Multitudinario acto el que ha celebrado Vox esta tarde en Segovia, concretamente en el espacio Zibá José María Eventos, protagonizado por el líder de la formación conservadora, Santiago Abascal, muy presente en Castilla y León en este inicio de precampaña donde ya ha vistado Ponferrada y Burgos además de la capital segoviana.

Una presencia que se reforzará la semana que viene ya que tiene previstos tres nuevos actos en Zamora, Valladolid y Ávila, el martes, miércoles y jueves respectivamente, por lo que ya solo le quedará acudir a Palencia, Salamanca y Soria para completar las nueve provincias de la comunidad.

El líder de Vox en la comunidad y vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, participaba en este acto en Segovia, al que asistían, entre otrros, el consejero de Agicultura, Ganadería, Política Ambiental y Medio Rural, Joaquín Antonio Pino, así como del portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, David Hierro, además de los procuradores José Antonio Palomo y María Dolores Mateo y los candidatos al Congreso por la provincia segoviana, Gonzalo Babé, como número uno, y Marta Andrino, de dos.

Abría el acto esta última, quien destacaba el crecimiento del partido y que se haya convertido en la "única" alternativa a la situación de deterioro que vive España. También destacaba la labor de Pollán en el Gobierno de la comunidad, demostrando que Vox "también sabe gobernar" y avanzaba la batalla que dará Babé para lograr ese diputado por Segovia.

El candidato por Segovia, por su parte, se mostraba convencido de que Vox logrará ese escaño para defender a los segovianos en el Congreso y ayudar a la formación en su objetivo de expulsar de La Moncloa a Pedro Sánchez y su Gobierno "mafioso".

Babé avanzaba que defenderá durante esta campaña el campo y que plantará cara al Pacto Verde que está "arruinando" al sector agrícola y ganadero español, se comprometía a trabajr por el futuro de los pueblos fomentando la natalidad y ayudando a que tengan vida y, finalmente, desvelaba que defenderá con vehemencia también el turismo en Segovia y el patrimonio cultural e histórico de la provincia como motor económico y social.

Entre medias de los candidatos y antes de la clausura por parte de Abascal intervenía Carlos Pollán. Y lo hacía para recordar que la prioridad nacional que "tanto molesta a los socialistas, sindiactos y oenegés seguirá siendo el leimotiv de Vox. "Que lo tengan claro, con Vox los españoles siempre serán lo primero", decía.

Pollán insistía que los extranjeros ilegales, aquellos que cometan delitos, estén legales o no, y los que no se adapten a las costumbres y leyes españolas o los que pretendan vivir de las ayudas "tendrán el billete de vuelta a sus países".

También tenía palabras de aliento y ánimo a los ceutíes que llevan dos meses y medio invadidos por miles de marroquíes y recordaba a las oenegés que están ganando todos los recursos por los menores no acompañados.

Finalmente, lanzaba el mensaje de que con Vox en el Gobierno nunca saldrá un solo euro de España y Castilla y León para financiar la inmigración ilegal.

Milicias violentas

Por la mañana, Pollán había acompañado también Abascal durante su visita a la capital burgalesa unas horas después de los graves incidentes producidos ayer en La Coruña (Galicia) y Avilés (Asturias) tras sendos actos de Vox en ambas ciudades, donde ha responsabilizado directamente al Gobierno de los disturbios llevados a cabo por "milicias violentas" que el PSOE no condena en una estrategia planificada y deliberada para intentar que no se hable de la corrupción de Pedro Sánchez.

Además, denunciaba el intento de eliminar jueces incómodos que investigan a su familia así como la desobediencia del Gobierno a los tribunales con la trampa de la ley de nietos. Al respecto, anunciaba que VOX solicitará al Tribunal Supremo que pida la ejecución de la sentencia para comprobar qué autoridades están desobedeciendo y por qué no se ha retirado del censo electoral a quienes no pueden figurar en él.

Dos estudios internacionales publicados en revistas científicas de referencia avalan la utilidad del índice INCS, una herramienta desarrollada por el investigador Ángel Arévalo Martín en el Laboratorio de Neuroinflamación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

El INCS reúne en un único indicador los cambios motores y sensitivos que experimenta una persona con lesión medular entre dos evaluaciones, y los nuevos trabajos amplían la evidencia sobre su utilidad tanto para evaluar ensayos clínicos como para estudiar los patrones de recuperación a lo largo del tiempo.

El primero de los estudios, publicado en Journal of Neurotrauma, aplicó el INCS al ensayo clínico europeo de fase II NISCI, diseñado para probar si el anticuerpo NG101 ayuda a la reparación axonal tras una lesión medular cervical aguda.

Los resultados mostraron que el índice detecta cambios neurológicos con mayor precisión que otras escalas habituales, entre otras razones porque evita el efecto techo: el problema que surge cuando una escala no puede reflejar mejoras porque el paciente ya se acerca a su valor máximo. El índice también mostró una mejor correlación con la escala SCIM, utilizada internacionalmente para medir la independencia funcional de los pacientes.

El índice INCS permite detectar con mayor precisión los cambios neurológicos tras una lesión medular

El segundo estudio, publicado en Journal of Neurology, analizó la evolución de 4.407 personas con lesión medular traumática a partir de los datos del estudio europeo EMSCI, una de las mayores bases de datos de este ámbito en Europa. Los resultados identificaron cuatro perfiles de recuperación: uno con mejoría marcada, otro con recuperación insignificante y dos intermedios.

Pese a esas diferencias en el resultado final, el momento en el que se producen los cambios neurológicos más relevantes sigue una cronología similar en todos los grupos, concentrándose principalmente en las primeras diez semanas tras la lesión, un periodo asociado a una mayor neuroplasticidad del sistema nervioso.

Ambos trabajos forman parte de la línea de investigación del Laboratorio de Neuroinflamación financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y han contado con la participación de instituciones europeas de referencia en lesión medular. Los autores principales son Ángel Arévalo Martín y Daniel García Ovejero, ambos integrantes del laboratorio del HNP y miembros del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha.

En España, la mayoría de los hogares suelen encender la calefacción cuando las temperaturas exteriores bajan de forma constante de los 15 C, algo que suele ocurrir a principios de octubre. Mantener una temperatura agradable en casa durante esta época del año puede resultar complicado. Para conseguirlo, además de contar con un buen aislamiento, conviene sacar el máximo rendimiento a los radiadores sin gastar de más.

