La patronal CEOE finalmente no impugnará la convocatoria de la huelga general por la vivienda antes de su celebración, el próximo 11 de noviembre, confirman a elDiario.es fuentes de la organización empresarial. El marco que se impone, por tanto, es el de la legalidad del paro, pese a lo que había expresado su líder, Antonio Garamendi.

El empresario vasco afirmó hace unos días que la huelga era “electoral” y confirmó que la patronal la impugnaría en los tribunales.

Sin embargo, preguntada por la fecha de impugnación del paro, desde la CEOE responden a este medio que no se va a recurrir “antes de la huelga”.

Es decir, que no se impugnará previamente su convocatoria, sin cuestionar así la legalidad de la misma, que los sindicatos han vinculado con la vivienda, pero también con varios elementos puramente laborales, como la subida de salarios, las horas extra ilegales y los beneficios empresariales récord.

Los empresarios confían en que la huelga sea “pacífica”

La CEOE recuerdan que su visión sobre la huelga es que los empresarios son los “paganos o damnificados” de una huelga que va contra algo que no es su responsabilidad, consideran, que es el tema de la vivienda.

La organización empresarial afirma que “también existe un derecho al trabajo, a unos servicios mínimos garantizados y confiar en que la huelga suceda de una forma pacífica y cívica”.

“A partir de ahí, haremos un seguimiento de la misma y en función de lo que ocurra adoptaremos las medidas que correspondan”, añaden en la CEOE, con lo que no cierran la puerta a una posible acción judicial a posteriori.

Por su parte, este jueves, desde los sindicatos mayoritarios se ha lanzado una advertencia a las empresas para no utilicen el teletrabajo como “esquirolaje moderno” el 11N.

Los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han recordado que la huelga del 11N señala también a la patronal, a la que exigen que se siente a negociar el gran acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC), con el que reclaman dar un empujón a los salarios de entre el 4% y el 7% anual los próximos tres años.

Los sindicatos están organizando la huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre con un elemento que no existía en los pasados paros generales de más calado: el teletrabajo. En CCOO reconocen que es un factor difícil “de controlar” aunque advierten a las empresas de que no utilicen el teletrabajo como una forma de “esquirolaje moderno”, ha afirmado este jueves Lucho Palazzo Gallo, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) del sindicato.

Esta federación de CCOO y la de Movilidad de UGT han presentado este jueves una propuesta de servicios mínimos de transportes para el paro general del 11N, con la petición expresa al ministro Óscar Puente de que los negocie y no los imponga.

Los sindicatos piden así evitar niveles abusivos de otros precedentes, como la huelga y paros del 8M, que fueron recurridos por las organizaciones de trabajadores y tumbados a posteriori por los tribunales.

“Hay que garantizar servicios esenciales básicos, pero no puede ser como un día normal. Es un derecho constitucional de huelga y hay que garantizarlo”, ha afirmado Ricardo Casas Tinahones, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT. 

En este contexto, los sindicatos son conscientes de la posibilidad de que el teletrabajo juegue un papel ese día –que antes de la pandemia no existía por su nimia extensión– para trabajar y evitar las incidencias en el transporte, los piquetes o posibles conflictos ese día.

Los sindicatos estarán “vigilantes”

“Estaremos pendiente y vigilantes”, ha afirmado Lucho Palazzo aunque ha reconocido que “no es fácil en estos tiempos controlar” estas maniobras. “Pero hacemos un llamamiento a la responsabilidad. Esto es una expresión democrática, constitucional, el derecho a la huelga y todos los actores que confluyen ese día deben garantizar que ese derecho se pueda ejercer en las mejores condiciones”, ha firmado el responsable de CCOO.

“Vamos a suponer la buena fe, y vamos a pensar en que no va a haber un esquirolaje tecnológico”, ha añadido el sindicalista.

Aunque la mayoría de puestos de trabajo no pueden realizarse a distancia, alrededor de 7 de cada 10, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H) del INE, hay alrededor de un 30% de los trabajadores que afirman que realizan tareas que pueden ejecutarse a distancia.

En la actualidad, teletrabajan en España algo más de 3,4 millones de personas en España, de manera ocasional o “más de la mitad de los días de la semana”, según los datos de la EPA de 2025. Se trata de máximos históricos por encima de la pandemia.

