El presidente Bernardo Arévalo de León ordenó a todas las dependencias del Organismo Ejecutivo de Guatemala adoptar de forma obligatoria X-Road, una plataforma para intercambiar datos entre instituciones y reducir la presentación repetida de documentos en los trámites estatales.

La medida entró en vigor inmediatamente después de la publicación del Oficio Circular número 004-2026 en el Diario de Centro América.

La disposición, firmada el 12 de octubre, obliga a cada entidad a adecuar sus sistemas técnicos y operativos según una hoja de ruta elaborada por la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico.

Ese organismo coordinará y administrará la infraestructura común para conectar los registros estatales.

La orden presidencial se apoya en el artículo 183, literal e, de la Constitución Política de la República de Guatemala, que faculta al mandatario a emitir disposiciones para organizar el funcionamiento del Ejecutivo.

También se vincula con los ejes de la Política General de Gobierno 2024-2028 orientados a una función pública eficaz y al cierre de la brecha digital mediante tecnología e innovación.

El objetivo declarado es que los organismos públicos compartan información de manera coordinada, segura y descentralizada. Con esa conexión, una persona podría iniciar un trámite con su nombre completo y número de Documento Personal de Identificación, sin tener que adjuntar registros tributarios, certificados de nacimiento o datos vehiculares que otra entidad estatal ya posee.

Una red para compartir registros estatales

X-Road es un bien público digital de código abierto que permite la comunicación directa entre sistemas informáticos de distintas instituciones. La plataforma fue utilizada previamente en países nórdicos y en varias naciones de América Latina para enlazar registros públicos con mecanismos de cifrado, firmas digitales, registro de accesos y auditorías.

La Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico evaluó 17 plataformas antes de seleccionar esta alternativa, de acuerdo con la Agencia Guatemalteca de Noticias. La coordinadora y directora ejecutiva de la comisión, Wendy Miranda, explicó que el sistema funcionará como una nube mediante la cual las entidades podrán compartir información cifrada.

La funcionaria describió el efecto esperado sobre los trámites: “Una vez han ingresado un documento o un dato, no tengan que ingresarlo muchas veces”. La plataforma ya había sido utilizada en Guatemala por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Administración Tributaria, experiencia que permitió intercambiar datos entre entidades en cuestión de segundos.

El modelo previsto para el Ejecutivo contempla un marco jurídico, semántico, organizativo y técnico. La infraestructura deberá permitir un intercambio controlado de datos, con sistemas escalables y herramientas que identifiquen quién accedió a la información y en qué momento.

La institución que procese una gestión podrá solicitar directamente los datos necesarios a otro organismo, en lugar de exigir que el ciudadano entregue documentos físicos o vuelva a presentar información ya registrada. El oficio sostiene que ese mecanismo busca reducir burocracia, mejorar los servicios públicos y optimizar recursos estatales.

La adopción progresiva bajo la hoja de ruta oficial

Cada dependencia deberá incorporar X-Road y realizar los ajustes necesarios conforme a la planificación técnica definida para su funcionamiento. La comisión tendrá la responsabilidad de brindar acompañamiento durante la implementación y de difundir entre las instituciones las guías que ordenarán la adopción gradual.

El Oficio Circular número 004-2026 no establece un plazo máximo para que todas las entidades completen el proceso. La incorporación de la plataforma se desarrollará progresivamente, según las necesidades y la hoja de ruta asignada a cada institución.

La iniciativa forma parte de la modernización digital del Ejecutivo. En julio, la comisión presentó avances del ecosistema de interoperabilidad junto con el Portal Unificado del Gobierno de Guatemala, que concentra información, programas y trámites de las instituciones gubernamentales en un espacio digital.

La publicación de la circular fue considerada de estricto interés del Estado y se realizó sin costo en el Diario de Centro América, conforme al artículo 12 del Acuerdo Gubernativo número 112-2015.

El subdirector de Operaciones de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Esvin Gaspar Jacinto Quiché, admitió ante el Congreso que los agentes destinados a proteger al abogado Juan Francisco Solórzano Foppa priorizaron el cuidado de su hijo durante el atentado del 17 de octubre en el Campo Marte. El ataque causó la muerte de Solórzano Foppa y del judoca Gustavo Aguilar Gamarro, mientras la institución investiga posibles fallas en el esquema de seguridad y en la cadena de mando.

La declaración surgió durante una citación legislativa en la que Jacinto Quiché reconoció que las decisiones adoptadas por las unidades presentes en los alrededores no llegaron directamente a los mandos superiores. El funcionario sostuvo que la información sobre las acciones vinculadas al atentado no siguió el conducto jerárquico previsto.

El diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, cuestionó las consecuencias de esa ruptura. Planteó que, si la línea de mando se quebró, ni el subdirector de Operaciones, ni el director de la Policía Nacional Civil, ni el ministro de Gobernación tuvieron control sobre una parte de la fuerza en ese momento.

“¿Quién tiene el control entonces de esa parte de la Policía Nacional Civil que se toma incluso el atrevimiento de cambiar de patrulla, irse a echar la vuelta, grabar todo? ¿Quién tiene el control de esa parte de la Policía Nacional Civil que toma decisiones sin pasar por usted?”, preguntó Chic durante la sesión.

Dos escoltas junto al abogado y otros dos por turnos

Al momento del ataque, dos integrantes de la División de Protección de Personas y Seguridad acompañaban a Solórzano Foppa. El esquema completo estaba integrado por cuatro agentes, distribuidos en turnos de dos personas.

Los escoltas no vieron de forma directa cómo se produjo el atentado porque estaban a cierta distancia del abogado. Jacinto Quiché indicó que, de acuerdo con la versión conocida por la institución y difundida públicamente, los agentes afirmaron que cuidaban al niño.

El subdirector expuso ante los legisladores: “Es la versión que tenemos todos, que ya también se ha hecho pública, es de que los agentes prácticamente andaban con él, que estaban a una distancia y que no observaban directamente cómo estuvo el ataque, porque estaban, según ellos, cuidando al niño”.

La Inspectoría General de la Policía Nacional Civil también investiga ese punto. El organismo intervino después de que la fuerza recibió información sobre los fallecimientos y constató que Solórzano Foppa contaba con personal de la División de Protección de Personas y Seguridad.

Consultado por el protocolo ante una amenaza contra una persona resguardada, Jacinto Quiché sostuvo que la prioridad de los agentes debe ser el objetivo asignado. En este caso, ese objetivo era el abogado bajo protección.

La presunta instrucción de Solórzano Foppa a los escoltas

Los agentes de la División de Protección de Personas y Seguridad informaron que Solórzano Foppa les habría pedido quedarse con otra persona, en vez de permanecer a su lado. Esa supuesta orden habría alterado el protocolo, aunque los agentes debían mantenerse directamente junto al funcionario protegido.

“Ahí también se rompió como el protocolo, porque ellos tienen que estar directamente con el funcionario, pero como el funcionario muchas veces les da instrucciones que son contrarias. Y eso es lo que presuntamente pasó”, explicó el subdirector de Operaciones.

La actuación de los policías involucrados se analiza dentro de un caso que mantiene bajo investigación a siete policías por su posible participación en la captura de los hermanos Choc Toz. El operativo terminó con la liberación de los detenidos, después de que se determinara que el arma incautada les había sido implantada.

Jacinto Quiché describió una estructura administrativa organizada en direcciones, distritos, comisarías, estaciones y subestaciones. También precisó que la jefa del distrito responsable de seis comisarías, incluida la comisaría 13, no tenía toda la información sobre el caso porque sus funciones correspondían al nivel general del distrito central.

Los policías señalados por la presunta implantación del arma a los hermanos Choc Toz estaban asignados a esa comisaría. La falta de información en los niveles superiores y el cambio de función de los escoltas forman parte de los aspectos examinados tras el atentado en el Campo Marte.

Guatemala, por medio de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), compartió mecanismos de atención a víctimas y reforzó contactos internacionales para combatir la trata de personas, un delito vinculado con redes que operan más allá de las fronteras nacionales.

La delegación guatemalteca participó en una Reunión del Grupo Regional de Expertos coordinada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, orientada a fortalecer la prevención, la persecución de este delito y la protección integral de las personas afectadas.

El encuentro reunió a delegados de los Balcanes Occidentales, la Unión Europea y América Latina. Las discusiones incluyeron el intercambio transfronterizo de información, la obtención de pruebas y la coordinación entre los países de origen y de destino de las víctimas.

La secretaria ejecutiva de la SVET, Danissa Ramírez, intervino en los principales espacios de debate en representación del Estado de Guatemala. La funcionaria participó en la sesión dedicada a la protección y asistencia con un enfoque centrado en las víctimas y sensible al trauma.

Modelos de atención y protección durante los procesos penales

Guatemala expuso los modelos de atención, las normas y las acciones de protección que aplica para asistir a las personas víctimas de trata. También se analizaron las aplicaciones de una nueva guía de la UNODC destinada a profesionales que integran los sistemas de justicia penal.

La herramienta busca reforzar los recursos empleados durante los procesos vinculados con este delito. Los participantes evaluaron los desafíos de garantizar protección a víctimas y testigos extranjeros mientras avanzan las investigaciones y los procesos penales.

El intercambio incluyó experiencias del Ministerio del Interior de Macedonia del Norte, la Fiscalía General del Estado de España, el Ministerio Federal del Interior de Austria y la Oficina de Derechos Humanos de Croacia. También participaron organismos especializados de Serbia, Albania y Colombia.

Las mesas de trabajo bilaterales permitieron a los representantes abordar la cooperación entre instituciones de distintos países. La búsqueda de mecanismos comunes apunta a mejorar la respuesta frente a las redes dedicadas a la trata y a fortalecer la coordinación internacional.

La trata de personas puede relacionarse con otras actividades ilícitas, como el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de dinero y la corrupción. Por esa razón, las autoridades analizaron formas de identificar, investigar y desarticular estructuras criminales que actúan en varios territorios.

Guatemala en la conferencia contra la delincuencia organizada

La delegación guatemalteca también intervino en el 13.º período de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Viena, Austria. Guatemala presidió esta edición por medio de su embajador en Austria, quien encabezó las actividades oficiales.

La conferencia reúne a representantes de más de 130 países para examinar avances y dificultades en la aplicación de medidas internacionales contra las estructuras criminales transnacionales. En ese ámbito participaron Ramírez, el quinto viceministro de Gobernación responsable de Antinarcóticos y Seguridad, autoridades locales, representantes de la UNODC y otros organismos internacionales.

