Una doctora identificada en redes sociales como María Magdalena denunció que dejará de entregar las “hojas de cargo” exigidas en su policlínico porque debe comprar con su propio dinero el papel y los bolígrafos necesarios para completarlas.

En un video difundido en Facebook, la médica planteó que sus gastos laborales se suman a un salario que, según afirmó, ni siquiera había sido depositado en su tarjeta al momento de grabar el mensaje.

“Yo no voy a seguir pagando por trabajar en este país”, afirmó la profesional, especialista en Medicina General Integral, al explicar que recibió un reclamo de las áreas administrativas por los formularios que no había presentado. Su respuesta fue una negativa: “No voy a dar más una hoja de cargo y no es rebeldía, es simplemente coherencia”.

La publicación puso el foco en la falta de recursos básicos dentro de la salud pública de Cuba, donde, según su testimonio, los trabajadores deben asumir con ingresos propios el costo de materiales indispensables para el registro cotidiano de pacientes y prestaciones.

“Yo compro las hojas, yo compro los bolígrafos”

La doctora describió una situación en la que la obligación administrativa de presentar documentos recae sobre trabajadores que no reciben los elementos necesarios para producirlos. “Yo compro las hojas, yo compro los bolígrafos”, sostuvo. También indicó que algunos pacientes le han regalado esos recursos cuando ella no puede adquirirlos.

La profesional definió esa dinámica como una forma de transferir a los empleados un costo que debería asumir la institución. “Eso estamos haciendo, pagando por nuestro trabajo”, expresó.

En el video, la médica vinculó el reclamo de formularios con la precariedad de su remuneración. Según relató, la oficina de estadísticas del policlínico la contactó el día ocho del mes para exigir la entrega de las hojas pendientes. Ella sostuvo que no aceptará seguir afrontando los gastos asociados a esa documentación.

“Tú no me puedes pagar por algo que tú no proporcionas”, dijo, en referencia a la falta de insumos. Luego cuestionó que una parte de su sueldo termine destinada a la compra de papel y lapiceras para cumplir con exigencias de su puesto.

Las llamadas hojas de cargo forman parte de los registros administrativos y estadísticos que se solicitan en los centros de salud. La médica no precisó en el video el contenido de cada formulario ni la cantidad que le requirieron, aunque su intervención giró en torno al costo de producirlos y a la presión por entregarlos.

El salario pendiente y el costo de la vida

El reclamo no se limitó a los insumos de trabajo. La doctora afirmó que su salario todavía no había sido acreditado en la tarjeta donde recibe sus pagos, pese a que el mes ya estaba avanzado. “El día diez del mes que viene, porque a esta hora de este mes no me han pagado, mi salario no ha entrado en mi tarjeta”, advirtió.

La profesional señaló que esperaba comprobar si podría cobrar el mes siguiente después de haber cumplido con sus tareas. “Yo voy a ver si no voy a cobrar, porque trabajando estoy”, planteó.

La doctora también mencionó un basurero de más de seis metros que, según dijo, se encuentra a dos cuadras de su lugar de trabajo y donde hay personas que buscan alimentos.

“¿Y tú me vas a pagar a mí la miseria que me pagas por un papel que yo tengo que buscar con un bolígrafo que yo tengo que comprar?”, preguntó. Su crítica apuntó a la distancia entre los recursos que requiere para cumplir sus funciones, el atraso en el depósito salarial y las dificultades económicas que observa en su entorno.

Un llamado a los trabajadores del sector

La médica dirigió una parte de su mensaje a sus colegas. Les pidió que evalúen el dinero que deben destinar cada jornada para trasladarse, alimentarse y adquirir instrumentos básicos de trabajo.

“A mis compañeros, llámese a la reflexión: ustedes están pagando por estar donde están”, sostuvo. En esa enumeración incluyó el transporte, los bolígrafos y los alimentos para la jornada laboral. “Ni siquiera donde están pueden alimentarse”, añadió.

