Julio Martínez Martínez, el empresario amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, envió un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el pasado 20 de julio en el que se mostraba dispuesto a colaborar en la causa en la que se indaga en si el expresidente del Gobierno lideró una trama de influencias que maniobró para que, entre otros asuntos, la aerolínea Plus Ultra se hiciera con un rescate público de más de 50 millones. Un día después de que al juez le llegara ese escrito, Martínez Martínez declaró ante él y, ahora cuando se cumplen tres meses de ese capítulo, la transcripción de lo que dijo ante el juez ha sido puesto a disposición de las partes.

A lo largo de las 35 páginas lo que queda claro es que al magistrado Calama no le convencieron para nada las explicaciones de Julio Martínez. Tanto es así que, tras preguntas y repreguntas sobre el origen de determinados cobros en sus cuentas -la mayor parte por negocios relacionados con Venezuela-, el juez le indicó en varias ocasiones que quizá lo mejor sería que enviara “un escrito ampliatorio”. La declaración de Martínez Martínez basculaba entre su defensa de la existencia de un trabajo de intermediación real y la desmemoria y falta de fluidez para aclarar el origen de pagos a empresas chinas.

“Es que no sé cómo explicarlo”, decía sobre por qué cobró 169.000 euros en 2025 de una mercantil china a la que facilitó negocios relacionados con la compra venta de minerales en Venezuela. El juez no entendía qué había hecho él para cobrar, y por eso insistía: “Hago esa gestión de que esos barcos vayan a Venezuela”. Para Calama tanta “logística” y tanta “gestión” no le valían -“son términos muy genéricos”- y volvía repreguntar intentando meter en la ecuación a Zapatero. Pero quien fuera amigo del expresidente no le mezcló en esos negocios y sostuvo que, aunque viajaron juntos en siete u ocho ocasiones a ese país, fue para asuntos distintos y con agendas separadas. “Perdón, el señor Zapatero aquí no hace nada”, le dijo al juez.

Dado que al juez no le valían las explicaciones, llegó a interpelarle: “Mire, se lo voy a decir más claro, si quiere me contesta y, si no, no me contesta, pero no me gusta que me hagan la rueda de hámster”. Julio Martínez trató de subirse al carro del interrogatorio pero no terminaba de entrar porque sus respuestas eran vagas y poco precisas. En un momento dado, confirma que él facilitaba gestiones contactando con autoridades venezolanas, pero no daba nombres porque no se acordaba. Y eso a Calama le molestó: “No estamos hablando de las guerras púnicas, estamos hablando de octubre de 2025”. Finalmente, Julio Martínez dio un nombre: “Vamos a ver, mi relación fundamental en Venezuela es con la vicepresidenta Delcy Rodríguez”.

Lo que, a juicio del juez, eran respuestas poco claras se extendieron al tema clave de la causa, el rescate millonario de Plus Ultra y el papel que pudieron jugar Zapatero y él para facilitarlo. “Hablan a veces de acompañamiento y cosas así curiosas, pero si la empresa -Plus Ultra- cumplía los requisitos de la orden ministerial que se dictó, tampoco necesitaban, no les necesitaban a ustedes en principio salvo que lo que hicieran ustedes eran gestiones con la SEPI o con otro tipo de funcionarios o autoridad”, llegó a indicarle el magistrado tratando de arrojar luz sobre qué pudo hacer el expresidente en favor de la aerolínea.

Martínez Martínez una vez más sabía que su respuesta no iba a gustar al juez -“lo que le voy a decir no le va a gustar a usted, señoría”- pero aun así explicó que ellos vieron que esa empresa estaba “loca por financiación” y que la compañía se encargó de todas las labores administrativas. Plus Ultra le informaba de los pasos y él a su vez le transmitía a Zapatero: “Yo, obviamente, en mi regularidad informo al presidente Zapatero de lo que ellos están haciendo... Es que no sé cómo explicarlo”.

“No me creo” el trabajo de las hijas, dijo el juez

Calama volvía a la carga indicándole que ellos recibieron “un pastón de Plus Ultra” -la investigación sostiene que cobraron el 1 por ciento del rescate, 530.000 euros- y entendía que no lo harían “por nada”. Acto seguido le soltó a la cara la tesis acusatoria, y es que la aerolínea compraba los contactos de Zapatero con las autoridades y los funcionarios de la SEPI y quizá con alguien de “más arriba”. “Luego se viste el santo en esa serie de informes no sé si simulados o de escasísimo valor (...) para pagar el tráfico de influencias”, añadió. A esto, Julio Martínez respondió la frase clave de su declaración: “Lo que hace el presidente Zapatero, yo lo desconozco”.

