La discusión por el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a quedar expuesta este martes tras un sorpresivo paro de subtes. Empresas de colectivos y la Secretaría de Transporte mantuvieron una reunión a fin de llegar a un acuerdo.

Sobre la mesa quedaron una deuda estimada en $40.000 millones, los subsidios que las compañías reclaman para sostener sus operaciones y un servicio que los pasajeros perciben cada vez más caro y con menos frecuencias.

Laureano Bello, integrante de Ciudad de Bondis, precisó en Infobae Al Mediodía que “tenemos una de las tarifas más caras en relación al salario mínimo”, señaló, al describir el peso que adquiere el transporte para quienes necesitan encadenar dos o tres combinaciones para llegar al trabajo o regresar a sus casas.

El problema no se agota en el valor que figura en la SUBE. Detrás de cada aumento aparece el desajuste entre los gastos operativos de las empresas, las compensaciones que reciben y el poder de compra de los usuarios.

Bello advirtió que, si el sueldo no acompaña el ritmo de las subas, el acceso mismo al servicio queda comprometido: “Si no te aumenta más el salario a vos, empleado, a vos pasajero, no vas a llegar prácticamente”.

Las empresas calculan un boleto de hasta $2.500 sin subsidios

El reclamo empresario se apoya en una cuenta que, según explicó Bello, ya no cierra con la tarifa actual. “No pueden cubrir más los costos con una tarifa técnica de más o menos mil seiscientos, mil setecientos pesos”, dijo sobre la situación de las líneas que operan en el AMBA, donde los subsidios siguen siendo una pieza central para el funcionamiento cotidiano.

De acuerdo con los cálculos que atribuyó a las compañías, el precio que debería pagar el pasajero sin asistencia estatal sería bastante más alto. “Para ellos debería estar a dos mil trescientos a dos mil quinientos”, afirmó Bello sobre un boleto que, en ese escenario, se ubicaría entre $ 2.300 y $ 2.500.

Los números de los últimos años dan dimensión a esa discusión. Datos expuestos en el programa y atribuidos al Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indican que el boleto nacional pasó de $53 en noviembre de 2023 a $743 en octubre de 2026, una suba nominal de 1.300%. En ese contexto, Bello sostuvo que el límite está puesto por el bolsillo: “Tenemos una de las tarifas más caras en relación al salario mínimo”.

La escalada tuvo matices según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, la tarifa de colectivos pasó de $53 a $920,48 en el mismo período; en la provincia de Buenos Aires, llegó a $1.215, con un aumento nominal de 2.194%. “Si no te aumenta más el salario a vos, empleado, a vos pasajero, no vas a llegar prácticamente”, insistió el integrante de Ciudad de Bondis.

Menos pasajeros no significaron viajes menos cargados

En las paradas y dentro de las unidades, el efecto de esa pérdida de poder adquisitivo no siempre se traduce en colectivos vacíos. Bello aseguró que la cantidad de pasajeros cayó, aunque esa merma no modificó demasiado la experiencia de viaje. “Ha bajado, pero no se nota en el viaje”, afirmó.

La explicación, según el entrevistado, está en los recortes operativos que implementan las empresas para afrontar sus propios costos. “Hay menos frecuencia. Entonces, todos viajamos más apretados”, describió sobre lo que ocurre en los horarios de mayor demanda, cuando menos unidades deben absorber una demanda que se mantiene concentrada.

Para Bello, esa estrategia puede profundizar el deterioro del sistema porque combina incrementos tarifarios con una prestación menos atractiva. “Si aumentan las tarifas, si hay un peor servicio y aparte no vas renovando la flota, el pasajero lo terminás desalentando a viajar”, señaló al referirse a las consecuencias de reducir frecuencias y postergar la renovación de los coches.

Esa búsqueda de alternativas ya aparece en las decisiones cotidianas de algunos usuarios. Bicicletas, traslados compartidos y aplicaciones de viajes forman parte de las opciones para recortar gastos, en particular cuando el trayecto exige varios boletos. “Por ahí entre cuatro viajan en un Uber como para ir achicando costos”, explicó el miembro de Ciudad de Bondis.

