Álvaro González Llave, divulgador en redes sociales con Distrofia Muscular de Duchenne, lo dejó claro en la segunda edición de los Reconocimientos ‘Somos Km0’ de elDiario.es de Castilla-La Mancha: “No nos sobra tiempo”. Lo afirmaba con relación a su enfermedad, alertando de que los trámites burocráticos para obtener ayudas en los cuidados pueden convertirse en una pesadilla para las personas que tienen patologías irreversibles. Por eso pedía agilidad.

Estas declaraciones han coincidido con el hecho de que en Castilla-La Mancha se acaba de publicar un nuevo decreto que modifica la normativa sobre dependencia y servicios sociales para adaptarla a los cambios legales estatales orientados a mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades irreversibles y de alta complejidad.

La principal novedad es que la norma incorpora el Grado III+ de dependencia extrema. Es el que tiene Álvaro y supone una ampliación del grado conocido como de “gran dependencia”, que reconoce situaciones de máxima gravedad que requieren cuidados permanentes de las 24 horas del día. Se reguló a través de la conocida como Ley ELA, la que el Gobierno central aprobó hace dos años, pero cuya aplicación recae en las autonomías.

En el caso de Castilla-La Mancha, el nuevo decreto explica que el reconocimiento de la dependencia extrema está diseñada para responder a las necesidades de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otros procesos irreversibles de alta complejidad de cuidados.

Aumento de las prestaciones económicas

Una de las novedades de este grado es que, una vez reconocido mediante certificado médico, incorpora un aumento sustancial de las prestaciones económicas. Concretamente, para las prestaciones vinculadas al servicio de ayuda a domicilio o de asistencia personal, las cuantías máximas suben en función de las horas contratadas, alcanzando casi los 10.000 euros al para un máximo de 720 horas mensuales. Asimismo, garantiza un suelo mínimo de 3.200 euros mensuales para servicios de 150 o más horas al mes.

Además, con cargo al nivel adicional de protección autonómico, las personas con Grado III+ pueden compatibilizar la prestación económica por cuidados en el entorno familiar (en su cuantía máxima) con la prestación vinculada a asistencia personal o ayuda a domicilio, siempre que la intensidad contratada sea inferior a 480 horas al mes.

Junto con todo ello, se establece la agilización burocrática: tiene tramitación prioritaria y un plazo máximo de tres meses para dictar y notificar la resolución del grado y del Programa Individual de Atención (PIA). Además, los efectos económicos se generan directamente desde la fecha de la solicitud (o de inicio del servicio si es posterior), cubriéndose dicho periodo con cargo a la comunidad autónoma.

En el nuevo decreto castellanomanchego se establece asimismo que tienen tramitación preferente las personas menores de 6 años, mayores de 90 años y quienes padezcan procesos complejos o ELA, como es el caso de Álvaro. Además, se designa un “profesional de referencia” en el equipo interdisciplinar para impulsar el expediente.

Y otras dos cuestiones muy importantes para los pacientes y sus familias: en caso de desacuerdo sobre la prestación más adecuada durante la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), prevalecerá el criterio técnico de los servicios sociales; y se adapta el procedimiento fijando que frente a las resoluciones cabe interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante la delegación provincial correspondiente.

En este contexto resulta, por tanto, muy importante el papel de los servicios sociales. La nueva norma, de hecho, introduce varios cambios que afectan de forma directa a su gestión, organización y funcionamiento. Por ejemplo, el profesional del trabajo social debe realizar la valoración del entorno, para ese grado de dependencia extrema, en un plazo máximo de 15 días desde su petición por el equipo interdisciplinar. El plazo se reduce a 10 días para los mencionados colectivos de tramitación prioritaria.

Además, se modifica la estructura del Comité de Ética de los Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha, fijándola en 13 integrantes (siete de la Administración autonómica, dos del Tercer Sector Social, tres de Colegios Profesionales y uno de la iniciativa mercantil) para flexibilizar sus exigencias y facilitar su constitución.

