La propuesta incluye modificaciones relacionadas con las facultades de las autoridades durante las investigaciones, los plazos posteriores a una detención y las condiciones para acceder a determinados beneficios penitenciarios.

La opinión de la CSJ fue enviada al Poder Legislativo, aunque la información disponible no precisa el contenido íntegro del pronunciamiento ni si los magistrados respaldaron todas las medidas propuestas o formularon observaciones sobre artículos específicos.

El Congreso Nacional se prepara para discutir las reformas, presentadas como parte de las acciones orientadas a combatir a las organizaciones criminales que operan en el país.

Uno de los cambios planteados permitiría a las autoridades ingresar a viviendas sin contar previamente con una orden judicial, siempre que se presenten determinadas circunstancias vinculadas con la delincuencia y se cumplan las condiciones previstas en la reforma.

Esta disposición involucra las facultades de investigación y actuación policial dentro de domicilios particulares. La propuesta contempla que la facultad se utilice en situaciones específicas; sin embargo, no se detallan los supuestos legales completos ni los mecanismos de supervisión previstos en el texto remitido al Congreso.

Otra de las modificaciones planteadas consiste en ampliar de 24 a 48 horas el período disponible para presentar un requerimiento fiscal después de la captura de una persona.

El cambio daría a las autoridades un período adicional para formalizar la actuación fiscal tras una detención, con implicaciones en la coordinación entre los órganos encargados de las capturas, la investigación y la presentación de los casos ante los tribunales.

El alcance definitivo de la modificación dependerá de la redacción que finalmente examine y, en su caso, apruebe el Congreso Nacional.

Más acciones contra la criminalidad

El paquete de cambios también contempla eliminar la libertad condicional y los mecanismos de preliberación para personas condenadas por delitos como terrorismo y narcotráfico, así como por pertenencia a grupos criminales.

La medida modificaría las condiciones bajo las cuales esas personas podrían acceder a beneficios que permiten cumplir parte de la pena fuera de prisión o acogerse a modalidades de salida anticipada, conforme al régimen penitenciario aplicable.

No obstante, para determinar el alcance de esta disposición será necesario revisar el articulado completo, las categorías de delitos contempladas y las reglas que regirían su aplicación.

Entre los aspectos descritos en la propuesta figura el tratamiento de personas identificadas por supuestos vínculos con estructuras criminales, incluidas la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y organizaciones declaradas terroristas.

Según la descripción de la propuesta, se plantea que esas personas sean capturadas, procesadas y recluidas en módulos de máxima seguridad, y se menciona la presencia de tatuajes alusivos a esas organizaciones como un elemento relacionado con la medida.

Una detención, la formulación de una acusación y una condena corresponden a etapas diferentes del procedimiento penal, y el alcance de cualquier disposición deberá establecerse a partir del texto legal y de las garantías procesales aplicables.

Para determinar qué criterios se utilizarían para identificar a las personas sujetas a estas medidas y qué requisitos deberían cumplir las autoridades antes de proceder, será necesario conocer la redacción exacta del proyecto.

Alcance de las reformas

Con la opinión de la CSJ remitida al Poder Legislativo, el Congreso tiene ante sí una propuesta que aborda distintos aspectos del sistema penal, desde las actuaciones durante una investigación hasta el cumplimiento de las condenas.

El debate deberá precisar el alcance de las facultades de allanamiento, los plazos procesales, las restricciones a los beneficios penitenciarios y los criterios para aplicar medidas contra personas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales.

Hasta ahora, no se cuenta con detalles suficientes para establecer el contenido íntegro de la opinión de los magistrados, la fecha de una eventual votación ni si el Congreso introducirá cambios al proyecto original.

A federal judge in Texas sentenced a human trafficker from Guatemala to 30 years in prison for his role in setting up a deadly 2022 human smuggling attempt that killed 53 migrants who were stuffed in a hot trailer in South Texas. Law enforcement officials arranged his extradition to the United States so he could face the charges.

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El boleto a la final comienza a disputarse esta noche para Olimpia, que tendrá que superar al Cartaginés en su propio estadio si quiere dar el primer paso hacia la definición del título regional.

Los dirigidos por Eduardo Espinel llegan a esta instancia con la responsabilidad de representar al fútbol hondureño y con el objetivo de conseguir un resultado que les permita encarar el partido de vuelta con opciones claras de clasificación.

La visita no será sencilla. El conjunto costarricense intentará aprovechar el respaldo de su afición para tomar ventaja en la serie, mientras que los albos buscarán imponer su propuesta y demostrar que también tienen argumentos para competir lejos de Tegucigalpa.

En la antesala del compromiso, Espinel se refirió al favoritismo que puede representar jugar en casa y reconoció que Cartaginés cuenta con ese factor a su favor para el primer encuentro.

“Cartaginés es favorito acá, no tengo duda, como vamos a ser favoritos nosotros en Tegucigalpa”, expresó el entrenador uruguayo, quien también dejó clara la mentalidad con la que su equipo afrontará el desafío.

“Nosotros venimos a ganar acá, no venimos a especular”, sentenció.

El mensaje del estratega refleja la intención de Olimpia de buscar protagonismo desde el primer partido, aunque deberá encontrar el equilibrio entre la vocación ofensiva y la solidez necesaria para evitar que el rival aproveche los espacios.

Espinel apuesta por el funcionamiento colectivo

Para el entrenador olimpista, una de las claves del rendimiento del equipo durante la competencia ha sido la capacidad de responder como grupo, sin depender exclusivamente de las actuaciones individuales.

“Por encima de cualquier individualidad está el trabajo en equipo”, señaló Espinel, al destacar la importancia de mantener una idea de juego colectiva en una fase donde los detalles pueden marcar la diferencia.

La semifinal exigirá concentración durante todo el encuentro, especialmente ante un rival que buscará hacerse fuerte en casa. Olimpia necesitará que sus líneas trabajen de manera coordinada, que el mediocampo logre controlar los momentos del partido y que sus atacantes aprovechen las oportunidades que se presenten.

El técnico también considera que la experiencia acumulada en la edición anterior de la Copa Centroamericana ha servido para fortalecer al plantel.

Cartaginés quiere aprovechar su estadio

Cartaginés tendrá la misma ambición, con la diferencia de que contará con el respaldo de su público en este primer capítulo. El duelo enfrenta a dos equipos que buscan abrirse camino hacia el título regional y que llegan a esta instancia con la obligación de responder en un momento decisivo.

