En medio de una profunda consternación y un dolor irreparable, los familiares de Yasmina y su pequeña hija Valeska, de tan solo 10 años, afinan los últimos detalles legales y administrativos en Costa Rica para repatriar los restos mortales de ambas hacia su país natal, Nicaragua.

Luego del trágico suceso ocurrido en el sector de Bellavista, en Liberia, Guanacaste, los allegados de las víctimas han vivido jornadas desgarradoras para completar el retiro de los cuerpos y brindarles una cristiana sepultura en la tierra que las vio nacer.

Desde muy temprano este martes 19 de octubre, parientes cercanos acompañados por doña Damaris, presidenta de la Junta de Educación de la Escuela de Barrio San Roque, realizaron una exhaustiva gira por diversas dependencias públicas.

Las gestiones iniciaron en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), continuaron en el Juzgado Contravencional para solicitar las autorizaciones de entrega y se extendieron hasta la morgue del Hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia, donde el personal funerario coordina el traslado trasatlántico y terrestre.

El destino final de ambas víctimas será el municipio de Siuna, ubicado en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, una zona distante a la que solo se puede acceder tras un extenuante trayecto. Según estimaciones preliminares de los allegados, el viaje por carretera desde territorio costarricense tomará alrededor de ocho a nueve horas.

En declaraciones brindadas a medios de comunicación como Trivisión y Guanacaste Informativo TV, Erlin López, hermano de Yasmina y tío de la menor, expresó el agradecimiento de la familia por las muestras de solidaridad recibidas en Costa Rica.

Pese al hermetismo y la timidez propia de una familia humilde abatida por el duelo, Erlin compartió el impacto desgarrador que causó la noticia.

López añadió que Yasmina llevaba un poco más de seis años residiendo en Costa Rica junto al sospechoso, a quien conocían desde Nicaragua por ser originario de la misma zona.

Tragedia en Bellavista: así habrían ocurrido los hechos

Según las investigaciones preliminares que adelanta el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se desencadenaron el pasado 17 de octubre, mientras la madre de 40 años y su hija de 10 años dormían en su vivienda localizada en Bellavista de Liberia. El principal sospechoso, habría atacado a ambas víctimas provocándoles heridas mortales con un objeto punzocortante.

Las autoridades forenses analizan en la sede del OIJ si el arma empleada fue un cuchillo o un machete, conforme se determinen las características de las lesiones. La dinámica posterior al crimen ha generado un profundo desconcierto entre los investigadores.

Tras el ataque, el sospechoso acudió a la vivienda de una vecina del barrio para solicitarle que alertara a las autoridades, alegando haber encontrado los cuerpos sin vida de su esposa e hija. Sin embargo, cuando la Fuerza Pública y los agentes judiciales ingresaron al inmueble, el sujeto ya se había esfumado sin dejar rastro ni señal alguna de su paradero.

Antecedentes que han trascendido sugieren que la relación estuvo marcada por episodios previos de agresividad. Entre la información que evalúa el OIJ figura una fotografía que documentaría una presunta agresión física ocurrida días antes de la tragedia, donde el hombre habría golpeado fuertemente a Yasmina en la cabeza utilizando una pala.

Sospechoso continúa prófugo y despliegan operativo policial

Las hipótesis policiales no descartan que el sujeto haya cruzado de manera irregular la frontera norte para ocultarse en suelo nicaragüense. No obstante, las fuerzas de seguridad de Costa Rica mantienen un intenso despliegue operativo en toda la zona norte del país para descartar cualquier punto de fuga y lograr su captura.

Nelson Barquero, viceministro de Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública, enfatizó que no descansarán hasta poner al sospechoso a la orden de los tribunales. Además, las autoridades han establecido retenes de seguridad, revisiones a autobuses, motocicletas y vehículos particulares, así como rastreos minuciosos en lotes baldíos y edificaciones abandonadas.

Mientras las autoridades continúan tras la pista del presunto agresor, la comunidad liberiana y los familiares despiden con profundo dolor a Yasmina y Valeska, cuyo trágico final reaviva el clamor social por poner alto a la violencia machista.

Durante una entrevista en el programa televisivo Diálogo 21, el presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), Edwin Núñez, detalló los alcances del plan de modernización eléctrica y la llegada de un capital de 2,900 millones de dólares al sector energético nacional.

Este monto, representa alrededor del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país e incluye proyectos de:

• Generación con gas natural
• Plantas solares
• Sistemas de almacenamiento de electricidad
• Obras de agua potable en El Salvador.

