La magnitud de los estragos causados por la DANA Adam en la Comunitat Valenciana comenzó a calibrarse el lunes por la mañana, cuando los primeros rayos del sol iluminaron las poblaciones inundadas por las lluvias torrenciales y los desbordamientos en las comarcas de la Safor y la Marina Alta. Aquellas percepciones empiezan a transformarse en datos concretos, como las 5.854 solicitudes de indemnización que ya ha recibido el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, procedentes de ambas zonas.

En concreto, la mayoría procede de la provincia de Valencia, con 5.007 instancias, el 77% del total nacional, que asciende a 6.528 instancias teniendo en cuenta otras provincias. Solo el municipio de Oliva, uno de los más golpeados por su extensión de zona costera, suma 2.760 solicitudes de damnificados. La segunda provincia es Alicante, con 847 escritos, y a más distancia figuran Almería (163), Málaga (117) y Baleares (127).

El Seguro de Riesgos Extraordinarios del organismo estatal cubre los daños por inundación a personas y bienes que tuvieran una póliza de seguro en vigor cuando sucedieron los hechos. Para ello, el Gobierno debe activar la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, cosa que el presidente Pedro Sánchez avanzó durante su visita a Oliva del martes.

Fuentes de la entidad aseguran que el Consorcio está "preparado" para que los afectados reciban su indemnización "lo antes posible", aunque añaden que todavía es "pronto" para estimar el alcance de los daños.

Una vez el asegurado comunica los daños de viviendas, negocios o vehículos, el Consorcio tramitará todas las solicitudes y, a partir de ahí, un perito tasador visitará al interesado para valorar los daños. La entidad recomienda guardar los presupuestos y las facturas de reparación. En el caso de los bienes, si no es posible conservarlos, explica que conviene fotografiarlos. El pago se realizará por transferencia bancaria.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha animado este jueves desde la Marina Alta a los ayuntamientos a "elaborar los informes de daños" para agilizar "al máximo" las ayudas para la reconstrucción de los municipios.

Por su parte, la Generalitat ha activado los mecanismos de coordinación para garantizar una respuesta institucional única que posibilite la rápida recuperación de las zonas afectadas. El president Juanfran Pérez Llorca ha supervisado en Xeraco el inicio de los trabajos de recuperación de las depuradoras, y los consultorios de Piles y Els Poblets han reabierto, con lo que se ha restablecido por completo la actividad sanitaria.

El juicio por el llamado caso del bulo del Bar España ha acogido este jueves las declaraciones de varios testigos que en el momento del inicio de la trama inventada eran niños y que han reiterado en su testimonio tanto la falsedad de los hechos como que fueron obligados a relatar falsos abusos bajo amenaza.

Así se ha puesto de manifiesto en las comparecencias que han tenido lugar en el juzgado de lo Penal, plaza 3, en la Audiencia Provincial de Castellón, que se han celebrado tanto presencial como telemáticamente.

Durante la sesión han declarado en calidad de testigos dos de los niños que aparecían en los vídeos que se difundieron por el creador del bulo, Reinaldo Colás (ya fallecido y condenado por denuncia falsa), en los que acusaban a distintas personas de diferentes delitos vinculados con abusos a menores.

Uno de los menores ha explicado que Colás le decía lo que tenía que manifestar ante la cámara como que "había estado en el bar España y que había visto cómo asesinaban a niños". El testigo ha aseverado que "era todo mentira", pero "me obligaba a decirlo y me amenazaba con que si no lo hacía no vería más a mis hermanos que estaban ingresados en un centro de menores".

Asímismo ha señalado que Colás le llevaba a un oficina del Grao de Castellón en presencia también de algún periodista para grabar vídeos. Un material audiovisual que se sigue difundiendo 30 años después y que ha ocasionado numerosas víctimas cuyos nombres introducía Colás en su bulo y circulaban por la red sin control.

Otra de las entonces niñas ha explicado que Reinaldo Colás "nos obligaba a decir esas cosas" que luego vieron en internet y en un periódico y que colgaban "sin mi consentimiento". Y que las dijo "también porque nos obligaba mediante amenazas".