La cita está programada para las 8:30 de la noche, hora de Honduras, los albos, por su parte, deberán evitar que el entusiasmo local se traduzca en dificultades tempranas. Mantener el orden defensivo, administrar la posesión y elegir bien cuándo acelerar en ataque serán aspectos determinantes para competir en Cartago.

La cita está programada para las 8:30 de la noche, hora de Honduras y Costa Rica. El balón comenzará a rodar con un objetivo claro para ambos clubes: tomar ventaja en la semifinal y acercarse a la final de la Copa Centroamericana.

El Ministerio Público informó que el requerimiento fiscal contra los tres funcionarios fue presentado el 20 de octubre de 2026, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, como parte de una investigación relacionada con el presunto almacenamiento de sustancias ilícitas en San Pedro Sula, Cortés.

Las diligencias comenzaron a partir de información recibida por las autoridades y de posteriores labores de verificación que condujeron a un allanamiento ejecutado el 19 de octubre en una vivienda ubicada en el bulevar Mackay.

Según las investigaciones fiscales, el inmueble habría sido utilizado para almacenar drogas. Durante la inspección, los equipos investigadores informaron el hallazgo de diversas sustancias y otros objetos que fueron incorporados a las diligencias del caso.

Los tres señalados estaban asignados a la Dirección Antiextorsión y Antiterrorismo (DAET), unidad especializada en la lucha contra la extorsión y las estructuras criminales. La acusación deberá ser conocida por los órganos jurisdiccionales correspondientes, que determinarán el curso del proceso conforme a la legislación hondureña.

Entre los indicios encontrados durante el registro de la vivienda figuran 114 bolsitas con una sustancia que se presume es marihuana y 65 envoltorios que contendrían presunta cocaína.

Las autoridades también informaron el hallazgo de cantidades de otras sustancias que, de manera preliminar, podrían corresponder a crack. Sin embargo, el Ministerio Público no precisó el peso total de los materiales ni los resultados de los análisis periciales que confirmarían su composición..

Hasta el momento, la información oficial no detalla si durante el allanamiento se encontraron armas de fuego ni identifica a quién pertenecerían los objetos decomisados.

Imputación adicional

La investigación contempla una imputación adicional contra uno de los tres funcionarios. De acuerdo con el Ministerio Público, además del presunto tráfico ilícito de drogas agravado, a este agente se le atribuye la posible comisión del delito de tenencia de munición prohibida.

La información divulgada no especifica el tipo, la cantidad ni las características técnicas de la munición que habría motivado la acusación.

Durante la inspección también se informó el hallazgo de indumentaria militar y distintivos institucionales correspondientes a estructuras policiales anteriores. Estos elementos fueron recolectados como parte de las actuaciones investigativas para determinar su relevancia dentro del expediente.

Por ahora, no se ha establecido públicamente si los objetos encontrados guardan relación directa con las funciones que desempeñaban los agentes o si existen otras personas vinculadas con el caso.

Órdenes de captura a los tres imputados

Como parte de las acciones judiciales, el Ministerio Público solicitó al órgano jurisdiccional competente que emita las respectivas órdenes de captura contra los tres imputados.

La solicitud busca que los investigados sean puestos a disposición de las autoridades judiciales para que el proceso avance conforme a los procedimientos establecidos. La información oficial no confirma que las órdenes hayan sido ejecutadas ni detalla si los agentes se encuentran detenidos.

La presentación del requerimiento fiscal constituye una actuación dentro del proceso penal y no equivale a una declaración de culpabilidad. Corresponderá a los tribunales valorar los elementos presentados por la Fiscalía y garantizar el derecho de defensa de los acusados.

El Ministerio Público tampoco divulgó los nombres de los funcionarios señalados ni proporcionó detalles adicionales sobre sus cargos específicos dentro de la DAET.

El caso involucra a funcionarios asignados a una unidad especializada en la lucha contra la extorsión y el terrorismo, mientras las autoridades investigan el presunto almacenamiento de sustancias ilícitas en una vivienda de San Pedro Sula.

Antecedentes y alllanamientos

La investigación deberá determinar las circunstancias en que fueron encontrados los posibles estupefacientes, la procedencia de las municiones y los cargadores, así como la eventual relación de cada uno de los imputados con los hechos.

El allanamiento del 19 de octubre en el bulevar Mackay en la zona norte de Honduras fue resultado de información recibida por las autoridades y de diligencias de verificación desarrolladas previamente. Según el Ministerio Público, esas actuaciones permitieron identificar el inmueble donde presuntamente se almacenaban las sustancias ilícitas halladas durante la inspección.

La investigación incorpora además el hallazgo de municiones, cargadores, indumentaria militar y distintivos institucionales de estructuras policiales anteriores, cuyo vínculo con los hechos deberá establecerse mediante las diligencias respectivas.

SpaceX ya no depende solamente de los cohetes, los lanzamientos espaciales y Starlink, su servicio de internet satelital. La inteligencia artificial ganó peso hasta convertirse en la principal fuente de ingresos de la compañía de Elon Musk durante el tercer trimestre de 2026, por encima de las actividades espaciales y la conectividad.

Entre julio y septiembre, la empresa facturó USD 14.600 millones, un aumento interanual del 161%, y registró una ganancia neta de USD 4.400 millones. El resultado revirtió la pérdida de aproximadamente USD 1.100 millones del mismo período del año anterior.

El cambio en la composición del negocio responde a la expansión de Super Intelligence, la división que concentra los servicios de inteligencia artificial de SpaceX. La unidad generó USD 7.600 millones en ingresos, un crecimiento interanual cercano al 830%, y representó más de la mitad de la facturación total del trimestre.

El segmento combina actividades diferentes. Por un lado, ofrece infraestructura de computación en la nube, que permite a otras empresas utilizar capacidad informática para desarrollar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial sin tener que construir toda esa infraestructura por su cuenta. Por otro, reúne productos de software como Grok, el chatbot de IA, y Cursor, una plataforma que ayuda a los programadores a escribir y modificar código mediante inteligencia artificial.

La combinación de estos negocios amplió las fuentes de ingresos de la compañía. Hasta ahora, su actividad estaba asociada en forma principal con el desarrollo y lanzamiento de cohetes, el transporte espacial y Starlink. La división de IA, en cambio, le permite facturar por el acceso a recursos informáticos y por servicios de software, en un mercado que demanda cada vez más volumen y suficiencia para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial.

Los centros de datos, la infraestructura detrás del crecimiento

La expansión de estos servicios depende de una infraestructura que requiere grandes cantidades de electricidad, equipos informáticos y sistemas de refrigeración. Los centros de datos alojan los servidores y procesadores que ejecutan las operaciones necesarias para entrenar modelos de IA y responder a las consultas de sus usuarios.