El testimonio presentó esos desembolsos como gastos que reducen todavía más el poder de compra de los salarios. “Ustedes están pagando por eso”, insistió, antes de formular una pregunta que repitió dos veces: “¿En qué país del mundo se paga por trabajar?”.

Su conclusión fue una denuncia directa sobre las condiciones que describió. “La esclavitud está aquí. El miedo sigue estando aquí”, afirmó.

El diputado dominicano Rogelio Alfonso Genao Lanza presentó este martes 20 de octubre un proyecto para reducir a la mitad las ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y elevar las pensiones hasta un 60% o 70% del salario cotizable, frente al 25% que, según afirmó, reciben actualmente los trabajadores. La iniciativa busca reformar de manera integral la Ley 87-01 de Seguridad Social, según Diario Libre.

La propuesta también elimina los copagos para enfermedades catastróficas, ordena actualizar cada año los catálogos de servicios de salud y prevé consecuencias para los centros médicos que incumplan la atención de emergencias.

Un trabajador que cobraba 100.000 pesos (1.667 USD) y completó sus cotizaciones recibe una pensión estimada de 25.000 pesos (417 USD) bajo el sistema vigente, de acuerdo con el ejemplo expuesto por el legislador. Con los cambios planteados, ese monto podría ubicarse entre 60.000 y 70.000 pesos (1.000 y 1.167 USD).

Las administradoras de fondos de pensiones obtuvieron ganancias cercanas a 6.000 millones de pesos (100 millones de USD), mientras que sus costos operativos, trasladados a los afiliados mediante cargos mensuales, ascendieron a unos 7.200 millones de pesos (120 millones de USD), sostuvo Genao. El proyecto plantea limitar esos gastos y evitar que las restricciones a las utilidades sean compensadas con nuevos incrementos administrativos.

El diputado, del Partido Reformista Social Cristiano, cuestionó que una persona que trabajó durante años termine jubilada con una proporción reducida de su salario. “No podemos permitir que cuando usted tenga una vida trabajando y tenga un salario, sea pensionado con el 20% del mismo”, expresó.

Los gastos operativos de las administradoras bajo fiscalización

Las modificaciones introducidas en 2020 para limitar las ganancias de las AFP habrían sido respondidas con un aumento de los gastos operativos, según expuso Genao. La iniciativa busca establecer mecanismos de fiscalización más estrictos sobre esas entidades, según El Nuevo Diario, portal dominicano de noticias.

El proyecto contempla que los beneficios generados por los ahorros de los trabajadores se distribuyan de forma más equitativa y que los afiliados no absorban los costos de funcionamiento de las administradoras.

La Ley 87-01 fue promulgada en 2001 y, pese a los distintos proyectos presentados para modificarla, ninguna reforma ha avanzado en el Congreso durante más de dos décadas. “Entendemos que es momento de que esta discusión se dé en el Congreso, ya que han pasado 25 años desde la aprobación de la Ley 87-01 que rige la Seguridad Social; se necesita un nuevo sistema”, subrayó el legislador.

Genao también cuestionó la espera de una propuesta del Poder Ejecutivo para iniciar los trabajos legislativos y sostuvo que el Congreso Nacional debe asumir un papel activo en la búsqueda de soluciones para los trabajadores y sus familias.

El integrante de la Cámara de Diputados criticó otras propuestas de reforma que, según dijo, parecen elaboradas por las propias AFP o contemplan aumentar la edad de retiro sin priorizar mejores pensiones ni ampliar el acceso a los servicios de salud; aunque no se detallaron con precisión a las que hizo mención.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado Montes, solicitó a la Asamblea Legislativa de El Salvador un presupuesto de USD 95.3 millones para 2027, destinado en su mayor parte al funcionamiento de la institución, la ampliación de servicios para víctimas y la segunda fase de proyectos tecnológicos de recepción de denuncias y gestión de expedientes.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Delgado indicó que USD 94.58 millones del monto solicitado se destinarán a gastos operativos, equivalentes al 99.2% del total. Los otros USD 741,165 corresponden a inversión pública.

