Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrán que decidir en las próximas semanas quién preside durante el próximo lustro el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la instancia por donde pasarán previsiblemente los casos de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez; o del empresario Alberto González Amador, vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Entre los seis aspirantes figura María Jesús del Barco, la presidenta de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien lleva años ejerciendo la portavocía oficiosa del sector de la judicatura contrario a diversas políticas del Gobierno.

Del Barco, actual decana de los juzgados de Madrid, ha llegado a decir que las matemáticas “nunca traen nada bueno”, en referencia al acuerdo del PSOE con varios partidos para investir a Pedro Sánchez a finales de 2023; o que en las leyes del Gobierno “hay que leer entre líneas y saber quién tienes enfrente”. También ha aventurado que España se aproxima a “un régimen de aquellos que le gustan a algunos y está al otro lado del Atlántico”, sin desvelar si se refería a Cuba o Venezuela.

Todas esas afirmaciones las hizo en febrero de 2025, en un acto celebrado en el Congreso de los Diputados al que acudió invitada por el Partido Popular. Previamente, con ocasión de la ley de amnistía, lideró desde su asociación la oposición a esa norma. De hecho, antes incluso de que se aprobara la ley, la APM auguró “el principio del fin de la democracia” y afirmó que es una medida que rompe las reglas de la Constitución de 1978 y “vuela por los aires el Estado de Derecho”. Del Barco llegó a decir que tras el “señalamiento” a jueces por parte de Junts, lo siguiente sería colocar a los magistrados “la estrella de brazalete”, en alusión al que imponían los nazis a los judíos.

Entre los aspirantes a presidir el TSJM figuran también otros tres miembros de la asociación conservadora, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. Se trata de Francisco Manuel Oliver Egea, quien formó parte de los Ejecutivos de Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre e Ignacio González. Con la primera fue director de la Agencia Madrileña de Tutela del Adulto y con el segundo fue director general de Seguridad e Interior bajo el mando del entonces consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, según publicó infoLibre. 

En la lista aparece también José Manuel Suárez-Robledano, quien fue elegido consejero del Tribunal de Cuentas en junio de 2012 por el Congreso a propuesta del PP. Cuando estaba en el órgano fiscalizador, votó a favor de librar a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de la condena a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a un fondo buitre a un precio por debajo de mercado. 

Al igual que Del Barco, Suárez-Robledano fue portavoz de la APM. Entre los aspirantes que son afiliados a esta asociación está también María Prendes Valle, magistrada del TSJM que se encuentra actualmente en comisión de servicio en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. 

En la lista de candidatos aparece también la magistrada María Jesús Millán, actual directora del Servicio de Formación Continua del CGPJ. Millán, que no está asociada, ocupó el puesto de directora de la Escuela Judicial, el órgano técnico donde se forman los jueces. Fue elegida durante el anterior mandato gracias a los votos de los consejeros conservadores.

El único aspirante afiliado a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia es Leandro Martínez Puertas, actual magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Ha estado destinado en órganos de naturaleza penal, con destinos en Canarias y la Comunidad de Madrid.

Los aspirantes serán convocados por la Comisión de Calificación del CGPJ a una comparecencia por videoconferencia en la que detallen su currículo y sus méritos. Una vez concluidas las comparecencias, está Comisión de Calificación formulará una terna al pleno. Los nombramientos requieren 13 votos, lo que requiere el acuerdo entre parte de dos bloques del órgano, formado por diez vocales elegidos a propuesta del PP y diez a iniciativa de PSOE y Sumar, a los que se suma una presidenta, Isabel Perelló. 

Lourdes Cavero, la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha comparecido como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a su marido. En el interrogatorio, que apenas ha durado diez minutos, la mujer ha negado que Dragados pagara la reforma del jardín de su chalet de Aravaca poco después de que ACS —su empresa matriz— resultara adjudicataria de las obras del campo de Golf que el Partido Popular levantó en el centro de Madrid. Este juicio deriva de la investigación por el supuesto amaño en la construcción del ese campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II.