SpaceX ya cuenta con una infraestructura de centros de datos que, según las cifras informadas por la compañía, alcanza 1,7 gigavatios de capacidad. Además, avanza con la construcción de Colossus II, un nuevo centro de datos en Memphis, Tennessee, donde Musk pasa buena parte de la semana para supervisar el proyecto.

La magnitud de la expansión también se refleja en los planes de la empresa para los próximos años. SpaceX busca elevar de forma acelerada su capacidad informática y prevé alcanzar alrededor de 10 gigavatios en 2027, de acuerdo con las proyecciones citadas en el último informe de resultados.

El desarrollo de esa infraestructura exige inversiones extraordinarias. Durante el tercer trimestre, SpaceX destinó cerca de USD 19.600 millones a gastos de capital, es decir, desembolsos para construir, ampliar o adquirir activos que permitan sostener sus operaciones. Aproximadamente USD 16.400 millones de ese total correspondieron al negocio de inteligencia artificial.

La diferencia entre facturar más y generar ganancias sostenibles resulta central para evaluar esta expansión. Los ingresos reflejan el dinero que la compañía obtiene por sus productos y servicios; la ganancia neta, en cambio, contempla también los costos, los gastos y otros conceptos contables. Las inversiones en centros de datos, por su parte, requieren desembolsos que pueden presionar el flujo de caja incluso cuando el negocio crece.

En el caso de Super Intelligence, el resultado operativo fue positivo en unos USD 431 millones durante el trimestre. Sin embargo, esa cifra estuvo afectada por gastos vinculados con la adquisición de Cursor, incluida una compensación basada en acciones.

Starlink sigue siendo una pieza central del negocio

La expansión de la inteligencia artificial no desplazó a Starlink, el servicio de internet que utiliza una red de satélites para ofrecer conectividad en zonas donde las redes terrestres resultan limitadas o tienen menor cobertura. La división facturó unos USD 5.200 millones durante el tercer trimestre y alcanzó 13,6 millones de suscriptores.

Sus ingresos crecieron un 69% interanual. Aunque se trata de una expansión considerable, el ritmo quedó por debajo del registrado por Super Intelligence, cuya facturación aumentó cerca de un 830% en el mismo período.

Las dos divisiones, además, cumplen funciones distintas dentro de la estrategia de Musk. Starlink monetiza la conectividad mediante suscripciones y servicios para clientes particulares, empresas y organismos gubernamentales. Super Intelligence busca obtener ingresos tanto de la infraestructura informática que ofrece a terceros como de sus productos de software y sus herramientas de IA.

El desafío de convertir el crecimiento en ganancias sostenibles

La transformación de SpaceX va más allá de una modificación en sus fuentes de ingresos. La compañía mantiene sus operaciones espaciales, pero el negocio de inteligencia artificial adquirió un peso que exige otra escala de inversión y una infraestructura distinta de la necesaria para fabricar cohetes o desplegar satélites.

El desafío consiste en sostener el crecimiento de la demanda mientras amplía su potencia de procesamiento y cubre los costos de operar los centros de datos. La disponibilidad de electricidad, los sistemas de refrigeración y la inversión en equipos serán factores determinantes para concretar sus planes.

Por ahora, los resultados del tercer trimestre muestran que la inteligencia artificial se convirtió en la principal fuente de facturación de SpaceX. La incógnita es si la empresa podrá transformar esa expansión en una fuente de ganancias que compense las inversiones necesarias para sostenerla.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) inició la aplicación del régimen especial de condonación dirigido a usuarios residenciales con deudas pendientes que no superen un consumo promedio mensual de 250 kilovatios-hora (kWh), según lo establece el artículo 20 de la Ley de Justicia Energética.

La medida está destinada a personas naturales titulares de servicios eléctricos usados para vivienda. No se trata de una eliminación automática de saldos: cada interesado deberá presentar una solicitud ante la estatal y someterse a un proceso de comprobación.

La ENEE revisará el historial de consumo y las condiciones del inmueble para determinar si el servicio cumple con los requisitos legales.

La condonación comprende la totalidad del saldo pendiente por consumo de energía eléctrica registrado a nombre del usuario beneficiado. Esto incluye el monto correspondiente a la electricidad consumida, los intereses, recargos, multas y otros cargos asociados con la deuda acumulada.

El alcance del alivio económico dependerá de la deuda que mantenga cada abonado y de que su caso cumpla con los requisitos legales. La ENEE no estableció un monto máximo de condonación ni precisó cuántos usuarios podrían acogerse al régimen. Los hogares interesados deberán consultar directamente con la institución para conocer el procedimiento aplicable a su servicio y verificar si reúnen las condiciones exigidas.

¿Qué deben hacer los usuarios?

Los interesados tendrán que acudir a las oficinas de la ENEE y presentar una solicitud expresa para acogerse al beneficio. También deberán entregar documentación que acredite la titularidad del servicio o el uso legítimo del inmueble donde se recibe el suministro.

Una vez presentada la solicitud, la estatal realizará una revisión del consumo histórico y una inspección física del medidor para comprobar que el servicio corresponde a una vivienda y que el consumo se mantiene dentro del límite establecido. El procedimiento determinará si el suministro cumple con los criterios previstos para acceder a la condonación.

En los casos en que la vivienda no tenga un medidor instalado, la ENEE colocará uno de inmediato y sin costo para el usuario. La instalación permitirá registrar el consumo del inmueble dentro del proceso de evaluación.

La ENEE aclaró que la condonación se aplicará por una sola vez y únicamente a un servicio residencial. El beneficio no podrá trasladarse a otros inmuebles ni usarse para cancelar deudas correspondientes a varios servicios eléctricos.

La restricción obliga a los solicitantes a identificar correctamente el suministro para el cual piden la eliminación de la deuda y presentar los documentos correspondientes. Cumplir con el límite de consumo no sustituye los demás requisitos.

La ENEE no detalló la cantidad de hogares que podrían resultar beneficiados, el monto total de las deudas que prevé condonar ni el plazo durante el cual recibirá solicitudes.

Tampoco especificó si habrá oficinas habilitadas exclusivamente para tramitar estos casos o si se establecerá un calendario para atender a los abonados. El acceso efectivo a la condonación dependerá de la verificación individual que realice la institución.

La indicación de la estatal es que los usuarios que consideren cumplir con los requisitos acudan a sus oficinas, presenten la documentación correspondiente y soliciten la evaluación de su caso.