Han declarado igualmente las dos hijas de Colás (que figuró como imputado hasta su fallecimiento), que en el momento de la creación del bulo, 1997, tenían 3 y 5 años y que tuvieron un papel determinante en su germen.

Así lo explicó una de las víctimas, la magistrada y presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón, Sofía Díaz, quien era jueza en 1997 en Vinaròs cuando Colás presentó una denuncia, que se archivó finalmente, por abusos sexuales que aseguraba que habían sufrido sus hijas por parte de la entonces pareja de su exmujer.

Este extremo motivó el aluvión de informaciones falsas, a modo de venganza, contra la entonces jueza, y la creación de un bulo que siguió creciendo y al que Colás iba añadiendo el nombre de otras personas, principalmente políticos o cargos en la Administración, entre ellos el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, o el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

Una de las hijas de Colás ha indicado que su padre "insistió" en esa historia toda su vida, que era un "delirio" y que ella supo que no era cierto a los pocos años. Y ha señalado que sí tuvo contacto con alguno de los 6 acusados que hoy se sientan en el banquillo.

También ha recordado que su padre "odiaba a Sofía Díaz", por el tema relacionado con su custodia, que perdió tras el archivo de su denuncia falsa.

Y ha señalado que, pese a su corta edad, recuerda que su padre le grabó en vídeo y que le indicaba si debía responder sí o no a sus preguntas.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la Ley de Les Corts Valencianes 3/2025, de 22 de mayo, de protección y ordenación de la costa valenciana.

La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán Huertas, examina la alegación de la Abogacía del Estado relativa a las edificaciones de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), cuya demolición había sido ordenada por resoluciones judiciales firmes y estaba pendiente de ejecución.

El Tribunal recuerda, en este punto, que el recurso de inconstitucionalidad tiene por objeto el control abstracto de las normas y no el examen de las intenciones que se atribuyan al legislador.

La sentencia declara inconstitucionales el artículo 17 y la disposición final primera, exclusivamente en cuanto se apliquen a bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre.

Tras reconocer que la Comunitat Valenciana puede proteger los valores culturales, históricos y etnológicos de los núcleos urbanos situados en su litoral, incluso cuando se encuentran en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, advierte de que esa protección no puede limitar las facultades que corresponden al Estado sobre estos terrenos.

El problema se plantea porque la ley autonómica no se limita a reconocer los valores etnológicos de estos núcleos, sino que permite aprobar planes especiales con medidas dirigidas a su conservación.

Según informa el alto tribunal en un comunicado, la ley valenciana los incorpora al régimen de protección del patrimonio cultural valenciano, del que se derivan obligaciones de conservación y restricciones a la demolición de los inmuebles protegidos.

Cuando estas medidas afectan al dominio público marítimo-terrestre, pueden impedir que el Estado adopte las actuaciones necesarias para garantizar su integridad y recuperación, conforme a la legislación de costas.

Por esta razón, el Tribunal los declara inconstitucionales, sin declararlos nulos. Ambos preceptos pueden seguir aplicándose en los demás espacios del litoral, donde la protección de estos núcleos no plantea el conflicto competencial apreciado por la sentencia.

Por otra parte, la disposición adicional cuarta se declara inconstitucional y nula.

Esa norma permite a la Generalitat elaborar un inventario de terrenos degradados, incluidos en el dominio público marítimo-terrestre.

El Tribunal considera que esta previsión va más allá de una simple recopilación de información, pues atribuye a la Administración autonómica la facultad de identificar y calificar terrenos en función de su posible pérdida de las características propias del dominio público marítimo-terrestre. Con ello invade las competencias del Estado, al que corresponde determinar qué terrenos forman parte de dicho dominio público y decidir sobre su deslinde y eventual desafectación.

Los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño han anunciado la formulación de voto particular.

Tras conocer la admisión del recurso, desde la Generalitat se ha trasladado que se va a analizar la sentencia y que se mantiene "inquebrantable la voluntad de proteger a los ciudadanos valencianos que viven en la costa".

