Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado luz verde este jueves a una nueva ley que busca movilizar suelo público y acelerar la construcción de viviendas en la región. La iniciativa, aprobada con el respaldo del PSOE y el rechazo del PP y Vox, introduce cambios urbanísticos para ampliar el parque residencial, facilitar el desarrollo de vivienda protegida y simplificar los trámites en municipios pequeños.

El texto, tramitado como proposición de ley por el grupo socialista, pretende aprovechar terrenos e inmuebles de titularidad pública que hasta ahora podían tener otros usos previstos en el planeamiento. La nueva regulación permitirá destinarlos a vivienda protegida o dotacional, incluso cuando estuvieran reservados inicialmente para equipamientos. La medida alcanza también a edificios y parcelas pertenecientes a otras administraciones, con el objetivo de aumentar las opciones disponibles para promover vivienda.

Uno de los ejes de la norma es la creación de un parque público de vivienda social cuyo alquiler se fijará en función de los ingresos de las personas destinatarias. La ley contempla, además, una atención específica a los jóvenes y establece un patrimonio público residencial diferenciado, cuyos recursos tendrán una finalidad concreta vinculada a la política de vivienda.

Más edificabilidad para construir vivienda protegida

Entre las novedades que pueden tener un efecto directo sobre las futuras promociones destaca la posibilidad de aumentar la capacidad constructiva de determinadas parcelas destinadas a vivienda protegida. En estos casos, se podrá elevar hasta un 20% la edificabilidad, incrementar un 30% la densidad residencial y añadir hasta dos plantas a la altura prevista, sin tener que modificar previamente el planeamiento urbanístico.

La legislación incorpora asimismo los Planes de Rehabilitación Urbana, concebidos para actuar en áreas degradadas y entornos afectados por situaciones de infravivienda o por antiguos usos industriales. La intención es facilitar la recuperación de espacios deteriorados y favorecer su transformación en zonas residenciales más adecuadas.

En los municipios que afrontan el riesgo de despoblación, la norma abre otra vía para responder a la falta de viviendas. Aquellos que acrediten una necesidad residencial podrán recurrir a Planes Especiales para habilitar nuevos desarrollos de forma ordenada. Con ello, el Ejecutivo autonómico busca adaptar las herramientas urbanísticas a localidades donde la escasez de oferta puede dificultar la llegada o la permanencia de habitantes.

Hernando pide a PP y Vox que faciliten el acuerdo

Durante el debate parlamentario, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha defendido que la ley debe servir para alcanzar consensos en una cuestión que afecta a toda la sociedad. El responsable autonómico ha asegurado que aspira a que sea una norma “de todos” y ha resumido su llamamiento a la colaboración política con una frase: “avanzaremos más rápido si vamos juntos”, según declaraciones recogidas por Efe.

Hernando ha pedido a los grupos de la oposición que utilicen su voto “de manera constructiva y positiva”. En su intervención, ha insistido en que, más allá de las diferencias partidistas, existen posibilidades de entendimiento: “por encima de la trinchera, existe un campo abonado para el acuerdo y para el consenso”.

El consejero también ha apelado a las personas que esperan una respuesta a sus dificultades para acceder a una vivienda. “Su voto es un aval y un halo de esperanza para quienes están esperando como agua de mayo soluciones en materia de vivienda”, ha afirmado. Finalmente, ha instado al PP y a Vox a ser “parte de la solución” y ha advertido de que, si no lo hacen, “habrán elegido ser parte del problema”.

La aprobación de la ley abre una nueva vía para movilizar suelo público, ampliar las opciones de vivienda protegida y facilitar proyectos residenciales en municipios con necesidades específicas. Su alcance dependerá de cómo se apliquen los nuevos instrumentos urbanísticos y de la capacidad de las administraciones para convertir las medidas aprobadas en viviendas disponibles.

España quiere seguir siendo una potencia turística internacional, pero con un modelo que distribuya mejor los beneficios del sector y reduzca la presión sobre los destinos más concurridos. Con ese objetivo, Turespaña ha presentado este jueves en Zaragoza su Plan Marco de Actuación 2026-2028 (PMAT), una estrategia que pretende orientar los viajes hacia territorios menos conocidos, fomentar las visitas fuera de temporada alta y atraer un turismo con mayor impacto económico y social.

