Uno de los principales medios de verificación en Bolivia confirmó que el audio atribuido al exasesor presidencial Fernando Cerimedo y al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, tiene 99% de autenticidad. En la grabación, difundida por medios locales el pasado viernes, se escucha una conversación sobre un plan para capturar al expresidente Evo Morales (2006-2019).

“Dos herramientas de análisis forense digital evaluaron por separado el audio filtrado de una conversación entre Fernando Cerimedo y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. Ambas concluyeron que las voces son humanas en un 99% y que el audio no fue generado con inteligencia artificial”, señala una publicación de Bolivia Verifica.

Las pruebas fueron realizadas por Undetectable y ElevenLabs, dos aplicaciones independientes de análisis forense digital.

En la grabación de 5:20 minutos, cuya fecha de registro se desconoce, Cerimedo supuestamente expone un plan para capturar Morales y solicita al ministro recursos económicos para ejecutarlo.

“No lo podemos hablar con nadie. Vamos a empezar mañana el operativo para agarrar a Evo”, inicia la voz atribuida a Cerimedo, quien afirma que el plan se realizaría a espaldas del ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

La planificación del operativo, de ser real, contaba con la coordinación del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano y dos jefes policiales. “Vamos a tener una semana, aproximadamente 10 días de inteligencia, y en 15 días ya terminamos de tener el operativo listo para agarrarlo”, agrega la voz que presuntamente pertenece al entonces asesor principal del presidente Rodrigo Paz.

Luego, la misma voz, le pide dinero para financiar el operativo, que incluye rastreadores, un dron con cámara térmica, el alquiler de una casa, de helicópteros y la adquisición de cámaras, entre otros elementos. “Vamos a necesitar como 7 ocho millones de bolivianos (unos 700 mil dólares) en 15 dias”, dice la voz que sería de Cerimedo a la que la de Zamora le responde: “Pasame el presupuesto y yo me hago cargo (…) no hay lío, ya tengo de donde”.

En otro momento de la grabación, la supuesta voz del asesor presidencial dice: “esto no se puede zafar, porque yo puedo ir preso. Básicamente voy a dirigir la operación sin ser funcionario ni policía. La Policía va a hacer todo dentro de la norma, todo lo que sea por fuera lo voy a hacer yo”.

“Te voy a cuidar”, le responde Zamora.

Tres días después de la difusión de este audio, el ministro Zamora, negó su autenticidad y calificó el contenido como una “chacota”. El funcionario, que es uno de los hombres de confianza del presidente, ironizó sobre el supuesto plan para capturar al exmandatario y dijo que, por sus características, solo faltaba la presencia de personajes de ficción. “Solo faltaba que estén Rambo y los Power Rangers en este operativo”, afirmó en conferencia de prensa.

A poco menos de una semana de la filtración, varios asambleístas parlamentarios han pedido que se investigue el audio por los presuntos indicios que contendría. La abogada penalista Adriana Viscarra señaló que, si se confirma judicialmente la veracidad de la grabación, se tendrían que investigar al menos tres delitos de corrupción, como uso indebido de influencias, peculado y malversación de fondos.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha informado de manera pública sobre ningún proceso por parte de la Fiscalía.

El abogado constitucionalista, José Luis Santistevan, explicó a Infobae que mientras no haya un proceso formal, las grabaciones “tienen valor político pero no judicial”.

“El audio puede constituir indicios (de delitos penales) pero tiene que ser corrobarado”, agregó y dijo que por la gravedad de su contenido, “la Fiscalía debería, por mandato de la ley, investigar de oficio” la grabación.

Cerimedo, de 45 años, está detenido preventivamente en Bolivia desde el 21 de agosto investigado por tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y otros delitos.

El Gobierno de Bolivia puso en marcha el plan de seguridad Frontera Segura 2.0, que prevé reforzar la presencia policial en Santa Cruz y las zonas fronterizas para combatir el crimen organizado, en medio de una nueva ola de violencia que dejó al menos 26 asesinatos en los últimos tres meses en ese departamento, según un recuento de Infobae sobre la base a información difundida en medios locales.

El lanzamiento del plan se realizó este miércoles en la plaza principal de la ciudad, con la presencia del ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo y autoridades regionales.

“No vamos a parar, y este es un mensaje muy claro para jueces y fiscales que están encubriendo a estas organizaciones (criminales). Así como vamos a ser duros hacia afuera, vamos a ser duros hacia adentro”, afirmó el ministro Oviedo durante su discurso y dijo que en los últimos 20 años se asentaron organizaciones transnacionales en el país. “Hubo una permisividad criminal de las autoridades de entonces, (cuyas consecuencias) hoy día la sociedad está pagando”, agregó.

