La patronal CEOE finalmente no impugnará la convocatoria de la huelga general por la vivienda antes de su celebración, el próximo 11 de noviembre, confirman a elDiario.es fuentes de la organización empresarial. El marco que se impone, por tanto, es el de la legalidad del paro, pese a lo que había expresado su líder, Antonio Garamendi.

El empresario vasco afirmó hace unos días que la huelga era “electoral” y confirmó que la patronal la impugnaría en los tribunales.

Sin embargo, preguntada por la fecha de impugnación del paro, desde la CEOE responden a este medio que no se va a recurrir “antes de la huelga”.

Es decir, que no se impugnará previamente su convocatoria, sin cuestionar así la legalidad de la misma, que los sindicatos han vinculado con la vivienda, pero también con varios elementos puramente laborales, como la subida de salarios, las horas extra ilegales y los beneficios empresariales récord.

Los empresarios confían en que la huelga sea “pacífica”

La CEOE recuerdan que su visión sobre la huelga es que los empresarios son los “paganos o damnificados” de una huelga que va contra algo que no es su responsabilidad, consideran, que es el tema de la vivienda.

La organización empresarial afirma que “también existe un derecho al trabajo, a unos servicios mínimos garantizados y confiar en que la huelga suceda de una forma pacífica y cívica”.

“A partir de ahí, haremos un seguimiento de la misma y en función de lo que ocurra adoptaremos las medidas que correspondan”, añaden en la CEOE, con lo que no cierran la puerta a una posible acción judicial a posteriori.

Por su parte, este jueves, desde los sindicatos mayoritarios se ha lanzado una advertencia a las empresas para no utilicen el teletrabajo como “esquirolaje moderno” el 11N.

Los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han recordado que la huelga del 11N señala también a la patronal, a la que exigen que se siente a negociar el gran acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC), con el que reclaman dar un empujón a los salarios de entre el 4% y el 7% anual los próximos tres años.

Los sindicatos están organizando la huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre con un elemento que no existía en los pasados paros generales de más calado: el teletrabajo. En CCOO reconocen que es un factor difícil “de controlar” aunque advierten a las empresas de que no utilicen el teletrabajo como una forma de “esquirolaje moderno”, ha afirmado este jueves Lucho Palazzo Gallo, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) del sindicato.

Esta federación de CCOO y la de Movilidad de UGT han presentado este jueves una propuesta de servicios mínimos de transportes para el paro general del 11N, con la petición expresa al ministro Óscar Puente de que los negocie y no los imponga.

Los sindicatos piden así evitar niveles abusivos de otros precedentes, como la huelga y paros del 8M, que fueron recurridos por las organizaciones de trabajadores y tumbados a posteriori por los tribunales.

“Hay que garantizar servicios esenciales básicos, pero no puede ser como un día normal. Es un derecho constitucional de huelga y hay que garantizarlo”, ha afirmado Ricardo Casas Tinahones, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT. 

En este contexto, los sindicatos son conscientes de la posibilidad de que el teletrabajo juegue un papel ese día –que antes de la pandemia no existía por su nimia extensión– para trabajar y evitar las incidencias en el transporte, los piquetes o posibles conflictos ese día.

Los sindicatos estarán “vigilantes”

“Estaremos pendiente y vigilantes”, ha afirmado Lucho Palazzo aunque ha reconocido que “no es fácil en estos tiempos controlar” estas maniobras. “Pero hacemos un llamamiento a la responsabilidad. Esto es una expresión democrática, constitucional, el derecho a la huelga y todos los actores que confluyen ese día deben garantizar que ese derecho se pueda ejercer en las mejores condiciones”, ha firmado el responsable de CCOO.

“Vamos a suponer la buena fe, y vamos a pensar en que no va a haber un esquirolaje tecnológico”, ha añadido el sindicalista.

Aunque la mayoría de puestos de trabajo no pueden realizarse a distancia, alrededor de 7 de cada 10, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H) del INE, hay alrededor de un 30% de los trabajadores que afirman que realizan tareas que pueden ejecutarse a distancia.

En la actualidad, teletrabajan en España algo más de 3,4 millones de personas en España, de manera ocasional o “más de la mitad de los días de la semana”, según los datos de la EPA de 2025. Se trata de máximos históricos por encima de la pandemia.

Este número podría ser mucho mayor, destaca un reciente informe el sindicato UGT. Dado el número de quienes afirman que podrían trabajar a distancia y quienes realmente lo hacen, hay más de 3,4 millones de personas que podrían teletrabajar, pero a las que no se lo permiten sus empresas.

Los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios de país, CCOO (Unai Sordo) y UGT (Pepe Álvarez), han emplazado a los partidos, y en especial a la derecha de PP y VOX, a hablar con “valentía” y transparencia de sus propuestas de cara a las elecciones generales. “Sin ocultar” sus verdaderos planes sobre pensiones a la ciudadanía, ha exigido Sordo, como un recorte en las pensiones o la propuesta de sistemas mixtos de capitalización, que supondría “pensiones públicas de pobreza”, ha advertido el sindicalista.

Los dos líderes sindicales han sido entrevistados este jueves en Los Desayunos de TVE y la agencia EFE, a propósito de la próxima huelga general por la vivienda del 11 de noviembre, que han emplazado a secundar a todos los trabajadores y trabajadoras, así como a participar masivamente en las manifestaciones que se convocarán por la tarde en todo el país para reclamar un cambio en las políticas de vivienda.

También, para exigir a la patronal salarios dignos, en una movilización que también señala a los empresarios, han destacado Sordo y Álvarez. Los líderes sindicales han exigido a CEOE que se siente a negociar el gran acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC), con el que reclaman dar un empujón a los salarios de entre el 4% y el 7% anual los próximos tres años. Además, piden al Gobierno un alza del salario mínimo del 7% este año y que saque adelante sus compromisos de endurecer el registro horario y acabar con la absorción de pluses en la subida del SMI.

En el contexto previo a las elecciones del 29 de noviembre, los líderes de CCOO y UGT han desmarcado el paro general de la convocatoria de los comicios por el presidente Pedro Sánchez y lo han situado como una respuesta a la movilización masiva de la ciudadanía tras el desahucio de Maricarmen Abascal.

“Nos arrastra la sociedad”, ha respondido Pepe Álvarez, que al igual que Sordo ha explicado que los sindicatos han leído la necesidad de ser parte de esta gran movilización ciudadana por uno de los principales problemas del país, el acceso a la vivienda, que también llevan años denunciando.

El debate de las pensiones, en primera línea

Sin embargo, los líderes sindicales también han defendido la necesidad de debatir y exigir respuestas a los partidos de la derecha, PP y Vox, ante sus recientes críticas al sistema público de pensiones, que han dado por “quebrado” o en camino del colapso, con las declaraciones de “va a petar”, de Ester Muñoz (PP).

“¿Cómo no vamos a querer que influyan (las pensiones) en el debate de la campaña? Es que a mí me parece absurdo que alguien se plantee que en este país no hay que hablar de pensiones en campaña. ¿Por qué? Porque en realidad se quiere hacer lo que no quieren los ciudadanos y las ciudadanas”, ha sostenido Pepe Álvarez.

“Qué culpa tengo yo de que el Partido Popular se dedique a cuestionar el sistema público de pensiones o las condiciones de las bajas por contingencia común de las personas, diciendo que hay muchos jetas”, ha respondido también Unai Sordo sobre quienes acusan a los sindicatos de atacar a la oposición política más que al Gobierno.

Ambos dirigentes han advertido de que estas proclamas cuestionan el sistema público de pensiones y su sostenibilidad con el objetivo de recortarlo y de dar paso a sistemas mixtos, abriendo las puertas a la privatización. “Son intereses, en la mayoría de los casos, que obedecen a que hay un sector en nuestro país, que es el sector financiero, que no se resigna a que el pastel de las pensiones sea público y quiere su parte”, ha criticado el líder de UGT.

