El presidente Bernardo Arévalo de León ordenó a todas las dependencias del Organismo Ejecutivo de Guatemala adoptar de forma obligatoria X-Road, una plataforma para intercambiar datos entre instituciones y reducir la presentación repetida de documentos en los trámites estatales.

La medida entró en vigor inmediatamente después de la publicación del Oficio Circular número 004-2026 en el Diario de Centro América.

La disposición, firmada el 12 de octubre, obliga a cada entidad a adecuar sus sistemas técnicos y operativos según una hoja de ruta elaborada por la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico.

Ese organismo coordinará y administrará la infraestructura común para conectar los registros estatales.

La orden presidencial se apoya en el artículo 183, literal e, de la Constitución Política de la República de Guatemala, que faculta al mandatario a emitir disposiciones para organizar el funcionamiento del Ejecutivo.

También se vincula con los ejes de la Política General de Gobierno 2024-2028 orientados a una función pública eficaz y al cierre de la brecha digital mediante tecnología e innovación.

El objetivo declarado es que los organismos públicos compartan información de manera coordinada, segura y descentralizada. Con esa conexión, una persona podría iniciar un trámite con su nombre completo y número de Documento Personal de Identificación, sin tener que adjuntar registros tributarios, certificados de nacimiento o datos vehiculares que otra entidad estatal ya posee.

Una red para compartir registros estatales

X-Road es un bien público digital de código abierto que permite la comunicación directa entre sistemas informáticos de distintas instituciones. La plataforma fue utilizada previamente en países nórdicos y en varias naciones de América Latina para enlazar registros públicos con mecanismos de cifrado, firmas digitales, registro de accesos y auditorías.

La Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico evaluó 17 plataformas antes de seleccionar esta alternativa, de acuerdo con la Agencia Guatemalteca de Noticias. La coordinadora y directora ejecutiva de la comisión, Wendy Miranda, explicó que el sistema funcionará como una nube mediante la cual las entidades podrán compartir información cifrada.

La funcionaria describió el efecto esperado sobre los trámites: “Una vez han ingresado un documento o un dato, no tengan que ingresarlo muchas veces”. La plataforma ya había sido utilizada en Guatemala por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Administración Tributaria, experiencia que permitió intercambiar datos entre entidades en cuestión de segundos.

El modelo previsto para el Ejecutivo contempla un marco jurídico, semántico, organizativo y técnico. La infraestructura deberá permitir un intercambio controlado de datos, con sistemas escalables y herramientas que identifiquen quién accedió a la información y en qué momento.

La institución que procese una gestión podrá solicitar directamente los datos necesarios a otro organismo, en lugar de exigir que el ciudadano entregue documentos físicos o vuelva a presentar información ya registrada. El oficio sostiene que ese mecanismo busca reducir burocracia, mejorar los servicios públicos y optimizar recursos estatales.

La adopción progresiva bajo la hoja de ruta oficial

Cada dependencia deberá incorporar X-Road y realizar los ajustes necesarios conforme a la planificación técnica definida para su funcionamiento. La comisión tendrá la responsabilidad de brindar acompañamiento durante la implementación y de difundir entre las instituciones las guías que ordenarán la adopción gradual.

El Oficio Circular número 004-2026 no establece un plazo máximo para que todas las entidades completen el proceso. La incorporación de la plataforma se desarrollará progresivamente, según las necesidades y la hoja de ruta asignada a cada institución.

La iniciativa forma parte de la modernización digital del Ejecutivo. En julio, la comisión presentó avances del ecosistema de interoperabilidad junto con el Portal Unificado del Gobierno de Guatemala, que concentra información, programas y trámites de las instituciones gubernamentales en un espacio digital.

La publicación de la circular fue considerada de estricto interés del Estado y se realizó sin costo en el Diario de Centro América, conforme al artículo 12 del Acuerdo Gubernativo número 112-2015.

