Moncloa calibra sus mensajes en el Consejo de Ministros tras el toque de atención de la JEC a Sánchez
La Junta Electoral Central (JEC) no ha dejado de planear sobre la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. "Por respeto a la JEC, no puedo responder": esa ha sido la fórmula más repetida por Elma Saiz, la portavoz del Gobierno, cuando le han preguntado por la oposición, la visita a Madrid del presidente argentino, Javier Milei, o detalles sobre las medidas aprobadas por el Gobierno. La cautela llega una semana después de que este órgano abriera un expediente sancionador a Pedro Sánchez por la comparecencia del 6 de octubre en la que anunció los nuevos decretos de vivienda. El organismo no cuestionó que el Ejecutivo aprobara esas normas, sino que el presidente aprovechara una intervención desde Moncloa para criticar a la oposición, reivindicar los logros del Gobierno o reclamar una mayoría parlamentaria.
La JEC pidió retirar esas manifestaciones valorativas de los canales oficiales e instó a Sánchez a respetar la neutralidad política durante el periodo electoral. El expediente sigue abierto y puede acabar en multa, pero todavía no hay una sanción firme. La distinción es relevante: el reproche es por el uso de una comparecencia desde una institución como La Moncloa para lanzar mensajes de campaña, no a que el Consejo de Ministros aprobara decretos.
En Presidencia calibran ya la fórmula para separar ambas cuestiones sin exponerse a posibles expedientes y multas. El Gobierno admite que está midiendo sus palabras, pero defiende que puede seguir gobernando y aprobando normas durante el periodo electoral. Fuentes gubernamentales aseguran que la Abogacía del Estado avala esa capacidad y que las medidas son perfectamente legales. "Lo seguiremos haciendo", avanzan. De hecho, el Consejo de este martes ha vuelto a aprobar un paquete de medidas sociales, entre ellas, la ampliación de la pensión de viudedad a determinadas parejas con hijos, en la línea de los ya apodados como 'martes sociales'. Pero la propia Saiz ha evidenciado los límites que el Ejecutivo quiere imponerse a la hora de comunicar y sacar pecho de estas medidas.
Preguntada por la ampliación de la pensión de viudedad a parejas con hijos que no formalizaron su relación, la portavoz ha explicado que la medida es fruto de "meses de trabajo" y ha defendido que el rigor fiscal es compatible con "no dar un paso atrás". Después ha cortado su respuesta: "Por respeto a la JEC, aquí me voy a quedar". La frase resume el equilibrio que busca Moncloa: presentar las nuevas medidas y defender que puede aprobarlas, evitando que la explicación derive en una reivindicación política que pueda interpretarse como electoralismo.
La cautela de la sala de prensa, que se ha repetido en varias respuestas, ha contrastado con el tono de varios ministros socialistas en declaraciones recogidas por Europa Press en el Congreso, donde acudían a un acto de homenaje al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Arcadi España, titular de Hacienda, y Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, apelaron al voto "útil" para el PSOE y presentaron al PP y a Vox como dos partidos con planteamientos que coinciden plenamente. España sostuvo que ambos comparten con Milei recetas de "recortar" y "privatizar", y afirmó que esa es la política que aplican cuando gobiernan.
La negociación, sin embargo, aún no se ha traducido en un acuerdo cerrado. Feijóo ha confirmado que PP y Vox están hablando. La estrategia de los socialistas, que evitan parecer preocupados por un posible pacto, es convertir esos contactos en munición electoral: el PSOE presenta un posible entendimiento como una prueba de que no hay una distancia política entre ambos partidos.
Ese argumento sí se ha formulado abiertamente fuera del Consejo, aunque en privado. Fuentes gubernamentales lo expresan en términos aún más tajantes: si el pacto se materializa, sostienen, confirmaría que "no hay distancia" entre PP y Vox. "Tanto monta, monta tanto. La realidad es que el PP es ultraderecha", sentencian. Así, mientras los ministros esquivaban en Moncloa las preguntas que podían llevarles al terreno partidista, otros trasladaban desde el Congreso el mensaje electoral que el Gobierno quiere colocar en el centro de la campaña.

