Julio Martínez Martínez, el empresario amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, envió un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el pasado 20 de julio en el que se mostraba dispuesto a colaborar en la causa en la que se indaga en si el expresidente del Gobierno lideró una trama de influencias que maniobró para que, entre otros asuntos, la aerolínea Plus Ultra se hiciera con un rescate público de más de 50 millones. Un día después de que al juez le llegara ese escrito, Martínez Martínez declaró ante él y, ahora cuando se cumplen tres meses de ese capítulo, la transcripción de lo que dijo ante el juez ha sido puesto a disposición de las partes.

A lo largo de las 35 páginas lo que queda claro es que al magistrado Calama no le convencieron para nada las explicaciones de Julio Martínez. Tanto es así que, tras preguntas y repreguntas sobre el origen de determinados cobros en sus cuentas -la mayor parte por negocios relacionados con Venezuela-, el juez le indicó en varias ocasiones que quizá lo mejor sería que enviara “un escrito ampliatorio”. La declaración de Martínez Martínez basculaba entre su defensa de la existencia de un trabajo de intermediación real y la desmemoria y falta de fluidez para aclarar el origen de pagos a empresas chinas.

“Es que no sé cómo explicarlo”, decía sobre por qué cobró 169.000 euros en 2025 de una mercantil china a la que facilitó negocios relacionados con la compra venta de minerales en Venezuela. El juez no entendía qué había hecho él para cobrar, y por eso insistía: “Hago esa gestión de que esos barcos vayan a Venezuela”. Para Calama tanta “logística” y tanta “gestión” no le valían -“son términos muy genéricos”- y volvía repreguntar intentando meter en la ecuación a Zapatero. Pero quien fuera amigo del expresidente no le mezcló en esos negocios y sostuvo que, aunque viajaron juntos en siete u ocho ocasiones a ese país, fue para asuntos distintos y con agendas separadas. “Perdón, el señor Zapatero aquí no hace nada”, le dijo al juez.

Dado que al juez no le valían las explicaciones, llegó a interpelarle: “Mire, se lo voy a decir más claro, si quiere me contesta y, si no, no me contesta, pero no me gusta que me hagan la rueda de hámster”. Julio Martínez trató de subirse al carro del interrogatorio pero no terminaba de entrar porque sus respuestas eran vagas y poco precisas. En un momento dado, confirma que él facilitaba gestiones contactando con autoridades venezolanas, pero no daba nombres porque no se acordaba. Y eso a Calama le molestó: “No estamos hablando de las guerras púnicas, estamos hablando de octubre de 2025”. Finalmente, Julio Martínez dio un nombre: “Vamos a ver, mi relación fundamental en Venezuela es con la vicepresidenta Delcy Rodríguez”.

Lo que, a juicio del juez, eran respuestas poco claras se extendieron al tema clave de la causa, el rescate millonario de Plus Ultra y el papel que pudieron jugar Zapatero y él para facilitarlo. “Hablan a veces de acompañamiento y cosas así curiosas, pero si la empresa -Plus Ultra- cumplía los requisitos de la orden ministerial que se dictó, tampoco necesitaban, no les necesitaban a ustedes en principio salvo que lo que hicieran ustedes eran gestiones con la SEPI o con otro tipo de funcionarios o autoridad”, llegó a indicarle el magistrado tratando de arrojar luz sobre qué pudo hacer el expresidente en favor de la aerolínea.

Martínez Martínez una vez más sabía que su respuesta no iba a gustar al juez -“lo que le voy a decir no le va a gustar a usted, señoría”- pero aun así explicó que ellos vieron que esa empresa estaba “loca por financiación” y que la compañía se encargó de todas las labores administrativas. Plus Ultra le informaba de los pasos y él a su vez le transmitía a Zapatero: “Yo, obviamente, en mi regularidad informo al presidente Zapatero de lo que ellos están haciendo... Es que no sé cómo explicarlo”.

“No me creo” el trabajo de las hijas, dijo el juez

Calama volvía a la carga indicándole que ellos recibieron “un pastón de Plus Ultra” -la investigación sostiene que cobraron el 1 por ciento del rescate, 530.000 euros- y entendía que no lo harían “por nada”. Acto seguido le soltó a la cara la tesis acusatoria, y es que la aerolínea compraba los contactos de Zapatero con las autoridades y los funcionarios de la SEPI y quizá con alguien de “más arriba”. “Luego se viste el santo en esa serie de informes no sé si simulados o de escasísimo valor (...) para pagar el tráfico de influencias”, añadió. A esto, Julio Martínez respondió la frase clave de su declaración: “Lo que hace el presidente Zapatero, yo lo desconozco”.

