Panamá acumuló ingresos corrientes por $5,383.7 millones entre enero y agosto de 2026, una cifra que representa $958 millones menos de lo presupuestado, según el informe preliminar de recaudación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Aunque el monto supera en $320.7 millones lo registrado un año antes, el Gobierno no alcanzó sus previsiones de ingresos.

El resultado refleja un déficit de recaudación del 15.1% frente a la meta, lo que significa que el Estado recibió menos recursos de los que esperaba obtener durante los primeros ocho meses. No equivale al déficit fiscal total, que también considera los gastos gubernamentales, pero puede aumentar las presiones sobre el financiamiento público.

La situación presenta dos comportamientos diferentes: los ingresos aumentaron 6.3% respecto a 2025, pero permanecieron por debajo de las proyecciones oficiales. Esta diferencia es importante porque un crecimiento en la recaudación no garantiza que se cumpla el presupuesto, especialmente cuando las metas contemplan incrementos superiores a los efectivamente registrados.

Los impuestos aportaron $4,294.4 millones en efectivo, equivalentes al 80% de los ingresos corrientes. La recaudación tributaria creció 9.6% frente al año anterior, pero quedó $805.4 millones por debajo de lo esperado, una brecha que explica buena parte del incumplimiento presupuestario acumulado.

Entre los impuestos directos, el gravamen sobre la renta generó $2,047.3 millones, un incremento interanual de 6.6%. Este tributo se aplica a los ingresos de personas y empresas, pero su recaudación quedó $382.5 millones por debajo de la meta, pese al aumento observado respecto a 2025.

El impuesto sobre la renta de personas naturales alcanzó $1,089.6 millones y creció 10%, mientras que el correspondiente a personas jurídicas sumó $547.9 millones, con un incremento de apenas 2.7%. Esta última categoría, relacionada con las empresas, quedó 21% por debajo de lo presupuestado.

Uno de los aumentos más destacados correspondió al impuesto de inmuebles, que recaudó $160.2 millones, un crecimiento de 28.9% frente a 2025. También sobresalió el Seguro Educativo, cuyos ingresos aumentaron 45.4%, hasta $105.6 millones, según las cifras acumuladas del informe.

En los impuestos indirectos, el ITBMS sobre las ventas internas aportó $739.8 millones, un crecimiento de 13.3%. Este impuesto, conocido por su tasa general del 7%, se cobra sobre numerosos bienes y servicios, por lo que su comportamiento permite observar parte de la actividad comercial y del consumo.

Sin embargo, el ITBMS aplicado a las importaciones recaudó $379.2 millones, muy por debajo de los $572.1 millones previstos. Aunque aumentó 9.3% frente al año anterior, presentó un faltante presupuestario de $192.9 millones, uno de los más elevados entre los distintos conceptos tributarios.

También hubo retrocesos. Los impuestos de importación disminuyeron 1.4% frente a 2025, hasta $205 millones, mientras que los ingresos por concesiones cayeron 7.8%. En contraste, el impuesto al consumo de combustible aumentó 36.9% y los impuestos selectivos al consumo crecieron 7.9%.

Los ingresos no tributarios, que incluyen tasas, derechos, concesiones y aportes de entidades públicas, sumaron $1,046.7 millones. Este resultado representó una caída interanual de 5.9% y un faltante presupuestario de $127.3 millones, a diferencia del crecimiento observado en los ingresos procedentes de impuestos.

Entre las contribuciones relevantes, los peajes y servicios del Canal aportaron $398.5 millones, un aumento de 6.9% frente al año anterior. Por otra parte, los dividendos de empresas con capital mixto crecieron 67.6%, hasta $92.1 millones, aunque los aportes de otras entidades gubernamentales disminuyeron.

El informe también incorpora $87.4 millones acumulados mediante documentos fiscales, como créditos y otros instrumentos utilizados para cancelar obligaciones tributarias. Al sumar estos registros, los ingresos corrientes ascienden a $5,471.1 millones, aunque el faltante frente al presupuesto también aumenta, hasta aproximadamente $999.6 millones.

En agosto, considerado individualmente, los ingresos tributarios en efectivo alcanzaron $467.7 millones, con un incremento de 39.6% frente al mismo mes de 2025. Pese a ese crecimiento, la recaudación quedó $146.6 millones por debajo de la meta mensual, confirmando que el desafío presupuestario persistió al cierre del período analizado.