La medida ha generado también llamados desde el Congreso Nacional para que la estatal eléctrica aplique la condonación sin imponer requisitos que no estén contemplados en la ley.

El Legislativo informó que la iniciativa podría beneficiar a entre 80,000 y 100,000 familias, aunque esa cifra corresponde a una estimación divulgada por autoridades legislativas y no a un registro definitivo de beneficiarios

El Colegio Médico de Honduras (CMH) planteó una salida de corto plazo al conflicto que mantiene en suspenso parte de la atención sanitaria en el país: reunir a las instituciones y personas involucradas para revisar los 622 expedientes pendientes y resolver la situación de los profesionales que todavía no han recibido sus pagos.

El vicepresidente del gremio, Haroldo López, afirmó que los médicos están dispuestos a suspender las asambleas informativas de manera inmediata.

“Nosotros suspendemos las asambleas mañana mismo a las 7:00 de la mañana si tenemos una propuesta del Gobierno donde nos reunimos todos los que estamos involucrados”, manifestó el dirigente.

La propuesta busca que la revisión de los casos no se prolongue durante semanas y que las autoridades den una respuesta en un plazo máximo de tres días.

Según López, la solución debe incluir tanto la verificación de los documentos como la ejecución de los pagos correspondientes a quienes tengan sus remuneraciones pendientes.

López advirtió que la suspensión de las asambleas estaría sujeta al cumplimiento de los compromisos durante el período acordado. Si al finalizar los tres días queda un médico sin recibir el pago que le corresponde, el gremio retomaría las medidas a nivel nacional.

López propuso concentrar los esfuerzos en una jornada intensiva de revisión con la participación de las distintas instituciones responsables. Como ejemplo, planteó distribuir el trabajo en unas 20 mesas para examinar los 622 expedientes y completar el proceso en tres días.

El dirigente sostuvo que, una vez verificada la documentación, correspondería a las autoridades financieras efectuar los depósitos, bajo el argumento de que no existirían inconvenientes para realizarlos.

Gremio exige cumplir pagos pendientes

“En tres días tienen que estar revisados y Finanzas, a ver, depositados”, expresó López al explicar el mecanismo que propone el gremio.

López cuestionó la forma en que se presentan las cifras relacionadas con el conflicto y señaló que el análisis debe centrarse en los médicos que todavía no cuentan con un acuerdo resuelto.

Los profesionales que ya tienen un acuerdo han venido recibiendo sus pagos mensualmente, por lo que consideró necesario distinguir esos casos de los que continúan sin solución.

Esa diferenciación permite determinar cuántos médicos siguen afectados y cuáles son los expedientes que requieren una intervención inmediata. Para el gremio, la prioridad es identificar los casos pendientes, verificar su situación administrativa y garantizar que los desembolsos se realicen dentro del plazo propuesto.

La atención médica bajo presión

El conflicto mantiene en el centro de la discusión a los pacientes que necesitan consultas, procedimientos y otros servicios de salud en los establecimientos públicos. Las asambleas informativas convocadas por el gremio han prolongado las dificultades para acceder a una atención regular.

López sostuvo que la falta de una solución podría prolongar las afectaciones a la población hondureña, debido a que el personal médico volvería a las medidas a nivel nacional si no se cumplen las condiciones acordadas.

Aunque el Gobierno ha manifestado disposición para responder a la problemática, el gremio insiste en que el diálogo debe traducirse en una revisión efectiva de los expedientes y en el pago a los profesionales que todavía esperan una respuesta.

Por ahora, las asambleas informativas continúan a nivel nacional, mientras el CMH mantiene abierta la posibilidad de suspenderlas si las autoridades presentan una propuesta que permita reunir a todas las partes y resolver los casos en un máximo de tres días.

El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, llegó a Roma para iniciar una agenda de reuniones diplomáticas y económicas con la que su administración busca ampliar las relaciones internacionales del país y generar nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación.

La visita contempla encuentros con autoridades italianas, representantes de organismos internacionales y miembros del sector empresarial, además de acercamientos con funcionarios de la Santa Sede.

Los objetivos anunciados por el Gobierno incluyen promover las condiciones para hacer negocios en Honduras, establecer contactos con posibles inversionistas y fortalecer la relación institucional con ambos Estados.

A su llegada, el mandatario fue recibido por Bruno Pasquino, jefe de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, y por monseñor Javier Domingo Fernández González, jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

Asfura viaja acompañado por Juan Carlos García Medina, secretario de Estado en el despacho de la Presidencia, y por la canciller Mireya Agüero, quienes integran la delegación hondureña que participará en las actividades previstas durante la gira.

Acercamientos con empresarios e inversionistas

Hasta ahora no se han anunciado contratos comerciales, inversiones formalizadas ni acuerdos específicos derivados de los encuentros; el alcance de la visita dependerá de los resultados de las reuniones.

Uno de los principales objetivos de la agenda en Italia es presentar a Honduras como un destino para nuevas inversiones y establecer contactos con representantes empresariales interesados en el país.

La agenda anunciada por la Presidencia contempla encuentros con representantes del sector empresarial, pero no se ha precisado qué compañías participarán ni qué sectores productivos concentrarán las conversaciones. Tampoco se han divulgado estimaciones sobre el capital que el Gobierno espera atraer, la cantidad de proyectos que podrían surgir de la visita o los plazos para concretar eventuales inversiones.

El fortalecimiento de las relaciones comerciales también figura entre los propósitos de la visita. Los acercamientos con autoridades y empresarios italianos podrían servir para identificar productos con potencial de comercialización y establecer contactos entre empresas de ambos países.

Sin embargo, el Gobierno no ha identificado públicamente qué productos se promoverán durante las reuniones ni ha informado si se abordarán acuerdos comerciales, mecanismos de facilitación de exportaciones o compromisos para incrementar el intercambio bilateral.

Contactos con la Santa Sede

La visita también busca fortalecer la relación entre Honduras e Italia mediante encuentros con representantes de las instituciones italianas. La presencia de funcionarios de la Presidencia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores permite que la delegación hondureña aborde asuntos políticos y diplomáticos, además de los temas económicos previstos.

La agenda divulgada no detalla cuáles asuntos bilaterales serán discutidos ni si está prevista la firma de instrumentos de cooperación. Tampoco se han anunciado compromisos concretos sobre nuevos programas de colaboración, asistencia técnica o proyectos conjuntos.

Otro componente de la gira corresponde a los acercamientos con autoridades de la Santa Sede, con sede en el Vaticano. El recibimiento de monseñor Fernández González formó parte de las actividades diplomáticas previstas para la delegación.