Del lado de las empresas, la estructura de costos tiene componentes que no dependen de la tarifa ni de la cantidad de pasajeros. “La principal variable es el combustible”, sostuvo Bello, quien también incluyó entre las presiones a los repuestos, los neumáticos y el mantenimiento de las unidades.

La división entre Nación, Ciudad y Provincia

La discusión tarifaria atraviesa además un sistema dividido entre las líneas bajo jurisdicción de la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Para Bello, la falta de una política común traslada la descoordinación a quienes se mueven a diario por el área metropolitana: “Terminas viendo una desintegración porque no se piensa en el transporte de forma metropolitana”.

Esa fragmentación también se advierte en los descuentos para combinar servicios. El entrevistado mencionó la ausencia de beneficios de la Red SUBE para algunos trasbordos dentro de la provincia y remarcó que el problema pesa sobre quienes cruzan de un distrito a otro. “Mucho del que viene de provincia a ciudad tiene que combinar”, dijo sobre el costo acumulado de esos recorridos.

Las diferencias, de todos modos, no son iguales para todas las compañías. Bello distinguió entre los grandes grupos y las firmas de menor escala: “Una cosa es un grupo empresario como DOTA, Metropol o Misión Buenos Aires, otra cosa es una empresa pequeña”.

En esa asimetría ubicó una de las claves para entender la situación de las líneas más chicas, con menor capacidad para absorber aumentos de costos, demoras en pagos o una baja de pasajeros.

Mejoras en las compensaciones a las empresas de colectivos

En la reunión de este martes, el Gobierno nacional presentó una serie de medidas para mejorar las compensaciones que reciben las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La propuesta contempla una actualización de la estructura de costos desde octubre, ajustes progresivos para acompañar los gastos operativos y cambios en los mecanismos de cálculo de los pagos. El objetivo es brindar mayor previsibilidad financiera a las compañías y garantizar la continuidad del servicio de transporte público.

Durante una reunión con representantes de las cámaras empresarias, la Secretaría de Transporte también propuso regularizar en tres cuotas las diferencias de recaudación que reclama el sector.

Además, anunció modificaciones vinculadas con los costos laborales, la seguridad y las previsiones salariales para los próximos meses. Según el Gobierno, las medidas buscan mejorar las condiciones económicas de prestación del servicio sin que cada incremento de costos se traduzca necesariamente en una nueva suba del boleto.

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En muchas casas, la escena se repite entre horarios escolares extendidos, actividades deportivas, comidas frente a una pantalla y noches con poco descanso. En ese ritmo cotidiano, la presión sobre niños puede confundirse con un trastorno, aunque detrás haya señales de sobrecarga que los adultos no siempre advierten.

Florencia Sanabria, psiquiatra infantil, pediatra y autora de Niños bajo presión: El estrés infantil disfrazado de trastorno sostuvo en Infobae A las Nueve que antes de buscar una explicación clínica a una conducta, conviene detenerse en las condiciones en las que transcurre la vida de cada chico: “Hay que empezar a observarlos un poquito más”.

El estrés infantil detrás de rutinas exigentes

La jornada no termina necesariamente cuando termina la escuela. Para algunos niños, continúan las clases de idiomas, el deporte, las tareas y una agenda que deja poco margen para el descanso. Sanabria advirtió que esa suma de demandas puede derivar en “un síndrome de agotamiento que se llama burnout infantil”.

La especialista propuso mirar la “funcionalidad” de cada niño, es decir, el vínculo entre “la sobrecarga y el potencial que tiene cada niño”. Bajo ese criterio, una misma exigencia no produce el mismo efecto en todos: “Hay niños que están preparados para doble escolaridad, hay otros que no la soportan”.

En ese punto, ubicó buena parte de la presión en expectativas que nacen fuera de la escuela y se trasladan a los chicos. Las metas académicas, los deportes y la necesidad de cumplir con determinados modelos de rendimiento pueden responder, según dijo, a “ciertos estándares en la sociedad”.