La iniciativa, presentada durante la Convención Turespaña 2026, supone un cambio de enfoque en la promoción internacional del país. La prioridad ya no será únicamente atraer más viajeros, sino también influir en sus decisiones para diversificar los destinos, reforzar las experiencias de mayor valor añadido y avanzar hacia una actividad más sostenible. El documento desarrolla, desde el ámbito de actuación del organismo, los objetivos de la Estrategia España Turismo 2030.

“España afronta esta nueva etapa desde una posición de liderazgo. El reto ahora es crecer mejor: conseguir que el turismo genere más valor, que sus beneficios lleguen a más territorios y que contribuya al bienestar de residentes y visitantes”, ha señalado Miguel Sanz, director general de Turespaña, durante la presentación del plan.

El 12,7% de los turistas llega a las comunidades menos visitadas

Uno de los principales retos de la estrategia es corregir la concentración territorial de las llegadas internacionales. En 2025, las comunidades autónomas situadas fuera de los grandes destinos turísticos tradicionales recibieron solo el 12,7% de los visitantes internacionales, pese a representar casi un tercio de la población española. La cifra refleja el margen que existe para extender los beneficios del turismo a otras zonas del país.

Para cambiar esta distribución, Turespaña reforzará la promoción exterior de los denominados ‘destinos por descubrir’, con especial atención a la España Verde, los territorios del interior y las áreas menos exploradas de regiones que ya reciben un importante volumen de viajeros. La intención es dar mayor visibilidad a su oferta cultural, natural y gastronómica y convertirla en una alternativa atractiva para los mercados internacionales.

La campaña Spain is Much More servirá de apoyo a esta estrategia, mientras que la iniciativa “Think you know Spain. Think again” buscará cuestionar la imagen más habitual del país como destino vacacional. La propuesta pretende presentar una España más diversa, con experiencias singulares que permitan descubrir lugares menos conocidos y repartir las oportunidades económicas del sector.

Lujo, gastronomía y congresos para atraer turismo de mayor valor

La diversificación también afecta a los destinos que ya cuentan con una elevada demanda internacional. En estas zonas, el objetivo será reforzar su reputación, renovar los motivos para visitarlas y favorecer los viajes durante los meses de menor actividad. Programas como Spain Trusted Destination y (Re)Discover Spain buscarán impulsar esta evolución y ofrecer nuevas experiencias a quienes ya conocen el país.

Dentro de esta apuesta, el plan identifica tres segmentos prioritarios: el turismo premium, la gastronomía y el MICE, siglas que agrupan los viajes vinculados a reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. Son ámbitos que Turespaña considera estratégicos por su capacidad para generar valor económico, contribuir a la desestacionalización y fortalecer la imagen de España en el exterior.

La inteligencia artificial entra en la promoción turística

Otro de los cambios que incorpora el PMAT es la adaptación del marketing turístico a las nuevas herramientas digitales que utilizan los viajeros para inspirarse, comparar opciones y organizar sus desplazamientos. La inteligencia artificial ha comenzado a modificar la forma en que se descubre información sobre los destinos, por lo que Turespaña quiere mejorar la presencia de España en estos nuevos canales.

El organismo analizará cómo aparecen representados y recomendados los destinos españoles en los sistemas de inteligencia artificial e impulsará contenidos multilingües “AI Ready”, diseñados para que estas plataformas puedan interpretarlos y recomendarlos. La iniciativa puede resultar especialmente relevante para los territorios con menor notoriedad internacional, que necesitan ganar visibilidad frente a los destinos más conocidos.

La competencia turística, por tanto, ya no se limita a aparecer en los buscadores tradicionales o en las redes sociales. También pasa por formar parte de las respuestas generadas por sistemas de inteligencia artificial, que pueden influir en las decisiones de los viajeros antes de reservar un alojamiento o elegir una ruta.