“Los USD 95.3 millones que solicitamos son para sostener esos resultados, atender a las víctimas y garantizar la legalidad de las elecciones del año 2027”, afirmó Delgado.

La Fiscalía prevé habilitar denuncias por dispositivos móviles

Uno de los ejes de la solicitud presupuestaria es la segunda fase del sistema de recepción inteligente de denuncias con inteligencia artificial. El fiscal explicó que la herramienta busca permitir que los ciudadanos presenten denuncias desde teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos conectados.

Según Delgado, el proyecto se encuentra en fase de entrenamiento para adaptar el sistema a las formas de habla y escritura utilizadas en distintas zonas del país.

Señaló que el sistema deberá incorporar controles de ciberseguridad, definir el almacenamiento de los datos y establecer mecanismos para prevenir denuncias falsas o usos indebidos de la plataforma.

La iniciativa busca reducir los tiempos de atención en oficinas policiales y fiscales. También pretende liberar a los fiscales de tareas administrativas para que dediquen más tiempo a las investigaciones, la depuración de expedientes y el acompañamiento a las víctimas.

El proyecto Integra apunta a un expediente penal electrónico

La FGR también pidió fondos para avanzar con el proyecto Integra, una plataforma que busca concentrar en un mismo sistema la gestión de los procesos penales, la cadena de custodia de pruebas y el análisis criminal.

Delgado explicó que el modelo permitirá que los fiscales registren desde el inicio las diligencias de cada caso, las entrevistas, los documentos jurídicos y los requerimientos de información a otras instituciones. El objetivo es evitar duplicaciones y contar con datos actualizados sobre la evolución de los expedientes.

El fiscal anticipó que Integra comenzará su desarrollo formal con la instalación de una Oficina de Transformación Digital de la Fiscalía. La implementación general está prevista para mediados de 2028, aunque la institución planea habilitar módulos cada tres o cuatro meses.

“Puede suceder que un día la fiscalía ya solo reciba las denuncias de manera electrónica”, dijo Delgado, quien añadió que el sistema también facilitaría la emisión digital de certificaciones y constancias.

La FGR afirmó que ha invertido en infraestructura tecnológica con recursos propios y asignaciones especiales, incluidos fondos decomisados en investigaciones por narcotráfico y pandillas. Delgado sostuvo que la entidad busca mantener bajo control institucional la información obtenida en sus investigaciones.

Atención a víctimas y formación de fiscales

La propuesta para 2027 contempla extender el modelo de atención psicosocial a las oficinas fiscales de Sonsonate y San Vicente. Con esas incorporaciones, la FGR tendría cinco sedes con servicios especializados para mujeres, niñas, niños, adolescentes y otros grupos vulnerables.

El fiscal señaló que estos espacios buscan evitar que las víctimas repitan sus relatos ante diferentes funcionarios. También cuentan con condiciones para realizar anticipos de prueba y otras diligencias judiciales.

El presupuesto incorpora además recursos para el Instituto Especializado de Educación Superior creado por ley. La institución prevé ofrecer una Maestría en Investigación Criminal para fiscales auxiliares, con énfasis en causas de alta complejidad.

Delgado indicó que la Fiscalía buscará fortalecer la capacitación en delitos vinculados con criptoactivos, violencia digital y argumentación jurídica.

Reducción del 88% en la mora heredada

Como parte de su rendición de cuentas, el fiscal informó que la institución recibió más de 573 mil denuncias y atendió a más de 567 mil víctimas entre mayo de 2021 y el 16 de octubre de 2026.

En ese período, según los datos expuestos por Delgado, la FGR resolvió 607,543 casos y obtuvo 68,761 condenas frente a 12,974 absoluciones. El funcionario afirmó que el 84% de los procesos que llegaron a sentencia concluyó con una condena.

También sostuvo que la Fiscalía redujo de 176,726 a 21,135 los expedientes heredados que permanecían activos sin diligencias, una disminución del 88%. La carga activa actual, añadió, asciende a 142,469 casos e incluye expedientes nuevos en trámite.

