Pagar la tasa anual de un vado permanente en España no te da permiso para aparcar tu coche frente a tu propio garaje, por mucho que tengamos en mente que, como es mío, puedo hacer lo que quiera. Es un hecho que carece de respaldo legal, según explica el abogado Xavi Abat, conocido en redes sociales como “el abogado de TikTok”. El letrado aclara que, aunque el titular pague el tributo municipal correspondiente, el tramo de acera y calzada que delimita el vado sigue siendo dominio público y no se transforma en una plaza de aparcamiento privada.

El Reglamento General de Circulación (RGC), aprobado por el Real Decreto 1428/2003, regula de forma expresa esta situación. Su artículo 94.2.f prohíbe estacionar “delante de los vados señalizados correctamente”, sin establecer ninguna excepción para el propietario de la licencia, sus familiares o allegados. Abat remarca este punto en sus declaraciones: la norma “no hace excepción para que seas tú, para tus amigos o tus colegas”.

El vado otorga un derecho de paso, no una reserva de aparcamiento

La confusión más habitual surge en torno al término “permanente”, que figura en la señalización del vado. Según explica el abogado, esa palabra indica que la restricción rige las 24 horas del día, no que el espacio haya sido adquirido de manera indefinida por el titular. La vigencia de la licencia y sus posibles renovaciones dependen de la ordenanza de cada ayuntamiento, y el pago de la tasa anual no equivale automáticamente a la renovación del permiso.

Esta interpretación coincide con la jurisprudencia consultada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resolvió en una sentencia de 2006 que “la titularidad de un vado de estacionamiento prohibido concede el derecho a evitar que se aparque en la puerta del garaje”, pero no implica que el titular pueda “regular y ordenar indirectamente el tráfico de vehículos en el municipio”. El mismo fallo añadió que debe prevalecer “el interés general” frente al “interés privado de acceso” cuando existe escasez de plazas en la vía pública.

En la misma línea, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estableció en 2002 que la prohibición de parada y estacionamiento frente a un vado “afecta incluso al titular o a los cotitulares de la licencia”, puesto que el espacio está destinado a garantizar la circulación o el servicio de acceso, no a convertirse en una reserva personal.

La infracción se considera grave y puede implicar la retirada del vehículo

El artículo 91.2.c del mismo reglamento clasifica como estacionamiento que obstaculiza gravemente la circulación aquel que impide el paso de entrada o salida de vehículos, personas o animales en un vado correctamente señalizado. Esta calificación convierte la infracción en grave, con una sanción de 200 euros, que se reduce a 100 euros si se abona dentro del plazo de pago anticipado que fije cada municipio.

Abat advirtió además que la denuncia puede provenir de cualquier vecino, incluso si el infractor estaciona frente a su propia vivienda. “Puede pasar que un vecino lo denuncie y la policía te sancione, aunque sea delante de tu propia casa”, señaló el letrado. A la multa económica se suma la posibilidad de que la grúa municipal retire el vehículo, con el consiguiente cobro de los gastos de traslado y depósito.

El reglamento distingue entre parada y estacionamiento: detener el coche por menos de dos minutos sin abandonar el vehículo no constituye infracción, según precisó la Dirección General de Tráfico (DGT) en su cuenta de la red social X, citada por medios especializados. Sin embargo, si esa parada impide la entrada o salida de otro vehículo, se aplica la misma sanción grave prevista para el estacionamiento.

Algunos municipios permiten una reserva adicional de pago

El propio artículo 93 del RGC establece que ninguna ordenanza municipal puede “oponerse, alterar, desvirtuar o inducir a confusión” con lo dispuesto en el reglamento estatal, lo que limita el margen de maniobra de los ayuntamientos para crear excepciones locales a favor de los titulares de vados.

No obstante, algunos municipios han introducido una figura adicional conocida como “reserva de estacionamiento para el titular”, que sí permite aparcar frente al propio garaje mediante el pago de una tasa anual adicional a la del vado. En estos casos, la señalización cambia: en lugar del bordillo amarillo que indica prohibición general, se emplea un marcado de color verde o azul para identificar la zona de uso exclusivo. Esta alternativa no está disponible en todas las localidades y queda sujeta a la potestad discrecional de cada ayuntamiento sobre el dominio público.

La opinión de las autoridades de Estados Unidos sobre España no siempre ha sido mala. Aunque ahora nos hayamos acostumbrado a constantes ataques entre los presidentes Donald Trump y Pedro Sánchez, hubo un tiempo en el que en España se llevó a cabo un ejercicio militar conjunto entre ambos países que tuvo lugar en Cádiz, en 2010. En ese momento, el capitán Nate McAndrew, responsable del contingente estadounidense, calificó a los infantes españoles de “tácticamente sólidos y muy profesionales”. Estas palabras, que hoy recupera La Razón, fueron pronunciadas durante el entrenamiento bilateral Lisa Azul y fueron recogidas originalmente por Navy NewsStand en una crónica del 3 de noviembre de 2010, conservada en el archivo de GlobalSecurity.org.

McAndrew encabezaba el segundo pelotón de FAST Company Europe (Fleet Antiterrorism Security Team), una unidad del Cuerpo de Marines especializada en seguridad y respuesta antiterrorista desplegada en el continente europeo. Durante dos semanas compartió instrucción con efectivos de la Infantería de Marina española, lo que le permitió comparar de cerca los procedimientos de ambas fuerzas.

El ejercicio se extendió entre Rota y la Sierra del Retín

Lisa Azul comenzó el 25 de octubre de 2010 y reunió a los dos cuerpos militares durante dos semanas de instrucción compartida. El entrenamiento se repartió entre la Base Naval de Rota y el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín, cerca de Barbate, según confirma también un comunicado publicado por la Armada Española sobre esa edición del ejercicio.

El programa incluyó sesiones de tiro con fuego real de ametralladoras, movimiento de convoyes, patrullas y actividades de combate cercano en entornos urbanizados. Según el registro de la Armada, por parte española participaron las secciones de reconocimiento de los batallones de desembarco, dos compañías del segundo batallón de desembarco, la unidad de reconocimiento y el grupo especial de desactivación de explosivos.

El intercambio permitió comparar procedimientos tácticos

McAndrew explicó en la crónica original que trabajar junto a una fuerza de otro país ampliaba las opciones disponibles para resolver un mismo problema táctico, ya que comparar dos métodos distintos podía aportar alternativas que un solo equipo desconocía. En esa misma nota, el sargento Orlando Ávila señaló que los marines estadounidenses encontraban funciones similares a las suyas entre los efectivos españoles, lo que facilitaba el intercambio de experiencias aun cuando cada fuerza mantenía sus propios procedimientos de organización.

La formación no se limitó a los mandos. Charles Bourne, uno de los marines más jóvenes del contingente, ejerció como instructor en el campo de tiro, mientras que Agustín Lara colaboró en la comunicación entre ambos grupos gracias a su dominio del español, un factor relevante en un entrenamiento que exigía precisión en el manejo de armas y municiones.

Lisa Azul se repitió en años posteriores con nuevas unidades

El ejercicio no fue un hecho aislado. Según la publicación oficial del Cuerpo de Marines, Marines.mil, la edición de octubre de 2011 reunió a 52 marines estadounidenses y 72 infantes españoles en entrenamientos de combate urbano en las instalaciones de Hogan’s Alley, dentro de la Base Naval de Rota. En esa ocasión, el capitán Daniel Wendolowski, comandante de la unidad Alpha 2, valoró de forma similar a sus contrapartes españolas. “Los marines españoles son tan conocedores como los míos en materia de entrenamiento de combate en zonas urbanizadas”, declaró al citado medio.

Documentación posterior de la Armada Española, recogida en sus boletines de Infantería de Marina, confirma que Lisa Azul se mantuvo como un ejercicio bilateral de frecuencia regular durante los años siguientes, con ediciones que incorporaron además a unidades de los Royal Marines británicos y ampliaron el entrenamiento a técnicas de fast-rope y combate de alta intensidad en la misma base gaditana.

Los famosos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros todavía tienen que ser convalidados en la Diputación Permanente. En esta ocasión, ya que la composición de los partidos es distinta a la del Congreso de los Diputados -y no hay dependencia de Junts-, es más sencillo que salgan adelante con el apoyo de PSOE, Sumar, PNV y el resto de fuerzas de izquierda. Pero solo uno, el primero, el que engloba el grueso de medidas. El segundo, el que solo incluye las prórrogas obligatorias del contrato de alquiler (Real Decreto-ley 28/2026), genera más reticencia en los partidos. Según un informe de Fedea, si se convalidara finalmente, la indemnización que tendría que pagar un propietario por no renovar un contrato de alquiler podría ser de 15.500 euros en un caso representativo de inquilinos que lleven entre 10 y 12 años.

El decreto convierte el alquiler de vivienda habitual en un contrato de prórrogas sucesivas obligatorias de cinco años (siete si el propietario es una persona jurídica). El arrendador solo puede recuperar la vivienda al término de cada período, con seis meses de preaviso, y debe pagar al inquilino una indemnización equivalente al mayor de estos dos importes: doce mensualidades de renta o una mensualidad por cada año de residencia, calculada sobre el valor superior del rango que fija el sistema estatal de referencia de precios.

El informe de Fedea, firmado por los economistas Fernando Pinto Hernández y Santiago Calvo, detalla cómo evoluciona ese coste según la antigüedad del inquilino en la vivienda. Para una residencia de 10 o 12 años, la indemnización se mantiene en los 15.500 euros citados, el mínimo legal de doce mensualidades. A partir de los 15 años de residencia, la cifra empieza a crecer: asciende a 19.406 euros, el equivalente a 17,3 meses de renta efectiva. Con 20 años de residencia, el importe llega a 25.875 euros, unos 23 meses de renta.

El informe compara esta indemnización con el coste de un despido improcedente en el ámbito laboral. En la primera renovación del contrato, el pago equivale a 73 días de renta por año de residencia, más del doble de los 33 días que marca la ley para el despido improcedente de un trabajador. Los autores describen el mecanismo como “un coste de despido con un suelo independiente de la antigüedad”, porque el mínimo de doce mensualidades se aplica desde el primer año, sin importar cuánto tiempo lleve el inquilino en la vivienda.

No todos los propietarios pagarán la cifra completa

La obligación de indemnizar no es absoluta. El decreto contempla varias excepciones que eximen al arrendador de ese pago. No corresponde indemnización si el propietario, siendo persona física, necesita la vivienda para sí mismo o para familiares directos; si el inquilino no ha habitado el inmueble durante más de seis de los últimos doce meses; si dispone de otra vivienda adecuada en el mismo municipio; o si ambas partes firman un nuevo contrato.

La excepción de mayor alcance, según el análisis de Fedea, es la que permite al propietario ofrecer un nuevo contrato de al menos cinco años (siete si es persona jurídica) con una renta que respete los límites del artículo 17.6 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que en la práctica limita el incremento a la renta anterior actualizada. Si el inquilino rechaza esa oferta, el arrendador tampoco debe pagar la indemnización.

Para el propietario que simplemente quiere seguir alquilando la vivienda, esta salida convierte la indemnización en algo distinto a un coste de salida: funciona como un tope a la renta que puede cobrar en la renovación. Los 15.500 euros y las cifras superiores representan, según los autores del informe, el coste máximo que asumiría quien quiera vender la vivienda libre de ocupantes, destinarla a otro uso sin acreditar necesidad propia, o cambiar de inquilino para fijar una renta de mercado.

Quién asumiría el coste si se aplica la norma

El informe advierte de que el efecto de la medida no se repartiría de forma homogénea entre los propietarios. El 76% de los arrendadores personas físicas en España tiene una sola vivienda alquilada, mientras que quienes poseen once o más inmuebles apenas representan el 2,4% del parque arrendado por particulares. Para los contratos ya vigentes, la indemnización, las prórrogas obligatorias y el límite del 2% a las actualizaciones de renta operarían como una transferencia de una sola vez desde los propietarios actuales hacia los inquilinos actuales, según el documento.

El RDL 28/2026 tiene su entrada en vigor prevista para el 15 de noviembre, condicionada a que antes lo apruebe la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ejerce las funciones de control parlamentario mientras las Cortes permanecen disueltas tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Este decreto es, en realidad, la segunda versión de una norma que el Pleno del Congreso ya había rechazado el 2 de octubre, por 184 votos frente a 166, cuando se llamaba RDL 27/2026.

Según los anuncios de voto conocidos hasta ahora, el RDL 28/2026 contaría con menos apoyos que su norma hermana, el RDL 29/2026, que agrupa medidas fiscales y de oferta de vivienda. La sesión de la Diputación Permanente en la que se decidirá el futuro de ambos decretos estaría prevista para el 12 de noviembre, un día después de una huelga general convocada en torno a la vivienda.

España cuenta con una ventana de oportunidad histórica para atraer inversión industrial, según el análisis del economista José Carlos Díez. En su cuenta de X, Díez sostiene que “Alemania está perdiendo competitividad industrial y España tiene una oportunidad histórica”, una posibilidad que atribuye a los menores costes laborales y energéticos españoles. El economista acompaña ese diagnóstico de dos advertencias: “Nos falta red eléctrica y nos sobra burocracia”.

El planteamiento de Díez encuentra respaldo en un estudio de la aseguradora de crédito Coface. Según ese análisis, la producción manufacturera española ya superó los niveles registrados antes del conflicto en Ucrania, mientras Alemania e Italia continúan por debajo de esa referencia. La economista Laurine Pividal, autora del estudio, explicó que los costes laborales por hora en la industria española se situaron en 2025 un 43% por debajo de Alemania y un 40% por debajo de Francia, una diferencia que “permite a España seguir siendo especialmente competitiva” al compensar el déficit de productividad del país frente a sus vecinos europeos.

El informe de Coface matiza, sin embargo, que esa ventaja resulta frágil: entre 2022 y 2025 los costes laborales españoles aumentaron un 14%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras la productividad avanzó a un ritmo cercano al 4%. La diversificación hacia sectores de alto valor añadido, como el farmacéutico y la electrónica, junto con la menor dependencia del gas gracias al despliegue renovable, explica buena parte de la resiliencia industrial española frente a Alemania e Italia, ambas más expuestas a la automoción y la metalurgia.

La industria alemana atraviesa un ajuste estructural

El trasfondo del diagnóstico de Díez se apoya en el deterioro que atraviesa la base industrial alemana. Un estudio del Instituto Ifo, y recogido por Reuters, documentó que la industria alemana perdió 496.000 puestos de trabajo entre 2019 y finales de 2025, una caída del 7,1% concentrada sobre todo en la automoción, la metalurgia y la maquinaria, los tres sectores que durante décadas sostuvieron el liderazgo exportador del país.

Joachim Ragnitz, director gerente del Ifo, atribuyó ese ajuste a la pérdida de competitividad frente a China y advirtió de que los nuevos empleos generados en el sector servicios no compensan la pérdida de valor añadido industrial. “La economía puede mantener elevados niveles de ocupación y, simultáneamente, perder parte de su potencial de crecimiento”, señaló el experto. Esa transformación estructural es, en términos de Díez, lo que abre una posibilidad concreta para que España capte inversión que antes se dirigía al mercado alemán.

La red eléctrica, el obstáculo que señala Díez

La advertencia del economista sobre la falta de capacidad eléctrica coincide con datos recientes sobre el estado de la red española. Red Eléctrica comunicó el 1 de octubre que había concedido 18,52 gigavatios de capacidad de acceso a la red de transporte para nuevas demandas, de los cuales 11,05 gigavatios correspondían a instalaciones aún sin poner en servicio. En el segmento industrial, la compañía registraba 5.838 megavatios de capacidad adjudicada frente a 4.346 megavatios ya operativos, una diferencia que mide la distancia entre el permiso otorgado y la planta que efectivamente produce.