El secretario general de CCOO ha llamado por su parte a la derecha a “no ocultar” y “explicar” a la sociedad qué supondrían sistemas mixtos de pensiones, con una parte de capitalización individual, como los que está proponiendo abiertamente Vox.

“¿En qué va a consistir un sistema mixto? En una reducción de 30 puntos de la protección de las pensiones públicas y en abrir un espacio a la capitalización para que el que pueda meter dinero en sistemas privados lo meta, y el que no pueda va a tener pensiones de pobreza”, ha alertado Unai Sordo.

Alerta sobre el “peligro” de la ultraderecha

A propósito de la visita de Milei a España, próximo tanto al Vox de Santiago Abascal como al PP de Ayuso, por ejemplo, los dos líderes sindicales han advertido del peligro de la extrema derecha y el aumento de poder de esta, de cara a las próximas elecciones generales. Tanto en las pensiones públicas como en otros muchos derechos laborales en España, con propuestas como “el despido libre”, ha advertido Pepe Álvarez.

“Milei es un engendro que sitúa el alma de las nuevas extremas derechas, que están amenazando al mundo, que pueden fragmentar Europa, que nos pueden llevar a la guerra en un plazo relativamente corto de tiempo y que van a destruir, si alcanzan el poder, los marcos constituyentes alcanzados en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y en España 30 años después”, ha advertido Unai Sordo.

Tanto Álvarez como Sordo han situado el auge de la ultraderecha como “muy peligroso” y una amenaza para la democracia, así como han señalado el auge de grupos violentos, como el que intentó entrar en la acampada de Sol el pasado 12 de octubre.

“Y a mí me gustaría que la policía tuviera un poco de equidad a la hora de tratar el tema de las manifestaciones. Porque los vemos que se emplean muy a fondo con los profesores de Madrid y no los veo emplearse nada a fondo, aguantando aquellos energúmenos que no tenían permiso para manifestarse y que iban a molestar a personas que pacíficamente se estaban manifestando”, ha sostenido Pepe Álvarez.

Una de las mayores empresas de formación del país, Davante MasterD, comprada en 2020 por el fondo de inversión estadounidense KKR, anunció hace unos días su intención de aplicar un despido colectivo de 231 trabajadores y un “procedimiento para actualizar el modelo retributivo” de sus comerciales. Lo que no indicó la compañía de preparación de oposiciones y otros cursos formativos es la cascada de sanciones que está recibiendo de la Inspección de Trabajo en multitud de provincias, precisamente por sus comerciales, a los que ha considerado falsos autónomos, con un saldo exigido de más de 7 millones de euros.

Así consta en las propias cuentas de la compañía de 2025, disponibles a través de Insight View, con un beneficio de 16,8 millones de euros el año pasado respecto a los 24,9 millones de 2024. Los auditores, de la empresa Deloitte, llaman la atención sobre las actas de infracción y liquidación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las que informa la compañía en sus cuentas, por un importe total de 6,9 millones de euros, “relativas a las delegaciones comerciales de 14 provincias”.

El montante total exigido por la Inspección a Davante MasterD ahora es superior, ya que elDiario.es tiene constancia de más resoluciones de la Inspección de Trabajo este año. Por ejemplo, en Málaga y Sevilla, por las que solo en la liquidación de las cuotas impagadas por los comerciales falsos autónomos –por un periodo retroactivo de cuatro años– la Inspección reclama a la empresa de formación unos 864.300 euros y 607.600 euros, respectivamente.

Además, en ambas provincias hay actas de infracción, que acarrean multas económicas añadidas por esta infracción laboral, al igual que ha sucedido en las actuaciones de otras regiones del país, como Huelva, Tarragona, Burgos, Cádiz, Huesca y Ávila, entre otras.

En la comunicación del ERE, que afecta a casi el 20% de su plantilla (de un total de unos 1.200 empleados), y del cambio en el “modelo retributivo” de los comerciales, Davante MasterD no menciona esta campaña de regularizaciones y vincula ambos procesos “a la evolución de su modelo operativo y a la necesidad de adaptarse a cómo han cambiado las necesidades de alumnos y potenciales alumnos”.

En concreto, la empresa apunta a una “estrategia más amplia de modernización, eficiencia y adaptación a las demandas y necesidades actuales”, que en CCOO temen que tenga relación con la reciente aplicación de herramientas de IA (Inteligencia Artificial), de las que critican que apenas tienen información.

“Unos 200” comerciales regularizados y en aumento

elDiario.es ha preguntado a Davante MasterD por la cuantía total de falsos autónomos regularizados por la Inspección de Trabajo y el dinero que le reclama la entidad, pero la empresa no ha respondido al respecto.

En cualquier caso, fuentes de la empresa responden que “los procesos anunciados esta semana por MasterD no tienen relación con el eventual impacto económico de procedimientos previos y responden exclusivamente a razones técnicas y organizativas vinculadas a la evolución del modelo operativo de MasterD”.

Roberto Voto, secretario general de la sección sindical de CCOO en la empresa MasterD, explica que por el momento tienen constancia de “unos 200” comerciales en activo que han sido dados de alta por mandato de la Inspección, “aunque aún hay varias actuaciones pendientes de resolución”. Por ejemplo, “en Barcelona, donde hay muchísimos comerciales”, que ya han recibido los mensajes de alta de oficio de la Seguridad Social, así como “en Valencia”, añade el sindicalista.

CCOO destaca que hay también trabajadores regularizados que ya no está en activo en la empresa, de los últimos cuatro años, de los que desconoce el número. Roberto Voto calcula que al final de las actuaciones puede haber “más de 400” trabajadores regularizados y “alrededor de 30 millones de euros, entre cotizaciones y sanciones” por lo que considera “una actitud negligente de la empresa”.

Contratos laborales, pero con recorte de las comisiones

A raíz de la campaña de inspecciones laborales, y el aluvión de regularizaciones y sanciones, Davante MasterD optó a finales de 2025 por romper de manera unilateral los contratos mercantiles con todos sus comerciales y pasar a un modelo laboral en todas sus delegaciones.

Esta maniobra es recogida también por la empresa en sus cuentas de 2025, “aun manteniendo la convicción de que la relación mantenida con los mismos es estrictamente de índole mercantil” y su confianza en que puedan prosperar sus recursos presentados, apuntan.

Sin embargo, esta transformación masiva a trabajadores laborales no le ha evitado a Davante MasterD la sanción y regularización en la provincia de Málaga, ni Sevilla, además de las actuaciones que siguen en marcha, en las que la Inspección da de alta a los trabajadores no desde finales de 2025, como hizo la compañía, sino desde la fecha de inicio de actividad de cada trabajador, “siendo esta la fecha real del alta”, destacó la Inspección en Málaga.

En los nuevos contratos laborales facilitados por la empresa ahora se establecen nuevas comisiones “a la baja”, como explicaron varios comerciales a la Inspección en Málaga y confirma CCOO. “Cambiaron el sistema de comisiones tremendamente a la baja. Fue un sablazo, una pérdida económica enorme para estas personas”, sostiene Voto.

“Ese dinero que ya no ganan ellos ahora lo está ganando KKR”, destaca el representante de CCOO, que advierte de que muchos comerciales rechazaron estos contratos e iniciaron procesos judiciales contra la empresa por despidos improcedentes.

El sindicato denunció a la compañía por no abrir un procedimiento de modificación sustancial de las condiciones laborales de estos trabajadores, con una primera respuesta desfavorable por la Audiencia Nacional. No obstante, ahora la empresa ha planteado formalmente este procedimiento, para “mejorar el sistema retributivo y adaptarlo a la nueva realidad de trabajo, al tiempo que se da respuesta a una petición que nos venía haciendo la red comercial”, dicen en Davante MasterD.