Un presunto tumbe de drogas ejecutado por hombres que simulaban ser policías provocó una balacera y una persecución por distintas vías de la capital panameña. El incidente ocurrió en Albrook, una zona de intensa actividad comercial, próxima al aeropuerto Marcos A. Gelabert y al centro comercial Albrook Mall.

El hecho se registró alrededor de las 10:00 a. m., cuando dos automóviles interceptaron un vehículo gris en plena vía pública. De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados, que utilizaban indumentaria similar a la de unidades policiales, descendieron de los automóviles y sustrajeron bolsas negras del vehículo intervenido.

Durante la operación se produjo un intercambio de disparos que generó alarma entre conductores y transeúntes. La situación ocurrió a plena luz del día, en un sector frecuentado por trabajadores, viajeros y compradores, mientras los involucrados intentaban abandonar el lugar después de apoderarse de los paquetes.

Los reportes periodísticos señalan que los sospechosos vestían prendas similares a las utilizadas por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP). Esta modalidad habría sido utilizada para simular un procedimiento de las autoridades y facilitar la intercepción del automóvil.

La Policía Nacional desplegó unidades para localizar a los responsables y estableció controles en distintos puntos de la ciudad. La persecución condujo a los agentes hasta San Isidro, en el distrito de San Miguelito, donde fue ubicado uno de los vehículos presuntamente utilizados durante el incidente.

El operativo provocó un fuerte congestionamiento en las principales vías de San Miguelito y sectores aledaños, debido a la movilización policial y las acciones de búsqueda. La situación afectó la circulación de numerosos conductores, mientras las autoridades continuaban rastreando los automóviles relacionados con el caso.

El despliegue de seguridad terminó con cuatro personas aprehendidas y cuatro vehículos retenidos. Durante las primeras horas circularon cifras preliminares diferentes, pero el reporte posterior elevó a cuatro el número de capturados en relación con el incidente.

Durante la inspección de los vehículos, las unidades policiales encontraron un arma de fuego que contaba con su respectivo permiso, según la información oficial. Las autoridades no precisaron si había personas heridas ni confirmaron la naturaleza del contenido de las bolsas sustraídas, aspectos que permanecen bajo investigación.

Las personas aprehendidas y los vehículos retenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades. Aunque los primeros reportes describieron el episodio como un presunto tumbe de drogas, la Policía Nacional no confirmó oficialmente esa hipótesis en su comunicado inicial.

El incidente ocurrió en medio de una semana marcada por varios hechos de violencia homicida en Panamá. Entre ellos figura el doble asesinato de dos personas dentro de un automóvil en Perejil, corregimiento de Calidonia, donde los atacantes huyeron después de efectuar los disparos, según los reportes policiales.

La sucesión de episodios violentos ha puesto nuevamente la seguridad en espacios públicos y vías de alta circulación en el centro de la atención. En Albrook, los disparos ocurrieron mientras transitaban numerosos vehículos, lo que expuso a conductores y peatones a una situación de riesgo sin relación aparente con los involucrados.

El uso de indumentaria semejante a uniformes oficiales constituye otro aspecto relevante de la investigación, porque los responsables habrían intentado aprovechar la apariencia de autoridad para interceptar a sus víctimas. Corresponderá al Ministerio Público establecer la participación individual de los sospechosos y el origen de las mercancías relacionadas con el incidente.

La Policía Nacional aseguró que mantiene operativos de seguridad y acciones para combatir la delincuencia, mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido. El caso dejó una persecución por diferentes sectores de la capital y nuevas interrogantes sobre la actuación de grupos armados que ejecutan delitos a plena luz del día.

La Policía Nacional interceptó 50 frascos cilíndricos con presunta heroína procedentes de España y destinados a Panamá, durante una diligencia de allanamiento en un centro de procesamiento postal de Correos y Telégrafos, ubicado en Tocumen.

El hallazgo introduce una ruta de envío poco habitual frente al tráfico de cocaína desde América Latina hacia Europa, aunque las autoridades todavía investigan la procedencia de la sustancia y los responsables.

El cargamento fue localizado dentro de una caja que contenía los recipientes con la presunta droga, durante un operativo coordinado con el Ministerio Público.