“La institución resuelve 118 expedientes por cada 100 que ingresan”, aseguró el fiscal, al comparar el indicador con los 86 casos resueltos por cada 100 denuncias registrados en 2021.

El Ministerio de Hacienda de Nicaragua acumuló 32 semanas sin colocar Bonos de la República en 2025, mientras inversores privados, instituciones financieras y bancos evitaron adquirir deuda estatal por dudas sobre la capacidad y la voluntad de pago del régimen, informó Confidencial 30.

Las emisiones realizadas hasta el 14 de octubre sumaban USD 45,9 millones en distintos plazos, menos de la mitad de la meta anual de USD 100 millones. El resultado prolongó las dificultades que ya habían limitado la captación de recursos durante el año anterior.

La principal preocupación es la confianza en que el Estado cumpla sus obligaciones, explicó a Confidencial, medio nicaragüense, un profesional que integró el equipo de asesoría legal de un banco comercial nicaragüense. El riesgo, señaló, combina dos interrogantes: si el Gobierno podrá pagar y si decidirá hacerlo.

Hasta ahora, el régimen de Daniel Ortega no ha incumplido obligaciones financieras. El especialista recordó que, al inicio de su Gobierno, Ortega cuestionó el pago de más de USD 100 millones en Bonos por Indemnización, pero cambió de posición tras ser advertido sobre las consecuencias de un incumplimiento.

El experto advirtió que una eventual suspensión de pagos no puede descartarse si el país enfrenta sanciones comerciales o financieras.

El aislamiento financiero y la presión sobre las reservas

Las sanciones comerciales podrían afectar los acuerdos de Nicaragua con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana —conocido como DR-CAFTA— y con Europa mediante el Acuerdo de Asociación. El impacto sobre las exportaciones dependería de la profundidad de las medidas que eventualmente se apliquen.

El aislamiento financiero también podría agravarse, según el medio, por la suspensión de desembolsos de créditos ya firmados, incluidos los contratos con China, que suelen avanzar lentamente. Si esos escenarios se concretaran, las reservas internacionales brutas podrían resultar insuficientes para sostener salarios estatales, servicios básicos y el funcionamiento del Estado.

“Quizás puedan hacerlo por tres o cuatro meses, en cuyo caso, pagar esos bonos no será prioridad”, sostuvo el especialista. La emisión de estos instrumentos busca captar recursos para financiar el Presupuesto General de la República e incentivar el ahorro de pequeños inversores en la Bolsa de Valores de Nicaragua.

La compra de deuda pública supone además un riesgo para quienes participan en las subastas. “Adquirir estos bonos, o simplemente ofertar por ellos, significa objetivizarse frente a la voracidad recaudatoria del Estado”, afirmó el experto, al mencionar la posibilidad de reparos fiscales contra los inversores.

Un inversionista consultado consideró que la tasa de interés del 7% ofrecida por el Estado revela “desesperación por liquidez”. Según su evaluación, Nicaragua permanece aislada financieramente y los financiadores internacionales se han alejado de un Gobierno que atraviesa una crisis política permanente.

Dos clases de bonos y una demanda limitada

El Estado ofrece bonos denominados en dólares estadounidenses que se pagan en córdobas al tipo de cambio oficial, y otros emitidos y pagaderos en dólares. El mercado ha mostrado mayor preferencia por los primeros.

La política económica también busca contener la inflación mediante un freno macroeconómico, según el análisis recogido por Confidencial. Las remesas, que en 2025 se acercaron a USD 6.200 millones y podrían rondar los USD 6.700 millones en 2026, ingresan sin un encadenamiento productivo local y, de acuerdo con esa evaluación, deberían generar mayores presiones sobre los precios.

Los bancos prefieren los instrumentos emitidos por el Banco Central, que capta recursos para aumentar las reservas brutas. Además, las entidades necesitan mantener altos niveles de liquidez porque trabajan con fondos internacionales de corto plazo, que deben devolver en un período máximo de un año.