“Empobrecimiento de la plantilla” para vender

CCOO denuncia el ERE anunciado y la rebaja de condiciones de los comerciales dentro de una maniobra más amplia de “empobrecimiento de la plantilla” para vender la empresa con el máximo beneficio posible. “KKR está preparando la venta. Ya nos dijeron cuando nos compraron, que compraban para vender”, afirma Roberto Voto, una práctica habitual de este tipo de fondos de inversión.

Hasta ahora ese empobrecimiento se había materializado en una devaluación de los salarios, con subidas por debajo del IPC y con la drástica reducción (e incluso desaparición) de los incentivos cuatrimestrales ligados a beneficios, que dieron lugar a movilizaciones y una huelga en 2025.

“Los últimos cuatro meses, los beneficios antes de impuestos han sido 6,9 millones de euros, con un 20,5% de rentabilidad, nada menos. Bueno, pues la gran mayoría de la plantilla vamos a cobrar cero euros de incentivos”, denuncia Voto. CCOO ya advierte de que iniciará movilizaciones en el contexto del procedimiento de ERE, que mantiene sumida en la “incertidumbre y mucho miedo” a gran parte de los trabajadores, lamenta. El despido colectivo empezará a negociarse el próximo 4 de noviembre.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto-ley que el Gobierno aprobó ayer con varias mejoras en prestaciones de la Seguridad Social en materia de viudedad, bajas especiales derivadas de la menopausia y catástrofes, así como para padres que cuidan a hijos con enfermedad grave y víctimas de violencia de género.

El real decreto-ley entra en vigor de manera general este mismo 21 de octubre, su fecha de publicación en el BOE, salvo algunas excepciones que están vigentes a partir del próximo mes o los próximos dos meses.

A continuación, se recogen algunos de los elementos más destacados del texto legal con las medidas anunciadas por la ministra Elma Saiz.

Pensiones de viudedad a parejas no formalizadas con hijos

El texto legal facilita el acceso a la pensión de viudedad a parejas no casadas ni formalizadas como parejas de hecho en el caso de tener hijos.

Así, queda establecido que “en el caso de que existan hijos en común únicamente será exigible el requisito de una convivencia estable y notoria durante un periodo de al menos dos años ininterrumpidos, con carácter inmediato al fallecimiento del causante”. Además, precisa que “dicha convivencia deberá ser acreditada mediante el correspondiente certificado de empadronamiento”.

Ventana de un año para pedirlo por fallecimientos anteriores

El decreto recoge que se reconocerá el derecho a la pensión de viudedad cuando, habiéndose producido el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja de hecho con anterioridad a la entrada en vigor del este real decreto-ley, concurran las siguientes circunstancias:

a) Que, a la muerte del causante, reuniendo este los requisitos exigidos, no se hubiera podido causar derecho a pensión de viudedad.

b) Que el beneficiario pueda acreditar en el momento de fallecimiento del causante la existencia de pareja de hecho, en los términos establecidos.

Para acceder a la pensión, “la correspondiente solicitud deberá ser presentada en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor” del real decreto-ley. Es decir, en el próximo año a partir de este 21 de octubre.

“La pensión reconocida tendrá efectos económicos desde el día primero del mes siguiente a la solicitud siempre que se cumplan todos los requisitos previstos en esta disposición”, recoge la ley.

Bajas especiales derivadas de la menopausia

Se regulan dos nuevos supuestos especiales de incapacidad temporal, que son situaciones con más protección, como la cobertura de la prestación desde el día siguiente a la baja, sin necesidad de cotización previa, y con una mayor cuantía: la prestación alcanza el 60% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja y el 75% a partir del día 20, recordó la ministra Saiz.

La ley recoge este nuevo supuesto especial de baja laboral para: “Aquellas en las que pueda encontrarse la mujer en caso de patología limitante por trastorno menopáusico secundario codificado a tal efecto, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo como consecuencia de dicha patología”.

Se trata así de una cobertura para patologías derivadas de la menopausia o “sintomatología incapacitante” derivada de esta, explican en el Ministerio de la Seguridad Social, como en el caso de las bajas por reglas especialmente dolorosas, que aprobó el Gobierno hace años.

Bajas especiales por lesiones derivadas de violencia machista

También se regula un nuevo supuesto especial de baja para las lesiones derivadas de violencia machista. En concreto, la regulación incluye a aquellas situaciones “en las que pueda encontrarse la mujer como consecuencia de lesiones causadas por el hombre que sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por relación similar de afectividad, aun sin convivencia, mientras reciba asistencia sanitaria y esté impedida para el trabajo como consecuencia de dichas lesiones”.

Para conseguir esta cobertura ampliada de baja, “será necesario que con anterioridad al alta médica por curación o mejoría hayan sido expedidos los documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial, orden de protección, resolución que acuerde una medida cautelar o informe del Ministerio Fiscal que recoja la existencia de indicios de violencia de género; o bien que se hubiera dictado sentencia condenatoria. El facultativo médico del Servicio Público de Salud identificará estas situaciones especiales mediante la correspondiente codificación”, recoge el texto legal.

Además, “en dichos documentos deberá figurar de forma expresa la relación de causalidad entre la lesión que dio lugar a la situación especial de incapacidad temporal y el acto de violencia que determina la condena, protección o inicio de la investigación”, precisa la ley.

Prestaciones por catástrofes como “accidentes de trabajo”

La ministra Saiz explicó se reforzaba también la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a acontecimientos de carácter extraordinario. “La experiencia derivada de las distintas catástrofes naturales y emergencias producidas en los últimos años ha puesto de manifiesto la conveniencia de establecer con carácter permanente la asimilación a contingencias profesionales de determinadas prestaciones cuando el hecho causante derive de una catástrofe extraordinaria, garantizando una respuesta homogénea, inmediata y previsible del sistema”, recoge la introducción del decreto.

Sin embargo, la forma legal para aprobarlo es la siguiente (que requiere de futuras aprobaciones de esta protección reforzada):

“En aquellas normas con rango de ley que se aprueben para dar una cobertura extraordinaria tras un suceso o acontecimiento catastrófico, podrá acordarse que las prestaciones de Seguridad Social, tales como incapacidad temporal, incapacidad permanente o muerte y supervivencia, sean asimiladas a contingencia profesional, mejorando así su cobertura”.

Aumenta el mínimo para huérfanos por violencia de género

Se incrementa el mínimo de la pensión de orfandad en caso de violencia de género. “Cuando el fallecimiento se hubiera producido por violencia contra la mujer, en los términos descritos en este artículo, el importe mínimo mensual de la pensión de orfandad será el equivalente al doble del salario mínimo interprofesional mensual vigente en cada momento. En el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta pensión, el importe conjunto de las mismas no podrá superar el importe de dicha cuantía”, recoge la ley.

Mejora del fondo para pensiones de alimentos impagadas

El Gobierno también ha facilitado el acceso y mejorado las ayudas del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que cubre a los hijos e hijas cuando uno de sus progenitores no paga la pensión de alimentos en caso de divorcio o separación.

Así, ha decidido triplicar el anticipo máximo del fondo de garantía del pago de alimentos, del que se encarga el Estado y que pasará de 100 a 300 euros mensuales. “Si la Unidad familiar estuviera integrada por varios beneficiarios este límite operará para cada uno de ellos”, recoge el texto. Y se alarga el tiempo durante el que puede percibirse, los 18 meses actuales, hasta “mientras exista la obligación de alimentos”.

Se eleva el límite de ingresos para poder acceder a este fondo, ahora marcado por la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y que pasa a definirse a partir del salario mínimo interprofesional (mucho más elevado), multiplicado por un coeficiente según el número de hijos.

Aumenta el mínimo de pensiones por terrorismo

El decreto modifica el parámetro de referencia para la determinación del importe mínimo de las pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo, sustituyendo el triple del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) por el doble del salario mínimo interprofesional, “que constituye un parámetro más acorde para garantizar un nivel suficiente de protección”, justifica el texto legal.