Los indicios quedaron bajo custodia de las autoridades para realizar los análisis químicos correspondientes y determinar su composición, mientras avanzan las investigaciones sobre el remitente y el destinatario del paquete.

La procedencia española del envío plantea interrogantes sobre el movimiento internacional de sustancias ilícitas mediante servicios postales, aunque no demuestra que la heroína haya sido producida en ese país.

La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) ha documentado el uso de encomiendas y servicios de mensajería para transportar heroína, aprovechando el volumen de paquetes que circulan internacionalmente.

De acuerdo con la agencia europea, Afganistán ha sido históricamente el principal origen de la heroína comercializada en Europa, aunque las restricciones al cultivo de amapola han modificado las condiciones de abastecimiento.

En 2023, las autoridades europeas desmantelaron 14 instalaciones relacionadas con el procesamiento, corte o empaquetado de esta sustancia, principalmente en Países Bajos, Grecia y Francia.

A diferencia de drogas completamente sintéticas, la heroína es un opioide semisintético derivado de la morfina, obtenida originalmente del opio. La existencia de laboratorios europeos dedicados a otras sustancias ilícitas no permite concluir que el cargamento interceptado en Panamá haya sido fabricado en ese continente, una circunstancia que deberá esclarecerse mediante las investigaciones.

Las estadísticas del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) muestran que Panamá decomisó 69,50 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026, de las cuales 46,20 toneladas correspondieron a cocaína y 23,18 toneladas a marihuana.

En otro procedimiento, un ciudadano colombiano fue aprehendido en calle Primera, en el sector de Perejil, cuando se desplazaba a bordo de un vehículo. Durante la inspección, los agentes encontraron varios sobres con polvo rosado, pastillas y un recipiente tipo cápsula con polvo blanco, sustancias cuya composición deberá determinarse mediante pruebas especializadas.

Las autoridades informaron que el sospechoso mantenía un brazalete electrónico por un caso relacionado con delitos de drogas, circunstancia que forma parte de las verificaciones realizadas durante el operativo. La Policía Nacional no precisó las cantidades decomisadas ni la identidad química de los productos encontrados, por lo que todavía no existe confirmación sobre el tipo de sustancias.

En el corregimiento de Tocumen, cuatro personas fueron aprehendidas durante un allanamiento a una vivienda, donde las autoridades localizaron paquetes y fragmentos de presuntas sustancias ilícitas. También decomisaron una pesa digital, un chaleco balístico, equipos tecnológicos y dinero en efectivo, elementos incorporados a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público.

Otro operativo desarrollado por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) permitió incautar 150 paquetes de presunta droga en la provincia de Chiriquí, además de más de 13.500 dólares en efectivo, cinco teléfonos celulares y dos vehículos. La intervención, realizada bajo el Plan Firmeza, terminó con la aprehensión de dos ciudadanos panameños.

La operación comenzó en Salsipuedes, distrito de Renacimiento, cuando un conductor desatendió una orden policial de detenerse, lo que desencadenó una persecución. Durante el procedimiento, dos agentes del Grupo de Reacción Inmediata Motorizada resultaron afectados en un accidente de tránsito y requirieron atención hospitalaria especializada.

El vehículo fue retenido posteriormente en Paso Canoas Arriba, donde las autoridades inspeccionaron seis maletines y encontraron los 150 paquetes. La Fiscalía de Drogas de Chiriquí participa en las diligencias para determinar la naturaleza de la sustancia incautada y establecer las responsabilidades penales, mientras continúan las investigaciones de los distintos casos.

El Gobierno de Panamá pondrá en marcha un sistema de identificación de viviendas afectadas por el terremoto del 9 de octubre, mediante etiquetas de colores que permitirán establecer cuáles edificaciones pueden utilizarse, cuáles presentan restricciones y cuáles deben permanecer desocupadas por razones de seguridad, como parte del proceso de evaluación y recuperación de las comunidades damnificadas.

La iniciativa contempla tres categorías de señalización: verde, amarilla y roja, siguiendo los criterios de la guía técnica ATC-20 (Applied Technology Council 20), utilizada para evaluar edificaciones después de un terremoto.

La clasificación estará a cargo de profesionales competentes, quienes determinarán las condiciones de las estructuras y las medidas necesarias para proteger a sus ocupantes.

