Martín Lousteau cuestionó el programa de ciudadanía por inversión anunciado por el Gobierno y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la política migratoria, los derechos políticos y la compra de tierras rurales. En Infobae a la Tarde, el diputado nacional sostuvo que la nacionalidad no puede convertirse en una transacción económica y alertó sobre los riesgos que la iniciativa podría generar para el pasaporte argentino.

“Están vendiendo el pasaporte, es decir, la ciudadanía argentina por 350 mil dólares”, afirmó el dirigente. El programa contempla dos alternativas: un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de USD 800.000.

Lousteau cuestionó el precio de la ciudadanía argentina

Para Lousteau, el problema de fondo es que la capacidad económica se convierta en una vía para acceder a la nacionalidad. “La nación es el lugar donde la solidaridad surge por espontaneidad”, sostuvo al cuestionar que un vínculo jurídico y político con el país pueda establecerse mediante una contribución económica.

El esquema también contempla aportes adicionales para los familiares del solicitante: USD 100.000 para el cónyuge y para cada hijo de entre 18 y 25 años que cumpla las condiciones previstas, y USD 25.000 por cada hijo menor de edad. Así, una familia integrada por dos adultos y dos hijos menores podría solicitar la ciudadanía por un total de USD 500.000.

Los cambios en la naturalización y las objeciones al DNU

Lousteau vinculó el programa con el DNU 366/2025, que modificó la Ley de Ciudadanía e incorporó una vía de naturalización para extranjeros que acrediten una inversión relevante, sin exigir un plazo mínimo de residencia en el país.

El diputado cuestionó el contraste con la vía ordinaria, que exige dos años de residencia legal y continua. “Viene un uruguayo a vivir acá, se va a visitar un fin de semana a la abuela y el cronómetro arranca de cero otra vez”, afirmó, en referencia a la exigencia de no salir del territorio argentino durante ese período.

También objetó que el dinero permita acceder a una alternativa que no está disponible para quienes deben cumplir los requisitos de residencia. “De golpe ahora tener plata es más importante que, por ejemplo, servir en las Fuerzas Armadas de tu país”, sostuvo.

Otro de sus cuestionamientos apunta al traslado de la competencia para otorgar la ciudadanía de los juzgados federales a la Dirección Nacional de Migraciones. Lousteau consideró que el cambio presenta objeciones constitucionales porque, a su entender, el Poder Ejecutivo no puede modificar mediante un decreto de necesidad y urgencia una materia vinculada con los derechos políticos. Por eso, reclamó que el Congreso rechace la norma.

El DNU también enfrenta cuestionamientos judiciales. En junio de 2026, la Cámara Nacional Electoral declaró su nulidad en una causa vinculada con la competencia para otorgar la ciudadanía. El Gobierno anunció que recurriría el fallo, mientras que el programa de ciudadanía por inversión fue presentado en octubre con la previsión de comenzar a recibir solicitudes durante el último trimestre del año.

El riesgo para el pasaporte argentino

Lousteau advirtió que los programas de ciudadanía por inversión pueden afectar las facilidades de viaje de los países que los implementan si otros Estados cuestionan sus controles de naturalización. Como antecedentes, mencionó las restricciones aplicadas a ciudadanos de Vanuatu y de países del Caribe, además del caso de Malta, cuyo programa fue cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El diputado alertó que una eventual revisión de las exenciones de visa podría perjudicar una de las ventajas del pasaporte argentino: la posibilidad de ingresar sin visa a numerosos destinos. Por eso, sostuvo que las consecuencias de la iniciativa podrían exceder la política migratoria nacional.

Durante la columna también cuestionó la participación de Henley & Partners, una firma internacional especializada en programas de residencia y ciudadanía por inversión que promociona la propuesta argentina. Lousteau planteó interrogantes sobre los controles aplicados a los solicitantes y mencionó controversias vinculadas con otros programas internacionales, aunque aclaró que no conocía denuncias por una posible relación irregular entre el asesoramiento al Gobierno y la promoción comercial de la iniciativa.

La relación con la Ley de Tierras

El último eje de la crítica de Lousteau fue la relación entre el acceso a la ciudadanía por inversión y las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El diputado advirtió que obtener la nacionalidad argentina podría modificar la situación jurídica de un inversor frente a determinados límites establecidos para quienes no tienen esa condición.

“Si vos vas a hacer una inversión grande comprando tierras en Argentina y el costo adicional de poder zafar de esas legislaciones, listo, comprá un pasaporte”, afirmó.

Para Lousteau, el mecanismo podría convertirse en una vía para eludir restricciones sobre la propiedad rural. Su planteo es que el programa debe analizarse no solo por el capital que busca atraer, sino también por sus posibles efectos sobre las reglas que regulan la ciudadanía y la adquisición de tierras en el país. Por eso, reclamó que el Congreso rechace el DNU.

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El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, respaldó una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof para 2027 y reclamó que el peronismo defina sus postulantes mediante elecciones primarias.

En una entrevista con Infobae al Regreso, también se refirió a la reorganización del justicialismo tras el encuentro entre Cristina Kirchner y Sergio Massa, denunció al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo por el presunto desvío de fondos para infraestructura y confirmó que le gustaría competir por la gobernación bonaerense.

