El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador en la Universitat de València (UV), se ha ejecutado en la mañana de este jueves tras diez años peleando por evitarlo. "No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil intentar hacer valer mis derechos".

Así lo ha expresado el investigador en un audio facilitado a los medios, ya que, aunque en un principio estaba previsto que atendiera a los periodistas poco antes de la hora programada para el lanzamiento --las 09.30--, finalmente la Policía Nacional ha acudido a la vivienda sobre las seis de la madrugada y ha desplegado un dispositivo con ocho furgones.

Ante esta situación, Daniel ha "decidido colaborar", identificándose con DNI y número de teléfono al ser requerido y abandonar el inmueble. Por su parte, el portavoz del Sindicat d'Habitatge de València, Esteban Arellano, en atención a los periodistas, ha incidido en que, tras lo sucedido, Daniel se ha "alejado" del domicilio por necesidad, al sufrir un "cuadro de ansiedad", por el que ha sido atendido en un centro de salud.

En su audio, el propio Daniel explica que se encontraba durmiendo "como se puede dormir la noche anterior a un desahucio", cuando ha escuchado "ruido" en la calle. "Había furgones de antidisturbios cortando la calle, un montón de señores", en ese momento ha comenzado a experimentar síntomas de ansiedad porque "lo que quería precisamente evitar era este tipo de situaciones".

Desde el sindicato han indicado que el despliegue policial se debía a la posibilidad de convocar una concentraran para intentar paralizar el desahucio, pero ha sido el investigador el que "no quería exponer a nadie a esta situación", por lo que no se ha convocado. "Si hubiéramos estado concentrados aquí nos hubiéramos enfrentado a una situación como la que se vivió en el desahucio de Mari Carmen, una represión policial muy importante", ha lamentado Arellano.

Un "ejemplo claro de la crisis de vivienda"

Arellano ha incidido en que el caso de Daniel y lo sucedido este jueves es un "ejemplo claro de la realidad de la crisis de la vivienda que sufren las trabajadoras", al tiempo que ha lamentado que la mayoría de la población está "más cerca de encontrarse en esta situación que de poder tener una casa".

Daniel llegó a la vivienda en 2009 como estudiante con un alquiler compartido de 594 euros. A lo largo de los años, se quedó solo en el piso y a causa de la crisis, el entonces propietario, añadió anexos que rebajaban el precio hasta los 350 euros. Más tarde, se firmó otro nuevo que establecía la opción de compra del piso por un precio de 71.000 euros y el derecho al tanteo y retracto, según relató Daniel anteriormente en declaraciones a Europa Press TV.

Tres años después la empresa entró en concurso de acreedores y Daniel consignó el pago del alquiler en los juzgados. El piso salió a subasta pública en 2017 y Caixabank lo adquirió a través de la sociedad participada, Coral Homes S.L, que demandó a Daniel por ocupar ilegalmente la vivienda. Tras en 2018 ser informado por el administrador concursal de no ingresar más alquileres al juzgado y en 2020, presentar un procedimiento de jurisdicción voluntaria y pagar de nuevo, no pudo efectuar ningún abono por no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023 y en 2025 vendió el piso por mucho más de 71.0000 euros a una propietaria particular. Después de haberle dado la razón en las dos sentencias anteriores, esta última demanda condena a Daniel al desalojo del piso y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas --por la diferencia entre los 494 euros y los 350 euros sin "contar modificación"--. El Sindicat d'Habitatge ha recordado que el desahucio se ha producido mientras "hay un real decreto que en teoría prohíbe los desahucios, frena la especulación y defiende a los inquilinos".

Además, acusa a la inmobiliaria de "engañar y vender la casa, de manera que se han vulnerado los derechos de Daniel, y además, la justicia lo ha permitido". En este sentido, ha manifestado que hay dos recursos en marcha, uno de queja para elevar la situación al Tribunal Supremo y otro de reposición, ya que "no se han aceptado los diez días hábiles que tenía para intentar que los recursos llegaran a máximo término posible".