Un informe del Foro Industria y Energía y la consultora Opina 360, divulgado en septiembre, ofrece una radiografía más amplia del problema: el 86,5% de las subestaciones de acceso a la red española está saturado, lo que deja apenas 826 nudos libres de los 6.127 que operan en el sistema. La capacidad disponible cayó 282 megavatios en seis meses, hasta 7.118,6 megavatios, pese a que el Real Decreto-ley 7/2026 introdujo en marzo un mecanismo para penalizar a los promotores que reservan capacidad sin iniciar actividad.

El problema ya genera consecuencias concretas. En la III Cumbre Empresarial Comunidad de Madrid-Comunitat Valenciana, celebrada el 14 de octubre, Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO Logística), denunció que “hay proyectos que han abandonado implantarse en España porque no les podemos garantizar plazo eléctrico, no les podemos garantizar potencia”. Según los datos expuestos en ese encuentro, nueve de cada diez solicitudes de acceso y conexión a la red son rechazadas en la Comunidad Valenciana, donde el 91% de los nudos analizados está saturado.

Un plan de inversión busca destrabar la expansión de la red

Frente a ese diagnóstico, el Gobierno español prepara una ampliación de la infraestructura eléctrica. El Ejecutivo presentó una propuesta de inversión de más de 17.000 millones de euros para modernizar la red de transporte, una cifra 3.400 millones superior a la primera versión del plan y más del doble de los 8.200 millones previstos en la planificación vigente. El proyecto contempla 6.700 kilómetros de nuevas líneas y busca atender la acumulación de solicitudes de proyectos industriales, tecnológicos y de vivienda.

Coface apunta además a una posible ventana adicional hacia el final de la década: Alemania podría eliminar en 2030 las subvenciones que actualmente otorga a las industrias con alto consumo energético, un cambio que, combinado con la inversión española en infraestructura eléctrica, podría reforzar la posición competitiva de España. En paralelo, Díez propuso en otra publicación identificar y acompañar a los empresarios españoles innovadores, sin necesidad de subvenciones directas, una idea que suma a la discusión sobre competitividad industrial una dimensión que ya no se limita a comparar costes, sino a la capacidad de cada país para ejecutar los proyectos que esos costes podrían atraer.

Una ausencia injustificada en un juicio laboral puede costarle a una empresa decenas de miles de euros, aunque los hechos que motivaron la demanda original sean, en teoría, defendibles. Así lo refleja una sentencia dictada por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona, a la que ha tenido acceso Infobae, que repasa el caso de B.I. Logistique S.L., una empresa de logística conocida actualmente como SEKO Logistics, que ha sido condenada a pagar 59.597,89 euros a una extrabajadora después de no comparecer a una audiencia laboral.

El conflicto se originó años antes en el Juzgado de lo Social número 5 de Barcelona, donde la empleada demandó a la empresa francesa Bansard Internacional SAS y a FCS Bansard Internacional SL por un despido. La demandante amplió después la reclamación contra B.I. Logistique, una sociedad de reciente creación que, según argumentó, compartía socio único y objeto social con el grupo Bansard.

El juzgado social citó formalmente a B.I. Logistique para la vista, pero ningún representante de la compañía se presentó el día señalado. La empresa había solicitado varias suspensiones de la comparecencia, pero ninguna fue aceptada por el tribunal.

Esa ausencia tuvo consecuencias directas. El artículo 91 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permite a los jueces tener por confesa a la parte demandada cuando no comparece sin causa justificada. El juzgado aplicó esa facultad y señaló, según consta en la sentencia, que la incomparecencia “ha imposibilitado la prueba de los hechos que amparan la decisión extintiva unilateral”. Dos días después de la audiencia, el 5 de abril de 2017, el juzgado dictó sentencia y condenó solidariamente a B.I. Logistique junto con FCS Bansard Internacional.

El fallo obligó a indemnizar a la trabajadora o a readmitirla

La sentencia laboral condenó a ambas empresas a optar entre indemnizar a la trabajadora con 15.833,88 euros o readmitirla, además de abonar los salarios de tramitación desde el despido hasta la readmisión, a razón de 98,50 euros diarios. B.I. Logistique nunca presentó recurso de suplicación, la única vía legal disponible en procesos de despido según el artículo 191.3 de la ley laboral. En su lugar, sus representantes legales presentaron un escrito de “subsanación por error patente”, que el tribunal determinó que no constituía un recurso válido.

Al no existir oposición firme, la trabajadora instó la ejecución forzosa de la sentencia. El 1 de marzo de 2018, el Juzgado de lo Social número 5 dictó un decreto que ordenó el embargo de bienes y derechos de B.I. Logistique por el importe total de la condena. Doce días después, el 13 de marzo, se embargaron 23.165,80 euros de una cuenta bancaria de la empresa. El 3 de abril, la Comisión Judicial practicó una diligencia adicional de embargo sobre otros bienes de la compañía.

Un mes más tarde, el 4 de mayo de 2018, B.I. Logistique ingresó en la cuenta del juzgado los 46.137,35 euros pendientes de pago para completar la liquidación. Tras los cálculos finales de intereses y costas, realizados el 21 de junio y el 20 de julio de ese año, el juzgado devolvió a la empresa el importe abonado en exceso. El total desembolsado por la compañía ascendió finalmente a 59.597,89 euros, cifra que incluyó el principal de la condena, los intereses provisionales y las costas del proceso de ejecución.