"Se analizarán todas las vías jurídicas para proteger los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico. Se lamenta que se haya remitido la comunicación a medios antes que la propia Generalitat Valenciana. En cualquier caso hay que destacar que, en un primer análisis, se evidencia que el Tribunal Constitucional no dice que no se puedan proteger los núcleos etnológicos, sino que cuestiona que lo haga una comunidad autónoma".

"Este matiz es fundamental: la necesidad de proteger estos núcleos sigue vigente. La sentencia no cierra la puerta a su protección mediante la legislación estatal y mantiene vivo el debate sobre la reforma de la Ley de Costas que los partidos del Gobierno han bloqueado a nivel nacional pese a la mayoría parlamentaria que la ha respaldado esta legislatura. Excepto este artículo que buscaba proteger a las casas tradicional de costa el resto de la ley sigue en vigor y se va a seguir desarrollando", han señalado desde el Ejecutivo autonómico.

Por su parte, la diputada del PSPV en Les Corts, María José Salvador, ha destacado que su partido "denunció desde el principio que la ley de Costas invadía competencias estatales" y ha criticado que el PP "la impulsó para confrontar con el Gobierno de España", por lo que -ha señalado- "ha jugado con los vecinos de nuestra Comunitat".

A su juicio, el Conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, "debería dimitir ya, porque ha jugado generando falsas expectativas a los valencianos, porque el único objetivo de esta ley era confrontar al Gobierno de España y engañar a la población", ha expresado Salvador a los medios de comunicación.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la Ley de Les Corts Valencianes 3/2025, de 22 de mayo, de protección y ordenación de la costa valenciana, promulgada por la Generalitat valenciana, presidida desde diciembre por Juanfran Pérez Llorca, del PP.

Seguir leyendo

La evolución del periodismo en un ecosistema cada vez más digital y audiovisual centra este jueves la mesa redonda «25 años de LA RAZÓN en la Comunitat Valenciana. Escribir periodismo para un mundo audiovisual. Crisis y retos del siglo XXI», quiere abordar los retos de los medios en un momento en el que prima lo audiovisual. Este espacio de reflexión cuenta con la colaboración de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), en el marco de la Cátedra de Cultura Audiovisual que la universidad desarrolla con el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

El encuentro reúne a representantes del ámbito periodístico, educativo, académico y cultural para debatir sobre los cambios que afronta la profesión y sobre cómo preservar los principios esenciales del oficio en un contexto marcado por la inmediatez, la multiplicación de plataformas y la transformación de los hábitos de consumo informativo.

La mesa cuenta con la participación de Sergio Alonso, director adjunto de LA RAZÓN; Xaro Escrig, directora general de Innovación e Inclusión Educativa de la Generalitat Valenciana; Joan M. Oleaque, decano de la Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación; Ana Merino, directora de la Cátedra Planeta de Literatura y Sociedad; y Arnau Vilaró, director del Centro de Estudios HUMA.

Uno de los ejes del debate será la convivencia entre la prensa impresa y los formatos digitales y audiovisuales. La apuesta de LA RAZÓN por mantener la edición en papel y una presencia informativa propia en la Comunitat Valenciana invita a reflexionar sobre el valor de la lectura pausada, el análisis y la proximidad informativa en una época dominada por la velocidad de las publicaciones digitales.

La conversación se articulará en torno a cuatro grandes temas: qué significa escribir periodismo hoy; cómo preservar la atención y la credibilidad en un entorno saturado de información; cómo cambia la manera de contar al pasar del texto a la imagen; y qué perfil profesional requiere el periodismo del siglo XXI, con especial atención a la inteligencia artificial, el criterio profesional y la formación.

La desinformación, la presión por captar audiencias, la verificación de los contenidos y la alfabetización mediática serán también cuestiones centrales de un encuentro que pretende abordar tanto las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías como los desafíos que plantean para la calidad y la confianza en la información.

