Chunta Aragonesista no piensa dar marcha atrás en Teruel. Su secretaria general, Verónica Villagrasa, ha respondido este jueves a las críticas de Izquierda Unida en Aragón con el acuerdo de coalición en la mano. Según Villagrasa, el pacto con el Frente Amplio reserva a CHA la decisión sobre las circunscripciones en las que se presenta. “Tenemos un acuerdo de coalición con Frente Amplio dentro del cual se encuentra Izquierda Unida, un acuerdo que ellos tienen y en el que esta cuestión está reflejada muy claramente, que Chunta decide a qué circunscripciones se presenta”, ha afirmado en los pasillos de las Cortes de Aragón, donde se celebraba sesión plenaria.

La coalición CHA-Frente Amplio Aragón, que integran también el Movimiento Sumar, el Partido Verde y Recortes Cero, anunció este miércoles que no presentará lista al Congreso por Teruel y que en esa provincia solo concurrirá al Senado. Horas después, IU expresó su desacuerdo y anunció que hará “todo lo posible” para que haya candidatura. Su coordinadora general, Marta Abengochea, calificó la renuncia de “despropósito” y acusó a Chunta de asumir “el marco del voto útil que promueve el PSOE”. El coordinador de IU Teruel, Dani Palomo, llegó a preguntar: “¿Acaso somos aragoneses de segunda?”.

Villagrasa ha dejado claro que, si IU quiere presentar candidatura por Teruel, tendrá que llevarlo a la mesa de trabajo que comparten las fuerzas del Frente Amplio: “Hablaremos de lo que sea conveniente”. Ha defendido además “la cultura de pactos, en la que una parte gana y pierde y la otra parte pierde y gana”. “Hay otras cuestiones en las que otras fuerzas del Frente Amplio deciden sobre esa coalición y a nosotros nos puedan gustar más o menos, pero las acataremos porque es un acuerdo que hemos suscrito”, ha señalado.

La dirigente de Chunta ha restado importancia a las discrepancias internas. “Cada militante que forma parte de un partido político vive los acuerdos de una manera u otra porque al final cada persona tenemos una opinión que puede coincidir en ocasiones con lo que decide tu partido y puede no coincidir”, ha dicho. Según ha explicado, la decisión responde al acuerdo con el Frente Amplio y también a la opinión de los militantes de CHA en las comarcas turolenses, partidarios de concurrir solo al Senado.

“Nunca” había ocurrido

Villagrasa ha justificado la renuncia por una situación en la política estatal que, a su juicio, no se había dado “nunca”, en alusión al crecimiento electoral de Vox. Ante ese escenario, Chunta dice asumir su responsabilidad. “Trabajar para que esa ultraderecha llegue con la fuerza más pequeña posible al Congreso de los Diputados y para tener unas fuerzas progresistas fuertes que frenen esas políticas de limitación de los servicios públicos, de limitación de derechos”, ha resumido. “Lo que hemos hecho ha sido un paso de generosidad y de responsabilidad, sobre todo, para conseguir que la ultraderecha tenga la menor representatividad posible en el Congreso de los Diputados, que es donde pueden empezar a destruir este Estado de Bienestar”, ha añadido.

La secretaria general de CHA ha desvinculado la decisión de la alianza con el PSOE para el Senado. Esa negociación “ha llevado una senda”, mientras que la del Frente Amplio ha seguido “otra senda completamente diferente”. En la Cámara Alta, PSOE, CHA e IU concurrirán con una lista conjunta en las tres provincias aragonesas. Los socialistas ocupan los puestos uno y tres, CHA el dos en Zaragoza y Teruel, e IU el dos en Huesca.

El plazo para presentar candidaturas ante las juntas electorales provinciales termina el lunes 26 de octubre. Antes, este viernes, el Comité Nazional extraordinario de Chunta elegirá a quien encabece la lista al Congreso por Zaragoza.

Podemos vuelve a quedarse descabezado en Aragón, y lo hace a apenas un mes de las elecciones generales. Tras la precaria renovación en el partido a raíz del cisma vivido tras las elecciones de 2023, dos de los principales integrantes de la formación en el nuevo equipo morado han renunciado. Se trata del hasta ahora coordinador, Ricard Mitjana, y de un referente como la veterana Pilar Gimeno, que dejan sus puestos por desavenencias con la dirección tanto en Aragón como en Madrid. En principio permanecen quien fue candidata en las elecciones de febrero, María Goikoetxea, y el secretario de Organización, Tomás Aragón.

Las renuncias se hicieron oficiales este miércoles, en una reunión de urgencia del partido con su militancia, y la formación queda en manos de una gestora a cinco semanas de las elecciones generales del 29-N. Es el segundo periodo de interinidad en poco más de dos años.

