, la Fuerza Aérea, el Ministerio Público y agencias internacionales. En su interior había 36 pacas, dos motores de 300 caballos de fuerza cada uno, 12 tanques de combustible, tres baterías, un equipo de comunicación Starlink, un teléfono móvil y dos navegadores GPS. Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público de Pedernales para el conocimiento de medidas de coerción por violación de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió dictámenes favorables para reformar el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el objetivo de endurecer las sanciones por conducción peligrosa, en especial cuando involucre transporte colectivo de pasajeros o vehículos de carga.

La propuesta plantea que conducir bajo los efectos del alcohol, sin importar la concentración detectada, continúe como delito de conducción peligrosa. También incorpora como conducta penalmente sancionable manejar un bus o un vehículo de carga sin la licencia correspondiente para esa categoría.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, explicó que la conducción peligrosa tendría una pena de dos a cinco años de prisión. Cuando el hecho ocurra al mando de un vehículo destinado al transporte público colectivo o de carga, la pena se elevaría de cinco a 10 años.

Si la conducta provoca lesiones o muertes, las penas por lesiones culposas u homicidio culposo podrían llegar hasta 15 años de prisión cuando el responsable conduzca un bus o un vehículo de carga. La eventual condena incluiría la suspensión del derecho a conducir durante el mismo plazo de la pena impuesta.

La reforma define la conducción peligrosa como un delito de peligro abstracto. Esto implica que la Fiscalía General de la República podrá iniciar el proceso con la sola comprobación de una de las conductas previstas, sin que sea necesario que exista una víctima lesionada o fallecida.

Entre esas conductas figuran la conducción con presencia de alcohol, bajo efectos de drogas que reduzcan las capacidades para manejar, la participación en competencias de velocidad sin autorización y la conducción de transporte colectivo o de carga sin la habilitación requerida.

Prisión para propietarios que entreguen vehículos a conductores no autorizados

La iniciativa incorpora un nuevo delito para los propietarios, poseedores o encargados de buses y vehículos de carga de ocho toneladas o más que los entreguen a personas sin la licencia correspondiente.

Según la propuesta, quienes permitan esa práctica podrían recibir penas de cinco a 10 años de prisión. La sanción aumentaría si el conductor causa lesiones o muertes.

El propietario y el conductor responderían de forma solidaria por los daños y perjuicios que se determinen en el proceso judicial. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, sostuvo que la medida se dirige a los responsables de entregar unidades de transporte de pasajeros o carga a personas que no cuentan con la capacitación o autorización necesaria.

Reparación a las víctimas sin extinción de la acción penal

Las reformas al Código Procesal Penal buscan limitar las salidas alternas en los casos vinculados con conducción peligrosa. La conciliación, la mediación y la reparación integral del daño ya no extinguirían la acción penal cuando haya homicidios o lesiones derivados de esa conducta.

La comisión modificó la redacción inicial de la iniciativa para precisar que las lesiones culposas cometidas mediante conducción peligrosa serán perseguidas de oficio. El resto de los casos de lesiones culposas mantendría el régimen actual, que requiere la instancia de la víctima para iniciar la investigación.

Delgado afirmó que la restricción a la conciliación no elimina el derecho de las víctimas a recibir una compensación. La diferencia es que un acuerdo económico no detendría el proceso penal ni impediría que el Estado busque una condena contra el responsable.

El fiscal señaló que la Fiscalía deberá investigar desde el inicio los daños materiales, el lucro cesante y el daño moral para solicitar una reparación civil concreta ante los tribunales.

Retención preventiva de vehículos con fallas de seguridad

La propuesta de reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial otorgaría nuevas facultades al Viceministerio de Transporte (VMT) y a sus gestores para retener preventivamente vehículos que incumplan las condiciones mínimas de seguridad.

La medida alcanzaría a unidades sin tarjeta de circulación vigente, con llantas desgastadas o con fallas en los sistemas de iluminación, entre otras irregularidades. Cuando se detecte la posible comisión de un delito, el decomiso correspondería a la Policía Nacional Civil.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, indicó que la reforma también permitiría al VMT realizar directamente revisiones técnicas vehiculares. El funcionario recordó que el Gobierno ya exige ese control para camiones articulados fabricados en 1999 o antes y para las volquetas, y anticipó que la medida se extenderá al resto del transporte de carga.

Durante la sesión, Delgado afirmó que entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026 se registraron 16.809 accidentes de tránsito y 1.083 fallecidos en El Salvador. Reyes añadió que 67 personas murieron ese año en siniestros que involucraron vehículos de carga.