Por otro lado, sobre los pagos a la empresa de las hijas de Zapatero desde su mercantil Análisis Relevante -más de 200.000 euros-, Julio Martínez defendió que ambas hicieron al principio un buen trabajo. “Nosotros firmamos un contrato de iguala de alrededor de 3.000 euros al mes y, al principio, de verdad creo que debo de ser honesto, la verdad, trabajan muy bien”, dijo, para añadir que hicieron labores de seguimiento de informes, organización de webinars, etc. Pero Calama volvió a ser cortante: “Bueno, sobre este tema, que yo no me lo creo, digo abiertamente que no lo creo, haremos una investigación muy exhaustiva”.

La Agencia Tributaria, principal perjudicada en el caso en el que está imputado Víctor de Aldama por un fraude millonario del IVA en el sector de los hidrocarburos, no quiere que el empresario y comisionista sea quien venda sus propios vehículos de alta gama para el juzgado que le investiga. Fue en agosto cuando Aldama se dirigió al juez Santiago Pedraz para explicarle que quién mejor que él para vender en el mercado sus coches, incluido un flamante Ferrari F12 de coleccionista. Aldama no se fía de que tengan buena salida en una subasta oficial y prefería encargarse personalmente.

Sin embargo, el escrito de Hacienda al que ha tenido acceso elDiario.es indica que debe oponerse a ese ofrecimiento porque la representación legal del comisionista ha hecho una proposición “genérica y sin corroboración objetiva”: “Se plantea una venta en mercado como posibilidad más ventajosa, pero esta petición no viene acompañada de una oferta de compra concreta de los vehículos por importe superior u otros datos que permitan justificar la conveniencia de acceder a lo solicitado como medida alternativa a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)”.

Frente a ese ofrecimiento carente de detalle, la Agencia Tributaria explica que el Ministerio de Justicia sí ha explicado que hará una subasta electrónica a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Y añade que la defensa de Aldama no debe olvidar que al ser una subasta pública en ella puede participar cualquier persona que cumpla los requisitos y que el precio de salida no tiene por qué ser el de venta ya que depende de las pujas que se hagan.

Fue a finales de agosto cuando la ORGA informó de que procedía a organizar esa subasta pública de varios de los vehículos de Aldama porque el mantenimiento de los mismos cuesta dinero al erario público y pueden llegar a perder valor al estar aparcados durante tanto tiempo en los depósitos judiciales. El objetivo es que esa venta sirva para hacer frente a las posibles multas e indemnizaciones futuras, se busca obtener de ellos el mayor valor posible.

Tras pedir un peritaje a la tasadora Tinsa, la ORGA informó a Pedraz de que el precio de subasta del Ferrari sería de 241.613 euros. El modelo en cuestión está matriculado en 2013 y lleva sin pasar la ITV desde 2024. Además, indicaba que a ese vehículo se unían para la subasta tres todoterreno de la marca Land Rover que sumarían un valor de tasación total de 200.000 euros.

En mayo de 2025, la defensa de Aldama pidió expresamente al juez Pedraz que no autorizara esas subastas de sus vehículos al entender que con esa medida se vulneraba su presunción de inocencia. Solicitó, además, que se acordara mantener los vehículos a resguardo y en “buen estado de conservación”. Luego, en agosto de 2026 fue cuando pidió encargarse él de la venta al entender que lograría un mejor precio.

Cabe recordar que en esta causa, que gira en torno a la instrumentalización que supuestamente hicieron Aldama y su socio Claudio Rivas de la operadora Villafuel, se investiga una trama que liderarían ambos y a la que se le atribuye un fraude del IVA de 231,7 millones de euros. Varios de los Land Rover que entrarían en esa subasta eran utilizados no solo por Aldama sino también por su socio y por la esposa de este, Stella Duarte, según consta en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El empresario Víctor de Aldama tiene una oportunidad de oro para vender el edificio que posee en Málaga y quitarse una deuda de 3,5 millones, que fue lo que le costó comprar en su día el solar. Pero tiene un problema, esa propiedad, al igual que el resto de su patrimonio, está en manos de la Audiencia Nacional, en concreto en manos del magistrado Santiago Pedraz, que le investiga en el caso Villafuel por ser uno de los presuntos cabecillas de una trama que perpetró un fraude millonario en el IVA del sector de los hidrocarburos.

Para salvar ese obstáculo, la representación legal del comisionista ha pedido al juez que le permita enajenar, esta vez sí, ese inmueble para sufragar el importe del préstamo. Y advierte de que en caso de que no le permitan vender, hay riesgo cierto de 'okupación'. Aldama ya intentó sin éxito en 2025 poder vender esa propiedad que está a nombre de Logística Comercial Montelimar, mercantil de la que es administrador único.