La empresa buscó responsabilizar a sus abogados, sin éxito

Una vez saldada la deuda, B.I. Logistique presentó una nueva demanda, esta vez civil, contra el despacho LVI Avocats Associes Selarl y uno de sus letrados, a quienes acusó de no haberle informado sobre las consecuencias de no asistir a la audiencia laboral ni de haber interpuesto el recurso correspondiente. La empresa sostuvo que, de haber actuado a tiempo, podría haber demostrado que nunca existió relación laboral con la trabajadora demandante.

El Tribunal de Instancia reconoció que la falta de asistencia a la vista, sin causa justificada, constituyó un incumplimiento de la obligación profesional del abogado conforme al artículo 1101 del Código Civil. Sin embargo, la jueza aplicó el criterio de la “pérdida de oportunidad”, según el cual el letrado solo debe indemnizar si existía una probabilidad real de éxito en el juicio original. En este caso, la sentencia concluyó que B.I. Logistique no aportó pruebas suficientes para acreditar que no existía vínculo laboral con la trabajadora ni que el resultado del juicio hubiera sido distinto de haber comparecido.

Por el contrario, el tribunal valoró como indicio en contra de la empresa el hecho de que Bansard Internacional SAS figurara como socio único de B.I. Logistique, dato que respaldaba la versión de la trabajadora sobre una posible confusión de empresas. Ante la falta de prueba de esa pérdida real de oportunidad, la jueza desestimó íntegramente la demanda de daños y perjuicios e impuso las costas del proceso a B.I. Logistique.

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, planteó en una entrevista con el diario ABC publicada este domingo un cambio de rumbo radical para el papel del Estado en el tejido empresarial español: si Alberto Núñez Feijóo llega a Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre, el futuro gobierno limitaría la presencia pública en el capital de empresas privadas a tres ámbitos concretos: defensa, seguridad nacional y servicios públicos esenciales. Es decir, apuesta por la privatización. La fórmula, ya tiene un antecedente reciente a miles de kilómetros de distancia: el programa de desnacionalizaciones impulsado por Javier Milei en Argentina, la conocida como Ley de Bases.

“Consideramos injustificada la presencia pública en sectores donde existe competencia privada”, afirmó Nadal en declaraciones al citado diario. Según el dirigente popular, la función de las empresas públicas o la presencia del Estado en compañías de capital mayoritariamente privado solo se justifica “cuando hay una relación con el sector de la Defensa y la Seguridad Nacional, o porque se presta un servicio público esencial que tiene que estar en manos o bajo control del Estado”. Como ejemplo de esta última categoría mencionó Red Eléctrica, el operador de la red eléctrica nacional.

Queda en duda si se incluye a Correos —no se menciona en la entrevista—, que presta el servicio postal universal, una obligación establecida por ley que garantiza el reparto de correspondencia en todo el país, incluidas zonas rurales o de baja densidad donde la actividad no sería rentable para un operador puramente comercial. Bajo esta lógica, y pese a tener competidores como SEUR, MRW o DHL, encajaría en la categoría de “servicio público esencial” que Nadal menciona como excepción, de forma similar a como cita el caso de Red Eléctrica. Sin embargo, no hizo mención sobre esta empresa que el PP ha puesto en duda en los procesos electorales y sobre la que Isabel Díaz Ayuso ha alimentado el fraude del voto por correo.

Los casos de Telefónica e Indra

Al PP el caso que más le indigna es el de Telefónica. Recordemos que esta empresa se privatizó de forma progresiva entre 1995 y 1999, durante el mandato de José María Aznar. Y el 20 de diciembre de 2023, el Estado volvió al capital de la compañía, cuando el Consejo de Ministros ordenó a la SEPI la adquisición de hasta un 10%. Para Nadal, esa intervención fue “injustificada”, dado que la compañía compite con operadores como Orange, Vodafone o MásMóvil.

El episodio más destacable para Nadal se produjo el 17 de enero de 2025, cuando Presidencia del Gobierno llamó a la Moncloa a José María Álvarez-Pallete, entonces presidente ejecutivo de Telefónica, para comunicarle su cese y colocar en su lugar a Marc Murtra, hasta ese momento presidente de Indra. La operación se completó después de que el Ejecutivo creara un nuevo capítulo presupuestario para dotar los 2.285 millones de euros necesarios para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tomara una participación del 10% en la operadora.

El Gobierno también reforzó su posición en Indra con el objetivo de ganar peso en el sector industrial de la defensa, entró en el capital de Talgo tras vetar varias opciones privadas de compra y tomó posiciones en Duro Felguera con la intención de dar estabilidad a un proyecto empresarial que, cinco años después, continúa sin resolverse. A esto se suma la decisión de posponer la venta de la participación estatal en CaixaBank y la oposición del Ejecutivo a la fusión entre Sabadell y BBVA.

“Hay que preguntar qué es y qué no debe ser una empresa pública, y en nuestra opinión una empresa pública solo puede ser aquella que por su naturaleza cumple una función que es de interés público”, sostuvo Nadal en la misma entrevista. El vicesecretario de Economía adelantó además que, de llegar al Gobierno, el PP cambiaría el perfil de las personas designadas al frente de las empresas públicas del grupo SEPI, aunque aclaró que no modificaría el sistema de nombramientos regulado por ley.