Los dictámenes favorables quedaron listos para su discusión en el pleno legislativo, donde los diputados definirán si las reformas entran en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió la liberación inmediata del periodista cubano Henry Constantín, quien cumple una sanción de al menos 15 días en una celda de castigo de la prisión de máxima seguridad Kilo 7, en Camagüey, según denunció la organización el 19 de octubre.

Constantín, director del medio digital La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, permanece detenido desde el 16 de septiembre. La entidad responsabilizó a las autoridades de Cuba por su integridad física y psicológica.

De acuerdo con La Hora de Cuba, personal penitenciario afirmó que halló un cuchillo artesanal entre las pertenencias del periodista durante una requisa realizada el 15 de octubre. A partir de ese hallazgo, las autoridades le impusieron el confinamiento disciplinario.

Constantín sostiene que el objeto pudo haber sido colocado para incriminarlo y justificar nuevas sanciones en su contra. En una llamada desde el penal, relató que los funcionarios se dirigieron de forma directa al sitio donde dijeron haber encontrado el arma.

La medida también derivó en la suspensión de las visitas familiares y conyugales previstas para el 19 de octubre, además de la pérdida de la comunicación telefónica diaria que tenía autorizada.

Dudas sobre las circunstancias del supuesto hallazgo

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que el traslado de Constantín a una celda de castigo ocurre en un contexto que, según la organización, plantea dudas sobre el procedimiento penitenciario.

“La decisión de enviar a Henry Constantín a una celda de castigo, en circunstancias que despiertan serias sospechas, constituye un nuevo y alarmante episodio de hostigamiento contra un periodista que nunca debió estar encarcelado”, afirmó Manigault.

El directivo, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., de Charleston, Carolina del Sur, pidió que las autoridades cubanas pongan fin a las medidas disciplinarias y garanticen la seguridad del periodista. La SIP reclamó además su liberación incondicional.

Detención desde el 16 de septiembre y acusación de desobediencia

Constantín fue arrestado cuando acudió a una citación policial en Camagüey el 16 de septiembre. Las autoridades lo acusan de presunta desobediencia porque no se presentó a una convocatoria anterior, fijada para el 9 de septiembre.

El periodista rechaza esa acusación, según el comunicado de la SIP. La organización recordó que ha denunciado detenciones, restricciones y otros actos de hostigamiento contra Constantín vinculados con su actividad profesional.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, advirtió que el aislamiento y la restricción de contactos con la familia incrementan la vulnerabilidad del detenido.

“Nos preocupa especialmente que, además del aislamiento, se pretenda privar a Constantín del contacto con su familia y de sus comunicaciones telefónicas”, afirmó Ramos, quien dirige la Organización Editorial Mexicana (OEM). También solicitó una investigación independiente sobre la denuncia de que el arma fue colocada entre sus pertenencias.

La SIP, con sede en Miami y conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental, sostuvo que el encarcelamiento de Constantín y las nuevas sanciones agravan la preocupación por las condiciones para el ejercicio del periodismo independiente en Cuba.

El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, afirmó este martes ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que el ramo de Seguridad tendrá USD 20 millones menos en 2027, aunque aseguró que esa reducción no afectará el Plan Control Territorial, la operatividad policial ni las prestaciones del personal.

Durante su comparecencia, el funcionario sostuvo que la disminución presupuestaria responde a una estrategia del gobierno para reorientar recursos hacia educación.

Según las cifras expuestas por Villatoro, el presupuesto total del ramo pasará de USD 702.59 millones aprobados para 2026 a cerca de USD 682.59 millones para 2027. El ministro indicó que la reducción se concentra principalmente en la Policía Nacional Civil, que tendría una asignación de USD 446.29 millones, frente a los USD 471.92 millones del año en curso.

“Por supuesto que nos van a hacer falta esos veinte millones, pero ahí está la eficiencia”, dijo Villatoro. Agregó que el presupuesto contempla las planillas, los bonos, el mantenimiento de la flota, la infraestructura y las inversiones tecnológicas previstas para el próximo año.

El Ministerio proyecta pasar de 17 a 50 agentes virtuales en la Policía

Uno de los ejes de la exposición fue la expansión de la inteligencia artificial soberana, como el ministro denominó al sistema desarrollado y operado en servidores instalados en territorio salvadoreño.

Villatoro afirmó que la Policía Nacional Civil ya cuenta con 17 agentes virtuales destinados al sistema de emergencias, las investigaciones y el patrullaje digital. La meta para 2027 es llegar a 50 herramientas de este tipo.

El funcionario señaló que la infraestructura incluye tres servidores de NVIDIA y que el sistema fue desarrollado con participación de profesionales salvadoreños formados en instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Georgia Tech y Barcelona Tech School.