El subdirector de Operaciones de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Esvin Gaspar Jacinto Quiché, admitió ante el Congreso que los agentes destinados a proteger al abogado Juan Francisco Solórzano Foppa priorizaron el cuidado de su hijo durante el atentado del 17 de octubre en el Campo Marte. El ataque causó la muerte de Solórzano Foppa y del judoca Gustavo Aguilar Gamarro, mientras la institución investiga posibles fallas en el esquema de seguridad y en la cadena de mando.

La declaración surgió durante una citación legislativa en la que Jacinto Quiché reconoció que las decisiones adoptadas por las unidades presentes en los alrededores no llegaron directamente a los mandos superiores. El funcionario sostuvo que la información sobre las acciones vinculadas al atentado no siguió el conducto jerárquico previsto.

El diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, cuestionó las consecuencias de esa ruptura. Planteó que, si la línea de mando se quebró, ni el subdirector de Operaciones, ni el director de la Policía Nacional Civil, ni el ministro de Gobernación tuvieron control sobre una parte de la fuerza en ese momento.

“¿Quién tiene el control entonces de esa parte de la Policía Nacional Civil que se toma incluso el atrevimiento de cambiar de patrulla, irse a echar la vuelta, grabar todo? ¿Quién tiene el control de esa parte de la Policía Nacional Civil que toma decisiones sin pasar por usted?”, preguntó Chic durante la sesión.

Dos escoltas junto al abogado y otros dos por turnos

Al momento del ataque, dos integrantes de la División de Protección de Personas y Seguridad acompañaban a Solórzano Foppa. El esquema completo estaba integrado por cuatro agentes, distribuidos en turnos de dos personas.

Los escoltas no vieron de forma directa cómo se produjo el atentado porque estaban a cierta distancia del abogado. Jacinto Quiché indicó que, de acuerdo con la versión conocida por la institución y difundida públicamente, los agentes afirmaron que cuidaban al niño.

El subdirector expuso ante los legisladores: “Es la versión que tenemos todos, que ya también se ha hecho pública, es de que los agentes prácticamente andaban con él, que estaban a una distancia y que no observaban directamente cómo estuvo el ataque, porque estaban, según ellos, cuidando al niño”.

La Inspectoría General de la Policía Nacional Civil también investiga ese punto. El organismo intervino después de que la fuerza recibió información sobre los fallecimientos y constató que Solórzano Foppa contaba con personal de la División de Protección de Personas y Seguridad.

Consultado por el protocolo ante una amenaza contra una persona resguardada, Jacinto Quiché sostuvo que la prioridad de los agentes debe ser el objetivo asignado. En este caso, ese objetivo era el abogado bajo protección.

La presunta instrucción de Solórzano Foppa a los escoltas

Los agentes de la División de Protección de Personas y Seguridad informaron que Solórzano Foppa les habría pedido quedarse con otra persona, en vez de permanecer a su lado. Esa supuesta orden habría alterado el protocolo, aunque los agentes debían mantenerse directamente junto al funcionario protegido.

“Ahí también se rompió como el protocolo, porque ellos tienen que estar directamente con el funcionario, pero como el funcionario muchas veces les da instrucciones que son contrarias. Y eso es lo que presuntamente pasó”, explicó el subdirector de Operaciones.

La actuación de los policías involucrados se analiza dentro de un caso que mantiene bajo investigación a siete policías por su posible participación en la captura de los hermanos Choc Toz. El operativo terminó con la liberación de los detenidos, después de que se determinara que el arma incautada les había sido implantada.

Jacinto Quiché describió una estructura administrativa organizada en direcciones, distritos, comisarías, estaciones y subestaciones. También precisó que la jefa del distrito responsable de seis comisarías, incluida la comisaría 13, no tenía toda la información sobre el caso porque sus funciones correspondían al nivel general del distrito central.

Los policías señalados por la presunta implantación del arma a los hermanos Choc Toz estaban asignados a esa comisaría. La falta de información en los niveles superiores y el cambio de función de los escoltas forman parte de los aspectos examinados tras el atentado en el Campo Marte.

