El Partido Popular busca que el asunto de la vivienda vuelva a situarse en el primer plano de la precampaña electoral después de que quedase relegado por parte del PSOE tras la polémica inmobiliaria de la ya exportavoz socialista Montse Mínguez. El secretario general popular, Miguel Tellado, ha dado un paso adelante hacia la persecución de dicho objetivo y ha propuesto un cara a cara monográfico sobre el asunto entre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.

La oferta la ha realizado a través de una carta dirigida a la coordinadora de campaña del PSOE, María Jesús Montero, no exenta de ironía. En la misiva, Tellado recuerda que el presidente del Gobierno decidió adelantar las elecciones "incumpliendo su palabra" de agotar el mandato "con la coartada de adelantar la respuesta al drama habitacional que vive nuestro país". Sin embargo, antes del inicio oficial de la campaña electoral, han salido a la luz "escándalos", según los califica el número dos popular, que "no pueden ser excusa para que el PSOE intente opacar ahora el debate de la vivienda".

Se refiere a las empresas de la pareja de la entonces portavoz del PSOE, que decidió dimitir por tal razón, o a las informaciones que apuntan a la compra por parte del exjefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, de un piso propiedad de la Seguridad Social por 500.000 euros menos de su valor de mercado.

Sin abandonar la sátira, el también director de campaña del PP plantea la celebración del debate entre Rodríguez y Bravo. "Estamos seguros de que querréis defender con orgullo vuestra gestión en esta materia tan sensible, del mismo modo que nosotros queremos explicar con detalle las propuestas de la alternativa que representamos", redacta en la misiva. "Nadie entendería vuestra renuncia a explicar las políticas a las que Pedro Sánchez pretende dar continuidad durante otros cuatro años", zanja.

El movimiento del número dos de Feijóo se ha producido el mismo día en que el presidente popular ha participado en un acto en Sevilla con la vivienda como asunto central. Desde allí se ha comprometido a aplicar una medida inmediata si se convierte en el nuevo residente de la Moncloa en forma de rebaja de impuestos. Para todos los alquileres que tengan que renovarse, ofrece deducciones fiscales tanto a propietarios como inquilinos si la actualización del contrato se hace para hasta tres años más y el incremento de la renta es inferior al IPC.

Sevilla ha sido el lugar elegido por Alberto Núñez Feijóo para el primer acto de precampaña en Andalucía, con la vivienda como asunto principal. Tras realizar un diagnóstico de la situación a la que han llevado las políticas, a su juicio erróneas, del Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente del PP ha extendido el problema a no solamente no poder acceder a una vivienda, sino a renunciar a iniciar "el proyecto de vida de una persona". "Es mucho más que un problema inmobiliario y económico, es de familia, de emancipación y de libertad", ha incidido, para comprometerse especialmente con los jóvenes a aplicar cuatro medidas que redunden en ayudas para la compra de la primera vivienda. Para escenificar la importancia que le otorgará a la cuestión si se convierte en el próximo presidente del Gobierno, ha anunciado que en la primera Conferencia de Presidentes que convoque sólo habrá un asunto en el orden del día: el plan nacional de vivienda, que redactará junto a todas las administraciones.

Mirando al mercado del arrendamiento, se ha comprometido a aplicar una medida inmediata si se convierte en el nuevo residente de la Moncloa en forma de rebaja de impuestos. Para todos los alquileres que tengan que renovarse, ofrece deducciones fiscales tanto a propietarios como inquilinos si la actualización del contrato se hace para hasta tres años más y el incremento de la renta es inferior al IPC. "Le voy a dar una deducción fiscal al propietario para que merezca la pena y además, en función de la renta del inquilino, se lo podrá desgravar", ha explicado.

El presidente del PP y candidato a la Presidencia también ha anunciado que dará luz verde en sus primeros cien días en el Ejecutivo a tres leyes que considera trascendentales para solucionar el problema: la ley del suelo, la ley antiocupación y la de propiedad horizontal. Las tres normas ya están redactadas y presentadas en el Congreso pero, sin embargo, tal y como ha censurado Feijóo, "han sido bloqueadas por el Gobierno". "Hay que dar la vuelta a todas las políticas que nos ha traído la peor crisis de vivienda de nuestra historia. Es el cambio más urgente y el que más necesita nuestro país. Revertir el fracaso en vivienda en este Gobierno será el mejor éxito del próximo", ha resumido.