También aseguró que la tecnología permite reconocer rostros, identificar a personas con órdenes de captura y procesar comunicaciones recibidas por las autoridades. Para sostener ese proyecto, el Ministerio prevé una inversión de USD 4,4 millones en inteligencia artificial durante 2027.

La Policía busca ampliar la vigilancia con drones y redes 5G

El ministro informó que el presupuesto incluye USD 1.14 millones para ampliar el programa de drones de respuesta ante emergencias. La iniciativa, según explicó, cubre más del 80% de la zona metropolitana de San Salvador y Santa Tecla.

Villatoro sostuvo que las aeronaves no tripuladas pueden llegar a una emergencia en menos de cinco minutos y que la información se transmite en tiempo real a las unidades policiales desplegadas en el territorio.

La cartera de Seguridad también prevé extender el sistema a otras ciudades principales del país. El centro de mando continuará en San Salvador, de acuerdo con la presentación.

El funcionario afirmó que la Policía cuenta con más de 21,500 dispositivos móviles para sus agentes y con una red de más de 200 kilómetros de fibra óptica. Esa infraestructura conecta cámaras de videovigilancia, centros de datos e instalaciones estratégicas del Ministerio, Migración y el Instituto de Medicina Legal.

Para el próximo año, el Ministerio prevé realizar una prueba piloto con tecnología 5G, con el objetivo de conectar cámaras sin instalar cableado en todos los puntos de vigilancia.

Villatoro atribuyó a la tecnología parte de la reducción de gastos operativos

El ministro vinculó la reducción presupuestaria con el uso de vehículos eléctricos, paneles solares y sistemas de despliegue policial basados en datos sobre incidencia delictiva.

Según expuso, la institución incorporó cerca de 369 vehículos eléctricos, entre patrullas, motocicletas, camionetas y vans. Además, instaló 53 puntos de carga y paneles solares en más de ocho instalaciones policiales y ministeriales.

Villatoro sostuvo que esos proyectos han permitido reducir el gasto en combustible, lubricantes, mantenimiento y administración de vales de gasolina. El Ministerio calcula que cuenta con cerca de tres megavatios de energía solar instalada.

La estrategia de movilidad eléctrica se concentra en la zona metropolitana, el centro histórico de San Salvador y el Aeropuerto Internacional de El Salvador. El funcionario indicó que las unidades convencionales que operan fuera de esas áreas mantendrán sus planes de mantenimiento y reparación de acuerdo con su antigüedad.

El proyecto presupuestario mantiene en USD 128,63 millones la asignación para la Dirección General de Centros Penales y en USD 42,09 millones los recursos destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad.

La Agencia de Ciberseguridad del Estado conservará una partida de USD 22 millones, mientras que la Academia Nacional de Seguridad Pública tendrá USD 9,76 millones. La Dirección General de Migración y Extranjería recibirá una asignación similar a la de 2026.

El Registro Nacional de las Personas Naturales tendrá un aumento de USD 6,5 millones, según explicó Villatoro, debido a la gratuidad del documento único de identidad y al proceso electoral previsto para 2027.

En materia de inversión, el ministro mencionó un préstamo de Italia para obras en un centro de detención intermedio de Ilopango, donde se proyecta concentrar a jóvenes hombres y mujeres privados de libertad en instalaciones separadas.

También anunció el traslado de la delegación policial de Santa Tecla a un edificio que perteneció a la Academia Nacional de Seguridad Pública y la construcción de una nueva sede para la delegación de Sonsonate.

El ministro aseguró que el régimen de excepción continuará vigente

Durante la sesión, Villatoro defendió la continuidad del régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022. Lo definió como un “protocolo de guerra” contra las pandillas y afirmó que seguirá mientras las autoridades consideren que hay miembros de esas estructuras en libertad dentro del país.

El ministro señaló que alrededor de 11 mil personas detenidas durante el régimen ya recibieron condenas. También sostuvo que el gobierno busca consolidar reformas legales para impedir que integrantes de pandillas recuperen la libertad.

Cuba registró en 2025 un total de 750 fallecidos por accidentes de tránsito, un aumento del 18.2% frente a las 634 muertes de 2024. El incremento revirtió la reducción observada el año anterior y coincidió con una mayor circulación de motos y ciclomotores, además de deficiencias acumuladas en las vías y los vehículos, según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad Vial recogidas por 14ymedio.

Los accidentes ascendieron a 7,552, apenas por encima de los 7,507 contabilizados en 2024, mientras que los lesionados pasaron de 6,613 a 6,729. La cantidad de víctimas fatales fue la que mostró la variación más pronunciada entre los tres indicadores.

La infraestructura vial recibió intervenciones durante el año: se marcaron 122 kilómetros de vías entre ejes, bordes y carriles, se recuperaron 14.217 señales y 84 semáforos. Además, 28 gabinetes semafóricos de La Habana incorporaron paneles solares para mantener operativas intersecciones de alto tránsito.