Las edificaciones identificadas con etiquetas verdes podrán utilizarse bajo las condiciones establecidas por los evaluadores, aunque esto no significa necesariamente que estén libres de daños. Las amarillas tendrán restricciones de acceso o utilización, mientras que las viviendas señalizadas con rojo deberán permanecer desocupadas hasta que una evaluación competente determine que existen condiciones seguras.

El director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith Gallardo, explicó que la aplicación de este procedimiento requiere evaluaciones realizadas por profesionales idóneos, debido a que las decisiones sobre habitabilidad y seguridad estructural corresponden a las entidades competentes.

Sinaproc participará en la coordinación institucional, la identificación de riesgos y la orientación de las familias afectadas.

Las autoridades advirtieron que la señalización deberá interpretarse conforme a las indicaciones del personal técnico responsable, especialmente cuando existan daños que no resulten evidentes a simple vista.

Una etiqueta verde no constituye una garantía absoluta de seguridad, mientras que las restricciones establecidas mediante señalizaciones amarillas o rojas deberán respetarse hasta que se determine la posibilidad de utilizar nuevamente las edificaciones.

El anuncio forma parte de las medidas de atención a las familias afectadas por el movimiento sísmico, que provocó daños en viviendas e infraestructura de distintas comunidades del país. La información fue presentada durante una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencias, con la participación del ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza.

Como parte del balance institucional, Sinaproc informó que sus equipos mantienen recorridos por las comunidades afectadas, mediante labores de identificación de riesgos y recopilación de información sobre los daños reportados.

Estas acciones permitirán establecer las necesidades prioritarias de las familias y fortalecer la coordinación con las instituciones responsables de la atención y recuperación.

Los resultados de las inspecciones también servirán para orientar las decisiones sobre rehabilitación y reconstrucción de viviendas, así como para identificar las condiciones habitacionales de las comunidades perjudicadas.

El proceso se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y otras entidades competentes, de acuerdo con sus respectivas atribuciones.

Las autoridades señalaron que la recuperación temprana dependerá de las evaluaciones técnicas realizadas en las estructuras, así como de la identificación de familias que requieren atención prioritaria.

Estas verificaciones permitirán planificar medidas dirigidas a restablecer progresivamente las condiciones de vida de quienes sufrieron daños en sus propiedades.

Durante la presentación también se dieron a conocer los avances de Panamá Conecta, una plataforma digital vinculada al sitio web institucional, diseñada para facilitar el acceso de la ciudadanía a información sobre la emergencia.

La subdirectora general de Sinaproc, Maltizie Rivera, explicó que la herramienta permitirá consultar los avances de las acciones institucionales dirigidas a las comunidades afectadas.

La plataforma se desarrolla junto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), con el propósito de fortalecer la comunicación pública y facilitar el seguimiento de las medidas adoptadas.

Según las autoridades, la iniciativa busca mejorar la transparencia y coordinación durante las distintas etapas de atención a las familias damnificadas.

El Gobierno sostuvo que la identificación de daños, las evaluaciones estructurales y el acceso a información institucional serán componentes del proceso de recuperación posterior al terremoto. Sin embargo, el comunicado no precisa cuántas viviendas han sido inspeccionadas ni establece un calendario para completar la clasificación de las edificaciones afectadas.

Como parte del último balance de la emergencia, las autoridades mantienen las evaluaciones de viviendas e infraestructura afectadas por el terremoto, principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

Los reportes preliminares habían identificado más de 1,200 viviendas con daños, mientras continúan las inspecciones para determinar la magnitud de las afectaciones y las necesidades de las familias damnificadas.

En materia de infraestructura pública, el terremoto también provocó afectaciones en 619 centros educativos y nueve puentes, de acuerdo con los reportes divulgados durante los primeros días de la emergencia. Las autoridades han concentrado parte de sus esfuerzos en verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones, con el propósito de establecer cuáles requieren reparaciones y cuáles pueden continuar funcionando.

Para atender las consecuencias del desastre, el Gobierno declaró el estado de emergencia y habilitó un fondo de 100 millones de dólares, destinado a financiar las acciones de respuesta y recuperación.

El Ministerio de Economía y Finanzas había señalado que los recursos disponibles serían suficientes para cubrir las necesidades inicialmente identificadas, aunque las evaluaciones técnicas permitirán precisar el alcance de los daños.

El terremoto de magnitud 7,5 se registró el 9 de octubre de 2026, a las 12:56 del mediodía, con epicentro localizado a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y una profundidad aproximada de cuatro kilómetros.