Feijóo ha elegido la capital andaluza para realizar un acto junto al presidente de la comunidad, Juanma Moreno, quien ha destacado que Andalucía "es la comunidad en la que más viviendas se han construido estos últimos años", con más de 182.000 impulsadas, según ha cifrado. También ha reclamado tener un "aliado" desde el Gobierno de España para hacer coincidir las políticas ejecutadas por las autonomías con las del Ejecutivo central, algo que no ha sucedido bajo el mandato de Sánchez, tal y como ha criticado: "Para construir muros algunos son especialistas y lo hacen cada vez más gruesos y más altos, pero para poner ladrillos de verdad en ocho años no han sido capaces de hacerlo".

"Una nueva generación de propietarios"

Los jóvenes son un segmento de la población al que Feijóo mira especialmente al considerar que el Gobierno actual "les ha robado el futuro y la esperanza". El líder popular ha señalado como su anhelo "construir una nueva generación de propietarios" encabezada por las generaciones "que han sido estafadas por este Gobierno". En este sentido, ha recordado cuatro medidas esenciales que aplicará y que irán destinadas a facilitar la compra de la primera vivienda de menores de 40 años. Plantea bonificaciones fiscales durante los cuatro primeros años de cotización, una "hucha hogar joven" cuyo ahorro también será deducible, avales de hasta el 100% del valor del primer inmueble, rebajas del ITP e IVA de hasta un 60% y aplazar los impuestos a la compra durante el tiempo que dure la hipoteca. Será "la mayor ayuda de la hacienda pública española en la historia de este país", ha afirmado.

Como ejemplo, Feijóo ha apuntado que "un joven que se compre tras cinco años de trabajo una vivienda de un precio medio de 250.000 euros, se puede ahorrar 25.000 en impuestos y necesitaría 50.000 euros menos para firmar la hipoteca". Esta es, a su juicio, la manera de concretar y comprometerse a solucionar el problema de acceso a la vivienda porque le preocupa que la juventud "caiga en desesperanza y desolación". Eso sí, ha admitido que hasta que se construya el millón de viviendas que pretende levantar durante la legislatura para incrementar la oferta "va a haber años difíciles".

La Cámara Alta ha cobrado protagonismo de cara al 29-N pese a haber sido durante años la gran olvidada de las campañas electorales. Habitualmente eclipsado por el Congreso, el Senado se ha convertido ahora en un campo de batalla decisivo para los dos grandes bloques. La mayoría que salga de las urnas puede condicionar importantes nombramientos institucionales y servir de contrapeso a la estrategia del rival. El PSOE y Frente Amplio acordaron concurrir en coalición mediante una lista única en la mayoría de las circunscripciones con el objetivo de multiplicar las opciones para competir con PP y Vox. Ahora, el bloque de la derecha mantiene negociaciones para pactar cómo presentarse al Senado y lograr más apoyos para hacer frente a la candidatura de la izquierda.

Acostumbrado durante décadas a mayorías holgadas del PSOE o del PP, el Senado afronta ahora unas elecciones en las que unos pocos escaños pueden resultar decisivos para alcanzar —o impedir— la mayoría reforzada de tres quintos. De ella depende, entre otras cosas, la capacidad de influir en nombramientos institucionales de la próxima legislatura. Ahí está la clave de la pugna: la derecha aspira a sumar esa mayoría y la izquierda, a evitar que lo consiga. Un objetivo que afecta a todos los partidos, porque esos tres quintos son necesarios para intervenir en la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional.

De las mayorías que se formen en el Senado dependerá la renovación de varios órganos, entre ellos el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Administración de RTVE. La Cámara Alta también participa en la elección del Defensor del Pueblo. Si PP y Vox alcanzan los tres quintos, podrían aprobar sin el PSOE los nombramientos que corresponden al Senado y ganar margen en las negociaciones sobre el resto de órganos. La coalición 'Senado de Progreso', formada por el PSOE y Frente Amplio, persigue arrebatar al PP la mayoría absoluta para que la Cámara Alta pueda actuar como contrapeso ante una eventual mayoría de derechas en el Congreso y tener algo de capacidad para negociar las renovaciones pendientes.

