Las lluvias torrenciales que han puesto en alerta a toda Catalunya en los últimos días habían marcado la cuenta atrás de la 38 edición de la 080 Barcelona Fashion, pero el cielo ha dado una tregua justo a tiempo. El sol radiante que ha aparecido al mediodía ha despejado las dudas meteorológicas y ha acompañado el arranque de la pasarela catalana, que vuelve a convertir el Marina Vela - Port Vell de Barcelona en escaparate de las últimas tendencias. Con el Mediterráneo como telón de fondo, la cita ha inaugurado cuatro jornadas de moda, creatividad y talento emergente e internacional, que se prolongarán hasta el viernes 23 de octubre.

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Ghariba hace dos años que vive, junto a su hijo de 9 años, en un piso del barrio del Clot de Barcelona. Este martes ha sido desahuciada de su casa, a pesar de que pagaba religiosamente su renta. El motivo: el contrato no estaba a su nombre, sino que ella pagaba a un hombre que le realquilaba y que jamás llegó a transferir ese dinero a la propiedad, la empresa Rambert 2001 SL.

Esa es la razón que ha esgrimido la Justicia para no suspender la expulsión de esta madre en base al decreto de vivienda que prohíbe los desahucios a familias vulnerables y que viven en pisos de grandes tenedores. Aunque el caso de Ghariba cumple todos los requisitos expuestos en la ley, la letrada de la Sección Civil 31 de Barcelona considera que, al no estar a su nombre el contrato, “carece de legitimación” para que se le suspenda el desahucio, tal como se expone en el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Este razonamiento se basa en el artículo 2 del decreto de vivienda, que es el que establece la suspensión de los desahucios. En el texto no se habla en ningún momento de inquilinos, sino de “parte demandada” y eso es a lo que se acoge la Justicia para considerar que Ghariba, a la que se considera “tercera parte”, no está amparada por la ley.

“Eso es absurdo, porque al final a quien van a desahuciar es a ella, no a quien le realquiló la habitación”, apunta una fuente jurídica consultada por este medio, que afea al tribunal que se haya acogido a un “vacío legal” fruto de una “circunstancia tan particular”. “Es imposible legislar para todas las casuísticas y, en este caso, ha habido mala voluntad”, zanja.

“Los beneficios económicos de la propiedad pasan por encima del derecho a la vivienda y los gobiernos aprueban leyes que no sirven para nada”, lamentan desde el Sindicat d’Habitatge del Clot. Además, alertan de que hay muchas más personas que, como Ghariba, están subarrendadas y que podrían quedar desprotegidas.

A pesar de que los activistas del barrio llamaron a parar el desahucio y a la presencia de diversos vecinos, estos no pudieron impedir que la policía entrara en casa de Ghariba y acabaran desahuciándola. Decenas de personas, en su mayoría muy jóvenes, han acudido a las puertas del hogar de esta mujer para intentar impedir que los agentes antidisturbios de los Mossos, que han movilizado seis furgonas, ejecutaran el lanzamiento, pero han sido desalojados uno a uno.

Se trata de la tercera vez que se intentaba ejecutar esta expulsión: la primera vez, el 5 de octubre, fue suspendido por las lluvias, que obligaron al Govern a decretar la alerta roja. El segundo intento fue el 14 del mismo mes, ya con el decreto de vivienda en vigor; en ese caso se suspendió por “falta de un dispositivo policial”. La nueva fecha fue fijada para este martes a las 9:00; la comitiva no ha llegado hasta las 11:30 y la expulsión se ha acabado efectuando dos horas más tarde.

Víctima de una estafa

Esta madre supo que había sido víctima de una estafa cuando le llegó la denuncia por impago. A partir de entonces, se acercó al sindicato de inquilinas del barrio, que fueron quienes la ayudaron a entender lo sucedido y descubrieron que, aunque Ghariba no había dejado de pagar, su dinero no llegó nunca a la propiedad.