El representante gubernamental explicó que los recursos privados se distribuirán en diversas áreas estratégicas para responder a las necesidades productivas de la nación. Un bloque de 1,800 millones de dólares se canalizará hacia la instalación de plantas de generación a partir de gas natural, mientras que 300 millones de dólares se destinarán a parques fotovoltaicos y tecnología de almacenamiento con baterías.

Según Núñez, esta inyección económica supera las inversiones energéticas y portuarias registradas previamente en el territorio salvadoreño, lo cual consolida la disponibilidad de electricidad de cara al aumento en la actividad económica.

La expansión de la oferta de energía tiene un impacto directo en el funcionamiento cotidiano de los hogares y en la operatividad de las empresas. El Salvador cuenta actualmente con más de 700 megavatios de capacidad instalada en energía solar, además de parques eólicos y centrales geotérmicas e hidroeléctricas.

Esta combinación de fuentes limpias y convencionales evita el riesgo de racionamientos o cortes masivos de electricidad durante períodos de sequía derivados del fenómeno meteorológico de El Niño, que suele afectar el caudal de los ríos utilizados para la generación hídrica en América Central.

La infraestructura de transmisión conectará proyectos industriales y desarrollos turísticos

Para que la electricidad generada en las plantas llegue hasta los hogares, comercios e industrias, el país requiere de una red de transporte confiable. En la transmisión eléctrica, las líneas de alta tensión y las subestaciones funcionan como las avenidas por donde viaja la energía.

ETESAL ejecuta un plan de obras en distintas zonas del territorio para asegurar que la corriente fluya sin interrupciones y con el voltaje adecuado, un factor que influye en el costo del servicio y en la durabilidad de los electrodomésticos.

Entre las obras concluidas y en ejecución figuran la subestación El Volcán, que abastece la demanda residencial y comercial en el área de Apopa, y la subestación Surf City, diseñada para atender complejos turísticos e inmobiliarios en la costa de La Libertad.

Asimismo, la institución prevé la construcción de una línea de 230 mil voltios a lo largo del litoral pacífico para unir los circuitos del sistema nacional, junto con un nuevo trazado que interconectará los departamentos de San Miguel y Morazán, áreas que buscan atraer proyectos industriales y comerciales.

La integración de fuentes renovables, como los paneles solares, presenta el desafío de la variabilidad, debido a que la producción disminuye ante la presencia de nubes o durante la noche.

Asimismo, el país proyecta iniciar en noviembre la operación de la tecnología conocida como Smart Valves. Este equipamiento de electrónica de potencia permite controlar y redirigir el flujo de energía a través de las líneas de alta tensión para optimizar el uso de la red existente sin necesidad de construir torres adicionales en forma inmediata. Con la implementación de este mecanismo, la infraestructura nacional busca posicionarse a la vanguardia técnica en la región centroamericana.

Una figura enigmática, una huida calculada y un crimen atroz en el Pacífico costarricense mantienen en vilo a las autoridades judiciales. Con apenas 22 años, la principal sospechosa de un violento homicidio ha logrado evadir a la justicia tras un operativo que pretendía capturarla en San José.

Su caso, envuelto en un aura de misterio y frialdad, atrae la atención pública no solo por la crudeza del acto, sino por la audacia con la que ella y su cómplice escaparon dejando un rastro de transacciones bancarias a su paso.

El 27 de setiembre, la tranquilidad de Playas del Coco, en Guanacaste, se vio sacudida por el hallazgo del cuerpo sin vida de Marc Fleming, un ciudadano estadounidense de 72 años que residía en la zona.

Según las investigaciones preliminares, el extranjero fue asesinado en el interior de su apartamento. El arma utilizada reflejó una violencia desmedida: el vaso de una licuadora con el que le arrebataron la vida la tarde de ese mismo día.

Las cámaras de seguridad del complejo habitacional donde vivía Fleming captaron imágenes cruciales para la investigación. En los videos se observa a la principal sospechosa saliendo del edificio visiblemente agitada.

Detrás del apodo - bikini killer o asesinada del bikini- se encuentra una joven identificada con los apellido Ortiz, de tan solo 22 años. Aunque el homicidio ocurrió en las playas exclusivas de Guanacaste, la base de operaciones y residencia habitual de Ortiz se localiza en el sector de La Capri y San Miguel de Desamparados, en la capital costarricense.

Esta zona popular de San José se convirtió en el epicentro de los operativos de búsqueda desplegados por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con los informes del OIJ, Ortiz no actuaba sola ni de manera improvisada. Junto a su red de apoyo, frecuentaba zonas turísticas de alto perfil en la provincia de Guanacaste con un objetivo específico: contactar a ciudadanos extranjeros.