La importancia que puede tener para un Gobierno contar con un Tribunal Constitucional afín ha quedado patente en la última legislatura. Bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la mayoría progresista se ha impuesto y ha adoptado decisiones de gran calado político: anuló la sentencia de los ERE de Andalucía, avaló la ley del aborto y la ley de amnistía y recientemente declaró amnistiable la malversación del procés, lo que permitirá el regreso de Carles Puigdemont. El órgano de garantías aún debe resolver varios de los recursos de amparo presentados por los líderes independentistas y otros impuestos contra la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Asimismo, en cuestión de horas decidirá si entra a debatir la suspensión del derecho a voto de nacionalizados por la 'ley de nietos'.

El Senado, campo de batalla político

Más allá de las renovaciones institucionales, la Cámara Alta también proporciona un poderoso altavoz desde el que presionar al Gobierno o a la oposición durante toda la legislatura. De hecho, durante este último mandato de Pedro Sánchez, ha sido el escenario desde el que el PP ha ejercido de contrapeso por medio de su mayoría absoluta. Los populares han aprovechado su predominio en la cámara para fiscalizar al Ejecutivo mediante comisiones de investigación, solicitudes de comparecencias de ministros e interpelaciones. Además, aunque el Congreso tenga la última palabra legislativa, el control del Senado proporciona un escaparate institucional desde el que marcar agenda política a través de la presentación de proposiciones de ley o por medio de propuestas de veto a textos que emanan de la Cámara Baja.

Por eso, el PSOE llevaba días negociando con el Frente Amplio una coalición para el Senado antes de que venciera el plazo de registro, el 16 de octubre. El acuerdo se cerró tras conversaciones discretas y a última hora. Pero la alianza finalmente ha precipitado un movimiento en el otro lado del tablero: PP y Vox han empezado a explorar una candidatura conjunta en algunas circunscripciones. En sectores socialistas ya cuestionan la estrategia de su dirección. A su juicio, podría haber intentado una fórmula similar a la que ahora negocian sus rivales: pedir a Frente Amplio que no se presente en la mayoría de las provincias e integrarlo de algún modo en las listas del PSOE sin agitar demasiado el avispero para no precipitar un movimiento similar en el PP y Vox.

"Es un mal acuerdo que puede acarrear otro más efectivo para la derecha", advierte una fuente de peso del partido. Su temor es que PP y Vox terminen concentrando el voto conservador en una sola papeleta para el Senado y que ese movimiento, además de facilitarles escaños en la Cámara Alta, refuerce la llamada al voto útil del PP también en las elecciones al Congreso.

Otras voces socialistas, sin embargo, creen que aún es pronto para medir el impacto. A su juicio, dependerá de cómo se concrete el pacto entre PP y Vox y de cuántas provincias abarque. También confían en que una candidatura conjunta no les garantice los tres quintos necesarios para algunos nombramientos y renovaciones, uno de los objetivos que persigue la coalición de izquierdas.

En todo caso, la cuenta atrás ya está en marcha: los partidos deben registrar las listas a las Cortes antes del próximo 26 de octubre. Las candidaturas de PP y Vox reflejarán el alcance de su negociación, mientras que las del PSOE y el Frente Amplio, el reparto acordado dentro de su coalición. Este último se está diseñando a partir de los resultados de 2023 y en todas las circunscripciones salvo las de Cataluña y Canarias.

La fórmula que está sobre la mesa de la negociación mantendría al PSOE al frente de todas las listas, pero reservaría puestos al Frente Amplio según el resultado de hace tres años: donde los socialistas lograron tres senadores, conservarían los tres primeros puestos; donde obtuvieron dos, el Frente Amplio ocuparía el tercero, con la expectativa de disputar ese escaño. En la mayoría de las provincias, donde el PSOE consiguió un solo senador, se plantea una lista alterna: los socialistas ocuparían el primer y el tercer puesto, y el Frente Amplio, el segundo.