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Canadá: un «Estado de malestar» encubierto en fachada de primer mundo

By: A A
16 October 2026 at 14:30

Hoy Canadá es un Estado rumbo al totalitarismo, desde la pantalla de una democracia liberal, es un patrocinador del nazismo, paga asistencia en eutanasia a los pobres y, además, no deja que los ciudadanos se expresen sin fuertes retaliaciones.

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Continuar dependiendo de la asistencia induce a una desintegración espiritual y moral fundamentalmente destructiva para la fibra nacional. Dar asistencia de esta manera es administrar un narcótico, un sutil destructor del espíritu humano.

Franklin D. Roosevelt

El trabajo es la condición inevitable de la vida humana, la verdadera fuente del bienestar humano. Ahora comprendo que mi bienestar solo es posible si reconozco mi unidad con todos los pueblos del mundo sin excepción.

Leo Tolstói

El Estado de malestar

Como excolonia británica, y miembro de la Commonwealth de manera ‘voluntaria’ dicen, Canadá se jacta de su orden y políticas migratorias claras y atractivas, así como de tener un país con un sólido Estado de Bienestar, yo diría, de malestar. Muy en la línea de la frase de Roosevelt con la que inicio este artículo.

Creer en algún tipo de bienestar puede ser cierto para los migrantes en su mayoría latinos, que son recluidos en zonas distantes de los centros urbanos y asimilados durante cinco años de arduo trabajo llamado permiso de trabajo cerrado (employer-specific – closed work permit) Permiso de trabajo restringido/específico para empleadores. Estos trabajadores ‘agradecen’ ser explotados, consideran que es mejor la promesa de la vida ‘civilizada y marginal’ a la de sus países -colonias éstos de empresas canadienses- y asumen formas de vasallaje y esclavitud.

Al respecto, tras más de cinco años de uso intensivo y varias décadas de existencia del programa de empleo se llegó a unos acuerdos entre defensores de derechos de migrantes y Amnistía Internacional, de lo cual extraigo parte del informe del relator especial de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud, titulado ‘Canada has destroyed me’: Labour exploitation of migrant workers in Canada, (Canadá me ha destruido»: Explotación laboral de trabajadores migrantes en Canadá), publicado el 30 de enero de 2025:

El sistema genera una relación de poder extremadamente desigual.

El empleador no solo controla el trabajo, sino también el estatus migratorio del trabajador.

Perder el empleo puede significar perder el derecho a trabajar y, potencialmente, enfrentar la salida del país. Eso crea un miedo constante que dificulta mucho:

Denunciar abusos (horas excesivas, salarios por debajo de lo prometido, condiciones inseguras, acoso, vivienda precaria, etc.).

Negociar mejores condiciones.

Dejar un trabajo tóxico sin arriesgar todo.

Amnistía Internacional y el relator de la ONU han llegado a describir el estado de bajos salarios del TFWP como un “caldo de cultivo” o “breeding ground” [Centro de reproducción] de formas contemporáneas de esclavitud.

No es una exageración retórica: hay múltiples reportes documentados de explotación sistemática, especialmente en agricultura, cuidado, procesamiento de alimentos, construcción y hostelería.

Por otro lado, el suicidio implica una de las situaciones de salud pública más graves del país norteamericano. Aproximadamente 4500 a 4750 suicidios al año que equivalen a unos 12-13 suicidios diarios. Es la segunda causa de muerte en personas entre los 15 y los 34 años. Los hombres cometen el acto de quitarse la vida 3 veces por cada mujer y son los del rango de edad entre 45 y 64 años quienes más lo culminan.

Pero Canadá tenía una solución. Han ‘avanzado’ en la ‘misericordia’ de la eutanasia para pobres. Así como se oye.

Esto está documentado por Associated Press: (El comité que revisa la eutanasia en Canadá concluye que algunas muertes están motivadas por el temor a quedarse sin hogar y por el aislamiento.); The Global and Mail: (Las tasas de asistencia médica para morir por enfermedades no terminales en Ontario son más altas en los barrios más pobres, según informes.), The conversation: (La asistencia médica para morir y las personas marginadas: informes del forense arrojan luz sobre la muerte asistida en Ontario) y el Comité de Revisión de Muertes del Forense, Jefe de Ontario (2024), son los que detallan casos específicos, como la mujer con sensibilidad química múltiple que no encontraba vivienda adecuada, o personas con aislamiento y pobreza.