Se podrá cobrar la CUME más allá de los 26 años del hijo/a

La ministra Saiz explicó que la prestación CUME, para padres que reducen sus jornadas de trabajo para cuidar a hijos con cáncer u otras patologías graves, se extendía en varios supuestos. Entre ellos, destacó la posibilidad de percibirla más allá de 26 años y de forma simultánea, que el texto legal recoge así:

“Excepcionalmente se mantendrá el derecho a la reducción de jornada más allá de los 26 años en aquellos casos en los que la persona causante acredite una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o bien tenga reconocido el grado III de dependencia, siempre que persista la convivencia con la persona beneficiaria y continúen acreditándose las necesidades de cuidado directo, continuo y permanente en los términos y con la acreditación que se exigen en los párrafos anteriores”, apunta la ley.

Además, “este derecho podrá ser reconocido a favor de ambos progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores permanentes, por la misma persona causante, de forma alternativa o simultánea”.

Para consultar todo el real decreto-ley, puede acceder aquí.

El Gobierno ha confirmado a los sindicatos que aprobará la subida salarial comprometida para los empleados públicos, del 4,5% para 2027, explican en CCOO, UGT y CSIF tras una reunión mantenida esta tarde con el Ministerio de Función Pública. Fuentes del departamento de Óscar López recuerdan que el incremento salarial “ya estaba acordado” y que el ministro había afirmado que el Gobierno cumpliría con el pacto.

Las centrales sindicales sostienen que el Ejecutivo no se ha comprometido con una fecha concreta sobre su aprobación. Es decir, sobre si será antes de las elecciones del 29 de noviembre o después de estas, estando ya en funciones, pero indican que el Ministerio de Óscar López les ha garantizado que esta medida saldrá adelante.

A comienzos de mes, López afirmó en un acto que “este Gobierno ha cumplido y va a cumplir con sus compromisos”. “Hicimos un acuerdo con las principales centrales sindicales de este país para mejorar el poder adquisitivo de los servidores públicos. Estamos hablando de 3,5 millones de personas y cumpliremos con ello. Ya daremos más detalle concreto de fechas y procedimientos, pero cumpliremos con ese compromiso”, apuntó.

Los sindicatos piden su aprobación antes de las elecciones

Los tres sindicatos explican que han pedido a Función Pública que el Gobierno apruebe el aumento salarial de los trabajadores públicos antes de entrar en funciones. Es decir, antes de los comicios generales del 29N.

Los representantes del personal público argumentan que, dado que la subida salarial ya está pactada, la aprobación daría más seguridad a los trabajadores, sostienen en CCOO y UGT. Mientras, en CSIF también se decantan por esta opción “para evitar retrasos”, sostienen.

Además, CCOO, UGT y CSIF exigen al Ejecutivo que apruebe otros compromisos del Acuerdo Marco de 2025 que están pendientes. Entre ellas, “avanzar en la eliminación y/o modificación del actual modelo de tasa de reposición, la actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio, la mejora de las condiciones del personal destinado en el Servicio Exterior y la modificación de la normativa reguladora del Observatorio del Empleo Público”, cita CCOO.

No hay que obviar que el compromiso de aumento salarial se ha adquirido con el actual Gobierno de coalición y que, aunque está suscrito con los tres principales sindicatos del personal público del país, hay quien teme que un eventual cambio de signo en La Moncloa pudiera dar al traste con el pacto.

En las reuniones mantenidas esta tarde, también se ha abordado la negociación que mantiene el Gobierno con las Comunidades Autónomas para reducir la excesiva temporalidad de las administraciones públicas, concentrada sobre todo en las administraciones locales y regionales. El Ejecutivo estudia varios cambios legales ante el procedimiento sancionador abierto por Bruselas a España, que puede acarrear una multa para el país.

Una subida salarial pactada el año pasado

Este aumento salarial, del 4,5% para 2027, se pactó en noviembre del año pasado entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, con un acuerdo para varios años, desde 2025 a 2028, con más materias además del incremento de las remuneraciones.

Dado que en los últimos años los Presupuestos Generales del Estado están siendo prorrogados, el aumento salarial de los empleados públicos requiere una norma legal. El año pasado se aprobó vía real decreto-ley el 2 de diciembre y fue respaldada por la mayoría del Congreso de los Diputados unos días después, con el respaldo del PP.

Además, los sindicatos recuerdan que hay otro compromiso de aumento salarial para los empleados públicos que el próximo Gobierno tendrá que autorizar: un 0,5% de subida adicional para 2026 debido a la inflación de este ejercicio. En este caso, los sindicatos explican que es un incremento ya aprobado, en el real decreto-ley de la subida de 2025 y 2026 del pasado diciembre.

Este recogió que “con efectos de 1 de enero de 2026, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025” si la variación del IPC en el año 2026 “es igual o superior al 1,5%, que se abonará en el primer trimestre de 2027”.

El Tribunal Supremo ha dictado una pionera sentencia que condena a una empresa por despido discriminatorio a una trabajadora víctima de violencia de género. El fallo, que revoca uno previo que no halló discriminación, considera que sí había indicios suficientes para ligar el cese de la trabajadora a su condición de víctima, que era conocida por la empresa, ha informado la cooperativa Colectivo Ronda, que ha defendido a la mujer.

La sentencia condena así a la empresa, NAGAMI DESIGN SL, por despido nulo de la trabajadora, “debiendo procederse a la inmediata readmisión” de la trabajadora con abono de los salarios de tramitación, “así como al abono de la cantidad de 10.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales”, recoge la sentencia, que ha podido consultar elDiario.es.

La trabajadora, que llevaba casi un año trabajando en la empresa, desde marzo de 2023, denunció a su ex pareja por violencia de género ante la Policía en de febrero de 2024, lo que dio lugar a un procedimiento judicial. Ese mes estuvo varios días de baja médica, por “síntomas y signos que afectan al estado emocional” que le incapacitaban para realizan su trabajo habitual.

La empresa era conocedora del proceso abierto como víctima de violencia de género ya que el administrador mancomunado de la compañía “había sido citado como testigo de la causa penal el día 2 de abril de 2024”. Siete días después, el 9 de abril, NAGAMI DESIGN SL despidió a la afectada por la vía disciplinaria –sin derecho a indemnización– “por disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado”, recoge la sentencia.

Había indicios suficientes de posible discriminación

Con estos hechos, los magistrados del Supremo revocan la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que consideró el despido como improcedente y no nulo. La empresa no demostró que fueran real esa supuesta disminución voluntaria del rendimiento, pero el TSJ consideró que las circunstancias del cese no suponían indicios de discriminación a la trabajadora por la condición de víctima de violencia de género.

El Supremo corrige este criterio. Los magistrados sostienen que la situación de la mujer trabajadora como víctima de violencia de género “no puede calificarse el despido como nulo de manera automática”, salvo que conste la existencia de reclamaciones internas o judiciales de la trabajadora frente a la empleadora relacionadas con su condición de víctima de violencia de género.

En el resto de casos, la sentencia recoge que la parte demandante “debe aportar indicios previos y suficientes, de una mínima entidad y significado” sobre esa posible discriminación vinculada a la condición de víctima de violencia de género.

En este segundo supuesto es donde se encuadra este caso analizado y los magistrados consideran que sí había indicios suficientes para concluir que existió este despido discriminatorio. Estos indicios son la baja médica de la afectada, el conocimiento de la empresa del procedimiento judicial como víctima de violencia de género y la inmediatez del cese con todo este proceso, además de la nula intención de la compañía de justificar las causas del despido disciplinario que había firmado.

Así, “se alza como un indicio razonable, con la solidez mínima requerida en el caso, que la sitúa en el ámbito ya no de la mera posibilidad sino en el de la probabilidad, de que el despido se ha producido al entender la empresa que podía asociarse a aquella condición de ser la trabajadora mujer víctima de violencia de género, una serie de circunstancias derivadas tanto de la presión, malestar, miedo e incertidumbre a los que se ve sometida la trabajadora, como de las posibles consecuencias judiciales de su denuncia penal, que podrían percibirse por la empresa como inconvenientes o complicaciones que no está dispuesta a asumir como empleadora”, argumentan los jueces.

