El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves las medidas de la excepción ibérica que planteaba un tope al precio del gas para solventar la crisis inflacionaria que provocó la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. Los magistrados han tumbado los recursos de casación presentados por PGI Spain, Berry Superfos Pamplona, Promens Packaging, RPC Envases y Zeller Plastik España contra la decisión de la Comisión Europea de respaldar la medida y la sentencia del Tribunal General de la UE, que desestimó el recurso de las empresas.

La medida aprobada en 2022 por el Gobierno español trataba de fijar un tope al precio máximo del gas con el fin de reducir los precios de la electricidad y de atenuar los efectos de la crisis energética para los consumidores. La Comisión decidió no formular objeciones, pues consideró que la ayuda de Estado notificada era compatible con el mercado interior y que la exención que contenía no confería una ventaja selectiva. Seguidamente, declaró que dicha medida era necesaria, adecuada y proporcionada, además de no infringir ninguna de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión.

La medida notificada consiste en efectuar pagos a los operadores de centrales eléctricas de combustibles fósiles situadas en la Península Ibérica (centrales de gas, carbón y cogeneración que no se benefician de una tarifa regulada) para cubrir parte de sus costes de combustible. Al reducir los costes de funcionamiento de estas centrales, que son los que más influyen en la fijación del precio mayorista de la electricidad, la medida notificada pretende reducir, en consecuencia, las ofertas que los operadores de estas centrales presentan a las subastas diarias del mercado mayorista de la electricidad y, a su vez, reducir el precio mayorista de la electricidad.

Las empresas recurrentes son sociedades españolas que no adquieren su electricidad directamente en el mercado mayorista de la electricidad, sino a través de un proveedor de electricidad. Con el fin de garantizar la estabilidad del precio del suministro, dichas empresas celebraron acuerdos de compra de electricidad. Respecto de una parte del suministro aprobaron acuerdos que implicaban a una empresa distinta de su proveedor físico de electricidad, basados en pagos compensatorios en función de la diferencia entre el precio de mercado y el precio establecido en el contrato. Las empresas califican este tipo de acuerdo de compra de electricidad financiero. Así alegaban la infracción del Reglamento relativo al mercado interior de la electricidad y de la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que el Tribunal General obró correctamente cuando no tuvo en cuenta nuevas pruebas que le fueron presentadas el 10 de agosto de 2023, posteriores a la adopción de la Decisión de la Comisión . En efecto, en el contexto de un recurso de anulación, la legalidad de un acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos fácticos y jurídicos existentes en la fecha en que ese acto fue adoptado.

Además, el Tribunal europeo desestima la alegación de las empresas recurrentes que sostenían haber aportado pruebas que demostraban que la Comisión los Estados miembros habían discutido sobre el recurso por parte de los compradores en el mercado minorista a acuerdos de compra de electricidad financieros, señalando que el Tribunal General no se equivocó al considerar que las empresas recurrentes no disponían de acceso al expediente administrativo y que no habían identificado los documentos solicitados ni habían proporcionado un mínimo de elementos que demostraran la utilidad de dichos documentos a efectos del procedimiento. Por otro lado, también se desestima la alegación relativa a la violación del principio de no discriminación por ser premisas “infundadas”.

El Parlamento Europeo ha otorgado este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI) y a sus trabajadores. La decisión tiene una fuerte carga política tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la imposición de sanciones a sus jueces y fiscales en su ofensiva para desmantelar el tribunal.

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, concedido por primera vez en 1988 a Nelson Mandela y Anatoli Marchenko, es el máximo homenaje rendido por la Unión Europea a la labor en el ámbito de los derechos humanos. Los eurodiputados socialdemócratas y del PP Europeo se han unido para conseguir los votos necesarios para conceder el premio a la CPI.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha declarado que “la Unión Europea se fundamenta en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales. Al conceder el premio Sájarov a la Corte Penal Internacional y a sus responsables, el Parlamento Europeo reconoce la importante labor del tribunal en la defensa del Derecho internacional y la justicia”.