Nueve programas y una nueva apuesta por el patrimonio

La hoja de ruta se estructura en cinco objetivos y nueve programas de actuación que se desarrollarán mediante planes operativos anuales. Estos documentos concretarán las medidas, los presupuestos y los indicadores con los que se evaluará su cumplimiento. La planificación también incorporará la participación de empresas, profesionales y gestores de destinos turísticos.

Por primera vez, el plan incluye de forma expresa la conservación y puesta en valor del patrimonio adscrito a Turespaña, compuesto por 102 edificios. Entre ellos figuran 100 Paradores y los palacios de congresos de Madrid y Torremolinos, un conjunto de instalaciones que el organismo quiere integrar en su planificación general.

“España Turismo 2030 marca el rumbo y el PMAT es nuestra hoja de ruta para avanzar hacia él. Es también una invitación a destinos, empresas y al conjunto del sector a trabajar juntos para que el turismo siga siendo una gran oportunidad para España, de una manera cada vez más equilibrada y sostenible”, ha concluido Miguel Sanz.

El desafío será trasladar estas prioridades a medidas concretas y lograr que la promoción internacional se traduzca en más oportunidades para los territorios menos visitados, al tiempo que España mantiene su atractivo en un mercado turístico cada vez más competitivo.

Los cosméticos que contengan determinadas sustancias cancerígenas o perjudiciales para la salud tendrán menos tiempo para desaparecer del mercado europeo. El Parlamento Europeo ha respaldado este jueves una reforma normativa que acorta los plazos de retirada de estos productos y modifica las obligaciones de las empresas sobre el etiquetado de productos químicos y la fabricación de fertilizantes. El acuerdo, pactado previamente con los gobiernos de la Unión Europea, necesita el visto bueno formal del Consejo para completar su tramitación.

La votación ha contado con 477 votos a favor, 59 en contra y 41 abstenciones. La principal novedad afecta al calendario que deberán cumplir los fabricantes cuando determinados cosméticos queden prohibidos por contener sustancias clasificadas como cancerígenas, capaces de provocar alteraciones genéticas o perjudiciales para la reproducción. La reforma reduce de 12 a seis meses el plazo para dejar de comercializarlos y establece otros seis meses para completar su retirada, frente a los 24 meses que había propuesto inicialmente la Comisión Europea para esta segunda fase.

El objetivo es acelerar la desaparición de productos que puedan representar un riesgo para la salud, aunque el nuevo marco también incorpora periodos de adaptación. Las empresas que quieran seguir utilizando alguna de estas sustancias podrán solicitar una excepción durante los tres meses posteriores a su nueva clasificación. La autorización, si se concede, determinará las condiciones de uso y los plazos aplicables para su posible eliminación.

Reducción de los márgenes

Cuando una solicitud de excepción sea rechazada por motivos de seguridad, las compañías dispondrán de tres meses para dejar de comercializar los cosméticos afectados y de nueve meses para completar su retirada. La normativa contempla plazos más amplios en determinados casos en los que la denegación esté relacionada con la existencia de alternativas adecuadas. De este modo, el calendario dependerá de las circunstancias de cada sustancia y de la resolución adoptada.

Durante la negociación, los eurodiputados han rechazado la propuesta de la Comisión Europea de excluir de estas restricciones a las sustancias consideradas peligrosas por exposición oral o inhalación. Además, han recuperado la obligación de notificar a Bruselas los cosméticos que contengan nanomateriales antes de su introducción en el mercado, aunque la reforma elimina la antelación de seis meses que exige actualmente la normativa.

Estos cambios forman parte de una revisión más amplia de las reglas comunitarias sobre sustancias químicas y también buscan reducir cargas administrativas para las empresas. La aplicación de las nuevas disposiciones dependerá de la entrada en vigor definitiva de la reforma y de los plazos establecidos para cada obligación.

Las etiquetas digitales ganan protagonismo

La reforma no se limita a los cosméticos. Otro de sus ejes es la flexibilización de las normas de etiquetado de productos químicos, con un mayor uso de herramientas digitales para facilitar el acceso a la información y reducir los costes de cumplimiento de las compañías. Según explica el Parlamento Europeo, los cambios pretenden “reducir costes y complejidad”, sin renunciar a la protección de los consumidores.