Las empresas españolas que podrían verse afectadas

La revisión planteada por el PP pone en el punto de mira un conjunto amplio de participaciones estatales, que se dividen en dos categorías: posiciones minoritarias en empresas cotizadas y compañías de propiedad íntegra o mayoritaria del Estado.

Entre las participaciones minoritarias en cotizadas, gestionadas principalmente por la SEPI, figuran Telefónica (10%), Indra (27,99%), Redeia (20%), Enagás (5%), Airbus (4,12%), Ebro Foods (10,36%), Talgo (7,8%), IAG (2,52%), Enresa (20%) e Hispasat (10,32%). A través de otros vehículos, el Estado controla también el 51% de Aena mediante Enaire, el gestor público de la navegación aérea, y el 18,1% de CaixaBank mediante BFA Tenedora de Acciones, bajo el Ministerio de Economía. El valor conjunto de las participaciones del Estado en el Ibex 35 y en el mercado continuo ronda los 50.000 millones de euros, según cálculos del diario Expansión.

A ese grupo se añaden las empresas de propiedad estatal plena, que no cotizan en bolsa y forman el núcleo histórico del sector público empresarial. La SEPI posee el 100% de ocho compañías: Correos, Navantia, RTVE, la Agencia EFE, Hunosa, Mayasa, Sepides y Cofivacasa. A ellas se suman otras sociedades mayoritarias o controladas, como Tragsa, Enusa, Ensa, Mercasa, Cetarsa y Saeca, esta última con una participación del 20% según su propio registro de empresas participadas.

Desde el PP defienden que la posición del partido sobre este asunto no implica que exista todavía una decisión firme de vender participaciones en empresas como Telefónica, Duro Felguera, Talgo o CaixaBank si Feijóo forma gobierno tras las elecciones. El debate se centra, por ahora, en fijar los criterios que delimitarán dónde debe o no estar presente el Estado como accionista, antes de avanzar hacia decisiones concretas de desinversión.

Lo que Milei ya puso en marcha en Argentina

El proyecto original de Milei contemplaba privatizar más de 40 empresas públicas, pero el Congreso argentino limitó esa autorización a solo ocho compañías en la Ley de Bases, aprobada en junio de 2024.

Hasta septiembre de 2026, el programa acumulaba operaciones cerradas por 1.081 millones de dólares: la venta de la metalúrgica IMPSA por 27 millones, la adjudicación de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue por 700 millones, la venta de Citelec, controlante de la transportista eléctrica Transener, por 356 millones, y la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula el 80% del comercio exterior del país. También se adjudicaron más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales a privados, sin subsidios del Tesoro.

No todos los procesos tuvieron el mismo resultado: la licitación de Intercargo, la empresa estatal de servicios de rampa aeroportuaria, quedó desierta tras tres postergaciones. El caso más complejo es el de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la mayor distribuidora de agua del país, con el 90% en manos del Estado. La apertura de sobres, prevista para el 27 de agosto, se postergó hasta el 15 de septiembre; el esquema prevé que al menos el 51% vaya a un operador estratégico, con una recaudación estimada de 500 millones de dólares.

Las leyes argentinas también impusieron límites: Nucleoeléctrica Argentina solo puede privatizarse de forma parcial, manteniendo el Estado el control, y en Yacimientos Carboníferos Río Turbio el sector público debe conservar al menos el 51% del capital. Ambas privatizaciones, junto a la de SOFSA, no tienen fecha definida.

Virginia Zapater, una joven que vive en Oliva (Valencia), está atrapada junto a su familia en su casa esperando a ser rescatada, víctima de la DANA Adam, que ha provocado fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana. A través de su cuenta de X ha compartido una imagen en la que aparece junto a su madre y su perro, cubiertas en mantas, y alertando de que están ya “al borde de la hipotermia”.

“Estamos mi madre y yo en la terraza, mi padre no puede salir de casa por la cantidad de agua que hay. “Estas son mis llamadas al 112 y aquí no viene ni dios”, ha escrito, junto a una imagen de las llamadas que ha realizado al número de Emergencias desde las siete de la mañana. La noche ha sido larga. Ya ayer por la noche Virginia comentó que en Oliva estaba lloviendo “con una fuerza y un viento que no había visto en su vida”.

Estamos mi madre y yo en la terraza, mi padre no puede salir de casa de la cantidad de agua que hay. Estás son mis llamadas al 112 y aquí No viene ni dios! @generalitat @apuntnoticies @sextaNoticias @A3Noticias https://t.co/CYY2M4MNBR

— virginia zapater (@nikitakd) October 19, 2026

Horas después, avisaba: “Oliva ahora mismo está dentro de un huracán. Es la peor noche de mi vida, sin ninguna duda. Solo rezo para que pare lo antes posible, por favor”. Han pasado ya más de cinco horas desde que publicaba este mensaje y sigue esperando.

“Estamos esperando a la UME o bomberos para que nos puedan sacar de casa. Esto es lo peor que he vivido en mi vida”, ha sentenciado. También ha compartido un vídeo de su casa que se ve completamente inundada. En las imágenes, aparece ella andando, con las zapatillas de estar por casa sumergidas y el pijama.

Y así está mi casa. @apuntnoticies @apuntoratge @A3Noticias @sextaNoticias #Oliva #Valencia #DanaAdam https://t.co/U0J6JtgqJC

— virginia zapater (@nikitakd) October 19, 2026

15 helicópteros en el rescate de decenas de afectados

Y mientras tanto, cerca de 15 helicópteros participan este lunes en el rescate de decenas de personas afectadas por las fuertes lluvias registradas en municipios del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante, donde se acumularon más de 700 litros por metro cuadrado en 24 horas. Aunque el nivel de alerta meteorológica bajó, la situación de peligro continúa.