Este número podría ser mucho mayor, destaca un reciente informe el sindicato UGT. Dado el número de quienes afirman que podrían trabajar a distancia y quienes realmente lo hacen, hay más de 3,4 millones de personas que podrían teletrabajar, pero a las que no se lo permiten sus empresas.

Los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios de país, CCOO (Unai Sordo) y UGT (Pepe Álvarez), han emplazado a los partidos, y en especial a la derecha de PP y VOX, a hablar con “valentía” y transparencia de sus propuestas de cara a las elecciones generales. “Sin ocultar” sus verdaderos planes sobre pensiones a la ciudadanía, ha exigido Sordo, como un recorte en las pensiones o la propuesta de sistemas mixtos de capitalización, que supondría “pensiones públicas de pobreza”, ha advertido el sindicalista.

Los dos líderes sindicales han sido entrevistados este jueves en Los Desayunos de TVE y la agencia EFE, a propósito de la próxima huelga general por la vivienda del 11 de noviembre, que han emplazado a secundar a todos los trabajadores y trabajadoras, así como a participar masivamente en las manifestaciones que se convocarán por la tarde en todo el país para reclamar un cambio en las políticas de vivienda.

También, para exigir a la patronal salarios dignos, en una movilización que también señala a los empresarios, han destacado Sordo y Álvarez. Los líderes sindicales han exigido a CEOE que se siente a negociar el gran acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC), con el que reclaman dar un empujón a los salarios de entre el 4% y el 7% anual los próximos tres años. Además, piden al Gobierno un alza del salario mínimo del 7% este año y que saque adelante sus compromisos de endurecer el registro horario y acabar con la absorción de pluses en la subida del SMI.

En el contexto previo a las elecciones del 29 de noviembre, los líderes de CCOO y UGT han desmarcado el paro general de la convocatoria de los comicios por el presidente Pedro Sánchez y lo han situado como una respuesta a la movilización masiva de la ciudadanía tras el desahucio de Maricarmen Abascal.

“Nos arrastra la sociedad”, ha respondido Pepe Álvarez, que al igual que Sordo ha explicado que los sindicatos han leído la necesidad de ser parte de esta gran movilización ciudadana por uno de los principales problemas del país, el acceso a la vivienda, que también llevan años denunciando.

El debate de las pensiones, en primera línea

Sin embargo, los líderes sindicales también han defendido la necesidad de debatir y exigir respuestas a los partidos de la derecha, PP y Vox, ante sus recientes críticas al sistema público de pensiones, que han dado por “quebrado” o en camino del colapso, con las declaraciones de “va a petar”, de Ester Muñoz (PP).

“¿Cómo no vamos a querer que influyan (las pensiones) en el debate de la campaña? Es que a mí me parece absurdo que alguien se plantee que en este país no hay que hablar de pensiones en campaña. ¿Por qué? Porque en realidad se quiere hacer lo que no quieren los ciudadanos y las ciudadanas”, ha sostenido Pepe Álvarez.

“Qué culpa tengo yo de que el Partido Popular se dedique a cuestionar el sistema público de pensiones o las condiciones de las bajas por contingencia común de las personas, diciendo que hay muchos jetas”, ha respondido también Unai Sordo sobre quienes acusan a los sindicatos de atacar a la oposición política más que al Gobierno.

Ambos dirigentes han advertido de que estas proclamas cuestionan el sistema público de pensiones y su sostenibilidad con el objetivo de recortarlo y de dar paso a sistemas mixtos, abriendo las puertas a la privatización. “Son intereses, en la mayoría de los casos, que obedecen a que hay un sector en nuestro país, que es el sector financiero, que no se resigna a que el pastel de las pensiones sea público y quiere su parte”, ha criticado el líder de UGT.

El secretario general de CCOO ha llamado por su parte a la derecha a “no ocultar” y “explicar” a la sociedad qué supondrían sistemas mixtos de pensiones, con una parte de capitalización individual, como los que está proponiendo abiertamente Vox.

“¿En qué va a consistir un sistema mixto? En una reducción de 30 puntos de la protección de las pensiones públicas y en abrir un espacio a la capitalización para que el que pueda meter dinero en sistemas privados lo meta, y el que no pueda va a tener pensiones de pobreza”, ha alertado Unai Sordo.

