La discusión sobre la reforma de la Ley de Salud Mental llega al Senado con una pregunta que atraviesa a las guardias, las familias y los sistemas de salud de todo el país. El proyecto pone en revisión el requisito de “riesgo cierto e inminente” para las internaciones involuntarias y propone una respuesta que contemple el “riesgo grave para sí y para terceros”.

La iniciativa busca modificar el régimen vigente desde 2010. Antonela Giampieri, diputada nacional de CABA por la Fuerza del Cambio, explicó en Infobae Al Mediodía que aquella norma marcó un cambio de época porque “la ley fue un gran avance en el 2010”, aunque sostuvo que, después de 16 años de aplicación, el sistema necesita correcciones frente a situaciones que describió como complejas.

El planteo reúne cambios en las internaciones involuntarias, la integración de los equipos clínicos, la continuidad de los hospitales especializados y la coordinación de recursos entre la Nación y las provincias.

En ese recorrido, Giampieri remarcó que el objetivo no es abandonar el enfoque de derechos, sino evitar que una persona llegue sin asistencia a una instancia crítica: “Necesitás que llegue al sistema ya con la crisis explotada”.

Cuándo debe intervenir el sistema ante una crisis

La ley actual establece que una internación sin consentimiento requiere un “riesgo cierto e inminente” para la persona o para terceros. La reforma en debate propone reemplazar esa condición por la noción de “riesgo grave para sí y para terceros”, una modificación que apunta a ampliar los elementos considerados por los equipos de salud antes de resolver una internación.

Giampieri cuestionó que el criterio vigente centre la decisión exclusivamente en lo que ocurre durante la consulta o en la guardia. “Hay que evaluarla no solo en el momento de que llega a la guardia”, afirmó al explicar que el proyecto incorpora la posibilidad de tener en cuenta antecedentes clínicos, brotes previos, consumos problemáticos y otros episodios registrados en la historia de la persona.

Bajo esa mirada, la escena de una crisis no quedaría aislada de lo que ocurrió antes. La diputada sostuvo que una conducta observada en una guardia puede requerir la lectura de un proceso más amplio y señaló que deben considerarse “antecedentes de brotes, consumo problemático y episodios previos” al evaluar el riesgo y definir una eventual intervención.

La iniciativa no presenta la internación como una respuesta automática ni única. El debate, según la posición de la legisladora, busca que el sistema pueda actuar antes de que la situación alcance un punto límite, porque el requisito actual exige que exista un “riesgo cierto e inminente” y, en sus palabras, eso puede implicar que la persona llegue con la crisis ya desatada.

La participación de un médico o psiquiatra

Otro de los ejes se concentra en la composición del equipo que interviene ante una internación. Giampieri indicó que el procedimiento requeriría dos firmas, con la condición de que una pertenezca a un médico o a un psiquiatra. “Uno sí o sí tiene que ser el médico”, dijo sobre el cambio propuesto.

La diputada vinculó esa exigencia con la necesidad de distinguir los distintos factores que pueden estar detrás de una alteración de la conducta o de una crisis. Según explicó, un profesional médico puede establecer si el cuadro responde a sustancias, a un tumor o a otras patologías; por eso insistió en que “uno sí o sí tiene que ser el médico”.

Al mismo tiempo, la legisladora rechazó que esa incorporación suponga relegar a otras disciplinas. Psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas forman parte de la atención, según su planteo, y “todos son importantes” dentro de un abordaje que debe conservar su carácter interdisciplinario.

La discusión sobre las firmas se inserta así en una cuestión más amplia: qué saberes deben estar presentes al momento de tomar una decisión que afecta la libertad y la atención de una persona.

La propuesta conserva la participación de equipos diversos, pero reserva una intervención específica para el área médica, ya que, como señaló Giampieri, “todos son importantes”, aunque existen evaluaciones clínicas que demandan esa formación.

Qué dispositivos necesitan las provincias para atención especializada

La continuidad de los hospitales especializados en psiquiatría y salud mental es otro de los puntos que la reforma busca instalar en el debate. Giampieri cuestionó la idea de que todos los pacientes deban ser atendidos en hospitales generales y planteó que la respuesta sanitaria debe adecuarse a cada situación: “Hay pacientes que pueden estar en hospitales generales, pero otros no”.

