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La discusión sobre la reforma de la Ley de Salud Mental llega al Senado con una pregunta que atraviesa a las guardias, las familias y los sistemas de salud de todo el país. El proyecto pone en revisión el requisito de “riesgo cierto e inminente” para las internaciones involuntarias y propone una respuesta que contemple el “riesgo grave para sí y para terceros”.
La iniciativa busca modificar el régimen vigente desde 2010. Antonela Giampieri, diputada nacional de CABA por la Fuerza del Cambio, explicó en Infobae Al Mediodía que aquella norma marcó un cambio de época porque “la ley fue un gran avance en el 2010”, aunque sostuvo que, después de 16 años de aplicación, el sistema necesita correcciones frente a situaciones que describió como complejas.
El planteo reúne cambios en las internaciones involuntarias, la integración de los equipos clínicos, la continuidad de los hospitales especializados y la coordinación de recursos entre la Nación y las provincias.
En ese recorrido, Giampieri remarcó que el objetivo no es abandonar el enfoque de derechos, sino evitar que una persona llegue sin asistencia a una instancia crítica: “Necesitás que llegue al sistema ya con la crisis explotada”.
La ley actual establece que una internación sin consentimiento requiere un “riesgo cierto e inminente” para la persona o para terceros. La reforma en debate propone reemplazar esa condición por la noción de “riesgo grave para sí y para terceros”, una modificación que apunta a ampliar los elementos considerados por los equipos de salud antes de resolver una internación.
Giampieri cuestionó que el criterio vigente centre la decisión exclusivamente en lo que ocurre durante la consulta o en la guardia. “Hay que evaluarla no solo en el momento de que llega a la guardia”, afirmó al explicar que el proyecto incorpora la posibilidad de tener en cuenta antecedentes clínicos, brotes previos, consumos problemáticos y otros episodios registrados en la historia de la persona.
Bajo esa mirada, la escena de una crisis no quedaría aislada de lo que ocurrió antes. La diputada sostuvo que una conducta observada en una guardia puede requerir la lectura de un proceso más amplio y señaló que deben considerarse “antecedentes de brotes, consumo problemático y episodios previos” al evaluar el riesgo y definir una eventual intervención.
La iniciativa no presenta la internación como una respuesta automática ni única. El debate, según la posición de la legisladora, busca que el sistema pueda actuar antes de que la situación alcance un punto límite, porque el requisito actual exige que exista un “riesgo cierto e inminente” y, en sus palabras, eso puede implicar que la persona llegue con la crisis ya desatada.
Otro de los ejes se concentra en la composición del equipo que interviene ante una internación. Giampieri indicó que el procedimiento requeriría dos firmas, con la condición de que una pertenezca a un médico o a un psiquiatra. “Uno sí o sí tiene que ser el médico”, dijo sobre el cambio propuesto.
La diputada vinculó esa exigencia con la necesidad de distinguir los distintos factores que pueden estar detrás de una alteración de la conducta o de una crisis. Según explicó, un profesional médico puede establecer si el cuadro responde a sustancias, a un tumor o a otras patologías; por eso insistió en que “uno sí o sí tiene que ser el médico”.
Al mismo tiempo, la legisladora rechazó que esa incorporación suponga relegar a otras disciplinas. Psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas forman parte de la atención, según su planteo, y “todos son importantes” dentro de un abordaje que debe conservar su carácter interdisciplinario.
La discusión sobre las firmas se inserta así en una cuestión más amplia: qué saberes deben estar presentes al momento de tomar una decisión que afecta la libertad y la atención de una persona.
La propuesta conserva la participación de equipos diversos, pero reserva una intervención específica para el área médica, ya que, como señaló Giampieri, “todos son importantes”, aunque existen evaluaciones clínicas que demandan esa formación.
La continuidad de los hospitales especializados en psiquiatría y salud mental es otro de los puntos que la reforma busca instalar en el debate. Giampieri cuestionó la idea de que todos los pacientes deban ser atendidos en hospitales generales y planteó que la respuesta sanitaria debe adecuarse a cada situación: “Hay pacientes que pueden estar en hospitales generales, pero otros no”.