En ese momento, los activistas intentaron mediar con Rambert 2001 SL, pero lamentan que no obtuvieron respuesta. La empresa desoyó las peticiones de regularizar la situación de Ghariba o de ofrecerle un alquiler social, al que esta madre tendría derecho por ley. Porque, aunque su proceso de desahucio empezó antes de que se aprobaran los llamados ‘decretos Maricarmen’, en Catalunya ya existía la ley 24/2015, que lleva más de 10 años en vigor.

Esta dicta que si la propiedad es un gran tenedor y el inquilino está en situación de vulnerabilidad, antes de interponer cualquier demanda por impago de alquiler, se debe ofrecer un alquiler social. Y eso no ha sucedido.

Con todo, esta madre cuenta con un informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales de Barcelona y carece de alternativa habitacional. Pero todavía nadie le ha ofrecido un lugar en el que reubicarse junto a su hijo de 9 años. Ghariba lleva más de tres años en la Mesa de Emergencia, pero esta se encuentra colapsada y no ha podido acceder a una vivienda social.

Ada Colau, candidata del Frente Amplio, ha vuelto a X tras cinco años fuera de esta red social. Lo hace a las puertas de la campaña electoral y para aceptar una propuesta de entrevista con el youtuber Jordi Wild. “Será un placer”, ha contestado Colau a un post de Wild en la que la invita “formalmente” a asistir a su programa.

Se trata de la primera -y, de momento única- publicación de Colau, que dejó X en 2021, cuando todavía era alcaldesa de Barcelona. La de los Comuns no ha explicado el motivo de su retorno, como sí justificó su adiós hace cinco años. Según argumentó, las dinámicas de Twitter la “alejaban” de algunos de sus objetivos, como “hacer buena política”, “una política que transforme la realidad”, “ser buena alcaldesa” y ser “cada vez mejor persona”.

Quienes han explicado el por qué de su retorno han sido miembros de su equipo de campaña, que han explicado que vuelven a X y acuden a perfiles como el de Jordi Wild porque “el algoritmo está sesgado para favorecer el ruido y las mentiras de la derecha, pero no les vamos a dejar terreno libre”.

“En esta campaña habrá mucha gente, especialmente joven, buscando respuestas honestas sobre cómo pagar el alquiler, emanciparse o llegar a fin de mes, y solo reciben desinformación. No venimos a dar sermones ni a caer en sus provocaciones; venimos a hablar de tú a tú y a demostrar que hay propuestas reales y rigurosas para la vida de la gente”, remachan.

Colau dejó esta red social mucho antes del “gran éxodo” que se dio a finales de 2022 con la compra de la antigua Twitter por parte de Elon Musk. Entonces, muchos medios internacionales -como The Guardian o La Vanguardia- abandonaron la red social hacia alternativas como Bluesky, espantados por la falta de moderación y la readmisión de cuentas de extrema derecha que habían sido bloqueadas anteriormente.

Entrevistas con Jordi Wild

El youtuber Jordi Wild, que lleva años tratando cuestiones políticas en su podcast, ha decidido entrar también en campaña, proponiendo entrevistas a los candidatos. La condición del youtuber era que sólo haría estos encuentros si aceptaban todos los líderes, pero finalmente ha decidido ceder en ese requisito.

Por ahora, han confirmado Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. A ellos se acaba de sumar Ada Colau. En la lista de Wild no figuran líderes de formaciones territoriales ni tampoco Podemos. Con todo, sólo le faltaría la confirmación de Pedro Sánchez. “Es fundamental para que estas charlas tengan otra dimensión y me encantaría contar con él, pero tampoco puedo obligarlo. Espero que al final se anime”, ha dicho sobre el presidente, que ya ha aparecido en otros podcast en el pasado.

Para estas entrevistas, Jordi Wild ha explicado que estará acompañado por “dos periodistas independientes fuera de cámara”, que serán los encargados de verificar los datos que se mencionen. “Podrán avisar cuando sea neesario y yo podré preguntarles si tengo dudas”, ha añadido. Asegura que los encuentros serán “duros e inquisitivos” y ha insistido en que será “cabrón” con los entrevistados, aunque siempre con “respeto y cordialidad. No habrá gritos ni descalificaciones”.