Alerta sobre el “peligro” de la ultraderecha

A propósito de la visita de Milei a España, próximo tanto al Vox de Santiago Abascal como al PP de Ayuso, por ejemplo, los dos líderes sindicales han advertido del peligro de la extrema derecha y el aumento de poder de esta, de cara a las próximas elecciones generales. Tanto en las pensiones públicas como en otros muchos derechos laborales en España, con propuestas como “el despido libre”, ha advertido Pepe Álvarez.

“Milei es un engendro que sitúa el alma de las nuevas extremas derechas, que están amenazando al mundo, que pueden fragmentar Europa, que nos pueden llevar a la guerra en un plazo relativamente corto de tiempo y que van a destruir, si alcanzan el poder, los marcos constituyentes alcanzados en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y en España 30 años después”, ha advertido Unai Sordo.

Tanto Álvarez como Sordo han situado el auge de la ultraderecha como “muy peligroso” y una amenaza para la democracia, así como han señalado el auge de grupos violentos, como el que intentó entrar en la acampada de Sol el pasado 12 de octubre.

“Y a mí me gustaría que la policía tuviera un poco de equidad a la hora de tratar el tema de las manifestaciones. Porque los vemos que se emplean muy a fondo con los profesores de Madrid y no los veo emplearse nada a fondo, aguantando aquellos energúmenos que no tenían permiso para manifestarse y que iban a molestar a personas que pacíficamente se estaban manifestando”, ha sostenido Pepe Álvarez.

Una de las mayores empresas de formación del país, Davante MasterD, comprada en 2020 por el fondo de inversión estadounidense KKR, anunció hace unos días su intención de aplicar un despido colectivo de 231 trabajadores y un “procedimiento para actualizar el modelo retributivo” de sus comerciales. Lo que no indicó la compañía de preparación de oposiciones y otros cursos formativos es la cascada de sanciones que está recibiendo de la Inspección de Trabajo en multitud de provincias, precisamente por sus comerciales, a los que ha considerado falsos autónomos, con un saldo exigido de más de 7 millones de euros.

Así consta en las propias cuentas de la compañía de 2025, disponibles a través de Insight View, con un beneficio de 16,8 millones de euros el año pasado respecto a los 24,9 millones de 2024. Los auditores, de la empresa Deloitte, llaman la atención sobre las actas de infracción y liquidación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las que informa la compañía en sus cuentas, por un importe total de 6,9 millones de euros, “relativas a las delegaciones comerciales de 14 provincias”.

El montante total exigido por la Inspección a Davante MasterD ahora es superior, ya que elDiario.es tiene constancia de más resoluciones de la Inspección de Trabajo este año. Por ejemplo, en Málaga y Sevilla, por las que solo en la liquidación de las cuotas impagadas por los comerciales falsos autónomos –por un periodo retroactivo de cuatro años– la Inspección reclama a la empresa de formación unos 864.300 euros y 607.600 euros, respectivamente.

Además, en ambas provincias hay actas de infracción, que acarrean multas económicas añadidas por esta infracción laboral, al igual que ha sucedido en las actuaciones de otras regiones del país, como Huelva, Tarragona, Burgos, Cádiz, Huesca y Ávila, entre otras.

En la comunicación del ERE, que afecta a casi el 20% de su plantilla (de un total de unos 1.200 empleados), y del cambio en el “modelo retributivo” de los comerciales, Davante MasterD no menciona esta campaña de regularizaciones y vincula ambos procesos “a la evolución de su modelo operativo y a la necesidad de adaptarse a cómo han cambiado las necesidades de alumnos y potenciales alumnos”.

En concreto, la empresa apunta a una “estrategia más amplia de modernización, eficiencia y adaptación a las demandas y necesidades actuales”, que en CCOO temen que tenga relación con la reciente aplicación de herramientas de IA (Inteligencia Artificial), de las que critican que apenas tienen información.

“Unos 200” comerciales regularizados y en aumento

elDiario.es ha preguntado a Davante MasterD por la cuantía total de falsos autónomos regularizados por la Inspección de Trabajo y el dinero que le reclama la entidad, pero la empresa no ha respondido al respecto.

