El PSC ha propuesto a Comuns rebajar la ley contra la compra especulativa de vivienda para evitar que acabe siendo tumbada por el Tribunal Constitucional. Después del varapalo que la proposición de ley de ambos grupos recibió del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), los socialistas han elaborado un texto en el que elimina la distinción entre los pequeños y los grandes tenedores así como el límite de viviendas que se pueden comprar. A cambio, ponen el foco en el “derecho destinar [la vivienda] a residencia habitual y permanente” en las zonas delimitadas como tensionadas, según el articulado propuesto por los socialistas, avanzado por El Periódico y confirmado por este diario. El dictamen del órgano consultivo, solicitado por Junts y PP, sostuvo que la proposición vulneraba derechos constitucionales como el de la propiedad privada y el de la herencia.

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Tener un techo bajo el que vivir y poder pagarlo. Se trata de una ecuación complicada para muchos bolsillos. Y puede volverse dramática para una parte creciente de quienes reciben un sueldo a final de mes, especialmente si viven de alquiler. Así lo advierte Oxfam Intermón en su último informe, Cuando trabajar no es suficiente, publicado este martes, en el que estima que el coste de la vivienda sitúa a otras 770.000 personas trabajadoras por debajo del umbral de pobreza. De acuerdo con esta metodología, el número de empleados que se encuentran en esa situación se aproxima a los tres millones. Si no se contabilizara el impacto de la vivienda, los trabajadores pobres ascenderían a 2,2 millones. Traducido a porcentaje, la tasa de pobreza laboral aumenta cuatro puntos, del 11,48% al 15,49%, una vez se descuentan de los ingresos gastos como el alquiler, la hipoteca o los impuestos asociados al inmueble, según el estudio.

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La oferta de vivienda en alquiler es uno de los termómetros que miden la salud del mercado inmobiliario. En ese contexto, la aprobación hace dos semanas por parte del Gobierno de dos reales decretos ha introducido un nuevo foco de incertidumbre. Aunque uno de ellos, el que contempla contratos de arrendamiento indefinidos, aún no ha entrado en vigor, el sector inmobiliario insiste reiteradamente en que este tipo de medidas pueden llevar a algunos propietarios a retirar sus inmuebles. Por ahora, sin embargo, el mercado apenas refleja ese impacto. Según el Barómetro del tercer trimestre del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, la oferta disponible aumentó un 3,46% respecto al segundo trimestre y alcanzó las 683.920 viviendas. Y, respecto al arranque del año, la cifra se ha incrementado en un 2,14%. Pese a ello, el volumen de casas para arrendar entre julio y septiembre fue más baja que la de un año antes: en el mismo periodo de 2025, el estudio contabilizaba cerca de 10.000 viviendas más en el mercado.

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