Para ello, la periodista Katherine McPhillips ha compartido el truco que utiliza para mantener su casa caliente durante todo el invierno limpiando este elemento presente en la mayoría de los hogares. Consiste en ajustar el secador de pelo a la temperatura más baja y a la velocidad más alta. Después, hay que dirigir la boquilla hacia las rejillas superiores del radiador para empujar el polvo hacia abajo y hacia fuera.

Una vez terminado, basta con retirar el polvo que se haya acumulado sobre la toalla y utilizar una aspiradora para recoger las pelusas que hayan caído al suelo. La comunicadora aclara que se debe evitar la opción de aire caliente, ya que no ayuda a eliminar mejor el polvo e incluso puede hacer que la suciedad desprenda un ligero olor a quemado.

La acumulación de polvo y pelusa puede actuar como aislante e impedir que el aire caliente circule correctamente por la habitación. Esto significa que la estancia puede tardar más en calentarse y que el radiador tendrá que trabajar durante más tiempo, lo que puede terminar reflejándose en la factura energética.

McPhillips intenta desmontar la idea de que limpiar un radiador sea una tarea complicada y asegura que, utilizando el secador de pelo, le lleva menos de 10 minutos.

El sencillo gesto para que los radiadores funcionen mejor este invierno

Aunque el aparato parezca estar en perfecto estado, una pieza aparentemente sencilla puede haberse quedado inmóvil durante el periodo en el que la calefacción ha permanecido apagada. Comprobarlo ahora resulta mucho más sencillo que descubrir el problema cuando llegue el primer día realmente frío.

La operación consiste en girar completamente la válvula termostática del radiador hasta su posición de máxima apertura. En muchos modelos, esa posición corresponde al número 5, aunque la escala puede variar según el fabricante.

No hace falta encender la calefacción para realizar esta comprobación. Basta con localizar el cabezal termostático, situado normalmente en uno de los extremos del radiador, y girarlo con suavidad hasta el máximo.

La razón está en el mecanismo que se encuentra detrás del mando. Una válvula termostática regula el paso de agua caliente hacia el radiador en función de la temperatura de la estancia. Cuando se selecciona una temperatura más elevada, el mecanismo permite una mayor apertura de la válvula y, cuando la habitación alcanza la temperatura establecida, reduce el flujo.

Salvador Illa, líder del PSC y exministro de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2020 y 2021, ha fijado su posición sobre varios asuntos de cara a las elecciones generales del próximo 29N.

El presidente de la Generalitat de Cataluña ha defendido a Montse Mínguez, exportavoz del PSOE, que dimitió el pasado 16 de octubre tras la crisis desatada en el partido después de que Artículo14 publicara información sobre las empresas inmobiliarias de Sergi Vélez, su pareja. Según lo publicado por este medio, su actividad incluye el alquiler de al menos 30 pisos y apartamentos, así como procedimientos de desahucio por impago.

Preguntado por la polémica salida de Mínguez, Illa fue claro y sostuvo que el caso no suponía una contradicción con las políticas socialistas en esta materia. Según explicó, en la situación mencionada se aplicaba la ley de vivienda y los precios estaban topados.

El dirigente socialista ha situado la vivienda entre las principales preocupaciones de su Ejecutivo y ha defendido la necesidad de intervenir el mercado para hacer frente a la emergencia habitacional. "Hay una emergencia habitacional y hay que intervenir el mercado de la vivienda", ha afirmado. En este sentido, ha reivindicado que el acceso a una vivienda debe entenderse como un derecho y no como un negocio.

Preguntado por el debate alrededor de la "ley de nietos", Illa ha defendido el derecho al voto de las personas que tienen la nacionalidad española y ha lamentado que miles de ciudadanos puedan quedarse sin ejercerlo mientras continúa el procedimiento judicial.

"El derecho a voto es sagrado. Me sabe mal que 168.000 personas con pasaporte no puedan ejercer el derecho a voto", sentenció en declaraciones a COPE. Además, ha señalado que el Tribunal Constitucional no ha entrado en el fondo del asunto y ha añadido que habrá que esperar para conocer cómo evoluciona el procedimiento.

Illa, sobre la inmigración y la seguridad en Cataluña

Sobre el modelo migratorio que defiende para Cataluña, el presidente de la Generalitat ha rechazado vincular directamente la inmigración con la inseguridad ciudadana.

Illa ha asegurado que la seguridad ha mejorado en Cataluña durante los últimos dos años, aunque ha reconocido que existen problemas relacionados con el aumento de las armas de fuego y el tráfico de drogas. También ha destacado que hay más efectivos policiales y más agentes de los Mossos d'Esquadra.

"Vincular inseguridad con inmigración es un relato muy demagógico que no comparto", ha afirmado al respecto.

A finales de septiembre, una acampada para protestar por el acceso a la vivienda cambió por completo la imagen de la Puerta del Sol de Madrid. A partir de entonces, este tipo de campamentos se repitieron en varios puntos de España, aunque sin alcanzar la dimensión del de la capital. El fenómeno también llegó a Oviedo.

Una acampada permanece instalada desde el pasado 2 de octubre frente al Teatro Campoamor, en la plaza de la Escandalera, con lemas como "Menos monarquía, más casas reales". Cabe destacar que el recinto cultural es el lugar donde los Reyes y sus hijas presidirán mañana la entrega de los Premios Princesa de Asturias, que contará entre sus invitados y premiados con Lionel Andrés Messi y el historiador británico Timothy Garton Ash, entre otros.

Los cuatro miembros de la Familia Real ya están en Oviedo y, como es habitual, asistirán al concierto de los Premios Princesa de Asturias en el Auditorio Príncipe Felipe.

Esta no será la primera vez que se celebren protestas sociales coincidiendo con los Premios Princesa de Asturias. La primera tuvo lugar en 2012, cuando un grupo de personas se manifestó contra los recortes tras la crisis económica de 2008. Desde entonces, se han convocado este tipo de actos casi todos los años coincidiendo con la celebración de los premios.

La manifestación de este año ha sido convocada a las 17:00 horas de este viernes en la mencionada plaza bajo el lema «Asturias no tiene Princesa, tiene dignidad». La protesta coincidirá con la llegada de los invitados al Teatro Campoamor.

¿Quién decide los Premios Princesa de Asturias?

Cada una de las ocho categorías (Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Deportes y Concordia) cuenta con su propio jurado. Según la Fundación Princesa de Asturias, estos jurados se designan anualmente por la propia institución, conforme a los criterios aprobados por el Patronato. Están formados por especialistas y personalidades de reconocido prestigio en cada ámbito.

En la mayoría de las categorías, los jurados reúnen entre 15 y 20 miembros. La Concordia es la excepción, ya que su jurado es más numeroso e incorpora también a miembros de los Patronatos de la Fundación, dado el carácter transversal del premio.

Conciliar el trabajo con el cuidado de un hijo que padece una enfermedad grave puede convertirse en una situación especialmente complicada para muchas familias. La necesidad de reducir la jornada laboral para atender sus necesidades médicas y personales plantea dudas sobre cuánto tiempo pueden mantener ese derecho los progenitores y qué ocurre cuando el familiar requiere cuidados intensivos durante más años de lo previsto.

Ahora, una nueva norma introduce cambios en esta materia. El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo ha explicado las principales novedades de la Ley 4/2026, que entra en vigor este viernes, 23 de octubre, y amplía la protección en determinados supuestos de discapacidad y dependencia.

Uno de los cambios más relevantes afecta a quienes necesitan reducir su jornada para cuidar de hijos u otros familiares que requieren atención continuada. Es entonces cuando hay que resaltar que la reforma contempla que este derecho pueda prolongarse más allá de los límites de edad ordinarios cuando concurran situaciones de gran discapacidad o gran dependencia y se mantenga la necesidad de cuidados directos, continuos y permanentes.

La nueva ley amplía la reducción de jornada para quienes cuidan de familiares con gran discapacidad o dependencia

Hasta ahora, los límites de edad podían convertirse en un obstáculo para las familias que seguían necesitando atender a un hijo con una enfermedad grave. La reforma incorpora una excepción para determinados casos en los que el familiar presenta una gran discapacidad o gran dependencia y requiere cuidados continuados.

En esas circunstancias, la reducción de jornada podrá mantenerse más allá de los límites de edad previstos, siempre que se acredite que persiste la necesidad de atención y se cumplan los requisitos legales.

La modificación también busca favorecer la corresponsabilidad familiar. En los supuestos de especial intensidad asistencial, ambos progenitores podrán compartir la reducción de jornada, de forma simultánea y proporcional, sin que la suma de sus reducciones supere el 100 % de la jornada. La medida pretende que el cuidado no recaiga necesariamente sobre una sola persona y que ambos puedan organizar su actividad laboral de acuerdo con las necesidades familiares.

Los progenitores de hijos con cáncer u otras enfermedades graves podrán mantener la protección en determinados supuestos

Otro de los aspectos que destaca Barrionuevo está relacionado con la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. La normativa contempla cambios para ampliar la protección cuando persiste la necesidad de cuidados y concurren situaciones de gran discapacidad o gran dependencia.

El abogado señala, además, que la asistencia parcial del menor al colegio no debería implicar por sí sola que la familia pierda esta protección. En cualquier caso, el reconocimiento y mantenimiento de la prestación dependen de que se cumplan las condiciones exigidas y de que continúe acreditándose la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. Por ello, cada situación deberá analizarse atendiendo a las circunstancias médicas y familiares.

En los próximos días se realizará el sorteo para determinar a los miembros de las mesas electorales de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, los ayuntamientos designarán mediante sorteo a quienes serán presidentes y vocales de las mesas y deberán comunicarles su designación en un plazo máximo de tres días.

A partir de ese momento, los elegidos tendrán siete días para presentar alegaciones si no están en condiciones de participar en la jornada electoral. Uno de los motivos para quedar eximido de esta responsabilidad, recogido en la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, es encontrarse en situación de incapacidad temporal para el trabajo, acreditada mediante la correspondiente baja médica.

Por tanto, si estás de baja laboral puedes solicitar quedar eximido de formar parte de una mesa electoral durante el 29N, siempre que acredites debidamente esta situación.

Si el impedimento aparece posteriormente, también puede comunicarse. Cuando falten al menos 72 horas para las elecciones, el ciudadano deberá informar a la Junta Electoral de Zona y presentar la documentación que justifique la imposibilidad de acudir. En situaciones sobrevenidas y de última hora, cuando ya no sea posible cumplir ese plazo, será necesario comunicarlo inmediatamente a la Junta Electoral y, en todo caso, antes de la constitución de la mesa.

Eso sí, la Junta Electoral dispone de un plazo de cinco días para resolver las alegaciones presentadas. Solo la Junta Electoral de Zona tiene la potestad de aceptar o rechazar las excusas para no formar parte de la mesa electoral.

Otros motivos que permiten quedar eximido de una mesa electoral

• Ser mayor de 65 años y menor de 70.
• Estar en situación de discapacidad.
• Ser pensionista de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
• Estar embarazada de seis meses o más o encontrarse en el período correspondiente de descanso para el cuidado del menor.
• Estar internado en un centro penitenciario o en un hospital psiquiátrico.
• Haber formado parte de una mesa electoral al menos tres veces en los últimos diez años.
• Ser víctima de un delito cuando exista una resolución judicial en vigor que imponga al condenado o investigado una prohibición de aproximación y este figure inscrito en alguna de las mesas del mismo colegio electoral.

También debes recordar que no presentarse sin una causa justificada o abandonar las funciones asignadas puede tener consecuencias penales. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses para presidentes, vocales y suplentes que incumplan determinadas obligaciones relacionadas con el desempeño de estos cargos.

Las comunidades de vecinos tendrán que prestar especial atención a una reforma legal que afecta a las obras de accesibilidad de sus edificios. La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que entra en vigor este viernes 23 de octubre, refuerza las obligaciones de las comunidades cuando un propietario solicita adaptaciones para una persona con discapacidad o mayor de 70 años.

La notaria María Cristina Clemente ha explicado las principales novedades y ha advertido de que las juntas de propietarios no podrán desentenderse de determinados trámites relacionados con las ayudas públicas.

Entre las actuaciones que pueden verse afectadas figuran la instalación de ascensores, la construcción de rampas y otras adaptaciones necesarias para facilitar el acceso y la movilidad dentro del inmueble. La reforma establece que, cuando las subvenciones públicas efectivamente concedidas alcancen el 70 % del coste de las obras, su ejecución será obligatoria para la comunidad si se cumplen las condiciones previstas en la ley.

Las comunidades deberán solicitar las ayudas públicas cuando un vecino les informe de las convocatorias disponibles

Una de las principales novedades que destaca Clemente es que el propietario que solicite las obras podrá aportar información sobre las convocatorias de ayudas y subvenciones disponibles en materia de vivienda. En ese supuesto, la comunidad estará obligada a solicitar las ayudas correspondientes, por lo que la junta no podrá limitarse a rechazar la petición o dejar de tramitar las subvenciones que se le hayan señalado.