Readmisión, pago de salarios e indemnización

Así, el despido se considera como nulo por discriminatorio, lo que supone la obligación de readmitir a la trabajadora, pagarle los salarios que ha dejado de percibir desde su cese en 2024 y una indemnización por daños de 10.000 euros.

Colectivo Ronda, la cooperativa de abogados que ha defendido a la trabajadora, ha celebrado el fallo del Supremo y ha destacado que “no es necesario” que la mujer despedida “aporte una prueba directa de la motivación discriminatoria de la decisión empresarial”.

Es decir que, cuando existen indicios razonables de esta discriminación, “corresponde a la empresa demostrar que el despido responde a motivos reales, objetivos y completamente ajenos a la condición de víctima de la trabajadora”.

Esther Comas, abogada de Colectivo Ronda que ha dirigido la defensa jurídica de la trabajadora, enfatiza la trascendencia de una resolución “que puede contribuir decisivamente a reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia machista frente a actuaciones discriminatorias y despidos sin causa por parte de las empresas que les afectan, precisamente, cuando mayor es su vulnerabilidad”.

Para la letrada, “es vital que se imponga a las empresas un esfuerzo probatorio reforzado a la hora de justificar una extinción que afecta a una mujer en esta situación para disipar cualquier duda razonable que permita suponer, aunque sea indiciariamente, que la razón para despedirla es su condición de víctima”.

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete de mejoras de varias prestaciones de la Seguridad Social que perciben algunos colectivos específicos. Entre ellas, una ampliación del acceso a la pensión de viudedad a parejas no casadas ni registradas como parejas de hecho, para aquellas con hijos que acrediten dos años de convivencia, así como una ampliación de las prestaciones para padres con hijos con enfermedades graves (CUME), para huérfanos y víctimas por violencia de género, algunas bajas derivadas de la menopausia y debidas a catástrofes, entre otras.

A falta de la letra pequeña del real decreto-ley aprobado, la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha informado de esta “ampliación de la acción protectora” de la Seguridad Social para estos colectivos, que ha justificado por la necesidad de una mejor “cobertura” de estas situaciones.

Acceso a la viudedad sin estar casado ni ser “pareja de hecho”

Entre los principales cambios destaca, por su potencial número de beneficiarios, la ampliación del acceso a la pensión de viudedad a las parejas con hijos que acrediten dos años de convivencia, aunque no estén casadas ni registradas como parejas de hecho formalmente, una realidad en alza.

Saiz, que había avanzado ya esta medida esta mañana en una entrevista en TVE, ha añadido que se abrirá “una ventana de un año” para que las parejas que cumplan con estos nuevos requisitos puedan pedir su derecho a la pensión de viudedad. “La prestación tendrá efectos a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud”, indica el Ministerio de la Seguridad Social.

Bajas especiales por menopausia y víctimas de violencia de género

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, pasarán a tener la consideración de bajas especialmente protegidas dos nuevas situaciones: las mujeres que sufran “patologías incapacitantes relacionadas con la menopausia” y las trabajadoras que sean víctimas de violencia de género y cuyas lesiones “les impidan trabajar”.

Saiz ha señalado que estas tendrán una “protección mayor” que las incapacidades temporales comunes, ya que se cobrará “desde día siguiente a la baja” y no exige periodo de carencia (cotización mínima) y porque la prestación que cobrarán estas trabajadoras se ampliará al 60% de la base reguladora y al 75% a partir del día 20. Entre estas bajas especiales figuran también actualmente las incapacidades temporales por reglas dolorosas o por interrupción voluntaria del embarazo aprobadas en la pasada legislatura.

“Protegemos a una parte importante de la fuerza laboral de nuestro país y damos respuesta a situaciones que estaban invisibilizadas y a brechas que llevaban padeciendo las mujeres y que van a contar con una protección más adecuada”, ha afirmado la ministra.

Pensión de orfandad por asesinatos machistas

Además, el real decreto aprobado este martes contempla otra medida en materia de violencia machista: la ampliación de las pensiones de los hijos e hijas que se quedan huérfanos al ser asesinadas sus madres por esta causa. Según ha detallado la ministra, el importe mínimo pasará a ser el “doble del salario mínimo interprofesional”, que se sitúa a día de hoy en 1.221 euros al mes en 14 pagas. Actualmente, estas pensiones se calculan en función de la base reguladora y pueden alcanzar del 20 al 75% de la misma. Si hay más de un beneficiario, no puede superar el 118%.

La portavoz ha querido agradecer a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, su “intenso trabajo” desde hace “mucho tiempo” y ha recordado que estas medidas “están contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género” que renovaron todos los partidos excepto Vox. “Estas son políticas responsables frente a los negacionistas de la violencia de género, políticas útiles que mejoran la vida de las personas”, ha añadido.

El Gobierno también ha incorporado una medida para reforzar la protección de los hijos e hijas cuando uno de sus progenitores no paga la pensión de alimentos en caso de divorcio o separación. Así, ha decidido triplicar el anticipo máximo del fondo de garantía del pago de alimentos, del que se encarga el Estado y que pasará de 100 a 300 euros mensuales, además de alargar el tiempo durante el que puede percibirse de los 18 meses actuales hasta el momento en que “se extinga” la obligación.

CUME: prestación para cuidar a hijos con enfermedad grave

El Consejo de Ministros también ha aumentado la prestación CUME, destinada a padres y madres que reducen sus jornadas de trabajo para cuidar hijos con cáncer y otras enfermedades graves. Saiz ha afirmado que se permitirá la percepción “alternativa o simultánea”, con lo que tratan de favorecer la “corresponabilidad” que la ministra ha destacado que ahora no se contemplaba.

Además, la prestación podrá recibirse “más allá de los 26 años en el caso de que los hijos e hijas afectadas por esta enfermedad tengan una discapacidad superior al 65% o un grado de dependencia 3”. Y Saiz ha afirmado que el Gobierno trabaja también en el reglamento que regula la prestación CUME, que “está a punto de ver la luz”.

Prestaciones como “accidente de trabajo” por catástrofes

El real decreto-ley también recoge una mejora de las prestaciones para personas trabajadoras “afectadas por acontecimientos catastróficos”, ha sostenido Elma Saiz, como puede ser el caso de la dana Adam, que ha provocado heridos, cuatro fallecidos y un millar de rescates.

Así, la ministra ha explicado que se contempla su asimilación a “la situación derivada de accidente de trabajo”, con las mejoras correspondientes en las prestaciones “con motivos de estas catástrofes”, como la incapacidad temporal (baja médica) así como prestaciones por incapacidad permanente o por defunción.

Esta medida “ya se ha probado excepcionalmente” por el Gobierno en catástrofes como la dana de Valencia, ha recordado Saiz, pero se pretende incluir esta ampliación para otros acontecimientos en el futuro. Se aplicará a trabajadores por cuenta ajena y también a trabajadores autónomos, ha explicitado la ministra.

El Gobierno aprobará este martes que las parejas con hijos y que acrediten dos años de convivencia tengan derecho a la pensión de viudedad, ha adelantado El País y ha afirmado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, en una entrevista en La Hora de la 1. Saiz también ha avanzado que el Ejecutivo ampliará la prestación CUME para padres de hijos con enfermedades graves más allá de “los 26 años” en algunos casos.

Asimismo, la responsable de la Seguridad Social ha añadido que se ampliará “la acción protectora” de la Seguridad Social para los trabajadores afectados por daños en casos de catástrofes, como puede ser el caso de la dana Adam, que ha provocado heridos, cuatro fallecidos y un millar de rescates. Saiz ha afirmado que se aprobará una “IT especial”, en referencia a una “incapacidad temporal”, como se denomina a las bajas laborales por enfermedad o accidente.