"Intentamos que se demuestre que hay una falsedad procedimental porque se han negado los derechos de una persona que tiene reconocido su derecho a compra y su contrato de alquiler, por lo que este desahucio no se debería de haber producido", ha reivindicado.

Para el Sindicat d'Habitatge, este procedimiento no ha acabado y esperan que tenga "más recorrido". Sobre la manera en la que se ha realizado, creen que se trata de "estrategias de desgaste a largo plazo" a la que ya se han enfrentado "muchas veces". "Al final, por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa", ha concluido el portavoz.

"Es un paso más en la prevención de los municipios afectados por la dana de hace dos años", que harán que estén "mejor preparados ante el riesgo de inundación". Así ha celebrado la comisionada para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez, el anuncio de 60 millones de euros en ayudas a municipios afectados.

El Gobierno de España ha metido ahora el turbo, dos años después, a ayudas y medidas que se plantearon tras la dana de 2024 y tras haberse producido también las recientes inundaciones por la dana Adam, y ha concedido ahora 60 millones de euros a municipios afectados por la dana de 2024 para que puedan adquirir equipamientos como barreras antiinundaciones, válvulas antirretorno y bombas de achique, así como planes municipales de adaptación y sistemas de alerta temprana.

Lo hace justo a pocos días de cumplirse los dos años de la catástrofe del 29 de octubre, y tras un tiempo en el que la zona afectada ha vuelto a vivir varias alertas naranjas e incluso rojas por fuertes lluvias que podrían haber provocado situaciones complicadas, aunque -afortunadamente- nada comparado con las riadas de entonces.

Se trata de un paquete de ayudas que no requiere mayor trámite que su aprobación, ya que no supone realizar obras de mejora, reconstrucciones ni nada similar que requiera un proyecto. Es simplemente una cantidad de dinero para que cada municipio adquiera un material de protección más que necesario.

Precisamente por esto, en algunos casos como el de Aldaia, ya se pusieron manos a la obra sin esperar a contar con este dinero, y desde septiembre de 2025, en este pueblo cercano a Valencia cuentan con unas compuertas antiinundaciones que protegen las calles que recaen en el barranco de la Saleta. De hecho, demostró su efectividad con el paso de la dana Alice en octubre de 2025, cuando el paso inferior de este municipio quedó completamente inundado.

La resolución de estas ayudas, publicada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, afecta a 62 ayuntamientos asociados a áreas con riesgo potencial significativo de inundación y entre las cuantías más destacadas se encuentran Algemesí, con 3,75 millones; Aldaia y Catarroja, con 3,2 millones cada uno; Paiporta y Alfafar, con 2,8 millones; y la ciudad de València, con 1,8 millones.

De las ayudas quedan excluidas las obras o reparaciones sin relación directa con la adaptación al riesgo de inundación, pero sí que podrán subvencionarse actuaciones ya en marcha o ejecutadas desde el 30 de octubre de 2024, siempre que cumplan los requisitos de la resolución. Los ayuntamientos tendrán 48 meses desde la recepción de los fondos para ejecutar las actuaciones, plazo ampliable hasta otros 48 meses en caso de imposibilidad justificada.

Pérez ha subrayado que, "a las puertas del segundo aniversario de la dana de 2024, el compromiso del Gobierno de España con las vecinas y vecinos que sufrieron la riada sigue intacto. No se trata solo de reconstruir. Hablamos de proteger: cada barrera, cada sistema de alerta y cada plan municipal que se financie con este dinero, salvará vidas y evitará daños".

Ríos y barrancos

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha puesto en marcha también dos años después el proceso de participación pública de los diez proyectos destinados a reducir el riesgo de inundación y mejorar la resiliencia en las cuencas del Poyo, Magro y Pozalet-Saleta, los territorios más afectados por la dana de 2024.

Los trabajos de redacción, estructurados en dos lotes, fueron adjudicados por un importe conjunto de cerca de cuatro millones de euros, según ha detallado la CHJ en un comunicado.