Durante las jornadas, la SVET presentó acciones de prevención orientadas a informar y sensibilizar a la población, en especial a los sectores en situación de vulnerabilidad. El objetivo es que las personas puedan identificar riesgos de explotación, conozcan los mecanismos para solicitar ayuda y dispongan de vías para denunciar.

La prevención busca reducir los factores que pueden facilitar la captación y la explotación de personas. La participación internacional también permitió a Guatemala conocer prácticas aplicadas en otros países y establecer contactos con instituciones y especialistas dedicados a enfrentar estos delitos.

La agenda incorporó eventos especializados sobre el enjuiciamiento de la trata, con atención en los casos de trabajo forzoso y explotación sexual desde la perspectiva de los tribunales. Otro espacio trató la protección de las víctimas sometidas a explotación con fines de criminalidad forzada, bajo el criterio de que deben ser reconocidas como víctimas y no como delincuentes.

Guatemala lanzó gub.gt, el Portal Unificado de Gobierno que concentra información oficial sobre programas, servicios, proyectos y oportunidades de las instituciones públicas, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a recursos de educación, salud, empleo, vivienda y asistencia social.

La plataforma fue presentada por la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, bajo el mandato del presidente de la República, Bernardo Arévalo de León.

La iniciativa cumple una meta presidencial y forma parte del Plan Estratégico de Transformación Digital incluido en la Agenda Nacional de Modernización del Organismo Ejecutivo 2024-2028.

El nuevo sitio reúne en un punto de acceso común la información generada por las entidades del Organismo Ejecutivo. Su función es orientar a las personas para que encuentren con mayor facilidad los servicios, trámites, iniciativas, políticas públicas y programas disponibles.

Los contenidos publicados atraviesan procesos de selección, clasificación, validación y revisión continua. La plataforma conserva los vínculos con las fuentes oficiales de cada institución, por lo que no reemplaza los portales ni los canales gubernamentales existentes, sino que dirige a la ciudadanía hacia ellos.

Un acceso común a servicios y datos públicos

La coordinadora y directora ejecutiva de la GAE, Wendy Miranda, sostuvo que el portal representa una forma de acercar el Gobierno a la ciudadanía mediante la articulación de capacidades institucionales.

La funcionaria remarcó la necesidad de diseñar soluciones digitales centradas en las personas, capaces de simplificar la búsqueda de información y la relación con las entidades públicas.

El sitio permitirá consultar información sobre programas sociales, oportunidades de empleo, alternativas de vivienda, servicios de salud y propuestas educativas. La herramienta también incorpora el acceso a datos producidos por distintas dependencias estatales, con el propósito de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, indicó que la cartera contará con un vínculo dentro de la plataforma para que la población pueda seguir la información presupuestaria. También señaló que uno de los desafíos será divulgar el portal para ampliar el número de personas que conozcan y utilicen sus recursos.

Menkos afirmó que el Ministerio de Finanzas Públicas avanza principalmente en el ámbito de la inversión pública, aunque no detalló porcentajes ni montos de ejecución.

El funcionario mencionó además el proyecto Finanzas Públicas Inteligentes, vinculado con los procesos de transformación y modernización del Organismo Ejecutivo.

Esa iniciativa prevé reforzar la infraestructura tecnológica de la cartera y mejorar la articulación de los más de 60 subsistemas de administración financiera que utiliza. El objetivo es integrar mejor los recursos tecnológicos y la información de las áreas que intervienen en la gestión de las finanzas públicas.

Cambio cultural y coordinación institucional

La puesta en marcha de gub.gt requirió la participación de instituciones del Organismo Ejecutivo, equipos técnicos y de comunicación, representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acompañó el proceso mediante apoyo de infraestructura y asistencia técnica.

Durante la presentación, Menkos vinculó la transformación digital con un cambio en el funcionamiento de las instituciones. El ministro expresó: “Las transformaciones en el poder público no solo requieren de oportunidades políticas, sino que requieren también de capacidades institucionales, de recursos y de algo que a veces no tomamos en cuenta, que es la necesidad del cambio cultural”.

El titular de Finanzas Públicas agregó que el Organismo Ejecutivo busca comprender los problemas de la población y resolverlos de forma coordinada. Según planteó, el propósito es que la interacción cotidiana de los ciudadanos con el poder público les permita encontrar respuestas a sus necesidades.

“La información es poder, que ese poder nos permite librar muchos de los desafíos y dificultades que atraviesa la sociedad”, afirmó Menkos. El funcionario sostuvo que acercar información actualizada, verificada, oficial y confiable puede facilitar el acceso de la ciudadanía a las soluciones ofrecidas por el Estado.

La GAE planteó que la utilidad y el alcance de la plataforma dependerán de la actualización permanente de sus contenidos, la coordinación entre instituciones y la mejora de la experiencia de las personas usuarias.

Esos avances deberán considerar la diversidad de la población guatemalteca, las condiciones de accesibilidad y la brecha digital.

Menkos también se refirió al encuentro Abrelatam y destacó la promoción de una cultura de datos abiertos, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. Señaló que estos espacios, con participación de la Organización de los Estados Americanos, aportan a la aspiración de Guatemala de fortalecer su liderazgo regional en esa materia.

El ministro expresó, además, su expectativa de que el país alcance el grado de inversión en los próximos meses, sin precisar una fecha.

Sergio Valdemar Cardona Reyes, condenado por el asesinato del periodista Danilo López, murió la noche del miércoles 21 de octubre durante un ataque armado en una cevichería de Nuevo San Carlos, Retalhuleu. La Policía Nacional Civil informó que desconocía por qué estaba fuera de prisión, pese a la pena que debía cumplir por ese crimen.

El homicidio ocurrió en un establecimiento situado en el kilómetro 185 de la ruta CA-2, cerca del Puesto de Control Interinstitucional. Cardona Reyes estaba comiendo cuando varios hombres armados se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

Los atacantes huyeron después de los disparos y ninguna de las demás personas que se encontraban en el negocio sufrió heridas. El hombre, originario de El Asintal, Retalhuleu, murió en el lugar a causa de las lesiones de bala.

La Policía Nacional Civil aún no había establecido las circunstancias del ataque, el móvil del crimen ni la identidad de los responsables. La institución tampoco precisó si existían indicios sobre el número de agresores o la ruta que utilizaron para escapar.

La salida de prisión sin explicación policial

Cardona Reyes había sido condenado a 30 años de prisión inconmutables por el asesinato de López, corresponsal de Prensa Libre. La pena fue impuesta el 10 de octubre de 2017 por el Tribunal de Mayor Riesgo A.

Javier Albino, jefe de Operaciones de la Comisaría 34 de la Policía Nacional Civil, confirmó que el condenado había salido de la cárcel. Consultado sobre las razones de su libertad, señaló que desconocía cómo se había producido esa situación.

El jefe policial atribuyó al Sistema Penitenciario la responsabilidad de explicar por qué Cardona Reyes ya no permanecía recluido. La condena establecía una pena sin posibilidad de conmutación, pero la Policía no informó sobre alguna resolución judicial, beneficio penitenciario o medida que hubiera permitido su salida.

La sentencia contra Cardona Reyes se relacionó con el asesinato de Danilo López, cometido el 10 de marzo de 2015 en el parque central de Mazatenango, Suchitepéquez. El periodista fue atacado mientras trabajaba como corresponsal en ese departamento guatemalteco.

Aquel atentado también causó la muerte de Federico Salazar, corresponsal de Radio Nuevo Mundo. Sin embargo, el Tribunal de Mayor Riesgo A absolvió a Cardona Reyes del asesinato de Salazar y lo declaró culpable únicamente por la muerte de López.

El proceso por la autoría intelectual del crimen

La investigación judicial también alcanzó al entonces diputado de FCN Nación Julio Juárez Ramírez, a quien el Ministerio Público señaló el 26 de enero de 2017 como principal sospechoso de ordenar el asesinato del corresponsal.

La Fiscalía sostuvo que Juárez Ramírez, exalcalde de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, habría pactado con Marco Antonio Paredes Palacios y Marco Tulio Cano Reina. Según esa hipótesis, ambos intermediarios transmitieron instrucciones a un grupo de sicarios encargado de vigilar la vivienda del periodista, seguirlo y matarlo.

El caso contra el exdiputado terminó con una absolución. El 13 de mayo de 2022, el Tribunal de Mayor Riesgo B lo declaró no responsable por la muerte de López.

Durante esa resolución, la jueza Jeanette Valdés cuestionó el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La magistrada afirmó: “La Feci hizo un mal trabajo” de investigación y sostuvo que la hipótesis de la acusación se basó “en un contexto político”.

Valdés también se refirió a Marco Tulio Cano Reina, quien declaró como testigo de la defensa. La jueza indicó que Cano Reina no fue claro al explicar el supuesto pago que habría recibido el exdiputado para ordenar el crimen.

El Gobierno de Guatemala adjudicó USD 10,01 millones al Gobierno de Estados Unidos para elaborar el diseño de una estación logística multimodal y una conexión ferroviaria entre Puerto Quetzal y el municipio de Escuintla. La contratación, registrada en el sistema Guatecompras bajo el Número de Operación Guatecompras (NOG) 29915686, fue adjudicada por el Ministerio de la Defensa Nacional a través de la Marina de la Defensa Nacional, mediante la modalidad de convenios y tratados internacionales contemplada en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

De acuerdo con una publicación del Diario Soy502, la contratación quedó registrada en el sistema Guatecompras con el Número de Operación Guatecompras 29915686. El Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de la Marina de la Defensa Nacional, realizó la adjudicación bajo la modalidad de convenios y tratados internacionales prevista en el artículo uno de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, conocido como USACE por sus siglas en inglés, estará a cargo de preparar el estudio integral y los diseños conceptuales del sistema ferroviario industrial. La obra se integraría al plan maestro de Puerto Quetzal y busca asegurar la operación de largo plazo de la conexión.

Una terminal ferroviaria para trasladar carga desde el puerto

Puerto Quetzal enfrenta limitaciones en su capacidad operativa ante el aumento sostenido del volumen de carga y la desaceleración de sus operaciones. El comandante del Comando Naval del Pacífico, Williams Estuardo Casasola Cordón, planteó la necesidad de desarrollar la estación logística y el enlace ferroviario en un documento enviado a la autoridad administrativa superior de la Marina de la Defensa Nacional.