Guatemala, por medio de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), compartió mecanismos de atención a víctimas y reforzó contactos internacionales para combatir la trata de personas, un delito vinculado con redes que operan más allá de las fronteras nacionales.

La delegación guatemalteca participó en una Reunión del Grupo Regional de Expertos coordinada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, orientada a fortalecer la prevención, la persecución de este delito y la protección integral de las personas afectadas.

El encuentro reunió a delegados de los Balcanes Occidentales, la Unión Europea y América Latina. Las discusiones incluyeron el intercambio transfronterizo de información, la obtención de pruebas y la coordinación entre los países de origen y de destino de las víctimas.

La secretaria ejecutiva de la SVET, Danissa Ramírez, intervino en los principales espacios de debate en representación del Estado de Guatemala. La funcionaria participó en la sesión dedicada a la protección y asistencia con un enfoque centrado en las víctimas y sensible al trauma.

Modelos de atención y protección durante los procesos penales

Guatemala expuso los modelos de atención, las normas y las acciones de protección que aplica para asistir a las personas víctimas de trata. También se analizaron las aplicaciones de una nueva guía de la UNODC destinada a profesionales que integran los sistemas de justicia penal.

La herramienta busca reforzar los recursos empleados durante los procesos vinculados con este delito. Los participantes evaluaron los desafíos de garantizar protección a víctimas y testigos extranjeros mientras avanzan las investigaciones y los procesos penales.

El intercambio incluyó experiencias del Ministerio del Interior de Macedonia del Norte, la Fiscalía General del Estado de España, el Ministerio Federal del Interior de Austria y la Oficina de Derechos Humanos de Croacia. También participaron organismos especializados de Serbia, Albania y Colombia.

Las mesas de trabajo bilaterales permitieron a los representantes abordar la cooperación entre instituciones de distintos países. La búsqueda de mecanismos comunes apunta a mejorar la respuesta frente a las redes dedicadas a la trata y a fortalecer la coordinación internacional.

La trata de personas puede relacionarse con otras actividades ilícitas, como el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de dinero y la corrupción. Por esa razón, las autoridades analizaron formas de identificar, investigar y desarticular estructuras criminales que actúan en varios territorios.

Guatemala en la conferencia contra la delincuencia organizada

La delegación guatemalteca también intervino en el 13.º período de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Viena, Austria. Guatemala presidió esta edición por medio de su embajador en Austria, quien encabezó las actividades oficiales.

La conferencia reúne a representantes de más de 130 países para examinar avances y dificultades en la aplicación de medidas internacionales contra las estructuras criminales transnacionales. En ese ámbito participaron Ramírez, el quinto viceministro de Gobernación responsable de Antinarcóticos y Seguridad, autoridades locales, representantes de la UNODC y otros organismos internacionales.

Durante las jornadas, la SVET presentó acciones de prevención orientadas a informar y sensibilizar a la población, en especial a los sectores en situación de vulnerabilidad. El objetivo es que las personas puedan identificar riesgos de explotación, conozcan los mecanismos para solicitar ayuda y dispongan de vías para denunciar.

La prevención busca reducir los factores que pueden facilitar la captación y la explotación de personas. La participación internacional también permitió a Guatemala conocer prácticas aplicadas en otros países y establecer contactos con instituciones y especialistas dedicados a enfrentar estos delitos.

La agenda incorporó eventos especializados sobre el enjuiciamiento de la trata, con atención en los casos de trabajo forzoso y explotación sexual desde la perspectiva de los tribunales. Otro espacio trató la protección de las víctimas sometidas a explotación con fines de criminalidad forzada, bajo el criterio de que deben ser reconocidas como víctimas y no como delincuentes.

Guatemala lanzó gub.gt, el Portal Unificado de Gobierno que concentra información oficial sobre programas, servicios, proyectos y oportunidades de las instituciones públicas, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a recursos de educación, salud, empleo, vivienda y asistencia social.

La plataforma fue presentada por la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, bajo el mandato del presidente de la República, Bernardo Arévalo de León.