Así lo ha informadop el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en una comparecencia junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Este último ha pedido “muchísima paciencia” a las personas afectadas y aseguró que se trabaja “para llegar lo antes posible”.

En el operativo participan siete helicópteros de rescate, uno de coordinación, uno de reconocimiento y búsqueda, y seis de transporte de personal y apoyo logístico, según se detalló en la comparecencia. Las autoridades insistieron en que la población permanezca confinada ante una “situación meteorológica extraordinaria” que no afectaba a esas comarcas desde hace tiempo.

En España se ha producido un cambio en la forma en que las compañías gestionan sus finanzas. La empresa mediana ha reducido su nivel de deuda del 47% de sus activos al 7% en un plazo de tres años. Ese ajuste coincidió con una caída de la inversión, la devolución de préstamos y deudas, y un aumento de la liquidez, según un estudio del Banco de España que analiza la evolución de las sociedades no financieras entre 2007 y 2024.

El informe estudia casi un millón de empresas con al menos un año de información posterior a su máximo nivel de endeudamiento. Describe un patrón extendido: durante el período de reducción de deuda, las compañías disminuyeron sus pasivos y elevaron su liquidez, mientras la inversión perdió peso. “Estos resultados muestran que, durante el proceso de desapalancamiento, las empresas priorizan la reducción de los pasivos y el refuerzo de la liquidez, en detrimento de la inversión productiva”, explica el texto. No obstante, el propio informe advierte que su análisis es descriptivo y no permite determinar hasta qué punto el ajuste respondió a restricciones de crédito o a decisiones propias de las empresas.

La evolución quedó reflejada en los indicadores de inversión. La proporción de empresas con inversión positiva bajó del 62% cuando tenían su mayor nivel de deuda al 46% después de reducirla. La formación bruta de capital fijo, un indicador de la inversión en maquinaria, instalaciones y otros activos duraderos, descendió del 0,8% de los activos a valores nulos.

Menos préstamos pendientes y más dinero disponible

El ajuste no solo redujo el peso de la deuda. El 31% de las empresas analizadas terminó sin ninguna deuda pendiente. Y el 54% llegó a tener más dinero disponible, en caja o en el banco, del que debía a sus acreedores. El informe llama a esa situación “deuda neta negativa”.

El dinero disponible de la empresa mediana pasó de representar el 5% al 8% de sus activos. Para el Banco de España, esto demuestra que las empresas no solo pagaron deudas: también guardaron más efectivo para estar mejor preparadas ante imprevistos y acceder con más facilidad a financiación en el futuro. Entre las grandes empresas, el aumento fue menor, del 1,6% al 2,4%, y esa diferencia también se nota en las decisiones de inversión.

Las pymes redujeron más deuda y reforzaron su liquidez

En las pymes, el porcentaje de compañías que invirtieron cayó del 61% al 46%, mientras que entre las grandes empresas descendió del 86% al 82%. La diferencia muestra que las pymes priorizaron con más fuerza guardar dinero en vez de invertir, mientras reducían su deuda.

La explicación tiene que ver con cómo se financia cada tipo de empresa. Las pymes dependen casi por completo de los bancos: en su momento de mayor deuda, los préstamos bancarios representaban el 26% de sus activos, y la deuda con otros acreedores era prácticamente inexistente. Las grandes empresas, en cambio, reparten más su financiación: la deuda bancaria representaba el 16% de sus activos, y la deuda con otras fuentes, el 13%.

Pagar los préstamos fue, de hecho, la forma más común de reducir la deuda. Las pymes bajaron su deuda total en un 73% durante el proceso analizado, frente al 60% de las grandes empresas.En las grandes empresas, además de pagar deuda, otra vía importante fue usar sus propios recursos, como ganancias acumuladas o aportaciones de los accionistas.

Ganar más al pagar menos intereses

El ajuste financiero tuvo otra consecuencia: las empresas ganaron más dinero en relación con lo que tenían. El retorno sobre activos, un indicador que compara los beneficios con el total de recursos de una empresa, pasó del 0,2% al 2% en la empresa mediana.

La mejora se debió a dos factores: las empresas vendieron más o gastaron menos en su actividad principal, y pagaron menos intereses por sus deudas. Los gastos en intereses y otros costos financieros bajaron del 0,8% al 0,3% de los activos. Al deber menos dinero, las empresas destinaron menos ingresos a pagar intereses, lo que dejó más margen para mejorar sus ganancias.

Las empresas con más riesgo de no poder pagar sus deudas fueron las que más redujeron su endeudamiento. Aquellas con una probabilidad de impago superior al 3% bajaron su nivel de deuda 34 puntos porcentuales más que las empresas con menos riesgo.

El estudio también encontró diferencias según el tipo de empresa. Las compañías jóvenes y las de sectores como energía, comunicaciones, comercio y hostelería redujeron su deuda con más rapidez. En cambio, cuando el dinero prestado se había usado para comprar maquinaria o inmuebles, el proceso de pago de esa deuda fue más lento.