“La Corte desempeña un papel fundamental en la lucha mundial contra la impunidad. A través de la justicia penal internacional, pretende exigir responsabilidades a los autores de estos crímenes y contribuir a evitar que vuelvan a cometerse. El premio pone de relieve la labor de la CPI, que incluye investigaciones, procesamientos, juicios y la emisión o autorización de órdenes de detención. La UE debe proteger los mecanismos mundiales de justicia internacional y rendición de cuentas”, ha señalado Metsola.

La Corte Penal Internacional ha mandado un comunicado en el que agradece el galardón, que “llega en un momento en el que la Corte y sus responsables afrontan desafíos sin precedentes, incluidas sanciones destinadas a obstaculizar el ejercicio de su mandato judicial”.

“Aunque este premio reconoce la labor de la Corte en la lucha contra la impunidad y en la garantía de juicios justos, también supone un importante reconocimiento del papel de la justicia internacional como piedra angular de una paz duradera. En un mundo marcado por el aumento de los conflictos, no hay paz sin justicia ni seguridad sin ley”, apuntan desde la CPI.

Objetivo a desmantelar por la Casa Blanca

La CPI se ha convertido en el objetivo de la Casa Blanca desde hace meses. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el pasado julio que Estados Unidos iba a poner en marcha una “campaña de gran envergadura para desmantelar la amenaza que supone la Corte Penal Internacional para la soberanía estadounidense”.

Este mes de octubre, la Administración Trump impuso nuevas sanciones a la CPI tras señalar que se ha politizado y ha intentado juzgar de forma injusta e ilegal a estadounidenses e israelíes por delitos de guerra. Entre otras personas, las sanciones iban dirigidas contra la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI, quien había dirigido las investigaciones en casos de la CPI contra tropas estadounidenses en Irak y Afganistány a la que se le concedió el Premio Nobel de la Paz.

Las sanciones bloquean cualquier activo que la CPI, como institución, pueda tener en jurisdicciones estadounidenses y establecen un plazo de seis meses para que las empresas y personas estadounidenses que mantengan relaciones comerciales con la Corte pongan fin a dichas relaciones.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu felicitó a Trump “por haber tomado esta decisión crucial de imponer sanciones a la CPI. La CPI no es un tribunal. Es un organismo político que supone una amenaza mortal para las democracias respetuosas con la ley de todo el mundo y para la propia idea de soberanía nacional. Gracias por vuestro liderazgo”.

La respuesta de la Unión Europea fue bastante tibia. Solo un comunicado en el que se aseguraba que “la UE siempre ha apoyado a la Corte Penal Internacional. Es profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones”.

En su comunicado, la UE subrayó que “colaborará estrechamente con la CPI para garantizar que siga funcionando de manera eficaz. Y seguimos comprometidos a colaborar con los 125 Estados que son partes del Estatuto de Roma para preservar y respetar su independencia, de modo que pueda continuar con su misión vital. Dado que hay un plazo de seis meses antes de que las medidas sean aplicables, existe margen para el diálogo”, sostiene. Y termina: “La UE está dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor, tanto en la investigación como en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y para proteger los intereses de los operadores de la UE dentro del mercado único”.

'Estatuto de bloqueo' de la UE para defender a la CPI

Aunque esas medidas, de momento, no se han puesto en marcha ya que las sanciones de EEUU no son firmes y hay un periodo de seis meses para su imposición. Los eurodiputados han pedido en reiteradas ocasiones a la Comisión Europea que active el denominado 'estatuto de bloqueo' de la UE para proteger a los responsables de la CPI frente a ataques extraterritoriales y permitir que el tribunal siga desempeñando sus funciones con plena independencia.

El estatuto de bloqueo protege a los operadores europeos al anular dentro de la UE los efectos de cualquier resolución judicial extranjera basada en leyes de otros países. También les permite reclamar ante los tribunales una indemnización por los daños derivados de la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras.