Tensión y cargas policiales este viernes en el barrio de Sansomendi de Vitoria ante un desahucio, que ha congregado a varios centenares de manifestantes. Alumnos de varios colegios han abandonado las clases para sumarse a las protestas en solidaridad con la familia, que habían empezado ya en la tarde de este jueves con una acampada. Los antidisturbios de la Ertzaintza y agentes de la Policía Local, que han llegado después, han cargado en varias ocasiones y varios manifestantes han resultado heridos. Se han volcado contenedores de vidrio y arrojado botellas y otros objetos. Según datos de la Policía vasca, hay dos detenidos. Pasadas las 13:00 horas, tras cuatro horas de enfrentamientos más o menos velados según el momento entre la Policía y los manifestantes, la familia ha abandonado la vivienda.

Se trata de una familia con seis hijos menores de edad, ocho personas en total, que reside de alquiler y está al corriente de pagos. El desahucio estaba previsto para la mañana de este viernes, después de que el desalojo se hubiese ido retrasando a lo largo de los últimos años, en los que el asunto ha estado sumido en litigios en los tribunales. El periódico 'El Correo' ha apuntado que la familia propietaria también es “vulnerable”. Desde la noche de este jueves, se había organizado una acampada para evitarlo, a la que se habían sumado decenas de personas.

Ya este viernes, uno de los hijos oteaba desde la ventana de la casa, viendo llegar a decenas y decenas de personas más. Una abundante columna, nutrida de estudiantes de colegios de la zona, ha llegado hasta el lugar en el que estaban instaladas las tiendas de campaña y se ha unido a la protesta, coreando consignas como “Borroka da bide bakarra” (“La lucha es el único camino”, en euskera). “PSOE, ¿dónde está la alternativa?”, se leía en una colgadura. En la ciudad, gobierna el PSE-EE en coalición con el PNV.

Ante la llegada de la Ertzaintza, poco antes de las 10:00, decenas de manifestantes se han concentrado ante el portal. Los han desalojado muy rápido. “Ser policía vergüenza me daría”, coreaban. “Policía asesina”, les han cantado también. Y “estos delincuentes desahucian a la gente”. Los momentos de tensión se han recrudecido cuando la primera línea de los manifestantes ha tratado de volver a avanzar. Se han volcado contenedores para arrojar objetos a los antidisturbios de la Brigada Móvil. Ha habido cargas y varios manifestantes han resultado heridos. La zona alrededor del edificio ha quedado perimetrada por la Ertzaintza, con los manifestantes divididos a un lado y otro. “Asesinos a sueldo, abuso de poder”, coreaban los manifestantes.

El desahucio se ha consumado en torno a las 13:30 horas, entre protestas. Varias dotaciones de comisarías de la Ertzaintza de fuera de Vitoria han reforzado la guarnición inicial. Varios manifestantes habían accedido a la vivienda, en la que esperaban a los antidisturbios acompañando a la familia. Al salir, se han escuchado disparos de 'foam'.

El Sindicato Socialista de Vivienda, impulsor de las protestas, ha denunciado “violencia policial” y ha apuntado a al menos cuatro detenidos y decenas de heridos. Se ha convocado una manifestación para la tarde de este viernes, que discurrirá desde las 19:00 horas desde la plaza de la Virgen Blanca, con el lema “Contra todos los desahucios y la represión policial”.

“Hemos buscado dentro y fuera”

Uno de los hijos de la familia había comparecido este jueves ante los medios de comunicación para explicar el caso. “Hemos acudido a todas las inmobiliarias, hemos buscado dentro y fuera de Vitoria, pero en todas partes nos han cerrado las puertas”, explicaba. “Hemos ido a pedir ayuda a asociaciones de Vitoria y todas nos han dirigido a los Servicios Sociales, a los que hemos acudido muchísimas veces, y ahí también han dicho que no pueden hacer nada y no nos ofrecen ninguna alternativa”, relataba, asegurando que lo único que se les ha ofrecido es “una hoja con apartamentos turísticos”. La familia pide alternativas a las instituciones, para no acabar en la calle. De su lado, el diario 'El Correo' ha apuntado que la familia propietaria también es “vulnerable”.

El Ayuntamiento, en una nota publicada este viernes, ha explicado que a la familia se “le ha ofrecido la única alternativa posible disponible, una acogida de urgencia y provisional en un recurso social, que ha rechazado”. Los Servicios Sociales, ha señalado el Consistorio, “no disponen de viviendas para adjudicarlas directamente”.

“Esta familia se encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo que desde hace años las administraciones públicas le prestan ayuda para afrontar tanto su situación económica como social. Por respeto a la intimidad de la familia, el Ayuntamiento no va a dar información de su expediente. El compromiso es seguir trabajando dentro de las competencias municipales, ofreciendo la respuesta social en función de sus necesidades”, ha añadido el Ayuntamiento.

“Absoluta dejadez”

Las reivindicaciones de la familia han contado con el respaldo del Sindicato Socialista de Vivienda. Ane Mendiguren, en representación del sindicato, denunciaba ante los medios la “absoluta dejadez” del Gobierno municipal, compuesto por PSE-EE y PNV. “A menos de 24 horas del desahucio de ocho personas, seis de ellas menores de edad, todavía no han dado ningún tipo de respuesta, ni se han pronunciado, no les han dicho nada ni a la familia ni al Sindicato Socialista de Vivienda”, se quejaba este jueves.

Desde este jueves, había alrededor de un centenar de personas acampadas frente al portal en el que estaba previsto el desahucio. En torno a las tiendas, se han celebrado conciertos (con la música de Kiliki, de Chill Mafia, y Kullen) y se ha organizado incluso una chocolatada.

El sindicato Erne, por su parte, ha echado en cara al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, encabezado por el consejero Bingen Zupiria, una “nula previsión” y una “deficiente organización”. “Era una situación que se veía venir desde [el jueves], pero, una vez más, la falta de planificación ha obligado a movilizar precipitadamente efectivos policiales desde diferentes puntos de Euskadi”, se ha quejado la central. “¿Por qué no se planificó con antelación un dispositivo adecuado? ¿Por qué se espera al último momento para movilizar recursos?”, se pregunta en una nota hecha pública este viernes.

Erne ha exigido responsabilidades y que se ejecute una planificación “seria” de los dispositivos policiales. “Esta improvisación no solo pone en riesgo la integridad de nuestros compañeros y compañeras, sino que puede comprometer la seguridad de otras localidades al retirar efectivos de sus demarcaciones”, ha protestado.

El Ayuntamiento del municipio alavés de Baños de Ebro, uno de los dos únicos de Euskadi en los que gobierna el PP, ha tapado con una tabla de madera una inscripción franquista situada en un edificio de titularidad municipal. La Delegación del Gobierno de España en Euskadi ha calificado la solución de “burda” y ha criticado que es “una vergüenza”. La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática incluyó la inscripción, en la que se podía leer 'Caídos por Dios y por España', en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, al considerar que se trata de “una exaltación de la sublevación militar y de la dictadura franquista”.

El alcalde de Baños de Ebro, Francisco Javier García, se negó el pasado año a retirar el lema franquista. “Está ahí. No molesta a nadie. Se acabó. Si me obligan... No sé de qué manera lo pueden hacer. Por propia iniciativa no quitaré algo que lleva toda la vida en el pueblo”, dijo en el verano de 2025. Antes, en marzo, el PSE-EE de Rioja Alavesa había denunciado la persistencia de este “vestigio franquista”.

Ya en 2026, en julio, el Ayuntamiento de Baños de Ebro anunció que cumpliría el requerimiento del Estado, cubriendo la placa. Alegó que un informe técnico apuntaba a que “la retirada íntegra de la placa podría afectar a la estructura del inmueble y provocar la aparición de grietas u otros daños en el edificio”, de modo que la opción “más adecuada” era cubrirla. “De este modo, se garantizará tanto el cumplimiento del requerimiento como la conservación del edificio”, se escudaba el PP en una nota.

En cualquier caso, la resolución ya subrayaba que había que retirarla por completo, porque es posible hacerlo sin que con ello se comprometa la integridad estructural del edificio. Desde la Delegación del Gobierno en Euskadi, se explica que no es necesario retirar el dintel, sino que basta con borrar la inscripción, algo que es posible porque ya se ha hecho en otros lugares, como las catedrales de Murcia y Almería. Se incide, además, en que no concurren razones de protección ni artística ni arquitectónica. El Estado dio tres meses de plazo, que vencían ahora.

La solución adoptada por el Ayuntamiento —ha señalado la delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia— es “burda”. “Es una vergüenza que en absoluto cumple con lo que dicta la ley de Memoria Democrática”, se ha quejado. “Insto al Ayuntamiento de Baños de Ebro a que cumpla con la ley a la mayor brevedad posible, sin subterfugios y ateniéndose de forma estricta a la norma democrática”, ha recalcado la delegada, para añadir que el alcalde tiene “nula sensibilidad y empatía”.

La Pilastra, asociación que vela por la memoria y la cultura democrática y que ya había denunciado en repetidas ocasiones la existencia de la inscripción franquista, ha tachado de “burla” y de “desprecio a las víctimas del franquismo y sus familias” la decisión adoptada por el PP. “El alcalde del PP de la localidad riojanoalavesa pretende disimular 40 años de crímenes y represión franquista con un 'aquí nunca pasó nada' de manual”, se ha quejado la asociación en una nota de prensa. “El hecho de pretender tapar una glorificación del alzamiento franquista con un trozo de madera es una suerte de caricatura y un signo de los tiempos, en el que la derecha radical y la ultraderecha de este país tratan de guardar las apariencias, obligados por la ley y las circunstancias, pero aguardan la ocasión propicia para imponer sus verdaderas intenciones”, añaden.

La asociación ha vuelto a exigir al primer edil que retire “definitivamente” la inscripción y cumpla con la ley de Memoria Democrática. “Por mucho que intenten ocultar esa inscripción, la historia sigue ahí. No se puede esconder lo que pasó ni borrar el sufrimiento de miles de personas y familias que fueron víctimas del franquismo”, apostillan.