Aunque se insistiera en señalar que son casos aislados, lo cierto es que no se trata sólo de una política sanitaria mal enfocada. Casos documentados como los señalados permiten ver algo que debería ser impensable en un auto denominado país del primer mundo: facilitar la muerte a alguien por su condición de precariedad económica y material es la clara expresión del FRACASO de su Estado de bienestar.

Es clave y doloroso cuando “afirmó el Dr. Trouton (en artículo de Associated Press): Es trágico que la calidad de vida de las personas sea tan deficiente que deseen explorar la MAID [asistencia médica para morir]”

En la publicación oficial Maytree se aprecia que:

En 2025, el 98 % de los hogares de ejemplo en asistencia social vivían por debajo de la línea oficial de pobreza, y el 71-72 % en “pobreza profunda” (menos del 75 % de esa línea). Los ingresos reales cayeron para muchos por inflación y la eliminación de rebates del carbon tax [reembolsos del impuesto al carbono]. Los beneficios de vivienda (shelter) son extremadamente bajos y no cubren costos reales; las personas sin hogar reciben menos apoyo.

A lo anterior se suma la crisis de vivienda, semejante a la de Estados Unidos, en donde al menos hace veinte años no se construye vivienda de interés social, lo que mantiene elevados los precios de renta y de compra; y, además se favorecen los desmanes de los que toman en arriendo propiedades. Ni siquiera en la política de inclusión a las comunidades indígenas maltratadas y esterilizadas para evitar su procreación, les cumplen con el tema habitacional. El tema de los ‘sintecho’ tiende a acrecentarse.

Hay otras formas de atentar contra sus propios ciudadanos, por ejemplo, a los propietarios les obligan a pagar multas y demandas inverosímiles si un inquilino hace ruido a los vecinos o daños, el que rentó de buena fe debe pagar. A ello se suma que para pedir el inmueble es necesario una suma de piruetas legales y justificar, no que rentará a alguien más, sino que se irá a vivir a su propio inmueble.

Alrededor de 6,5 millones de canadienses se encuentran sin médico de familia, o sea el 16% de su población total, 41,8 millones. Además, los tiempos de espera en horas en urgencias, es elevado; a menudo 8-16 horas o más, pues manejan la anticuada y tercermundista medida del Triage, inventado para las prioridades de tiempos de emergencia en la Primera Guerra Mundial.

Los ciudadanos deben esperar semanas y hasta meses para tener consultas con especialistas y hay estimaciones documentadas de decenas de miles de muertes anuales mientras esperan cirugía o diagnósticos. En cuanto a médicos y enfermeras, se encuentra Canadá por debajo del promedio de la OCDE, con retrasos en licenciar profesionales.

En cuanto a políticas para protección de la infancia, las tarifas de apoyo económico para quienes consiguen plaza bajaron, pero se generaron listas de espera masivas y en algunos lugares se triplicaron. Se tiene así una brecha de inequidad en donde algunas familias pagan muy poco y otras a veces de bajos ingresos, quedan fuera o pagan mucho más, mientras financian el sistema con impuestos. Tampoco se crearon suficientes espacios ni se atendió la falta de profesores.

Esto parece una historia del mundo subdesarrollado, haitiana, colombiana o etíope, pero pasa en Canadá. Ya no les basta con explotar a los países periféricos, sus propios ciudadanos financian a los ricos de su país cada vez de manera más próxima a la letalidad.

En cuanto a reducción de la pobreza y seguridad alimentaria, Canadá cayó al puesto 27.º luego de ocupar el 5° puesto entre países OCDE en protección del derecho a la alimentación, ubicándose en la categorización de ‘inseguridad alimentaria moderada/severa’.

Además, hay un creciente uso de bancos de alimentos, lo que se traduce en una política paliativa para contener lo que no logra una política integral de impuestos a ricos y de creación de puestos de empleo, espacio en donde, por el contrario, se ha agudizado el trabajo precario y, por ende, asumir el costo de vida.