En 2024, el Ministerio de Hacienda solo logró colocar USD 6,5 millones, equivalente al 6,5% de lo proyectado. Durante los primeros cinco meses de 2025, las emisiones alcanzaron USD 9,85 millones, y al cierre del año la colocación representó el 15,3% de la meta prevista, se añade.

Dos ciudadanos dominicanos y un ciudadano chino fueron detenidos por un presunto caso de tráfico de cocaína después de que la Guardia Costera de Estados Unidos interceptara una embarcación rápida frente a la costa norte de Puerto Rico este martes.

El operativo concluyó con la incautación de 222 kilos de cocaína (489 libras), cuyo valor estimado asciende a USD 5,5 millones, según informó este martes la Guardia Costera, y recogió la agencia EFE.

Los agentes detectaron e interceptaron la lancha en aguas del océano Atlántico, en la zona frente al litoral norte de la isla. Tras el procedimiento, los guardacostas trasladaron el cargamento hasta tierra y entregaron a los tres sospechosos a las autoridades federales.

La custodia de los detenidos quedó a cargo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en San Juan, que deberá continuar con las actuaciones vinculadas al caso.

No se difundieron las identidades de los arrestados ni se precisó el punto de partida de la embarcación, su posible destino o la ruta que habría seguido antes de la intercepción.

Otro operativo dejó 69 bloques de droga incautados este mes

La incautación se suma a otro operativo efectuado este mes cerca de la costa noreste de Puerto Rico, donde fueron arrestadas cuatro personas que transportaban 69 bloques de cocaína en una embarcación.

Las autoridades no informaron si ambos casos están relacionados. Las dos operaciones refuerzan la atención de los organismos de seguridad sobre el uso de embarcaciones pequeñas y rápidas para trasladar droga por las rutas marítimas del Caribe.

La isla ocupa una posición geográfica entre el mar Caribe y el océano Atlántico. Por su condición de Estado Libre Asociado de Estados Unidos, figura como punto de tránsito para cargamentos de droga procedentes de América del Sur y de otros territorios del Caribe con destino al mercado estadounidense.

La DNCD incauta 1.068 paquetes de presunta cocaína y arresta a tres colombianos

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) interceptó una lancha rápida e incautó 1.068 paquetes de presunta cocaína frente a las costas de Pedernales, en República Dominicana. La operación dejó tres colombianos arrestados tras una persecución de varias horas en altamar, según informó la institución.

El cargamento fue entregado bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que determinará el tipo y el peso exacto de la sustancia. La DNCD informó que durante 2026 las fuerzas de seguridad decomisaron más de 34.000 kilogramos de drogas, equivalentes a 34 toneladas.

La embarcación fue interceptada varias millas náuticas al suroeste de la isla Beata durante un despliegue marítimo, aéreo y terrestre coordinado con la Armada, la Fuerza Aérea, el Ministerio Público y agencias internacionales. En su interior había 36 pacas, dos motores de 300 caballos de fuerza cada uno, 12 tanques de combustible, tres baterías, un equipo de comunicación Starlink, un teléfono móvil y dos navegadores GPS. Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público de Pedernales para el conocimiento de medidas de coerción por violación de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió dictámenes favorables para reformar el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el objetivo de endurecer las sanciones por conducción peligrosa, en especial cuando involucre transporte colectivo de pasajeros o vehículos de carga.

La propuesta plantea que conducir bajo los efectos del alcohol, sin importar la concentración detectada, continúe como delito de conducción peligrosa. También incorpora como conducta penalmente sancionable manejar un bus o un vehículo de carga sin la licencia correspondiente para esa categoría.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, explicó que la conducción peligrosa tendría una pena de dos a cinco años de prisión. Cuando el hecho ocurra al mando de un vehículo destinado al transporte público colectivo o de carga, la pena se elevaría de cinco a 10 años.

Si la conducta provoca lesiones o muertes, las penas por lesiones culposas u homicidio culposo podrían llegar hasta 15 años de prisión cuando el responsable conduzca un bus o un vehículo de carga. La eventual condena incluiría la suspensión del derecho a conducir durante el mismo plazo de la pena impuesta.