La iniciativa cumple una meta presidencial y forma parte del Plan Estratégico de Transformación Digital incluido en la Agenda Nacional de Modernización del Organismo Ejecutivo 2024-2028.

El nuevo sitio reúne en un punto de acceso común la información generada por las entidades del Organismo Ejecutivo. Su función es orientar a las personas para que encuentren con mayor facilidad los servicios, trámites, iniciativas, políticas públicas y programas disponibles.

Los contenidos publicados atraviesan procesos de selección, clasificación, validación y revisión continua. La plataforma conserva los vínculos con las fuentes oficiales de cada institución, por lo que no reemplaza los portales ni los canales gubernamentales existentes, sino que dirige a la ciudadanía hacia ellos.

Un acceso común a servicios y datos públicos

La coordinadora y directora ejecutiva de la GAE, Wendy Miranda, sostuvo que el portal representa una forma de acercar el Gobierno a la ciudadanía mediante la articulación de capacidades institucionales.

La funcionaria remarcó la necesidad de diseñar soluciones digitales centradas en las personas, capaces de simplificar la búsqueda de información y la relación con las entidades públicas.

El sitio permitirá consultar información sobre programas sociales, oportunidades de empleo, alternativas de vivienda, servicios de salud y propuestas educativas. La herramienta también incorpora el acceso a datos producidos por distintas dependencias estatales, con el propósito de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, indicó que la cartera contará con un vínculo dentro de la plataforma para que la población pueda seguir la información presupuestaria. También señaló que uno de los desafíos será divulgar el portal para ampliar el número de personas que conozcan y utilicen sus recursos.

Menkos afirmó que el Ministerio de Finanzas Públicas avanza principalmente en el ámbito de la inversión pública, aunque no detalló porcentajes ni montos de ejecución.

El funcionario mencionó además el proyecto Finanzas Públicas Inteligentes, vinculado con los procesos de transformación y modernización del Organismo Ejecutivo.

Esa iniciativa prevé reforzar la infraestructura tecnológica de la cartera y mejorar la articulación de los más de 60 subsistemas de administración financiera que utiliza. El objetivo es integrar mejor los recursos tecnológicos y la información de las áreas que intervienen en la gestión de las finanzas públicas.

Cambio cultural y coordinación institucional

La puesta en marcha de gub.gt requirió la participación de instituciones del Organismo Ejecutivo, equipos técnicos y de comunicación, representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acompañó el proceso mediante apoyo de infraestructura y asistencia técnica.

Durante la presentación, Menkos vinculó la transformación digital con un cambio en el funcionamiento de las instituciones. El ministro expresó: “Las transformaciones en el poder público no solo requieren de oportunidades políticas, sino que requieren también de capacidades institucionales, de recursos y de algo que a veces no tomamos en cuenta, que es la necesidad del cambio cultural”.

El titular de Finanzas Públicas agregó que el Organismo Ejecutivo busca comprender los problemas de la población y resolverlos de forma coordinada. Según planteó, el propósito es que la interacción cotidiana de los ciudadanos con el poder público les permita encontrar respuestas a sus necesidades.

“La información es poder, que ese poder nos permite librar muchos de los desafíos y dificultades que atraviesa la sociedad”, afirmó Menkos. El funcionario sostuvo que acercar información actualizada, verificada, oficial y confiable puede facilitar el acceso de la ciudadanía a las soluciones ofrecidas por el Estado.

La GAE planteó que la utilidad y el alcance de la plataforma dependerán de la actualización permanente de sus contenidos, la coordinación entre instituciones y la mejora de la experiencia de las personas usuarias.

Esos avances deberán considerar la diversidad de la población guatemalteca, las condiciones de accesibilidad y la brecha digital.

Menkos también se refirió al encuentro Abrelatam y destacó la promoción de una cultura de datos abiertos, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. Señaló que estos espacios, con participación de la Organización de los Estados Americanos, aportan a la aspiración de Guatemala de fortalecer su liderazgo regional en esa materia.