El acceso al crédito no explica todo el cambio

Una parte del ajuste coincidió con momentos difíciles para conseguir financiación. Las empresas llegaron a su nivel más alto de deuda, sobre todo, en dos momentos: en 2008, al inicio de la crisis financiera global, y en 2020, durante la pandemia. En ambos casos, muchas recurrieron a préstamos y otras fuentes de dinero, aunque por razones distintas.

Aun así, el Banco de España señala algo llamativo: incluso las empresas que podían seguir pidiendo créditos a los bancos optaron por reducir su deuda. El estudio no puede determinar con precisión cuánto de ese comportamiento se debió a que los bancos prestaban menos dinero, y cuánto fue una decisión propia de las empresas.

Todo apunta a que, además de las posibles dificultades para conseguir crédito, las empresas también decidieron por su cuenta pagar deudas y guardar más dinero disponible para reducir riesgos futuros. Lo que el informe no puede confirmar es si ese cambio permitirá, más adelante, que las empresas vuelvan a invertir con la misma fuerza que antes.

Un billete puede pasar de una mano a otra en cuestión de segundos. En ese tiempo, quien lo recibe suele mirarlo, palparlo o inclinarlo para comprobar alguno de sus elementos de seguridad. Son gestos cotidianos, casi automáticos, que ahora forman parte de una línea de investigación del Banco de España para estudiar cómo perciben las personas el dinero en efectivo.

La institución desarrolló junto con el Laboratorio de Neurociencia y Economía Experimental de la Universidad Politécnica de Valencia, LabLENI, una metodología denominada Neurocash. Su objetivo es observar qué sucede cuando un usuario se enfrenta a un billete: dónde fija la vista, qué características toca, cuánto esfuerzo necesita para localizar una señal de autenticidad y qué reacciones emocionales pueden aparecer durante esa comprobación.

La idea es obtener información que una encuesta convencional no siempre permite recoger. Una persona puede decir que un billete es fácil de reconocer o que confía en sus medidas de seguridad. Pero esa respuesta no refleja necesariamente si tuvo dudas, si necesitó concentrarse mucho o si encontró intuitiva la forma de comprobarlo.

Neurocash intenta completar esa imagen. Según el Banco de España, la metodología estudia la atención visual, la percepción del tacto y la interacción de las personas con el efectivo. También busca identificar respuestas conscientes e inconscientes ante sus características.

El objetivo no es decidir por sí solo cómo será un futuro billete en euros. El Banco de España puede aportar estudios, herramientas y evidencia al trabajo común del Eurosistema, pero el diseño final corresponde al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.

Qué puede revelar la mirada ante un billete

La atención visual es una de las dimensiones que contempla Neurocash. Saber qué parte de un billete llama primero la atención o qué detalles pasan inadvertidos puede ayudar a estudiar cómo se relacionan los usuarios con el efectivo.

Un billete debe transmitir información de forma rápida. Debe permitir que una persona reconozca su valor y que pueda comprobar algunos de sus rasgos de seguridad sin conocimientos especializados. La percepción visual interviene en ambos procesos.

El documento del Banco de España sitúa el análisis de la voz dentro de este marco más amplio. Los autores explican que las señales procedentes de la mirada, el tacto y otras respuestas fisiológicas pueden complementarse para conocer mejor la reacción de las personas ante el diseño del efectivo.

No se trata de que una única señal determine si un billete funciona o no. La intención es reunir distintos indicadores y compararlos con las respuestas directas de los participantes. De esa forma, una institución puede conocer no solo lo que una persona declara sobre un billete, sino también cómo reacciona durante una prueba.

La voz podría aportar señales de duda, esfuerzo o confianza

El Documento Ocasional 2618 del Banco de España se centra en una posible ampliación de Neurocash: el reconocimiento de emociones en el habla. La propuesta consiste en analizar respuestas orales dadas por participantes durante una prueba. En vez de limitarse a elegir una opción en una pantalla, podrían responder a preguntas sobre lo que han visto o tocado. Después, un modelo informático examinaría aspectos de la voz como el tono, el ritmo, la intensidad, las pausas o la calidad vocal.

El interés no estaría solo en las palabras. También importaría la forma de expresarlas. Los autores plantean que algunos cambios en la voz pueden aportar información sobre reacciones afectivas y cognitivas sutiles. Según los autores, el análisis podría aportar señales adicionales sobre el esfuerzo mental que exige una tarea o la sensación de seguridad que transmite un billete.

El informe evita presentar esta tecnología como un detector infalible de emociones. Sus autores advierten que no existe un modelo universal para interpretar la voz. Los resultados dependen del idioma, de la calidad de las grabaciones, de las condiciones en que se realizan las pruebas y de los datos con los que se entrenan los sistemas.

Qué necesita una persona para confiar en un billete

El documento tampoco comunica la puesta en circulación de un nuevo billete ni ofrece resultados de un experimento concluido con ciudadanos. Es una revisión sobre el reconocimiento de emociones en el habla y una propuesta para incorporar esa herramienta a Neurocash.

Los autores también plantean que un uso futuro de estas tecnologías requeriría precauciones. Mencionan la necesidad de proteger la privacidad, pedir consentimiento a los participantes, informar con claridad sobre el tratamiento de las grabaciones y vigilar posibles sesgos.

La investigación parte de una pregunta sencilla: qué necesita una persona para entender y confiar en un billete. La respuesta, según este enfoque, puede estar en lo que dice sobre él, pero también en dónde mira, cómo lo toca y en las señales que deja su voz al intentar evaluarlo.