La psiquiatra sostuvo que esa carga atraviesa distintos sectores sociales, aunque observó una mayor intensidad en familias de clase media y alta. “Es una cuestión generalizada”, afirmó, al describir una dinámica en la que “todos los padres buscan el bilingüismo, la doble jornada”.

La evaluación individual puede evitar etiquetas apresuradas

Para Sanabria, el problema aparece cuando se analiza una conducta aislada sin revisar primero el contexto, los horarios, el descanso y la capacidad de respuesta de cada paciente. “Muchos terminan con etiquetas apresuradas o diagnósticos” que no toman en cuenta esa disponibilidad, señaló.

Esa mirada, explicó, debe incluir aspectos cotidianos que a veces quedan relegados en la consulta. El descanso, la alimentación, la cantidad de estímulos y el clima familiar ofrecen datos para entender qué le ocurre a un niño, porque “hay que empezar a observarlos un poquito más”.

También cuestionó la distancia entre la presencia física de los adultos y la posibilidad real de acompañar emocionalmente a sus hijos. “Estamos físicamente presentes en la vida de nuestros hijos, pero no emocionalmente disponibles”, afirmó al referirse al tiempo compartido dentro de las familias.

Las pantallas aparecen desde los primeros meses de vida

La irrupción de los dispositivos forma parte de ese entorno que, según la médica, requiere una revisión. Sanabria afirmó que en algunas familias las pantallas se incorporan cuando los bebés todavía tienen pocos meses: “Estamos hablando de seis meses muchas veces”.

El recurso suele aparecer durante la alimentación o como una forma de calmar al niño. “Muchas madres lo utilizan para distraerlos” y darles comida, sostuvo la autora, quien planteó que esa práctica puede instalarse antes de que los chicos desarrollen otras formas de regulación.

La consulta también puede revelar un choque entre los tiempos adultos y los tiempos de la primera infancia. Al referirse a un niño pequeño, Sanabria describió una conducta esperable que no debería leerse de inmediato como un problema: “Tiene un año y medio, se va a parar, va a querer caminar”.

La pediatra incluyó la alimentación dentro de esa evaluación más amplia y cuestionó la incorporación temprana de productos procesados y azúcares. “Hay que empezar a observarlos un poquito más”, reiteró al señalar que los hábitos cotidianos también forman parte del desarrollo.

Al hablar de alteraciones gastrointestinales en niños, citó una revisión de la Academia Americana de Pediatría y dijo que, entre los casos de problemas del desarrollo detectados, “más o menos un 90% de los niños tenían problemas gastrointestinales”.

Medicación en edades tempranas

La autora de Niños bajo presión: El estrés infantil disfrazado de trastorno pidió revisar las respuestas farmacológicas ante dificultades de conducta, sobre todo durante los primeros años. “Tratemos de frenar un poquito los psicofármacos a temprana edad”, expresó.

Según explicó, algunas indicaciones aparecen frente a crisis de frustración que forman parte del desarrollo y requieren acompañamiento adulto. En menores de seis años, remarcó, la corteza prefrontal todavía se encuentra en maduración: “Se va a frustrar”.

El desafío, planteó, es sostener esos momentos sin convertir de inmediato una reacción infantil en motivo de medicación. “Hay que aprender como adultos a regular ese niño, pero no desde la psicofarmacología”, afirmó.

Sanabria dijo haber atendido a niños de tres y cuatro años que recibían antipsicóticos. Al referirse a los criterios de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), sostuvo: “La FDA justamente dice que los antipsicóticos, por ejemplo, son para mayores de seis años”.

La médica agregó que esos fármacos pueden incidir en el metabolismo, el apetito y el sistema gastrointestinal. “Modifican niveles lipídicos, hacen resistencia a la insulina”, dijo al enumerar posibles efectos.