La legisladora señaló que algunos casos pueden sostenerse con atención ambulatoria, centros de día u hospitales de día, mientras que otros requieren internaciones con plazos definidos y seguimiento profesional.
En la Ciudad de Buenos Aires, mencionó la existencia de los hospitales Borda, Moyano y Alvear como parte de una red especializada y sostuvo que “hay pacientes que pueden estar en hospitales generales, pero otros no”.
En ese punto, Giampieri rechazó que la existencia de instituciones especializadas equivalga a una vuelta a prácticas de encierro. “Los manicomios no existen en la Argentina”, afirmó, al distinguir entre esos modelos y los dispositivos de salud mental que, según su postura, deben continuar disponibles para los casos que requieran una atención diferenciada.
La diputada sostuvo que la aplicación de la ley actual impulsó el cierre de instituciones especializadas en varias provincias. Frente a ese escenario, propuso que cada jurisdicción pueda definir sus necesidades y que “el Ministerio de Salud de la Nación, junto con las jurisdicciones”, determine los recursos y dispositivos necesarios para garantizar la atención.
El proyecto contempla cooperación financiera nacional para reforzar las capacidades provinciales. Giampieri planteó que no todas las regiones requieren la misma infraestructura: algunas podrían necesitar hospitales especializados y otras, centros de día o dispositivos sociales. “El Ministerio de Salud de la Nación, junto con las jurisdicciones”, debe resolver esa planificación, sostuvo.
La discusión también se conecta con la prevención del suicidio, la depresión y los consumos problemáticos entre adolescentes. Giampieri sostuvo que las políticas públicas deben trabajar sobre las señales de alerta antes de una crisis y citó una dimensión que consideró central: “El suicidio es la primera causa de muerte violenta en el país”.
Según la diputada, en la Argentina mueren entre 11 y 12 personas por día por suicidio. Giampieri señaló que se trata de un fenómeno de causas múltiples, en el que intervienen factores biológicos y sociales, enfermedades mentales, depresión y consumo de sustancias. “El suicidio no es previsible, pero sí es prevenible”, afirmó.
Esa definición ordena su planteo sobre el papel de las escuelas. La legisladora aclaró que los docentes no deben diagnosticar, pero sí necesitan herramientas para advertir situaciones de riesgo y activar los circuitos correspondientes con las áreas de salud.
Los clubes también aparecen en su propuesta como ámbitos posibles de escucha y contención. Para Giampieri, la respuesta requiere articulación entre familias, escuelas, organismos de niñez y ministerios de Salud, en lugar de intervenciones aisladas. “Hay que evaluarla no solo en el momento de que llega a la guardia”, señaló, al extender esa lógica preventiva a los espacios cotidianos de adolescentes y jóvenes.
En el tramo final de su intervención, la diputada vinculó la salud mental con el uso de redes sociales y el crecimiento de herramientas de inteligencia artificial. Planteó que el Congreso debe dar una discusión sobre educación digital y regulación de las plataformas, pero se mostró contraria a respuestas generales basadas en la prohibición: “No creo en la prohibición de las redes sociales”.
Su propuesta pasa por explicar a niños y adolescentes cómo funcionan las plataformas, qué riesgos pueden aparecer y de qué manera identificarlos. La diputada insistió en que el trabajo preventivo no se limita a restringir el acceso y sostuvo que “no creo en la prohibición de las redes sociales”, sino en una formación que permita comprender el entorno digital.
Giampieri también advirtió sobre el uso de asistentes como ChatGPT, Claude o Gemini como sustitutos de la consulta con profesionales de salud mental. “No son psicólogos”, afirmó, y añadió que una máquina no puede resolver ese tipo de problemas porque “no tiene empatía”.
Con esos cambios, el Senado deberá definir si actualiza el marco de internaciones, la participación médica en las decisiones clínicas y la organización territorial de la atención. En el centro de esa discusión queda una premisa que la diputada repitió al referirse a las herramientas digitales y a la atención profesional: “No son psicólogos”.
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The doctor admitted to putting ‘brandy in his coffee’ whilst on duty
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Nuevos audios incorporados a la investigación sobre Diego Spagnuolo abrieron una línea que indaga una presunta coima vinculada con un viaje a Israel, mejoras en los pasajes y el alojamiento del entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Las grabaciones, bajo análisis de la fiscalía, se suman a las sospechas por contrataciones de medicamentos para discapacidad y apuntan a determinar si proveedores del organismo solventaron beneficios personales para el exfuncionario.
La secuencia que ahora revisa el fiscal Franco Piccardi se concentra en comunicaciones de noviembre de 2024, cuando Spagnuolo preparaba su traslado a Israel. En esos intercambios aparece Patricia Canavesio, responsable de tareas contables, impositivas y de tesorería, quien conversa con una agente de viajes sobre requerimientos atribuidos al entonces funcionario. La hipótesis judicial busca establecer si esos gastos fueron cubiertos por empresarios o representantes de firmas que mantenían vínculos comerciales con ANDIS.
Uno de los audios registra el pedido de una mejora en los vuelos de Iberia. Canavesio transmitió la exigencia a la agente de viajes y remarcó: “Necesito que me consigan el mejor asiento de ida”. También consultó por la mejor ubicación disponible para el regreso, de acuerdo con el material que forma parte de la investigación.
La insistencia por el cambio de categoría quedó expuesta en otra comunicación. “Nos va a seguir rompiendo las pelotas hasta que esto suceda”, dijo Canavesio, en referencia al reclamo que debía resolverse antes del viaje. Para la fiscalía, el punto central es conocer quién gestionó y, eventualmente, pagó ese beneficio.
Las conversaciones también mencionan una estadía en el hotel Crown. En un intercambio, Canavesio preguntó quién se haría cargo de ese costo y lanzó: “Este se hace el boludo”. La frase integra el conjunto de audios que Piccardi analiza para reconstruir la organización del viaje y el papel de cada una de las personas involucradas.
La pesquisa no da por acreditado que Spagnuolo haya recibido una coima, pero examina si hubo una dádiva por parte de actores privados interesados en las decisiones del organismo. El expediente debe determinar si los pedidos sobre vuelos y alojamiento respondieron a gestiones personales o si existió una contraprestación relacionada con contrataciones de la agencia.
El viaje bajo sospecha aparece dentro de una investigación más amplia sobre compras de medicamentos para tratamientos especiales. Piccardi revisa compulsas cerradas en las que varias droguerías habrían presentado cotizaciones coordinadas para simular una competencia que, según la hipótesis fiscal, no existía.
En ese marco, la causa incorporó una conversación de WhatsApp del 4 de julio de 2024 vinculada con el medicamento Eurid, nombre comercial de la cladribina. Durante una de las compulsas examinadas, Suizo Argentina cotizó ese medicamento en $3,9 millones. Droguería del Sud y Soldis presentaron ofertas de $ 4,1 millones, según los datos expuestos por Ramón Indart en Infobae A las Nueve. La diferencia con un antecedente de $820.000 por un paquete de fármacos integra el análisis sobre posibles sobreprecios.
Las compulsas cerradas limitan la participación de otros oferentes, por lo que la investigación también procura establecer por qué no se recurrió a una licitación abierta. La decisión administrativa y la elaboración de los presupuestos son dos aspectos que deberán ser explicados por funcionarios y compañías alcanzadas por el expediente.
La investigación ya avanzó con pedidos de indagatoria para los hermanos Kovalivker y reúne a 38 imputados vinculados con droguerías que participaron de contrataciones bajo revisión. El fiscal intenta reconstruir si funcionó una trama entre proveedores, intermediarios y funcionarios para fijar precios, restringir la competencia y conceder beneficios a Spagnuolo.
También está bajo análisis el papel de Pablo Atchabaian, a quien la fiscalía ubica como posible nexo entre empresarios y áreas de ANDIS. Una grabación atribuida a Atchabaian, enviada a Miguel Ángel Calvete, menciona que había comunicado una situación al “Helvético” y que era necesario “cerrar filas”.
El expediente procura identificar a todas las personas aludidas en esas referencias. Entre otros apodos, el audio nombra al “Pelado”, a “Caputito” y a “Rioja”; la pesquisa debe probar a quién corresponde cada mención y qué intervención concreta pudo tener en los hechos investigados.
Piccardi relaciona la alusión al “Helvético” con Suizo Argentina, aunque esa vinculación deberá ser corroborada con otras pruebas. En tanto, Calvete permanece detenido por otra causa, mientras que el expediente sobre ANDIS no registra detenciones.
El próximo paso será determinar si los audios del viaje, las conversaciones comerciales y la documentación de las compras describen un mismo circuito de presuntos beneficios y contrataciones irregulares.
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El exconseller Lluís Puig ha removido este jueves por la tarde el lazo amarillo de su escaño en el hemiciclo del Parlament de Catalunya, donde ha participado por primera vez como diputado en una sesión plenaria. La última vez que había estado presente en la Cámara era conseller de Cultura. Fue en octubre del 2017.
The CMA said it will designate Aldi, Lidl GB and Lidl NI as ‘large grocery retailers’ under current industry rules
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En las aulas argentinas, el teléfono dejó de ser un objeto ajeno a la rutina escolar y pasó a condensar discusiones sobre atención, aprendizaje, convivencia y límites. Con ocho de cada diez chicos de 8 años que ya tienen acceso a un celular propio o familiar, la pregunta ya no gira solo alrededor de su presencia en la escuela, sino sobre las reglas para evitar que ese acceso desplace la clase.
Massimiliano Pisani, coordinador de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación, planteó que esa realidad exige respuestas distintas según la edad de los alumnos y el uso que se haga del dispositivo.
El especialsita sostuvo en Infobae A las Nueve que el punto de partida debe ser impedir que el teléfono interrumpa el trabajo en el aula. “Lo que no puede suceder es que sea un factor distractor dentro del aula”, afirmó.
La advertencia aparece en un contexto que, según Pisani, ya tiene reflejo en las evaluaciones internacionales. Argentina ocupó el primer lugar en distracción por celular declarada por los propios estudiantes en las pruebas PISA de 2022.
Los alumnos reconocieron que utilizan el dispositivo para desconcentrarse durante las clases. En las mediciones posteriores, el país quedó en segundo lugar, detrás de Uruguay, de acuerdo con lo explicado por el representante de la organización. Frente a ese panorama, advirtió que “restringir no es resolver el problema”.
Para el coordinador, retirar los teléfonos de una clase puede ser parte de una respuesta, aunque no garantiza por sí solo una mejora en los resultados. Los estudiantes pueden reemplazar el celular por otras distracciones si la propuesta de enseñanza no logra convocarlos, señaló.
En este sentido vinculó la discusión con desafíos más amplios del sistema educativo y reclamó políticas que aborden la atención, el aprendizaje y la convivencia. “No es lo mismo primaria y secundaria, no es lo mismo una pantalla enorme que un celular”, expresó.
La regulación del uso de teléfonos dentro de las escuelas depende en gran medida de las provincias. Pisani indicó que 11 de las 24 jurisdicciones adoptaron restricciones a lo largo de la última década, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.
Las medidas suelen limitar con mayor fuerza el acceso en primaria y establecen pautas diferenciadas para secundaria, donde los alumnos tienen otra autonomía y otros vínculos con la tecnología. “El celular ya está con los chicos”, insistió al explicar por qué la discusión debe centrarse en cómo regularlo.
También existen proyectos legislativos impulsados por distintos espacios políticos que proponen criterios para la educación digital. Sin embargo, las provincias mantienen facultades sobre sus sistemas educativos y, por lo tanto, sobre las normas que se aplican en cada establecimiento.
Pisani distinguió al teléfono de otros recursos tecnológicos que pueden integrarse a la enseñanza, como computadoras, proyectores y pizarras. La clave, señaló, es que esos instrumentos respondan a un objetivo pedagógico y que el celular no se convierta en “un factor distractor dentro del aula”.
El coordinador ubicó a las familias en el centro de la discusión porque buena parte de la relación de los chicos con las pantallas se construye fuera del horario escolar. A su juicio, las instituciones educativas y los docentes no pueden quedar como únicos responsables de fijar límites, horarios y criterios de uso. “No podemos dejarle todo a la escuela y a los docentes”, afirmó.
Pisani reconoció que los adultos también tienen dificultades para regular su propio tiempo frente a las pantallas, entre las exigencias laborales, las redes sociales y la mensajería cotidiana.
