El verano de “cuatro meses” que ha batido récords de calor en España disparó la contaminación del aire por ozono malo. Los niveles generales de O3 en 2026 son los más altos desde 2010, cuando entraron en vigor los topes máximos legales de este tóxico, según analiza Ecologistas en Acción tras recopilar los datos oficiales.

Según las mediciones, en 33 zonas de Andalucía, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura y Comunidad de Madrid se ha incumplido el vigente objetivo legal en el trienio 2024-2026, concluye la organización.

Destacan en el ránking negativo Madrid y Catalunya. La capital madrileña “ha vuelto a batir su récord histórico de este contaminante”, destaca la evaluación de los ecologistas, mientras que en Catalunya “se ha registrado en conjunto 124 superaciones del umbral de información, rebasando el umbral de alerta en Barcelona”.

“El cambio climático y el ozono troposférico van de la mano”, comenta la portavoz de la organización en Catalunya, Marta Vía, para referirse a que este gas aparece cuando la radiación solar incide sobre otros gases como el dióxido de nitrógeno cuya fuente son, sobre todo, las actividades humanas como el tráfico.

Con un verano extremo en cuanto a temperaturas y radiación solar como ha certificado la Agencia Estatal de Meteorología, la concentración de O3 que se ha generado al interactuar con los gases precursores ha subido notablemente.

Este tóxico tiene un impacto significativo en la salud humana. “Es responsable de 10.000 muertes en España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente”, subrayan en Ecologistas en Acción. El Instituto de Salud Carlos III ha estimado que en el verano de 2026 la combinación de altas temperaturas y aire contaminado puede ligarse 5.800 fallecimientos.

En realidad, casi el 100% de la población española respira aire con niveles de ozono troposférico por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud considera admisible —un 20% más restrictivo que la ley vigente actual—.

El ozono troposférico “actúa como un irritante de muchos sistemas del organismo humano, en especial del respiratorio”, explica el médico Ferran Campillo de la Sociedad Catalana de Pediatría. “Entre un tercio y la mitad de los nuevos casos de asma infantil están relacionados con la mala calidad del aire”, cuenta.

Este tóxico abunda el médico, “no afecta igual a todas las personas. En la infancia y la adolescencia en más dañino porque estas personas ”respiran más volumen por kilo y respiran más veces por minuto. Y, además, sus organismos no depuran todavía los tóxicos como el cuerpo de un adulto“.

No les ha gustado nada a los cazadores —y a la Comunidad de Madrid— que, por precaución, los jueces les impidan matar temporalmente nueve especies de aves en la temporada cinegética que acaba de comenzar. “Extraordinaria gravedad”, ha dicho la Federación Española de Caza.

Los cazadores se han llevado las manos a la cabeza, han apelado a los intereses de los cotos y a “gravísimos perjuicios” al tiempo que hablan de “ataques a una actividad legal” porque los magistrados del Tribunal Superior de Justicia han aplicado una medida cautelarísima solicitada por SEO/Birdlife asociada a un recurso contra los permisos para matar “especies en declive”.

Se trata del primer frenazo judicial a los cartuchos en una serie de recursos presentados por SEO/Birdlife en varias comunidades autónomas por el mismo motivo. La organización ha iniciado estos procesos además de en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha y Canarias. Por eso la Real Federación Española de Caza se ha personado en la causa de Madrid para “evitar que actuaciones similares puedan extenderse a otras comunidades autónomas”.

Sin embargo, mientras los cazadores se revuelven por el auto de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha paralizado la caza de codornices en la isla de El Hierro mientras dilucida si la autorización cinegética que prolonga los días en los que se puede matar esta ave está científicamente avalada. SEO/Birdlife considera que no.

Tregua de escopetas

Lo que han entendido los jueces madrileños es que si no se paraliza la caza provisionalmente de forma urgente, el recurso pierde su sentido: miles de aves habrían ya muerto cuando se tomara una decisión.

Las especies que disfrutarán esta tregua de escopetas son: codorniz, perdiz roja, la paloma zurita, la corneja negra, urraca y el zorzal alirrojo cuyas poblaciones presentan tendencia negativa, según SEO y la paloma bravía, la becada y el zorzal real que presentan “lagunas sobre su estado”. Para ninguna de estas especies “existe una evaluación reciente y trazable de su estado de conservación en la Comunidad de Madrid” para autorizar que puedan ser abatidas, explica el recurso de la organización.

La cautela aplicada por el tribunal ha soliviantado a los cazadores. La misma federación —que llama “inaudita” la decisión judicial — aduce que “puede ocasionar perjuicios difícilmente reparables” y provocar “gravísimas consecuencias” para los cazadores y dueños de cotos.

Lo cierto es que esta medida judicial es muy provisional. Ahora los magistrados estudian las alegaciones de las partes para ver si mantienen la paralización cautelar y aún quedará por dilucidar el fondo del asunto: ¿se ha autorizado la caza de especies sin saber si sus poblaciones pueden soportar ese castigo?

A la par que la federación, el lobby cinegético Fundación Artemisán ha afirmado que la suspensión cautelar “sin que existan datos científicos que lo justifiquen supondría un perjuicio evidente para los cotos de la comunidad”. También se han personado en la causa y afirma que aportará informes para que los presente la Comunidad de Madrid.

El responsable de acciones legales de SEO/Birdlife, David de la Bodega, explica que con su recurso intentan que judicialmente puedan regularse “unas autorizaciones que van a ser blindadas cuando entre en vigor la recientemente aprobada ley de Caza de la Comunidad de Madrid”. Según el abogado “no se puede cazar primero y preguntar después”.

De la Bodega insiste en que “la nueva ley de caza ha incluido en sus anexos las especies y épocas en las que se puede cazar y eso hará muy difícil poder recurrirlas porque, al ser una ley, va a exigir acudir al Tribunal Constitucional”. La norma se activará a partir de enero de 2027.

La caza de otras variedades continúa

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sostiene que “no hay motivos para que se limite esta actividad”. Su consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, la califica como “muy necesaria”.

Mientras tanto, la Fundación Artemisán pide que se castigue a los grupos como SEO/Birdlife que acuden a los tribunales: “Este tipo de estrategias deberían tener consecuencias. Debe acabarse con la impunidad con la que actúan con el único fin de acabar con la caza”.

En realidad, la decisión del TSJM no acaba con la caza en general, ni siquiera con la caza menor —la que corresponde a estas nueve especies— ni con la caza de aves en particular. Los cazadores de la Comunidad de Madrid todavía pueden disparar desde que se abrió la temporada a liebres, zorros, conejos y aves como el faisán, paloma torcaz, zorzales charlo, zorzales comunes y a los estorninos pintos.