Nuevo frenazo a la fosa Monumento, la más grande de Sevilla capital con más de 2.613 represaliados. Casi año y medio después de que las cuatro administraciones firmasen el protocolo que en teoría suponía el arranque del proceso de exhumación, ahora un nuevo enredo burocrático amenaza con retrasar todavía más unos trabajos para el que se llegó a un acuerdo político entre todas las administraciones (dos gobernadas por el PSOE y dos por el PP) nada menos que en marzo de 2024.

Este horizonte es, para algunas de las partes, un nuevo requiebro del Ayuntamiento hispalense (PP) para alargar los plazos y jugar con los tiempos políticos, ya que en mayo de 2027 son las elecciones municipales. El proyecto siempre le ha estorbado a los populares desde que José Luis Sanz es alcalde, entre que considera que no tiene competencias en esta materia y que no le interesa agitar mucho este árbol para salvaguardar sus relaciones presentes y futuras con Vox

La formación de ultraderecha es el aliado presupuestario del PP en el Consistorio y, aunque ahora la relación esté más tensa por la construcción de la mezquita del Polígono Sur y la inminencia electoral, gracias a este pacto Vox ha colado su ideario político como también está haciendo en el Gobierno andaluz, la otra administración que también va al ralentí en este caso. De todos modos, no ha sido necesaria la presión de los de Abascal para que José Luis Sanz liquidase todo rastro de las políticas municipales de memoria histórica.

La cuestión es que el gobierno local habría esgrimido problemas para la contratación del personal necesario para realizar estas tareas. En una reciente comisión de seguimiento, la solución que ha puesto sobre la mesa la Junta de Andalucía –también gobernada por el PP– es que se encargue de la exhumación un departamento especializado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), lo que de partida no se ve con malos ojos (algunas de las responsables ya hicieron trabajos previos en esta fosa) pero que abre un horizonte de incertidumbre.

Dudas jurídicas con el modelo

En teoría, y de acuerdo con lo que ya se hizo en la fosa de Pico Reja con éxito, la fórmula elegida es un convenio por el que Gobierno central, Junta y Diputación ceden partidas económicas al Consistorio hispalense, que asume la dirección de los trabajos al ser el propietario del suelo en el cementerio de San Fernando. Las cuatro administraciones se han comprometido a una financiación a partes iguales, aportando cada una el 25% del coste.

Fuentes consultadas por este periódico admiten que la irrupción de un nuevo actor, en este caso la UPO, cambia las reglas del juego, sobre todo porque la intención municipal sería que cada parte le abone directamente los trabajos. Es decir, que el Ayuntamiento rechaza recibir los fondos, hacer los contratos y liderar el proyecto, como sí hizo con Pico Reja en la etapa de Juan Espadas (PSOE) como regidor.

Esto obligará a un nuevo análisis jurídico, ya que hasta ahora lo que estaba autorizado era transferir el dinero a otra administración y no a una universidad, aunque sea pública. Todavía se está en este punto pese a que, cuando en junio de 2025 se firmó el protocolo, se emplazó a una inminente firma del necesario convenio para formalizar el sistema de pago, pero este paso no se ha dado todavía y ahora se plantea que el convenio se firme con la UPO.

“Dinamita” el modelo Pico Reja

A la espera de conocer este documento, que la Junta de Andalucía se ha comprometido a hacer llegar a las partes cuanto antes, lo que es una evidencia es que esta fórmula supone “dinamitar” el modelo de Pico Reja que tan buenos resultados dio. Ante los continuos retrasos provocados por el Ayuntamiento, que incluso llegó a rechazar fondos estatales, Gobierno y Diputación (gobernados por el PSOE) han llegado a plantear asumir en solitario estos trabajos dados los “reparos ideológicos” del gobierno municipal. Esta opción está ahora en vía muerta.

El nuevo giro de los acontecimientos se habría planteado por la Junta sin diálogo previo, con lo que Gobierno y Diputación se enteraron sobre la marcha en la última comisión de seguimiento, celebrada con varios meses de retraso sobre el calendario previsto. Se entiende que esto obliga a un nuevo estudio de viabilidad jurídica y, con casi toda probabilidad, a firmar un nuevo protocolo general de actuación.

Lo cierto es que se vuelven a dilatar los tiempos y a prorrogar sin fecha una exhumación que se quería tener cerrada en 2029, un cronograma –ya de por sí muy difícil de cumplir– que acaba ahora de saltar por los aires. En este sentido, el protocolo establece hasta cuatro años para acabar los trabajos una vez que se inicien con la previsión de que lo hubiesen hecho en 2025, calculándose una inversión pública total que oscilará entre dos y 2,5 millones de euros.