La legisladora señaló que algunos casos pueden sostenerse con atención ambulatoria, centros de día u hospitales de día, mientras que otros requieren internaciones con plazos definidos y seguimiento profesional.

En la Ciudad de Buenos Aires, mencionó la existencia de los hospitales Borda, Moyano y Alvear como parte de una red especializada y sostuvo que “hay pacientes que pueden estar en hospitales generales, pero otros no”.

En ese punto, Giampieri rechazó que la existencia de instituciones especializadas equivalga a una vuelta a prácticas de encierro. “Los manicomios no existen en la Argentina”, afirmó, al distinguir entre esos modelos y los dispositivos de salud mental que, según su postura, deben continuar disponibles para los casos que requieran una atención diferenciada.

La diputada sostuvo que la aplicación de la ley actual impulsó el cierre de instituciones especializadas en varias provincias. Frente a ese escenario, propuso que cada jurisdicción pueda definir sus necesidades y que “el Ministerio de Salud de la Nación, junto con las jurisdicciones”, determine los recursos y dispositivos necesarios para garantizar la atención.

El proyecto contempla cooperación financiera nacional para reforzar las capacidades provinciales. Giampieri planteó que no todas las regiones requieren la misma infraestructura: algunas podrían necesitar hospitales especializados y otras, centros de día o dispositivos sociales. “El Ministerio de Salud de la Nación, junto con las jurisdicciones”, debe resolver esa planificación, sostuvo.

La prevención del suicidio y los consumos problemáticos

La discusión también se conecta con la prevención del suicidio, la depresión y los consumos problemáticos entre adolescentes. Giampieri sostuvo que las políticas públicas deben trabajar sobre las señales de alerta antes de una crisis y citó una dimensión que consideró central: “El suicidio es la primera causa de muerte violenta en el país”.

Según la diputada, en la Argentina mueren entre 11 y 12 personas por día por suicidio. Giampieri señaló que se trata de un fenómeno de causas múltiples, en el que intervienen factores biológicos y sociales, enfermedades mentales, depresión y consumo de sustancias. “El suicidio no es previsible, pero sí es prevenible”, afirmó.

Esa definición ordena su planteo sobre el papel de las escuelas. La legisladora aclaró que los docentes no deben diagnosticar, pero sí necesitan herramientas para advertir situaciones de riesgo y activar los circuitos correspondientes con las áreas de salud.

Los clubes también aparecen en su propuesta como ámbitos posibles de escucha y contención. Para Giampieri, la respuesta requiere articulación entre familias, escuelas, organismos de niñez y ministerios de Salud, en lugar de intervenciones aisladas. “Hay que evaluarla no solo en el momento de que llega a la guardia”, señaló, al extender esa lógica preventiva a los espacios cotidianos de adolescentes y jóvenes.

Educación digital antes que prohibiciones generales sobre redes sociales

En el tramo final de su intervención, la diputada vinculó la salud mental con el uso de redes sociales y el crecimiento de herramientas de inteligencia artificial. Planteó que el Congreso debe dar una discusión sobre educación digital y regulación de las plataformas, pero se mostró contraria a respuestas generales basadas en la prohibición: “No creo en la prohibición de las redes sociales”.

Su propuesta pasa por explicar a niños y adolescentes cómo funcionan las plataformas, qué riesgos pueden aparecer y de qué manera identificarlos. La diputada insistió en que el trabajo preventivo no se limita a restringir el acceso y sostuvo que “no creo en la prohibición de las redes sociales”, sino en una formación que permita comprender el entorno digital.

Giampieri también advirtió sobre el uso de asistentes como ChatGPT, Claude o Gemini como sustitutos de la consulta con profesionales de salud mental. “No son psicólogos”, afirmó, y añadió que una máquina no puede resolver ese tipo de problemas porque “no tiene empatía”.

Con esos cambios, el Senado deberá definir si actualiza el marco de internaciones, la participación médica en las decisiones clínicas y la organización territorial de la atención. En el centro de esa discusión queda una premisa que la diputada repitió al referirse a las herramientas digitales y a la atención profesional: “No son psicólogos”.

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Nuevos audios incorporados a la investigación sobre Diego Spagnuolo abrieron una línea que indaga una presunta coima vinculada con un viaje a Israel, mejoras en los pasajes y el alojamiento del entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Las grabaciones, bajo análisis de la fiscalía, se suman a las sospechas por contrataciones de medicamentos para discapacidad y apuntan a determinar si proveedores del organismo solventaron beneficios personales para el exfuncionario.