La infraestructura permitiría descongestionar las operaciones portuarias, reducir costos logísticos y facilitar el transporte de mercancías entre el puerto y Escuintla. Casasola Cordón sostuvo que el proyecto contribuiría a la competitividad económica del país mediante una mayor integración entre el sistema marítimo y terrestre para el comercio interno y exterior.

La iniciativa está vinculada al área de misión de infraestructura crítica y a los objetivos institucionales de fortalecer las capacidades logísticas y de transporte del Estado. Su alcance también contempla la articulación de la futura estación con los servicios de Puerto Quetzal.

La contratación se relaciona con una enmienda a la Carta de Oferta y Aceptación identificada como GT-B-HAG, mediante la cual Estados Unidos ofreció acompañamiento técnico a Guatemala. La adenda firmada por ambos países incorporó una línea de servicios técnicos del USACE para elaborar los estudios y diseños necesarios.

La Nota 12 de la enmienda dispone que el sistema conecte Puerto Quetzal con una estación logística multifuncional en Escuintla. Las tareas incluyen el diseño detallado de la infraestructura ferroviaria y de transferencia, estudios exhaustivos de viabilidad y la formación de funcionarios guatemaltecos mediante transferencia de conocimientos.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala indicó, en una carta incluida en la documentación de Guatecompras, que la asistencia técnica permitirá preparar los diseños conceptuales y el estudio integral de la conexión. El proyecto complementa el diseño para ampliar el muelle y los servicios portuarios, también identificado bajo el caso GT-B-HAG.

Recorridos en Escuintla y la opción de un puerto seco

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que los especialistas estadounidenses ya trabajan en la preparación de los estudios. Al ser consultado sobre el avance del proyecto, afirmó: “Ya, los estudios están en marcha”.

Delegaciones del cuerpo de ingenieros recorrieron la zona de Escuintla y el trazado previsto para la línea ferroviaria que enlazaría el puerto con el municipio. Durante esas visitas también se identificó la posibilidad de construir un puerto seco en Escuintla para facilitar el movimiento de carga y conectarlo con la terminal marítima.

Arévalo señaló que existe un cronograma para presentar los resultados de los distintos estudios, aunque no informó una fecha de finalización. El mandatario solicitará una presentación sobre los avances y la programación de los trabajos.

Antes de iniciar una obra de esa dimensión deberán completarse los análisis de financiamiento, movilidad, demanda y otras variables técnicas. Los estudios previos de viabilidad, ingeniería y diseño conceptual se sustentan en el Convenio Administrativo de Cooperación Interinstitucional número 01-2026, firmado entre el Ministerio de la Defensa Nacional y la Empresa Ferrocarriles de Guatemala. Con información de Soy502

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala inscribió a Dignidad como partido político y elevó a 28 el número de organizaciones vigentes antes de las elecciones generales de 2027.

La habilitación permite a la nueva agrupación participar en las actividades previstas por la legislación electoral y avanzar con sus asambleas internas.

La decisión fue autorizada por la Dirección General del Registro de Ciudadanos y quedó incorporada en una publicación oficial difundida por el Diario de Centro América.

Dignidad presentó la documentación requerida para completar su inscripción definitiva ante la autoridad electoral.

El informe del Registro de Ciudadanos, fechado el 9 de octubre, estableció que la agrupación reúne 29,736 afiliados. Su secretario general provisional, Gabriel Romero Pérez, presentó la solicitud junto con los documentos exigidos por el artículo 67 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La autoridad verificó posteriormente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 69 de esa norma, conocida por sus siglas como LEPP, y avanzó con la publicación correspondiente. Ese paso formalizó la condición de Dignidad como partido político.

La constitución de Dignidad en Santo Domingo Suchitepéquez

La agrupación fue constituida mediante la escritura pública número 54, autorizada el 22 de septiembre en Santo Domingo Suchitepéquez, municipio del departamento de Suchitepéquez. El documento dispone que el partido utilizará el nombre Dignidad sin abreviatura.

La escritura también describe el emblema partidario, compuesto por elementos gráficos y la palabra que identifica a la organización. La publicación oficial detalla, además, sus estructuras territoriales en departamentos y municipios del país.

La dirigencia nacional provisional está encabezada por Romero Pérez como secretario general. Byron Alfredo González ocupa el cargo de secretario general adjunto y Javier Sánchez Lara integra el Comité Ejecutivo Nacional Provisional.

El documento divulgado durante ocho páginas incluye los nombres de responsables de organización, finanzas y formación política, entre otras áreas internas. Esas estructuras deberán sostener la actividad partidaria mientras se aproxima el proceso electoral.

La inscripción se concretó menos de tres semanas después de que el TSE oficializara, el 30 de septiembre, la constitución de Raíces. Esa agrupación, fundada por exdiputados del Movimiento Semilla, había elevado entonces a 27 la cantidad de partidos políticos vigentes.

Raíces es liderada por el diputado Samuel Pérez y reunió más de 44.000 afiliados durante los dos años de su proceso de formación. La organización quedó ubicada como la segunda con mayor afiliación en Guatemala, solo por detrás de la Unidad Nacional de la Esperanza.

El padrón partidario antes de los comicios de 2027

La expansión de las organizaciones habilitadas ocurre mientras el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos mantiene un proceso de depuración y actualización de nóminas partidarias. En septiembre, esa dependencia confirmó que 26 partidos cumplían con el mínimo legal de afiliados.

La ley exige al menos 28,083 afiliados, una cifra equivalente al 0.30% del padrón empleado en las últimas elecciones generales. En ese momento, la afiliación partidaria total alcanzaba a 849,681 ciudadanos.

A inicios de octubre, el registro de personas afiliadas ya había superado los 895,000 ciudadanos. La actualización de esas nóminas se desarrolla mientras las organizaciones fortalecen su presencia territorial.

El TSE deberá convocar oficialmente al proceso electoral en enero de 2027. Hasta entonces, la cantidad de partidos vigentes podría modificarse porque aún existen comités en formación que buscan completar los requisitos legales para constituirse como nuevas organizaciones.

En los comicios de 2027, Guatemala elegirá presidente, diputados y autoridades municipales para el período 2028-2032.

Raíces integrado por disidentes del movimiento que llevo a Arévalo a la presidencia de Guatemala

El partido Raíces fue oficializado por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala como el segundo partido con más afiliados del país, solo detrás de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), y elevó a 27 el número de organizaciones políticas vigentes a nueve meses de las elecciones generales de 2027.

La agrupación fue creada por exdiputados del Movimiento Semilla, el partido que llevó a Bernardo Arévalo de León a la Presidencia en 2023.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala abrió una convocatoria para que la ciudadanía cree el logotipo, el eslogan y la melodía de las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano de 2027, cuya identidad deberá transmitir democracia, participación, civismo, inclusión, transparencia y confianza. Las propuestas se recibirán del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2026, informó el TSE.

La iniciativa fue aprobada por el Pleno de Magistrados y será organizada por el Instituto Electoral del Tribunal Supremo Electoral. El organismo busca que la imagen gráfica y sonora del proceso electoral surja de aportes ciudadanos, tanto de personas que viven en Guatemala como de quienes residen en el exterior.

Podrán concursar guatemaltecos de 18 años en adelante, de manera individual o en equipos. No se requiere una inscripción previa: la entrega de una propuesta supone la aceptación de las condiciones establecidas para cada categoría.

Tres categorías para la identidad electoral de 2027

El concurso contempla el diseño de un logotipo, la creación de un eslogan y la composición de una melodía o jingle, una pieza musical breve destinada a identificar una campaña o evento. Cada participante o equipo podrá presentar hasta tres propuestas de logotipo y hasta cinco alternativas en las otras dos categorías.

Los diseños gráficos deberán incluir una explicación de hasta 100 palabras sobre su concepto. Además, tendrán que adaptarse a soportes impresos y digitales, funcionar en distintos tamaños y contar con versiones a color, en blanco y negro, positiva y negativa.

El eslogan deberá ser una frase breve, positiva y fácil de recordar, con un máximo de diez palabras. No podrá incluir expresiones en idiomas extranjeros y deberá orientarse a motivar la participación ciudadana durante el proceso electoral.

Las piezas musicales tendrán que enviarse en formato digital MP3 y no podrán superar los 30 segundos de duración.

Si la propuesta resulta seleccionada, su autor deberá entregar la partitura y, cuando incluya letra, el texto completo de la composición.

El TSE estableció que todas las obras deberán ser originales e inéditas. Tampoco podrán contener símbolos, frases o expresiones vinculadas con organizaciones políticas, partidos o candidaturas, ni contenidos discriminatorios, violentos u ofensivos.

Requisitos y reconocimientos para los participantes

La convocatoria busca reunir propuestas que puedan representar a las elecciones generales y a la elección de diputados al Parlamento Centroamericano. La identidad seleccionada será utilizada como referencia gráfica, verbal y sonora del proceso previsto para 2027.

Las personas interesadas deberán enviar sus trabajos al correo electrónico tuideaelecciones2027@tse.org.gt. Las especificaciones completas para cada modalidad fueron publicadas por el organismo electoral en el sitio www.tse.org.gt/tuideaelecciones2027.

La persona o el equipo ganador recibirá un reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral. Los proyectos que obtengan el segundo y el tercer lugar podrán recibir diplomas de reconocimiento, mientras que quienes cumplan con las bases tendrán derecho a una constancia de participación.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala fija el 27 de junio de 2027 para la primera vuelta

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala prevé celebrar la primera vuelta de las elecciones generales de 2027 el 27 de junio, dentro de un cronograma que fija la convocatoria oficial para el 22 de enero y la apertura inmediata de la inscripción de candidaturas, un paso que ordena desde ahora la ruta legal y política del próximo cambio de autoridades.

La propuesta también contempla una eventual segunda vuelta presidencial el 22 de agosto, en caso de que ninguna planilla alcance la mayoría absoluta de los votos válidos. Ese punto define desde el inicio el margen temporal completo del proceso y anticipa el calendario de una elección que se extendería por casi siete meses desde la convocatoria.

El pleno de magistrados del TSE presentó esas fechas durante su reunión mensual con representantes de los partidos políticos vigentes, a quienes entregó el calendario electoral. Según el documento expuesto en esa cita, la convocatoria a las elecciones generales de 2027 está prevista para el viernes 22 de enero.

Pocas horas después, en el primer minuto del sábado 23 de enero, los partidos podrán comenzar la inscripción de sus candidatos ante el Registro de Ciudadanos del tribunal. El cronograma indica que ese periodo cerrará el 20 de marzo de 2027.