La reforma define la conducción peligrosa como un delito de peligro abstracto. Esto implica que la Fiscalía General de la República podrá iniciar el proceso con la sola comprobación de una de las conductas previstas, sin que sea necesario que exista una víctima lesionada o fallecida.

Entre esas conductas figuran la conducción con presencia de alcohol, bajo efectos de drogas que reduzcan las capacidades para manejar, la participación en competencias de velocidad sin autorización y la conducción de transporte colectivo o de carga sin la habilitación requerida.

Prisión para propietarios que entreguen vehículos a conductores no autorizados

La iniciativa incorpora un nuevo delito para los propietarios, poseedores o encargados de buses y vehículos de carga de ocho toneladas o más que los entreguen a personas sin la licencia correspondiente.

Según la propuesta, quienes permitan esa práctica podrían recibir penas de cinco a 10 años de prisión. La sanción aumentaría si el conductor causa lesiones o muertes.

El propietario y el conductor responderían de forma solidaria por los daños y perjuicios que se determinen en el proceso judicial. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, sostuvo que la medida se dirige a los responsables de entregar unidades de transporte de pasajeros o carga a personas que no cuentan con la capacitación o autorización necesaria.

Reparación a las víctimas sin extinción de la acción penal

Las reformas al Código Procesal Penal buscan limitar las salidas alternas en los casos vinculados con conducción peligrosa. La conciliación, la mediación y la reparación integral del daño ya no extinguirían la acción penal cuando haya homicidios o lesiones derivados de esa conducta.

La comisión modificó la redacción inicial de la iniciativa para precisar que las lesiones culposas cometidas mediante conducción peligrosa serán perseguidas de oficio. El resto de los casos de lesiones culposas mantendría el régimen actual, que requiere la instancia de la víctima para iniciar la investigación.

Delgado afirmó que la restricción a la conciliación no elimina el derecho de las víctimas a recibir una compensación. La diferencia es que un acuerdo económico no detendría el proceso penal ni impediría que el Estado busque una condena contra el responsable.

El fiscal señaló que la Fiscalía deberá investigar desde el inicio los daños materiales, el lucro cesante y el daño moral para solicitar una reparación civil concreta ante los tribunales.

Retención preventiva de vehículos con fallas de seguridad

La propuesta de reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial otorgaría nuevas facultades al Viceministerio de Transporte (VMT) y a sus gestores para retener preventivamente vehículos que incumplan las condiciones mínimas de seguridad.

La medida alcanzaría a unidades sin tarjeta de circulación vigente, con llantas desgastadas o con fallas en los sistemas de iluminación, entre otras irregularidades. Cuando se detecte la posible comisión de un delito, el decomiso correspondería a la Policía Nacional Civil.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, indicó que la reforma también permitiría al VMT realizar directamente revisiones técnicas vehiculares. El funcionario recordó que el Gobierno ya exige ese control para camiones articulados fabricados en 1999 o antes y para las volquetas, y anticipó que la medida se extenderá al resto del transporte de carga.

Durante la sesión, Delgado afirmó que entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026 se registraron 16.809 accidentes de tránsito y 1.083 fallecidos en El Salvador. Reyes añadió que 67 personas murieron ese año en siniestros que involucraron vehículos de carga.

Los dictámenes favorables quedaron listos para su discusión en el pleno legislativo, donde los diputados definirán si las reformas entran en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió la liberación inmediata del periodista cubano Henry Constantín, quien cumple una sanción de al menos 15 días en una celda de castigo de la prisión de máxima seguridad Kilo 7, en Camagüey, según denunció la organización el 19 de octubre.

Constantín, director del medio digital La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, permanece detenido desde el 16 de septiembre. La entidad responsabilizó a las autoridades de Cuba por su integridad física y psicológica.

De acuerdo con La Hora de Cuba, personal penitenciario afirmó que halló un cuchillo artesanal entre las pertenencias del periodista durante una requisa realizada el 15 de octubre. A partir de ese hallazgo, las autoridades le impusieron el confinamiento disciplinario.