Reconocer los límites de cada niño

Para la especialista, la disponibilidad emocional no se reduce a estar cerca, sino que supone registrar las necesidades concretas de los chicos y ayudarlos a transitar sus emociones. “No se sueltan las obligaciones de estar disponible emocionalmente para ese niño”, afirmó.

Desde esa perspectiva, la sobrecarga no se mide únicamente por la cantidad de horas de escuela o actividades. También depende de cómo cada niño responde a ese ritmo y de si encuentra adultos capaces de acompañarlo: “Hay niños que están preparados para doble escolaridad, hay otros que no la soportan”.

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La discusión sobre la escuela argentina suele comenzar por la cobertura, la asistencia y los resultados, pero detrás de esas cifras aparece una condición que atraviesa el sistema: la calidad educativa depende también de los recursos y de las condiciones para enseñar. La incorporación de más estudiantes amplió, al mismo tiempo, las demandas que recaen sobre las escuelas y puso el foco en la vida cotidiana de las aulas.

Para la analista María Migliore, esa tensión atraviesa el trabajo de docentes y directivos desde hace años. Mientras a la escuela se le asignan responsabilidades pedagógicas y sociales cada vez más amplias, “el salario real cayó en las veinticuatro provincias” entre 2013 y 2024, advirtió en Infobae A las Nueve.

La escena que describe Migliore no se limita al momento de la clase. En las aulas conviven las distracciones que generan los dispositivos, conflictos de convivencia, situaciones de pobreza y demandas de las familias; una acumulación de tareas que, según planteó, modifica el oficio docente. “Al docente no solo le pedimos: enseñá bien matemática”, afirmó.

El tiempo que los docentes destinan a cada escuela

El punto de partida, según la analista, son los ingresos. Con remuneraciones insuficientes, sostuvo, se vuelve más difícil que los maestros se formen, permanezcan en una misma institución y dispongan de tiempo para acompañar a sus alumnos. “Queremos que los chicos aprendan más, pero no estamos dispuestos a garantizar las condiciones”, dijo.

Migliore señaló que, según la provincia, un docente sin antigüedad puede no llegar a un salario básico de un millón de pesos. La distancia entre ese ingreso y el volumen de obligaciones que enfrenta fue uno de los ejes de su planteo: “Lo que les exigimos es muchísimo”.

Esa presión también se refleja en la organización del trabajo. “Aproximadamente el 30% de los docentes de nivel primario trabaja en más de una escuela”, indicó Migliore, una proporción que contrastó con el 11% del promedio regional.

Para la analista, la multiplicidad de cargos tiene consecuencias sobre la continuidad de los equipos y, por lo tanto, sobre el aprendizaje. “En nivel primario necesitás un docente fijo que tenga más tiempo disponible”, sostuvo al defender la necesidad de reforzar la permanencia en cada establecimiento.

El planteo, sostuvo, no puede separarse de la asignación de recursos. “La educación de mayor calidad sale plata y hay que invertir en esto”, afirmó Migliore, aunque remarcó que un incremento de fondos necesita criterios claros y una planificación que defina dónde se destinan.

Trayectorias escolares intermitentes

La Argentina logró una cobertura educativa superior al 90%, recordó la analista al comparar esa situación con la de otros países de América Latina. “Fue un primer paso”, dijo, pero consideró que el acceso debe estar acompañado por condiciones que sostengan la enseñanza y el aprendizaje dentro de las escuelas.

La mayor preocupación aparece, según Migliore, en la secundaria, donde hay estudiantes que entran y salen del sistema sin que esa discontinuidad siempre quede registrada. “Estamos seguros que hay un subregistro”, señaló al referirse a los jóvenes que dejan de asistir de manera intermitente.

El problema continúa después del egreso. Terminar la secundaria, advirtió, no garantiza el ingreso a un empleo formal ni una mejora automática de las oportunidades laborales. “Un chico que termina la secundaria no necesariamente accede a un mejor trabajo”, explicó, en referencia a quienes luego encuentran ocupaciones informales.

Esa brecha afecta una de las expectativas históricas asociadas a la escuela. Cuando el título no abre el acceso esperado al trabajo, “esa promesa se va rompiendo”, expresó Migliore, al describir el deterioro de la idea de movilidad social vinculada a la educación.