La secuencia que ahora revisa el fiscal Franco Piccardi se concentra en comunicaciones de noviembre de 2024, cuando Spagnuolo preparaba su traslado a Israel. En esos intercambios aparece Patricia Canavesio, responsable de tareas contables, impositivas y de tesorería, quien conversa con una agente de viajes sobre requerimientos atribuidos al entonces funcionario. La hipótesis judicial busca establecer si esos gastos fueron cubiertos por empresarios o representantes de firmas que mantenían vínculos comerciales con ANDIS.

Los nuevos audios apuntan a pasajes y hotel para un viaje a Israel

Uno de los audios registra el pedido de una mejora en los vuelos de Iberia. Canavesio transmitió la exigencia a la agente de viajes y remarcó: “Necesito que me consigan el mejor asiento de ida”. También consultó por la mejor ubicación disponible para el regreso, de acuerdo con el material que forma parte de la investigación.

La insistencia por el cambio de categoría quedó expuesta en otra comunicación. “Nos va a seguir rompiendo las pelotas hasta que esto suceda”, dijo Canavesio, en referencia al reclamo que debía resolverse antes del viaje. Para la fiscalía, el punto central es conocer quién gestionó y, eventualmente, pagó ese beneficio.

Las conversaciones también mencionan una estadía en el hotel Crown. En un intercambio, Canavesio preguntó quién se haría cargo de ese costo y lanzó: “Este se hace el boludo”. La frase integra el conjunto de audios que Piccardi analiza para reconstruir la organización del viaje y el papel de cada una de las personas involucradas.

La pesquisa no da por acreditado que Spagnuolo haya recibido una coima, pero examina si hubo una dádiva por parte de actores privados interesados en las decisiones del organismo. El expediente debe determinar si los pedidos sobre vuelos y alojamiento respondieron a gestiones personales o si existió una contraprestación relacionada con contrataciones de la agencia.

La causa también revisa precios de medicamentos para discapacidad

El viaje bajo sospecha aparece dentro de una investigación más amplia sobre compras de medicamentos para tratamientos especiales. Piccardi revisa compulsas cerradas en las que varias droguerías habrían presentado cotizaciones coordinadas para simular una competencia que, según la hipótesis fiscal, no existía.

En ese marco, la causa incorporó una conversación de WhatsApp del 4 de julio de 2024 vinculada con el medicamento Eurid, nombre comercial de la cladribina. Durante una de las compulsas examinadas, Suizo Argentina cotizó ese medicamento en $3,9 millones. Droguería del Sud y Soldis presentaron ofertas de $ 4,1 millones, según los datos expuestos por Ramón Indart en Infobae A las Nueve. La diferencia con un antecedente de $820.000 por un paquete de fármacos integra el análisis sobre posibles sobreprecios.

Las compulsas cerradas limitan la participación de otros oferentes, por lo que la investigación también procura establecer por qué no se recurrió a una licitación abierta. La decisión administrativa y la elaboración de los presupuestos son dos aspectos que deberán ser explicados por funcionarios y compañías alcanzadas por el expediente.

Indagatorias y 38 imputados privados

La investigación ya avanzó con pedidos de indagatoria para los hermanos Kovalivker y reúne a 38 imputados vinculados con droguerías que participaron de contrataciones bajo revisión. El fiscal intenta reconstruir si funcionó una trama entre proveedores, intermediarios y funcionarios para fijar precios, restringir la competencia y conceder beneficios a Spagnuolo.

También está bajo análisis el papel de Pablo Atchabaian, a quien la fiscalía ubica como posible nexo entre empresarios y áreas de ANDIS. Una grabación atribuida a Atchabaian, enviada a Miguel Ángel Calvete, menciona que había comunicado una situación al “Helvético” y que era necesario “cerrar filas”.

El expediente procura identificar a todas las personas aludidas en esas referencias. Entre otros apodos, el audio nombra al “Pelado”, a “Caputito” y a “Rioja”; la pesquisa debe probar a quién corresponde cada mención y qué intervención concreta pudo tener en los hechos investigados.

