Tuvo la feliz idea en un viaje a Tokio. Vio algo que le gustó y, cuando tuvo poder suficiente como presidenta de la Comunidad de Madrid, ordenó imitarlo. Lo había visto también en las películas. Con dinero público –14 millones de euros– se construyó un campo de golf en Chamberí, un distrito céntrico de la capital. Los vecinos nunca lo pidieron y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, era compañero de partido y enemigo íntimo de Esperanza Aguirre, denegó la licencia. El Ejecutivo autonómico aprobó entonces una declaración de interés público para salvar el veto municipal y siguió adelante con la obra. En el camino de aquel proyecto excéntrico se perdieron algunos millones de euros que acabaron en manos de familiares de su vicepresidente, Ignacio González.

El feo asunto, uno más y no el más grave del mandato de Aguirre, acabó en los tribunales. La Fiscalía Anticorrupción pide ahora penas de cárcel para varios ex altos cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos González, y para algunos empresarios que se lucraron con la ejecución de aquella idea de la presidenta.

La autora intelectual del proyecto sale sin daño del embrollo judicial. Acudió como testigo al juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Defendió la presunción de inocencia de quién fue durante años su principal colaborador, Ignacio González, y alabó su idea copiada de Tokio y de las películas de abrir un campo de golf en el centro de la ciudad: “Mejor eso que un helipuerto que solo utilizaba José Bono para ir a su casa”, le contó al tribunal. Sobre los “chanchullos” en la ejecución de la obra, Aguirre no recordaba nada. Sobre el negocio corrupto, Aguirre nunca supo nada. Se enteró de todo por los periódicos, según confesó.  

Esperanza Aguirre atesora el gran mérito de seguir indemne tras haber sido la presidenta del Gobierno más corrupto en la historia de la Comunidad de Madrid.

Su asistente, viceconsejero y consejero de Deportes, Alberto López Viejo, fue condenado en el caso Gürtel a 27 años de cárcel por sus negocios corruptos con la trama que lideraba Francisco Correa. Esa red delictiva logró decenas de contratos a dedo en la Comunidad de Madrid que presidió Aguirre.

Su vicepresidente y consejero de Justicia, Alfredo Prada, fue condenado a siete años de cárcel por prevaricación y malversación de fondos públicos en la construcción del Campus de la Justicia. 

El expresidente Ignacio González, número dos de Aguirre durante su último mandato y su heredero cuando dejó el cargo, está procesado en varias causas de corrupción y estuvo encarcelado nueve meses en 2018 por uno de los casos.

Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y ex consejero de Transportes y de Presidencia, ha sido condenado en dos causas distintas por amaños de contratos y revelación de secretos. Además, está procesado por la financiación ilegal del PP de Madrid en una pieza separada del caso Púnica.

La Audiencia Nacional mantuvo unos meses imputada a Esperanza Aguirre como presidenta del PP de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y de la fundación del PP-Madrid, Fundescam. En estas tres instituciones presididas por Aguirre, la investigación judicial detectó numerosas irregularidades delictivas por los que están procesados tanto el gerente del PP, Beltrán Gutiérrez, como el secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados y la directora general de Medios de la Comunidad de Madrid.

Durante la investigación del caso, la Fiscalía Anticorrupción no halló a ningún responsable político que declarara o probara que Aguirre conocía las irregularidades en los tres órganos que presidía. El juez, previa petición del fiscal, desimputó a la expresidenta madrileña.  

Esperanza Aguirre estuvo imputada en 2014 por un delito de desobediencia. Se dio a la fuga mientras unos agentes de movilidad intentaban multarla tras aparcar con su coche en un carril bus de la Gran Vía para sacar dinero de un cajero automático. El vehículo de Aguirre derribó en la escapada una motocicleta aparcada de uno de los agentes.

Para buscar ayuda en aquella causa que amenazaba su futuro político como candidata a la alcaldía de Madrid, la dirigente del PP se reunió con el decano de los juzgados de Plaza Castilla, José Luis González Armengol, y con el comisario de policía José Manuel Villarejo, uno de los jefes principales de la mafia policial que entre 2012 y 2016 perpetró numerosas operaciones ilegales contra los adversarios políticos del Gobierno del PP.

En esa reunión, grabada por Villarejo, la imputada por desobediencia reclamó apoyo al comisario de Policía, personado como acusación popular contra Aguirre.

Esperanza Aguirre: La clave para mí es que tú no pidas diligencias.

Villarejo: Confía... Nosotros no vamos a pedir nada. O sea, nosotros lo que... Vamos, yo te voy a plantear dos opciones.

Esperanza Aguirre: No, no. La opción es... Cuando yo declare, si es que declaro, o si no declaro... A la vista de lo que hay, no pedir nada más. Eso es lo ideal.