La celebración de los 25 años de LA RAZÓN en la Comunitat Valenciana se convierte así en una oportunidad para trasladar al ámbito universitario una reflexión sobre el presente y el futuro del periodismo. La colaboración con la VIU y la Cátedra de Cultura Audiovisual, desarrollada junto al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, subraya la dimensión educativa del encuentro y la importancia de formar profesionales y ciudadanos capaces de interpretar críticamente los mensajes mediáticos.

La Generalitat ha convocado ayudas por valor de ocho millones de euros destinadas a la limpieza y reparación de fachadas, así como una ampliación de las subvenciones destinadas a la reparación o sustitución de ascensores dañados por la dana de 2024.

Estas dos líneas de ayudas, vinculadas a la recuperación de las viviendas afectadas, tienen como objetivo recuperar la accesibilidad de los edificios y reparar los daños visibles que todavía permanecen visibles en numerosos inmuebles, a fin de contribuir al proceso de retorno a la normalidad de la ciudadanía.

El importe global máximo de ambas subvenciones asciende a cuatro millones de euros por cada línea de ayuda, repartidos en dos anualidades, un millón para el ejercicio 2026 y tres millones de euros para 2027, respectivamente.

En cuanto a la subvención para la reparación o sustitución de ascensores, se trata de una ampliación de las ayudas ya existente, que en una primera convocatoria se destinaron a edificios en los que vivían personas con movilidad reducida y ahora se amplían a todos los edificios que se hayan visto afectados por la dana.

Según la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se establece que estas ayudas podrán alcanzar una cuantía de hasta el 100 % del coste total subvencionable de la actuación, con una importe mínimo de 300 euros y un máximo de 50.000 euros por ascensor.

En el caso de actuaciones de sustitución completa del ascensor, la cuantía de la subvención se ajustará al carácter estrictamente reparador de la intervención y a la equivalencia técnica del nuevo aparato respecto del ascensor siniestrado, ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Por otra parte, según la Generalitat, la nueva línea de ayudas para la limpieza o reparación de fachadas se destina a los edificios de uso residencial, tanto de tipología colectiva como viviendas unifamiliares, que se encuentren legalmente construidos y hayan sufrido daños acreditables en fachadas o elementos exteriores como consecuencia directa de la dana.

Estas ayudas podrán alcanzar el 100 % del coste subvencionable, con una cuantía mínima de 300 euros y un máximo de 6.000 euros por actuación.

Serán beneficiarias de estas ayudas las personas propietarias de la totalidad de un edificio; comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios; y las personas propietarias de hasta cuatro viviendas o locales en un mismo edificio, que no hayan otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal.

También las sociedades cooperativas de viviendas, asociaciones sin ánimo de lucro, comunidades de bienes, sociedades mercantiles u otros legalmente admitidos, con o sin personalidad jurídica propia; administraciones públicas, organismos y demás entidades de derecho público, así como empresas públicas y sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por las administraciones públicas.

Las subvenciones serán compatibles con otras ayudas que para el mismo objeto sean otorgadas por cualquier otra institución, pública o privada, siempre que el importe total no supere el coste total del precio de la actuación y siempre que la regulación de las otras ayudas, ya sean de ámbito nacional o europeo, lo admitan.

La cabeza de lista del PSOE a las elecciones generales del 29 de noviembre por Valencia, Pilar Bernabé, ha explicado hoy que va a centrar su campaña electoral en la ciudad de Valencia y el área metropolitana, y que se plantea la campaña electoral nacional como un adelanto de la campaña a las elecciones municipales que está convencida de que le llevarán a la alcaldía de Valencia.

Por ello, hoy ha querido "poner en marcha el comité electoral de Valencia ciudad porque la capital es estratégica y prioritaria". Si bien, la ex delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana no ha querido concretar cuál será su futuro si tras presentarse como cabeza de lista a la Generales, y también a las elecciones municipales, fuera elegida como alcaldesa: "Mi principal objetivo es ganar la alcaldía. Seguro que hay forma de compatibilizar. Lo más importante es el objetivo final que es ser alcaldesa de la ciudad, que es a lo que me voy a dedicar en cuerpo y alma", ha explicado sin concretar si dimitiría como diputada nacional, algo que se da por seguro.