Los ministros de Energía, Edwin Barrios; de Trabajo, Miriam Roquel; y de Cultura, Luis Méndez Salinas, defendieron ante la Comisión de Finanzas del Congreso de la República de Guatemala sus solicitudes presupuestarias para 2027, con planes centrados en el cierre del campo petrolero Xan, la ampliación del aporte para adultos mayores y obras culturales y deportivas.

Las tres carteras expusieron sus niveles de ejecución, los programas prioritarios y las razones técnicas de los recursos requeridos. El Ministerio de Trabajo presentó la petición más elevada, mientras que Energía y Minas concentró buena parte de sus fondos en obligaciones vinculadas al abandono de pozos petroleros.

El cierre de 59 pozos del campo Xan en Petén

El Ministerio de Energía y Minas solicitó Q 437 millones para 2027. Del total, el 68% equivale a Q 252,6 millones destinados al cierre y abandono de 59 pozos en el campo Xan.

La asignación también incluye Q 36 millones para el mantenimiento del Sistema Estacionario de Transporte ELCE y Q 9,5 millones para la Minirrefinería La Libertad. Los Q 139 millones restantes corresponden al funcionamiento ordinario de la institución.

Barrios indicó que la cartera contó en 2026 con Q 148,5 millones para las tareas en Xan, aunque ejecutó una proporción mínima por falta de personal técnico especializado en operaciones petroleras. El ministerio contrató a cuatro profesionales externos para elaborar los términos de referencia de la licitación, un proceso que concluyó en agosto.

El funcionario explicó que los recursos deben permanecer disponibles mientras el evento de contratación continúe vigente en Guatecompras: “De mi parte, yo ya lo hubiera devuelto, pero necesariamente el presupuesto debe estar para que el evento esté vigente en Guatecompras”.

La implementación de gasolina E10, una mezcla que incorpora etanol, también formó parte de las consultas de los diputados. Barrios reconoció que 30% de los consumidores migró a la gasolina súper por desconfianza hacia el nuevo combustible, aunque el ministerio no registró denuncias formales por fallas de calidad.

El ministro sostuvo que la mezcla redujo entre Q 1 y Q 1,30 el precio del combustible. Sobre el uso del producto, afirmó: “Nosotros como ministerio también usamos la gasolina E10 y el funcionamiento es perfecto”.

La meta energética para 2027 contempla electrificar cerca de 40.000 viviendas mediante préstamos ejecutados por el Instituto Nacional de Electrificación, Inte. La proyección reduciría alrededor de dos puntos porcentuales la brecha de cobertura eléctrica, estimada en 8,5%.

Los recursos para adultos mayores y nuevas inspecciones laborales

El Ministerio de Trabajo pidió Q 2.837 millones para 2027, frente a los Q 2.155 millones vigentes en 2026. La mayor parte de esa solicitud corresponde al Aporte Económico al Adulto Mayor, cuya necesidad real asciende a Q 2.607 millones, por encima del techo de Q 2.463 millones asignado hasta ahora.

La diferencia para ese programa es de Q 143 millones. Roquel informó que hay 97.616 expedientes de adultos mayores pendientes de visita, incluidos 20.419 casos iniciados entre 2006 y 2023.

Las incorporaciones al programa descendieron de 87.751 en 2025 a 18.818 durante 2026. La ministra vinculó esa caída con la cesión de Q 500 millones que su cartera debió realizar este año y cuestionó el impacto de esa decisión sobre quienes aguardan el beneficio.

“No es justo jugar con la dignidad del adulto mayor”, declaró Roquel ante la comisión. Con los recursos solicitados, el ministerio calcula incorporar a 211.643 beneficiarios, lo que implicaría un aumento de 72%.

Los diputados plantearon inquietudes sobre una eventual politización del programa durante un año electoral. La funcionaria respondió que el Ejecutivo mantiene controles para que el aporte alcance a las personas que llevan más de una década en espera.

La cartera laboral también pidió 100 nuevas plazas de inspección. El objetivo es pasar de los 165 inspectores disponibles al inicio de la administración a 313 al cierre de la gestión.

Roquel relacionó la ampliación con los compromisos internacionales de Guatemala para erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, exigencias que inciden en los acuerdos comerciales con Estados Unidos. El ministerio tiene bajo verificación a 39.105 empleadores y 78.953 centros de trabajo.

Museos, ciudades deportivas y derechos de comunidades originarias

El Ministerio de Cultura y Deportes enfocó su solicitud en infraestructura cultural y deportiva. Méndez Salinas propuso equipar casas de desarrollo cultural en al menos 60 territorios y reabrir museos que permanecen cerrados.

El plan también prevé mantenimiento preventivo para el Museo Nacional de Arqueología y Etnología y la renovación de guiones museográficos en distintos espacios patrimoniales. En el área deportiva, la cartera continuará la construcción de ciudades deportivas en Los Amates, Izabal, y Zaragoza, Chimaltenango.

El ministro confirmó que solicitó una auditoría concurrente a la Contraloría General de Cuentas para ambos proyectos. La petición surgió después de las consultas de diputados sobre la transparencia en el uso de los recursos destinados a las obras.

La cartera proyecta continuar la formulación de la política pública de pueblos indígenas y fortalecer el ejercicio de derechos derivados de medidas cautelares y sentencias relacionadas con comunidades originarias.

El ciclo escolar 2026 del sector público en Guatemala concluirá el 30 de octubre bajo el modelo de plan diario anual, tras un calendario diseñado para completar 180 días de clases. El viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, calificó como regular el desarrollo del período por el cumplimiento de las jornadas previstas y la ausencia de interrupciones por paros, conflictos o manifestaciones, según declaraciones compartidas por la agencia de Gobierno AGN.

Las condiciones climáticas permitieron avanzar con las reparaciones de infraestructura y el Ministerio de Educación prevé superar los 30 mil remozamientos acumulados durante los tres años de gestión. La meta anual es completar al menos 10 mil intervenciones en los establecimientos públicos.

Alimentación escolar con cinco desembolsos completados

El Ministerio de Educación completó los cinco desembolsos del Programa de Alimentación Escolar previstos para el ciclo lectivo. Los recursos fueron entregados a tiempo a las organizaciones de padres de familia, que ya utilizan los fondos finales para cubrir la alimentación de los estudiantes hasta el cierre de clases.

Cabrera sostuvo que el mecanismo fue ajustado durante los últimos años: “Es un mecanismo muy eficiente que el Ministerio de Educación ha ido perfeccionando con el tiempo y que ahora está sumamente afinado y en función”.

Cerca del 55 % de las escuelas prepara y sirve alimentos calientes, una proporción que podría situarse entre 55% y 60% al finalizar el año. Esta modalidad busca que el aporte nutricional llegue directamente a los alumnos, a diferencia de la entrega de productos en bolsas para los hogares, donde la comida se distribuye entre los integrantes de cada familia.

Las organizaciones de padres de familia organizan turnos y calendarios para preparar los alimentos y verificar su calidad. El programa cuenta con 278 menús regionalizados, elaborados con nutricionistas según los productos disponibles y las características de cada zona.

Los estudiantes participan en la validación de las preparaciones mediante muestras en las que expresan sus preferencias. A partir de las opciones autorizadas, las organizaciones pueden elegir los menús y realizar variaciones que mantengan el aporte nutricional.

Los fondos para útiles escolares, valija didáctica y gratuidad se entregan desde el inicio del año desde 2024, con el objetivo de que estén disponibles cuando comienzan las clases. Cabrera señaló que esta medida reduce el gasto familiar en materiales y respalda el mandato constitucional de educación gratuita, sin cobros para padres o encargados.

Reparaciones y tecnología para los centros educativos

Las cocinas, los servicios sanitarios, los techos y los pisos concentran las principales necesidades de reparación en las escuelas públicas. Cada solicitud surge en el establecimiento y se canaliza hacia la Dirección Departamental de Educación o la supervisión correspondiente, mientras los recorridos técnicos definen el orden de prioridad.

Las escuelas con mayores daños reciben atención antes que las demás, aunque la planificación puede cambiar ante emergencias como los sismos. Durante el primer año de gestión se realizaron 11 mil reparaciones y, en el segundo, 10 mil 500; para el cierre del tercero se calculan entre 10 mil 500 y 11 mil adicionales.

La política de transformación digital, formulada en 2025, comenzó a aplicarse este año en el ciclo diversificado. La iniciativa combina entrega de equipos, conectividad, contenidos, plataformas educativas y capacitación docente vinculada con el Currículo Nacional Base.

La meta para 2026 es entregar tabletas y fondos de conectividad a todos los estudiantes de cuarto grado del diversificado. También se contemplan licencias para plataformas acordes a cada carrera, entre ellas bachilleratos, peritos, secretariados y magisterios.

El acceso tecnológico será gradual según la edad: limitado para los alumnos más pequeños, mayor y programado para adolescentes, y cotidiano para quienes cursan diversificado. En preprimaria y primaria se mantendrán los materiales impresos y la escritura sobre papel, mientras que en los últimos años de secundaria se reforzará el uso de herramientas digitales para continuar estudios o incorporarse al trabajo.

Todos los docentes del diversificado recibirán capacitación para emplear la tecnología como recurso de enseñanza, una formación que ya comenzó con parte del personal. Cabrera también indicó que el ministerio mantiene reuniones con organizaciones magisteriales, sindicatos, padres, comités, consejos comunitarios de desarrollo y autoridades municipales para conocer sus planteamientos.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) proyecta que el aeródromo de Quetzaltenango reciba vuelos internacionales en marzo de 2029, una meta que exige ampliar su infraestructura, reforzar los servicios aeroportuarios y cumplir requisitos técnicos, operativos y de certificación para atender a más pasajeros.

La terminal registró 3.262 operaciones aéreas y recibió 10.081 pasajeros entre enero y septiembre de 2026. Actualmente atiende aeronaves Cessna y Twin Otter, y cuenta con cuatro estaciones para aviones de ala fija, cuatro helipuertos normales y uno destinado a emergencias.

La pista, la plataforma, el sistema de ayudas visuales eléctricas y los drenajes pluviales se mantienen en buenas condiciones. Estas instalaciones constituyen la base operativa sobre la que se plantean las obras necesarias para elevar la categoría del aeródromo.

Entre los proyectos prioritarios figuran un edificio para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, una nueva torre de control y la ampliación de la terminal aérea. El plan también contempla equipamiento adicional, incorporación de personal especializado, capacitaciones y la elaboración de los manuales operativos requeridos.