Se trata de algunas de las medidas que aprobará el Ejecutivo en un real decreto-ley este martes, “que extiende la labor protectora de la Seguridad Social”, ha sostenido Saiz.

No son las únicas, con más cambios legales entre los que se prevé la inclusión de una mejora de la prestación por incapacidad temporal para mujeres con patologías asociadas a la menopausia, así como más protección para víctimas de violencia de género, entre otros.

Viudedad sin estar casados ni ser “pareja de hecho”

La ampliación del derecho a la pensión de viudedad para estas parejas con hijos y dos años de convivencia, aunque no estén casadas ni sean formalizadas como parejas de hecho, era muy demandada desde hace años de este colectivo de familias, cada vez más numeroso.

Saiz ha apuntado que es un asunto que genera “mucha litigiosidad” y que la medida amplía derechos y “se adecúa al día a día de la ciudadanía”, como argumentos sobre la necesidad de su aprobación.

A las preguntas de la periodista Silvia Intxaurrondo sobre por qué el Gobierno aprueba estas medidas en los últimos días de su mandato, con las Cortes ya disueltas y las elecciones ya convocadas, la ministra Saiz ha justificado que son medidas “maduras” y “muy demandadas”.

CUME más allá de los 26 años

Sobre la CUME, Elma Saiz ha recordado que “se puso en marcha por un Gobierno socialista en 2011” para paliar la pérdida de ingresos de padres de hijos con enfermedades graves que reduzcan su jornada laboral para cuidarles. La prestación “mejorada en la anterior legislatura”, ahora tendrá “una importante ampliación”, ha sostenido la ministra.

Según Saiz, la prestación podrá recibirse “más allá de los 26 años en el caso de que los hijos e hijas afectadas por esta enfermedad tengan una discapacidad superior al 65% o un grado de dependencia 3”.

Además, Saiz ha afirmado que se legislará la “posibilidad de simultanear” la CUME entre ambos progenitores. “Es una medida importantísima”, ha afirmado. El Gobierno trabaja también en el reglamento que regula la prestación CUME, que “está a punto de ver la luz”, ha sostenido Saiz. .

Ya hay convocatoria formal de la huelga general del próximo 11 de noviembre y también anuncio de los empresarios de que la impugnarán. El paro ha sido registrado ante las autoridades laborales por los sindicatos mayoritarios y varios minoritarios, unidos de mano del Sindicato de Inquilinas, que impulsó esta movilización. La convocatoria contempla los motivos del paro, entre los que destaca la vivienda digna y accesible, pero también varias razones exclusivamente laborales, como la insuficiencia de los salarios ante los precios disparados, la denuncia de horas extra ilegales y el acento en el contexto de márgenes empresariales en máximos, recoge el documento presentado por CCOO y UGT.

La huelga general, que alcanza a todos los trabajadores (públicos y privados), tendrá lugar durante la jornada del día 11 de noviembre de 2026, “comenzando a las 0.00 horas y terminando a las 24 horas del citado día 11”, con algunas excepciones para los trabajos a turnos, recoge el registro presentado por los sindicatos mayoritarios, al que ha accedido elDiario.es.

El paro también cuenta con el respaldo de varios sindicatos minoritarios (CGT, CNT, Intersindical, Cobas, entre otros), que han presentado sus propios registros ante las autoridades laborales, así como de sindicatos regionales con mucha implantación en sus territorios, como los vascos ELA y LAB y la gallega CIG.

Por su parte, en el plano social, el Sindicato de Inquilinas ha presentado también este lunes una página web, Huelgaporlavivienda.org, en la que recogen los motivos sociales para secundar el paro y acudir a las manifestaciones que se celebrarán el 11N. Desde el derecho a la vivienda a unos salarios y pensiones dignas, la reducción de la jornada laboral y el refuerzo de los servicios públicos.

Ante el cuestionamiento de la legalidad del paro por la patronal, que finalmente ha confirmado que lo impugnará por “electoral”, las centrales sindicales han trabajado en este documento con la previsión de que podía ser recurrido en los tribunales. Los sindicatos insisten en su seguridad y tranquilidad por la legalidad de la huelga, con motivos socioeconómicos, políticos y laborales, como muchos otros precedentes de paros respaldados por los tribunales.

A continuación, se resumen los principales motivos recogidos en la convocatoria formal de la huelga de los sindicatos mayoritarios. El documento recoge los “objetivos de la huelga general” en cinco hojas, en las que argumentan las razones que habilitan a las organizaciones de trabajadores a convocar este paro de 24 horas.

La vivienda, el objeto central para “parar el país”

Los sindicatos han comparecido este lunes ante el Ministerio de Trabajo de la mano del Sindicato de Inquilinas, que ha impulsado esta gran huelga general, con el objetivo central de “parar el país” por la crisis de vivienda que atraviesa España y que estalló socialmente en las calles con el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años y fallecida en el hospital tras la expulsión de su hogar.

Así, la vivienda ocupa el primer punto y papel central de las razones del paro registrado ante el Ministerio de Trabajo. “Hacer efectivo el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada establecido en el artículo 47 de la CE” (Constitución Española), recoge el documento, así como “exigir que los poderes públicos, cada uno en el ámbito de sus competencias, cumplan con el mandato constitucional”.

Los sindicatos señalan que este derecho no es efectivo para amplios sectores de la población “debido a que las políticas desarrolladas durante las últimas décadas han sido muy débiles y regresivamente orientadas como para hacer efectivo este derecho”.

La convocatoria destaca que esta crisis de la vivienda, con precios disparados en compra y alquiler, “impacta de diferentes formas a las personas trabajadoras”, sobre todo a colectivos más vulnerables y jóvenes, con unos salarios insuficientes para poder pagarla. “La vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad de la sociedad española”, con una “transferencia de rentas del trabajo al capital inmobiliario” que anula buena parte de las mejoras salariales pactadas y agrava una desigualdad que los poderes públicos deben combatir.

El documento registrado menciona la mayor vulnerabilidad de las mujeres ante los desahucios y, con un gesto a la mujer que desencadenó esta movilización, añade que “tampoco hay que olvidar que un colectivo muy precarizado en términos de vivienda son las mujeres mayores que viven solas”.

Subir los salarios

La siguiente premisa central de la huelga general es reclamar a los empresarios una subida salarial digna en España, que permita recuperar poder adquisitivo a los trabajadores, perdido en los últimos años de elevada inflación.

“Los salarios en España están aumentando en términos nominales en estos últimos años, pero esa subida no está siendo suficiente para superar el aumento del coste de la vida y por tanto permitir que los hogares que dependen del salario como fuente principal de ingresos dispongan de una mejor situación económica”, recoge el documento.

La huelga persigue, por ello, la renovación del AENC —el gran pacto estatal de negociación colectiva entre empresarios y sindicatos—, caducado en 2025 y aún por negociar con la patronal, a la que las organizaciones de trabajadores exigen incrementos que garanticen el poder adquisitivo.

La propuesta sindical de CCOO y UGT plantea un mínimo del 4% anual en 2026-2028 y hasta el 7% en los sectores de salarios inferiores a la media, con además una cláusula de revisión según la inflación. Además, se reclama la incorporación a los convenios de “medidas de acceso a la vivienda en los territorios y sectores más afectados”.

Horas extras ilegales: “Trabajadas y no pagadas”

Las organizaciones de trabajadores incluyen en los motivos del paro del 11N las “horas extras trabajadas, pero no pagadas por los empleadores, siguen siendo un abuso habitual que afecta a cientos de miles de trabajadores”.

“Es una forma de explotación laboral que lleva presente décadas y que, si bien se ha reducido en los últimos años, no se ha eliminado, a pesar de la aprobación de normativa específica como el registro obligatorio de la jornada de trabajo”. Los líderes de CCOO y UGT reclamaron hace unos días al Gobierno que apruebe el refuerzo de este control horario, pactado con sus organizaciones y aún pendiente.