Se da la circunstancia de que el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba también de aprobar la convocatoria de subvenciones para 2027 destinadas a financiar programas de autonomía personal y prevención de la dependencia. Con un presupuesto total de casi 9,8 millones de euros, estas ayudas buscan apoyar a entidades privadas y locales que desarrollen iniciativas en favor de las personas dependientes o en riesgo de serlo.

Más profesionales para agilizar la valoración de la dependencia

Asimismo, a principios de octubre, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó un programa temporal para incorporar 25 profesionales a los servicios provinciales de dependencia, con una inversión de casi un millón de euros. Precisamente, la medida busca agilizar la valoración del grado de dependencia y la elaboración del PIA.

Este refuerzo llegará a las cinco provincias con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y facilitar que las personas reciban antes los cuidados que necesitan. “Cuando una persona necesita cuidados, también cambia la vida de quienes están a su lado”, señaló la consejera portavoz, Esther Padilla, sobre esta medida.

Según destacó, la incorporación de estos profesionales también permitirá preparar el sistema regional para los cambios derivados de la reforma de la Ley de Dependencia, que amplía las compatibilidades entre prestaciones y servicios y acorta los plazos para resolver el reconocimiento de la dependencia.

El programa ha comenzado esta misma semana y se prolongará hasta octubre de 2027. Se trata de un periodo durante el que el refuerzo de los equipos permitirá avanzar en la adaptación al nuevo marco y agilizar la tramitación de los expedientes.

Ha sido visto y no visto. Pedro Sánchez iba a acudir a Toledo el próximo miércoles, día 21 de octubre, a un acto de precampaña por las elecciones generales del 29 de noviembre. Pero finalmente no lo hará. Al menos de momento. Un día después de que el PSOE municipal de Toledo, muy afín al presidente del Gobierno, lo anunciara en sus redes sociales, en Ferraz informaban de que el acto se suspendía. El evento estaba programado a las 18.00 horas en el Cigarral del Ángel Custodio de la capital castellanomanchega.

No estaba previsto que acudiera el presidente autonómico, Emiliano García-Page, puesto que tiene previsto un viaje institucional a Italia, pero la suspensión del acto coincide con el hecho de que el Comité Federal del PSOE haya impuesto su criterio en dos de las listas que las Ejectutivas provinciales de los socialistas castellanomanchegos habían ratificado con amplias mayorías para las elecciones generales, modificando sus números uno.

De hecho, Page ni siquiera acudió al encuentro federal convocado en Ferraz el sábado para ratificar esas listas. Aseguró que se trataba de una reunión de trámite “sin posibilidad de intervención”.

Aunque la relación entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page no es buena, por las constantes críticas de este último a la gestión del Gobierno central, fuentes consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha atribuyen la cancelación del acto a la agenda internacional del presidente del Gobierno. En ambas direcciones, la federal y la castellanomanchega, no quieren que los turbios desencuentros entre ambos empañen una campaña electoral en la que “lo fundamental es apelar al voto útil” para el PSOE.

El vaivén de las listas electorales

Pero, ¿qué ha ocurrido con las listas electorales? En realidad, ninguna sorpresa, porque no es extraño que en Ferraz se modifiquen algunos nombres de los que proponen las Ejecutivas provinciales para el Congreso y el Senado en las circunscripciones electorales. Pero sí ha habido dos cuestiones destacables teniendo en cuenta el binonio Sánchez-Page.

En Ferraz, fuentes cercanas al Comité Federal han indicado a este periódico que no quieren diputados “díscolos” en el nuevo Congreso que emane de las elecciones generales. No es que hasta ahora algún parlamentario nacional de Castilla-La Mancha, afín a Page, haya roto la disciplina de voto, que no ha sido así, ni siquiera cuando se votó la nueva Ley de Amnistía. Pero hay nombres que la dirección federal no quiere.

Ese ha sido el caso de Albacete. La Ejecutiva provincial lo tenía claro: el socialista Emilio Sáez, diputado nacional en la presente legislatura y exalcalde de Albacete, era el número uno propuesto para repetir en la lista al Congreso. Sáez es un político muy afín a Page y obtuvo más del 98% de respaldo de los socialistas albaceteños para volver a liderar la candidatura. Pero Ferraz la tumbó.