Bajo la fachada de ofrecer servicios de compañía o citas íntimas, el grupo buscaba ganarse la confianza de las víctimas para posteriormente asaltarlas y despojarlas de sus pertenencias.

El rastro del dinero: La fuga de Guanacaste a San José

Tras el asesinato de Fleming, Ortiz emprendió la huida junto a su presunta cómplice, identificada como Roxana Zeledón Abarca. Sin embargo, en su trayecto desde la costa hasta San José, ambas cometieron una serie de errores estratégicos que permitieron a las autoridades reconstruir su ruta exacta.

Durante el viaje, hicieron uso continuo de las tarjetas de crédito robadas a la víctima, dejando una huella financiera y digital que los agentes judiciales siguieron paso a paso:

1. Playas del Coco: La primera transacción con las tarjetas de la víctima se registró en un comercio local pocas horas después de consumarse el homicidio.
2. Playa Flamingo: Las sospechosas realizaron paradas en locales comerciales de este sector costero con el fin de comprar alimentos y abastecerse para el camino.
3. Abangares: Antes de ingresar al Valle Central, el sistema bancario registró el último movimiento con las tarjetas en un establecimiento de este cantón guanacasteco.

El OIJ procedió a revisar las cámaras de seguridad internas de cada uno de los comercios donde se pasaron las tarjetas. En las imágenes, ambas mujeres aparecen juntas realizando compras con total normalidad. En dicho material audiovisual no solo confirmó la identidad de Zeledón Abarca como la conductora del vehículo liviano utilizado para la fuga, sino que también permitió ubicar la vivienda en Desamparados donde se refugiaron temporalmente.

Un día posterior al crimen, las fuerzas policiales ejecutaron un allanamiento en la casa de Desamparados con la intención de arrestar a las sospechosas. No obstante, Ortiz logró evadir el cerco policial a tiempo.

Actualmente, las autoridades judiciales manejan como principal hipótesis que la joven de 22 años logró cruzar la frontera norte hacia Nicaragua. Se presume que utilizó un “punto ciego” o paso fronterizo ilegal para evitar los controles migratorios y eludir las alertas de búsqueda emitidas en su contra. Mientras las investigaciones continúan, “La asesina del bikini” sigue prófuga de la justicia, convertida en el centro de una cacería internacional.

El reclutamiento de ciudadanos cubanos para incorporarse a las filas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia ha tomado relevancia en la agenda diplomática e internacional.

El Representante Permanente Adjunto de Ucrania ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volodymyr Pavlichenko, solicitó el día de ayer, 19 de octubre, detener la captación de ciudadanos cubanos por parte de Rusia y exigir la liberación inmediata de quienes permanecen retenidos ilegalmente en el servicio militar ruso.

Durante un foro sobre derechos humanos celebrado en la sede de la ONU en Nueva York, Pavlichenko confirmó que los servicios de inteligencia ucranianos han verificado, mediante registros de nombres y datos personales, el traslado de entre 1,028 y 1,038 ciudadanos cubanos que suscribieron contratos militares entre 2023 y 2025.

Sin embargo, el diplomático enfatizó que estas cifras oficiales son solo una muestra del problema y que la cifra real de reclutados por Moscú podría situarse entre los 10,000 y 20,000 combatientes de más de 40 países.

Las investigaciones realizadas por servicios de inteligencia y organismos independientes señalan que la red de captación opera principalmente mediante ofertas laborales engañosas.

A miles de jóvenes desempleados, obreros o trabajadores del sector agrícola golpeados por la profunda crisis económica que atraviesa la isla se les prometieron empleos civiles en áreas como la construcción, la remodelación o los servicios en Rusia, acompañados de sueldos de entre $2.000 y $2.500 dólares mensuales, cifra que equivale a años de trabajo bajo los salarios promedio de Cuba.

Sin embargo, al llegar a territorio ruso, muchos son obligados a firmar contratos militares redactados únicamente en idioma ruso que los destinan de inmediato al frente de batalla como combatientes mercenarios.

Mercenarios cubanos en Rusia: captación, engaño y el rol del régimen cubano

Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha negado cualquier participación estatal en estas operaciones y afirma haber desmantelado redes de trata imponiendo condenas por mercenarismo de entre 5 y 14 años de cárcel, analistas internacionales e informes de inteligencia señalan directamente la complicidad del régimen cubano.

Se argumenta que el estricto control social, migratorio y policial ejercido por el régimen en la isla hace inviable la salida masiva y acelerada de miles de reclutas sin el consentimiento o la facilitación de las autoridades de La Habana.