El factor humano en el 72% de los siniestros

Las autoridades atribuyeron el 72% de los accidentes al llamado “factor humano”, con infracciones como no respetar el derecho de vía, la falta de atención durante la conducción y el exceso de velocidad. Las motos, los ciclomotores y los peatones estuvieron involucrados en el 63% de los hechos.

El jefe de tránsito de la Dirección General de la Policía, Chetty Carlos Lastre, vinculó parte del aumento con el crecimiento sostenido del parque vehicular, especialmente de los medios considerados vulnerables. El funcionario sostuvo que la incorporación de más motos y ciclomotores también elevó el número de conductores con menos experiencia y menor capacidad de maniobra ante un flujo vehicular mayor.

La mitad de los accidentes involucró al sector estatal. Entre las personas a las que se les retiró la licencia por conducir bajo los efectos del alcohol, el 98% pertenecía a ese sector.

La Habana, Villa Clara y Ciego de Ávila concentraron la mayor cantidad de accidentes registrados durante 2025, pese a los trabajos de señalización y la instalación de respaldo energético para semáforos. Granma informó que los siniestros aumentaron en comparación con el año previo, aunque de forma marginal en el total de casos.

Carreteras deterioradas, apagones y vehículos envejecidos

Las autoridades mencionaron el “eje vial deteriorado” entre los elementos presentes en el panorama de la seguridad vial, en un país donde buena parte de las calles y carreteras no recibe mantenimiento suficiente. Una proporción relevante del parque automotor lleva entre 40 y 70 años de funcionamiento.

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, había reconocido al inicio de 2025 que “el deterioro se acumula” tanto en las carreteras como en los vehículos. Los apagones también dejaron decenas de semáforos fuera de servicio durante largos períodos diarios en distintas zonas del país.

Lastre defendió las obras realizadas pese a las limitaciones de recursos y señaló que los paneles solares garantizan el funcionamiento de las intersecciones más concurridas y peligrosas de La Habana, cruces que registraron múltiples accidentes en los últimos años.

Los accidentes con animales sueltos en la vía pública disminuyeron, aunque no se divulgaron cifras. Mayabeque, Villa Clara, Holguín y Sancti Spíritus concentran el 49% de esos casos.

En la red ferroviaria, las autoridades tampoco difundieron cantidades de accidentes. Entre las causas mencionaron imprudencias de conductores y peatones, la manipulación de cambiavías por personas desconocidas, el estado técnico deficiente de las vías férreas por falta de mantenimiento, negligencias de tripulantes, equipos mal cargados y fallas en las revisiones técnicas del material rodante.

Los ingresos de las exportaciones de café de El Salvador aumentaron pese a que el volumen de los envíos apenas varió. Entre octubre de 2025 y agosto de 2026, el país facturó USD 190,15 millones por las ventas externas del grano, un incremento interanual de 13,76%, según cifras del Instituto Salvadoreño del Café (ISC), organismo oficial de regulación y promoción del sector, obtenidas por EFE, agencia española de noticias.

El resultado implica una suba cercana a USD 23 millones frente a los USD 167,16 millones que ingresaron durante los mismos 11 meses del ciclo 2024-2025. Las exportaciones avanzaron 1,03% en cantidad, hasta los 591.086 quintales oro.

La diferencia entre la evolución de los ingresos y la de los embarques refleja el efecto de los precios internacionales sobre la facturación del sector. El café constituye el principal producto agrícola de exportación de El Salvador y la mejora de las cotizaciones permitió elevar el valor de las ventas externas aun con un crecimiento acotado en el volumen.

“El volumen de exportaciones presenta un alza del 1,03% en comparación con el mismo período del ejercicio 2024-2025. En términos de valor en dólares se registra un incremento del 13,76%”, indicó el ISC en su reporte sobre el ciclo 2025-2026.

El café oro aportó más de USD 184 millones

El café oro, grano al que se le retiraron las capas que lo cubren y que está listo para el tostado, explicó casi la totalidad de los ingresos de exportación registrados hasta agosto.

Las ventas externas de ese producto representaron USD 184,29 millones, mientras que el café soluble dejó USD 3,65 millones y el café tostado generó USD 2,20 millones.

La información corresponde a los primeros 11 meses del ciclo cafetalero, que se extiende desde octubre hasta septiembre del año siguiente. El año comercial 2025-2026 concluyó el 30 de septiembre, por lo que resta incorporar la información definitiva de ese mes para cerrar la estadística del período.

El ISC había señalado que la ausencia del dato de septiembre no debía modificar de manera relevante el resultado de la producción, ya que la mayor parte de la recolección se concentra entre diciembre y marzo.