El ministro expresó, además, su expectativa de que el país alcance el grado de inversión en los próximos meses, sin precisar una fecha.

Sergio Valdemar Cardona Reyes, condenado por el asesinato del periodista Danilo López, murió la noche del miércoles 21 de octubre durante un ataque armado en una cevichería de Nuevo San Carlos, Retalhuleu. La Policía Nacional Civil informó que desconocía por qué estaba fuera de prisión, pese a la pena que debía cumplir por ese crimen.

El homicidio ocurrió en un establecimiento situado en el kilómetro 185 de la ruta CA-2, cerca del Puesto de Control Interinstitucional. Cardona Reyes estaba comiendo cuando varios hombres armados se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

Los atacantes huyeron después de los disparos y ninguna de las demás personas que se encontraban en el negocio sufrió heridas. El hombre, originario de El Asintal, Retalhuleu, murió en el lugar a causa de las lesiones de bala.

La Policía Nacional Civil aún no había establecido las circunstancias del ataque, el móvil del crimen ni la identidad de los responsables. La institución tampoco precisó si existían indicios sobre el número de agresores o la ruta que utilizaron para escapar.

La salida de prisión sin explicación policial

Cardona Reyes había sido condenado a 30 años de prisión inconmutables por el asesinato de López, corresponsal de Prensa Libre. La pena fue impuesta el 10 de octubre de 2017 por el Tribunal de Mayor Riesgo A.

Javier Albino, jefe de Operaciones de la Comisaría 34 de la Policía Nacional Civil, confirmó que el condenado había salido de la cárcel. Consultado sobre las razones de su libertad, señaló que desconocía cómo se había producido esa situación.

El jefe policial atribuyó al Sistema Penitenciario la responsabilidad de explicar por qué Cardona Reyes ya no permanecía recluido. La condena establecía una pena sin posibilidad de conmutación, pero la Policía no informó sobre alguna resolución judicial, beneficio penitenciario o medida que hubiera permitido su salida.

La sentencia contra Cardona Reyes se relacionó con el asesinato de Danilo López, cometido el 10 de marzo de 2015 en el parque central de Mazatenango, Suchitepéquez. El periodista fue atacado mientras trabajaba como corresponsal en ese departamento guatemalteco.

Aquel atentado también causó la muerte de Federico Salazar, corresponsal de Radio Nuevo Mundo. Sin embargo, el Tribunal de Mayor Riesgo A absolvió a Cardona Reyes del asesinato de Salazar y lo declaró culpable únicamente por la muerte de López.

El proceso por la autoría intelectual del crimen

La investigación judicial también alcanzó al entonces diputado de FCN Nación Julio Juárez Ramírez, a quien el Ministerio Público señaló el 26 de enero de 2017 como principal sospechoso de ordenar el asesinato del corresponsal.

La Fiscalía sostuvo que Juárez Ramírez, exalcalde de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, habría pactado con Marco Antonio Paredes Palacios y Marco Tulio Cano Reina. Según esa hipótesis, ambos intermediarios transmitieron instrucciones a un grupo de sicarios encargado de vigilar la vivienda del periodista, seguirlo y matarlo.

El caso contra el exdiputado terminó con una absolución. El 13 de mayo de 2022, el Tribunal de Mayor Riesgo B lo declaró no responsable por la muerte de López.

Durante esa resolución, la jueza Jeanette Valdés cuestionó el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La magistrada afirmó: “La Feci hizo un mal trabajo” de investigación y sostuvo que la hipótesis de la acusación se basó “en un contexto político”.

Valdés también se refirió a Marco Tulio Cano Reina, quien declaró como testigo de la defensa. La jueza indicó que Cano Reina no fue claro al explicar el supuesto pago que habría recibido el exdiputado para ordenar el crimen.