Piccardi relaciona la alusión al “Helvético” con Suizo Argentina, aunque esa vinculación deberá ser corroborada con otras pruebas. En tanto, Calvete permanece detenido por otra causa, mientras que el expediente sobre ANDIS no registra detenciones.

El próximo paso será determinar si los audios del viaje, las conversaciones comerciales y la documentación de las compras describen un mismo circuito de presuntos beneficios y contrataciones irregulares.

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En las aulas argentinas, el teléfono dejó de ser un objeto ajeno a la rutina escolar y pasó a condensar discusiones sobre atención, aprendizaje, convivencia y límites. Con ocho de cada diez chicos de 8 años que ya tienen acceso a un celular propio o familiar, la pregunta ya no gira solo alrededor de su presencia en la escuela, sino sobre las reglas para evitar que ese acceso desplace la clase.

Massimiliano Pisani, coordinador de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación, planteó que esa realidad exige respuestas distintas según la edad de los alumnos y el uso que se haga del dispositivo.

El especialsita sostuvo en Infobae A las Nueve que el punto de partida debe ser impedir que el teléfono interrumpa el trabajo en el aula. “Lo que no puede suceder es que sea un factor distractor dentro del aula”, afirmó.

Mayores niveles de distracción por celular en PISA 2022

La advertencia aparece en un contexto que, según Pisani, ya tiene reflejo en las evaluaciones internacionales. Argentina ocupó el primer lugar en distracción por celular declarada por los propios estudiantes en las pruebas PISA de 2022.

Los alumnos reconocieron que utilizan el dispositivo para desconcentrarse durante las clases. En las mediciones posteriores, el país quedó en segundo lugar, detrás de Uruguay, de acuerdo con lo explicado por el representante de la organización. Frente a ese panorama, advirtió que “restringir no es resolver el problema”.

Para el coordinador, retirar los teléfonos de una clase puede ser parte de una respuesta, aunque no garantiza por sí solo una mejora en los resultados. Los estudiantes pueden reemplazar el celular por otras distracciones si la propuesta de enseñanza no logra convocarlos, señaló.

En este sentido vinculó la discusión con desafíos más amplios del sistema educativo y reclamó políticas que aborden la atención, el aprendizaje y la convivencia. “No es lo mismo primaria y secundaria, no es lo mismo una pantalla enorme que un celular”, expresó.

Las provincias avanzaron con reglas diferentes para primaria y secundaria

La regulación del uso de teléfonos dentro de las escuelas depende en gran medida de las provincias. Pisani indicó que 11 de las 24 jurisdicciones adoptaron restricciones a lo largo de la última década, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

Las medidas suelen limitar con mayor fuerza el acceso en primaria y establecen pautas diferenciadas para secundaria, donde los alumnos tienen otra autonomía y otros vínculos con la tecnología. “El celular ya está con los chicos”, insistió al explicar por qué la discusión debe centrarse en cómo regularlo.

También existen proyectos legislativos impulsados por distintos espacios políticos que proponen criterios para la educación digital. Sin embargo, las provincias mantienen facultades sobre sus sistemas educativos y, por lo tanto, sobre las normas que se aplican en cada establecimiento.

Pisani distinguió al teléfono de otros recursos tecnológicos que pueden integrarse a la enseñanza, como computadoras, proyectores y pizarras. La clave, señaló, es que esos instrumentos respondan a un objetivo pedagógico y que el celular no se convierta en “un factor distractor dentro del aula”.

Uso de pantallas fuera de la escuela

El coordinador ubicó a las familias en el centro de la discusión porque buena parte de la relación de los chicos con las pantallas se construye fuera del horario escolar. A su juicio, las instituciones educativas y los docentes no pueden quedar como únicos responsables de fijar límites, horarios y criterios de uso. “No podemos dejarle todo a la escuela y a los docentes”, afirmó.

Pisani reconoció que los adultos también tienen dificultades para regular su propio tiempo frente a las pantallas, entre las exigencias laborales, las redes sociales y la mensajería cotidiana.

Aun así, citó un informe de Unicef sobre acompañamiento familiar para señalar que la intervención de madres, padres y adultos responsables “reduce un 40 % el riesgo” de conductas de riesgo en línea.

En ese sentido, propuso conversaciones sostenidas en los hogares sobre contenidos, horarios y límites, en lugar de delegar la cuestión por completo a las escuelas.