Los expedientes de los proyectos de infraestructura deberán completarse para su presentación ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia durante la primera quincena de noviembre. El cumplimiento de las condiciones de infraestructura, equipamiento, personal y certificación definirá la posibilidad de que Quetzaltenango avance hacia su conversión en aeropuerto internacional.

Lisbeth López, administradora de la terminal aérea, sostuvo que el movimiento registrado respalda la necesidad de invertir en la aviación nacional. “Al ver los datos estadísticos, constatamos la importancia de invertir en la aviación nacional. Quetzaltenango es la segunda ciudad más importante del país. Derivado de esto, es fundamental que cuente con un aeródromo equipado y que pueda ser elevado a categoría de aeropuerto, para poder brindar un excelente servicio a los pasajeros que nos visitan por turismo, estudio o por temas de negocio”, destacó.

Obras y personal para ampliar la capacidad operativa

La ruta hacia marzo de 2029 busca modernizar las instalaciones, fortalecer la seguridad operacional y ampliar la conectividad aérea de la región occidental. La construcción del edificio para emergencias y de la torre de control forma parte de las exigencias para atender operaciones internacionales.

La ampliación de la terminal permitirá recibir a un mayor número de usuarios, mientras que la capacitación y el personal especializado deberán responder a los procedimientos requeridos para una instalación de mayor categoría. La DGAC también deberá desarrollar los manuales que ordenen la operación futura.

El movimiento de pasajeros y aeronaves coloca a Quetzaltenango entre las terminales con actividad relevante dentro del país. La proyección oficial vincula su desarrollo con la atención de visitantes que viajan por turismo, estudios o negocios.

Huehuetenango, primero en pasajeros y cuarto en operaciones

El aeródromo de Huehuetenango atendió a 21.489 pasajeros y registró 2.528 operaciones entre enero y septiembre de 2026. La instalación ocupa el primer lugar nacional por cantidad de viajeros transportados y el cuarto por número de operaciones aéreas.

Los pasajeros son trasladados en aeronaves Caravan y Twin Otter. La infraestructura dispone de una plataforma con tres estaciones para aviones de ala fija y un helipuerto, mientras que la plantilla está integrada por 12 trabajadores de áreas administrativas, seguridad aeroportuaria y mantenimiento.

Silvia Castillo, administradora del aeródromo, anticipó una posible suba de los registros anuales: “Esperamos que las cifras sean mayores este año, porque a septiembre hemos alcanzado el 73 % de la cifra total de operaciones del año anterior, y el 76 % en cuanto al número de pasajeros. Y se debe tomar en cuenta que está comenzando la temporada alta de viajes”.

La DGAC trabaja en la ampliación de la terminal, que agregará 75 metros cuadrados de espacio interior para atender a más pasajeros. Las tareas incluyen el remozamiento de una bodega y de 75 metros del muro perimetral.

La autoridad aeronáutica también impulsa la construcción de pozos de absorción de aguas pluviales para reducir posibles afectaciones a las operaciones. El proyecto se encuentra en revisión de bases por parte de la Unidad de Compras de la DGAC.

El Instituto Guatemalteco de Turismo contará en el ejercicio fiscal 2026 con USD 3.27 millones adicionales, equivalentes a 25 millones de quetzales, para financiar campañas, ferias y eventos de promoción turística dentro y fuera de Guatemala. La ampliación usará saldos acumulados de años fiscales anteriores y no implicará una transferencia nueva del presupuesto general del Estado.

La mayor asignación será para divulgación e información, que recibirá 17,560,000 quetzales (USD 2.3 millones): el renglón individual más alto dentro de los recursos autorizados. La conversión a dólares se calculó con el tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala.

La medida fue aprobada mediante el Acuerdo Gubernativo Número 168-2026, publicado el miércoles en el Diario de Centro América. El presidente Bernardo Arévalo de León firmó la disposición el 14 de octubre, con el objetivo de ampliar los ingresos y egresos del Instituto Guatemalteco de Turismo.

La solicitud había sido presentada por el propio instituto a través del Acuerdo de Dirección General Número 0374-2026, suscrito el 3 de agosto por la directora general en funciones. La ampliación deberá ejecutarse durante el resto del ejercicio fiscal, según la programación que defina la entidad.

Reservas acumuladas para financiar la promoción turística

Los fondos provendrán de disponibilidades ya existentes en caja y bancos. En el presupuesto de ingresos, los 25 millones de quetzales fueron registrados como una disminución de otros activos financieros, dentro del concepto de reducción de disponibilidades en caja y bancos.

La misma fuente de financiamiento figura en el presupuesto de egresos, donde los recursos se clasifican como una disminución de caja y bancos correspondiente a fondos del tesoro. De esta manera, el Inguat utilizará reservas acumuladas en períodos fiscales previos.

La asignación se concentrará en el programa de Promoción del Potencial Turístico de Guatemala, que dispondrá de 24,139,500 quetzales (USD 3.2 millones), más del 96% de la ampliación. El resto se repartirá entre Servicios de Turismo, con 798,000 quetzales (USD 104,416), y Actividades Centrales, con 62,500 quetzales (USD 8,178).

El acuerdo indica que los recursos permitirán incrementar gastos de funcionamiento en distintas categorías programáticas. Las acciones previstas incluyen ferias, campañas y eventos publicitarios programados por la Dirección de Mercadeo para difundir la oferta turística guatemalteca en el país y en mercados internacionales.

La totalidad de la ampliación fue clasificada como gasto de funcionamiento. Los servicios no personales absorberán 24,937,500 quetzales (USD 3.3 millones), una categoría que reúne la mayor parte de los recursos destinados a la promoción y a las actividades vinculadas con ella.

Además de la partida para divulgación, se asignaron 4,440,000 quetzales (USD 580,962) para servicios de atención y protocolo. El transporte de personas contará con 1,227,000 quetzales (USD 160,550), mientras que los viáticos en el exterior sumarán 390,000 quetzales (USD 51,030).

El presupuesto incorpora 142,500 quetzales (USD 18,646) para reconocimiento de gastos, 861,000 quetzales (USD 112,659) para otros estudios o servicios y 227,000 quetzales (USD 29,702) para otros servicios. También se incluyen 62,500 quetzales (USD 8,178) en transferencias corrientes destinadas a servicios gubernamentales de fiscalización.

El aval de Finanzas y el control de la Contraloría

La ampliación requirió la opinión previa del Ministerio de Finanzas Públicas porque el Inguat es una entidad descentralizada. Ese requisito está contemplado en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República.

El Gobierno respaldó la autorización con el Dictamen Número 312, emitido el 30 de septiembre de 2026 por la Dirección Técnica del Presupuesto. También se basó en la Resolución Número 280-2026, firmada el 5 de octubre por el Ministerio de Finanzas Públicas.

El acuerdo lleva las firmas de la ministra de Finanzas Públicas, Débora Alvarado Franco, y de la ministra de Economía, Silvana Gabriela García Pacheco. La disposición entró en vigencia inmediatamente después de su publicación oficial.

Las autoridades superiores del Instituto Guatemalteco de Turismo deberán programar y ejecutar los recursos de acuerdo con los registros establecidos en el Sistema de Contabilidad Integrada, desagregados por programa, subprograma, proyecto, actividad y renglón de gasto. La fiscalización corresponderá a la Contraloría General de Cuentas, conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

La autorización presupuestaria no obliga al Inguat a gastar la totalidad de los recursos. La ejecución efectiva dependerá de las decisiones de programación que adopte la institución durante el período fiscal 2026.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) mantiene cuadrillas en las carreteras de Guatemala para recuperar el paso vehicular tras las lluvias que provocaron 208 emergencias viales en 14 departamentos durante la temporada. Las tareas buscan restablecer la conectividad entre comunidades, centros de trabajo, servicios y mercados afectados por derrumbes, deslizamientos y otros daños en la red vial.

Los incidentes más frecuentes fueron los deslizamientos de tierra y piedras, con 127 casos registrados. El resto de las emergencias incluyó 28 situaciones vinculadas con puentes, 17 socavamientos, 14 árboles caídos, tres daños en cunetas o tuberías, tres azolvamientos y 16 hechos de otra naturaleza.

La atención se concentra en Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Retalhuleu, Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chiquimula, San Marcos, Petén, Izabal, Chimaltenango, Quiché y Baja Verapaz. En esos puntos, las lluvias dejaron materiales sobre la calzada, afectaron carriles y generaron daños que requieren inspecciones específicas.

Deslizamientos y puentes entre los daños atendidos

Las brigadas de la Dirección General de Caminos y de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Covial, retiran tierra, piedras, árboles y otros materiales que bloquean las vías. Las intervenciones incluyen el despeje de carriles, la limpieza de cunetas y la evaluación de puentes dañados.

El objetivo inmediato es recuperar condiciones de circulación en los sectores donde se produjeron derrumbes o deslizamientos. La remoción de obstáculos permite habilitar nuevamente los tramos afectados y facilitar el tránsito de vehículos en zonas donde la lluvia alteró la conectividad.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Provial, participa con la regulación del tránsito y la orientación a los conductores en las áreas intervenidas. Su presencia busca ordenar la circulación mientras las cuadrillas realizan los trabajos de limpieza y reparación.

El restablecimiento del paso también incide en los desplazamientos cotidianos de quienes necesitan llegar a centros de salud, establecimientos educativos o lugares de trabajo. La circulación por carretera resulta necesaria, además, para el traslado de alimentos y otros productos hacia las comunidades y los mercados.

Las acciones forman parte del Plan de Acción Invierno 2026, con el que el CIV atiende los daños ocasionados por las lluvias, protege la infraestructura vial y busca mantener comunicadas las poblaciones afectadas. El plan reúne labores de respuesta en los puntos donde las condiciones climáticas generaron emergencias sobre la red carretera.

La red vial y los proyectos para la movilidad nacional

La recuperación de los tramos afectados por el invierno se integra a una estrategia más amplia de modernización de la red vial nacional. El Ministerio también prioriza la reactivación de obras suspendidas y el desarrollo de infraestructura destinada a mejorar la movilidad y fortalecer la actividad económica del país.

Las rutas centroamericanas figuran entre los corredores atendidos por su función en el transporte de personas y mercancías. El CIV prevé complementarlas con mejoras en carreteras del interior de la República, que conectan a las comunidades con esos ejes principales.