El Organismo iniciará durante los próximos días una ronda de jornadas informativas y participativas en diferentes municipios para explicar los avances alcanzados en la redacción de los proyectos, presentar las primeras propuestas y recoger las aportaciones de ayuntamientos, entidades y ciudadanía. La primera se celebrará el próximo lunes 26 de octubre en Alfafar y estará dirigida especialmente a los municipios de este entorno, entre ellos Alfafar, Benetússer, Llocnou de la Corona y Sedaví.

La sesión servirá para realizar una presentación general del Plan de Mejora de la Resiliencia y explicar cómo se desarrollará el proceso de participación pública, además de presentar las propuestas que afectan a este ámbito territorial.

A partir de ese momento, se abrirá un plazo de un mes para recibir aportaciones por parte de administraciones, asociaciones y ciudadanía en general con el objetivo de que las personas que viven en el territorio puedan conocer las actuaciones que se están estudiando, analizarlas y realizar comentarios y propuestas antes de cerrar las soluciones definitivas.

De esta manera, se pretende mejorar los proyectos, adaptarlos en la medida de lo posible a las características y necesidades de cada zona y minimizar las afecciones que puedan generar sobre los municipios y sus vecinos, según ha detallado la Confederación.

El proceso continuará durante las próximas semanas con nuevas jornadas en diferentes municipios afectados por la dana, adaptando en cada caso el contenido de las sesiones a los proyectos previstos en cada territorio.

El 29 de octubre está prevista una jornada en Alzira, en la que se explicarán, entre otras actuaciones, los avances del proyecto de ampliación del cauce del río Magro y restauración de su vegetación de ribera en Algemesí, así como las zonas de almacenamiento controlado planteadas en la cuenca media-baja del Magro.

El 31 de octubre, la Confederación participará en una jornada divulgativa organizada por el Ayuntamiento de Chiva; el 5 de noviembre será el municipio de Aldaia el que acoja una nueva jornada centrada en la cuenca Pozalet-Saleta; y el 10 de noviembre está prevista una nueva jornada en Paiporta.

Valencia ha sido seleccionada como una de las tres ciudades finalistas a ser Capital Europea de la Innovación 2027 (Premios iCapital), convocados por la Comisión Europea, junto con Madrid y Montpellier (Francia).

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha destacado este jueves que esta clasificación supone "un reconocimiento al trabajo desarrollado durante años por la ciudad y por las entidades que integran su ecosistema innovador", una candidatura que la ciudad ha presentado bajo el lema de 'València Says YES'.

La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en Grenoble (Francia) y la ciudad ganadora recibirá un millón de euros, mientras que las otras dos finalistas obtendrán 100.000 euros cada una.

"València quiere dar un paso más y contribuir a definir una nueva visión europea de la innovación: el derecho a utilizar la ciudad para innovar. Queremos que nuestras calles, infraestructuras, servicios y espacios se conviertan en oportunidades para que las empresas, las universidades, los emprendedores y la ciudadanía puedan probar sus ideas, desarrollar soluciones y mejorar la vida de las personas", ha señalado Catalá en un comunicado.

Asimismo, la alcaldesa ha señalado que este reconocimiento "también es de las más de 80 entidades que respaldan nuestra candidatura y de todas las personas que trabajan para hacer de València una ciudad más innovadora, sostenible e inclusiva".

Uno de los pilares de la candidatura es el València Urban Sandbox, que pone a disposición de la experimentación más de 150 recursos urbanos y ha recibido más de 70 proyectos; su modelo permite probar soluciones en entornos reales y cuenta con una ordenanza municipal específica.

València también dispone de instrumentos para facilitar que las soluciones innovadoras puedan crecer y llegar al mercado, entre ellos figuran las subvenciones públicas a la innovación, el modelo GovTech y la compra pública de innovación.

Según los datos de la candidatura, 17 millones de euros de inversión pública han contribuido a movilizar 61 millones.

La ciudad cuenta, además, con 1.689 startups y más de 20.000 empleos cualificados, y trabaja para conectar el talento, la investigación y la actividad empresarial con los retos urbanos.