En cualquier caso, fuentes de la empresa responden que “los procesos anunciados esta semana por MasterD no tienen relación con el eventual impacto económico de procedimientos previos y responden exclusivamente a razones técnicas y organizativas vinculadas a la evolución del modelo operativo de MasterD”.

Roberto Voto, secretario general de la sección sindical de CCOO en la empresa MasterD, explica que por el momento tienen constancia de “unos 200” comerciales en activo que han sido dados de alta por mandato de la Inspección, “aunque aún hay varias actuaciones pendientes de resolución”. Por ejemplo, “en Barcelona, donde hay muchísimos comerciales”, que ya han recibido los mensajes de alta de oficio de la Seguridad Social, así como “en Valencia”, añade el sindicalista.

CCOO destaca que hay también trabajadores regularizados que ya no está en activo en la empresa, de los últimos cuatro años, de los que desconoce el número. Roberto Voto calcula que al final de las actuaciones puede haber “más de 400” trabajadores regularizados y “alrededor de 30 millones de euros, entre cotizaciones y sanciones” por lo que considera “una actitud negligente de la empresa”.

Contratos laborales, pero con recorte de las comisiones

A raíz de la campaña de inspecciones laborales, y el aluvión de regularizaciones y sanciones, Davante MasterD optó a finales de 2025 por romper de manera unilateral los contratos mercantiles con todos sus comerciales y pasar a un modelo laboral en todas sus delegaciones.

Esta maniobra es recogida también por la empresa en sus cuentas de 2025, “aun manteniendo la convicción de que la relación mantenida con los mismos es estrictamente de índole mercantil” y su confianza en que puedan prosperar sus recursos presentados, apuntan.

Sin embargo, esta transformación masiva a trabajadores laborales no le ha evitado a Davante MasterD la sanción y regularización en la provincia de Málaga, ni Sevilla, además de las actuaciones que siguen en marcha, en las que la Inspección da de alta a los trabajadores no desde finales de 2025, como hizo la compañía, sino desde la fecha de inicio de actividad de cada trabajador, “siendo esta la fecha real del alta”, destacó la Inspección en Málaga.

En los nuevos contratos laborales facilitados por la empresa ahora se establecen nuevas comisiones “a la baja”, como explicaron varios comerciales a la Inspección en Málaga y confirma CCOO. “Cambiaron el sistema de comisiones tremendamente a la baja. Fue un sablazo, una pérdida económica enorme para estas personas”, sostiene Voto.

“Ese dinero que ya no ganan ellos ahora lo está ganando KKR”, destaca el representante de CCOO, que advierte de que muchos comerciales rechazaron estos contratos e iniciaron procesos judiciales contra la empresa por despidos improcedentes.

El sindicato denunció a la compañía por no abrir un procedimiento de modificación sustancial de las condiciones laborales de estos trabajadores, con una primera respuesta desfavorable por la Audiencia Nacional. No obstante, ahora la empresa ha planteado formalmente este procedimiento, para “mejorar el sistema retributivo y adaptarlo a la nueva realidad de trabajo, al tiempo que se da respuesta a una petición que nos venía haciendo la red comercial”, dicen en Davante MasterD.

“Empobrecimiento de la plantilla” para vender

CCOO denuncia el ERE anunciado y la rebaja de condiciones de los comerciales dentro de una maniobra más amplia de “empobrecimiento de la plantilla” para vender la empresa con el máximo beneficio posible. “KKR está preparando la venta. Ya nos dijeron cuando nos compraron, que compraban para vender”, afirma Roberto Voto, una práctica habitual de este tipo de fondos de inversión.

Hasta ahora ese empobrecimiento se había materializado en una devaluación de los salarios, con subidas por debajo del IPC y con la drástica reducción (e incluso desaparición) de los incentivos cuatrimestrales ligados a beneficios, que dieron lugar a movilizaciones y una huelga en 2025.

“Los últimos cuatro meses, los beneficios antes de impuestos han sido 6,9 millones de euros, con un 20,5% de rentabilidad, nada menos. Bueno, pues la gran mayoría de la plantilla vamos a cobrar cero euros de incentivos”, denuncia Voto. CCOO ya advierte de que iniciará movilizaciones en el contexto del procedimiento de ERE, que mantiene sumida en la “incertidumbre y mucho miedo” a gran parte de los trabajadores, lamenta. El despido colectivo empezará a negociarse el próximo 4 de noviembre.