El Gobierno de Guatemala adjudicó USD 10,01 millones al Gobierno de Estados Unidos para elaborar el diseño de una estación logística multimodal y una conexión ferroviaria entre Puerto Quetzal y el municipio de Escuintla. La contratación, registrada en el sistema Guatecompras bajo el Número de Operación Guatecompras (NOG) 29915686, fue adjudicada por el Ministerio de la Defensa Nacional a través de la Marina de la Defensa Nacional, mediante la modalidad de convenios y tratados internacionales contemplada en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

De acuerdo con una publicación del Diario Soy502, la contratación quedó registrada en el sistema Guatecompras con el Número de Operación Guatecompras 29915686. El Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de la Marina de la Defensa Nacional, realizó la adjudicación bajo la modalidad de convenios y tratados internacionales prevista en el artículo uno de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, conocido como USACE por sus siglas en inglés, estará a cargo de preparar el estudio integral y los diseños conceptuales del sistema ferroviario industrial. La obra se integraría al plan maestro de Puerto Quetzal y busca asegurar la operación de largo plazo de la conexión.

Una terminal ferroviaria para trasladar carga desde el puerto

Puerto Quetzal enfrenta limitaciones en su capacidad operativa ante el aumento sostenido del volumen de carga y la desaceleración de sus operaciones. El comandante del Comando Naval del Pacífico, Williams Estuardo Casasola Cordón, planteó la necesidad de desarrollar la estación logística y el enlace ferroviario en un documento enviado a la autoridad administrativa superior de la Marina de la Defensa Nacional.

La infraestructura permitiría descongestionar las operaciones portuarias, reducir costos logísticos y facilitar el transporte de mercancías entre el puerto y Escuintla. Casasola Cordón sostuvo que el proyecto contribuiría a la competitividad económica del país mediante una mayor integración entre el sistema marítimo y terrestre para el comercio interno y exterior.

La iniciativa está vinculada al área de misión de infraestructura crítica y a los objetivos institucionales de fortalecer las capacidades logísticas y de transporte del Estado. Su alcance también contempla la articulación de la futura estación con los servicios de Puerto Quetzal.

La contratación se relaciona con una enmienda a la Carta de Oferta y Aceptación identificada como GT-B-HAG, mediante la cual Estados Unidos ofreció acompañamiento técnico a Guatemala. La adenda firmada por ambos países incorporó una línea de servicios técnicos del USACE para elaborar los estudios y diseños necesarios.

La Nota 12 de la enmienda dispone que el sistema conecte Puerto Quetzal con una estación logística multifuncional en Escuintla. Las tareas incluyen el diseño detallado de la infraestructura ferroviaria y de transferencia, estudios exhaustivos de viabilidad y la formación de funcionarios guatemaltecos mediante transferencia de conocimientos.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala indicó, en una carta incluida en la documentación de Guatecompras, que la asistencia técnica permitirá preparar los diseños conceptuales y el estudio integral de la conexión. El proyecto complementa el diseño para ampliar el muelle y los servicios portuarios, también identificado bajo el caso GT-B-HAG.

Recorridos en Escuintla y la opción de un puerto seco

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que los especialistas estadounidenses ya trabajan en la preparación de los estudios. Al ser consultado sobre el avance del proyecto, afirmó: “Ya, los estudios están en marcha”.

Delegaciones del cuerpo de ingenieros recorrieron la zona de Escuintla y el trazado previsto para la línea ferroviaria que enlazaría el puerto con el municipio. Durante esas visitas también se identificó la posibilidad de construir un puerto seco en Escuintla para facilitar el movimiento de carga y conectarlo con la terminal marítima.

Arévalo señaló que existe un cronograma para presentar los resultados de los distintos estudios, aunque no informó una fecha de finalización. El mandatario solicitará una presentación sobre los avances y la programación de los trabajos.

Antes de iniciar una obra de esa dimensión deberán completarse los análisis de financiamiento, movilidad, demanda y otras variables técnicas. Los estudios previos de viabilidad, ingeniería y diseño conceptual se sustentan en el Convenio Administrativo de Cooperación Interinstitucional número 01-2026, firmado entre el Ministerio de la Defensa Nacional y la Empresa Ferrocarriles de Guatemala. Con información de Soy502

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala inscribió a Dignidad como partido político y elevó a 28 el número de organizaciones vigentes antes de las elecciones generales de 2027.