Será la actual senadora del PSOE por la circunscripción de Albacete, Amparo Torres, la número uno en la candidatura al Congreso por esta provincia. Este cambio lo ha asumido, de cara a la galería, la dirección del PSOE de Albacete, pero reconocen su malestar por haberse impuesto el criterio de Ferraz.

De hecho, fuentes cercanas al partido afirman que dejar a Emilio Sáez fuera de las listas no tiene nada que ver con el hecho de que estuviera imputado por la contratación de auxiliares de seguridad vial ante la falta de voluntarios ente los agentes de la Policía Local, en la Vuelta Ciclista a España en 2021, en la etapa de Albacete. Sobre todo porque esa causa ha sido archivada hasta tres veces. Lo vinculan más a ese objetivo de la dirección federal de hacer valer su criterio y su “fuerza”. No obstante, los socialistas albaceteños no quieren “ruido” con este tema y respetan esta decisión.

El otro cambio notorio de las listas ha sucedido en Guadalajara. La alcaldesa de Sigüenza y actual diputada en el Parlamento de Castilla-La Mancha, María Jesús Merino, será quien finalmente encabece la candidatura del PSOE por esta circunscripción al Congreso de los Diputados.

Eso no fue lo que decidió la Ejecutiva provincial, que quería al alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, como número uno. Este último ha sido senador hasta la disolución de las Cortes generales, y ahora, el Comité Federal ha decidido que debe seguir integrando la lista al Senado por esa provincia.

Según ha podido saber este medio, se trata de un acuerdo “pactado” con Ferraz que ha dejado en tablas la pugna entre Ferraz y el PSOE castellanomanchego por quién tenía que encabezar la lista al Congreso. El motivo: en las últimas horas antes del Comité Federal se había hecho público el malestar interno ante la posibilidad de que Madrid impusiera a Daniel Jiménez, exconcejal en el Ayuntamiento de Guadalajara, asesor de la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y actual asesor en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Finalmente, no fue así y María Jesús Merino ha sido la candidata “de consenso”, pero el hecho de que Rafael Esteban, muy afín a Page, no haya conseguido ese puesto, ha dejado a los socialistas de Guadalajara algo “descolocados”.

Tampoco en este caso quieren que haya polémica, puesto que también la alcaldesa de Sigüenza es un valor en alza en el PSOE de Page. Es importante tener en cuenta que en los comicios de 2023, solo salió elegido el número uno de la candidatura socialista al Congreso, que entonces fue Alberto Rojo, exalcalde de Guadalajara. Los otros dos escaños nacionales en liza en esta provincia fueron para el PP y para Vox.

Los socialistas castellanomanchegos tampoco pasan por alto que ya habían 'cedido' en la lista provincial de Toledo, la que generó cierta polémica en las elecciones generales de 2023. La Ejecutiva provincial respaldó que fuera la ministra de Educación, Milagros Tolón, declarada 'sanchista', la que encabezara la lista al Congreso, seguida de Sergio Gutiérrez, el número dos del PSOE de Page. Con ello, se invirtió el orden que ambos ocuparon en la lista de hace cuatro años.

De cualquier forma, en el partido dan por seguro que Pedro Sánchez acudirá a Castilla-La Mancha, en precampaña o en campaña. Incluso no descartan que comparta escenario con Page. Ya lo hizo en la antesala de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, en Puertollano (Ciudad Real), lo que sirvió para limar unas asperezas que, no obstante, luego han ido a más.

Bajo el lema '¡La fuerza de la gente llega a Toledo!', el acto de Pedro Sánchez que finalmente se ha cancelado habría supuesto la segunda visita del presidente del Gobierno a la provincia toledana en menos de un mes, tras acudir a unas instalaciones industriales de Noblejas el pasado 25 de septiembre. Se da la circunstancia de que en esta visita, a la que no acudió Page, Pedro Sánchez estuvo acompañado por el alcalde de esta localidad toledana, Agustín Jiménez Crespo, uno de los alcaldes socialistas más críticos con el presidente castellanomanchego.