La cosecha alcanzó su mayor nivel desde 2012-2013

El aumento de las exportaciones coincidió con una recuperación de la producción nacional. La cosecha 2025-2026 alcanzó 963.650 quintales oro-uva, una suba de 12,2% frente a los 858.542 quintales del ejercicio anterior.

El café oro-uva es el fruto maduro recién cortado, antes de que pase por el despulpado, el secado y los procesos necesarios para convertirse en café oro. De los 963.650 quintales recolectados, el país había exportado 591.086 quintales oro hasta agosto.

La cifra situó a la caficultura salvadoreña en su mayor nivel desde la cosecha 2012-2013, cuando se registraron 1,73 millones de quintales. El volumen actual, sin embargo, todavía se mantiene lejos de los niveles previos a la expansión de la roya.

La enfermedad, causada por un hongo que afecta las hojas de los cafetos y reduce su capacidad productiva, golpeó las plantaciones salvadoreñas a partir de 2012. En el ciclo 2013-2014, la producción cayó a 700.025 quintales, una contracción de 59,5% en un año.

Desde entonces, el sector tuvo recuperaciones parciales. El ISC registró 925.160 quintales en 2014-2015, 905.425 en 2017-2018 y 922.040 en 2021-2022. La cosecha más reciente superó esos registros, aunque quedó por debajo de los niveles alcanzados antes de la crisis fitosanitaria.

Norteamérica concentró el 64,6% de los envíos salvadoreños

Norteamérica fue el principal destino regional del café de El Salvador durante el ciclo 2025-2026. La región compró el 64,6% del volumen enviado al exterior hasta agosto.

Europa recibió el 17,1% de las exportaciones, Asia concentró el 5,2% y Oriente Medio representó el 3,7%, según el reporte del ISC. El porcentaje restante se distribuyó entre otros mercados.

En la memoria previa del ISC, correspondiente a los datos disponibles al cierre del ciclo anterior, Estados Unidos se mantenía como el principal comprador individual. El mercado estadounidense recibió 299.464 quintales, equivalentes al 49,4% de los 605.880 quintales exportados en ese registro.

Bélgica ocupó el segundo lugar, con 70.796 quintales, seguida por Canadá, con 31.055; Italia, con 26.772; y Alemania, con 26.132. Japón, Arabia Saudita, Reino Unido y Australia también figuraron entre los destinos con mayores adquisiciones.

Los precios sostuvieron el avance de la facturación

El ciclo 2024-2025 ya había cerrado con un aumento de 31,28% en los ingresos de exportación, que sumaron USD 175,04 millones. Esa expansión se produjo con un crecimiento menor de los envíos en cantidad y estuvo vinculada al mejor precio promedio obtenido por los productores y exportadores.

En ese período, el valor medio de los embarques llegó a USD 288,91 por quintal, frente a USD 228,83 del ejercicio 2023-2024. El aumento de las cotizaciones compensó las caídas de volumen que se registraron en algunos meses de la temporada anterior.

El comportamiento también fue diferente según la clase de producto y el tipo de lote. En las cifras acumuladas hasta febrero de 2026, los microlotes de café oro alcanzaron un precio promedio de USD 34,77 por kilogramo. Los nanolotes promediaron USD 14,07 por kilogramo y los demás lotes, USD 7,26.

Más de la mitad de los menores en República Dominicana sufrió violencia en la crianza, según un estudio divulgado este lunes por Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en Santo Domingo.

La investigación indicó que el 54.9% de la población de entre uno y 14 años padeció alguna forma de violencia durante la crianza. El porcentaje asciende al 72% entre quienes tienen algún tipo de discapacidad.

El informe, titulado Estudio sobre los determinantes asociados al castigo físico y la violencia psicológica contra niñas, niños y adolescentes en el hogar en República Dominicana, busca impulsar el debate público sobre la eliminación de estas prácticas, informó la agencia EFE.

La representante adjunta de Unicef en República Dominicana, Anyoli Sanabria, señaló que los casos abarcan conductas que exceden una reprimenda. Mencionó azotes, quemaduras, choques eléctricos y agresiones psicológicas.

“Esto es muy duro, esto es muy difícil de cambiar porque está arraigado en las normas sociales”, afirmó Sanabria. “Tenemos que empezar a hacer algo diferente, porque lo que estamos haciendo no está dando resultados”, añadió.

Golpes, objetos y posturas forzadas entre las prácticas relevadas

El estudio se basó en una investigación cualitativa realizada en Boca Chica, Barahona, Haina y Yamasá. Unicef seleccionó esos cuatro municipios según indicadores de prevalencia de violencia, criterios programáticos y condiciones territoriales.