Entre las medidas aprobadas figura la posibilidad de incluir determinados datos exclusivamente en formato digital cuando se trate de envases interiores pequeños cuyas dimensiones o características dificulten incorporar toda la información de manera física.

La flexibilidad estará sujeta a condiciones: los pictogramas de peligro deberán permanecer visibles y los datos completos tendrán que estar disponibles en el embalaje exterior.

El acuerdo también fija un plazo de 15 meses para actualizar las etiquetas cuando una nueva evaluación determine que una sustancia presenta riesgos superiores a los identificados inicialmente. Por su parte, las disposiciones revisadas sobre el formato de las etiquetas, la publicidad y las ventas a distancia empezarán a aplicarse 18 meses después de la entrada en vigor de la reforma.

Cambios también para los fertilizantes

El tercer ámbito afectado es el de los fertilizantes, cuya normativa se simplifica para facilitar la actividad de los productores y agricultores europeos. La reforma pretende reducir determinados trámites administrativos, aunque mantiene obligaciones de registro más estrictas para algunas sustancias consideradas especialmente nocivas.

La intención es compatibilizar una menor carga burocrática con las garantías de seguridad para la salud y el medio ambiente. En este sentido, las medidas sobre fertilizantes se integran en el mismo paquete legislativo que los cambios en cosméticos y etiquetado químico, con el propósito de adaptar las exigencias regulatorias a las necesidades de las empresas sin rebajar las protecciones esenciales.

Con el respaldo de la Eurocámara, el acuerdo entra en la fase final de su tramitación institucional. Su aprobación formal por el Consejo será necesaria antes de completar el proceso legislativo y avanzar hacia la aplicación de las nuevas reglas.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas económicos y sociales de España, con precios que alejan cada vez más a los jóvenes de la posibilidad de comprar una casa y dificultades crecientes para encontrar un alquiler asequible. En este escenario, Óscar Vara, economista y profesor de Teoría Económica e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, considera que la solución al problema de la vivienda exige un pacto de Estado, más suelo urbanizable y menos trabas burocráticas. En esta entrevista analiza los desafíos del mercado laboral en España, el papel de la inmigración, la evolución de los salarios y las medidas necesarias para facilitar el acceso a la vivienda.

Pregunta: ¿El problema de la vivienda en España tiene solución a corto y medio plazo? ¿Qué medidas deberían llevarse a cabo para resolverlo? ¿Es necesario un pacto de Estado?

Respuesta: Claramente, se necesita un pacto de Estado y reconocer que el problema tiene muchas causas y que no existe una solución mágica. Para que los jóvenes puedan comprar una vivienda, es necesario que haya más suelo urbanizable, que los planes urbanísticos se tramiten con mayor agilidad y que se reduzca al máximo la burocracia relacionada con la construcción de casas.

Pero esto no es lo único que hay que intentar. También se podría abordar el problema por la vía fiscal. Tenemos dos problemas adicionales que constituyen cuellos de botella para el sector. En primer lugar, ya no tenemos suficientes trabajadores especializados. Desde la crisis de 2008 se produjo una desbandada de personas que trabajaban en la construcción, porque prácticamente desapareció. Desde entonces, los oficiales de primera y de segunda son una ‘rara avis’. Hay que empezar a formar a personas para que sepan construir.

También se ha producido un encarecimiento de los materiales. Por todo ello, no basta con decir que hay que buscar viviendas vacías para solucionar el problema. La solución depende de las tres administraciones —central, autonómica y local— y de su cooperación. Tienen que colaborar para que la iniciativa privada pueda satisfacer las necesidades de la población, con el apoyo de la iniciativa pública.

P: ¿En España se ha politizado el tema de la vivienda?