Aun así, citó un informe de Unicef sobre acompañamiento familiar para señalar que la intervención de madres, padres y adultos responsables “reduce un 40 % el riesgo” de conductas de riesgo en línea.
En ese sentido, propuso conversaciones sostenidas en los hogares sobre contenidos, horarios y límites, en lugar de delegar la cuestión por completo a las escuelas.
La preocupación por la atención en clase convive con otros indicadores educativos. Pisani vinculó el debate con las dificultades de comprensión lectora y afirmó que, según las últimas pruebas de la Unesco, casi uno de cada dos alumnos tiene problemas para comprender textos en tercer grado.
“Tenemos uno de cada dos chicos” con esas dificultades, sostuvo, al plantear que la alfabetización debe ocupar un lugar prioritario en las políticas educativas.
En secundaria, además, relacionó el uso del teléfono con problemas de convivencia: dificultades para escuchar a los docentes, ruido, desorden y sobrecarga de tareas. Argentina también registró niveles altos de conflictos de convivencia escolar en las pruebas PISA, señaló.
Para Pisani, las reglas sobre dispositivos deben insertarse en un trabajo más amplio que incluya formación docente, entrega de libros y propuestas que fortalezcan los aprendizajes; de otro modo, “restringir no es resolver el problema”.
El referente de Argentinos por la Educación propuso, finalmente, dirigir una parte de las herramientas digitales a la organización de los sistemas educativos. “Utilicemos la tecnología para la gestión escolar”, planteó al referirse a sistemas de alerta temprana que permitan detectar ausencias prolongadas o trayectorias interrumpidas.
Esas herramientas, explicó, pueden ayudar a las provincias a identificar a los estudiantes que se alejan de la escuela y a buscar alternativas para su reincorporación.
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When both Subic Bay Naval Base and Clark Air Base were closed as active American military facilities in the early 1990s, the Philippines was said to be the sick man of US alliances. The same Philippines now seems to have emerged as America’s pivot in the Indo-Pacific.
General Ronald Clark, Commander of US Army Pacific, made it clear in an October 18 interview with the Financial Times that the Philippines, alongside Japan and South Korea, is central to US deterrence against hostile forces (implying China) in the Indo-Pacific.
The commander of US Army Pacific, a component of Indo-Pacific Command, said he wanted to demonstrate more “exquisite” military capabilities to help “show the adversary some things that they should be concerned about.”
As part of that push, US Army Pacific has expanded its role, including by temporarily deploying weapons in the Philippines, Japan, and other parts of the region that would play a critical role in a war with China, including over Taiwan, according to General Clark.
He revealed how Typhon, a mobile missile launch system that fires SM-6 missiles at ships, and Tomahawks that could strike parts of coastal China from the Philippines, have been used in recent joint exercises with the Philippines.
The US Army has also been using the High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) in ways designed to send a clear message to China about the joint military capabilities of America and its allies, Clark said.
Mentioning an exercise earlier this year in which the army moved long-range precision weapons from the US to the Philippines and brought ammunition from South Korea for a live-fire mission, Gen. Clark stressed that it was important for deterrence.
“It causes them to go: ‘Hey, this is something that we have to think about,’” he said, adding, “You can see it operate and we can do it at scale at a time and place of our choosing. So, you reveal capability in order to give your adversary pause.”
Incidentally, in an earlier conversation with the Wall Street Journal, Gen. Clark, who commands 107,000 soldiers, talked about the “tyranny of distance” that made it impossible to fight China with just air and naval power.
He argued that China’s vast geographic expanse and its anti-access/area-denial (A2/AD) capabilities make it impossible or too risky to rely solely on air and naval power.
Here, Gen. Clark argues that the Philippines’ geography is a major advantage. The country’s 7,641 islands sit near vital maritime routes, the South China Sea, and the Luzon Strait/Taiwan Strait, making it an irreplaceable staging ground for US surveillance, logistics, and coastal defense.
From Batanes in northern Luzon—100 miles from Taiwan—to Palawan facing the Spratlys in the south, the archipelago locks the two hottest flashpoints: the north controls the Taiwan Strait, and the south controls the South China Sea.