Villarejo: No pedir nada más. E incluso nosotros decir: «A la vista de la declaración de la señora... tal, nosotros no... consideremos que ya está suficientemente aclarado y no pedimos...» Con lo cual, si nosotros no pedimos, que somos la acusación, nadie va a pedir.

Villarejo: Esto no se lo digas a tus abogados. A tus abogados diles que nosotros somos unos hijos de puta y unos duros... Porque los abogados largan mucho.

Esperanza Aguirre: No, no. A mis abogados no les digo nada.

Aguirre evitó el juicio porque entró en vigor una reforma del Código penal aprobada por el Gobierno del PP en julio de 2015 que despenalizaba ese tipo de faltas.

Con estos antecedentes judiciales -el núcleo de su Gobierno condenado o procesado por corrupción y ella misma imputada en varias causas de las que se libró in extremis- cualquier persona se habría retirado avergonzada de la actividad política. Cualquier persona menos Esperanza Aguirre, que sigue dando lecciones de ética desde diarios de sesgo conservador, como The Objective. La comentarista política escribió hace poco en ese medio: “Cuando se descubre que un colaborador ha delinquido, lo lógico y lo honesto es dimitir del puesto en el que te han colocado los ciudadanos, como hizo Willy Brandt y como hice yo, cuando fue detenido el que había sido mi vicepresidente en la Comunidad de Madrid, y eso que, casi nueve años después, aún no sé por qué le detuvieron”.

Aguirre no sabe (eso dice) por qué detuvieron y encarcelaron a Ignacio González. Eso le llevó a dimitir de sus cargos en 2018. Pero muchos años antes, desde febrero de 2009, gran parte de su equipo de colaboradores principales había sido imputado por corrupción vinculada a la gestión del Gobierno que ella misma presidía. Y nunca dimitió del puesto en el que le habían colocado los ciudadanos.

Con la solemnidad que envuelve a los discursos históricos, el profesor Manuel García-Pelayo defendió el 12 de julio de 1980 la idea de que el recién creado Tribunal Constitucional debía garantizar que la Política se sometía al Derecho y no al contrario. Elegido primer presidente de ese órgano, García Pelayo expresó en aquel acto inaugural sus prevenciones: “Si la jurisdicción constitucional es un desarrollo lógico y un perfeccionamiento técnico de la idea del Estado de Derecho, esta jurisdicción implica necesariamente un alto grado de sumisión de la Política al Derecho. Asegurar esta sumisión y no producir decisiones políticas en forma jurisdiccional es la delicada y alta tarea que se nos ha encomendado”.

Y avisó de los peligros que amenazaban al Constitucional: “Unos y otros hemos de renunciar a la tentación de hacer del Tribunal un órgano político, desvirtuando su auténtica naturaleza (…) Nuestras decisiones, aun elaboradas y fundamentadas en estrictos criterios jurídicos, tendrán efectos políticos tanto respecto a la acción del Estado como con respecto a las posiciones del poder de los distintos grupos políticos, pero esos efectos serán consecuencia necesaria del juego de las normas, nunca producto de una deliberada decisión política del Tribunal”.

El mandato de García Pelayo se prolongó de 1980 a 1986. En esos primeros seis años de vida del Constitucional, el presidente intentó demostrar imparcialidad de juicio. Con su voto de calidad avaló el decreto Ley de expropiación forzosa de Rumasa y rechazó por inconstitucional la Ley del Aborto, dos decisiones clave del primer Gobierno socialista.  

Cuarenta y seis años después, unos y otros (PSOE y PP) han cedido a la tentación. Ambos partidos trabajan intensamente para hacer del Constitucional un órgano político, desvirtuando así su auténtica naturaleza.

Cuando al Gobierno de Pedro Sánchez le tocó elegir a dos magistrados para renovar el Constitucional, designó a quienes habían sido ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y directora general de Asuntos Constitucionales, Laura Díez.

Muchos antes de aquellos controvertidos nombramientos, el PP había situado ya en el Tribunal a su diputado nacional más antiabortista, Andrés Ollero, y a un juez conservador, Enrique López, habitual de los eventos de FAES. López acabó como consejero de Justicia en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras dimitir como magistrado del Constitucional al ser condenado por conducir una moto ebrio -cuadruplicaba la tase de alcohol permitido- sin casco y saltándose un semáforo a las cinco de la madrugada en el Paseo de la Castellana. Hoy López aspira a magistrado de la sala penal del Supremo, dominada desde hace 25 años por la derecha judicial.

Con esos mimbres a uno y otro lado del Constitucional, es inevitable la sensación de que el Tribunal produce “decisiones políticas en forma jurisdiccional”, el riesgo anunciado muchos años antes por el profesor García-Pelayo.

Filibusterismo parlamentario

El Partido Popular ha tomado ahora la iniciativa en la batalla por el control de ese órgano clave para el funcionamiento de la democracia en España. Desde su poder absoluto en el Senado, la formación conservadora pretende someter el Derecho a la Política mediante un ejercicio de filibusterismo por el cual bloquea desde hace 10 meses la obligatoria renovación del Tribunal que corresponde a la Cámara Alta. Ha evitado así -o aplazado al menos- que una mayoría de magistrados de sensibilidad progresista siga controlando el Constitucional durante los próximos tres años.