La habilitación permite a la nueva agrupación participar en las actividades previstas por la legislación electoral y avanzar con sus asambleas internas.

La decisión fue autorizada por la Dirección General del Registro de Ciudadanos y quedó incorporada en una publicación oficial difundida por el Diario de Centro América.

Dignidad presentó la documentación requerida para completar su inscripción definitiva ante la autoridad electoral.

El informe del Registro de Ciudadanos, fechado el 9 de octubre, estableció que la agrupación reúne 29,736 afiliados. Su secretario general provisional, Gabriel Romero Pérez, presentó la solicitud junto con los documentos exigidos por el artículo 67 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La autoridad verificó posteriormente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 69 de esa norma, conocida por sus siglas como LEPP, y avanzó con la publicación correspondiente. Ese paso formalizó la condición de Dignidad como partido político.

La constitución de Dignidad en Santo Domingo Suchitepéquez

La agrupación fue constituida mediante la escritura pública número 54, autorizada el 22 de septiembre en Santo Domingo Suchitepéquez, municipio del departamento de Suchitepéquez. El documento dispone que el partido utilizará el nombre Dignidad sin abreviatura.

La escritura también describe el emblema partidario, compuesto por elementos gráficos y la palabra que identifica a la organización. La publicación oficial detalla, además, sus estructuras territoriales en departamentos y municipios del país.

La dirigencia nacional provisional está encabezada por Romero Pérez como secretario general. Byron Alfredo González ocupa el cargo de secretario general adjunto y Javier Sánchez Lara integra el Comité Ejecutivo Nacional Provisional.

El documento divulgado durante ocho páginas incluye los nombres de responsables de organización, finanzas y formación política, entre otras áreas internas. Esas estructuras deberán sostener la actividad partidaria mientras se aproxima el proceso electoral.

La inscripción se concretó menos de tres semanas después de que el TSE oficializara, el 30 de septiembre, la constitución de Raíces. Esa agrupación, fundada por exdiputados del Movimiento Semilla, había elevado entonces a 27 la cantidad de partidos políticos vigentes.

Raíces es liderada por el diputado Samuel Pérez y reunió más de 44.000 afiliados durante los dos años de su proceso de formación. La organización quedó ubicada como la segunda con mayor afiliación en Guatemala, solo por detrás de la Unidad Nacional de la Esperanza.

El padrón partidario antes de los comicios de 2027

La expansión de las organizaciones habilitadas ocurre mientras el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos mantiene un proceso de depuración y actualización de nóminas partidarias. En septiembre, esa dependencia confirmó que 26 partidos cumplían con el mínimo legal de afiliados.

La ley exige al menos 28,083 afiliados, una cifra equivalente al 0.30% del padrón empleado en las últimas elecciones generales. En ese momento, la afiliación partidaria total alcanzaba a 849,681 ciudadanos.

A inicios de octubre, el registro de personas afiliadas ya había superado los 895,000 ciudadanos. La actualización de esas nóminas se desarrolla mientras las organizaciones fortalecen su presencia territorial.

El TSE deberá convocar oficialmente al proceso electoral en enero de 2027. Hasta entonces, la cantidad de partidos vigentes podría modificarse porque aún existen comités en formación que buscan completar los requisitos legales para constituirse como nuevas organizaciones.

En los comicios de 2027, Guatemala elegirá presidente, diputados y autoridades municipales para el período 2028-2032.

Raíces integrado por disidentes del movimiento que llevo a Arévalo a la presidencia de Guatemala

El partido Raíces fue oficializado por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala como el segundo partido con más afiliados del país, solo detrás de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), y elevó a 27 el número de organizaciones políticas vigentes a nueve meses de las elecciones generales de 2027.

La agrupación fue creada por exdiputados del Movimiento Semilla, el partido que llevó a Bernardo Arévalo de León a la Presidencia en 2023.