Consultada por elDiario.es, Goikoetxea ha rehusado hacer declaraciones.

La dimisión ha sido confirmada por el propio Mitjana, quien ha remitido un comunicado en el que apunta que, tras trasladar él que se “presentaba a las primarias” para ser candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, “se sucedieron una serie de desacuerdos con la dirección nacional y autonomica” que motivaron su renuncia el 7 de octubre “todos” sus “puestos orgánicos” en Podemos, “al igual –añade Mitjana– que decenas de personas que están” con ellos. “Nuestra honestidad es absolutamente incompatible con lo que hemos vivido en estas últimas semanas, pero igualmente nuestro compromiso político con la izquierda nos pide que pasemos página y pensamos en otros proyectos, donde nadie de Madrid nos pueda decir lo que tenemos que decidir en Aragón”, explica el ya excoordinador en la nota.

En conversación con este periódico, Mitjana ha señalado que elude “entrar en más polémica por el momento” actual, previo a las elecciones generales del 29-N. “El debate tiene que centrarse en revertir la situación e impedir que el fascismo entre en las instituciones estatales”, apunta el exdirigente morado, quien llama a “animar a la ciudadanía para que vote masivamente por una opción democrática”.

Una crisis que arrastra desde 2023

La debacle de las autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023, cuando Podemos bajó de cinco diputados a uno solo, abrió la crisis en el partido morado. Su candidata y coordinadora, Maru Díaz, anunció que dejaría la coordinación del partido tras las generales de ese año y que no recogería su acta de diputada. El escaño fue a parar a Andoni Corrales, número dos de la lista por Zaragoza y hasta entonces jefe de gabinete de Díaz en la Consejería de Universidad. Su decisión de quedarse con el acta, en lugar de dar paso a una renovación, provocó críticas entre militantes y simpatizantes, que le reprocharon aferrarse al cargo.

Tras varios meses de vacío, Marta de Santos, exdirectora general de Cambio Climático, tomó el relevo. Esa ejecutiva autonómica empezó a funcionar a principios de febrero de 2024, cuando De Santos, única aspirante, obtuvo el 87,3% de los votos de la militancia. El proyecto duró poco más de medio año: el 31 de agosto de 2024 la dirección dimitió en bloque por “desavenencias” con el grupo parlamentario, formado únicamente por Corrales. Desde entonces la comunicación entre la parte orgánica y el grupo parlamentario quedó rota, y el partido pasó a manos de un equipo técnico provisional.

Una renovación con una sola lista

La interinidad se prolongó durante más de un año. En noviembre de 2025, Podemos Aragón abrió su Asamblea Ciudadana, un proceso que una parte de la militancia criticó por carta y que contó con el respaldo explícito de la dirección estatal. Ricard Mitjana, entonces secretario de Organización regional, reunió en apenas diez horas los 90 avales exigidos para optar a la coordinación. Militar retirado tras tres décadas en el Ejército del Aire, con el empleo de cabo primero, encabezó junto a Goikoetxea la única candidatura presentada, y fue elegido coordinador con el 86,7% de los votos.

La nueva dirección no logró recomponer la relación con el grupo parlamentario. Pablo Fernández, secretario de Organización estatal, le dio su apoyo y le encargó llevar al partido hasta las elecciones del 8 de febrero. Goikoetxea fue designada candidata tras obtener el respaldo del 88% de la militancia en una consulta pública, sin primarias abiertas. Corrales, aún único diputado morado, denunció un “auténtico fraude democrático” por parte de la dirección autonómica y anunció que acudiría a los tribunales. Tampoco cuajó la candidatura unitaria de la izquierda: varias fuentes atribuyeron a la dirección de Podemos en Madrid el veto a un acuerdo que incluyera a Sumar.

El resultado del 8-F confirmó el desplome. Podemos obtuvo 6.206 votos, por debajo del PAR (8.161) y de Se Acabó la Fiesta (17.983), y perdió unos 20.000 sufragios respecto a los 26.923 de 2023, con lo que quedó fuera de las Cortes de Aragón.

A primera hora del pasado lunes, el Ayuntamiento de Zaragoza notificó a Enta Properties, la empresa que promueve 204 viviendas de lujo en el antiguo Convento de Jerusalén, que abría un trámite de audiencia de 15 días para que presentara alegaciones. A última hora de la mañana, el consejero de Urbanismo daba a conocer el nuevo convenio. Entre medias, menos de cuatro horas en las que se sucedieron las prisas, las visitas al Seminario y los informes técnicos y jurídicos hasta que se articuló el nuevo documento, que consolida el incremento en la edificabilidad residencial y terciaria.