El Gobierno ha señalado que busca fortalecer los vínculos con la Santa Sede, pero no ha detallado los temas específicos que se tratarán en las reuniones ni ha informado sobre posibles compromisos o proyectos derivados de esos acercamientos.

Un requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros miembros de la Comisión Permanente fue presentado este martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.

El funcionario confirmó que el documento ingresó a la CSJ y que incluye a Luis Redondo, quien presidió el Legislativo, junto con otros integrantes de la comisión permanente. Sin embargo, al momento de brindar declaraciones, el requerimiento todavía no había sido trasladado oficialmente por la Secretaría de la Corte a la jueza natural designada.

Duarte indicó que la magistrada Anny Belinda Ochoa será la encargada de conocer el expediente. También explicó que la información disponible señala el presunto delito de violación de los deberes de los funcionarios, además de otros cargos que todavía no podía precisar.

“Solamente me ha sido referido el delito de violación de los deberes de los funcionarios y otros delitos. Hay otros delitos que, en este momento, no tengo la capacidad de detallarles”, manifestó el portavoz ante los periodistas.

Apertura del proceso judicial

Aunque el requerimiento incluye a Redondo y a otros integrantes de la Comisión Permanente, el Poder Judicial señaló que todavía no disponía de la lista oficial completa de las personas mencionadas en el expediente.

La cantidad de imputados y la descripción específica de los delitos se conocerán una vez que la documentación sea trasladada formalmente a la jueza natural y se revise el contenido de la acusación presentada por el Ministerio Público.

La información preliminar menciona a legisladores titulares y suplentes que formaron parte de la Comisión Permanente durante la gestión de Redondo. Mientras no se conozca el documento completo, no es posible confirmar oficialmente la identidad de todos los señalados ni atribuirles cargos específicos.

La designación de Ochoa establece quién conocerá judicialmente el requerimiento en esta etapa, pero no representa una decisión sobre la culpabilidad de las personas mencionadas.

Delitos en el ejercicio del cargo

El delito de violación de los deberes de los funcionarios figura entre los señalamientos que el portavoz judicial pudo confirmar. Duarte no detalló cuáles son los otros delitos incluidos en el requerimiento ni las conductas específicas que el Ministerio Público atribuye a cada uno de los señalados.

La acusación deberá ser examinada dentro del procedimiento judicial correspondiente, en el que se determinarán los pasos procesales aplicables y las eventuales responsabilidades individuales.

La presentación del requerimiento fiscal constituye el inicio de una actuación judicial contra las personas incluidas en el expediente.

El requerimiento se presenta en relación con actuaciones atribuidas a Redondo y a miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. En la información difundida sobre el caso se mencionan también cuestionamientos relacionados con decisiones adoptadas durante el período legislativo y con el proceso electoral general de noviembre de 2025.

La evolución del proceso dependerá de la revisión del expediente y de las resoluciones que emita Ochoa conforme a la legislación aplicable.

Estos hechos forman parte del escenario político en el que se presenta la acusación, aunque el alcance de los señalamientos penales deberá establecerse a partir del requerimiento del Ministerio Público y de las resoluciones judiciales correspondientes.

Diez niños con cardiopatías congénitas forman parte de la décima Brigada de Cirugía Cardiovascular Pediátrica que comenzó en el Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula.

Las intervenciones están dirigidas a menores provenientes de diferentes partes de Honduras que requieren atención especializada por afecciones cardíacas presentes desde el nacimiento.

La jornada reúne a personal médico y organizaciones colaboradoras para realizar los procedimientos y ofrecer a los pacientes la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

La primera menor en ingresar al quirófano fue Noha Ainara Sabillón, de un año, diagnosticada con una cardiopatía congénita desde su nacimiento. Su operación marcó el inicio de una jornada en la que otros nueve niños también serán atendidos por el equipo médico.

La brigada contempla la atención de diez menores con cardiopatías congénitas, un grupo de afecciones que comprende alteraciones en la estructura del corazón o en los grandes vasos sanguíneos presentes desde el nacimiento.

Pacientes con atención especializada

La gravedad y el tratamiento de estas condiciones varían según el diagnóstico de cada paciente. En determinados casos, la cirugía cardiovascular permite corregir o mejorar el funcionamiento del corazón y reducir las complicaciones asociadas con la enfermedad.

Para las familias, la jornada representa la posibilidad de que sus hijos accedan a procedimientos especializados y tengan mejores condiciones para su crecimiento y desarrollo. No obstante, la evolución y los resultados dependerán del tipo de cardiopatía, de la intervención realizada y de la recuperación individual de cada niño.

La información disponible no detalla cuáles son los procedimientos previstos para cada paciente ni los tiempos estimados de recuperación.

La décima brigada se desarrolla mediante la colaboración del personal del Hospital Regional del Norte del IHSS con las organizaciones Gift of Life y HeartGift, el Hospital Benjamín Bloom de El Salvador y el Club Rotario Ulúa.

La participación conjunta permite reunir recursos y experiencia para atender a los menores que requieren cirugía cardiovascular pediátrica. Este tipo de jornadas busca facilitar el acceso a procedimientos especializados que demandan equipos médicos capacitados, infraestructura hospitalaria y seguimiento clínico.

Además de las intervenciones quirúrgicas, la atención de niños con cardiopatías congénitas requiere vigilancia médica posterior para evaluar la recuperación y determinar si necesitan tratamientos adicionales o controles periódicos.

Respaldan la iniciativa

La jornada también cuenta con el apoyo de varias dependencias gubernamentales, entre ellas la Secretaría de Salud (Sesal), la Secretaría General, la Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos (UCEMR), la Gerencia Administrativa y la Oficina Sanitaria Internacional de San Pedro Sula.

Participan además la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y la Administración Aduanera de Honduras, instituciones que forman parte de la coordinación necesaria para el desarrollo de la iniciativa.

Mientras avanzan las intervenciones, las diez familias esperan la evolución de sus hijos, con la expectativa de que la atención recibida contribuya a mejorar su salud y sus posibilidades de desarrollo.

La brigada continuará con las intervenciones programadas para completar la atención de los diez pacientes. Al cierre de la jornada, los resultados médicos y la evolución de cada menor permitirán conocer el alcance de los procedimientos realizados en el Hospital Regional del Norte del IHSS, así como los pasos necesarios para garantizar el seguimiento de los niños después de las cirugías.