Las intervenciones se orientan especialmente a las regiones agrícolas, donde las condiciones de las carreteras influyen en el traslado de productos, el comercio y la comunicación entre las zonas productivas. La mejora de esas rutas busca facilitar el acceso de las comunidades a los principales corredores carreteros.

La reactivación de proyectos que permanecían suspendidos constituye otro de los ejes de trabajo. La cartera procura dar continuidad a las obras y avanzar en la recuperación de una red vial que permita conectar regiones productivas y atender las necesidades de la población.

En el área metropolitana, la estrategia contempla 13 proyectos de infraestructura dirigidos a agilizar la circulación vehicular y reducir el congestionamiento en la ciudad capital. Estas obras se desarrollan en coordinación con las competencias de las autoridades municipales.

El Ministerio también busca mecanismos para ampliar su capacidad de intervención y reforzar la presencia de equipos de trabajo en las carreteras del territorio nacional.

Guatemala celebrará el 7 de noviembre la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio en la Finca Florencia, de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, una ceremonia que reunirá a miles de fieles de distintas regiones del país y del extranjero. El religioso será incorporado al culto público de la Iglesia católica como beato tras un proceso canónico que reconoció su martirio.

La fecha coincide con el natalicio litúrgico de Ramírez Monasterio. Fray Edwin Alvarado, vicepostulador de la causa, consideró que la elección del día resultó especialmente apropiada: “Quedó muy bien que para nosotros la beatificación sea este siete de noviembre”.

El operativo prevé el ingreso de 60 autobuses al predio de Finca Florencia y estacionamientos complementarios habilitados por las municipalidades de Santa Lucía Milpas Altas y Antigua Guatemala. También se utilizará un estadio cedido por la alcaldía local, luego de la suspensión de actividades deportivas.

Ya confirmaron su asistencia delegaciones de Puerto Barrios, Quiriguá, Cobán y Retalhuleu, además de una parroquia de Sacatepéquez que anunció el traslado de fieles en 50 autobuses. La celebración estará abierta al público y no requerirá acreditación para los asistentes.

Las credenciales quedarán reservadas para los equipos de liturgia, voluntariado y logística. “Todos son bienvenidos, desde los sacerdotes, los obispos, los laicos y de cualquier parte del mundo que quieran venir”, afirmó Alvarado.

Un decreto papal en latín y una reliquia en el altar

La misa comenzará con el rito habitual, pero se interrumpirá durante la invocación “Señor, ten piedad” para iniciar la ceremonia específica de beatificación. El arzobispo pedirá entonces al cardenal enviado por el papa León XIV que lea el decreto papal, redactado en latín como idioma oficial de la Iglesia católica.

Tras la lectura, el cardenal pronunciará la fórmula que declara beato a Ramírez Monasterio. La designación recayó en un cardenal procedente de la arquidiócesis de Guadalajara, México, quien ya recibió la carta pontificia que formaliza su viaje a Guatemala.

La ceremonia incluirá la entrada procesional de una reliquia del fraile: un fragmento óseo de su clavícula de aproximadamente tres centímetros de alto por uno de ancho. El cardenal la recibirá, la colocará sobre el altar, se arrodillará ante ella y la incensará antes de autorizar su veneración pública.

La oración colecta preparada para la misa necesitó una aprobación independiente mediante un decreto enviado a la Orden de Frailes Menores. El Vaticano introdujo correcciones menores antes de validar el texto definitivo.

La transmisión estará a cargo de una comitiva de medios mexicanos y de representantes del Vaticano, debido al carácter pontificio del acto. Quienes no puedan ingresar al predio podrán seguir la ceremonia a través de una pantalla gigante que se instalará en el templo de San Francisco El Grande, en Antigua Guatemala, donde el fraile desarrolló parte de su labor pastoral.

El montaje, los obispos y la participación de los fieles

La tarima principal comenzará a montarse durante la noche del viernes 6 de noviembre y los trabajos deberán finalizar cerca de las 5:00 del sábado. La estructura tendrá un espacio para un coro de 100 personas y se levantará sobre un terreno que fue nivelado tras las lluvias recientes, que también redujeron el polvo en el lugar.

El público podrá ingresar desde las 7:00, tres horas antes del inicio de la misa. La organización espera a 27 obispos, entre ellos cinco eméritos, a quienes solicitó asistir con el alba blanca tradicional.

También se prepararon 500 estolas conmemorativas para los sacerdotes que participen. El arzobispo aprobó un repertorio de cantos sencillos para favorecer la participación de los fieles, con excepción del himno oficial de la beatificación, que se interpretará durante el ingreso de la reliquia.

Entre las autoridades confirmadas figuran la vicepresidenta de Guatemala, legisladores del Congreso y representantes del Parlamento Centroamericano. Alvarado indicó que sus asistencias obedecen a vínculos personales con Ramírez Monasterio y no a razones políticas.

La familia del futuro beato también participó de los preparativos. Un sobrino, integrante de la Asociación de Devotos Cargadores de la parroquia La Candelaria, recordó que el fraile fue bautizado en ese templo, donde próximamente se recibirá una reliquia suya.

“Son veinticinco años de trabajo”, dijo el familiar sobre el proceso que condujo a la beatificación. Enrique Sierra, otro integrante de la familia, sostuvo que el mensaje del religioso trascendía a su tiempo: “Era un mensaje de paz, de fe, de cordialidad, de sumisión franciscana, y va para todas las generaciones”.

El reconocimiento del martirio y el calendario universal

La causa avanzó en octubre de 2024, cuando una comisión de nueve teólogos votó por unanimidad a favor de reconocer el martirio de Ramírez Monasterio. En enero de 2026, el papa León XIV autorizó directamente el decreto de beatificación sin la reunión habitual de cardenales que suele preceder este tipo de decisiones.

Alvarado señaló que el fraile será el primer mártir sacerdote guatemalteco incorporado al calendario universal de la Iglesia. También recordó que existen otros mártires reconocidos en Guatemala, vinculados con localidades como Quetzaltenango y Chiché.

El padre Manuel Chilí relacionó la figura de Ramírez Monasterio con las tradiciones de Semana Santa del país. “Podemos decir que es el primer cucurucho que alcanza los altares”, afirmó.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA) alertó que las bajas temperaturas previstas esta semana amenazan los semilleros y las plantaciones jóvenes de maíz, frijol y hortalizas en cuatro departamentos del occidente del país, donde el frío nocturno y la humedad pueden provocar daños agrícolas y pecuarios.

El monitoreo meteorológico se mantendrá en todo el territorio nacional para detectar riesgos sobre la producción de alimentos. La cartera agrícola anticipó que emitirá nuevas recomendaciones si las condiciones se agravan en los próximos días.

San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Sololá concentran la mayor vulnerabilidad ante el descenso térmico. Las zonas altas de esos departamentos fueron identificadas como las más expuestas en un análisis agroclimático elaborado por el MAGA a partir del pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología.

Las temperaturas más bajas se esperan durante la noche y la madrugada, el período en que los cultivos quedan más expuestos a los efectos del frío. A esa situación se suma la presencia de niebla o neblina durante el amanecer y las horas nocturnas.

La combinación de bajas temperaturas y ambiente húmedo aumenta la amenaza sobre las plantas que atraviesan sus primeras etapas de desarrollo.

Los semilleros, las plantas jóvenes y los cultivos ya establecidos de maíz, frijol y hortalizas figuran entre los más afectados por este escenario.

Coberturas temporales y vigilancia de la humedad

La primera recomendación para los productores consiste en cubrir los semilleros y las plantas jóvenes con protecciones temporales. El Viceministerio de Desarrollo Económico Rural también pidió revisar las plantaciones de forma periódica para identificar posibles daños provocados por el frío.

La observación de la humedad será otra medida de prevención. Estas condiciones pueden favorecer la aparición de enfermedades en los cultivos y agravar las afectaciones sobre las plantaciones expuestas.

El riesgo alcanza a los productos agrícolas de mayor presencia en el occidente guatemalteco. La exposición de los cultivos durante las horas más frías puede comprometer tanto las siembras recientes como las plantaciones que ya se encuentran establecidas.

Las autoridades agrícolas señalaron que el seguimiento debe concentrarse en los momentos de mayor descenso térmico. La presencia de humedad en el suelo y sobre las plantas requiere una vigilancia adicional para evitar que los daños avancen sin ser detectados.

La protección temporal busca reducir el contacto directo de los cultivos con las condiciones adversas. Las revisiones periódicas permitirán a los productores reconocer a tiempo las consecuencias del frío sobre los semilleros y las plantas jóvenes.

Animales jóvenes y enfermos, bajo mayor exposición

El descenso de temperatura también llevó recomendaciones para el sector pecuario. El Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones solicitó resguardar a los animales recién nacidos, jóvenes o enfermos frente al frío, el viento y la humedad.

La protección debe reforzarse durante la noche y la madrugada, cuando se esperan las temperaturas más bajas. Los corrales deben mantenerse secos para reducir la exposición de los animales a la humedad.

Los refugios ventilados forman parte de las medidas sugeridas para enfrentar las condiciones climáticas adversas. Estos espacios deben permitir el resguardo de los animales sin exponerlos al frío y al viento.

La alerta abarca tanto al ganado como a los animales de granja. El objetivo de las medidas es reducir las posibles afectaciones causadas por el descenso térmico en las zonas agrícolas y pecuarias del occidente del país.

El MAGA continuará con la vigilancia de las condiciones climáticas para identificar nuevos riesgos sobre la producción agrícola y pecuaria. Las recomendaciones adicionales dependerán de la evolución del frío en los próximos días.

Los restos de Miguel Ángel Asturias regresarán a Guatemala el 12 de noviembre, 72 años después de que el escritor partiera al exilio, para una agenda de cuatro días que incluirá homenajes religiosos, diplomáticos y un funeral de Estado antes de su inhumación en el Centro Cultural que lleva su nombre.

El Nobel de Literatura de 1967 murió en Madrid en 1974 y sus restos permanecieron desde entonces en el cementerio de Père-Lachaise, en París. El regreso había sido previsto inicialmente para el 19 de octubre, fecha de nacimiento del autor, pero se postergó por un homenaje de alto nivel que Francia prepara y por la construcción del monumento funerario que los resguardará en el país.

El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, confirmó que la repatriación se extenderá hasta el 15 de noviembre. La primera escala será la plaza Miguel Ángel Asturias, situada en la 14 avenida y 3 calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, frente a La Ceiba.