El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, informó de la llegada de 250 efectivos para reforzar los controles en el departamento, muchos de los cuales fueron formados en los cursos recientes de especialización contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Según el jefe policial, la nueva estrategia contempla la presencia permanente del Estado en las fronteras, el control territorial en las zonas limítrofes y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad para la población.

Se trata del tercer plan de seguridad que presenta el Gobierno en este año ante el descontrol de la violencia vinculada al crimen organizado. A inicios de mayo se lanzó el “Plan Halcón” en Santa Cruz de la Sierra y tres meses después se presentó “Fronteras Seguras”, en la localidad de Guayaramerín; ambos programas de seguridad apuntaban a reforzar la presencia policial en zonas con mayor incidencia de la violencia criminal y frenar la expansión de estas organizaciones.

Sin embargo, solo desde mayo se contabilizan al menos 56 ejecuciones presuntamente vinculadas a ajustes de cuentas a nivel nacional, con mayor cantidad de casos en el departamento de Santa Cruz.

La iniciativa Fronteras Seguras 2.0 fue presentada un día después de que se registraran tres asesinatos violentos en la ciudad. El martes fueron acribillados dos ciudadanos brasileños en un inmueble cerca del aeropuerto internacional de Viru Viru, uno de los principales centros de conexión aérea del país.

Las víctimas, identificadas como Jefferson Pereira Penariol y Wendeles Álvez Espinosa, tenían antecedentes de narcotráfico y fueron atacadas por dos hombres encapuchados y vestidos con indumentaria militar, según los reportes preliminares.

En la misma jornada, el cuerpo de un hombre reportado como desaparecido fue encontrado en la maletera de un vehículo abandonado cerca del río, en la zona sur de la ciudad.

La sucesión de ataques armados ha aumentado la preocupación sobre la actividad de grupos criminales y las posibles disputas vinculadas con economías ilegales. En ese contexto, el ministro Oviedo adelantó que se tiene prevista la instalación de unidades de “súper élite” en localidades fronterizas de los departamentos amazónicos de Beni y Pando, al noroeste del país. Sin fijar plazos ni dar más detalles, Oviedo señaló que estás unidades contarán con “cooperación americana”.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció este martes que a finales de noviembre sostendrá un encuentro de Estado con la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, con el objetivo de impulsar el comercio entre ambas naciones.

“El encuentro estratégico buscará potenciar el comercio bilateral, robustecer la cooperación mutua y afianzar los lazos diplomáticos entre ambos países”, señala una nota de prensa del despacho presidencial.

A la reunión fueron convocados los gobernadores de La Paz y Pando, Luis Revilla y Gabriela de Paiva, los dos departamentos bolivianos que comparten frontera con Perú.

Esta será la segunda vez que se reúnen Paz y Fujimori. El primer encuentro entre ambos mandatarios fue el 28 de julio de 2026, en Lima, durante los actos de posesión de la presidenta.

En esa cita, ambos presidentes formalizaron un acuerdo para la reestructuración operativa del puerto de Ilo y la reactivación del Convenio ‘Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz’, que otorga a Bolivia una zona franca industrial y un área turística en costas peruanas, originalmente firmado en 1992 por los padres de ambos mandatarios, Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori.

De igual forma, acordaron consolidar el corredor Guaqui–Desaguadero–Puno para potenciar el intercambio regional hacia el Pacífico, entre otros proyectos de interés binacional.

La reunión anunciada para noviembre forma parte de una agenda de cooperación regional que busca facilitar el comercio regional y promover oportunidades económicas. En ese marco, Paz anunció la semana pasada que tenía en su agenda futuros encuentros con los presidentes de “Chile, Perú, Brasil, Paraguay y Argentina”.

“En pocos días, ya cercanos, estaré en el encuentro binacional con Perú porque tenemos negocios con Perú, sale mercadería, entra mercadería del Pacífico”, expresó Paz el 15 de octubre, un día antes de la visita del presidente chileno José Antonio Kast a La Paz.

La política exterior de Bolivia atraviesa una nueva etapa bajo el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, que asumió funciones hace poco menos de un año, que busca recomponer los vínculos con Estados Unidos y fortalecer las relaciones con países de la región, con énfasis en la apertura económica, el comercio y la atracción de inversiones.

La nueva administración ha impulsado un mayor acercamiento a Washington, tras casi dos décadas sin relaciones diplomáticas plenas, y una agenda de cooperación con gobiernos latinoamericanos, en un intento de ampliar las oportunidades económicas del país y recuperar la confianza de los inversores internacionales.

El giro se produce en un contexto de crisis económica marcada por la caída de las exportaciones de los hidrocarburos y el agotamiento de las reservas internacionales, lo que se ha traducido en escasez de divisas, aumento de la inflación y dificultades para garantizar el abastecimiento de combustible.

En ese sentido, la búsqueda de capital extranjero mediante créditos e inversiones, así como la apertura de mercados se han convertido en una de las prioridades de la administración de Paz.

