La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado auto en el que aplica la amnistía a los líderes independentistas Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, condenados por la malversación del procés. En su escrito, el alto tribunal aplica la doctrina del Tribunal Constitucional, y sin embargo critica la "innecesaria grandilocuencia" del órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido, al que achaca el "deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional".

La resolución del Tribunal Supremo es consecuencia directa de la sentencia que dictó el Constitucional el pasado 6 de octubre. Aquél fue el primer pronunciamiento del órgano de garantías sobre la aplicación de la amnistía a la malversación del procés, por la que está procesado Carles Puigdemont. El TC acordó estimar el recurso de amparo de la exconsellera Dolors Bassa y, por tanto, estableció que el Tribunal Supremo vulneró sus derechos fundamentales cuando decidió no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que se la condenó.

De este modo, el tribunal que preside Conde-Pumpido sentó una doctrina aplicable al resto de procesados y condenados por el procés. Ahora, la Sala que enjuició a los líderes independentistas ha movido ficha amnistiándoles por el delito de malversación. Queda pendiente una resolución homóloga respecto de Puigdemont y el resto de procesados que permanecen por el momento fuera de España.

Duras críticas a Conde-Pumpido

El escrito del Supremo está copado de durísimas críticas contra la sentencia del Constitucional, redactada por el propio Cándido Conde-Pumpido. El ponente del auto del Supremo es precisamente Manuel Marchena, que presidió el tribunal que juzgó el procés y que deja de manifiesto su profundo desencuentro con el Constitucional y su presidente.

Marchena deja por escrito, en primer lugar, que el Supremo asume "en su integridad la parte dispositiva" de la sentencia del Constitucional. Pero ya en estas líneas de su resolución apunta que las decisiones del TC de Conde-Pumpido "han ensanchado, hasta límites inéditos en su propia historial, el espacio" de las "garantías constitucionales". El Supremo viene a expresar de este modo su parecer de que el Constitucional se extralimita al tomar decisiones que corresponden a los tribunales jurisdiccionales.

"La mutación del tribunal de garantías constitucionales en una última instancia con capacidad revisora de la interpretación de cualquier norma jurídica suscrita por el Tribunal Supremo está desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978 al definir las relaciones entre los jueces independientes, inamovibles, responsables ante la ley y quienes sin esas garantías y durante un periodo temporal cerrado de nueve años se ocupan de preservar las garantías constitucionales", se extiende la Sala Segunda.

Una vez ha dejado por escrito su impresión de que el Constitucional está invadiendo el terreno del Supremo, la Sala pasa a criticar el propio texto redactado por Conde-Pumpido y apoyado por la mayoría progresista del Pleno del Constitucional. Se trata de una sentencia repleta de "consideraciones que son manifiestamente prescindibles", apunta Marchena en alusión a diversas acusaciones del TC hacia el Supremo.

La Sala lamenta que el órgano de garantías le haya acusado de entrar en una "drástica contradicción", de realizar una "interpretación extensiva" y de distanciarse del "sentido común".

"La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia", razona el escrito redactado por Manuel Marchena. Y advierte de que las críticas que el Pleno del TC dirige contra el Tribunal Supremo son también críticas a los cinco magistrados conservadores que han discrepado del criterio mayoritario.

"El significativo número de magistrados que han expresado su coincidencia con la tesis que ahora rechaza la mayoría del Tribunal Constitucional hace muy difícil aceptar con naturalidad la irracionalidad que se atribuye a la decisión recurrida", sostiene el auto del Supremo. La resolución de la que ha sido ponente Conde-Pumpido es "una ruptura del Constitucional con su propia jurisprudencia histórica", culmina el auto del Supremo.