El Gobierno de Honduras y una misión técnica del Fondo Monetario Internacional comenzaron este martes las reuniones para evaluar los avances del programa económico vigente, en una etapa clave para determinar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, confirmó la llegada de los representantes del organismo y señaló que las reuniones se desarrollarán junto con el Gabinete Económico. La agenda está prevista del 20 de octubre al 2 de noviembre de 2026, según informó el Banco Central de Honduras.

La evaluación busca revisar los resultados macroeconómicos, verificar el cumplimiento de las metas pactadas y examinar las medidas que todavía requieren atención.

El resultado de este proceso será determinante para establecer si Honduras cumple las condiciones necesarias para completar el acuerdo vigente.

Además de revisar los indicadores económicos, las conversaciones abordarán asuntos relacionados con las finanzas públicas, la política monetaria y cambiaria, las reservas internacionales y las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno.

Hernández Hércules señaló que el Gobierno también debe evaluar compromisos relacionados con el sector energético, particularmente las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y los pagos pendientes a las empresas generadoras de electricidad.

Situación de país y la ENEE

Esos asuntos forman parte de los desafíos financieros del Estado, por sus implicaciones sobre las cuentas públicas y las necesidades de recursos para sostener el funcionamiento del sistema eléctrico.

El ministro también mencionó la aprobación de reformas a la Ley de Lavado de Activos y la implementación de la Ley de Beneficiario Final, dos asuntos vinculados con el marco regulatorio y la transparencia financiera.

La misión del FMI deberá examinar los avances en las medidas acordadas dentro del programa económico y valorar si las autoridades han cumplido los compromisos sujetos a evaluación.

La sexta revisión corresponde a la etapa final del programa económico vigente con el FMI. Completarla satisfactoriamente permitiría al país cerrar el ciclo de revisiones y acceder a los recursos asociados, sujetos a la aprobación correspondiente.

El acuerdo con el organismo contempla apoyo financiero y medidas para fortalecer la estabilidad macroeconómica. La revisión examina tanto el desempeño de los indicadores económicos como el avance de las reformas incluidas en el programa.

Entre los aspectos bajo análisis están la sostenibilidad de las finanzas públicas, la evolución de los ingresos y gastos del Estado, la administración de la deuda y las condiciones externas que inciden en la economía hondureña.

La conclusión de las reuniones no implica automáticamente la autorización de nuevos desembolsos: cualquier liberación de recursos dependerá de los resultados de la evaluación y de los procedimientos de aprobación del FMI.

Negociar un nuevo programa

Durante las reuniones, las autoridades hondureñas también buscan avanzar en las conversaciones sobre un nuevo acuerdo económico para el período 2027-2030, según informó Proceso Digital al reportar el inicio de la misión.

El desarrollo de las conversaciones permitirá conocer qué medidas económicas pretende mantener el Gobierno, qué reformas buscará profundizar y qué condiciones podrían incorporarse al próximo programa.Los resultados también orientarán las discusiones sobre la cooperación económica posterior.

La agenda de trabajo continuará durante las próximas dos semanas con reuniones entre los representantes del FMI, el Gabinete Económico y otras autoridades hondureñas. Al cierre del proceso se espera contar con una evaluación de los avances alcanzados y de los compromisos que continúan pendientes.

La revisión concluirá el 2 de noviembre, fecha prevista para el cierre de la agenda de trabajo en Honduras.

En junio de 2025, en plena ola de peticiones de la prohibición de móviles en los institutos, Cataluña optó por ir a la vanguardia con una normativa que restringía teléfonos, relojes e incluso pedía retirar las pantallas en educación infantil. Unas flamantes pantallas que no hacía ni un año que se habían colgado en las clases de todas las escuelas catalanas –se compraron 32.000 pantallas interactivas de última generación, con un coste de 88 millones de euros, que pagaron los fondos Next Generation-, incluso en la etapa de infantil. Finalmente, Educación da marcha atrás y admite que estas pantallas no se pueden retirar, porque se perdería esta financiación europea, pero sí apuesta por limitar su uso y que tengan un acceso restringido a internet.

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La construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Honduras entró en una fase de planificación luego de que el Congreso Nacional aprobara una moción para que varias instituciones del Estado busquen los recursos necesarios para ejecutar el proyecto.

La aprobación de la moción no significa que el presupuesto de construcción ya esté definido ni que las obras hayan comenzado. Por ahora, el proceso se concentra en cuantificar la inversión, identificar posibles fuentes de financiamiento y determinar el terreno donde se levantará el establecimiento.

Entre las alternativas planteadas figura el financiamiento nacional, la colocación de bonos y la contratación de préstamos internacionales. Sin embargo, las autoridades todavía no han divulgado un monto oficial para el proyecto ni han precisado cuánto aportaría cada fuente.

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, confirmó que se iniciarán los estudios correspondientes para determinar cuánto costaría la obra, mientras que el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, explicó que la gestión de fondos involucrará al Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad y otras dependencias gubernamentales.

Uno de los primeros pasos será establecer el costo de construcción y las necesidades técnicas del nuevo centro penitenciario. Para ello, según lo anunciado por Hércules, se iniciarán los estudios que permitan cuantificar la obra.

El cálculo deberá servir de base para evaluar las opciones de financiamiento y definir cómo se cubrirá la inversión. Además del costo de construcción, el proyecto requerirá precisar las necesidades de equipamiento, seguridad, personal y operación del establecimiento, aspectos que incidirán en el gasto público a largo plazo.

Para este día se sostendrá una reunión con representantes de la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el INP, Finanzas y la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado.

Las posibles ubicaciones

La selección del terreno es otro de los asuntos pendientes. El INP deberá designar el lugar donde se construirá el establecimiento, destinado principalmente a personas privadas de libertad identificadas como integrantes de maras, pandillas y otras estructuras criminales sujetas al régimen especial de reclusión.

En las discusiones previas sobre el proyecto se ha mencionado a Naco, Santa Bárbara, como una posible ubicación. No obstante, la información divulgada hasta ahora no confirma que ese lugar haya sido seleccionado de manera definitiva.

La decisión sobre el terreno deberá integrarse a la planificación técnica, junto con la evaluación de las condiciones necesarias para construir y operar una instalación de máxima seguridad.

Las autoridades tampoco han detallado públicamente la capacidad que tendría el nuevo centro, el plazo definitivo de construcción ni el modelo de administración que se utilizaría.

Zambrano justificó la iniciativa al señalar que las reformas penales pendientes de aprobación podrían aumentar la cantidad de personas enviadas a prisión, lo que, según advirtió, presionaría la capacidad operativa de los centros penitenciarios existentes.