En opinión de Bernabé, Valencia necesita que el gobierno de España siga dirigido por Pedro Sánchez "porque ha acumulado derechos y grandes infraestructuras gracias a las políticas del gobierno de Sánchez" y ha dicho que proyectos de la ciudad de Valencia como el corredor verde de los barrios del sur estarán en peligro si el Gobierno pasa a manos del PP y Vox, y se ha preguntado "cuántas oportunidades va a perder València si gobierna la derecha y esa coalición ultraderechista que pretende llevarnos al pasado".

Asimismo, ha reprochado a la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que no haya declarado Valencia como zona tensionada en aplicación de la ley estatal de Vivienda, como sí han hecho A Coruña y Santiago de Compostela, que recibirán 10 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda, frente a los "cero euros" de València

Bernabé ha ironizado con que el PP "no quiere hacer campaña electoral, porque cuando la hacen se les ve la patita" y ha dicho que el presidente de Argentina, Javier Milei "ha venido a hacerles la campaña electoral a sus amigos de PP y de Vox".

La candidata se ha preguntado si lo que pretende el PP y Vox es quitar los medicamentos a los ancianos, que ponga la jornada laboral doce horas, o bajar los salarios por debajo de lo que pide la patronal, "como está haciendo Milei en Argentina".

"La actitud de Milei la vemos todos los días en el congreso de los diputados cuando suben a la tribuna los portavoces de PP y Vox" y "lo vemos aquí cuando el presidente de la diputación insulta a nuestra secretaria general".

La socialista ha reivindicado que el Gobierno de Pedro Sánchez representa "lo contrario de lo que promueve Milei", y es que "la socialdemocracia funciona y hace que la gente viva mejor, España sea el país que más crece, que haya más personas trabajando que nunca y que se adoptan medidas ante problemas como el de la vivienda", ha concluido.

Valencia ha sido seleccionada como una de las tres ciudades finalistas a ser Capital Europea de la Innovación 2027 (Premios iCapital), convocados por la Comisión Europea, junto con Madrid y Montpellier (Francia).

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha destacado este jueves que esta clasificación supone "un reconocimiento al trabajo desarrollado durante años por la ciudad y por las entidades que integran su ecosistema innovador", una candidatura que la ciudad ha presentado bajo el lema de 'València Says YES'.

La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en Grenoble (Francia) y la ciudad ganadora recibirá un millón de euros, mientras que las otras dos finalistas obtendrán 100.000 euros cada una.

"València quiere dar un paso más y contribuir a definir una nueva visión europea de la innovación: el derecho a utilizar la ciudad para innovar. Queremos que nuestras calles, infraestructuras, servicios y espacios se conviertan en oportunidades para que las empresas, las universidades, los emprendedores y la ciudadanía puedan probar sus ideas, desarrollar soluciones y mejorar la vida de las personas", ha señalado Catalá en un comunicado.

Asimismo, la alcaldesa ha señalado que este reconocimiento "también es de las más de 80 entidades que respaldan nuestra candidatura y de todas las personas que trabajan para hacer de València una ciudad más innovadora, sostenible e inclusiva".

Uno de los pilares de la candidatura es el València Urban Sandbox, que pone a disposición de la experimentación más de 150 recursos urbanos y ha recibido más de 70 proyectos; su modelo permite probar soluciones en entornos reales y cuenta con una ordenanza municipal específica.

València también dispone de instrumentos para facilitar que las soluciones innovadoras puedan crecer y llegar al mercado, entre ellos figuran las subvenciones públicas a la innovación, el modelo GovTech y la compra pública de innovación.

Según los datos de la candidatura, 17 millones de euros de inversión pública han contribuido a movilizar 61 millones.

La ciudad cuenta, además, con 1.689 startups y más de 20.000 empleos cualificados, y trabaja para conectar el talento, la investigación y la actividad empresarial con los retos urbanos.