Según consta en el expediente municipal de la modificación aislada al PGOU, el Ayuntamiento de Zaragoza trasladó a las 9.56 horas a Enta Properties –del grupo Bancalé– el plazo para responder a un informe de la Intervención General sobre el convenio. La promotora leyó la notificación 35 minutos después; esa misma mañana, su abogado presentó en dependencias municipales un nuevo texto del convenio: el Servicio Técnico de Planeamiento, el Servicio Jurídico y el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, firmaron a continuación sus informes y la propuesta de acuerdo. A las 13.45 horas, el propio Serrano presentaba en rueda de prensa la “aprobación definitiva” de la operación, que permitirá levantar una torre de 16 alturas y 204 pisos –68 de ellos, de alquiler–, más dos residencias, junto al nuevo estadio de La Romareda. Los 15 días se habían quedado en menos de cuatro horas.

A cambio de la operación, Enta pagará 22,4 millones de euros al Consistorio. Como informó este medio, el documento final incluye 1.405 metros cuadrados de vivienda por encima de los que habían fijado los técnicos de Urbanismo.

El informe jurídico municipal firmado el lunes ya analizaba el convenio que Enta había entregado ese día: concluye que “da cumplimiento a lo requerido” y solo suprime cuatro líneas de una cláusula. En la misma jornada firmaron el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, con un informe de 27 páginas, y el consejero, cuya propuesta a la Comisión del ramo cita ya el convenio “aportado en fecha 19 de octubre”.

Tres semanas de espera

Las prisas del lunes llegaron tras semanas casi sin movimiento. Enta presentó la documentación para la aprobación definitiva el 23 de septiembre, pero no se envió al Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano hasta el 14 de octubre, con la indicación de informar “a la mayor brevedad posible”. Entre el martes 13 y el lunes 19 se emitieron el informe sobre las alegaciones vecinales, la petición a Hacienda y su respuesta, y los informes de la Intervención, de Ingeniería, del Servicio Técnico y del Servicio Jurídico, además de la propuesta del consejero.

El informe de Hacienda sobre el impacto en las arcas municipales se tramitó en 48 horas. Urbanismo lo pidió preguntando si el impacto “puede considerarse favorable o positivo”, “como se desprende” de sus propios datos; Hacienda respondió reproduciendo los párrafos de Urbanismo y concluyó que “comparte el criterio”.

El informe de Ingeniería, elaborado contra reloj, deja constancia de varias carencias. La documentación no incluye un estudio específico de riesgos, ni datos concretos sobre la capacidad de las redes de agua y saneamiento, ni un estudio económico-financiero desglosado: solo una “estimación global” de la inversión, “superior a 100 millones de euros”.

Alegaciones vecinales

Durante la información pública se presentaron tres alegaciones: una de la comunidad de propietarios de Álvaro de Bazán 2, 4, 6 y 8 y Jerusalén 3 y dos de otros tantos vecinos a título particular.

Los vecinos sostienen que la modificación responde a un interés privado y no urbanístico. Recuerdan que Enta compró el solar como equipamiento religioso, “con el fin al parecer de construir una residencia de ancianos, lo que al parecer ha quedado totalmente superado”, y hablan de “cierto apetito voraz” de la promotora. Consideran que la cantidad ofrecida “no constituye ninguna mejora sino que es una mera cuantificación” de las cesiones que la ley ya exige. Añaden que una corporación “agobiada por el compromiso de construcción de un nuevo estadio de fútbol”, según recoge el informe municipal, podría ver en ese dinero una justificación, pero “política, en modo alguno jurídica ni urbanística”. Uno de los vecinos relaciona además la aceleración del expediente con el Mundial de 2030.

Las alegaciones denuncian también que el proyecto expuesto al público no fijaba el número de viviendas ni justificaba que las zonas verdes y equipamientos se cambiaran por dinero. Señalan que faltaban informes sectoriales, entre ellos los de la Confederación Hidrográfica, Protección Civil y perspectiva de género, y que los estudios de tráfico y ruido eran insuficientes. Critican que el convenio aplazara los pagos sin garantías y mantuviera el recurso de casación de la promotora. Por último, advierten de la pérdida de soleamiento, vistas e intimidad por la cercanía y la altura de los nuevos bloques. Uno de los vecinos propone que no superen en más de una o dos plantas a los edificios existentes y que el suelo del nuevo vial se use para alejar las construcciones y reducir su altura.

El informe jurídico municipal, firmado el 13 de octubre, propone desestimarlas todas, aunque algunas reclamaciones sí se han recogido en el texto final. El número de viviendas queda fijado en 204, la promotora renuncia al recurso de casación contra la sentencia del TSJA y los técnicos imponen como condiciones vinculantes una altura máxima de 28,20 metros frente a Álvaro de Bazán y las distancias mínimas con los edificios vecinos.