El Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de 45 millones de euros para "impulsar" las residencias universitarias en España y facilitar la movilidad de los jóvenes que tengan que desplazarse para estudiar. Según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que se aprobará es un paquete con siete proyectos concretos que se pondrán en marcha "en un muy breve espacio de tiempo" con el objetivo de que, en una primera fase, se puedan crear cerca de 2.000 nuevas plazas en universidades públicas de todo el país.

"La universidad, evidentemente, no es inmune a uno de los principales problemas de nuestro país: el acceso a la vivienda. Cuando un estudiante no puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, lo que sucede es que la universidad deja de ser el motor de prosperidad y de igualdad de oportunidades que todos queremos que sea", ha subrayado el jefe del Ejecutivo tras presidir en el Placio de la Moncloa la firma de la declaración sobre el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, al que también se dará luz verde mañana para reformar el actual, de 2010.

La norma, anunciada a principios de año, se aprobará in extremis, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29-N, con novedades como la atención a la salud mental, la conciliación de los estudios con el trabajo y los cuidados, y una mayor protección para estudiantes con discapacidad. Se actualizará, así, el estatuto aprobado hace ya 16 años, el primero que tenía el estudiantado universitario de la democracia. "Hoy el mundo no es el del año 2010 y la universidad tampoco, ni debe serlo. Han cambiado las formas de aprender, de enseñar y de relacionarse", ha señalado Sánchez, antes de mencionar también el impacto que han tenido las nuevas tecnologías y, sobre todo, la inteligencia artificial (IA) en las aulas.

De igual modo que ha cambiado "la realidad" de los propios estudiantes, cada vez más diversa: ya no todos llegan a la universidad por los mismos recorridos académicos y muchos van a trabajar al salir de clase o tienen que compaginar los exámenes con el cuidado de los hijos o de los padres, o bien sufren algún tipo de discriminación o violencia.

"Todos merecen una universidad que les comprenda, que les acompañe y que les proteja. Porque el talento está repartido por toda la sociedad, lo que no se reparte de la misma manera son las oportunidades entre las personas que componen el sistema universitario y nuestra obligación es conseguir que ninguna circunstancia personal, familiar o económica haga que se imponga un obstáculo a que nadie pueda llegar tan lejos como su esfuerzo y su talento lo permitan", ha defendido, tras celebrar la importancia deesta norma que afectará a casi dos millones de jóvenes "y no tan jóvenes" que estudian en unviersidades de todo el país.

Planes de conciliación y derecho a paro académico

Ese, según Sánchez, es precisamente el "espíritu" del nuevo Estatuto que tienen previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros, para potenciar la participación y la representación del alumnado, promover la movilidad, incidir en el apoyo psicológico y en la salud mental, garantizar la conciliación y proteger los datos y la "desconexión digital". "Ahonda también en la defensa de la integridad académica", ha apuntado.

Según el proyecto de real decreto que se sacó a consulta pública el pasado mes de abril, la norma integra varias medidas clave. Reconoce el derecho a compatibilizar estudios y trabajo y la obligación de que se facilite esa conciliación, para lo cual las universidades deberán elaborar planes generales de conciliación. En esa línea, establece que tiene que haber, por lo menos, dos convocatorias de exámenes por asignatura (una ordinaria y otra extraordinaria) y que se podrá cambiar la fecha de la prueba por motivos de salud, cuidados de dependientes, fallecimiento o enfermedad grave de familiares, representación estudiantil o coincidencia con otras pruebas académicas.

Además, aparece por primera vez la IA y se prohíbe expresamente su uso fraudulento o inapropiado en evaluaciones, trabajos y documentos universitarios. Se refuerzan también las adaptaciones curriculares para el alumnado con discapacidad y necesidades educativas.

El texto establece también que las becas deberán garantizar que ningún estudiante abandone la carrera por motivos económicos y plantea tener en cuenta el coste del alojamiento cuando un alumno haya cambiado de residencia.