El proyecto se plantea en el contexto de las medidas aprobadas en septiembre para endurecer las condiciones de reclusión de personas identificadas como integrantes de grupos declarados terroristas.

Las reformas contemplan un régimen especial de máxima seguridad, restricciones de comunicación y visitas, vigilancia reforzada y otras medidas de control penitenciario. La normativa correspondiente fue publicada en La Gaceta, diario oficial de Honduras, el 26 de septiembre de 2026.

Influencia del modelo Salvadoreño

La iniciativa tomó impulso después de una visita de diputados hondureños al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, donde conocieron aspectos del modelo penitenciario aplicado por ese país para recluir a integrantes de organizaciones criminales.

La eventual adopción de un modelo similar al salvadoreño requeriría definir qué elementos se incorporarían al sistema hondureño y cómo se aplicarían dentro del marco jurídico nacional.

El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, respaldó la construcción de la nueva cárcel y sostuvo que el Estado debe aplicar medidas estrictas contra quienes sean responsables de delitos graves.

Con la moción aprobada, las siguientes etapas consisten en cuantificar la inversión, definir el terreno, establecer las fuentes de financiamiento y precisar las condiciones técnicas para construir y operar el centro penitenciario.

Un hombre de nacionalidad nicaragüense fue detenido en el sector de Pavana, en la zona sur de Honduras, luego de que las autoridades informaran que transportaba dólares estadounidenses y euros en efectivo sin haberlos declarado al ingresar al territorio hondureño.

El detenido fue identificado como Ever Alberto Sánchez Pérez, de 35 años. Durante el procedimiento, la Policía Nacional le encontró USD 10.935 y 3.145 euros no declarados ante las autoridades migratorias, según el reporte del caso.

El monto total supera un estimado de USD 14.000 al convertir ambas monedas, El caso será trasladado a las instancias judiciales correspondientes, donde se determinará si existen elementos para iniciar un proceso penal por el presunto delito de lavado de activos o si corresponde aplicar una sanción administrativa por el incumplimiento de las obligaciones de declaración de divisas.

Los decomisos representan la mayor parte del dinero incautado. A esa cantidad se suman 3.145 euros, Las autoridades no han detallado el origen del dinero, su destino ni el propósito por el cual el ciudadano transportaba esas cantidades.

Tampoco se han divulgado datos que permitan establecer si el efectivo estaba relacionado con alguna actividad ilícita.

Bajo control de las autoridades

La detención y el decomiso deben distinguirse de una eventual acusación formal: el hallazgo de dinero no declarado puede dar lugar a verificaciones y actuaciones legales, pero no demuestra por sí solo que los fondos procedan de una actividad criminal.

La Policía Nacional informó que remitirá al ciudadano a los juzgados competentes para que determinen la vía legal aplicable.

Entre las posibilidades figura una investigación por el presunto delito de lavado de activos, hipótesis que las autoridades deberán examinar a partir de los indicios disponibles, la documentación que presente el detenido y las diligencias que se practiquen.

La otra posibilidad es la aplicación de una multa, aunque la decisión dependerá de la valoración jurídica de los hechos.

La información disponible deja varios aspectos sin resolver: la procedencia de los dólares y los euros, si el portador cuenta con documentos que respalden su origen, el destino del dinero y la disposición que adopten las autoridades judiciales.

Otros casos similares

En febrero de 2026, un ciudadano salvadoreño de 37 años fue detenido en el punto de control de La Corteza, en el municipio de El Triunfo, Choluteca, cuando transportaba US$89,000, equivalentes a más de L2.3 millones. Según la Policía Nacional, el dinero fue decomisado durante una inspección y el caso fue remitido a las autoridades competentes por la presunta comisión de lavado de activos.

Otro decomiso de mayor cuantía se registró el 21 de agosto de 2026, cuando las autoridades encontraron US$260,000, unos L6.8 millones, ocultos en compartimentos falsos de un vehículo interceptado en el sector de La Corteza, Choluteca.

De acuerdo con reportes policiales divulgados las investigaciones buscaban establecer la procedencia y el destino del efectivo, así como determinar si existía alguna relación con actividades ilícitas.

La reiteración de estos decomisos en Choluteca mantiene bajo atención los controles policiales en los principales corredores de la zona sur de Honduras, especialmente por el traslado de grandes cantidades de dinero en efectivo.

Las estadísticas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sitúan en 415 el número de menores de edad aprehendidos en Honduras durante lo que va de 2026, frente a los 174 registrados en 2025. La diferencia es de 241 casos, equivalente a un incremento del 138,5%, de acuerdo con las cifras divulgadas por la institución.

Los procedimientos incluyen aprehensiones ejecutadas mediante órdenes judiciales y detenciones en flagrancia. La variación también requiere una comparación cuidadosa: los 415 casos corresponden a una parte de 2026, mientras que los 174 abarcan todo 2025.

Las cifras muestran una diferencia entre ambos registros, pero no permiten establecer por sí solas cómo evolucionó la situación al comparar períodos de igual duración.

En un informe publicado por la Policía Nacional señaló que el tráfico de drogas, el robo, la portación ilegal de armas de fuego, los delitos contra la vida y los delitos sexuales figuraban entre las principales infracciones identificadas en los casos de menores aprehendidos.

La información policial también plantea que algunos adolescentes estarían siendo captados por estructuras criminales para participar en actividades ilícitas. No obstante, el informe no cuantifica cuántos casos estarían relacionados con ese fenómeno ni detalla las circunstancias individuales de las aprehensiones..

Vinculados a varios delitos

Un antecedente judicial corresponde al departamento de El Paraíso. El 6 de noviembre de 2025, el Ministerio Público informó que 91 menores en conflicto con la ley habían sido presentados ante los tribunales de Danlí durante los primeros once meses de ese año.

Según el reporte fiscal, el 71,43% de esos casos estaba relacionado con infracciones de tráfico de drogas. También se registraron expedientes por portación ilegal de armas de fuego, robo con fuerza, maltrato familiar, delitos sexuales, homicidio y asesinato.

El dato ofrece una referencia sobre las infracciones que llegaron a los tribunales en esa zona del país, pero no representa una estadística nacional ni puede compararse directamente con las aprehensiones contabilizadas por la DPI.

La diferencia entre ambas fuentes es relevante: mientras la Policía contabiliza actuaciones de aprehensión, el Ministerio Público informa sobre menores presentados ante los órganos judiciales.

En julio de 2026, la DPI divulgó información sobre investigaciones que apuntaban a la posible utilización de menores por parte de maras, pandillas y otras estructuras criminales. Según la institución, algunos adolescentes podrían ser incorporados a estas actividades mediante amenazas, intimidación o manipulación.