Hay pocos lugares en los que Stella McCartney parezca estar tan en su sitio como entre caballos. Forman parte de su historia, de su imaginario e incluso de su propia familia. En Operation Centaur, en Londres, los caballos no son un elemento decorativo ni un objeto de entretenimiento. Allí son tratados como animales con los que se trabaja para ayudar a las personas a reconectar consigo mismas y a enfrentarse a sus propios demonios. 

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Las primeras quejas llegaron apenas cinco días después de la entrega de las llaves. Han pasado casi cuarenta años y las humedades, las grietas y los problemas estructurales siguen formando parte del paisaje cotidiano de Río Vístula 1, un bloque de viviendas de protección oficial del barrio cacereño de Aldea Moret cuya historia ha terminado convertida en una reclamación ante el Defensor del Pueblo. Las vecinas sostienen que el origen del conflicto no está solo en el deterioro del inmueble, sino en una anomalía institucional: el Ayuntamiento de Cáceres es, al mismo tiempo, promotor histórico de la promoción, propietario mayoritario y la autoridad encargada de fiscalizar el estado del edificio.

Para comprender la magnitud del conflicto es necesario remontarse a 1982, cuando se impulsó la construcción de 144 viviendas de protección oficial, promovidas directamente por el Ayuntamiento con financiación pública. Los archivos históricos revelan que la edificación nació marcada por importantes deficiencias técnicas: complicaciones geológicas, hundimientos del terreno por la presencia de antiguas galerías mineras y modificaciones de última hora en la cimentación.

Las viviendas fueron entregadas oficialmente en 1988. Menos de una semana después, los primeros adjudicatarios ya habían registrado denuncias por humedades, filtraciones e inundaciones. En 1989, ante la persistencia de grietas y fallos estructurales, numerosos adjudicatarios se negaron a formalizar la compraventa en escritura pública. En 2001, los servicios técnicos municipales redactaron un informe que documentaba el grave deterioro del Bloque III y señalaba patologías muy similares a las que se denuncian hoy, sin que ninguna corporación haya adoptado desde entonces una solución definitiva.

La doble cara municipal

El bloque en cuestión se compone de 48 viviendas, garaje comunitario y patio central. Sin embargo, la definición de su titularidad es el origen de un conflicto administrativo y contable que ha paralizado la gestión durante años. Según las certificaciones registrales, el Ayuntamiento figura como titular de aproximadamente 30 de las 48 viviendas, lo que equivale a un 62,23% de la cuota de participación. Por el contrario, el Inventario Municipal solo reconoce 20 viviendas bajo su titularidad pública. Esta discrepancia, causada por contratos privados no inscritos, escrituras no formalizadas y renuncias no tramitadas, ha impedido determinar con exactitud el reparto de las cargas económicas.

Según las quejas vecinales, a pesar de ostentar la mayoría absoluta de la propiedad, el Ayuntamiento ha operado con un doble rasero. Como propietario, acumula impagos sistemáticos de cuotas comunitarias. Aunque en los plenos municipales la Alcaldía actual llegó a afirmar que se encontraba “al corriente de pago”, la documentación revela que el consistorio no abonaba las cuotas regulares desde 2016–2020. “Como autoridad urbanística, dicta órdenes de ejecución duras, exige catas estructurales, reparaciones de fachada e inspecciones bajo amenaza de ejecución subsidiaria e imposición de hasta diez multas coercitivas mensuales”, se lamenta la representante vecinal Cristina Escarmena.

La comunidad califica este esquema como una perversión del sistema: la administración ahoga económicamente a la comunidad al no pagar sus cuotas y luego la sanciona por no ejecutar obras de mantenimiento que la propia falta de los ingresos municipales impide financiar.