La notaria recuerda que esta obligación cobra especial importancia cuando las adaptaciones son necesarias para que una persona con discapacidad o mayor de 70 años pueda utilizar adecuadamente los elementos comunes del edificio. "No puede la junta desentenderse de este trámite", advierte.

Por otro lado, el porcentaje de las subvenciones es otro de los puntos clave de la reforma. Hasta ahora, la Ley de Propiedad Horizontal establecía que las obras de accesibilidad debían realizarse cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pudiera acceder alcanzaran el 75 % de su importe. Con la nueva redacción, el umbral pasa al 70 % de las ayudas efectivamente concedidas.

Esto significa que no basta con que exista una convocatoria abierta o con que la comunidad tenga la posibilidad de solicitar una subvención: para que opere esta obligación específica, las ayudas deben haber sido concedidas y alcanzar el porcentaje establecido. Cuando se cumple ese requisito, la ejecución de las obras resulta obligatoria y no se aplican los límites económicos ordinarios previstos para estas actuaciones.

El vecino podrá acudir a los tribunales si la comunidad se niega a ejecutar las obras de accesibilidad

La reforma también contempla qué puede ocurrir si, pese a cumplirse las condiciones legales, la comunidad no lleva a cabo las adaptaciones solicitadas. En ese caso, el propietario interesado podrá acudir a la autoridad judicial competente para solicitar que se ordene la ejecución de las obras.

Clemente subraya así que la obligación de la comunidad no se limita a estudiar la petición. Si concurren los requisitos establecidos y las obras siguen sin realizarse, el afectado podrá recurrir a la Justicia para reclamar que se cumpla la ley. La norma también mantiene la posibilidad de ejecutar las actuaciones cuando las ayudas no alcancen el 70 % o se supere el límite económico ordinario, siempre que quienes las hayan solicitado asuman el coste que exceda de esos límites.

Perder la capacidad para desempeñar el trabajo habitual ya supone un golpe importante para cualquier trabajador, pero la situación puede complicarse todavía más cuando, además de quedarse sin empleo, la Seguridad Social le deniega la pensión por incapacidad permanente.

Es lo que le ocurrió a un camionero con problemas de visión y pérdida de fuerza y movilidad en una mano, que se encontró sin poder ejercer su profesión y sin la prestación que había solicitado.

Sin embargo, la Seguridad Social ha rectificado su decisión y le reconocerá una incapacidad permanente total sin necesidad de llegar a juicio, como así ha explicado el abogado laboralista Víctor Arpa.

Los problemas de visión y la pérdida de movilidad en una mano impedían al camionero desempeñar su trabajo con seguridad

El caso llegó al despacho de Arpa después de que el trabajador recibiera una primera negativa de la Administración. Sus problemas de salud afectaban directamente a las tareas que debía realizar al volante de un vehículo de gran tonelaje, hasta el punto de que el servicio de prevención de su empresa lo declaró no apto.

La compañía terminó despidiéndolo, pero la denegación de la pensión dejó al trabajador en una situación especialmente delicada, con dificultades para volver a ejercer su profesión y los gastos cotidianos que seguían llegando cada mes.

La reclamación previa permitió que la Seguridad Social revisara la denegación de la incapacidad permanente

El trabajador desarrollaba su actividad profesional conduciendo camiones de gran tonelaje, una labor que exige mantener unas condiciones físicas y visuales adecuadas para circular con seguridad. En su caso, los problemas de visión y la pérdida de fuerza y movilidad en una mano comprometían su capacidad para realizar las funciones propias del puesto. El servicio de prevención valoró su situación y concluyó que no era apto para continuar desempeñando su trabajo.

La empresa acabó despidiéndolo, pero la Seguridad Social también rechazó inicialmente su solicitud de incapacidad permanente. De esta forma, el hombre se encontró sin su empleo y sin la prestación que esperaba recibir ante la imposibilidad de seguir trabajando como camionero.

Arpa resume el impacto de esa situación recordando que, mientras el afectado trataba de resolver su futuro laboral, las facturas seguían llegando y la posibilidad de tener que esperar a un juicio aumentaba la incertidumbre.

El camionero recibirá una incapacidad permanente total sin necesidad de esperar a una sentencia judicial

Ante la negativa inicial, el despacho de Víctor Arpa presentó una reclamación previa para solicitar que se revisara la decisión. La estrategia consistió en explicar cómo afectaban los problemas de salud del trabajador a las tareas concretas de su profesión y por qué esas limitaciones le impedían conducir un camión con las debidas condiciones de seguridad.

El abogado destaca que no basta con describir una enfermedad o una lesión de forma aislada: también es importante relacionar las limitaciones que provoca con las funciones esenciales del trabajo habitual. En este caso, la reclamación permitió que la Administración volviera a examinar la situación del camionero y modificara su criterio antes de que el conflicto llegara a los tribunales.

Un error de apenas unos céntimos puede complicar una gestión con Hacienda y acabar teniendo consecuencias económicas mucho mayores de lo esperado. Pagar una deuda fuera de plazo ya puede acarrear recargos, pero la situación se complica cuando el contribuyente intenta regularizarla por su cuenta y se equivoca al introducir el importe.

Dani, experto en IRPF, ha explicado el caso de una persona que abonó cuatro céntimos menos de lo que debía y terminó recibiendo una reclamación con un recargo del 20%.

El contribuyente tenía pendiente una deuda de 23.417,47 euros y, al no poder pagarla dentro del plazo establecido, decidió ingresarla voluntariamente antes de recibir un requerimiento de Hacienda. Sin embargo, al realizar el pago escribió 23.417,43 euros, por lo que dejó cuatro céntimos pendientes.

Según relata Dani, la Administración consideró que la deuda no se había abonado por completo y reclamó el importe pendiente junto con un recargo que podía elevar considerablemente la cantidad exigida.

Un pago de 23.417,43 euros dejó cuatro céntimos pendientes y Hacienda reclamó la deuda con un recargo

El experto utiliza este ejemplo para explicar por qué es importante comprobar con precisión las cantidades al realizar pagos tributarios. La intención del contribuyente era saldar la deuda antes de que Hacienda se pusiera en contacto con él, pero el pequeño error en el importe impidió que el pago cubriera la totalidad de lo exigido.

Dani advierte de que, en estos procedimientos, pagar casi toda la deuda no equivale necesariamente a haberla satisfecho por completo. La diferencia entre el importe que se debía y el que finalmente se ingresó fue mínima, pero bastó para que la Administración reclamara el dinero pendiente y aplicara el recargo correspondiente, según explica en su vídeo.