La parroquia de la infancia y la devoción de Asturias

La Parroquia de Nuestra Señora de Candelaria recibirá los restos a las 15:00 del 13 de noviembre, desde donde partirá un cortejo hacia el templo. El vicario Alejandro Gardón anticipó que será una ceremonia “solemne, pero también festiva, porque es un motivo de alegría”.

Asturias pasó su infancia en el barrio de La Candelaria y conservó desde el exilio un vínculo con la imagen de Jesús Nazareno venerada en el templo. Gardón relató que el escritor enviaba cartas a su familia para pedirles que encendieran velas en la capilla y rezaran por él.

“Su devoción y su amor a Jesús fue muy fuerte”, afirmó el vicario. Asturias también obsequió a la parroquia la túnica que la imagen utilizó durante la procesión de Jueves Santo de este año.

A las 19:00, el arzobispo Gonzalo de Villa y Vásquez presidirá una eucaristía. Después, los restos permanecerán en capilla ardiente hasta la medianoche, con turnos de guardia, y luego serán trasladados a la capilla de Jesús dentro de la misma iglesia.

El templo también prepara la conmemoración de los cien años de la advocación de Cristo Rey otorgada a Jesús Nazareno. El aniversario se cumplirá el domingo 7 de febrero de 2027 y tendrá una eucaristía central.

El funeral de Estado y la tumba en el centro cultural

La jornada del 13 de noviembre incluirá un acto diplomático en la Embajada de Francia en Guatemala y actividades en la Universidad Popular, programadas entre las 10:00 y las 15:00. El 14 de noviembre, el Palacio Nacional de la Cultura será sede del funeral de Estado dedicado al legado político y cultural de Asturias.

La ceremonia final se realizará el 15 de noviembre, cuando los restos sean trasladados e inhumados en una tumba construida en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El mausoleo estará cerca de la Plaza Mujeres, la explanada de la Gran Sala y la Plaza Maya.

Los actos comenzaron antes de la llegada con el estreno nacional de La tumba del Gran Lengua, del maestro Joaquín Orellana. La obra, inspirada en la literatura de Asturias, fue escrita en 1999 y estrenada en España en 2001, pero nunca se había montado en Guatemala.

Las funciones previstas para el 19, 24 y 30 de octubre agotaron cerca de seis mil entradas en 24 horas. Méndez Salinas indicó que el Ministerio de Cultura y Deportes evalúa ampliar la temporada, mientras que una nueva presentación está prevista para el 15 de noviembre como parte de los actos de inhumación.

El 3 de noviembre, el Palacio Nacional de la Cultura inaugurará una exposición con manuscritos y documentos del archivo de Asturias que no habían estado disponibles para el público. La muestra formará parte de las actividades previas al retorno.

El Ministerio de Cultura y Deportes coordina además con el Ministerio de Educación que la obra del escritor sea uno de los temas de seminario para los graduandos de 2027. La cartera también impulsa traducciones de sus textos a idiomas nacionales de Guatemala y al sistema braille para ampliar el acceso a su producción literaria.

Familiares, amigos y ciudadanos entre aplausos, claveles rojos y la canción Pedro Navaja, despidieron este martes a Juan Francisco Solórzano Foppa en el Cementerio Los Parques, en la zona 8 de Mixco, tras el asesinato del exfiscal y exsuperintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria durante un ataque armado ocurrido mientras entrenaba a un equipo de fútbol.

El féretro ingresó al camposanto entre muestras de afecto y reconocimientos a la trayectoria profesional del exfuncionario.

Su madre, Silvia Solórzano Foppa, tomó la palabra durante el acto protocolario y recordó la historia de violencia, exilio y defensa de los derechos humanos que atravesó a su familia durante décadas.

Solórzano Foppa murió asesinado a los 43 años el sábado 17 de octubre en el complejo deportivo Campo Marte, ubicado en la zona 5 capitalina. En el ataque también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, identificado por las autoridades como víctima colateral, y al menos tres personas resultaron heridas.

La Policía Nacional Civil detuvo inicialmente a dos hermanos señalados como responsables del hecho. Sin embargo, el Ministerio Público estableció que no existían pruebas suficientes para vincularlos con el ataque y un juez ordenó su liberación.

La investigación policial apunta posteriormente a la intervención de una estructura criminal organizada. El exfiscal contaba con protección estatal desde 2010, debido a las amenazas que había recibido por su trabajo en investigaciones anticorrupción.

La historia familiar entre Nicaragua, el exilio y los derechos humanos

Durante la despedida, Silvia Solórzano Foppa relató que su hijo nació en Nicaragua, cuando ella participaba en la guerrilla armada. “El ombligo” de Juan Francisco quedó enterrado en ese país, recordó al describir los orígenes de una familia marcada por los desplazamientos y la lucha política.

La madre del exfiscal explicó que su padre, abuelo de Juan Francisco, quien era sacerdote, murió por una enfermedad. Su madre- la abuela- fue enterrada fuera de su tierra, mientras que los cinco hermanos, incluida ella, combatieron en distintos frentes vinculados a la defensa de los derechos humanos.

Juan Francisco Solórzano Foppa llegó a Guatemala durante la adolescencia, luego de haber cursado sus estudios básicos en otro país. Para su madre, esa experiencia personal y familiar influyó en la decisión que tomó más tarde de estudiar derecho y dedicarse a la búsqueda de justicia.

“Definitivamente traía ya una energía, una decisión, una herencia”, afirmó Silvia Solórzano Foppa ante los asistentes. La mujer sostuvo que el recorrido de su hijo estuvo definido por las vivencias de una familia que enfrentó la violencia y el exilio en distintos momentos.

La madre describió al exsuperintendente como quien mejor encarnó esa herencia. “Venimos, pues, como se dijo, es un linaje heredado y Juan Francisco nos ha representado con letras mayúsculas”, expresó durante su discurso.

También mencionó a otros integrantes de la familia que mantuvieron ese camino, entre ellos su hermano Julio, vinculado al trabajo por los derechos humanos. Su intervención incluyó un llamado a que las nuevas generaciones continúen esa tarea.

“Nos corresponde pasarle la estafeta a las nuevas generaciones, falta mucho por hacer, mucho camino por abrir para nuestro país, para nuestro pueblo”, dijo. El mensaje estuvo dirigido a sostener la lucha colectiva por la justicia y el bienestar social frente a los desafíos que enfrenta Guatemala.

El homenaje en el Parque Central y los rituales mayas

Antes de llegar al Cementerio Los Parques, el féretro fue trasladado en un camión de los Bomberos Voluntarios hasta la plaza del Parque Central, en la zona 1 de la capital. Luego, el cortejo se dirigió hacia la Plaza de las Niñas, donde se realizó un homenaje de cuerpo presente.

Dirigentes mayas ofrecieron rituales y palabras en memoria de Solórzano Foppa. El reconocimiento estuvo centrado en su labor vinculada a la búsqueda de justicia y en su trayectoria dentro de instituciones públicas.

Silvia Solórzano Foppa destacó la presencia de autoridades mayas durante el funeral y la relacionó con los cambios alcanzados en el país desde la firma de los Acuerdos de Paz. Según sostuvo, tres décadas atrás una ceremonia de esas características no habría podido desarrollarse sin riesgos para quienes participaran.

“Tenían que estar escondidos en las montañas. O sea que sí hemos avanzado, sí hemos conquistado, pero falta mucho por hacer”, afirmó. Para la madre del exfiscal, la participación pública de representantes mayas reflejó avances democráticos, aunque persistieran tareas pendientes.

Solórzano Foppa había participado en investigaciones anticorrupción, entre ellas el caso La Línea. Esa pesquisa derivó en 2015 en la renuncia y el encarcelamiento del entonces presidente, Otto Pérez Molina.

Daniel “N” fue detenido con cocaína oculta en una camioneta en Quetzaltenango, después de que agentes localizaran un cargamento distribuido en tres compartimientos del vehículo. La incautación, valuada en más de 16 millones de quetzales, forma parte de una investigación sobre estructuras dedicadas al trasiego de drogas en la región.

El procedimiento ocurrió en la entrada a San Miguelito, en Génova Costa Cuca, donde policías de la Comisaría 41 interceptaron una camioneta Hyundai con placas P002LWY. El conductor, identificado como Daniel “N”, tiene 51 años.

La Policía Nacional Civil informó que la revisión del vehículo contó con el apoyo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y de un agente K-9. Fiscales del Ministerio Público también participaron en las diligencias efectuadas en el puesto de control.

Dentro de la camioneta, las autoridades hallaron tres caletas, es decir, compartimientos acondicionados para ocultar mercancía. Allí estaban escondidos 168 paquetes rectangulares que fueron sometidos a una prueba de campo.

El análisis preliminar dio positivo para cocaína. La droga y el conductor quedaron a disposición de las autoridades, que deberán continuar con las diligencias correspondientes en torno al cargamento decomisado.

El valor del cargamento y las pesquisas sobre la estructura criminal

El valor estimado de lo incautado supera los 16 millones de quetzales, de acuerdo con la PNC. La cifra ubica al hallazgo entre los decomisos de mayor valor reportados durante las investigaciones contra redes de narcotráfico en esa zona del país.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el origen y el destino final de la droga. Las pesquisas también buscan determinar si Daniel “N” tenía vínculos con otros integrantes de una estructura criminal dedicada al transporte de estupefacientes.

Un reporte policial señaló que al conductor se le marcó el alto durante el control y que posteriormente habría intentado escapar, lo que dio lugar a una persecución antes de su captura. La camioneta fue inspeccionada luego de que fuera detenida en el sector de San Miguelito.

Antinarcóticos indicaron que el cargamento presuntamente tenía como destino la frontera con México. Esa versión forma parte de las líneas de investigación que siguen las fuerzas de seguridad para reconstruir el recorrido previsto para la sustancia.

La operación se realizó en seguimiento de pesquisas sobre grupos criminales que operan en el sur de Guatemala. Los investigadores intentan identificar a más personas que pudieran haber participado en el ocultamiento, traslado o recepción de la droga.

Según agentes antinarcóticos, esta habría sido la tercera incautación registrada durante la misma semana contra una organización que podría estar vinculada con Jorge Gabriel Enríquez Acabal, conocido como “El Contador del Pacífico”.

Las autoridades no descartaron que los operativos continúen para ubicar a otros presuntos miembros de esa red.

Enríquez Acabal es señalado por antinarcóticos como el presunto líder de una organización de narcotráfico y es conocido en la región sur como un empresario millonario. La posible relación entre el decomiso y esa estructura permanece bajo investigación.