Los testimonios recogidos describieron formas de castigo físico que incluyen golpes con la mano y el uso de objetos cotidianos, como chanclas, varas, ramas, correas, mangueras, cables, peinetas, cucharas y platos.

El informe también registró la imposición de posturas forzadas. Entre ellas, la obligación de arrodillarse sobre superficies duras durante horas, en algunos casos con objetos colocados sobre el cuerpo.

Para Sanabria, la violencia atraviesa a todos los grupos sociales, aunque se presenta con una frecuencia algo mayor entre las familias con menos recursos. La funcionaria sostuvo que estas conductas reciben influencia de creencias religiosas, presión comunitaria, factores psicológicos, mensajes institucionales, medios de comunicación y redes sociales.

Los gritos y las humillaciones también forman parte de la violencia

La investigación identifica a la violencia psicológica como una práctica extendida en los hogares. Los menores refirieron gritos, amenazas de golpes o abandono y expresiones ofensivas, entre ellas: “No sirves para nada”, “No vas a ser nadie” o “¿Para qué te tuve?”.

Según el documento, esas frases pueden provocar consecuencias profundas en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

Sanabria sostuvo que muchos adultos presentan esos métodos como una forma de corrección. “La violencia se esconde detrás de la palabra ‘corrección’ cuando en realidad es ‘maltrato’”, afirmó.

La representante adjunta de Unicef agregó que persiste una narrativa que justifica esas prácticas, pese a que parte de la población declara rechazarlas. Según su explicación, los episodios suelen ocurrir en espacios privados y pueden relacionarse también con prejuicios raciales o contra la orientación sexual de los menores.

Cinco líneas de acción para erradicar el maltrato

El estudio propone cinco recomendaciones para actuar en los planos legal, institucional, comunitario, interpersonal e individual. La meta es eliminar la violencia como método de crianza y promover formas de cuidado sin castigos físicos ni agresiones verbales.

El documento advierte que estas prácticas pueden reproducirse durante la vida adulta y derivar en nuevas situaciones de violencia dentro de las familias, incluso contra los hijos y las mujeres.

Un sondeo de Cubanet retrató el malestar de ciudadanos cubanos ante la falta de alimentos, dinero y medicamentos.

“¿Se puede ser feliz en Cuba?”. La pregunta, planteada por Cubanet, portal cubano de noticias independiente, a transeúntes en un sondeo difundido por el medio, derivó en una serie de respuestas atravesadas por la escasez, los bajos ingresos, los cortes eléctricos y la falta de medicamentos.

La mayoría de los entrevistados vinculó la posibilidad de ser feliz con una crisis cotidiana que atribuyó al Gobierno y al sistema político de Cuba.

Algunos dijeron que sí era posible conservar la esperanza o intentar ser felices. Aun así, predominó una descripción de dificultades materiales que, según los participantes, condicionan la vida diaria en la isla.

Uno de ellos reaccionó con un chasquido de lengua antes de responder: “¿Con qué? Si no hay dinero. Es que tremenda hambre aquí”. Otro sostuvo que no encontraba motivos para hablar de felicidad ante la situación del país.

Una mujer afirmó que en Cuba “no hay nadie feliz” y dijo que su pensión de tres mil pesos no alcanza para cubrir sus necesidades. “Hasta este momento no se puede ser feliz”, señaló. En su testimonio, comparó el presente con una etapa anterior de su vida, cuando, según relató, podía trabajar y vivir en otras condiciones.

Hambre, electricidad e ingresos, los principales reclamos

La falta de alimentos fue uno de los temas más repetidos. Un entrevistado respondió que no podía haber felicidad por el “hambre, miseria, corriente, sin corriente, sin nada”. Otro dijo que nadie tiene espacio para pensar en la felicidad “por la situación en que estamos viviendo”.

Las referencias a los apagones se mezclaron con las dificultades económicas. Una persona resumió el problema en el alto costo de la vida y recordó que, en otro momento, el dinero tenía mayor valor. Hubo también quienes eligieron la risa o el silencio antes que una respuesta directa. “Mi risa te lo dice todo”, expresó una mujer ante la insistencia del periodista.

En medio de las respuestas negativas, dos entrevistados dejaron una postura distinta. Uno consideró que se puede ser feliz si se intenta asumir las dificultades “según como vienen” y se mantiene la expectativa de un cambio. Otra persona respondió primero de forma afirmativa, aunque luego matizó: “De la manera que estamos viviendo ahora, ya tú sabes, estamos un poco incómodos”.

Una mujer que inicialmente contestó “sí” corrigió su respuesta cuando se le pidió una explicación. “No lo sabes. Tú lo sabes igual que yo”, dijo antes de enumerar los problemas que, a su juicio, enfrenta la población: “El hambre que está pasando el pueblo cubano, el seco. No le dan nada. La bodega no viene nada. Ni medicina, nada, nada, nada”.