Qué recargos puede aplicar Hacienda cuando una deuda tributaria no se paga dentro del plazo establecido

La normativa tributaria contempla distintos recargos en función del momento en el que se abona una deuda pendiente en periodo ejecutivo. De acuerdo con la Agencia Tributaria, el recargo puede ser del 5 % si se paga la totalidad de la deuda antes de recibir la providencia de apremio, del 10 % si se cumplen los requisitos para el recargo reducido tras esa notificación y del 20 % cuando no se cumplen las condiciones anteriores.

Por otro lado, Dani también relata el caso de un cliente que contactó con él en julio porque no se le había cargado el primer pago fraccionado de la declaración de la renta. A partir de ahí, le recomendó abonar el importe completo antes de recibir una notificación de Hacienda para evitar que la deuda entrara en una fase más avanzada del procedimiento de recaudación.

El cliente siguió su consejo, aunque posteriormente recibió una notificación con un recargo. El experto presentó entonces el correspondiente recurso y consiguió que el recargo quedara reducido al 5 %.

Empezó a trabajar con 16 años en su pueblo de Valladolid y hoy dirige su propia empresa de construcción. Gonzalo Flores Martín, albañil autónomo de 41 años, ha detallado cuánto ingresa cada mes y qué mensaje tiene para los jóvenes, en unas declaraciones que recogió originalmente El Español y que ha difundido en las últimas horas el medio argentino Todo Noticias.

Su historia arranca en Velascálvaro, un pequeño municipio vallisoletano, donde creció en lo que describe como una infancia de pueblo, jugando en la calle y siendo feliz. Su primer empleo fue en una máquina de patatas durante los veranos, y después pasó por una bodega, donde embotellaba vino. Mientras tanto, la albañilería se le fue cruzando en el camino: surgían encargos de fachadas y de enlucidos de yeso en viviendas.

Cuánto gana al mes este albañil autónomo y qué parte de sus ingresos destina a gastos e impuestos

Entre los 30 y los 38 años compaginó la bodega con trabajos de albañil y yesero, hasta que decidió dedicarse por completo a la construcción. En marzo de 2026 dio el paso definitivo y fundó su empresa. "Se cobra bien si trabajas, pero es una profesión dura", concreta.

Él mismo se define como un albañil autónomo que trabaja sobre todo en reformas pequeñas de viviendas, además de revestimientos de mortero monocapa y de yeso.

Sobre el dinero es directo. Asegura que ingresa entre 3.000 y 4.000 euros al mes y que sus gastos oscilan entre 800 y 1.000. Lo que más le pesa, dice, es la factura fiscal: cuando llega Hacienda, afirma, se queda con la mitad de lo que gana. Aun así, defiende que en el sector se cobra bien si se trabaja, aunque advierte de que es una profesión dura que exige constancia y esfuerzo. "El lío es cuando viene Hacienda y te quita la mitad de lo que ganas", expresa.

La advertencia de Gonzalo Flores a los jóvenes ante la falta de albañiles y el futuro del oficio

Su otra preocupación es el relevo generacional. Flores expresa que faltan profesionales y, si los jóvenes no se interesan por el oficio, la profesión corre el riesgo de desaparecer. Comenta que muchos veteranos del sector llevan tiempo alertando de la escasez de mano de obra.

Además, comenta que muchos veteranos del sector llevan tiempo alertando de la escasez de mano de obra. "Si trabajas, el futuro es bueno; si esperas a las ayudas, vas a malvivir", sostiene.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves las medidas de la excepción ibérica que planteaba un tope al precio del gas para solventar la crisis inflacionaria que provocó la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. Los magistrados han tumbado los recursos de casación presentados por PGI Spain, Berry Superfos Pamplona, Promens Packaging, RPC Envases y Zeller Plastik España contra la decisión de la Comisión Europea de respaldar la medida y la sentencia del Tribunal General de la UE, que desestimó el recurso de las empresas.

La medida aprobada en 2022 por el Gobierno español trataba de fijar un tope al precio máximo del gas con el fin de reducir los precios de la electricidad y de atenuar los efectos de la crisis energética para los consumidores. La Comisión decidió no formular objeciones, pues consideró que la ayuda de Estado notificada era compatible con el mercado interior y que la exención que contenía no confería una ventaja selectiva. Seguidamente, declaró que dicha medida era necesaria, adecuada y proporcionada, además de no infringir ninguna de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión.

La medida notificada consiste en efectuar pagos a los operadores de centrales eléctricas de combustibles fósiles situadas en la Península Ibérica (centrales de gas, carbón y cogeneración que no se benefician de una tarifa regulada) para cubrir parte de sus costes de combustible. Al reducir los costes de funcionamiento de estas centrales, que son los que más influyen en la fijación del precio mayorista de la electricidad, la medida notificada pretende reducir, en consecuencia, las ofertas que los operadores de estas centrales presentan a las subastas diarias del mercado mayorista de la electricidad y, a su vez, reducir el precio mayorista de la electricidad.

Las empresas recurrentes son sociedades españolas que no adquieren su electricidad directamente en el mercado mayorista de la electricidad, sino a través de un proveedor de electricidad. Con el fin de garantizar la estabilidad del precio del suministro, dichas empresas celebraron acuerdos de compra de electricidad. Respecto de una parte del suministro aprobaron acuerdos que implicaban a una empresa distinta de su proveedor físico de electricidad, basados en pagos compensatorios en función de la diferencia entre el precio de mercado y el precio establecido en el contrato. Las empresas califican este tipo de acuerdo de compra de electricidad financiero. Así alegaban la infracción del Reglamento relativo al mercado interior de la electricidad y de la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que el Tribunal General obró correctamente cuando no tuvo en cuenta nuevas pruebas que le fueron presentadas el 10 de agosto de 2023, posteriores a la adopción de la Decisión de la Comisión . En efecto, en el contexto de un recurso de anulación, la legalidad de un acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos fácticos y jurídicos existentes en la fecha en que ese acto fue adoptado.

Además, el Tribunal europeo desestima la alegación de las empresas recurrentes que sostenían haber aportado pruebas que demostraban que la Comisión los Estados miembros habían discutido sobre el recurso por parte de los compradores en el mercado minorista a acuerdos de compra de electricidad financieros, señalando que el Tribunal General no se equivocó al considerar que las empresas recurrentes no disponían de acceso al expediente administrativo y que no habían identificado los documentos solicitados ni habían proporcionado un mínimo de elementos que demostraran la utilidad de dichos documentos a efectos del procedimiento. Por otro lado, también se desestima la alegación relativa a la violación del principio de no discriminación por ser premisas “infundadas”.