Otra de las novedades de la norma es que refuerza la representación estudiantil y se reconoce expresamente el derecho al paro académico, una medida que también estaba incluida en el Estatuto del Becario, que lleva pendiente desde la anterior legislatura.

Desde mediados de los años noventa, en España existen servicios especializados que intervienen en casos conflictivos de separación familiar para garantizar el contacto entre menores y progenitores. Son los llamados Puntos de Encuentro Familiar (PEF), espacios a los que derivan los juzgados en situaciones delicadas y que ofrecen un lugar supuestamente neutro y supervisado por profesionales para facilitar el cumplimiento del régimen de visitas de menores. Se trata, no obstante, de un recurso cada vez más saturado y cuestionado por sus empleadas, que denuncian que, a menudo, detrás de esa situación "conflictiva" que el juez ha decidido pasar por alto apelando al interés superior del menor hay un caso de violencia de género o vicaria.

En su última memoria, la Fiscalía aseguró que la "saturación" de estos servicios es "uno de los problemas civiles más extendidos" de 2025, y que ha empeorado respecto al año anterior. Según recoge el documento, las fiscalías de ciudades como Burgos, Córdoba o Madrid reportaron el año pasado listas de espera "que impiden iniciar las visitas supervisadas durante meses" una vez acordadas judicialmente. El Ministerio Público considera que son recursos "muy útiles e incluso imprescindibles" en rupturas de elevada conflictividad, aunque advierte de que siguen siendo insuficientes. En algunos territorios existe un único centro para toda la provincia, mientras que otros presentan horarios limitados, instalaciones insuficientes o están alejados del domicilio del menor.

El problema, sin embargo, no es únicamente de recursos. Profesionales especializadas en la infancia y la violencia de género que tienen contacto con estos puntos de encuentro familiar ponen el foco en otra carencia: "Nuestra mayor problemática ya no es el número de centros o de horas, sino la falta de perspectiva de género en los puntos de encuentro familiares", señala a 20minutos Eva Atance, trabajadora social especializada en violencia de género. "No se puede trabajar familiar con violencia. No se puede", subraya.

Coincide con Lupa Pérez, psicóloga sanitaria especializada en violencia de género en menores, que insiste en que a veces "hay casos de violencia machista o vicaria detrás", pues los agresores utilizan a los niños para castigar o manipular a la madre a través de estos espacios. "No se cuida ni la protección de la mujer y, sobre todo, no se cuida la vulnerabilidad del menor", sostiene.

Obviar la violencia para mantener el vínculo con el padre

Estos servicios especializados intervienen en situaciones de separación familiar y pueden utilizarse simplemente para las entregas y recogidas de los menores (en el caso de Juana Rivas, por ejemplo, se utilizó un punto de encuentro familiar para la entrega de su hijo menor al padre) o para facilitar visitas supervisadas cuando existe sospecha de riesgo, trato inadecuado o una relación que debe recuperarse progresivamente. Pero lo normal es que se use como un espacio en el que el progenitor —habitualmente el padre— mantenga el contacto con sus hijos en situaciones de separación, divorcio o incluso situaciones de violencia de género.

Y es precisamente ahí donde las profesionales consultadas sitúan uno de los principales problemas: aseguran que en muchas ocasiones se utilizan estos puntos cuando ha habido maltrato porque los casos de violencia machista y las custodias se llevan por procedimientos judiciales separados, lo que propicia que, aunque exista una denuncia, una orden de protección o antecedentes de violencia, el conflicto pueda terminar abordándose en el punto de encuentro como una cuestión de relaciones paterno-filiales. "Ponemos parches a la violencia, pero luego realmente en un punto de encuentro, como estamos hablando de familia, ya obviamos la violencia", señala Atance.