Los entrevistados responsabilizaron a los gobernantes y al sistema

Después de hablar sobre la falta de comida y recursos, el periodista preguntó a los participantes quién debía asumir la responsabilidad. Las respuestas apuntaron a figuras del poder cubano, al Gobierno y al sistema comunista.

Uno de los consultados responsabilizó a los Castro y afirmó que el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, recibió una estructura ya deteriorada. Otro dijo que los gobernantes concentran recursos mientras la población enfrenta carencias. Esas afirmaciones forman parte de los testimonios recogidos por el medio y no fueron acompañadas en el video por documentación adicional.

Una mujer fue más directa: “De los comunistas”, respondió cuando se le preguntó por la responsabilidad de la falta de felicidad. Luego relató que vende ajo para sostener a su familia y poder comprar carne de cerdo para su hija.

Según su testimonio, el precio de ese alimento se volvió difícil de afrontar. También afirmó que corre el riesgo de recibir una multa por realizar esa actividad. “Yo ando vendiendo ajo para poder luchar los tres pesos. Entonces, si me cogen vendiendo ajo, me pegan una multa”, explicó.

Otro participante atribuyó la situación “generalmente” al Gobierno, al que acusó de mantener restricciones que impiden una mejora de las condiciones económicas. “El propio gobierno es el que tiene todas las cosas cerradas así como están”, afirmó.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dio aval este lunes a una amnistía fiscal para 2026 que elimine multas, intereses y recargos, aunque mantenga intacta la obligación de pagar el capital adeudado por impuestos, derechos aduaneros y sanciones de tránsito.

Marvin Esaú Sorto, director general de Impuestos Internos, expuso ante la comisión que la medida tendría vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026 y permitiría regularizar obligaciones acumuladas hasta el 30 de septiembre de este año. El beneficio alcanzaría a personas naturales, empresas, cooperativas, asociaciones y sociedades de acciones simplificadas, según explicó el funcionario.

Sorto afirmó que el proyecto no busca favorecer a quienes evadieron impuestos, sino facilitar la regularización de contribuyentes que no lograron cumplir con sus obligaciones tributarias. “No venimos a pedir que se exonere el capital adeudado”, sostuvo durante la sesión. “Lo que venimos a pedir es que se le exonere de aquel castigo” correspondiente a multas, intereses y recargos.

La medida incluye deudas tributarias, aduaneras y multas de tránsito

La propuesta permitiría que los contribuyentes paguen el impuesto principal sin asumir las penalidades acumuladas por declaraciones omitidas, pagos incompletos, saldos a favor improcedentes o declaraciones presentadas sin cancelar el monto liquidado.

El alcance también incluye casos en fiscalización, procedimientos de audiencia y apertura a pruebas, recursos ante el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas, procesos en la jurisdicción contencioso-administrativa, expedientes ante la Fiscalía General de la República y acciones de amparo constitucional, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el decreto.

Según Sorto, los contribuyentes con procesos judiciales podrán desistir de manera total o parcial de sus reclamos para acogerse al beneficio. En esos casos, deberán presentar el desistimiento ante la instancia correspondiente y luego tramitar un acuerdo de pago ante la Dirección General de Tesorería.

La iniciativa abarca además obligaciones aduaneras. Podrán acogerse quienes no presentaron declaraciones de mercancías, incurrieron en omisiones o inexactitudes, o dejaron pendientes el pago de derechos arancelarios a la importación y otros tributos vinculados con operaciones de comercio exterior.

El proyecto también contempla las retenciones y percepciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios —el IVA— y las retenciones del impuesto sobre la renta. Sorto señaló que, en esos casos, la normativa prevé multas equivalentes al 100% de los montos retenidos y no enterados al fisco.

Las multas de tránsito no se eliminarían, pero sí sus recargos

La amnistía no perdonaría la multa impuesta por una violación a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El beneficio se limitaría a los intereses y recargos generados por el impago de esas sanciones. La misma regla aplicaría a multas establecidas por otras instituciones públicas: el infractor deberá pagar el monto principal, aunque podría quedar exento de cargos adicionales.

“En ningún momento el Ministerio de Hacienda está solicitando la exoneración de multas a los que han sido infraccionados”, afirmó Sorto. La cartera prevé coordinar la aplicación de la medida con el Viceministerio de Transporte, la Dirección General de Tesorería y otras entidades que intervienen en el cobro de sanciones.

El pago podrá hacerse en nueve cuotas sin intereses

Los contribuyentes que no dispongan de recursos para cancelar la deuda en un solo pago podrán solicitar un plan de hasta nueve cuotas mensuales. La primera deberá equivaler al 10% del impuesto complementario adeudado y el saldo se distribuirá en ocho pagos sucesivos.