La famosa cena VIP al pie de la Giralda con motivo de los XX Premios Escaparate no sólo recibió 18.000 euros brutos (IVA incluido) de fondos municipales, sino que también fue el propio gobierno local del PP el que concedió los permisos que hicieron posible la utilización de este enclave privilegiado. Para ello, primero lo declaró “evento de interés público municipal y turístico”, para lo que esgrimió el argumento de que la gala es “uno de los acontecimientos sociales, culturales, de moda y comunicación de mayor prestigio y proyección nacional e internacional celebrados en Sevilla”.

Fue el propio Ayuntamiento hispalense el que se encargó de tramitar este reconocimiento de “evento de interés”, para lo que primero suscribió un acuerdo de colaboración –al que ha tenido acceso este periódico– con el organizador en el que también se comprometía a aportar estos 18.000 euros, la misma cantidad que también puso la Junta de Andalucía. Tanto el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, como el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ambos del PP, asistieron como invitados a la cena.

El convenio lo rubricó Contursa, la empresa turística municipal, a partir de lo cual solicitó (y consiguió de la propia Delegación de Turismo y Cultura a la que pertenece) la declaración de “evento de interés”. En paralelo, tramitó y logró el permiso para ocupar la plaza Virgen de los Reyes, en la que –con contadas excepciones– la propia ordenanza prohíbe cualquier tipo de acto. A ello se unió la exención de tasas por ocupación de la vía pública y la autorización de “excepcionalidad acústica temporal”, ya que hasta las 2 de la madrugada se iba a producir más ruido del permitido. En total, el enclave permaneció ocupado durante 32 horas.

“Una actividad institucional”

Fue una empresa municipal (Contursa) la que pidió estas licencias, y lo hizo ante otro organismo del Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo, que dio su visto bueno clonando los argumentos ya recogidos en el convenio suscrito con Escaparate. De hecho, en el expediente por el que le autoriza la ocupación de la plaza se llega a afirmar que esta entrega de premios tiene como objeto “la difusión y promoción de la excelencia cultural y patrimonial de Sevilla”.

De hecho, define la gala como “una actividad de carácter institucional y excepcional”, por lo que da su visto bueno al entender que puede acogerse a una de las excepciones recogidas en la ordenanza. Esto permitió a Escaparate levantar mesas para 600 invitados en una zona ubicada entre los tres monumentos patrimonio de la humanidad de la ciudad: la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias.

En definitiva, que el Ayuntamiento hispalense no sólo actuó como patrocinador, sino que también se encargó de tramitar las autorizaciones y de concedérselas a sí mismo. “Ingeniería administrativa”, lo definió la concejal del grupo Podemos-IU, Susana Hornillo (Podemos), en la última comisión de control al gobierno local, a lo que la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno (PP), respondió que no se utilizó “ningún atajo administrativo” y que la inversión municipal estaba más que justificada por el “alcance mediático extraordinario” de un evento que, aseguró, consiguió “324 millones de impactos”.

El alcalde, “sorprendido” por el revuelo

Esto llevó a renglón seguido al portavoz municipal del PSOE, Antonio Muñoz, a criticar esta versión municipal con una cifra “sin aclarar qué significa ni cómo se ha calculado”, preguntándose de paso si “son personas, visualizaciones, euros o apariciones en medios”. Por ello, considera que todo el caso es una “tomadura de pelo”, ironizando con que el alcalde “paga la cena de Escaparate y ahora pretende que los sevillanos le den las gracias”.

Por cierto, que la única referencia a la gala del regidor, José Luis Sanz, ha sido para expresar su incredulidad ante la que se ha formado con este evento celebrado hace un mes. “Me ha sorprendido mucho el espacio que ha ocupado en los medios de comunicación, ojalá el déficit de infraestructuras que tiene Sevilla ocupara el mismo espacio”, se limitaba a apuntar hace unos días.

Y aunque admite que el uso de la plaza Virgen de los Reyes “no lo contempla la ordenanza” y que “se hizo una excepcionalidad”, no muestra mayor preocupación por la denuncia por malversación y prevaricación que ha admitido un juzgado: “Que investigue el juez lo que tenga que investigar, de momento no ha denunciado nadie”.

“Proyección mediática insuperable”

El convenio entre Contursa y Escaparate también resalta que, en años anteriores, esta entrega de premios “ha puesto en valor los espacios y monumentos más emblemáticos de la urbe”, ya que se ha celebrado en lugares como los Reales Alcázares, la Plaza de España, el Casino de la Exposición, el palacio de San Telmo (el año pasado se celebró enfrente, en los Jardines de Cristina), el Muelle de la Sal o la plaza de San Francisco. La edición de 2026, añade, “en pleno entorno patrimonio mundial de la Unesco, otorgará una proyección mediática insuperable a la marca de la ciudad”.