Daniel González, el físico e investigador sobre el que pesaba una orden judicial de desahucio, ya ha dejado su piso de Burjassot, a ocho kilómetros de Valencia. Sobre las seis de la madrugada de este jueves se ha despertado en la vivienda en la que residía de alquiler desde 2009 por los numerosos ruidos en la calle. Al asomarse a la ventana, ha visto un amplio despliegue de furgonetas de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional que estaban “cortando la calle”, según relata.

Seguir leyendo

La Generalitat va a extender a otros nueve municipios las ayudas a los afectados por la DANA Adam que ha golpeado a las comarcas de la Safor, al sur de Valencia, y la Marina Alta, al norte de Alicante. De este modo, el listado pasará de 27 a 36 ayuntamientos, lo que permitirá a sus habitantes damnificados solicitar las cuantías de hasta 6.000 por daños en enseres de la vivienda habitual o de 3.000 en el caso de segundas residencias, y a los consistorios acceder a una aportación inicial de 200.000 euros para afrontar gastos extraordinarios de limpieza, reparación de infraestructuras y recuperación de los servicios públicos.

Según concretó la Conselleria de Emergencias e Interior, se trata de las localidades de l’Alqueria de la Comtessa, Almiserà, Ròtova, Ador, Rafelcofer, Beniarjó, Benirredrà, Guardamar de la Safor y Tavernes de la Valldigna, todas ellas en la provincia de Valencia.

Además, el Gobierno valenciano aprobará en su reunión de este viernes un nuevo paquete de ayudas destinadas al sector agrícola y ganadero, comercio y por pérdida de vehículos, entre otras. Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que este miércoles ha recorrido los municipios de Els Poblets, Oliva y Sanet i Negrals para realizar un seguimiento de las labores de limpieza y reparación de espacios dañados como colegios, centros de salud y estaciones depuradoras.

Cañas en los barrancos

El jefe del Consell explicó la importancia de la limpieza de vegetación invasora como las cañas en cauces, ya que la presencia de estas especies ha provocado taponamientos y el desbordamiento de los barrancos en algunas de las zonas afectadas. Por ello, Pérez Llorca abogó por la coordinación administrativa para elaborar un plan de inversiones que "destine los recursos que necesita esta tierra, entre otras materias para cumplir con el mantenimiento de ríos y barrancos", manifestó.

En Els Poblets, donde las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y daños materiales tras la crecida del río Girona, sus vecinos continúan trabajando para recuperar la normalidad. Su alcalde, José Luis Mas, afirmó que las labores avanzan porque hay muchas "manos" y "maquinaria", además de una ola de voluntarios. El de Pego, Enrique Moll, definió como "dantesca" la situación, con caminos que han "desaparecido", industrias afectadas y la carretera que va a Dénia y a la playa inaccesible.

Daños en el campo

La Unió Llauradora estima, en una primera valoración, que las lluvias torrenciales registradas entre los días 17 y 19 de octubre han afectado a unas 9.000 hectáreas de cultivo y han provocado pérdidas directas en cultivos de alrededor de 21 millones de euros, principalmente en las comarcas de la Safor y la Marina Alta.

Los cultivos más perjudicados son, sobre todo, los cítricos, pero también aguacate, caqui, hortalizas y uva de mesa, según informó la organización agraria. Estas cifras son provisionales y solo corresponden a cultivos, puesto que algunos daños solo podrán determinarse cuando sea posible acceder a todas las parcelas y comprobar la evolución de lo plantado.

Por ello, advirtió de que la cuantificación de las pérdidas será "muy superior" debido a los "graves daños" en infraestructuras (caminos, márgenes de obra, sistemas de riego de las parcelas y generales).

Para compensar estas pérdidas, la organización ha solicitado por escrito al Ministerio y a la Conselleria de Agricultura que aprueben un paquete extraordinario de ayudas para las explotaciones agrícolas y ganaderas. En este sentido, La Unió reclama instrumentos de apoyo semejantes a los habilitados tras la DANA del 29 de octubre de 2024, adaptados a las necesidades actuales.

Agroseguro, en cambio, estima que los daños podrían superar las 7.000 hectáreas entre la Comunitat y Murcia.