En este tema de empleo – ingresos para la subsistencia, Canadá tiene un programa de renta básica, que lamentablemente es insuficiente. Evelyn L. Forget es una economista de renombre en Canadá, estudia la economía detrás de la propuesta de ingreso básico. Se recomienda su estudio, Basic Income for Canadians. From the Covid-19 Emergency to Financial Security for All. Toronto, (Ingreso básico para los canadienses. De la emergencia de la Covid-19 a la seguridad financiera para todos. Toronto) Libro de James Lorimer & Company Ltd., Publishers, 2020.

Sólo para dejar la curiosidad de los lectores, Forget dice, citando a otros autores:

«El empleo precario representa una proporción cada vez mayor del empleo total en Canadá y está fuertemente asociado a un peor estado de salud de los trabajadores».

Existe una «relación estrecha entre los ingresos y los resultados de salud. Las disparidades son profundas: unos ingresos más bajos se asocian a una menor esperanza de vida, así como a tasas más elevadas de autolesiones y de enfermedades crónicas».

«El estrés crónico se ha vinculado a diversos cambios hormonales y neurológicos que repercuten negativamente en la salud. Deteriora la memoria, aumenta el riesgo de depresión, reduce la respuesta inmunitaria y eleva la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares».

Se encuentra además la creciente crisis de opioides, con una cantidad alarmante de más de 38.000 a 50.000 muertes desde 2016. Esto ha llevado al desarrollo de algunos debates sobre el fracaso o efectos secundarios de “safe supply” (suministro seguro) y la criminalización en algunas provincias, cuando de un Estado primermundista se esperaría una percepción correcta no criminalizando a los consumidores sino comprendiéndolos en un contexto de atención de la salud pública e integral.

Así, todas las crisis de vivienda y demás bienes y servicios que mencioné con anterioridad, reciben más presión ante los altos niveles de inmigración temporal y de refugiados.

Los asuntos internacionales como problema nacional

El Estado de Bienestar es en mi concepto la expresión más clara del escenario de la lucha ideológica de la posguerra mundial; justo en ese momento en que Inglaterra, Estados Unidos y toda Europa decidió que el ‘aliado soviético’ era un loco comunista, dejando atrás las alabanzas a aquel pueblo ruso trabajador plasmadas en discursos, caricaturas y cine.

El comunismo como una fiebre que acabaría con la libertad, aniquilador de la posibilidad de ser y de tener dentro del inmenso ‘arsenal de mercancías’ restringido a la finitud de cada bolsillo, en el capitalismo, debía ser contestado. Ya no eran Hitler ni Mussolini ni Franco, -aunque éste fue un fascista solitario- los enemigos del ‘mundo libre’, lo era el Estado socialista soviético y sus aliados.

Pero el terreno más claro de la disputa se daba allí donde se gana la atención de las masas: en los derechos adquiridos, en la capacidad de sentirse orgulloso de ser un ciudadano de su país por esas mismas ganancias que le daba su Estado de Bienestar, como decía J. Habermas. Es en efecto lo que busca todo migrante además de todo ciudadano: hacerse a una ciudadanía que le dé garantías en consecuencia a su trabajo.

De esta forma, tanto Europa como EE.UU. se vieron obligados a otorgar a sus ciudadanos garantías similares a las conquistadas por la Revolución rusa de 1917, también de manera vanguardista para mujeres e infancia. El Plan Marshal de reconstrucción europea no es otra cosa que atemperar los ánimos de los ciudadanos dolidos por la guerra y volcarlos al boom de la procreación bajo el amparo de un sólido Estado de Bienestar capitalista que les impidiera mirar hacia el régimen socialista soviético y universal. Éste se explica en la frase de Tolstói con la que inicio este artículo, inherente a una concepción universal del hacer para todos, anterior a las guerras del siglo XX.

Se acabó el sistema soviético hace treinta y seis años, pero los nazis sólo dormitaban. Inició la guerra en Ucrania en 2022 y los parlamentos europeos y occidentales comenzaron a recibir a los nazis, esos mismos que fueron enemigos en apariencia. Canadá los recibió y los homenajeó (Yaroslav Hunka a sus 92 años era buscado por asesinatos en Polonia).

Canadá los apoya y ya con un pálido Estado de Bienestar que es más de malestar, apoya a los mismos sujetos del Batallón Azov y a todos quienes asesinan el bienestar cada día en Ucrania mediante: reclutamiento forzoso (busificación), incluso a personas con discapacidad o ancianos, maltrato a las mujeres, alistamiento y entrenamiento de jóvenes colegiales en el campo militar, corrupción que niega salud, empleo y vivienda,  -todo excusado en la guerra-, venta de tierras fértiles a poderosos extranjeros y nacionales etc.; pues aunque dicen que es prohibido, BlackRock ya compró tierras fértiles.