Katopodis respaldó a Kicillof y pidió primarias en el peronismo

En medio de las discusiones por el liderazgo del PJ, Katopodis defendió las elecciones primarias como mecanismo para resolver las candidaturas y evitar acuerdos entre las conducciones partidarias. “Hacer unas buenas primarias en el peronismo sería muy, pero muy saludable”, sostuvo, al cuestionar que las decisiones queden en manos de unos pocos dirigentes.

“Tenemos que generar las condiciones para que los candidatos los elija la gente y no los elijan cuatro dirigentes”, afirmó. Para el ministro, quien aspire a conducir el país deberá construir una autoridad política propia, respaldada por la sociedad y no solamente por un acuerdo de cúpula.

Consultado sobre quién reúne mejores condiciones para representar al peronismo en las próximas elecciones presidenciales, respaldó al gobernador bonaerense. “No tengo dudas de que Axel (Kicillof) es el que está en mejores condiciones”, respondió. Como argumento, mencionó la confianza que, según afirmó, encuentra en sus recorridas por la provincia.

Katopodis consideró que una eventual reelección de Milei podría contribuir a ordenar las prioridades de la oposición. “Lo que podría ser más grave es una reelección, cuatro años más. Me parece que eso va a ordenar”, señaló.

También valoró el papel de Cristina Kirchner en la reorganización del espacio y sostuvo que su participación puede ayudar a que los distintos sectores encuentren su lugar. Además, descartó que Máximo Kirchner sea un impedimento para una eventual candidatura presidencial de Kicillof: “Cada uno va a dar seguramente su opinión, va a participar, va a proponer”.

La denuncia contra Milei y Caputo por los fondos para infraestructura

Katopodis cuestionó el rumbo económico del Gobierno y describió un deterioro de los ingresos familiares y del mercado laboral. “El que no se endeudó vendió pertenencias, el que no vendió pertenencias vendió dólares, el que no vendió dólares le pidió prestado a algún familiar”, sostuvo.

Frente a ese escenario, planteó que el peronismo debe elaborar una propuesta para 2027 que combine la explotación de los recursos naturales con el desarrollo industrial y la generación de empleo. Entre sus prioridades, mencionó agregar valor a la producción, ampliar las exportaciones y fortalecer una red de proveedores vinculada con Vaca Muerta, las pymes, los centros tecnológicos y las universidades públicas.

Uno de sus principales cuestionamientos al Gobierno estuvo relacionado con el destino de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles. El ministro informó que presentó una denuncia contra Milei y Caputo por el presunto desvío de fondos que, según afirmó, debían financiar obras viales e hidráulicas. “Nos cobraron un impuesto, se llevaron la plata, desviaron esos fondos y las obras no se hicieron”, denunció.

Según detalló, una parte de la recaudación debe destinarse por ley a rutas y caminos, mientras que otra financia el Fondo Hídrico, destinado a prevenir inundaciones. Katopodis cifró en $400.000 millones los recursos de este último y en $1,5 billones los vinculados con la infraestructura vial.

El funcionario reclamó la intervención de la Justicia federal para investigar el manejo de esos fondos y exigir que se restituyan a sus destinos específicos. También cuestionó la presunta colocación de recursos en instrumentos financieros, una operatoria que, según su interpretación, no estaría contemplada por la normativa aplicable.

“Queremos que un juez, la Justicia penal, en este caso federal, actúe y obligue al Gobierno nacional a que reponga esos fondos”, afirmó.

Las obras hidráulicas y la aspiración de Katopodis a la gobernación

La denuncia se enmarca en las advertencias del ministro sobre posibles inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño. Para reducir los riesgos, la Provincia trabaja en el monitoreo de los cursos de agua, la limpieza de arroyos y canales y la continuidad de las obras hidráulicas.

Katopodis anunció, además, una plataforma pública de seguimiento hidrometeorológico que reúne datos de más de 180 estaciones, entre dispositivos provinciales, universidades y bolsas de cereales. Según anticipó, la red llegará a 400 estaciones y permitirá consultar variables como precipitaciones, vientos, temperaturas y niveles de los ríos.

Entre las obras en marcha, destacó el tramo final del Plan Maestro del Río Salado y las intervenciones en las cuencas de los ríos Luján y Areco, además de los trabajos sobre el arroyo Maldonado, en Bahía Blanca. El ministro sostuvo que estos proyectos requieren coordinación entre las distintas jurisdicciones y reclamó la participación de la Nación. “Necesitamos que el Gobierno nacional actúe, que aparezca la plata y que se hagan las obras”, afirmó.

Hacia el final de la entrevista, Katopodis confirmó que le gustaría competir por la gobernación bonaerense si Kicillof avanzara hacia una candidatura presidencial. “Tengo ganas. Me han preguntado si me gustaría y dije que sí”, reconoció.

Para fundamentar esa aspiración, repasó su trayectoria como intendente de San Martín, ministro nacional de Obras Públicas durante la presidencia de Alberto Fernández y actual titular de Infraestructura bonaerense. También cuestionó la paralización de la obra pública dispuesta por Milei y aseguró que más de 2.300 proyectos quedaron frenados desde el 10 de diciembre de 2023. Según sus cifras, la interrupción de las obras contribuyó a la pérdida de unos 200.000 puestos de trabajo en la construcción.

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