Esta semana se han cumplido tres años de la explosión de la batería de un patinete eléctrico dentro de un vagón de Metro de Madrid cuando el tren se encontraba detenido en la estación de La Elipa (línea 2). El suceso se saldó sin heridos de gravedad, pero obligó a desplegar un importante despliegue de servicios de emergencias, el coche en el que estalló el componente sufrió daños severos y la circulación de convoyes se tuvo que suspender durante alrededor de tres horas.

La del 18 de octubre de 2023 fue la primera explosión de este tipo que se registró en el metropolitano madrileño, pero había precedentes de incidentes en otras ciudades a los que se había hecho frente limitando el acceso con patinetes. Fue la resolución que adoptó unos días después de los hechos el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), que aplicó la medida en el metro, los buses urbanos e interurbanos, el Metro Ligero, el tranvía de Parla y los intercambiadores, una restricción a la que en esos días también se sumó Renfe.

La prohibición entró en vigor el 4 de noviembre de 2023 y se decidió que los viajeros que la incumplieran serían expulsados de vagones y buses y sancionados con el pago de hasta 200 euros. La decisión fue ratificada meses meses después, a finales de mayo de 2024, y se le otorgó vigencia hasta 2027. "Será entonces cuando todos los vehículos de movilidad personal estén obligados a disponer de una certificación de la Dirección General de Tráfico (DGT)", se justificó desde el Consorcio, una postura que mantiene invariable años después a pesar de que Renfe cambió su criterio hace ya más de un mes.

Porque a principios de septiembre la empresa pública estatal resolvió dejar que dejaría subir con patinetes eléctricos a sus trenes de Cercanías —a excepción de los servicios en Cataluña y País Vasco—, Media y Larga Distancia. "Esta actualización de las condiciones de transporte llega tras la entrada en vigor del nuevo marco normativo estatal para los vehículos de movilidad personal (VMP)", se informó desde Renfe, que consideró que la exigencia de sistemas de identificación, registro y seguro obligatorios de los patinetes dictadas por la DGT permitían reforzar las garantías de seguridad "tanto para quienes utilizan estos vehículos como para el resto de los viajeros". "La readmisión acerca a Renfe a la práctica habitual de numerosos operadores ferroviarios europeos", añadieron desde la compañía ferroviaria.

En el Consorcio Regional no comparten la postura de Renfe: siguen manteniendo la que aprobaron en mayo de 2024 y no se plantean revisarla antes de finales de enero, fecha a partir de la cual solo podrán circular legalmente por las calles españolas aquellos patinetes eléctricos que cuenten con el certificado oficial de la DGT. "La Consejería de Transportes ha abordado esta cuestión desde una prioridad clara, que es garantizar la seguridad del conjunto del sistema del transporte público", defendió recientemente Pablo Rodríguez Sardinero, gerente del Consorcio, durante una comparecencia en la Asamblea en la que desde el grupo de Más Madrid se le preguntó si se había evaluado el impacto de la restricción de acceso con patinetes sobre la intermodalidad en el transporte.

"Primamos la seguridad de los viajeros y de los trabajadores del transporte ante el riesgo asociado a las baterías de determinados vehículos de movilidad personal", señaló Rodríguez Sardinero, que insistió en que no se trata de "una prohibición indefinida" y aseveró que "se revisará en 2027 conforme al nuevo estándar técnico que está elaborando la DGT". Fuentes del Consorcio precisan que será desde el 22 de enero, cuando entre en vigor la normativa de la Dirección General de Tráfico, cuando su Consejo de Administración se tenga que reunir para revisar el status quo actual. De momento, acceder con un patinete eléctrico es posible en la Cercanías Madrid, pero se trata de una infracción en Metro, Metro Ligero, los autobuses urbanos e interurbanos, el tranvía de Parla y los intercambiadores de transporte de la Comunidad.