De hecho, la propia Fiscalía habla en su memoria del modelo "pionero" que desplegó la Región de Murcia en 2015, bautizado como PEFVIOGEN, "exclusivo para supuestos de violencia de género", que permite supervisar de forma especializada los regímenes de visitas con rendición de cuentas periódica al juzgado y al Ministerio Fiscal. Según datos del Gobierno autonómico, en los seis primeros meses de 2026 estos puntos habían atendido a 143 menores y a 104 familias.

Sobre esta contradicción hace hincapié Gema Cornejo, abogada experta en derecho de familia y violencia de género: "Yo llevé un caso en el que había una condena al padre por darle una patada a su hija menor y el juez le prohibió las visitas a ella, pero no a su hermana mayor, alegando que ella sí tenía vínculo con el padre y necesitaba verle", cuenta a este periódico. A su juicio, estos recursos se emplean como solución intermedia en casos en los que lo que realmente debería existir es una suspensión del régimen de visitas.

"Normalmente son muy reacios a suspender las visitas porque entienden que es más perjudicial para el menor cortar el vínculo con el progenitor y usan esos puntos de encuentro, que al final no siempre funcionan porque es un suplicio para esos niños que muchas veces van obligados porque tienen miedo al padre y se quedan en un rincón", relata Cornejo, que muchos niños acaban somatizando ese miedo con dolores de estómago o incontinencia fecal. Además, en los casos en los que ha habido violencia de género acaba produciéndose una revictimización de la madre obligada a llevar a sus hijos a estos puntos y a coincidir de forma indirecta con sus agresores.

"Yo he discutido con compañeras que proponían devolver la tutela a un señor con una orden de protección en vigor"

Habitualmente los equipos están formados por una psicóloga, una trabajadora social y, en algunos casos, una educadora social. Estas profesionales deben desarrollar las visitas, elaborar informes y trasladarlos a la Fiscalía. Pero, para Atance, todo esto pierde el sentido sin una debida formación con perspectiva de género. La trabajadora social considera especialmente problemático que profesionales de los PEF puedan elaborar informes en los que se plantee retirar la supervisión de las visitas sin tener en cuenta el contexto de violencia.

En esa línea, cuenta que se ha encontrado con situaciones en las que los profesionales "creen más al agresor que a la víctima". "Yo he tenido muchas discusiones con compañeras mías por proponer la recuperación de la tutela a un señor que tiene una orden de protección en vigor y lo que me responden es que su trabajo no es la violencia de género, sino ver cómo está el menor... pero hay que tener un poco de perspectiva", defiende.

La tarea pendiente: escuchar al menor y ver el contexto

La Fiscalía sí defiende este tipo de recursos como necesarios en situaciones delicadas. Su utilidad, dice en la memoria, es "indiscutible" en aquellas situaciones "sin duda complejas en que es necesario restablecer una relación paternofilial muy dañada o rota, o con gran conflictividad entre los progenitores". Pero para las tres profesionales consultadas por este periódico, la utilidad de estos puntos pierde fuerza o incluso genera el efecto contrario si se usa al margen del contexto en el que se produce la ruptura familiar, especialmente en casos en los que ha habido violencia.

Había un par de leyes en tramitación que buscaban atajar este tipo de situaciones fortaleciendo la escucha a los menores de 12 años (que es el límite establecido actualmente por ley para tener en cuenta su opinión), pero ambas han caído por el sumidero de la legislatura al convocarse elecciones anticipadas. El tener en cuenta la voluntad del niño es algo que llevan reivindicando desde hace años las entidades de infancia. "Hay que escucharles y, en función de la edad, si no saben expresarse aún porque son pequeños, te dan muchas pistas. Un niño que se esconde debajo de la mesa del colegio cuando va a venir el padre a buscarle te dice muchas cosas y no te lo ha contado con palabras", subraya la abogada Gema Cornejo.

Según concluye Eva Atance, no ayuda tampoco que las trabajadoras sociales tengan contratos precarios de 16 horas semanales: "Lo que hay es un cúmulo de problemáticas que siguen fomentando que este sistema no funcione".