“Yo esos documentos no los reconozco (...). Dragados no intervino absolutamente para nada en el jardín de mi casa”, ha respondido Cavero cuando la fiscal le ha exhibido dos facturas emitidas a nombre de una paisajista y pagadas por Dragados correspondientes a la misma dirección en la que está ubicada la casa de González y Cavero. Esas facturas fueron halladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando registró su domicilio en 2017.

La mujer ha asegurado que le entregaron la casa sin jardín y que ella se encargó de gestionar la reforma con la paisajista Lucía Serredi, a la que pagó 9.000 euros en efectivo a medida que iban avanzando las obras en entregas de 1.500 euros. “¿Tiene recibo de esos pagos?”, le ha preguntado la fiscal. “No tengo ningún recibo”, ha respondido Cavero, quien ha asegurado que sacó ese dinero de sus cuentas bancarias y que a ella no se lo entregó ninguna persona. 

La fiscal ha recordado que, durante la fase de instrucción, la paisajista dijo que fue Dragados quien le envió los presupuestos. Serredi estaba citada como testigo este lunes, pero no acudió a la citación. El presidente del tribunal ha comunicado en la sesión de este martes que cuenta con informes médicos que acreditan que es una persona de 86 años con un delicado estado de salud, lo que no aconseja su traslado a la Audiencia Nacional. Y que, en consecuencia, se reproducirá la declaración que prestó durante la investigación. 

En la sesión de este martes también ha comparecido Paz González García, que fue concejala en el Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón. González García formaba parte del Consejo de Administración del Canal que acordó por unanimidad la adjudicación directa a Dragados de la modificación del contrato que suprimía la creación de un helipuerto y zonas ajardinadas para instalar el campo de golf.

A preguntas de la fiscal, González García ha defendido que su voto favorable se debió a que consideraba que “todos los acuerdos venían respaldados por los informes técnicos y jurídicos necesarios” y a que los consejeros tenían solo la “información básica”.

La testigo ha asegurado también que “nunca” tuvo información de que ese contrato incluía la subcontratación de la sociedad Tecnoconcret (TCT), propiedad del hermano de Ignacio González, Pablo Manuel; su cuñado, Juan José Caballero; y un socio de estos últimos. “¿Esa información la considera relevante para emitir un voto?”, le ha preguntado entonces la representante del Ministerio Público. “Por supuesto”, ha respondido la testigo. El Ayuntamiento de Madrid, que en su día puso reticencias al proyecto, ejerce la acusación particular en el juicio.

La sesión de este martes ha contado con la declaración de otros testigos que han respaldado la tesis de Ignacio González y el resto de acusados de que la adjudicación fue totalmente legal. Es el caso de la presidenta de la mesa de contratación, que ha insistido en que nadie le dio “ninguna indicación” al respecto y en que no tenía “ninguna relación” con Ignacio González. 

“Si en 650 contratos nos dedicamos a ver quiénes son los accionistas de los que se presentan, no le quiero contar lo que podríamos tardar”, ha dicho cuando la fiscal le ha preguntado si el Canal indagaba de algún modo la composición accionarial de los licitadores. 

La declaración de otros testigos ha evidenciado las contradicciones con lo afirmado hace casi una década ante el juez instructor. Es el caso de una antigua trabajadora de Soto Once, empresa especializada en negocios deportivos que resultó adjudicataria de la explotación del campo de golf junto a una filial de ACS (Iridium) y la citada TCT. 

Durante la fase de instrucción, esta trabajadora afirmó que cuando en Soto Once se supo que iban a acudir a la licitación con Dragados, Iridium y TCT, se sabía que Pablo González estaba detrás de esta última. Este martes, ante el tribunal, ha afirmado que no conocía la “relación exacta” que esta empresa tenía con el hermano del entonces presidente de la empresa pública de aguas y vicepresidente autonómico. “Han pasado veinte años, mi recuerdo es bastante difuso”, ha dicho la testigo cuando la fiscal ha señalado esta contradicción.