Canadá es la expresión de un régimen totalitario que en cualquier momento puede ascender a fascista, en tanto lleva nazis al parlamento y los premia, envía armas y partes de drones a Ucrania, les da dinero y desarrolla actividades anti rusas, entre ellas intentar robar reservas de dinero.

También privilegia a la población ucraniana en suelo canadiense – Ley CUAET, donde se otorga un régimen de emergencia humanitario de entrada fácil, permisos de trabajo abiertos, extensiones, pausa de deportaciones, aunque éstas pueden reactivarse si Zelensky solicita deportaciones para su busificación. Todas estas garantías no se las dan a los propios canadienses, ni a rusos ni ruso-canadienses.

No le basta con ello. Desarrolló una ley de Prohibición de “dealings” -operaciones- y suministro de servicios (SEMA) donde no permite negociar, prestar servicios o recibir pagos de entidades listadas en: Special Economic Measures Act (artículo 8 sobre penas) dicho artículo señala que:

Toda persona que infrinja o incumpla deliberadamente una orden o un reglamento dictado en virtud de la sección 4: (a) comete una infracción punible mediante procedimiento sumario y está sujeta a una multa no superior a veinticinco mil dólares o a una pena de prisión no superior a un año, o a ambas penas; o (b) comete un delito grave (*indictable offence*) y está sujeta a una pena de prisión no superior a cinco años.

Sección 3 – Transacciones y actividades prohibidas: Se prohíbe a toda persona en Canadá y a todo canadiense fuera de Canadá: (a) realizar operaciones con cualquier bien, independientemente de dónde se encuentre, que sea propiedad de, esté en posesión de o esté controlado por —o en nombre de— una persona cuyo nombre figure en el Anexo 1; (b) celebrar o facilitar, directa o indirectamente, cualquier transacción relacionada con una operación mencionada en el apartado (a); (c) prestar servicios financieros o de otra índole conexos en relación con una operación mencionada en el apartado (a); (d) poner bienes a disposición de una persona que figure en el Anexo 1 o de una persona que actúe en su nombre, independientemente de dónde se encuentren dichos bienes;…

Esta ley está dirigida en contra de la libertad de expresión al poner a las entidades que desee incluir el acta, también las norcoreanas, iraníes o cubanas y principalmente las rusas para la cual fue creada la ley. Esto evita que se hable de los desaciertos de sus políticas, la mala gestión de su política de bienestar y el desastre de su libertad de expresión, mientras critican a Corea del Norte o Irán como regímenes totalitarios, pero Canadá lo es más porque dice regirse por una concepción moderna y liberal, pero hace todo lo contrario.

Ellos lucharon contra los nazis cuando ya los soviéticos avanzaban hacia Berlín. Pero siempre mantuvieron simpatías con el nazismo. Una vez acabó la URSS y los motivos por los cuales disputar con un Estado de Bienestar lleno de derechos, volvieron a la privatización y la mala calidad de la gestión pública, poco a poco durante 36 años.

Hoy Canadá es un Estado rumbo al totalitarismo, desde la pantalla de una democracia liberal, es un patrocinador del nazismo, paga asistencia en eutanasia a los pobres y, además, no deja que los ciudadanos se expresen sin fuertes retaliaciones. En síntesis, como todo occidente, es una fachada primermundista, -que señalé en artículo titulado: André Gunder Frank: «El subdesarrollo del desarrollo» avanza en Occidente– con entrañas fascistas y un tercermundismo ciudadano que hoy sale a protestar a las calles en Europa.

Es lamentable que las personas quieran ir a un país así, en donde son desechables en tanto pobres, explotados como mano de obra barata y marginados sin derecho a expresarse. Canadá es la fachada que encubre la miseria y el totalitarismo.

* Todas las imágenes de la ciudad de Toronto.

Europe’s Poverty Divide Persists as New Figures Reveal Huge Regional Disparities

16 October 2026 at 07:04

Nearly 93 million EU residents were at risk of poverty or social exclusion in 2025, with the latest regional figures revealing sharp differences both between and within member states. The findings raise questions about how effectively European investment is addressing longstanding economic inequality.