Celulares, lectura, convivencia y abandono escolar

La preocupación por la atención en clase convive con otros indicadores educativos. Pisani vinculó el debate con las dificultades de comprensión lectora y afirmó que, según las últimas pruebas de la Unesco, casi uno de cada dos alumnos tiene problemas para comprender textos en tercer grado.

“Tenemos uno de cada dos chicos” con esas dificultades, sostuvo, al plantear que la alfabetización debe ocupar un lugar prioritario en las políticas educativas.

En secundaria, además, relacionó el uso del teléfono con problemas de convivencia: dificultades para escuchar a los docentes, ruido, desorden y sobrecarga de tareas. Argentina también registró niveles altos de conflictos de convivencia escolar en las pruebas PISA, señaló.

Para Pisani, las reglas sobre dispositivos deben insertarse en un trabajo más amplio que incluya formación docente, entrega de libros y propuestas que fortalezcan los aprendizajes; de otro modo, “restringir no es resolver el problema”.

El referente de Argentinos por la Educación propuso, finalmente, dirigir una parte de las herramientas digitales a la organización de los sistemas educativos. “Utilicemos la tecnología para la gestión escolar”, planteó al referirse a sistemas de alerta temprana que permitan detectar ausencias prolongadas o trayectorias interrumpidas.

Esas herramientas, explicó, pueden ayudar a las provincias a identificar a los estudiantes que se alejan de la escuela y a buscar alternativas para su reincorporación.

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La media sanción que obtuvo en el Congreso el proyecto de ley de discapacidad abrió una expectativa entre las organizaciones del sector, aunque dejó intacta la pregunta que atraviesa cada reclamo: de dónde saldrán los recursos para sostener prestaciones, pensiones y medicamentos. Mientras la iniciativa se encamina al Senado y su aplicación queda atada al Presupuesto 2027, una frase resume la cautela con la que fue recibida: “La emergencia no está superada”.

Pablo Molero, sacerdote y presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sociólogo, magíster en Ciencia Política e investigador del CONICET, valoró los cambios incorporados al texto que había impulsado el oficialismo. En diálogo con Infobae Al Amanecer, sostuvo que “ahora sí hay una propuesta superadora para una situación que no está superada”.

La discusión legislativa reunió demandas que el sector viene planteando desde hace meses: la continuidad de las prestaciones, el acceso a medicamentos, la situación de las pensiones y el financiamiento de las obras sociales. Para Molero, la votación fue “un paso adelante”, pero el recorrido de la ley recién comenzó.

El proyecto aprobado en Diputados incorporó medidas que, según explicó el sacerdote, ya figuraban en la propuesta de emergencia elaborada por las organizaciones. “Cuando uno ponía el proyecto de emergencia sobre el proyecto oficialista, quedaban un montón de cosas afuera y ahora están metidas adentro”, afirmó.

La media sanción abrió un acuerdo, pero la emergencia sigue vigente

Detrás de las modificaciones hubo reuniones, planteos y una negociación que logró acercar a actores con posiciones distintas. Molero destacó que las organizaciones pudieron llevar sus reclamos al Congreso y que varios diputados aceptaron revisar el articulado. “Si cada uno se hubiera encerrado en lo suyo, hoy no tendríamos nada”, sostuvo.

Esa coincidencia, sin embargo, no cambió la lectura del presidente del Foro sobre el resultado político. El oficialismo, señaló, no consiguió imponer sin alteraciones su iniciativa original. “El oficialismo no ganó”, dijo, aunque reconoció que algunos legisladores habilitaron la discusión y recibieron los pedidos del sector.

En ese proceso mencionó al diputado Herrera Ahuad, de Misiones, por haber acercado los planteos de las organizaciones a integrantes del oficialismo. “Hubo diputados que escucharon y hubo una posibilidad de mejorar el texto”, resumió Molero al describir una negociación que evitó que quedaran afuera demandas centrales.

La ley todavía debe ser tratada por el Senado antes de una eventual sanción definitiva. Para el sacerdote, ese paso exige mantener la atención sobre el contenido que llegue a la Cámara alta: “La emergencia no está superada y el Senado todavía tiene que tratar el proyecto”.

El Presupuesto 2027 será la prueba para que los derechos se vuelvan efectivos

La principal inquietud aparece en el capítulo presupuestario. Molero sostuvo que una ley puede reconocer necesidades urgentes, pero necesita partidas concretas para traducirse en atención, tratamientos y cobertura. “Si después eso no queda reflejado en el presupuesto, la verdad que es muy difícil”, advirtió.

