La Embajada de Estados Unidos en San José afirmó este viernes que las prácticas de empresas mineras chinas en Nicaragua están empujando a mineros artesanales a cruzar hacia Costa Rica, donde realizan extracción ilegal de oro en la zona fronteriza norte.

La representación diplomática sostuvo, en una publicación en redes sociales, que esas compañías suelen aplicar métodos coercitivos contra pequeños productores nicaragüenses, entre ellos la compra de mineral a valores inferiores a los del mercado. Según la embajada, esa situación ha incentivado el traslado de trabajadores hacia territorio costarricense.

“Cada vez más mineros nicaragüenses cruzan la frontera para ingresar ilegalmente y extraer oro ilegalmente”, señaló la sede diplomática estadounidense. La publicación no precisó la cantidad de personas que habría atravesado la frontera ni identificó a las compañías vinculadas con esas denuncias.

El mensaje añadió que la actividad ejerce una presión creciente sobre la frontera norte de Costa Rica. Estados Unidos, de acuerdo con la embajada, respalda al país centroamericano en las tareas de protección fronteriza y en la lucha contra la minería ilegal y otros delitos asociados al tránsito transfronterizo.

El señalamiento ocurre después de una expansión de las concesiones mineras entregadas por el Gobierno de Nicaragua a empresas de capital chino. Una publicación de Forbes Centroamérica indica que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “ha otorgado entre 2021 y junio de 2026 concesiones mineras en 84 lotes a 22 empresas chinas que ocupan 1,277,389.38 hectáreas, lo que representa el 10% del territorio nicaragüense, que incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y/o afrodescendientes”.

Los datos están basados en registros de la oenegé ambientalista Fundación del Río.

Según una publicación de octubre de 2025 de la agencia EFE, las autorizaciones abarcan áreas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, el denominado Triángulo Minero y departamentos del centro, norte y sur del país. Entre las zonas incluidas figuran municipios de Nueva Segovia, Boaco, Chontales, Estelí y las regiones del Caribe.

Las concesiones autorizan el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos, bajo modalidades que incluyen la minería a cielo abierto. Parte de los lotes se ubica en zonas cercanas a territorios indígenas y reservas ambientales, según las resoluciones oficiales citadas por medios independientes y agencias internacionales.

Un informe de la Fundación Andrés Bello, difundido en octubre de 2025 y basado en datos oficiales analizados por el medio nicaragüense Confidencial, estimó que ocho empresas chinas acumulaban 503,562 hectáreas en concesiones mineras entre 2023 y 2025.

Brother Metal, Zhong Fu y Thomas Metal concentran parte de los lotes

Entre las compañías que han recibido mayores extensiones figura Zhong Fu Development S.A., que en mayo de 2024 acumulaba ocho lotes con alrededor de 181 mil hectáreas, de acuerdo con un análisis de Confidencial sobre publicaciones de La Gaceta, el diario oficial nicaragüense.

A esa firma se sumaron Thomas Metal S.A., Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., Brother Metal S.A., Waslala Mine S.A., Three Gold Coins Company S.A. y Little Stone Mine S.A. Las licencias suelen tener una vigencia de 25 años e incluyen derechos para la exploración, la explotación y la instalación de plantas destinadas al procesamiento de minerales.

En junio de 2025, el Ministerio de Energía y Minas concedió dos nuevos lotes a Brother Metal y Thomas Metal, con una extensión conjunta de 29,613,96 hectáreas en municipios de la Costa Caribe Norte. Con esas resoluciones, el número de concesiones otorgadas a firmas chinas había ascendido a 21, por un total de 196,640.35 hectáreas, según EFE.

El crecimiento de las áreas bajo control de estas empresas coincide con el aumento del peso del oro dentro de las exportaciones nicaragüenses. También ha elevado la preocupación por los efectos sobre la minería artesanal, las comunidades asentadas en las áreas concesionadas y los ecosistemas cercanos a las zonas de extracción.

Iván Granado, de ascendencia cubana, murió después de que presuntamente disparara contra su expareja, Dayanis Lasso, el jueves 22 de octubre en una vivienda del suroeste de Miami-Dade, Florida. La mujer fue trasladada en estado crítico al Jackson South Medical Center y el caso es investigado como un presunto intento de homicidio seguido de suicidio.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 11:03 de la mañana, cerca de la intersección de Southwest 154th Avenue y Southwest 148th Street, en las proximidades del aeropuerto Miami Executive. Varias unidades de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron tras recibir una alerta por detonaciones, informó CBS News Miami.

De acuerdo con datos publicados por el Periódico Cubano, los agentes hallaron a ambos con heridas de bala dentro de la propiedad. Los servicios de emergencia confirmaron la muerte del hombre en el lugar y brindaron asistencia médica a la sobreviviente antes de su traslado al hospital.