More than one in five people living in the European Union remained at risk of poverty or social exclusion in 2025, according to Eurostat figures that reveal substantial differences in living conditions across the bloc’s regions.

Approximately 92.7 million people, representing 20.9 per cent of the EU population, fell into the category during the year. Although the total declined slightly from 93.3 million in 2024, regional data show that economic vulnerability remains heavily concentrated in particular areas.

In 26 of the 243 EU regions for which figures were available, at least 31 per cent of residents were at risk of poverty or social exclusion. At the opposite end of the distribution, 24 regions recorded rates below 13 per cent.

The regional figures published by Eurostat show that the highest rate was recorded in French Guiana, at 54.8 per cent, while Slovakia’s capital region, Bratislavský kraj, recorded the lowest at 2.9 per cent.

National averages conceal substantial differences

The contrast is not confined to richer and poorer member states. In several countries, internal regional disparities are more pronounced than comparisons of national economic performance might suggest.

Within Slovakia, the proportion of people at risk of poverty or social exclusion in Východné Slovensko was 9.1 times the rate recorded in the Bratislava region.

In Italy, the equivalent rate in Calabria was 8.1 times that of Valle d’Aosta, illustrating the persistent economic divide between parts of the country’s north and south.

These differences are recorded in Eurostat’s regional living-conditions statistics, which provide a more detailed picture than EU-wide or national averages.

The comparison requires care. Eurostat’s measure of poverty or social exclusion combines three indicators: relative income poverty, severe material and social deprivation, and very low household work intensity.

Consequently, the figures do not mean that every person included lacks sufficient income to meet basic needs. They identify people experiencing at least one of the defined forms of economic disadvantage.

Differences in income, employment, household composition and living costs can also influence the results, making direct comparisons between metropolitan areas, rural districts and overseas territories more complicated than a single percentage might imply.

Nevertheless, the scale of regional variation illustrates why national economic growth does not automatically produce equivalent improvements in living standards throughout a country.

Poverty reduction remains an EU commitment

The European Union has set a target of reducing the number of people at risk of poverty or social exclusion by at least 15 million by 2030, including at least five million children.

The limited annual reduction recorded in 2025 indicates that progress remains modest relative to the scale of that objective.

The problem has become increasingly important for European policymakers as housing costs, energy prices and employment insecurity affect household finances in different ways across member states.

In May, the Commission presented an anti-poverty and housing policy package, bringing together measures concerning social inclusion, housing exclusion and child poverty.

The regional figures indicate that such initiatives will need to account for considerable differences in local economic conditions.

Policies designed for prosperous urban economies may have limited relevance in regions characterised by low employment, weak infrastructure or dependence on a small number of industries. Conversely, economic activity and relatively high average incomes do not necessarily prevent serious poverty problems within major cities.

Cohesion funding becomes a central question

The findings have direct relevance to negotiations over the EU’s next long-term budget, covering 2028 to 2034.

The European Commission’s proposal envisages roughly €450 billion for economic, social and territorial cohesion under national and regional partnership plans, including at least €218 billion for less developed regions.

The proposed structure would combine several funding programmes within broader national plans, with the Commission arguing that the changes could improve coordination and make spending more responsive to local requirements.

However, regional authorities have expressed concern that greater national control over financial allocations could weaken their influence over investment decisions.

As EU Today reported earlier this week, representatives of European regions have warned that the proposed budget arrangements could concentrate decision-making in national capitals.

The latest poverty statistics provide a concrete context for that disagreement. Investment priorities may differ considerably between a region experiencing industrial decline, an agricultural area with limited employment opportunities and a metropolitan district facing severe housing affordability problems.

A central question for EU institutions is therefore how funding allocations will reflect measurable regional needs rather than being driven primarily by national political negotiations.

The Commission maintains that its proposed partnership arrangements will protect allocations for less developed regions and continue supporting social inclusion.

Negotiations over the financial framework will determine how those commitments are translated into enforceable rules, while Eurostat’s figures provide a statistical basis against which future claims of progress can be assessed.

With 92.7 million people still at risk, the debate is not simply about the overall size of the EU budget. It is also about whether spending reaches the communities where economic disadvantage remains most concentrated.

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