El movimiento sísmico provocó daños en viviendas, carreteras, instalaciones públicas y otros componentes de infraestructura, además de una secuencia de réplicas que mantuvo la vigilancia de las autoridades y la preocupación entre los habitantes de las zonas afectadas.

La Asamblea Nacional abrió la discusión de dos propuestas para modificar los requisitos de idoneidad de los abogados, después de que cerca de mil graduados de Derecho enfrentaran dificultades para obtener la autorización profesional. Las iniciativas buscan corregir los efectos de la Ley 500 de 2025, aunque plantean soluciones diferentes.

Los anteproyectos fueron presentados por Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional, y Manuel Cheng, vicepresidente del Legislativo. Ambas iniciativas fueron prohijadas por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, pero una establece excepciones para antiguos estudiantes y la otra flexibiliza las evaluaciones.

La controversia comenzó con los cambios introducidos en la regulación profesional. Durante 38 años, la Ley 9 de 1984 permitía solicitar la idoneidad con el título universitario. Posteriormente, la Ley 350 de 2022 incorporó un examen de competencias, mientras que la Ley 500 de 2025 estableció otras alternativas.

La última reforma contempló tres mecanismos para obtener la autorización profesional: aprobar un examen, publicar una tesis en una revista especializada o realizar tres meses de servicio voluntario. Sin embargo, el examen quedó reservado para quienes comenzaron la carrera después de la promulgación, limitando las opciones anteriores.

En la práctica, los estudiantes anteriores a la reforma quedaron exentos del examen, pero no de las demás exigencias. Quienes se graduaron mediante seminarios, prácticas o materias de maestría no podían utilizar la alternativa de tesis. Además, la obligación de publicarla en una revista especializada complicó ese mecanismo.

El servicio voluntario también generó dificultades porque los horarios disponibles y las restricciones sobre las oficinas autorizadas representaban obstáculos para graduados que ya tenían empleo. Aunque algunos trabajaban como asistentes legales, debían completar una práctica adicional que podía retrasar su incorporación formal al ejercicio profesional.

La primera iniciativa, presentada por Castañedas, propone crear un régimen transitorio para quienes iniciaron Derecho antes del 24 de noviembre de 2025. La excepción comprendería a graduados y estudiantes matriculados, incluidos aquellos con tesis pendientes. Las nuevas exigencias continuarían aplicándose a quienes ingresaron posteriormente.

El anteproyecto busca que los beneficiarios puedan solicitar su idoneidad conforme a los requisitos anteriores, según el momento en que comenzaron sus estudios. También establece un plazo máximo de 60 días para resolver solicitudes y contempla revisar expedientes pendientes, suspendidos, devueltos o rechazados por la reforma.

La propuesta de Cheng sigue otro camino: mantener las tres alternativas, pero hacerlas accesibles para todos los aspirantes. Su texto permitiría presentar el examen a graduados y estudiantes con materias completadas. Además, eliminaría la obligación de publicar la tesis, sustituyéndola por una certificación universitaria.

En cuanto al servicio voluntario, Cheng propone mantener los tres meses, equivalentes a 480 horas, pero permitir horarios flexibles. Los aspirantes podrían completar la práctica en jornadas parciales, nocturnas o durante fines de semana. Las horas comenzarían a acumularse desde el segundo año universitario, con certificación institucional.

La iniciativa también ampliaría los espacios autorizados para realizar la práctica, incluyendo oficinas judiciales, departamentos de audiencias y dependencias con funciones jurídicas. Asimismo, permitiría reconocer tesis y horas de servicio anteriores a la reforma, además de presentar nuevamente solicitudes rechazadas por requisitos de publicación o prácticas.

Castañedas sostiene que su propuesta pretende evitar que estudiantes y graduados queden atrapados entre normas diferentes, mientras Cheng plantea ajustar las evaluaciones sin eliminar los estándares profesionales. Ambas iniciativas coinciden en reducir la incertidumbre que ha dificultado obtener la idoneidad, aunque sus mecanismos son distintos

El Colegio Nacional de Abogados expresó una posición favorable a las propuestas legislativas. Su representante, Alexander Hepburn, señaló que existe preocupación por cerca de mil licenciados que terminaron sus estudios sin conseguir la autorización profesional.