La degradación del edificio alcanzó niveles de emergencia entre finales de 2025 y el verano de este año. En diciembre, Escarmena registró quejas por filtraciones masivas procedentes de los pisos superiores, todos de titularidad municipal, que habían calado los techos de cocina, baño y lavadero. Tras el derrumbe de la fachada del edificio colindante en la calle Río Tíber 6, Urbanismo amplió las inspecciones a Río Vístula 1 por compartir la misma arquitectura y el mismo riesgo de apoyo insuficiente del cerramiento.

A principios de año, el Ayuntamiento notificó a la comunidad el expediente disciplinario DIS‑MSG‑0002‑2026, que exigía perforaciones sistemáticas en toda la fachada en apenas un mes y bajo amenaza de multas coercitivas. Poco después, los días 7 y 8 de febrero, la Policía Local intervino de urgencia en el Tercero 12 (una vivienda municipal deshabitada) ante filtraciones constantes, caída de agua y riesgo inminente de desprendimiento. El falso techo se desplomó y el agua avanzó por el Segundo 12, también municipal, hasta inundar el Primero 12, propiedad de Escarmena, obligándola a abandonar su vivienda por riesgo eléctrico y acumulación de moho.

Además, el temor a un vicio de origen por el apoyo insuficiente de la hoja exterior de ladrillo llevó al consistorio a exigir una inspección técnica mediante taladros en cada paño y altura del cerramiento. La resolución advertía de ejecución subsidiaria (las obras se realizarían de oficio y se cargarían íntegramente a la comunidad) e imponía hasta diez multas coercitivas mensuales. La medida generó un profundo rechazo entre las familias: la comunidad carecía de recursos para costear las catas, asfixiada por la desaparición de su administrador y por los impagos del propio Ayuntamiento, y denunciaba que el consistorio utilizaba su brazo sancionador contra particulares mientras incumplía sus obligaciones como propietario mayoritario.

En plena emergencia estructural, el informe entregado al Defensor del Pueblo explica que técnicos del Instituto Municipal de Asuntos Sociales acudieron al edificio para adjudicar seis viviendas sociales. Solo pudieron entregar tres: una sin puerta de entrada, otra con ventanas tapiadas y ninguna con enganches básicos de luz, agua o gas. La entrega se produjo apenas doce días después de que Urbanismo notificara el expediente por riesgo de colapso.

Ya en febrero, informes técnicos confirmaron que la cubierta del edificio, formada por planchas de fibrocemento con amianto, se encuentra agrietada y ha superado su vida útil. La comunidad exige, por lo tanto, su retirada conforme al Real Decreto 396/2006.

La quiebra contable

La representante vecinal ha explicado también a este periódico que a la ruina física se sumó un colapso de gestión originado por el fraude privado y la inacción pública. A principios de 2024, la empresa administradora desapareció sin dejar rastro, apropiándose de toda la documentación comunitaria y dejando un agujero contable de entre 12.000 y 15.000 euros. La comunidad denunció el caso ante la Policía Nacional.

Sin recursos para contratar un nuevo administrador, un grupo de vecinas asumió la gestión: regularizaron el CIF comunitario, diligenciaron el libro de actas paralizado durante 40 años, obtuvieron el certificado digital y solicitaron notas simples de las 48 fincas para reconstruir la identidad jurídica del edificio.

Pero el episodio más grave para la supervivencia de las 48 familias estalló la pasada primavera. El edificio no dispone de contadores individuales: solo dos comunitarios, uno averiado desde 2015. La deuda acumulada asciende a 127.309,28 euros. La factura del agua incluye la tasa municipal de basuras; al no pagar el Ayuntamiento el recibo principal, la tasa se envía a Recaudación con recargos de demora ejecutivos contra los vecinos.

Según el informe, el Ayuntamiento pagaba la tasa de basuras mediante compensaciones unilaterales, cobrándose los tributos municipales a costa de las cuotas comunitarias que debía a la finca, mientras dejaba impagado el consumo de agua. En junio, publicó edictos exigiendo el pago en diez días bajo amenaza de corte de suministro y baja de oficio de los contratos. La medida afecta tanto a vecinos cumplidores como a inquilinos vulnerables.