El fenómeno requiere examinar tanto la actuación de las estructuras que podrían involucrar a adolescentes como las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan niños y jóvenes.

Menores y estructuras criminales

El número de menores aprehendidos refleja la actividad policial, pero no permite concluir por sí solo que haya aumentado en la misma proporción la comisión de infracciones penales por parte de adolescentes.

Una aprehensión puede derivarse de una orden judicial pendiente, una detención en flagrancia o una investigación que debe continuar ante las autoridades competentes. La responsabilidad de cada menor y las medidas que correspondan deben determinarse conforme al procedimiento legal aplicable.

También es necesario conocer cuántos expedientes fueron remitidos a los órganos de justicia, cuáles continúan bajo investigación y cuántos concluyeron con una resolución. Sin esa información, no se puede establecer qué proporción de los procedimientos policiales terminó en una sanción.

El Boletín Estadístico Judicial 2025 del Poder Judicial ofrece registrá que los juzgados de Letras de la Niñez y Adolescencia reportaron 675 sanciones aplicadas a menores infractores durante ese año, entre medidas privativas y no privativas de libertad.

Los antecedentes del Ministerio Público y del Poder Judicial muestran que existen casos relacionados con distintas infracciones y que algunos llegan a los tribunales, pero los datos disponibles no bastan para atribuir el incremento a una causa única ni para medir por sí solos la evolución nacional de la delincuencia juvenil.

María José Campanario necesita tomarse un respiro. Después de unas semanas muy intensas en las que su familia ha vuelto a quedar atrapada en el enfrentamiento con Belén Esteban, la odontóloga ha decidido dar un paso atrás para protegerse. Tal y como ha podido saber 20minutos, la guerra mediática y el regreso de asuntos del pasado le han pasado factura. Y por eso necesita tiempo para recuperar la tranquilidad y el sosiego perdido por el camino. También para preservar una calma familiar que no quiere poner en peligro.

El desgaste es evidente y ha hecho que su prioridad sea recuperar su centro antes de seguir exponiéndose. Esta decisión no significa que haya cambiado de opinión ni que su silencio actual se traduzca en cobardía o miedo.

Por el momento, habrá que esperar hasta la emisión de Hasta el fin del mundo para que se conozca un poco más a la Campanario real y cercana. Son muchos los que tienen una imagen equivocada sobre ella y creen que disfruta de un enfrentamiento que puede proporcionar muchas horas de televisión, pero cuyas consecuencias pueden ser irreversibles.

La reaparición de Belén en ¡De viernes! ha devuelto a la actualidad una disputa que se prolonga desde hace casi tres décadas. La colaboradora recuperó sus reproches a Jesulín de Ubrique y volvió a cuestionar su papel como padre. Lo hizo con la soltura de quien conoce bien el terreno y con un considerable respaldo de los espectadores.

La de Paracuellos, además, se ha encontrado con la respuesta de Julia Janeiro. La hija del torero y la odontóloga ha defendido el buen nombre de sus padres y ha plantado cara a lo que considera mentiras repetidas durante 27 años. No se ha achicado ante la polémica ni ha evitado las preguntas incómodas de los reporteros asfálticos. Sus intervenciones han abierto un nuevo frente en una historia en la que, hasta ahora, eran sus padres quienes recibían buena parte de la embestida mediática.

A pesar de que por el momento María José ha decidido retirarse, Jesulín sigue reuniendo la documentación necesaria para responder a las acusaciones que Belén ha sostenido durante años. Tal y como contamos en este periódico, el diestro prepara una demanda para rebatir esa imagen de padre ausente y defender su versión con pruebas. Todo se resolverá en los tribunales.

Hace unos días saltaba la noticia. La periodista Pilar Vidal avanzaba a finales de la semana pasada que el torero Roca Rey y Tana Rivera habían escrito el punto y final a su relación sentimental. Un romance que apenas duró seis meses, pero que se convirtió en una de las parejas más seguidas por los paparazzi.

Aunque los motivos de la ruptura siguen sin esclarecerse porque ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto, fuentes próximas al torero explican a 20minutos que existían diferencias sobre cómo vivir su historia y, especialmente, sobre cuánto debía conocerse de ella fuera de la pareja.

Poco amigo de la prensa del corazón, Roca Rey sospechaba que alguien del entorno más próximo de Tana estaba trasladando a la prensa información sobre los pasos que daban juntos. Detalles de sus viajes, de sus planes y de sus apariciones públicas que, a su juicio, estaban saliendo de un círculo que debía ser de confianza.

Estas mismas fuentes señalan un reportaje publicado en la revista Hola, en el que ambos aparecían muy cariñosos, como uno de los episodios que alimentaron ese malestar. Lo sitúan entre los posibles puntos de inflexión del noviazgo. La publicación de aquellas imágenes habría reforzado sus recelos sobre la manera en que determinados momentos de su intimidad terminaban convertidos en noticia.

Desde el entorno del peruano describen una incomodidad creciente con una sobreexposición a la que no está acostumbrado. Aunque ha tenido otras relaciones, aseguran que no le gusta verse en el centro de una atención mediática que trasciende su actividad profesional. Las diferencias, según esta versión, afectaban también al espacio que cada uno quería reservar para sí dentro del noviazgo.

Mientras tanto, las informaciones sobre otras mujeres han añadido nuevas preguntas a la ruptura. Alberto Guzmán contó este fin de semana en D Corazón que Roca Rey habría sido visto con una joven en Pamplona a la que estaría conociendo. Una información que ha dado pie a especulaciones sobre una posible nueva ilusión sentimental.

Por su parte, Almudena del Pozo desveló en Fiesta que el torero se habría mostrado especialmente pendiente de una mujer rubia durante un festejo en Albacete en el que participaba. No está aclarado si ambas informaciones se refieren a la misma persona. Tampoco permiten establecer por sí solas que exista una nueva relación o que una tercera persona explique el final de la anterior.

Mexico’s government criminally charged and arrested the former attorney general of the border state of Chihuahua. The arrest was not for corruption, drug trafficking, or ties with organized crime. Rather, he is being prosecuted for having worked with U.S. agencies to investigate and fight drug cartels in his state.

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A Corpus Christi man is charged with transporting illegal aliens after being arrested by U.S. Border Patrol agents in Port Mansfield, Texas, on October 6. Agents arrested 28-year-old Alec Ray Foss after stopping a speedboat-type vessel he was piloting with three illegal aliens, an AR-style rifle, a pistol, and four pipe bombs on board.

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