El escrito de la defensa de Aldama, al que ha tenido acceso elDiario.es, señala que para poder construir ese edificio en Málaga, el comisionista firmó en agosto de 2023 un contrato de préstamo con la mercantil Invercenter USA inc. para así poder disponer de fondos para adquirir ese terreno. Adquisición a la que se había comprometido con otra de sus mercantiles, la portuguesa Atmosferaudaz Unipessoal Lda.

El objetivo de Aldama era poder sacar adelante ese proyecto inmobiliario con esas dos sociedades en UTE: Logística Comercial Montelimar y Atmosferaudaz.

Las empresas portuguesas

Según la investigación patrimonial llevada a cabo en el marco de este caso concreto, Aldama habría utilizado empresas como la mercantil Lógistica Comercial Montelimar para retornar los fondos de origen delictivo que pudo sacar previamente a Portugal. De hecho, otro informe que consta en el caso realizado por la Agencia Tributaria expone que tiene registrados dos movimientos de entrada de capital desde una cuenta portuguesa desconocida por valor de 3,5 millones de euros. Hacienda recalcaba que, a juzgar por las declaraciones tributarias de esa mercantil, su volumen de facturación no justificaba esos cobros. A los 12 días de haber recibido tal cantidad de dinero, compró por 3,52 millones ese solar en Málaga.

A pesar de estas sospechas, Aldama vuelve a la carga y explica que necesita vender ese inmueble porque la fecha prevista para la devolución de los 3,5 millones del préstamo era el 29 de febero de 2024. Lamenta que ese plazo no ha podido cumplirlo a consecuencia de la investigación abierta contra él y las medidas cautelares adoptadas contra su patrimonio.

Aldama adjunta a ese escrito tanto el contrato de compradel solar como el firmado con los posibles compradores del edificio. Defiende que en el primero “se evidencia el origen de los fondos con los que se llevó a cabo dicha operación inmobiliaria, que se encuentra completamente desvinculado de lo que conforma el objeto del presente procedimiento”.

Advierte, por otro lado, que existe “riesgo cierto de ocupación del edificio” porque ya en mayo de 2025 se tuvo que denunciar ante la policía que un grupo de personas “realizaron actuaciones tendentes a la ocupación del inmueble”. Recuerda que al respecto se incoaron diligencias en un juzgado malagueño por posibles delitos de daños y usurpación.

En este sentido, conisdera que el hecho de que haya un procedimiento abierto no impide que hechos aprecidos puedan volver a tener lugar, y considera que “la eventual ocupación causaría daños irreparables a la propiedad” e impediría la venta del edificio y la posterior devolución del préstamo.

Esta petición llega después de que en septiembre el comisionista pidiera ser él quien llevara a cabo la venta de su Ferrari F12, que también le fue incautado por el caso Villafuel, al entender que la cifra 241.000 euros por la que iba a ser subastado se quedaba corta.

El juez del Tribunal Central de Instancia (la nueva denominación de la Audiencia Nacional) Antonio Piña ha enviado este martes a prisión provisional por presuntos delitos de terrorismo a los dos detenidos el pasado sábado por la Ertzaintza. Según la información policial inicial, en septiembre se les intervino información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un depósito de armas y explosivos. El juez Piña, en el auto de encarcelamiento, da por buena esa tesis y concreta que tenían “planos” de “zulos” (en plural) de ETA, “listados” de guardiaciviles, el “contenido íntegro” del móvil clonado de un agente de la Policía Nacional, “fotografías” de vehículos policiales, símbolos de ETA e imágenes de “entrenamientos para la perpetración de actos violentos o contra la paz pública”.

El fiscal Vicente González Mota había solicitado la prisión provisional para ambos detenidos. Es una medida extrema que se adopta si hay riesgo de fuga o un peligro real, y el magistrado ha entendido que las acusaciones son sólidas. Los dos detenidos son un hombre de 34 años y una mujer de 22, a los que se les relaciona con un grupo disidente abertzale que ya estaba siendo investigado, Jarki. Cuando se inició la operación, en septiembre, iban acompañados de un irlandés presuntamente relacionado con la disidencia del IRA.

El grupo fue detectado en un control de carretera en la GI-627, en Eskoriatza. Eran las 4.03 horas del 26 de septiembre, la víspera del Gudari Eguna. Iban en un Toyota Yaris amarillo conducido por ella, con él de copiloto y el irlandés en la parte trasera. Pesaban sobre ellos avisos de Italia y Francia por “razones de seguridad nacional”.