Miembros del cuerpo de bomberos han rescatado a un perro que había quedado atrapado en el desagüe de una vivienda en la localidad valenciana de Sollana.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Valencia (CPBV), el incidente movilizó a los efectivos de emergencias tras recibir el aviso de los propietarios del animal, al observar que la mascota no podía salir por sus propios medios del conducto.

Para localizar al animal, los efectivos realizaron pequeñas excavaciones. Gracias a estas labores de precisión, la dotación logró ubicar el punto exacto en el que se encontraba encajado el perro y proceder a su liberación.

En el operativo participó una dotación del parque de Silla, según ha informado el propio Consorcio, y en el vídeo del rescate, difundido por el organismo en sus redes sociales, se observa cómo los bomberos sacan al perro del desagüe en buen estado.

Las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 van a conmemorar los dos años de la tragedia en la que murieron 233 personas con actos de homenaje a las víctimas y los damnificados que tendrán como escenarios las localidades de Paiporta, Alaquàs y València.

Además, junto a los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción han organizado unas marchas en memoria de las víctimas el día del segundo aniversario en la Hoya de Buñol, Albal y Benetússer, y el sábado 31 de octubre se celebrará en València la manifestación que organizan cada mes colectivos sociales junto a las asociaciones.

El primer acto será este domingo, 25 de octubre, a las 10:30 horas en el castillo de Alaquàs (Valencia), organizado por la Asociación de Víctimas y Damnificados de la Dana de Valencia con el título 'Memòria, unitat i futur', en el que se nombrará a las víctimas mortales y busca "arropar a sus familiares", ha explicado a EFE su vicepresidenta, Elisabeth González.

Será presentado por la meteoróloga Victòria Rosselló y por Héctor Melgares, quien hizo una caminata solidaria por la dana de Madrid a València, e incluirá la proyección del documental 'Todo lo que perdimos', actuaciones de la Nova Muixeranga d'Algemesí y Mr Fem i Skargots, y música en directo de Pau Alabajos, Dani Miquel, Alejandro y María Laura, y la Unió Musical d'Alaquàs.

La Associació de Víctimes de la Dana ha convocado para el jueves 29 de octubre a las 19 horas un acto al aire libre junto al barranco de Paiporta, en la zona cero de la tragedia, denominado 'La caixa de la memòria', en el que intentarán "mostrar los sentimientos que la sociedad tiene dos años después", ha señalado a EFE su presidenta, Mariló Gradolí.

Gradolí ha explicado que este acto de memoria y homenaje junto al barranco del Poyo, cuyo desbordamiento causó la mayoría de los fallecimientos, llega después de "un duelo y un drama colectivo que ha afectado a cinco comarcas" de la provincia de Valencia, y ha recordado que el año pasado organizaron un acto en el Teatro Olympia de València.

La Asociación de Víctimas Mortales de la Dana de 2024 organiza por primera vez su propio acto de aniversario, que será el sábado 31 de octubre a las 11:30 horas en el Teatro Talía de Valencia y que pretende ser la primera edición de otras que sigan cada año, según ha explicado a EFE su presidenta, Rosa Álvarez.

En ese acto, la asociación entregará tres reconocimientos: al jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez; a la jefa de meteorología de À Punt, Victòria Roselló; y a los autores del libro 'Lágrimas de barro', Carmen Amoraga y Maxi Roldán, que les han cedido los derechos.

El jueves 29 de octubre se han organizado varias marchas en memoria de las víctimas de esta dana: en la Foia de Buñol, donde a las 11 horas saldrán desde Chiva y Cheste y confluirán a las 12 bajo el puente de la carretera CV-50; y en Albal y en Benetússer, que saldrán a las 17 horas para confluir sobre las 17:45 horas en el puente del barranco entre Catarroja y Massanassa.

Finalmente, el sábado 31 de octubre a las 18 horas empezará en la plaza de la Virgen de Valencia, junto al Palau de la Generalitat, la manifestación que cada mes sale a las calles para, bajo el lema 'Mazón a prisión', reclamar "verdad, justicia y reparación", organizada por colectivos sociales y sindicales con el apoyo de las asociaciones de víctimas.