El Parlamento Europeo ha otorgado este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI) y a sus trabajadores. La decisión tiene una fuerte carga política tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la imposición de sanciones a sus jueces y fiscales en su ofensiva para desmantelar el tribunal.

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, concedido por primera vez en 1988 a Nelson Mandela y Anatoli Marchenko, es el máximo homenaje rendido por la Unión Europea a la labor en el ámbito de los derechos humanos. Los eurodiputados socialdemócratas y del PP Europeo se han unido para conseguir los votos necesarios para conceder el premio a la CPI.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha declarado que “la Unión Europea se fundamenta en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales. Al conceder el premio Sájarov a la Corte Penal Internacional y a sus responsables, el Parlamento Europeo reconoce la importante labor del tribunal en la defensa del Derecho internacional y la justicia”.

“La Corte desempeña un papel fundamental en la lucha mundial contra la impunidad. A través de la justicia penal internacional, pretende exigir responsabilidades a los autores de estos crímenes y contribuir a evitar que vuelvan a cometerse. El premio pone de relieve la labor de la CPI, que incluye investigaciones, procesamientos, juicios y la emisión o autorización de órdenes de detención. La UE debe proteger los mecanismos mundiales de justicia internacional y rendición de cuentas”, ha señalado Metsola.

La Corte Penal Internacional ha mandado un comunicado en el que agradece el galardón, que “llega en un momento en el que la Corte y sus responsables afrontan desafíos sin precedentes, incluidas sanciones destinadas a obstaculizar el ejercicio de su mandato judicial”.

“Aunque este premio reconoce la labor de la Corte en la lucha contra la impunidad y en la garantía de juicios justos, también supone un importante reconocimiento del papel de la justicia internacional como piedra angular de una paz duradera. En un mundo marcado por el aumento de los conflictos, no hay paz sin justicia ni seguridad sin ley”, apuntan desde la CPI.

Objetivo a desmantelar por la Casa Blanca

La CPI se ha convertido en el objetivo de la Casa Blanca desde hace meses. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el pasado julio que Estados Unidos iba a poner en marcha una “campaña de gran envergadura para desmantelar la amenaza que supone la Corte Penal Internacional para la soberanía estadounidense”.

Este mes de octubre, la Administración Trump impuso nuevas sanciones a la CPI tras señalar que se ha politizado y ha intentado juzgar de forma injusta e ilegal a estadounidenses e israelíes por delitos de guerra. Entre otras personas, las sanciones iban dirigidas contra la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI, quien había dirigido las investigaciones en casos de la CPI contra tropas estadounidenses en Irak y Afganistány a la que se le concedió el Premio Nobel de la Paz.

Las sanciones bloquean cualquier activo que la CPI, como institución, pueda tener en jurisdicciones estadounidenses y establecen un plazo de seis meses para que las empresas y personas estadounidenses que mantengan relaciones comerciales con la Corte pongan fin a dichas relaciones.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu felicitó a Trump “por haber tomado esta decisión crucial de imponer sanciones a la CPI. La CPI no es un tribunal. Es un organismo político que supone una amenaza mortal para las democracias respetuosas con la ley de todo el mundo y para la propia idea de soberanía nacional. Gracias por vuestro liderazgo”.

La respuesta de la Unión Europea fue bastante tibia. Solo un comunicado en el que se aseguraba que “la UE siempre ha apoyado a la Corte Penal Internacional. Es profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones”.

En su comunicado, la UE subrayó que “colaborará estrechamente con la CPI para garantizar que siga funcionando de manera eficaz. Y seguimos comprometidos a colaborar con los 125 Estados que son partes del Estatuto de Roma para preservar y respetar su independencia, de modo que pueda continuar con su misión vital. Dado que hay un plazo de seis meses antes de que las medidas sean aplicables, existe margen para el diálogo”, sostiene. Y termina: “La UE está dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor, tanto en la investigación como en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y para proteger los intereses de los operadores de la UE dentro del mercado único”.

'Estatuto de bloqueo' de la UE para defender a la CPI

Aunque esas medidas, de momento, no se han puesto en marcha ya que las sanciones de EEUU no son firmes y hay un periodo de seis meses para su imposición. Los eurodiputados han pedido en reiteradas ocasiones a la Comisión Europea que active el denominado 'estatuto de bloqueo' de la UE para proteger a los responsables de la CPI frente a ataques extraterritoriales y permitir que el tribunal siga desempeñando sus funciones con plena independencia.

El estatuto de bloqueo protege a los operadores europeos al anular dentro de la UE los efectos de cualquier resolución judicial extranjera basada en leyes de otros países. También les permite reclamar ante los tribunales una indemnización por los daños derivados de la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras.

A Kia revelou uma nova versão mais completa e com preço mais alto para a Tasman, a picape média da marca. A nova Kia Tasman PGL tem preço de R$ 319.990 e chega para unir-se à configuração GL (de entrada), lançada em agosto.

Entre os diferenciais, a novidade se diferencia pela oferta de sistemas de assistência à condução (ADAS) e itens adicionais de conforto e praticidade. A nova variante também é uma tentativa de acelerar as vendas da picape, que não vai bem e, até setembro deste ano, emplacou 12 unidades.

O conjunto mecânico é o mesmo da versão de entrada: motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros, com 210 cv de potência e 45 kgfm de torque, associado ao câmbio automático de oito marchas e à tração 4×4 com reduzida.

A picape também oferece sete modos de condução, incluindo configurações para terrenos como areia, lama e neve.

Entre os recursos de segurança da Tasman PGL estão piloto automático adaptativo, assistente de permanência e centralização em faixa, frenagem autônoma de emergência com detecção de veículos, pedestres e ciclistas e monitoramento de ponto cego.

O modelo também conta com alerta de saída segura, que ajuda a evitar acidentes durante a abertura das portas, e comutação automática do farol alto.

A lista de equipamentos inclui ainda bancos com revestimento em Altaica, ajustes elétricos para o banco do motorista, sensor de chuva, retrovisor interno eletrocrômico, estribos laterais e iluminação de LED na caçamba.

O painel reúne telas que somam 29,6 polegadas, incluindo quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas, central multimídia de 12,3 polegadas e uma tela de 5 polegadas dedicada ao sistema de climatização. Há também compatibilidade sem fio com Apple CarPlay e Android Auto.