En el asiento del copiloto, el hombre de 34 años, al que se describe como “motor principal” de Jarki, tanto para la “captación” de militantes como para otras tareas, llevaba una mochila con “evidencias sospechosas” de un zulo y otro material, como un listado manuscrito de matrículas de vehículos. Había pendrives de Jardun, la coordinadora de la que forma parte Jarki. Se indicó a los ertzainas que venían de Navarra, de la sierra de Urbasa, la zona de los planos del zulo. La joven llevaba en el bolso dos teléfonos satelitales “que permitían enviar mensajes de texto encriptados sin cobertura de móvil ni internet”. No llevaban móviles normales, para evitar ser localizados, siempre según la versión oficial.

Entre el material recopilado y analizado 'a posteriori' han aparecido símbolos de ETA, fotografías de “entrenamientos” para la “perpetración de actos violentos” y hasta el clonado de un dispositivo de un agente de la Policía Nacional. No se explica por qué quedaron en libertad tras este control y no fueron arrestados hasta este sábado, cuando dos de ellos, los de nacionalidad española, se presentaron con un abogado en la comisaría de Irún de la Ertzaintza.

La defensa de Cristina Álvarez, la asesora que fue procesada junto a Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado, ha presentado un escrito en el que solicita abrir una investigación para dar con la persona que realizó fotografías de ambas en una de las vistas que se celebró a puerta cerrada, la de la audiencia preliminar, y que posteriormente filtró al medio Libertad Digital. Fueron publicadas el pasado 9 de octubre.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, en realidad el letrado deja poco lugar a la imaginación de una futura investigación porque, tras cruzar las fotos, los encuadres y los vídeos de esa audiencia celebrada el día 15 de junio, señala a un abogado de Iustitia Europa como el filtrador de esas imágenes en las que se veía a la esposa del presidente del Gobierno junto a Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.

“Si observamos detenidamente las imágenes filtradas a Libertad Digital, y las comparamos con la grabación de la vista entregada a las partes, es muy fácil observar el tiro de cámara desde el que se realizaron las fotos y, de este modo, determinar la identidad del autor de esta ilícita filtración”, indica el letrado en un ejercicio de deducción poco habitual en este tipo de escritos jurídicos.

El abogado, José María de Pablo, se fija primero en dos de las imágenes filtradas, y explica que fueron realizadas “desde el lado ocupado por los abogados de la acusación popular” porque en primer plano aparece Begoña Gómez, que era la que más cerca de ellos estaba. Añade que fue tomada por un abogado que estaba situado fuera de los estrados y a la misma altura que los investigados.

Indica que cruzando esa foto con la imagen proporcionada por el juzgado solo pudieron captar esa imagen dos personas: el letrado de Iustitia Europa o la de Manos Limpias: “Se van a convertir en nuestros primeros sospechosos”, indica.

Tras esa primera deducción, la 'investigación' da un giro inesperado porque tras revisar la grabación ve que una vez terminada la audiencia preliminar tuvo lugar la vista de medidas cautelares. Y ahí se produce la salida de la abogada de Manos Limpias, y de otros letrados. Y se puede apreciar como el de Iustitia Europa cambia de sitio, sube a la zona de estrados.

De Pablo explica que ese cambio de ubicación se puede apreciar también en las fotos filtradas a Libertad Digital, donde “se observa sin dificultad ese cambio de tiro de cámara”. “El autor ya no se encuentra a la altura de las investigadas fotografiadas, sino por encima de ellas —en estrados— y claramente por delante”, dice.

“A juicio de esta defensa, no existe ninguna duda acerca de la autoría de la filtración”, concluye, para señalar al letrado de Iustitia Europa. Y recuerda que la conducta “no constituye una mera irregularidad procesal” sino que comporta “una grave lesión de los derechos fundamentales de las personas fotografiadas”. Entiende que la captación y difusión de la imagen en el interior de la sala durante unas vistas celebradas a puerta cerrada “vulnera su derecho a la intimidad personal y a la propia imagen, y su derecho a la protección de datos personales”. Atenta, además, al derecho a la presunción de inocencia “al exponer a la opinión pública a quien ostenta la condición de investigada en un procedimiento de máxima repercusión mediática”.

Por todo esto, el letrado pide que la apertura de pieza separada “a fin de esclarecer la autoría de la filtración, las circunstancias en las que las fotografías fueron tomadas y posteriormente facilitadas al medio de comunicación, así como determinar, en su caso, las responsabilidades penales y disciplinarias que pudieran derivarse”. Añade que, también, debe remitirse el resultado de la investigación al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid por si la conducta tuviera efectos disciplinarios.