A día de hoy, recuerdan que más de 400.000 personas trabajan semanalmente horas extras no pagadas, situadas en los 2,54 millones según datos de la EPA (INE).

“Las horas extra no pagadas equivalen a 68.000 empleos a jornada completa, y suponen un coste laboral de 3.378 millones de euros al año no pagado en términos de salario bruto y cotizaciones sociales. A nivel individual, cada persona explotada con horas extras no pagadas realiza 5,8 horas no pagadas a la semana de media, con un coste laboral no pagado de 148 euros a la semana de media y 7.696 euros al año”, recoge el documento.

Márgenes empresariales en récords

En este contexto de pérdida de poder adquisitivo e insuficiencia de muchos salarios, los sindicatos señalan la otra cara de la moneda: la buena marcha de los beneficios empresariales en los últimos años. “Los márgenes empresariales se sitúan en niveles históricamente altos y han consolidado el salto de rentabilidad registrado tras la crisis inflacionaria de 2022, según datos del Observatorio de Márgenes Empresariales”, destacan.

“El fuerte aumento de la rentabilidad empresarial se hace a costa de una menor participación de los salarios en el valor añadido generado. Con la crisis de inflación en 2021 y 2022 y su desigual impacto y reparto de esfuerzos, los salarios perdieron participación en el valor añadido bruto generado en las empresas a favor de las rentas del capital (resultado bruto de explotación)”, critica la parte trabajadora, que exige a la parte empresarial que se siente a negociar subidas salariales para impedir que este nuevo pico de inflación de 2026 se cebe con el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras.

“Esta es una huelga de la gente, de las calles”, ha afirmado este lunes Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas en Madrid, con motivo del registro formal del paro general por la vivienda del próximo 11 de noviembre que ha impulsado el movimiento social por la vivienda y que ha encontrado el respaldo y apoyo de los sindicatos mayoritarios del país (CCOO y UGT), así como de minoritarios como CGT y CNT y centrales regionales, como ELA y LAB en Euskadi y la gallega CIG.

Los sindicatos mayoritarios a nivel estatal (CCOO y UGT) y varios minoritarios que apoyan el paro (CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, Solidaridad Obrera e Intersindical) han comparecido unidos esta mañana en Madrid, de mano del Sindicato de Inquilinas, para presentar el registro del paro ante el Ministerio de Trabajo y los motivos de la huelga de 24 horas.

La vivienda digna y accesible es el objeto central de la movilización, pero también una subida de salarios, la denuncia de horas extra ilegales y el acento en el contexto de márgenes empresariales en máximos, entre otros que han explicitado los sindicatos CCOO y UGT en su documento de registro, al que ha accedido elDiario.es.

“Hito histórico” de unión sindical para “pararlo todo”

Valeria Racu ha subrayado el “hito histórico” de unión sindical entre organizaciones de trabajadores de muy distinto tipo, rivales en muchos contextos, así como del movimiento “sindical” por la vivienda digna para defender que “la vida está por encima” de los intereses del mercado de la vivienda, que ha insistido en que “no puede ser un negocio”.

“No queremos que unos pocos se lucren con nuestro esfuerzo y trabajo”, ha reivindicado la portavoz del Sindicato de Inquilinas, que junto a los líderes de todas las organizaciones de trabajadores han llamado a la población trabajadora a secundar la huelga para “pararlo todo, parar el país” por la crisis por la vivienda y también a participar en las manifestaciones que se convocarán en todo el país el próximo 11 de noviembre.

Para dar visibilidad a estas distintas protestas, el Sindicato de Inquilinas ha puesto en marcha la página web Huelgaporlavivienda.org. En ella también se comparten octavillas, carteles y motivos que inspiran la movilización. Desde la vivienda a unos salarios y pensiones dignas, la reducción de la jornada laboral y el refuerzo de los servicios públicos.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha reivindicado que la huelga y movilización social deben abrir un nuevo “sentido común” sobre la vivienda en España, como derecho y alejada de la especulación y los precios abusivos, que Pepe Álvarez (secretario general de UGT) ha subruyado que han llevado a que “la imposibilidad de la inmensa mayoría de trabajadores de acceder a una vivienda en alquiler o propiedad”.

El secretario general de CGT, Miguel Fabrique, ha pedido disculpas por una huelga “que llega tarde” tras décadas de emergencia social con la vivienda, “pero nunca es tarde si la dicha es buena”, ha afirmado, llamando a una gran movilización social y laboral. Nieves Román, secretaria general de CNT, ha emplazado a “pararlo todo” por el principal problema de la clase trabajadora y a seguir “más allá del 11 de noviembre” para defender estas reivindicaciones.

Juanjo Artero, secretario general de Unión de actores y actrices, ha llamado a los actores y actrices del país a secundar el paro del lado del resto de trabajadores, con los que ha afirmado que comparten la frustración por “salarios que no suben” y a lo que se añaden sus problemas específicos, como la intermitencia de los trabajadores y la imposibilidad de acceder a contratos indefinidos que les faciliten acceder a una vivienda en propiedad o incluso alquiler.

“Esto es un puñetazo sobre la mesa para decir claro que, si la calse obrera para, lo paramos todo”, ha sostenido Andrea Zayas, de la dirección estatal de CO.BAS, mientras que en Solidaridad Obrera han emplazado “salir con ganas, con rabia” para defender sus derechos. Desde la Confederación Intersindical han celebrado la “lucha y organización” para defender a la mayoría social y los servicios públicos.

Paro durante el 11 de noviembre, con estas excepciones

La huelga general, alcanza a todos los trabajadores (públicos y privados), tendrá lugar durante la jornada del día 11 de noviembre de 2026, “comenzando a las 0 horas y terminando a las 24 horas del citado día once”, recoge el documento de registro de CCOO y UGT.

No obstante, hay algunas excepciones en los turnos que empiezan y terminan antes de esas franjas horarias, precisa la convocatoria formal, que han presentados los sindicatos mayoritarios en cada territorio. El paro también cuenta con el respaldo de los vascos ELA y LAB, así como la gallega CIG, entre otras organizaciones regionales.

La huelga general comenzará “a las 0 horas” y terminará “a las 24 horas del citado día once”, recoge el documento de registro. No obstante, hay algunas excepciones en los turnos que empiezan y terminan antes de esas franjas horarias, como explicita la convocatoria formal.

“No obstante, en aquellas empresas que tengan varios turnos de trabajo, el comienzo de la huelga se efectuará en el primer turno, aunque empiece antes de las 0 horas del día 11, y su finalización tendrá lugar una vez terminado el último turno, aunque se prolongue después de las 24.00 horas del día 11”, precisa el documento.

“Así mismo, en aquellas empresas que tengan un único turno de trabajo, pero éste empiece antes de las 0 horas del día 11, el paro se iniciará a la hora de comienzo de la actividad laboral y finalizará el día 11 de noviembre en la hora en que concluya la misma”.

“Durante la jornada del día 10 de noviembre cesarán en su actividad laboral y funcionarial las personas cuya prestación profesional esté relacionada con la elaboración de productos, servicios y aprovisionamientos que habrán de tener efectos inmediatos el día 11”, añaden los sindicatos.

Más de “3,4 millones de personas” podrían teletrabajar, pero no se lo permiten sus empresas. Se trata del “16,1%” de los ocupados, según los datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H) del INE, correspondientes a 2025, que ha analizado el sindicato UGT en un nuevo informe. “Sí solo se permitiese a la mitad teletrabajar, ya superaríamos la media de la Unión Europea”, destaca José Varela, responsable de Digitalización del sindicato y autor del estudio.

Con el título Ámbito contextual del teletrabajo en España. Del mito presencialista a la negociación colectiva, el informe pretende, “con los datos en la mano, representar la verdadera situación del teletrabajo en España”. Por un lado, destaca que el teletrabajo está en estos momentos en “máximos históricos, tanto relativos como absolutos”, por encima de la pandemia, con más de tres millones de personas que trabajan a distancia en nuestro país.