La PNC sostuvo que el caso continúa abierto y que sus unidades buscan establecer responsabilidades adicionales. El cargamento encontrado en la camioneta Hyundai será parte de las pruebas analizadas en las diligencias judiciales posteriores.

Además, las fuerzas de seguridad reportaron este lunes, el decomiso de un cargamento de droga como resultado de un operativo interinstitucional implementado en el kilómetro 132.1, en jurisdicción de Pasaco, departamento de Jutiapa.

Según la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) llevó a cabo las diligencias que permitieron el hallazgo.

Los agentes inspeccionaron una grúa que transportaba un picop y determinaron que de esa manera también eran trasladados 20 paquetes con marihuana y dos envoltorios que contenían piedras de crack.

Los funcionarios y empleados públicos de Guatemala que aspiren a una alcaldía en 2027 deberán dejar sus cargos antes del miércoles 21 de octubre de 2026 si trabajan en el municipio donde buscan ser electos. El requisito busca asegurar que transcurran los tres meses sin ejercicio de funciones públicas que exige la legislación antes de la convocatoria electoral.

La fecha fue establecida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mediante el Acuerdo Número 316-2026, que fijó las normas aplicables a los servidores públicos interesados en competir por cargos de elección popular durante el próximo proceso.

El calendario preliminar prevé que la convocatoria para las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano sea emitida el 22 de enero de 2027. La separación del cargo debe producirse antes de octubre porque la ley exige un período de tres meses entre el ejercicio de una función pública municipal y la convocatoria.

Tres meses sin funciones en el municipio de la candidatura

La exigencia se apoya en el artículo 206 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que regula la integración de las corporaciones municipales. La disposición alcanza a quienes desempeñen funciones públicas en el mismo municipio donde pretenden postularse para alcalde.

El límite territorial es determinante: los ciudadanos solo pueden competir por cargos de elección popular en las corporaciones municipales del municipio donde estén empadronados. Por lo tanto, la prohibición no se aplica de forma general a cualquier empleo estatal, sino al cargo ejercido dentro de la jurisdicción en la que se busca obtener la alcaldía.

El Tribunal Supremo Electoral estableció que la separación debe ser efectiva y respetar el período previo previsto por la legislación. El incumplimiento puede impedir la inscripción de una candidatura o tener consecuencias sobre la validez de una eventual elección.

La ley es explícita al respecto: “Es nula la elección de alcalde que recaiga en funcionario o empleado público que ejerza cargo en el municipio donde se postula o que lo hubiere ejercido durante los tres meses antes de la fecha de convocatoria a elecciones”.

Esa nulidad afectaría a un candidato electo que no hubiera cumplido con la obligación de separarse de sus funciones dentro del plazo. La restricción, por tanto, no solo condiciona la etapa de inscripción ante la autoridad electoral, sino que puede cuestionar el resultado de los comicios municipales.

Las excepciones para concejales, docentes y personal asistencial

El acuerdo contempla tres grupos exentos de presentar la renuncia dentro de ese plazo. Pueden mantenerse en sus puestos los integrantes de los concejos municipales que busquen la reelección, las personas cuya única profesión sea la docencia y los profesionales que presten servicios en establecimientos de asistencia social ubicados en el municipio.

Los alcaldes en funciones tampoco están obligados a abandonar el cargo para participar nuevamente en las elecciones. Esta salvedad responde a las excepciones previstas tanto por la Constitución Política de la República como por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La misma norma impide además que las organizaciones políticas reciban o incorporen a integrantes de corporaciones municipales que hayan sido electos por otra agrupación. La restricción se mantiene durante tres años contados desde la celebración de las elecciones generales.

El plazo del 21 de octubre tampoco se limita a quienes busquen una alcaldía. Los funcionarios y empleados del Ministerio Público que aspiren a cualquier cargo de elección popular deberán separarse de sus funciones antes de esa fecha.

La obligación también comprende a quienes pretendan competir por una diputación al Congreso de la República o al Parlamento Centroamericano cuando ejerzan jurisdicción en el distrito electoral correspondiente. En esos casos, el criterio no es el municipio, sino el territorio del distrito donde se desarrollará la candidatura.

Fechas distintas para ministros y miembros del Ejército

Los ministros de Estado que quieran postularse a la Presidencia tienen un calendario diferente. Deben renunciar a más tardar el 26 de diciembre de 2026, seis meses antes de la elección, conforme al artículo 186, literal d), de la Constitución.

Los integrantes del Ejército enfrentan una exigencia más extensa si buscan la Presidencia o la Vicepresidencia. Deben encontrarse de baja o en situación de retiro al menos cinco años antes de la convocatoria electoral, según el literal e) del mismo artículo constitucional.

Las Elecciones Generales de 2027 tendrán su primera vuelta el 27 de junio, de acuerdo con el cronograma divulgado por el Tribunal Supremo Electoral.

Guatemala conmemora este martes 82 años de la Revolución de 1944, el movimiento cívico-militar que derrocó al presidente provisional Federico Ponce Vaides y abrió paso a la primera etapa democrática del siglo XX en el país.

La fecha recuerda el levantamiento que unió a campesinos, estudiantes, docentes, empresarios y militares contra un régimen que heredó las prácticas represivas de Jorge Ubico, quien había gobernado durante catorce años con mano dura y limitadas libertades civiles.

El hecho se considera uno de los puntos de inflexión más relevantes de la historia política y social guatemalteca del siglo pasado.

Más allá del asueto que marca en el calendario laboral, el 20 de octubre representa para buena parte de la sociedad guatemalteca el cierre de un ciclo de autoritarismo y el inicio de una serie de transformaciones legales e institucionales que cambiaron la relación entre el Estado y los trabajadores.

La renuncia de Ubico abrió una crisis política que derivó en el levantamiento

Ubico renunció el 1 de julio de 1944 tras más de una década en el poder, presionado por protestas estudiantiles y profesionales que exigían el fin de su gobierno.

El mando provisional recayó en Ponce Vaides, general de confianza del régimen saliente, quien prometió convocar a elecciones democráticas para calmar el descontento popular.

Sin embargo, entre julio y septiembre de ese año, Ponce Vaides dictó medidas coercitivas con el respaldo del Partido Liberal Progresista, la misma estructura política que había sostenido a Ubico, según un artículo del Congreso de la República que cita al escritor José Antonio Móbil.

Esas decisiones, lejos de abrir un proceso de apertura, reprodujeron el patrón autoritario anterior y generaron un descontento creciente entre distintos sectores de la población, desde estudiantes universitarios hasta militares de rango medio.

Organizaciones civiles y militares exigieron la renuncia de Ponce Vaides en las semanas siguientes. Ante la negativa del gobierno a ceder a esas demandas, estalló el movimiento cívico-militar del 20 de octubre de 1944, liderado por tres figuras que luego conformarían la Junta Revolucionaria Provisional: Francisco Javier Arana, Jorge Toriello y Jacobo Árbenz Guzmán, este último un joven oficial del Ejército que más tarde llegaría a la Presidencia del país.

Los enfrentamientos armados incluyeron el uso de armas de fuego y cañones, con ataques dirigidos contra los fuertes de Matamoros y San José Buenavista, de acuerdo con el registro histórico del Congreso.

La confrontación se extendió durante varias horas en la capital y dejó un número de víctimas que los registros de la época no documentaron con precisión. La presión militar y popular terminó por obligar a Ponce Vaides a renunciar y abandonar el país; Ubico, que permanecía en Guatemala desde su salida del poder, también se exilió en ese contexto.

La Junta Revolucionaria convocó una nueva Constitución y elecciones

Con la caída de Ponce Vaides, se integró la Junta Revolucionaria de Gobierno, conformada por Árbenz, Arana y Toriello, que asumió el control del Estado de forma colegiada.

Una de sus primeras decisiones fue derogar la Constitución de 1879, vigente desde el siglo anterior, y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a una nueva Carta Magna, según datos hemerográficos de Prensa Libre.

La nueva Constitución, promulgada en marzo de 1945, incorporó garantías laborales, derechos civiles y mecanismos de participación política que no existían en el ordenamiento jurídico anterior. Entre el 17 y el 19 de diciembre de 1944 se celebraron elecciones generales, consideradas las primeras con participación amplia en la historia reciente del país hasta ese momento, en las que resultó electo Juan José Arévalo Bermejo, un pedagogo que había vivido en el exilio durante buena parte del régimen de Ubico.

Arévalo Bermejo, padre del actual presidente Bernardo Arévalo, asumió el cargo el 15 de marzo de 1945 como primer mandatario de la etapa conocida como la Primavera democrática, un período de diez años que se extendió hasta 1954 e incluyó también la presidencia de Jacobo Árbenz.

Durante esa década se promulgó el primer Código de Trabajo del país, que reguló por primera vez las jornadas laborales, los salarios mínimos y el derecho a la sindicalización.

Se creó además el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se estableció el sufragio para las mujeres y para la población analfabeta, excluida hasta entonces del voto, y se impulsó la autonomía de la Universidad de San Carlos, que a partir de ese momento quedó facultada para elegir a sus propias autoridades sin injerencia del Ejecutivo.

El 20 de octubre es asueto nacional desde la Ley de Servicio Civil

El Decreto 1748 del Congreso de la República, la Ley de Servicio Civil, reconoce el 20 de octubre como asueto remunerado para los trabajadores estatales en memoria de la Revolución. La fecha se conmemora cada año con actividades culturales, actos oficiales y marchas en distintos puntos del país, especialmente en la capital, donde suelen replicarse los recorridos históricos de 1944.

Para este 2026, el Gobierno de Bernardo Arévalo había ampliado el descanso mediante el Acuerdo Gubernativo 167-2026, que otorgó permiso laboral con goce de salario para el lunes 19 de octubre a los servidores de las entidades centralizadas y descentralizadas del Estado. La medida, publicada días atrás en el Diario de Centro América, extendió a cuatro días consecutivos el descanso, desde el sábado 17 hasta el martes 20, y quedó exceptuada para el personal que presta servicios esenciales o cuyo pacto colectivo fija el asueto en otra fecha.

El calendario de asuetos de 2026 continúa en noviembre y diciembre

El Decreto 1441, Código de Trabajo, establece doce jornadas de asueto remunerado al año para los trabajadores guatemaltecos. Tras el feriado de la Revolución, el próximo descanso en el calendario será el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, que en 2026 caerá domingo. Diciembre cerrará el año con medio día libre el 24, Navidad el 25 y medio día el 31, jornada que antecederá al primer fin de semana largo de 2027.