Por otro lado, sobre los pagos a la empresa de las hijas de Zapatero desde su mercantil Análisis Relevante -más de 200.000 euros-, Julio Martínez defendió que ambas hicieron al principio un buen trabajo. “Nosotros firmamos un contrato de iguala de alrededor de 3.000 euros al mes y, al principio, de verdad creo que debo de ser honesto, la verdad, trabajan muy bien”, dijo, para añadir que hicieron labores de seguimiento de informes, organización de webinars, etc. Pero Calama volvió a ser cortante: “Bueno, sobre este tema, que yo no me lo creo, digo abiertamente que no lo creo, haremos una investigación muy exhaustiva”.

El juez Antonio Viejo ha autorizado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el acceso a las cuentas bancarias de Alberto González Amador dentro de la pieza que mantiene abierta por el presunto soborno de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a un directivo de Quirón, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es. El magistrado accede de forma muy parcial a la petición de la UCO seis meses después de que esta se la formulara formalmente.

Las últimas semanas de retraso para que el juez haya adoptado la decision son especialmente llamativas. A instancia de los investigadores, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid albergó una reunión el pasado 30 de abril entre el magistrado Viejo, una representación de los agentes de la UCO y el fiscal del caso, de la que informó el pasado lunes en exclusiva elDiario.es. En ese encuentro, Viejo se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Ha tardado 41 días. La Guardia Civil ya había puesto nombre a su operación, Cirbelia, según desveló este periódico.

En su auto, el magistrado rechaza autorizar a la UCO a acceder a la información societaria y tributaria de González Amador. “De los tres ámbitos de actuación sobre los que los investigadores de la UCO (...) consideran determinantes para el esclarecimiento de los hechos objeto de las presentes diligencias entiende este instructor prioritario y previo el relativo a la información bancaria, sin perjuicidio de que, en su momento, y dependiendo de los resultados pudiera considerarse procedente extender dicho examen a la información tributaria de personas físicas o jurídicas relacionadas, así como los datos obrantes en los archivos de la Tesorería General de la Seguridad Social de las personas relacionadas”, recoge el auto de Viejo.

La autorización de Antonio Viejo afecta a los datos bancarios de los dos investigados, Alberto González Amador y Gloria Carrasco, esta última esposa del presidente de Quirón Prevención. Las cuentas de ellos y sus empresas serán examinadas desde el 1 de enero de 2014 ya que “lo indagado tiene su génesis en relaciones jurídicas sostenidas en el tiempo”. En total, la UCO accederá a 16 cuentas bancarias

La pieza separada que abrió la jueza Inmaculada Iglesias investiga los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Pese a ello, el juez Antonio Viejo despliega en su auto una serie de jurisprudencia para justificar su inacción en la investigación. “Los datos económicos de las personas físicas y jurídicas constituyen un ámbito de intimidad constitucionalmente protegida, aunque no afectan al denominado núcleo duro de la intimidad personal [y cita tres sentencias del TC y el TS]. Su protección, en cuanto a datos de carácter personal, deriva del artículo 18.4 de la Constitución”, continúa el juez.

Afirma el juez en su auto que las diligencias ordenadas “tienen por objeto construir, de manera preliminar, el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida y determinar, en caso de haberse producido, si dicho requerimiento habría podido tener su origen en la investigación aquíe llevada en la presente pieza separada”.

Dos son las líneas de investigación abrió la jueza Inmaculada Iglesias antes de que Antonio Viejo llegara al juzgado. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no es imparcial en su investigación del caso Leire. Esta es la denuncia que ha presentado ante el juez Santiago Pedraz la defensa de Leticia de la Hoz, investigada en la causa que se sigue por las presuntas maniobras de una trama para abortar las investigaciones de corrupción que afectaban al PSOE.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Carlos Bautista denuncia la participación de los agentes de la UCO en la introducción de una supuesta prueba contra su defendida sin comprobar la verosimilitud de la misma. El letrado concluye que los investigadores no actúan con “imparcialidad” en un caso en el que se investiga si su coronel, Antonio Balas, y la propia Unidad, fueron el objetivo de Leire Díez y otros investigados.

Álvaro Gallego es el individuo que habría acercado a Carmen Pano a las inmediaciones de la sede del PSOE para que esta entregara allí 90.000 euros en metálico, siempre según la versión de ambos. En su declaración ante el juez, Gallego dijo guardar unos mensajes con Leticia de la Hoz alusivos al supuesto intento de compra por parte de la letrada para que Pano no ratificara ante el juez la versión que había dado en los medios de comunicación.