Estos datos, aunque han aumentado notablemente respecto a antes de la COVID, siguen muy lejos de las cifras europeas de teletrabajo, que eran superiores antes de la COVID y que, en muchos casos, tras la pandemia están creciendo a un mayor ritmo que en España.

En 2019, “nuestro país se situaba en la posición 21 de 33 estados analizados” y, en 2025, la distancia con la media europea ha aumentado, “lo que incluso nos ha hecho bajar un puesto (22 de 33 países)”, recoge el estudio.

UGT argumenta que esta brecha se explica por varios motivos, como “la modernización” y “digitalización” más lenta de nuestro tejido productivo y las diferencias en los sectores con más actividad en unos países y otros, con una gran importancia del turismo en España, por ejemplo. Así, según la encuesta del INE TIC-H, 7 de cada 10 personas con empleo manifiestan que “no han teletrabajado porque su trabajo no les permitiría teletrabajar”.

Pero el sindicato alumbra a otro dato mucho menos conocido: qué personas afirman poder teletrabajar por la naturaleza de su oficio, pero aun así no lo hacen. Según esta misma estadística, un 16,1% que personas afirman que “no han teletrabajado aunque su trabajo les permitiría teletrabajar”.

“En números absolutos: a 3,44 millones de personas se les prohíbe teletrabajar. Tenemos a un colectivo de millones de personas que sí podría trabajar en remoto, pero simplemente, no les dejan”, denuncia UGT. De este total, la mayoría trabaja en empresas privadas y solo un 12% son empleados públicos, precisa Varela.

El teletrabajo podría incluso duplicarse

“Hay tantas personas teletrabajando como las que podrían hacerlo y no se le permiten”, subraya José Varela, que destaca que el teletrabajo podría incluso duplicarse en España con “un cambio de cultura empresarial menos presentista o antiteletrabajo”, según los resultados de esta encuesta.

Sin ir tan lejos, solo con que la mitad de estas personas que pueden teletrabajar lo hiciera realmente España ya alcanzaría niveles europeos, apunta Varela.

El estudio recoge que de ese total del 16,1%, alrededor de un 4% expresan que “su trabajo principal les permitiría teletrabajar totalmente y no han teletrabajado” y otro 12% manifiestan que “su trabajo principal les permitiría teletrabajar parcialmente y no han teletrabajado”.

El informe destaca algunos datos, como que “una de cada tres administrativas/os podría teletrabajar y se le niega” (33,4%). Estos puestos existen de manera transversal en muchos sectores, también en aquellos donde el grueso de la plantilla no puede teletrabajar, como la construcción, una industria a la hostelería.

En estos sectores es habitual que las empresas nieguen el trabajo a distancia al personal de oficina “para evitar conflictos o agravios comparativos”, explica José Varela, que considera que “el teletrabajo puede funcionar si se explica bien a la plantilla”. “Ningún puesto es igual a otro. Y al igual que unos pueden tener un plus de productividad o por turnos, por ejemplo, este colectivo puede tener este reconocimiento”, sostiene el sindicalista.

Veto incluso en el sector tecnológico

En cualquier caso, el impedimento a teletrabajar a veces está también extendido en los sectores y actividades en los que parece más sencillo. Así, la estadística señala que “hasta un 23% del personal relacionado con las nuevas tecnologías no se le permite trabajar a distancia” y “1,2 millones de profesionales científicos e intelectuales tienen vetado el acceso a la prestación remota (24,4%)”, destaca el representante de UGT.

El primer caso, de los profesionales del sector TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), el sindicato considera que es el más claro de que gran parte del impedimento al teletrabajo en España responde a multitud de empresas con cultura “presentista”. “No se aprecian razones técnicas, tecnológicas, productivas o de perfilado de las personas que impidan el acceso a millones de personas al teletrabajo”, sostiene el informe.

En el segundo caso, José Varela llama la atención sobre las empresas y jefes que impiden teletrabajar porque “el núcleo central del trabajo” de los empleados requieren presencialidad, “pero no todas las tareas”. Así, destaca la posibilidad de aglutinar ciertas tareas en días “o un par de tardes” a la semana, para permitir el teletrabajo en estos momentos. “Eso funciona perfectamente, pero incide en la mala organización del trabajo en las empresas, que también es un mal de España. Si todo se hace a salto de mata, claro, no puede hacerse”, argumenta. 

El sindicalista destaca “el impulso de la negociación colectiva y la lucha de los trabajadores y trabajadoras” por mantener el teletrabajo en los últimos años, que considera que han sido los artífices de que se revirtiera el descenso del teletrabajo que tuvo lugar en 2022, cuando muchas compañías quisieron dar marcha atrás al trabajo a distancia y que el personal regresara a las oficinas al 100%.

En 2017, había 54 convenios que regulaban cuestiones relacionadas con el teletrabajo que alcanzaban a unas 300.000 personas trabajadoras, dato que ha escalado a 265 convenios el año pasado y más de 1,2 millones de trabajadores, recoge el estudio. En muchos casos, la negativa de las empresas al teletrabajo ha generado conflictos colectivos, como en el caso de Airbus (cuya plantilla lo ha acabado recuperando tras una histórica huelga) o con salidas voluntarias a empresas de la competencia que sí ofrecen esta posibilidad, “como le ocurrió a Yahoo con Google”, dice Varela.

“El teletrabajo se ha convertido en una parte intrínseca e irrenunciable de la relación laboral”, considera el responsable de Digitalización de UGT, que cree que esta modalidad seguirá abriéndose camino a futuro por encima de las reticencias empresariales gracias a sus buenos resultados de productividad, satisfacción de las plantillas y como una necesidad de retención de talento y personal.

El Tribunal Supremo ha rechazado que las empresas puedan limitar el permiso para cuidar a familiares con enfermedades graves o por hospitalización a cinco días al año. Los magistrados han recordado que el permiso se genera por cada hecho causante, es decir, por cada hospitalización o necesidad de cuidados por enfermedad que exista.

La sentencia, del pasado 25 de septiembre, ratifica una sentencia previa de la Audiencia Nacional, que estimó la demanda presentada por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF contra esta limitación impuesta por el grupo empresarial RACE.

Las empresas trataron de argumentar ante el tribunal este límite de cinco días al año debido a que la Directiva europea 2019/1158 regular el permiso para cuidadores con “cinco días laborables al año por trabajador”.

Sin embargo, España al transponer la directiva amplió los días reconocidos por hospitalización vigentes hasta el momento, de dos a cinco días, pero no incluyó ningún límite anual en el Estatuto de los Trabajadores.

Los magistrados del Supremo recuerdan que la Directiva Europea fija un mínimo de protección, pero que los Estados pueden legislar por encima de este, como hizo el Gobierno de España.

Aunque la parte empresarial trató de justificar que España limita en realidad el derecho a esos cinco días al año, el Supremo lo rechaza: “No podemos asumir la interpretación del recurrente en el sentido de que la finalidad del Real Decreto-ley 5/2023 haya sido reducir el nivel de protección de la norma nacional hasta hacerlo coincidir con el garantizado por la Directiva”.

El permiso no concluye automáticamente con el alta hospitalaria

Además, otra de las cuestiones denunciadas por los sindicatos, el Supremo también rechaza la práctica de la empresa de limitar el permiso una vez el familiar es dado de alta en el hospital. El tribunal ha mantenido el criterio de que los cinco días de permiso retribuido se extienden más allá del alta hospitalaria cuando persisten las necesidades de cuidado.

“Desde CSIF nos felicitamos por esta sentencia, que supone un nuevo éxito de nuestra organización en el ámbito de la empresa privada para evitar abusos y garantizar los derechos de trabajadoras/es. El Supremo hace una interpretación sociológica, razonable y garantista de estos permisos evitando así situaciones de abuso y desprotección”, ha celebrado el sindicato en un comunicado..