Aun con ese diagnóstico, la analista ubicó a la escuela entre las instituciones que conservan mayor reconocimiento. “Sigue siendo de las pocas instituciones en las que todos creemos en la Argentina”, afirmó, y consideró que esa confianza ofrece un punto de apoyo para diseñar políticas de fortalecimiento del sistema.

Parte de la respuesta, propuso Migliore, está en que las escuelas no deban enfrentar solas los problemas sociales que atraviesan a los estudiantes. Al referirse a instituciones con mejores niveles de terminalidad, señaló que “tienen gabinetes que acompañan los problemas sociales”. La presencia de esos equipos permitiría que docentes y directivos concentren su tarea en lo pedagógico.

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Las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza volvieron a tomar forma en medio de la discusión sobre el rumbo económico y las próximas elecciones presidenciales. Aunque el diálogo recién comienza y no hay definiciones electorales, en ambos espacios aparece una condición que ordena la negociación: un programa de gobierno para los próximos cuatro años.

La legisladora por el PRO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Silvia Lospennato sostuvo que el eventual entendimiento con La Libertad Avanza deberá ir más allá de una ingeniería electoral. “Las alianzas se tienen que hacer en base a un programa compartido”, dijo en Infobae Al Amanecer, con la mirada puesta en los puntos de coincidencia y en las diferencias que aún persisten sobre ingresos, empleo y medidas nacionales.

Para Lospennato, la discusión tiene una dimensión política y otra de confianza entre los espacios. “El punto más importante es saber qué vamos a hacer los próximos cuatro años en la Argentina”, expresó al describir una mesa de diálogo que, según planteó, debe recuperar previsibilidad antes de resolver un formato electoral.

La legisladora remarcó que el acuerdo, si prospera, debería comprometer a las estructuras partidarias y no limitarse a entendimientos personales. “El acuerdo debería ser entre los partidos políticos”, sostuvo, aunque admitió que sería llamativo que los principales referentes de ambas fuerzas no mantuvieran contacto.

En ese marco, Lospennato se refirió a la relación entre el expresidente Mauricio Macri y el presidente Javier Milei, que atravesó momentos de distancia. “Eso parece que enfrió la relación”, afirmó al aludir a los cuestionamientos que surgieron por un cambio en el Gabinete nacional.

El PRO condiciona un acuerdo a una agenda común de gobierno

El PRO acompaña parte del rumbo económico del Gobierno nacional, pero pretende incorporar correcciones en una eventual agenda compartida. “Queremos que ese sacrificio no se desperdicie volviendo para atrás”, dijo Lospennato al referirse a las medidas aplicadas por la administración actual y a la necesidad de sostener sus resultados.

La discusión interna, según describió, incluye los efectos del ajuste sobre los hogares y los sectores que todavía no perciben una mejora. “La clase media, la clase trabajadora, tiene una cantidad de desafíos todavía por delante”, afirmó la legisladora porteña, al marcar que el ordenamiento de las variables macroeconómicas no resolvió todas las dificultades cotidianas.

En particular, Lospennato mencionó el empleo, los salarios y el ingreso disponible como asuntos pendientes de la economía argentina. “Acomodar la economía implicó un cambio de precios relativos”, explicó, en referencia al peso que ganaron los servicios y el transporte en los presupuestos familiares.

La dirigente rechazó, a la vez, una lectura literal sobre la expresión de llegar a fin de mes y la vinculó con una experiencia más amplia de los hogares.

También sostuvo que los indicadores muestran un deterioro del dinero que queda disponible luego de pagar consumos esenciales. “Hay un reajuste de precios relativos, hay un salario disponible en general menor”, afirmó Lospennato, quien pidió atender ese escenario sin alterar el equilibrio fiscal.

En esa búsqueda, señaló a la industria y a la construcción entre las actividades que quedaron más rezagadas. “La industria, la construcción”, respondió al enumerar los sectores que, a su criterio, requieren medidas para no quedar al margen del ritmo de crecimiento.