Con esta maniobra de obstruccionismo parlamentario, el PP gana tiempo para intentar que las urnas del 29 de noviembre le premien con escaños suficientes ante una renovación del Constitucional que podrían decidir a su favor desde una posición más hegemónica en el Senado.

El PP incumple el mandato de la Constitución al bloquear la renovación de cuatro plazas del Tribunal cuya elección corresponde a la Cámara Alta. En una situación normal, el Senado habría designado hace 10 meses a dos magistrados elegidos por el PP y otros dos por el PSOE. De esa manera, el Constitucional funcionaría los próximos tres años con la misma mayoría que tiene ahora (siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores).  

El mandato de cada uno de los 12 magistrados dura nueve años. Este órgano se renueva por tercios (cuatro magistrados cada tres años). Un tercio le corresponde al Congreso, otro al Senado, dos magistrados son de elección directa del Gobierno central y otros dos corresponden al Consejo General del Poder Judicial. Todas las elecciones, salvo la directa del Ejecutivo, se hacen con mayorías cualificadas lo que obliga a un consenso que, históricamente, ha dado como resultado un Tribunal de fuerzas equilibradas, pero con una suficiente mayoría conservadora o progresista. Siempre un desequilibrio mínimo (siete frente a cinco) decidido por el momento cada nueve años en que al Gobierno de turno le toca nombrar a dos de los 12 magistrados.

El PP tiene ahora 143 de los 266 senadores de la Cámara Alta, a sólo 17 escaños de los 3/5 necesarios (160) para no tener que repartirse con el PSOE las cuatro plazas del Constitucional que hay que renovar. Con diferentes excusas, a cual más pintoresca, el PP se ha negado hasta ahora a la renovación obligada por la Constitución. Su artículo 159.3 establece que los miembros del Tribunal Constitucional son designados por un período de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres años. Es la primera vez que se incumple ese mandato constitucional. El bloqueo ha llegado siempre de la mano del PP en 2007, 2019, 2022 y 2026.

El Gobierno de Pedro Sánchez sufrió durante sus primeros cinco años de mandato (2018 a 2023) a un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora y a la contra que le tumbó varios decretos ley, algunos tan simbólicos como los que establecían distintas medidas de excepción para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

Pero con el nombramiento de los dos magistrados que le correspondían al Gobierno, las tornas cambiaron en el Tribunal Constitucional y con una mayoría absoluta de magistrados progresistas se desatascaron algunos conflictos mayores. Trece años después, el Constitucional desestimó el recurso que el PP puso en 2010 contra la Ley del Aborto, con el voto en contra de los magistrados conservadores. También se anularon sentencias del Supremo, aprobadas por la mayoría de la derecha judicial en ese órgano, que condenaron a cárcel al expresidente andaluz, José Antonio Griñán, por los ERE; o que sacaron del Congreso al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez.  Además, el actual Tribunal Constitucional avaló la Ley de Amnistía pese al recurso del Supremo; derogó el pronunciamiento del mismo órgano que juzgó el proceso secesionista catalán y que consideró no amnistiable el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes independentistas.

La Sala de lo Penal del Supremo, corregida en sentencias clave, ha reaccionado acatando las resoluciones del Constitucional pero sin respetarlas. Manuel Marchena, magistrado de esa sala que presidió durante 10 años, firmó un auto donde considera una injerencia intolerable y una invasión de sus competencias estas resoluciones del Tribunal de garantías, al que acusa de incumplir su propia jurisprudencia. El Constitucional recuerda al Supremo que la Ley impide que sus sentencias sean criticadas o censuradas por otros órganos judiciales.

Pacto entre Feijóo y Abascal para el Senado

En esta situación de grave fractura entre instituciones clave, las elecciones generales del próximo 29 de noviembre tienen una batalla crucial a la que los principales partidos le han dado prioridad absoluta. El control del Tribunal Constitucional a través de la renovación de cuatro magistrados que corresponde al Senado es el objetivo de las estrategias de los grandes partidos.

El PSOE ha suscrito una alianza con el Frente Amplio sólo para las candidaturas del Senado con el objetivo de evitar una mayoría aplastante del PP que permita a este partido elegir a los cuatro magistrados cuya designación sigue pendiente desde hace 10 meses en la Cámara Alta.

El PP se dispone, una vez más, a sellar otro pacto con Vox. En este caso se trataría de sumar fuerzas en las listas del Senado. Atrás quedaron todos los recelos que durante años han expresado los líderes conservadores respecto a la ultraderecha que dirige Abascal. Hay un objetivo mayor: el control del Tribunal Constitucional durante el próximo sexenio.