La queja de la defensa de De la Hoz radica en que los supuestos mensajes no fueron aportados por Gallego, sino por Carmen Pano mucho después de que fueran publicados y con el mismo “recorte” que habían sido dados a conocer por algunos medios de comunicación. Pese a la manipulación, los investigadores de la UCO lo incorporaron a la investigación sin la más mínima apreciación sobre la manipulación.

“La Unidad no ha cumplido adecuadamente con el deber de imparcialidad, pues conocía el carácter fragmentario y sesgado de las imágenes que incorpora a su atestado de 1 de octubre de 2026, y pese a ello, omitió deliberadamente contrastarlas con la cadena de mensajes que obra en su poder desde el 2 de junio de 2026”, reza el escrito de la defensa de Leticia de la Hoz.

Perjudicados e investigadores

El escrito está dirigido a solicitar la imputación por falso testimonio de Gallego pero también a poner el foco sobre el papel de la UCO. “Mención aparte merece la actitud de la unidad investigadora, probablemente influida por su doble condición de presunta víctima y de órgano policial actuante en este asunto, dado que el peso de la indagación recae en agentes integrados en la unidad contra la que, según la hipótesis acusatoria, se dirigía la conducta investigada”, recoge en referencia al caso Leire.

El abogado de Leticia de la Hoz alude a los mensajes recortados cuando muestra su preocupación porque los informes de la UCO en el caso Leire son “el filtro por el que el material de la causa llega al instructor”. En este sentido trae a colación una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que este apreció vulneración porque un tribunal islandés había resuelto a partir del dictamen de unos peritos empleados por el hospital cuya negligencia se enjuiciaba. “Lo mismo cabe predicar en este procedimiento, en el que quienes figuran como perjudicados investigan su propio caso”.

El hoy coronel Balas fue el primer objetivo conocido de Leire Díez, anterior incluso a que se abriera la causa en la Audiencia Nacional. Ocurrió cuando El Confidencial publicó un vídeo de una reunión en la que la exmilitante socialista pedía colaboración a un huido de un caso de hidrocarburos para cobrarse la cabeza de Balas y apartarlo de las investigaciones contra el PSOE. Siete meses después UCO detuvo después a Leire Díez por su presunta participación en un caso de corrupción en adjudicaciones y se hizo con su teléfono y agendas, lo que permitió abrir la investigación por la presunta trama para ayudar al PSOE.

La actuación de Balas ya quedó en entredicho cuando acudió a la Dirección General de la Guardia Civil para requerir documentación sobre los expedientes abiertos contra él y su cadena de mando por la supuesta filtración de información. Balas acudió en persona con un auto del juez que le autorizaba a llevarse la documentación, pero sin autorización judicial, aunque dentro de la legalidad, organizó una rueda de interrogatorios que permitirían imputar con posterioridad a la directora de la Guardia Civil.

Neutralidad e imparcialidad

La defensa de Leticia de la Hoz, abogada a su vez de Koldo García, alude al artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la obligación que tiene la UCO y cualquier implicado en el procedimiento penal de “apreciar” tanto las “circunstancias adversas como favorables al presunto reo”. Eso afecta, según añade, tanto a recabar las supuestas pruebas contra él como el juicio que emite sobre ellas.

“La unidad actuante está obligada a poner de manifiesto los indicios de descargo con el rigor con que expone los de cargo, exigencia que comprende la búsqueda, el contraste de fuentes, el grado de detalle en el cuerpo del informe y el lugar que unos y otros ocupan en sus conclusiones”, expone el abogado Bautista. Y añade al respecto: “Un informe que recoge lo que incrimina y omite lo que, constando en el material intervenido, desmiente o matiza la hipótesis de cargo, infringe el artículo 2 aunque cada uno de los datos consignados sea exacto. Y lo infringe también el que menciona el dato favorable, pero lo trata con un rigor menor que el que dedica al adverso”.

El escrito también menciona la “absoluta neutralidad” y la “imparcialidad” a la que obliga la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el Código de Conducta de la Guardia Civil, de 2022, que exige actuar “con absoluta imparcialidad y neutralidad, carentes de prejuicio alguno”.

Antonio Balas ascendió a coronel de la Guardia Civil a principios del pasado mes de septiembre. Su nueva graduación le obligaba a dejar el puesto de jefe de Departamento en la UCO y que se le asignara un nuevo puesto acorde a su categoría. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que continuara, en comisión de servicio, al frente de las investigaciones que lleva en la actualidad y que afectan al PSOE, a lo que los jueces Ismael Moreno y Santiago Pedraz accedieron.