El destino en el frente ucraniano es letal: informes especializados estiman que la tasa de supervivencia promedio de estos combatientes una vez desplegados oscila entre los 140 y 150 días, registrándose casos donde caen en combate tras apenas una semana de haber llegado a las zonas de conflicto.

Hasta la fecha medios locales han confirmado decenas de bajas mortales (entre 38 y 40 fallecimientos verificado). Infobae han intentado contactar de manera reiterada a familias de los jóvenes reclutados en Cuba para conocer de primera mano las denuncias sobre los engaños tras las ofertas de trabajo en Rusia.

No obstante, hasta el momento, ninguna de las familias consultadas ha accedido a brindar declaraciones ni testimonios formales, debido al temor imperante a las represalias que el régimen cubano podría ejercer contra ellas en la isla o el riesgo que esto implicaría para la seguridad de sus allegados atrapados en el conflicto.

La presión en organismos internacionales continúa aumentando para que se investiguen estas redes bajo el marco del delito de trata de personas a gran escala y se garantice el retorno de las víctimas a sus países de origen.

La embajada de Estados Unidos en Haití emitió el día de ayer, 19 de octubre un comunicado urgente dirigido a sus ciudadanos, instándolos a extremar las precauciones y evitar la zona periférica de Puerto Príncipe donde un vehículo blindado con cuatro militares aerotécnicos de El Salvador fue objeto de una emboscada ejecutada por bandas armadas.

El ataque desencadenó intensos enfrentamientos en la comuna de Croix-des-Bouquets. Tras más de 24 horas del incidente, los efectivos salvadoreños, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) continúan con paradero desconocido, mientras se despliegan intensos operativos internacionales para dar con su ubicación.

Por lo que, la alerta emitida por la sede diplomática estadounidense se focaliza en la zona de Santo, perteneciente al municipio de Croix-des-Bouquets, ubicado a unos 12 kilómetros de la capital haitiana. Según la legación norteamericana, la emboscada contra la patrulla militar derivó en un nutrido intercambio de disparos donde el personal de la GSF debió responder a las agresiones con el apoyo aéreo de helicópteros.

«Se han registrado enfrentamientos intensos y continuos entre pandillas y fuerzas de seguridad en las inmediaciones de Santo, en Croix-des-Bouquets. Es posible que las carreteras estén bloqueadas o sean intransitables. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que extremen las precauciones y eviten la zona», advirtió textualmente la representación diplomática de EE. UU. en Puerto Príncipe.

El perímetro delimitado por la alerta estadounidense es una región crítica dominada por grupos criminales fuertemente armados. La violencia registrada en los accesos viales ha complicado la libre circulación y mantiene un cerco de alta peligrosidad alrededor de la comuna.

La confirmación del Gobierno de El Salvador y las labores de rescate

El Gobierno salvadoreño confirmó que los cuatro desaparecidos son militares con especialidad “aerotécnica” asignados al contingente internacional de la GSF. Los uniformados se desplazarán en un vehículo blindado cuando fueron acorralados e interceptados por los miembros de las pandillas que operan en el sector.

Ante esta crisis, efectivos de la Fuerza de Tarea Libertad II, organismo que agrupa a más contingentes salvadoreños en el país caribeño han activado protocolos de búsqueda.

A pesar de la gravedad de los hechos, existe una profunda incertidumbre sobre el estado de los cuatro uniformados. Ni la GSF en sus actualizaciones oficiales ni el Gobierno haitiano, liderado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, han emitido pronunciamientos detallados sobre la suerte de los salvadoreños o los avances de las incursiones en la zona.

Frente a este panorama. durante una sesión celebrada ayer en la sede de la ONU en Nueva York, el representante especial para Haití, Carlos Ruiz Massieu, denunció que las bandas armadas continúan desafiando de forma abierta la autoridad del Estado e infligiendo terror sobre la población civil.

Por su parte, el representante especial de la GSF, Jack Christofides, enfatizó que desalojar a las pandillas de un territorio es solo el primer paso y que el verdadero reto radica en consolidar y mantener la seguridad a largo plazo.

A pesar del hermetismo de las autoridades haitianas y la falta de nuevos pronunciamientos por parte del mando de la GSF, las fuerzas de seguridad locales e internacionales, apoyadas por el contingente de la Fuerza de Tarea Libertad II, mantienen operativos activos por tierra y aire en la periferia de Croix-des-Bouquets para dar con el paradero de los militares.

Lo único certero hasta la fecha es que la emboscada ocurrió en la convulsa zona de Santo, que el ataque requirió cobertura aérea inmediata para repeler el fuego criminal y que el destino de los cuatro aerotécnicos salvadoreños sigue siendo una incógnita en medio del clima de extrema peligrosidad advertido por la embajada estadounidense.