"Soy la madre y cuidadora única de un chico de 31 años que lleva 11 años con esquizofrenia paranoide no controlada y quiero confesar que en estos años habría cometido 13 delitos contra la libertad y la dignidad de mi hijo, según dicha norma". Así comienza la carta que una madre ha remitido al Gobierno, al Ministerio de Sanidad y a profesionales de la salud mental para alertar de las consecuencias que, a su juicio, puede tener la nueva regulación de los ingresos psiquiátricos involuntarios. "Pero sin ninguna duda volvería a hacerlo", añade. Su objetivo, asegura, es poder seguir haciéndolo cuando la enfermedad de su hijo le impida reconocer que necesita ayuda.

La mujer, que firma como Ana y omite su apellido para preservar la confidencialidad de su hijo, describe once años de brotes psicóticos y trece ingresos, la mayoría involuntarios. Cuando su hijo atraviesa una crisis, explica, deja de cuidarse, descuida la alimentación, la higiene y el sueño, consume cannabis y cree que otras personas le persiguen o quieren matarle. "No es capaz de tomar decisiones sobre su propia salud, porque la enfermedad le ha arrebatado precisamente esa capacidad", escribe.

El temor de esta madre es que el nuevo marco legal dificulte intervenir antes de que la situación llegue a un extremo. La carta coincide con la polémica abierta por el artículo 13 bis de la Ley 4/2026, que entrará en vigor este viernes, 23 de octubre, y establece que las intervenciones en salud mental deben basarse en el consentimiento libre e informado y prohíbe el internamiento involuntario por razón de discapacidad salvo en supuestos de "urgencia vital". La interpretación de ese umbral es el centro del desacuerdo entre las sociedades científicas y Sanidad.

"Mientras su vida no corra peligro, esta ley dice que no se le puede ingresar", lamenta Ana. La madre recuerda que los ingresos anteriores han permitido a su hijo recuperarse parcialmente y retomar su vida en mejores condiciones. "Nadie, y menos una madre, quiere ver encerrado a su hijo", afirma. Pero defiende que respetar su dignidad también implica poder ofrecerle tratamiento cuando no es consciente de su enfermedad: "Su dignidad no pasa por desentenderse de él cuando más nos necesita".

La mujer no reclama que se mantengan las condiciones actuales sin cambios. Al contrario, denuncia las deficiencias de algunas unidades en las que se atiende a estos pacientes, que describe como espacios "en sótanos, sin luz, sin apenas actividad, sin poder salir, sin estímulos, sin vida". "Eso no es cuidar, eso es contener, que no es lo mismo", sostiene. A su juicio, la solución pasa por mejorar las condiciones de los ingresos, disponer de más recursos y desarrollar protocolos que garanticen tanto los derechos como la atención clínica.

Sanidad, obligada a rectificar y reunirse con los psiquiatras

La carta se conoce el mismo día en que la comisionada de Salud Mental, Belén González, tiene previsto reunirse con la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) y otras sociedades científicas, después de que estas alertaran de que el cambio puede dejar sin cobertura clara a personas con trastornos graves. Entre los supuestos que les preocupan figuran las psicosis con abandono de los autocuidados, los episodios maníacos graves y determinados cuadros de ideación suicida de alto riesgo.

Sanidad, por su parte, sostiene que los ingresos involuntarios no desaparecen y que el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil seguirá regulando los internamientos no voluntarios. El Ministerio ha abierto una consulta pública para desarrollar reglamentariamente el nuevo artículo y prepara instrucciones transitorias para aclarar cómo aplicarlo desde su entrada en vigor. La comisionada ha defendido que los ingresos urgentes podrán realizarse con las garantías previstas y que los no urgentes podrán tramitarse mediante autorización judicial.

La inquietud de las familias, sin embargo, va más allá de la interpretación jurídica. En septiembre, durante el II Homenaje a la Enfermería organizado por LA RAZÓN, familiares y enfermeras especializadas en salud mental reclamaron un protocolo para los ingresos involuntarios y denunciaron la falta de coordinación entre servicios, la escasez de camas y las dificultades para atender a pacientes adultos con enfermedad mental grave.

Ana advierte de que los recursos comunitarios que permitirían atender algunas crisis fuera del hospital -como los equipos de tratamiento asertivo, la hospitalización a domicilio o los centros de crisis- no están disponibles en número suficiente. "Legislar como si existiera [esa red] no es proteger al paciente: es mirar hacia otro lado", escribe.

Su petición final se dirige a los responsables políticos: "Que no cierren una puerta sin antes abrir otra donde nos podamos meter". Y deja una pregunta que resume su angustia ante el futuro: "¿En qué momento del proceso puedo solicitar el ingreso? ¿Cuántas puertas tiene que romper, cuántos días enteros tiene que sufrir pensando que le van a matar? ¿Cuándo exactamente se considera que entra en juego su vida?"