Constantín sostiene que el objeto pudo haber sido colocado para incriminarlo y justificar nuevas sanciones en su contra. En una llamada desde el penal, relató que los funcionarios se dirigieron de forma directa al sitio donde dijeron haber encontrado el arma.

La medida también derivó en la suspensión de las visitas familiares y conyugales previstas para el 19 de octubre, además de la pérdida de la comunicación telefónica diaria que tenía autorizada.

Dudas sobre las circunstancias del supuesto hallazgo

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que el traslado de Constantín a una celda de castigo ocurre en un contexto que, según la organización, plantea dudas sobre el procedimiento penitenciario.

“La decisión de enviar a Henry Constantín a una celda de castigo, en circunstancias que despiertan serias sospechas, constituye un nuevo y alarmante episodio de hostigamiento contra un periodista que nunca debió estar encarcelado”, afirmó Manigault.

El directivo, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., de Charleston, Carolina del Sur, pidió que las autoridades cubanas pongan fin a las medidas disciplinarias y garanticen la seguridad del periodista. La SIP reclamó además su liberación incondicional.

Detención desde el 16 de septiembre y acusación de desobediencia

Constantín fue arrestado cuando acudió a una citación policial en Camagüey el 16 de septiembre. Las autoridades lo acusan de presunta desobediencia porque no se presentó a una convocatoria anterior, fijada para el 9 de septiembre.

El periodista rechaza esa acusación, según el comunicado de la SIP. La organización recordó que ha denunciado detenciones, restricciones y otros actos de hostigamiento contra Constantín vinculados con su actividad profesional.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, advirtió que el aislamiento y la restricción de contactos con la familia incrementan la vulnerabilidad del detenido.

“Nos preocupa especialmente que, además del aislamiento, se pretenda privar a Constantín del contacto con su familia y de sus comunicaciones telefónicas”, afirmó Ramos, quien dirige la Organización Editorial Mexicana (OEM). También solicitó una investigación independiente sobre la denuncia de que el arma fue colocada entre sus pertenencias.

La SIP, con sede en Miami y conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental, sostuvo que el encarcelamiento de Constantín y las nuevas sanciones agravan la preocupación por las condiciones para el ejercicio del periodismo independiente en Cuba.

El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, afirmó este martes ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que el ramo de Seguridad tendrá USD 20 millones menos en 2027, aunque aseguró que esa reducción no afectará el Plan Control Territorial, la operatividad policial ni las prestaciones del personal.

Durante su comparecencia, el funcionario sostuvo que la disminución presupuestaria responde a una estrategia del gobierno para reorientar recursos hacia educación.

Según las cifras expuestas por Villatoro, el presupuesto total del ramo pasará de USD 702.59 millones aprobados para 2026 a cerca de USD 682.59 millones para 2027. El ministro indicó que la reducción se concentra principalmente en la Policía Nacional Civil, que tendría una asignación de USD 446.29 millones, frente a los USD 471.92 millones del año en curso.

“Por supuesto que nos van a hacer falta esos veinte millones, pero ahí está la eficiencia”, dijo Villatoro. Agregó que el presupuesto contempla las planillas, los bonos, el mantenimiento de la flota, la infraestructura y las inversiones tecnológicas previstas para el próximo año.

El Ministerio proyecta pasar de 17 a 50 agentes virtuales en la Policía

Uno de los ejes de la exposición fue la expansión de la inteligencia artificial soberana, como el ministro denominó al sistema desarrollado y operado en servidores instalados en territorio salvadoreño.

Villatoro afirmó que la Policía Nacional Civil ya cuenta con 17 agentes virtuales destinados al sistema de emergencias, las investigaciones y el patrullaje digital. La meta para 2027 es llegar a 50 herramientas de este tipo.

El funcionario señaló que la infraestructura incluye tres servidores de NVIDIA y que el sistema fue desarrollado con participación de profesionales salvadoreños formados en instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Georgia Tech y Barcelona Tech School.