Com entre-eixos de 3,27 metros, a Tasman tem uma capacidade volumétrica na caçamba de 1.173 litros, enquanto a capacidade de carga útil chega a 1.007 kg. Segundo a Kia, a capacidade máxima de tração é de 6.200 kg.

O modelo tem garantia de cinco anos sem limite de quilometragem.

A Kia Tasman PGL está disponível em sete opções de cores:

• Branco Claro;
• Branco Neve;
• Cinza Aço;
• Cinza Interestelar;
• Preto Aurora;
• Azul Jeans;
• Bege Bronze.

Kia EV9: SUV elétrico chega ao Brasil com preço de carro de luxo

Um Ferrari F50 de 1997 com apenas 170 km rodados pode estabelecer um novo recorde de preço para o modelo. O superesportivo será oferecido em um leilão marcado para 31 de outubro, com expectativa de superar US$ 20 milhões (cerca de R$ 108 milhões).

Se a estimativa se confirmar, o exemplar poderá se tornar o F50 mais caro já vendido em um leilão público. Produzido entre 1995 e 1997, o Ferrari F50 teve apenas 349 unidades fabricadas. A quilometragem excepcionalmente baixa é um dos principais fatores que explicam a expectativa de valorização.

O carro em questão é do último ano de produção e foi entregue novo no Reino Unido. Desde então, permaneceu praticamente parado por quase três décadas.

Como é o esportivo?

O F50 é equipado com motor V12 aspirado de 4,7 litros, derivado da experiência da Ferrari na Fórmula 1. O conjunto mecânico privilegia a condução direta e a conexão entre motorista e máquina, sem os sistemas híbridos que se tornaram comuns nos superesportivos atuais.

Por isso, o modelo é considerado uma peça importante na história da fabricante italiana e desperta o interesse de colecionadores.

A cifra projetada supera os valores recentes alcançados por outros exemplares. Em agosto, um F50 amarelo, na cor Giallo Modena, foi vendido por US$ 14,575 milhões, cerca de R$ 78,7 milhões, tornando-se o modelo mais caro da linha vendido publicamente até então.

Outro F50 vermelho, que pertenceu ao ex-boxeador Mike Tyson, foi negociado por US$ 12,1 milhões, aproximadamente R$ 65,3 milhões, também em agosto.

Até recentemente, exemplares do F50 costumavam ser negociados por valores entre US$ 4 milhões e US$ 5 milhões. A valorização ganhou força em 2025, quando um modelo amarelo que pertenceu ao estilista Ralph Lauren foi vendido por US$ 9,2 milhões, cerca de R$ 49,7 milhões.

Caso o exemplar de 1997 ultrapasse a marca de R$ 100 milhões, o F50 entrará em um grupo restrito de carros de coleção com valores comparáveis aos do lendário McLaren F1.

Ferrari F76 é obra de arte sem motor e que só existe no mundo virtual

La precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre entra en una nueva fase con los principales partidos centrados en cerrar sus candidaturas al Congreso y al Senado. El plazo de presentación de listas permanecerá abierto hasta el próximo 26 de octubre, mientras las formaciones intensifican sus mensajes electorales y comienzan a perfilar sus estrategias para las próximas semanas.

Uno de los últimos enfrentamientos entre el PSOE y el Partido Popular gira en torno a un vídeo electoral difundido por los populares y elaborado mediante inteligencia artificial. Los socialistas estudian emprender acciones legales por la utilización de la imagen de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Ábalos, en una nueva polémica que se suma a las críticas cruzadas entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, Frente Amplio continúa preparando su campaña después de confirmar al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, como portavoz electoral. La coalición afronta además las discrepancias con el PSOE por las candidaturas y los posibles acuerdos para el Senado, mientras Vox sigue dando a conocer los nombres que encabezarán sus listas en distintas provincias.

La actualidad electoral también continúa marcada por la controversia sobre el derecho al voto de los españoles nacionalizados mediante la ley de nietos, después de que el Tribunal Constitucional rechazara admitir a trámite el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo.

Con las candidaturas todavía abiertas, los partidos afrontan unos días decisivos para definir sus equipos, resolver las diferencias internas y presentar sus principales propuestas antes del inicio oficial de la campaña de las elecciones generales del 29N.

Elecciones generales 29N, en directo: el PSOE estudia acciones legales contra el PP y los partidos aceleran el cierre de sus listas

La recién reelegida líder de los socialdemócratas europeos (S&D) en la Eurocámara, Iratxe García, ha cargado duramente contra la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen, por tener una de las posiciones más duras contra la inmigración entre los 27 líderes de la Unión Europea. García ha señalado que Frederiksen “no estaba defendiendo la postura socialdemócrata. No es la posición del grupo S&D ni la de la familia política socialdemócrata” cuando pidió en el pasado Consejo Europeo de la semana pasada que la UE censure la regularización migratoria de España que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez.

La primera ministra danesa fue la más dura de los tres líderes que lanzaron la iniciativa contra las políticas de Pedro Sánchez. “Si un país está haciendo básicamente justo lo contrario que el resto —es decir, alguien entra ilegalmente en un país y, de repente, se le permite quedarse legalmente—, creo que va en contra de la política migratoria que cuenta hoy con un amplio respaldo mayoritario en Europa. He pedido a la Comisión que examine más a fondo esta cuestión”, declaró la dirigente danesa en clara alusión a las políticas migratorias de Sánchez.

Aunque la primera ministra danesa es del partido socialista y podría tener alguna consonancia política con Sánchez, ha adoptado las posiciones más duras ante la inmigración de toda Europa. Frederiksen también quiso que en las conclusiones de la cumbre se puntualice que la migración irregular “es un delito” y que la inmigración esta “relacionada con los índices de criminalidad”.

Finalmente, los tres países que lideraron el ataque contra Sánchez -Dinamarca, Polonia e Italia- fracasaron en su intento de definir una política más dura contra la inmigración en las conclusiones del Consejo Europeo. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha revelado días más tarde que “se produjo un enfrentamiento bastante duro. Por un lado, el presidente del Gobierno español defendía una política migratoria que, en nuestra opinión, es ineficaz, es decir, una apertura excesiva. Por otro lado, había una alianza muy sólida entre Polonia, Italia y Dinamarca”.

La cuestión es que en Italia gobierna el partido de ultraderecha de Giorgia Meloni; en Polonia, Tusk es el líder de Plataforma Cívica, formación conservadora que está dentro del Partido Popular Europeo, mientras que Frederiksen es presidente de los Socialdemócratas daneses, que están en la misma familia política que el PSOE de Pedro Sánchez. La posición de la primera ministra danesa es más compleja cuando solo hay ahora tres países de los 27 que conforman la Unión Europea con gobiernos socialdemócratas: España, Dinamarca y Malta.