Según relató, diputados del oficialismo expresaron la intención de incorporar previsiones para el sector en el Presupuesto 2027 y de eliminar artículos que podrían perjudicarlo. Las organizaciones, de todos modos, mantienen reparos mientras esos compromisos no tengan una expresión presupuestaria. “Una cosa es lo que se dice y otra cosa es que estén los recursos”, planteó.

El alcance de esa discusión excede a quienes ya tienen una prestación reconocida. Molero insistió en que hay personas que siguen fuera de los circuitos de asistencia y que la urgencia no puede limitarse a conservar lo existente. “Acá estamos preocupados por un sector que era atendido, pero hay mucha gente sin atender”, afirmó.

Por eso, la media sanción fue leída como una instancia intermedia, no como un punto de llegada. La definición dependerá de la ley que eventualmente apruebe el Senado y de los fondos que el Gobierno asigne el año próximo. “Ahora hay una propuesta mejor, pero todavía falta que pueda hacerse realidad”, señaló el titular del Foro.

Medicamentos y pensiones concentran reclamos que siguen sin respuesta

En la vida cotidiana, el problema se vuelve visible en la entrega de medicamentos y en la demora de pensiones para personas que esperan esa asistencia. Molero fue directo sobre la responsabilidad estatal: “El Gobierno tiene que solucionar la entrega de medicamentos para personas con discapacidad, que no lo está haciendo”.

El reclamo alcanza también al programa Remediar y a quienes dependen de tratamientos continuos. “La gente sigue necesitando medicamentos”, afirmó el sacerdote, al cuestionar que necesidades básicas permanezcan sin una respuesta suficiente.

Las obras sociales ocupan otro lugar en esa preocupación. Molero explicó que varias entidades atraviesan dificultades para financiar las prestaciones, en un contexto de caída del empleo y de reducción de los aportes que nutren sus fondos. “El fondo con el cual se pagan las prestaciones está en un momento difícil”, advirtió.

A ese escenario sumó el traslado de afiliados hacia empresas de medicina prepaga, que —según sostuvo— también resta recursos a algunas obras sociales. El riesgo, señaló, es que las personas que hoy cuentan con cobertura encuentren obstáculos para sostenerla. “Si no hay financiamiento, puede haber problemas para atender”, alertó.

La discapacidad también está en las barreras que impiden ejercer derechos

Para Molero, reducir la discapacidad a una condición individual deja fuera una parte decisiva de la experiencia de quienes enfrentan barreras todos los días. El transporte, la comunicación, la accesibilidad, la atención sanitaria y las condiciones del entorno forman parte del problema. “No es un tema solamente de las personas”, explicó.

Esa mirada ubica la responsabilidad en el Estado y en la sociedad, no únicamente en quienes requieren apoyos. “Hay barreras sociales que hacen que una persona no pueda ejercer un derecho”, dijo el presidente del Foro, al insistir en que las políticas públicas deben contemplar esos obstáculos.

La discusión parlamentaria, entonces, quedó ligada a una escena mucho más amplia que el texto de una ley. Prestaciones que dependen de pagos, familias que buscan medicamentos y personas que aguardan una pensión forman parte de una emergencia que Molero considera todavía abierta. “La situación no está resuelta”, reiteró.

La visita del papa al país

Al referirse a la próxima visita del papa a la Argentina, el sacerdote vinculó la situación de las personas con discapacidad con un cuadro social más extenso. “El papa se va a encontrar con un país muy empobrecido”, afirmó, y cuestionó los datos de pobreza que el presidente atribuye a su gestión.

Molero sostuvo que una mejora de ingresos no modifica por sí sola las condiciones materiales de muchas familias. Como ejemplo, habló de quienes viven en zonas vulnerables y continúan expuestos a las inundaciones. “La misma gente se sigue inundando cada vez que hay inundaciones”, dijo.

La eventual llegada del pontífice no debería, a su criterio, desplazar el foco de los problemas presentes. “Me interesa lo que vive la gente hoy, no lo que el papa se va a encontrar”, indicó Molero.

Mientras, el proyecto de ley de discapacidad espera su próximo debate en el Senado y la discusión por los recursos sigue pendiente.

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