También aseguró que la tecnología permite reconocer rostros, identificar a personas con órdenes de captura y procesar comunicaciones recibidas por las autoridades. Para sostener ese proyecto, el Ministerio prevé una inversión de USD 4,4 millones en inteligencia artificial durante 2027.

La Policía busca ampliar la vigilancia con drones y redes 5G

El ministro informó que el presupuesto incluye USD 1.14 millones para ampliar el programa de drones de respuesta ante emergencias. La iniciativa, según explicó, cubre más del 80% de la zona metropolitana de San Salvador y Santa Tecla.

Villatoro sostuvo que las aeronaves no tripuladas pueden llegar a una emergencia en menos de cinco minutos y que la información se transmite en tiempo real a las unidades policiales desplegadas en el territorio.

La cartera de Seguridad también prevé extender el sistema a otras ciudades principales del país. El centro de mando continuará en San Salvador, de acuerdo con la presentación.

El funcionario afirmó que la Policía cuenta con más de 21,500 dispositivos móviles para sus agentes y con una red de más de 200 kilómetros de fibra óptica. Esa infraestructura conecta cámaras de videovigilancia, centros de datos e instalaciones estratégicas del Ministerio, Migración y el Instituto de Medicina Legal.

Para el próximo año, el Ministerio prevé realizar una prueba piloto con tecnología 5G, con el objetivo de conectar cámaras sin instalar cableado en todos los puntos de vigilancia.

Villatoro atribuyó a la tecnología parte de la reducción de gastos operativos

El ministro vinculó la reducción presupuestaria con el uso de vehículos eléctricos, paneles solares y sistemas de despliegue policial basados en datos sobre incidencia delictiva.

Según expuso, la institución incorporó cerca de 369 vehículos eléctricos, entre patrullas, motocicletas, camionetas y vans. Además, instaló 53 puntos de carga y paneles solares en más de ocho instalaciones policiales y ministeriales.

Villatoro sostuvo que esos proyectos han permitido reducir el gasto en combustible, lubricantes, mantenimiento y administración de vales de gasolina. El Ministerio calcula que cuenta con cerca de tres megavatios de energía solar instalada.

La estrategia de movilidad eléctrica se concentra en la zona metropolitana, el centro histórico de San Salvador y el Aeropuerto Internacional de El Salvador. El funcionario indicó que las unidades convencionales que operan fuera de esas áreas mantendrán sus planes de mantenimiento y reparación de acuerdo con su antigüedad.

El proyecto presupuestario mantiene en USD 128,63 millones la asignación para la Dirección General de Centros Penales y en USD 42,09 millones los recursos destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad.

La Agencia de Ciberseguridad del Estado conservará una partida de USD 22 millones, mientras que la Academia Nacional de Seguridad Pública tendrá USD 9,76 millones. La Dirección General de Migración y Extranjería recibirá una asignación similar a la de 2026.

El Registro Nacional de las Personas Naturales tendrá un aumento de USD 6,5 millones, según explicó Villatoro, debido a la gratuidad del documento único de identidad y al proceso electoral previsto para 2027.

En materia de inversión, el ministro mencionó un préstamo de Italia para obras en un centro de detención intermedio de Ilopango, donde se proyecta concentrar a jóvenes hombres y mujeres privados de libertad en instalaciones separadas.

También anunció el traslado de la delegación policial de Santa Tecla a un edificio que perteneció a la Academia Nacional de Seguridad Pública y la construcción de una nueva sede para la delegación de Sonsonate.

El ministro aseguró que el régimen de excepción continuará vigente

Durante la sesión, Villatoro defendió la continuidad del régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022. Lo definió como un “protocolo de guerra” contra las pandillas y afirmó que seguirá mientras las autoridades consideren que hay miembros de esas estructuras en libertad dentro del país.

El ministro señaló que alrededor de 11 mil personas detenidas durante el régimen ya recibieron condenas. También sostuvo que el gobierno busca consolidar reformas legales para impedir que integrantes de pandillas recuperen la libertad.