La estrategia internacional también contempla ampliar la cooperación en temas de seguridad y la lucha contra el narcotráfico, en un contexto de expansión del crimen organizado en el país.

Sin embargo, a casi un año de la posesión del nuevo gobierno no se han establecido las misiones diplomáticas ni designado nuevos embajadores.

El diplomático y exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, manifestó en una entrevista con radio El Deber que la falta de embajadores y la ausencia de una estructura diplomática puede hacer perder oportunidades de inversión, financiamiento y apertura de mercados.

“Queremos abrirnos al mundo, pero no tenemos el instrumento fundamental para hacerlo: una diplomacia que promueva inversiones”, afirmó Aparicio.

La violencia criminal continúa generando temor en Bolivia. Este martes, dos ciudadanos brasileños fueron asesinados a tiros en un inmueble cerca del aeropuerto internacional de Viru Viru, en el departamento de Santa Cruz, en un ataque que la Policía investiga como un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Pereira Penariol, de 46 años, y Wendeles Álvez Espinosa, de 29, quienes fueron atacados por dos hombres que, según los reportes preliminares y declaraciones de testigos, ingresaron al inmueble con el rostro cubierto y vestidos con indumentaria militar.

El comandante de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, afirmó que ambas víctimas tenían antecedentes de narcotráfico y señaló que esa actividad constituye la principal hipótesis sobre el móvil del crimen.

El doble asesinato ocurrió en la zona de Valle Sánchez, distante 17 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra y próxima a uno de los principales puntos de conexión aérea de Bolivia. Tras disparar contra los dos hombres, los atacantes huyeron y robaron un vehículo para facilitar su escape.

Una mujer de nacionalidad paraguaya que se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el ataque fue aprehendida y trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Según reportes policiales, la mujer fue detenida porque se detectaron contradicciones en su declaración.

En las horas siguientes, la Policía realizó allanamientos en inmuebles de la misma zona y secuestró dos vehículos, un cargador de arma de fuego calibre 9 milímetros y 39 cartuchos. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se ha reportado la captura de ningún sospechoso.

Este crimen se suma a una serie de hechos violentos que han mantenido en alerta a Santa Cruz, el departamento más poblado de Bolivia y el principal centro económico del país. En la misma jornada, se encontró el cadáver de un hombre oculto en la maletera de un vehículo abandonado y en la noche un atacante armado asaltó a dos personas en un restaurante del centro de la ciudad.

La sucesión de ataques armados ha aumentado la preocupación sobre la actividad de grupos criminales y las posibles disputas vinculadas con economías ilegales. En ese contexto, el secretario de Seguridad Ciudadana del departamento, Cnel. Jorge Santistevan, confirmó el arribo de 230 policías especializados a Santa Cruz, de los cuales 100 estarán destinados a tareas de seguridad ciudadana y 130 a la lucha contra el crimen organizado.

“El departamento ahora está prácticamente azotado, podríamos decir, por la inseguridad y por el miedo que están generando estas organizaciones criminales ligadas al narcotráfico”, afirmó Santistevan en entrevista con el canal estatal BTV. El funcionario también informó que se alista con el Gobierno el lanzamiento de un nuevo plan de seguridad.

A mediados de agosto, el presidente Rodrigo Paz presentó el plan Fronteras Seguras, ante el aumento de sicariatos en localidades fronterizas con Brasil. Sin embargo, la puesta en vigencia de ese proyecto no ha disminuido la violencia: desde entonces se han producido al menos 15 ejecuciones en fronteras y 22 a nivel nacional, según un recuento de Infobae en base a información pública difundida por medios locales.

La Justicia boliviana determinó revocar la orden de detención domiciliaria contra Tatiana Marset y dispuso su retorno al penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, para cumplir detención preventiva.

La decisión responde a una solicitud de la Fiscalía por el presunto incumplimiento de las condiciones impuestas, luego de que la joven de 23 años presuntamente vulnerara el horario de detención domiciliaria impuesto por el juez y se ausentara a una convocatoria judicial.

Según los antecedentes del caso, Tatiana Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue vista en una feria nocturna de entretenimiento el 25 de septiembre después de las 20:00, el horario de restricción establecido para acceder al beneficio.

En su defensa, la investigada afirmó que se ausentó a una audiencia de apelación de la Fiscalía debido a su internación médica y que la grabación que la muestra fuera de su vivienda fue registrada minutos antes de que se cumpliera el horario dispuesto por las autoridades.

“Eran aproximadamente las 19:00, minutos después me retiré y regresé a mi domicilio. Incluso se podría consultar con los escoltas que registran sus horarios: a las 20:00 ya me encontraba en mi casa”, escribió en redes sociales.

