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Más condenas y persistentes fallas contra la trata de personas en Guatemala, según informe de Estados Unidos
El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Guatemala en el Nivel 2 de su reciente Informe sobre la Trata de Personas 2026, al concluir que el país no cumple por completo los estándares mínimos para erradicar este delito, aunque incrementó sus acciones de persecución, identificación de víctimas y asistencia durante 2025.
El documento destaca que las autoridades guatemaltecas procesaron a más sospechosos que el año anterior, identificaron a 837 víctimas y condenaron a dos exfuncionarios penitenciarios por su participación en casos de explotación sexual dentro de cárceles. A la vez, advierte que la trata laboral suele recibir un tratamiento administrativo, que faltan servicios para víctimas adultas y que hay denuncias de corrupción y complicidad de funcionarios.
Menos investigaciones pero más sospechosos ante la Justicia
La legislación guatemalteca castiga la trata sexual y laboral con penas de entre ocho y 18 años de prisión, además de multas. El informe señala que esas sanciones son proporcionales a otros delitos graves, como la violación, aunque cuestiona que la norma no exija demostrar fuerza, fraude o coacción en los casos de trata de adultos.
Durante 2025, las autoridades investigaron 369 casos de trata de personas, frente a 765 en 2024. Del total, 117 correspondieron a trata sexual, 68 a trata laboral y 184 a modalidades no especificadas. El Gobierno atribuyó la baja a un incidente cibernético que habría generado denuncias duplicadas durante el período anterior.
Pese a esa reducción, la cantidad de sospechosos procesados pasó de 63 a 81 personas. La Justicia inició causas contra 48 acusados de trata sexual, 18 de trata laboral y 15 por otras formas de explotación. Además, condenó a 36 tratantes, la misma cifra de 2024: 34 por explotación sexual y dos por explotación laboral.
El Gobierno no informó las penas impuestas a esas 36 personas. La fiscalía especializada emitió directrices para que los fiscales apliquen plenamente la ley contra la trata, aunque el Departamento de Estado remarcó que muchos casos de explotación laboral todavía se tramitan como incumplimientos de la legislación laboral y no como delitos penales.
Condenas a dos exfuncionarios penitenciarios por trata sexual
El informe dedica un apartado a la explotación de mujeres y niñas encarceladas en prisiones para hombres. Las autoridades iniciaron procesos contra 22 guardias penitenciarios por trata sexual, aunque observadores locales sostuvieron que en varios expedientes los sospechosos fueron acusados bajo figuras con penas menores.
En un proceso separado, un tribunal condenó a dos altos funcionarios penitenciarios por delitos similares. Uno recibió una pena de 13 años y cuatro meses de prisión y el otro fue sentenciado a 21 años y cuatro meses.
El documento también menciona arrestos y procesos contra otros agentes estatales por presunta complicidad u obstrucción de investigaciones, sin aportar detalles sobre esos casos. La corrupción de funcionarios, incluidos policías, inspectores laborales y autoridades locales, continúa como un factor que limita la respuesta estatal.
Guatemala mantuvo una unidad policial especializada, una fiscalía contra la trata y cuatro juzgados con competencia sobre esos delitos. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y funcionarios señalaron que la capacidad para detectar e investigar casos fuera de las principales ciudades sigue siendo limitada. La fiscalía amplió su cantidad de investigadores, pero las unidades encargadas de la respuesta penal aún enfrentan falta de fondos y personal.
Asistencia a 325 de las 837 víctimas identificadas
Las instituciones públicas identificaron a 837 víctimas en 2025, frente a 756 del año anterior. Entre ellas hubo 146 personas explotadas sexualmente, 542 sometidas a trata laboral y 149 víctimas de modalidades no especificadas. Las autoridades detectaron además a 22 extranjeros explotados dentro del país.
Del total identificado, el Gobierno informó que brindó servicios a 325 víctimas. La cifra representa una mejora frente a las 124 personas atendidas en 2024, aunque deja fuera de la asistencia estatal a la mayoría de quienes fueron reconocidos como posibles víctimas.
Los servicios alcanzaron a 127 personas sometidas a explotación sexual, 44 a trata laboral y 154 a otras formas de explotación. Una organización no gubernamental prestó parte de esa atención con financiamiento público.
La Secretaría de Bienestar Social (SBS) administra tres refugios especializados para niñas víctimas de trata o violencia sexual, dos en la capital y otro en un departamento cercano. La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) gestiona un albergue temporal destinado a mujeres migrantes y sus hijos pequeños.
El informe advierte que existen pocos servicios para víctimas adultas que no ingresan al refugio de la SVET y que no hay albergues ni programas específicos para hombres adultos. También señala carencias en las zonas rurales.
En 2025, el Estado destinó 10.41 millones de quetzales, equivalentes a USD 1.360,000, a programas de refugio, y 4.5 millones de quetzales, unos USD 587,467, a una organización que ofrece atención especializada.
Protocolos actualizados con obstáculos persistentes para las víctimas
Las instituciones tienen un protocolo de identificación, derivación y atención de víctimas, aunque observadores indicaron que numerosos funcionarios desconocen su contenido. El Ministerio de Trabajo actualizó, además, la guía para inspectores laborales con nuevos indicadores de riesgo y mecanismos de derivación de casos.
En noviembre de 2025, el país aprobó una ley contra las pandillas que castiga con entre 14 y 18 años de prisión el reclutamiento o la coacción de menores para participar en delitos. El Departamento de Estado alertó que la norma no incorpora medidas de protección para esos niños ni los reconoce expresamente como víctimas de trata, lo que podría derivar en su criminalización.
Las víctimas menores de edad necesitan una orden judicial de protección antes de acceder a refugios públicos o privados, un requisito que en ocasiones demora la asistencia, dice el informe. También señala que persisten problemas en el acompañamiento de quienes intervienen en procesos penales: algunas personas deben relatar los hechos ante varios proveedores y no siempre cuentan con espacios privados y seguros.
Aunque los jueces ordenan restituciones económicas, Guatemala no dispone de un mecanismo que asegure el pago efectivo. La ley de 2009 prevé un fondo de restitución administrado por la SVET, pero todavía no fue creado.
Migrantes, menores y trabajadores reclutados, principales afectados
El informe identifica a los adultos y niños guatemaltecos como los principales afectados por la explotación sexual y el trabajo forzoso, incluso en agricultura, talleres textiles, servicio doméstico y fábricas en Estados Unidos. También señala riesgos para migrantes y solicitantes de asilo que atraviesan Guatemala rumbo a México o territorio estadounidense.
Las redes de tratantes utilizan redes sociales, aplicaciones de mensajería, avisos laborales falsos, chats y videojuegos para captar víctimas. Niños son explotados en la mendicidad y la venta callejera, mientras que algunas mujeres y niñas sometidas a matrimonios forzados terminan bajo trabajo doméstico coercitivo.
La SVET contó con un presupuesto de 25.5 millones de quetzales, cerca de USD 3.3 millones, para sus actividades de prevención en 2026. El país también firmó en enero de 2026 un acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos que incluye el compromiso de prohibir importaciones producidas mediante trabajo forzoso.
Al cierre del período analizado, había unos 327 profesionales médicos vinculados al régimen cubano que trabajaban en Guatemala bajo condiciones que, según el informe, los exponían a que les retuvieran el salario y a castigos arbitrarios. El Gobierno guatemalteco canceló el acuerdo bilateral a comienzos de 2026 y anunció que el programa concluirá gradualmente antes de fin de año.