La legisladora puso un límite a las herramientas que podrían discutirse dentro de una agenda común entre el PRO y La Libertad Avanza. “No se hace volver a un modelo de despilfarro fiscal”, afirmó, al descartar iniciativas que impliquen desequilibrio en las cuentas públicas o emisión monetaria.

La mudanza de la cárcel de Devoto y la demanda de los hospitales porteños

Mientras seguía el debate nacional, Lospennato destacó una de las prioridades de la gestión de Jorge Macri en la Ciudad: el traslado de la cárcel de Devoto. “Realmente es un hito para la ciudad de Buenos Aires”, afirmó sobre la mudanza del establecimiento penitenciario y su impacto previsto para el barrio.

La legisladora explicó que la Ciudad de Buenos Aires construyó una cárcel en Marcos Paz para hacer posible el traslado de los detenidos. “La ciudad de Buenos Aires construyó Marcos Paz para poder transferírselo al Gobierno Nacional”, dijo, al referirse a la infraestructura levantada para ese fin.

Según su relato, los trabajos habían quedado detenidos luego de la reducción de recursos coparticipables que recibió la administración porteña. “Jorge Macri decidió terminar esto porque era prioritario para el barrio de Devoto”, sostuvo Lospennato sobre la decisión de completar la obra.

La salud pública fue otro de los temas de la entrevista. La dirigente afirmó que los hospitales de la Ciudad registraron una mayor demanda en el último período. “Ha aumentado el 30% la utilización del hospital público en la ciudad de Buenos Aires”, dijo, al vincular ese crecimiento con la presión sobre el sistema.

Frente a ese escenario, aseguró que el Gobierno porteño avanzó con intervenciones edilicias y con inversiones en tecnología. “Más de 500 obras en todos los hospitales de la ciudad”, afirmó al describir el alcance de los trabajos en los establecimientos sanitarios.

Sobre el sistema de turnos programados, Lospennato defendió el criterio que da preferencia a quienes viven en la Ciudad. “Los porteños tienen prioridad”, dijo, y aclaró que las guardias atienden de acuerdo con la gravedad de cada caso, sin aplicar ese orden de residencia.

La Línea F prevé expropiaciones y la Ciudad evalúa playas subterráneas

La futura Línea F del subte también apareció entre los asuntos de gestión. La legisladora confirmó que algunas estaciones requerirán expropiaciones, entre ellas la proyectada en el entorno de Corrientes y Callao. “Una de las estaciones está prevista en esa esquina”, afirmó al explicar por qué la obra alcanzaría a inmuebles de esa zona.

La Legislatura porteña ya autorizó el financiamiento del proyecto, aunque resta tratar la iniciativa que habilitaría las expropiaciones. “Ese proyecto todavía no se trató en la Legislatura”, señaló Lospennato, al precisar que la discusión parlamentaria sigue pendiente.

La dirigente indicó que buscarán opciones para reducir la afectación sobre los comercios y otros espacios alcanzados por las obras. “Vamos a buscar si eso es posible”, afirmó al ser consultada por la continuidad de la librería ubicada en el área donde se prevé construir una estación.

En materia de estacionamiento, mencionó propuestas para desarrollar playas subterráneas debajo de algunas plazas porteñas. “Hay un proyecto para construir estacionamientos subterráneos”, dijo, al presentar una alternativa frente a la falta de espacios para dejar vehículos.

Sin embargo, Lospennato sostuvo que el transporte público debe ser la respuesta principal a la congestión urbana. “La mejor manera de resolver el problema del estacionamiento es desincentivar la utilización del auto”, afirmó, al defender políticas que reduzcan el uso individual de vehículos.

Al final, la legisladora presentó la red VEGA, una iniciativa orientada a ampliar la participación laboral de mujeres en sectores productivos. “La equidad no es solamente un valor, es una estrategia de desarrollo”, sostuvo, al vincular el proyecto con la incorporación de más mujeres al empleo.

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