Durante ese período, el acuerdo no generaría multas ni intereses, a diferencia de los planes ordinarios de pago previstos en el Código Tributario. Si el contribuyente incumple una de las cuotas, perderá el beneficio de la amnistía y Hacienda reactivará el cobro de las penalidades, explicó Sorto.

La medida también permitiría regularizar sociedades inactivas, entidades que no presentaron declaraciones en cero y empresas que necesitan actualizar datos ante la administración tributaria, como el domicilio para notificaciones o el nombramiento de un auditor fiscal.

Sorto señaló que un emprendedor que omitió declaraciones por desconocimiento, un trabajador que no presentó su primera declaración de renta o un pequeño negocio que no enteró retenciones podrán ponerse al día mediante este mecanismo.

Hacienda atribuye el mayor alcance de la amnistía a pequeños contribuyentes

La amnistía fiscal de 2025 benefició a 56.195 contribuyentes, indicó Sorto. Según los datos expuestos ante la comisión, el 71% de la recaudación obtenida durante esa medida provino de pequeños contribuyentes; el 15%, de medianos, y el 14%, de grandes contribuyentes.

El funcionario también afirmó que la amnistía anterior dejó “más de $ 60 millones” que, según la visión del Ministerio de Hacienda, los beneficiarios destinaron a la economía nacional en lugar de pagar multas e intereses.

La Unidad de Exiliados Nicaragüenses pidió este lunes que la justicia de Costa Rica aplique la pena máxima prevista por la ley en el proceso por el atentado armado contra sus fundadores, Joao Maldonado y Nadia Robleto, y que la investigación avance sobre todos los posibles responsables.

La pareja sobrevivió al ataque del 10 de enero de 2024 en San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica, aunque ambos quedaron con secuelas físicas y emocionales. En la antesala del juicio, las víctimas sostienen que una sentencia contra el acusado no debería cerrar el caso si todavía existen dudas sobre la planificación, coordinación y ejecución del crimen.

Maldonado y Robleto, junto con organizaciones de derechos humanos, también reclamaron que las autoridades costarricenses analicen el atentado en el contexto de las denuncias de persecución contra opositores nicaragüenses fuera de Nicaragua.

Las víctimas declararán de forma virtual ante la justicia costarricense

Según información difundida por el Colectivo Nicaragua Nunca Más, el juicio comenzará el 6 de julio de 2026 en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea. La audiencia estaba prevista para cinco días, aunque el plazo podía extenderse de acuerdo con el desarrollo del debate.

Maldonado tenía previsto declarar el 7 de julio y Robleto, el 8, ambos por vía virtual. Para la pareja, las comparecencias implican volver sobre una agresión que dejó consecuencias en su vida cotidiana.

“Estamos agradecidos con Dios por estar con vida. Ante la magnitud del atentado logramos sobrevivir y eso nos da la oportunidad de dar testimonio de lo que nos pasó”, afirmó Maldonado, según el colectivo.

Un acusado enfrenta cargos por tentativa de homicidio calificado

El proceso judicial tiene como acusado a Jeremy Jacob Rivas Núñez. El abogado de las víctimas, Marlon Antonio Medina Robleto, presentó una querella ante la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos por dos presuntos delitos de tentativa de homicidio calificado contra Maldonado y Robleto.

Maldonado afirmó que la Fiscalía y la representación legal de las víctimas presentaron elementos que, a su juicio, sostienen la acusación durante una audiencia celebrada el 15 de abril de 2026.

“Las pruebas son contundentes. El procedimiento se desarrolló con normalidad y la querella presentada por nuestro abogado fue sólida”, señaló.

Las organizaciones reclaman protección para los exiliados nicaragüenses

Las víctimas pidieron que el atentado sea analizado dentro de las denuncias sobre acciones contra opositores nicaragüenses que viven fuera de su país. Maldonado mencionó el asesinato en Costa Rica del mayor en retiro Roberto Danilo Samcam Ruiz como un hecho que, según planteó, evidencia los riesgos que enfrenta la comunidad exiliada.

“Queremos que Costa Rica vaya a fondo, que las investigaciones no se queden únicamente en la parte material, sino que alcancen a quienes estuvieron detrás del atentado. La impunidad expone mucho más a la población nicaragüense exiliada”, manifestó.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más solicitó al Poder Judicial y al Ministerio Público de Costa Rica que garanticen un juicio independiente, respetuoso del debido proceso y con medidas de protección para Maldonado, Robleto y otros nicaragüenses que denuncian persecución en el exilio.

También pidió el acompañamiento de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil durante el proceso.