Iratxe García ha renovado su liderazgo en el grupo socialdemócrata europeo, el segundo con más europarlamentarios de la cámara europea, con 135, de los que 20 son españoles, mientras que solo tres son daneses. Durante su participación en el pleno del Parlamento Europeo, que se está celebrando en Estrasburgo, señaló que “los enemigos de Europa no son los migrantes. Son fondos buitre que desalojan a una mujer discapacitada de 87 años. Autócratas y belicistas que hacen que los ciudadanos paguen por sus guerras. Negacionistas del clima que sacrifican nuestros hogares y cultivos por ganancias. Y los cómplices europeos que los facilitan”.

Fuentes de los socialdemócratas europeos han explicado que no es la primera vez que Frederiksen ha mostrado su postura más dura contra la inmigración, aunque no se espera una declaración oficial del grupo socialdemócrata del Parlamento en la misma línea de las palabras de García de desautorización del discurso de la primera ministra danesa.

Por otro lado, las mismas fuentes han subrayado que la delegación danesa del grupo socialdemócrata no ha realizado ningún comentario ni ha adoptado ninguna reacción ante las palabras de García.

La líder del la formación de extema derecha alemana AfD, Alice Weidel, ha dado este miércoles una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en el que ha pintado una situación “terrible” y “caos” en Europa y ha cargado contra el Estado del Bienestar: “Queremos menos redistribución”. Utilizando la crisis migratoria de Ceuta, Weidel ha abogado por el cierre de las fronteras interiores europeas y ha propuesto una reforma total de la Unión Europea porque “nos está despojando de nuestra riqueza material y de otros recursos en un contexto de depreciación de la moneda, desempleo y fronteras abiertas”, aunque no ha dado ningún dato que avale sus posiciones.

“Proteger las fronteras es una decisión que corresponde a los Estados soberanos. Si la Unión Europea no es capaz de proteger nuestras fronteras exteriores, como las de Ceuta y otros puntos de entrada, y de hacer frente a las consecuencias que vemos en nuestros países, entonces los Estados soberanos tienen derecho a proteger sus fronteras nacionales. Si el espacio Schengen ha dejado de funcionar, si Schengen ya no funciona, debemos abandonarlo y proteger nuestras fronteras”, ha señalado Weidel, aunque ninguno de los inmigrantes que entraron en Ceuta en la crisis migratoria del 30 y 31 de julio ha conseguido pasar al continente europeo.

“No queremos que los europeos pierdan su hogar ni su propia identidad. Quienes vienen de fuera con la intención de sembrar el desorden en nuestros países no deberían ser bienvenidos: deberían ser detenidos y deportados”, ha comentado.

La líder de la AfD ha pintado a la Unión Europea como “un escenario caótico” con el argumento de “los disturbios en Francia e Italia” de los que ha culpado a “sectores de la izquierda”. La economista alemana ha resaltado claramente que está en contra del Estado del Bienestar tras apuntar que quiere “menos redistribución” y “reducir drásticamente el gasto público”.

Como otras formaciones de ultraderecha, Weidel ha atacado las políticas ecológicas de la agenda verde europea. “La política europea del Pacto Verde ha encarecido artificialmente la energía y perjudica a la industria. Ahora tenemos los precios más altos de Europa porque hemos abandonado la energía nuclear. Actualmente no tenemos ninguna central nuclear en funcionamiento. Y, una vez más, todo esto se debe a una transición energética ideológica que nos ha obligado a apostar por la energía eólica y solar”. Sin embargo, la Comisión Europea aboga por el desarrollo de la energía nuclear y renovables y España cuenta con los precios energéticos más bajos de la UE por su apuesta por las energías renovables.

Weidel ha apuntado que defiende “una Unión Europea que sea una Europa de las patrias, una Europa de las naciones soberanas, en la que todos estemos en pie de igualdad. No queremos que la Unión Europea nos señale con el dedo, nos dé lecciones y nos diga lo que debemos hacer, ni tampoco que pretenda decirles a nuestros vecinos cómo tienen que actuar. Eso no conduce a verdaderas asociaciones ni a relaciones de auténtica cooperación”, aunque no ha llegado a especificar cómo se formularía esa asociación.

La líder de ultraderecha alemana también ha vaticinado una crisis económica de deuda por lo que aduce que es “necesario reformar los tratados de la Unión Europea”, aunque posteriormente añadió que “los tratados prohíben los rescates financieros, es decir, que un país financie a otro. Sin embargo, esta disposición lleva incumpliéndose más de diez años, quizá quince. También se prohíbe que el Banco Central Europeo financie la deuda pública. ¿Y qué está haciendo el BCE? Está financiando la deuda pública”.

Posteriormente ha hecho una relación entre la deuda, la Unión Europea y el crecimiento de la inflación solo sostenida por sus propias palabras, pero sin argumentos de peso que lo respalden: “Hemos visto países que no se han centrado realmente en cumplir sus responsabilidades y un desplazamiento de los inversores privados. En la práctica, se les ha ido expulsando de la Unión Europea, especialmente en Alemania. Se ha producido un efecto de desplazamiento provocado por la inflación que ha alcanzado tal magnitud que los salarios de los trabajadores ya no mantienen el ritmo de los precios. Han perdido una enorme cantidad de poder adquisitivo durante los últimos diez años y eso está relacionado con este proyecto mal concebido”.

Respecto a la invasión de Ucrania, Weidel, que en otras ocasiones ha pedido que Alemania deje de ayudar a los ucranianos, ha pedido que se sienten a negociar la paz, pero que se “adopte un enfoque diplomático sensato que tengan debidamente en cuenta tanto los intereses de Ucrania como los de Rusia”, es decir, la líder ultraderechista pone en el mismo nivel las exigencias del invasor que del invadido.

“Ha quedado meridianamente claro que, si las tres grandes potencias —Rusia, Estados Unidos y China— se sientan a negociar, el liderazgo europeo —si es que existe tal liderazgo— queda al margen. Ni siquiera se habla de que Europa pueda desempeñar un papel de liderazgo. Ni siquiera se invita a los europeos a sentarse a esa mesa. Esto es ya una cuestión entre Rusia, China y Estados Unidos. Y debería servir de señal de alarma para todos nosotros. Por eso debemos cambiar de rumbo y poner fin a todo este sinsentido en el ámbito europeo. Ha llegado la hora de que impulsemos una solución pragmática para Ucrania”, ha concluido Weidel.