R: El problema de la vivienda se ha politizado absolutamente, porque, además, se ha usado para polarizar a la opinión pública, y esto es muy peligroso. El Gobierno, que lleva ocho años en el poder y podría haber tomado medidas para tratar de solucionar el problema, ha adoptado, sin embargo, medidas populistas que lo han empeorado. Es decir, ha provocado que quienes querían poner sus casas en el mercado del alquiler dejaran de tener incentivos para hacerlo.

Esto ha generado que en muchas ciudades desaparezcan los pisos en alquiler. Darse golpes de pecho presumiendo de que se ha controlado el crecimiento de los alquileres mediante un control de precios, cuando al mismo tiempo eso ha reducido el número de propietarios que alquilan sus viviendas, no es de recibo, no es admisible.

La vivienda se ha politizado porque constituye una bandera electoral muy importante y, además, servía para tapar lo que yo creo que han sido errores en las políticas aplicadas. Es decir, se ha tratado de ocultar esos errores señalando como culpables a los fondos buitre y a los grandes tenedores. Creo que los datos que conocemos y los informes que se han elaborado desmienten esa explicación.

Por su parte, la oposición, que gobierna en comunidades autónomas y ayuntamientos, también podría haber sacado terreno al mercado para construir y urbanizar, y tampoco lo he visto. Parece que las tres administraciones —central, autonómica y local— no están intentando dar una solución seria al problema de la vivienda.

Macroeconomía vs finanzas personales

P: España es el país europeo que más ha crecido en los últimos cuatro años. Sin embargo, muchas familias no llegan a fin de mes. ¿A qué se debe esta contradicción?

R: En el crecimiento de España ha tenido un papel muy importante el incremento de la población extranjera y del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Este es uno de los grandes éxitos de nuestra economía: absorber mucha mano de obra, aunque, en general, se trata de trabajadores con salarios muy bajos. Es verdad que esto contribuye al producto interior bruto: hay más consumo y más actividad económica. Sin embargo, la participación por trabajador, es decir, lo que cada trabajador se lleva, y la productividad, entendida como la cantidad de producto que se genera por hora trabajada, apenas han cambiado. Y eso sí es un baldón para nuestra situación económica.

Además, hemos gastado mucho dinero de los fondos Next Generation de la Unión Europea, que se podría haber invertido de forma más productiva. El problema de que la mejora económica en España no se vea reflejada en los bolsillos de los ciudadanos es que ese crecimiento no se basa en la generación de valor añadido ni en que cada trabajador sea capaz de producir más. Somos más trabajadores, pero producimos lo mismo que antes.

P: ¿Por qué los beneficios, en muchos casos históricos, que están obteniendo muchas empresas no se reflejan en subidas salariales para los trabajadores?

R: El problema de la economía española en términos salariales es una cuestión de productividad. Hay sectores en nuestra economía en los que resulta complicado incrementarla. Son actividades muy importantes, como la hostelería, los servicios de almacenamiento o el turismo, que aportan al país unos ingresos equivalentes al producto interior bruto de Hungría. Para mejorar la productividad, necesitamos invertir más en bienes de capital y en formación.

Un aumento de la productividad debería reflejarse en una subida de los salarios. En los sectores en los que se produce más, los trabajadores aportan más y deberían, por lo tanto, recibir una mayor parte de los ingresos que obtienen las empresas. Lo que ocurre es que hemos registrado una llegada muy importante de trabajadores extranjeros. La competencia que se ha producido entre trabajadores, muchos de ellos sin contrato o trabajando de forma irregular, ha generado un efecto de depresión salarial.

P: ¿Cómo puede afectar a esta situación la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno?

R: Una regularización masiva como la que se ha realizado ayudará a que los sindicatos puedan defender mejor los derechos de los trabajadores. Yo, que soy un economista bastante liberal, siempre he abogado por un nivel alto de sindicación, debido a que el poder de mercado de trabajadores y empresarios, obviamente, no es el mismo. Es bueno que los trabajadores se agrupen en sindicatos para tener mayor poder de negociación dentro de sus respectivos sectores.

En esa interlocución entre empresarios y sindicatos, las condiciones salariales y el reparto de los ingresos —lo que los economistas llamamos distribución de la renta— pueden ser más justos y corresponderse con lo que aporta cada uno.