El documento que allanó el camino para la declaración como “evento de interés” cifraba la asistencia al acto en “600 invitados de alto nivel”, aunque al final fueron menos, lo que supondría “un importante impacto económico en el sector hostelero, comercial y hotelero de Sevilla”. Todo esto se traduciría en la reserva de “un elevado número de plazas en hoteles de alta categoría” durante nada menos que una semana.

Doñana es un espacio tan grande y tan diverso que siempre hay lugar para que, en paralelo, se produzcan buenas y malas noticias. El pasado 30 de septiembre acabó un año hidrológico que en el parque nacional se puede definir de “razonable” en cuanto a lluvias y “bueno” en lo que respecta a la cría de aves, pero las cosas se han complicado con un verano que como quien dice todavía se hace sentir. Esto se ha traducido en un septiembre con récord histórico de temperaturas, lo que tiene a la vegetación del parque “en pausa” y con una elevada mortalidad.

Este es el balance que hace el director de la Estación Biológica de Doñana (EBD), Eloy Revilla, que alerta de que son señales de un “cambio de patrón” fruto de los efectos cada vez más evidentes del cambio climático. Esto propicia “un verano larguísimo” y unas “altísimas temperaturas”, y como muestra valga el botón de que 13 de los 25 días más calurosos del pasado estío se vivieron en septiembre, con récord el 3 de ese mes y sus 42,2 grados.

“En septiembre se han batido todos los récords de temperatura histórica”, apostilla, y toda la primera mitad de octubre también ha tenido registros elevados. Esto propicia que la vegetación en Doñana esté “en pausa” y lo que es peor, “se observa una mortalidad importante en muchas zonas”.

“Un patrón de cambio”

“Hay un patrón de cambio que se está observando en muchos años consecutivos”, prosigue su análisis, y que “tiene que ver directamente con el cambio climático”. Esto no solo ocurre en Doñana, advierte, ya que es algo evidente “en muchos más sitios”, lo cual “genera incertidumbre desde el punto de vista del funcionamiento de los ecosistemas”.

Y eso que el año hidrológico ha sido “bastante razonable” desde el punto de vista de la marisma y de las poblaciones de aves, tras unas lluvias invernales que permitieron una inundación importante y propiciaron “un buen año de reproducción”. La abundancia de agua ha permitido, además, que la laguna más grande, Santa Olalla, no se haya secado por segundo año consecutivo, aunque ha entrado en octubre con un aspecto no precisamente exuberante.

La conclusión es que el verano “se está volviendo muy difícil en el día a día” y eso “tiene que ver directamente con el cambio climático”. Esto provoca “cambios muy importantes” que no solo sacuden a este enclave natural, sino que “nos están afectando a nosotros también como país, tanto en la agricultura como en los servicios”. En este sentido, resalta “que no hay que olvidar que España ”es dependiente del turismo“, aunque aquí Doñana funciona como una oportunidad: ”Es un buen lugar para hacer un seguimiento muy fino y que podamos adelantarnos y adaptarnos“

La cuestión del acuífero

Junto a ello, y a la hora de hacer balance del año hidrológico, apunta a otro problema recurrente en el parque como es la situación del acuífero, “que está pendiente de recuperarse”. Este proceso es mucho más lento, porque el último informe técnico (referido al ejercicio 2024/25) evidenció que el año con más agua en una década –con precipitaciones un 123% por encima de la media– no logró una mejora significativa. “Una recuperación del acuífero requiere no un año aislado, sino un nuevo periodo húmedo”, apuntaba al respecto el análisis de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Tanto es así, que en julio volvió a repetirse lo que ya se ha convertido en un ritual: la Unesco alertó de que Doñana podría entrar en su lista negra de patrimonio en peligro si no se rehabilita esta masa de agua subterránea clave para la vida del parque. El último paso para caminar en esta recuperación se ha dado esta misma semana, con la publicación por fin de las ayudas para los agricultores que dejen de cultivar en el parque y, así, disminuir las extracciones.

Hablamos de 407 hectáreas, y el cálculo oficial es que esto permitiría reducir en 1,8 hectómetros cúbicos anuales el consumo de agua para riego en la zona. El Ministerio para la Transición Ecológica define este dato como “muy significativo” si se tiene en cuenta que el volumen de agua que ahora se extrae de manera ilegal es de casi 1,5 hectómetros cúbicos al año. WWF, en cambio, eleva esta cifra hasta 13,34 hectómetros, ya que calcula que todavía hay unas 3.330 hectáreas de cultivos irregulares.