El peregrinaje plenario y el rodillo administrativo

Entre enero y julio, la comunidad acudió a siete plenos consecutivos. La Alcaldía negó la titularidad municipal del bloque, afirmó estar al corriente de pago, intentó aplicar la prescripción a deudas anteriores a 2020, prometió órdenes de pago que luego rectificó y anunció informes técnicos a costa de la comunidad.

En agosto, la Resolución 2026006761 estimó parcialmente el recurso de reposición, reconoció la imposibilidad de los plazos iniciales y ordenó iniciar la ejecución subsidiaria para contratar un Proyecto Técnico de Actuaciones Prioritarias, repercutiendo su coste sobre la comunidad. El vecindario denuncia que la inspección en la que se fundamenta la resolución se realizó sin notificación previa y que la licitación del proyecto técnico vuelve a expropiar la voluntad de la Junta de Propietarios.

Mientras tanto, el grupo municipal de Podemos denunció públicamente el deterioro generalizado de las viviendas sociales en Aldea Moret —incluidas las de Río Vístula, Ródano y Primero de Mayo— y señaló que el estado del parque público evidencia un abandono prolongado. Según trasladó su portavoz, Consuelo López, el desprecio hacia la vivienda social es visible en el barrio: ventanas y puertas tapiadas, pisos entregados sin enganches de luz o agua y edificios sin mantenimiento. El grupo sostiene que Cáceres arrastra un grave problema habitacional y que “el equipo del alcalde, Rafael Mateos, lo agrava manteniendo el patrimonio municipal en condiciones lamentables y negándose a declarar la ciudad como zona tensionada, una medida que permitiría activar mecanismos de protección adicionales”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cáceres sostiene que ya ha regularizado las cuotas comunitarias pendientes, (pero solo las correspondientes a recibos de 2022 y de los pisos que reconoce su titularidad), y que se encuentra al corriente de sus obligaciones como propietario. Afirma también que actúa como administración responsable de la conservación del inmueble: el 4 de septiembre aprobó iniciar la ejecución subsidiaria y encargar el proyecto técnico que determine las intervenciones en la fachada de Ródano, la cubierta y sus filtraciones, los sistemas de evacuación de aguas, los elementos estructurales con pérdida de revestimiento y la ventilación de la cámara inferior. Los informes municipales descartan un riesgo de colapso estructural, aunque reconocen deficiencias que requieren obras para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad. Defiende que cumple en los dos planos que le competen, como propietario y como autoridad urbanística, y recuerda que el coste de las obras será repercutido a la comunidad según normativa, sin perjuicio de su participación proporcional. La comunidad, entretanto, mantiene su reclamación ante el Defensor del Pueblo, convencida de que la raíz del conflicto no se resuelve con la regularización de cuotas ni con un proyecto técnico aislado, sino con una revisión integral de cuatro décadas de gestión pública.

El petitorio ante el Defensor del Pueblo

Ante el agotamiento de la vía administrativa y la imposibilidad económica de sufragar un pleito contencioso, el escrito solicita la intervención directa del Defensor del Pueblo bajo nueve peticiones fundamentales: investigación integral de la actuación municipal; aclaración registral definitiva; fiscalización económica; protección del suministro de agua; evaluación técnica independiente; límites a la ejecución subsidiaria; transparencia y derecho de defensa; evaluación del riesgo por amianto; y examen de esa doble condición municipal.

El texto concluye con una frase que resume el espíritu de la reclamación: “Cuando un problema permanece documentado durante más de cuarenta años sin resolverse, deja de ser únicamente un problema de conservación de un edificio para convertirse en una cuestión de buena administración, de responsabilidad pública y de confianza de la ciudadanía en sus instituciones porque esto no se trata de partidos políticos sino de una administración que es de todos”. La reclamación presentada ante el Defensor del Pueblo aspira ahora a cerrar un conflicto que dura casi cuarenta años. Porque para quienes viven allí, la historia de Río Vístula 1 ya no es solo la de un bloque de viviendas en mal estado, sino la de una promesa pública que nunca llega a cumplirse.