Sin embargo, el fiscal Iván Ortiz, explicó que se consideró el informe de los policías por el incumplimiento de las medidas que le había otorgado el juez “que eran salir a trabajar y no otras situaciones”.

Con el nuevo fallo, Marset deberá retornar a la cárcel de Palmasola inmediatamente después de recibir el alta médico del centro de salud en el que se encuentra ingresada.

Tatiana Marset fue detenida el 13 de marzo en el mismo operativo policial en el que se capturó a su hermano y a otras personas vinculadas con la organización. Luego de permanecer cerca de tres meses en prisión por los presuntos delitos de tráfico de armas y asociación delictuosa, la joven obtuvo detención domiciliaria con permiso para salir, entre las 06:00 y las 20:00, para trabajar e iniciar sus estudios de Derecho.

Tras dejar la cárcel, Marset, lejos de tener un perfil discreto, se convirtió en una figura de alta exposición mediática: al día siguiente de su liberación apareció como imagen de una peluquería, convocó a los medios para dar una conferencia de prensa y fue nombrada reina de una agrupación carnavalera de Santa Cruz.

Marset también dio entrevistas a medios digitales en los que defendió su inocencia y dijo que su “único delito es el amor” por su hermano Sebastián.

El caso contra Tatiana Marset se enmarca en los esfuerzos de las autoridades bolivianas por desarticular la red atribuida a su hermano, cuya captura en Santa Cruz dio lugar a nuevos operativos, una serie de allanamientos y a la detención de otras personas de su entorno.

El uruguayo de 35 años, señalado por las autoridades como uno de los principales narcotraficantes de la región, fue expulsado a Estados Unidos tras su captura, donde enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico internacional de cocaína. Mientras tanto en Bolivia continúan las investigaciones sobre presuntas actividades ilícitas vinculadas a su organización.

Bolivia investiga las amenazas que habría recibido la familia del presidente Rodrigo Paz, presuntamente vinculadas con las acciones que lleva adelante su Gobierno contra organizaciones criminales, informó el lunes el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

“Hay una serie de amenazas contra la familia presidencial. Estamos investigando”, declaró Oviedo a periodistas en La Paz, sin precisar el número de intimidaciones registradas ni identificar a sus presuntos responsables.

El ministro dijo que las autoridades darán a conocer información cuando dispongan de evidencia suficiente sobre el caso.

Paz advirtió el lunes que sus familiares enfrentan riesgos por las decisiones adoptadas contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en marzo y expulsado a Estados Unidos, y otras organizaciones criminales. “Mi familia tiene riesgo por haber tomado decisiones contra los Marset, contra los criminales de alta alcurnia”, afirmó durante un acto de promulgación de una ley relacionada con los depósitos judiciales.

El mandatario también alertó sobre las presiones que enfrentan los operadores de justicia, especialmente los jueces que trabajan en regiones fronterizas, donde, según dijo, las amenazas de grupos armados pueden condicionar sus decisiones. “No puede ser que la amenaza del crimen organizado sea la que dicte las sentencias en Bolivia”, sostuvo.

Es la segunda vez en menos de diez días que el presidente hace referencia a los riesgos a los que él y su familia estarían expuestos. El 11 de octubre, durante un acto en Cobija, una ciudad amazónica al norte del país, Paz relató que le habían recomendado no viajar a esa ciudad por el riesgo que suponía para su vida.

Según dijo, la advertencia se produjo pocos días después de la captura de Marco de Oliveira Ferreira, identificado por las autoridades como un miembro importante del Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil y que opera en Bolivia.

Estas denuncias se producen en medio de la ofensiva del gobierno contra líderes de organizaciones criminales y de investigaciones sobre presuntos nexos entre estas redes y funcionarios de la justicia boliviana.

El ministro Oviedo ha advertido sobre la expansión de estructuras criminales, particularmente las brasileñas PCC y el Comando Vermelho, en zonas clave para las rutas del narcotráfico, mientras las autoridades investigan posibles casos de corrupción y protección institucional.

Aumento de la violencia

En los últimos meses se registró un aumento de la violencia vinculada al crimen organizado principalmente en el departamento de Santa Cruz, al este del país, donde las autoridades han atribuido varios episodios a disputas entre organizaciones transnacionales por el control del narcotráfico.

En respuesta, autoridades de Bolivia y Brasil pusieron en marcha en agosto el plan binacional “Fronteras Seguras”, para combatir el crimen mediante operaciones policiales coordinadas, intercambio de información y presencia permanente en zonas consideradas críticas.

La estrategia contempla la capacitación y el despliegue de unidades policiales especializadas en zonas donde se han registrado hechos de violencia y para enfrentar la expansión de las organizaciones criminales.

Sin embargo, a pesar de las iniciativas estatales, solo en el mes de septiembre se produjeron 14 asesinatos en Bolivia presuntamente relacionados con disputas por el tráfico de droga.