For the US military, it is the only territory that can monitor both the Taiwan Strait and the West Philippine Sea simultaneously. The archipelago can thus complicate the movement of Chinese naval forces from their coastal waters into the wider Pacific.
Incidentally, America is rebuilding its military presence in the Philippines after its 1992 withdrawal.
The return to Subic Bay and the expansion of US military cooperation across the Philippines mark a major strategic reversal. Washington is once again developing access to facilities that can support its operations in the western Pacific.
The US has access to nine Philippine military sites under the Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) and is investing more than $300 million to upgrade infrastructure.
However, all 9 (nine) bases are owned by the Armed Forces of the Philippines (AFP), but the US has been granted rotational access. The first 5 (five) were agreed in 2014, with 4 (four being added later in 2023 by President Marcos Jr. to deal with threats from the South China Sea.
The nine sites are being turned into A2/AD nodes that complicate any Chinese movement through the First Island Chain.
Notably, rather than building massive permanent bases, the US and the Philippines are building a flexible, distributed network that complicates targeting by China and raises the costs of a potential conflict (“deterrence by denial”).
Viewed thus, it is understandable why the US has introduced, as seen in Gen. Clark’s FT interview, advanced mobile-strike and missile systems such as the Typhon mid-range missile system into the Philippines, capable of reaching targets in the South China Sea and southern China.
One could further argue that Gen. Clark’s interview was not about the Philippines alone. It was about a new American way of fighting a war in the Indo-Pacific that is distributed, land-based, visible, and anchored on three democracies of Japan, South Korea, and the Philippines. That is why he put the Philippines in the same sentence as Japan and Korea.
One can thus surmise that, in a future contingency arising from Chinese actions, Japan will provide airfields, South Korea ammunition, and the Philippines firing positions.
This aligns with the US 2026 National Defense Strategy that EurAsian Times explained earlier. The idea is to build “a strong denial defense” along the First Island Chain.
In this scheme of things, Japan is the northern anchor — with long-range missiles, US-Japan command integration, and bases. South Korea is the arsenal and logistics hub — Clark himself cited a live-fire exercise in the Philippines using ammunition brought from South Korea, showing how Korean stockpiles now sustain Philippine operations.
The Philippines is the southern anchor and now a vital Indo-Pacific center for the US. The 12th Philippines-United States Bilateral Strategic Dialogue, held in Manila on February 16, 2026, officially reaffirmed both allies’ commitment to maintaining a vigilant posture, strengthening deterrence across the First Island Chain, and keeping critical sea lanes open.
Apparently, Washington is not only institutionalizing this triangle, the US, Japan, and the Philippines, but also widening its scope by involving Australia and forming the “Squad.”
The Squad’s core focus is to counter maritime pressure and escalation in the South China Sea and East China Sea and reinforce freedom of navigation.
Accordingly, defense officials and defense chiefs from the four nations have increasingly aligned through mini-lateral dialogues, joint exercises (such as Balikatan), and security assistance packages (including transfers of Japanese warships and patrol aircraft to the Philippine Navy).
The developments above make it clear that the Philippines has become the centerpiece of Washington’s strategy to deter China in the Indo-Pacific. As Elbridge Colby, US Under Secretary of Defense for Policy, said this year, Manila is Washington’s “model ally”.
In his words, “When our partners are strong, deterrence is strong. And that is exactly what we have here in Manila, under the leadership of President Marcos, Secretary of National Defense Teodoro, and other key leaders. We see and respect a resolute and proud nation that is determined to strengthen its own capabilities to better defend itself and its interests. A model ally.”
The Philippines now strengthens America’s network of strategic positions running from Japan through Taiwan to the Philippines. Both are developing capabilities intended to make Chinese military operations more difficult, costly, and uncertain.
But as explained above, that is in a manner that affords more operational flexibility for America through access to ports, airfields, and other facilities that can help US forces disperse, sustain operations, and respond more quickly during a crisis, without depending on a small number of major bases.
In other words, thirty-four years after losing its sovereign bases in the Philippines in 1992, the US military has returned with comparable power, but by shifting its status from a base owner to a rotational guest.
The post Three Decades After Subic Bay Withdrawal, U.S. Military Returns to the Philippines With a New Model to Check China appeared first on EURASIAN TIMES.
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