Las primeras pesquisas establecieron que Granado llegó en bicicleta a la vivienda, discutió con la ocupante y luego presuntamente le disparó con una pistola antes de usar el arma contra sí mismo. Los investigadores recuperaron la pistola junto al cadáver.

El detective Daniel Castillo, portavoz de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, indicó que la División de Homicidios buscaba determinar la relación entre las dos personas. Aunque el episodio apuntaba a un caso de violencia doméstica, las autoridades no habían precisado el vínculo ni confirmado si el fallecido residía en esa dirección.

Las identidades de los involucrados no fueron reveladas inicialmente por las autoridades, pero Univisión los identificó como Granado y Lasso. Familiares de la mujer afirmaron que eran una expareja con un historial prolongado de disputas y que ella había intentado solicitar una orden de alejamiento contra él, aunque fue rechazada.

La familia también sostuvo que el hombre tenía un empleo estable desde hacía al menos dos años. Una vecina de Lasso relató que la mujer le había dicho que Granado “hizo cosas feas”, pero no le ofreció más detalles.

La movilización policial concentró patrullas, ambulancias y helicópteros en una zona cercana a Country Walk, mientras los investigadores aseguraban el perímetro de la vivienda. Durante los primeros minutos, algunos residentes desconocían si había un sospechoso prófugo.

Debbie Sullivan, vecina del sector desde hace más de tres décadas, describió su reacción ante CBS News Miami. “Es impactante. Llevo más de 30 años en esta comunidad. Se ha oído hablar de pequeños robos, pero nunca de algo tan extremo, de que suceda algo así. Es triste para la comunidad”, afirmó.

Castillo descartó que existiera una amenaza para los residentes. “Este es un incidente aislado y no existe peligro para la comunidad”, dijo. El portavoz tampoco confirmó versiones sobre un posible embarazo de la mujer.

Durante una conferencia de prensa, según el Periódico Cubano, Castillo recordó que octubre es el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica e hizo un llamado a quienes enfrentan circunstancias de este tipo. “Si usted se encuentra en una situación en la que siente que su vida está en peligro y no se siente seguro, estamos aquí para ayudarle”, agregó. La investigación continúa abierta y no se comunicaron cambios en la condición médica de Lasso.

El Gobierno de España concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza a 46 ciudadanos nicaragüenses, entre ellos líderes campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y presos políticos excarcelados, como medida de protección frente a la persecución política y la pérdida arbitraria de la nacionalidad impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó Despacho 505.

La decisión fue aprobada por el Consejo de Ministros español durante su sesión del martes 20 de octubre de 2026 y quedó formalizada mediante los Reales Decretos 870/2026 al 915/2026.

Los decretos fueron firmados el 21 de octubre por el rey Felipe VI y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La resolución fue publicada este viernes 23 de octubre en el Boletín Oficial del Estado.

Entre los beneficiarios se encuentran el líder campesino y excarcelado político Medardo Mairena Sequeira; la abogada y defensora de derechos humanos María del Socorro Oviedo Delgado; el opositor Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero; el expreso político y miembro de la familia Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios; la activista universitaria Adela Elizabeth Espinoza Tercero, y el opositor Abdul Montoya Vivas.

La concesión se basa en las “circunstancias excepcionales” previstas por la legislación española. La nacionalidad por carta de naturaleza es un procedimiento discrecional regulado en el artículo 21 del Código Civil español.

A diferencia del trámite ordinario por residencia, no exige haber cumplido un periodo mínimo de permanencia legal en España y puede otorgarse mediante una decisión del Consejo de Ministros ante situaciones de persecución o vulnerabilidad.

La medida se produce después de que, en febrero de 2023, el régimen nicaragüense despojara de su nacionalidad a cientos de opositores, periodistas, religiosos y defensores de derechos humanos. Según la información publicada por Despacho 505, las autoridades nicaragüenses también han bloqueado la emisión o renovación de pasaportes en sus sedes consulares, lo que ha dificultado la movilidad y la regularización de las personas afectadas.

Para que la concesión sea efectiva, cada beneficiario deberá completar el trámite de juramento o promesa de fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas, dentro de los plazos establecidos por la legislación de ese país.

La Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo (ACDD) celebró la decisión del Gobierno español. José Denis Cruz, coordinador general de la organización con sede en Madrid, afirmó que la medida representa “un respaldo para quienes han sido despojados de derechos fundamentales y necesitan recuperar la seguridad jurídica y la posibilidad de reconstruir sus vidas”.

Cruz señaló que la apatridia no constituye únicamente un problema documental, porque afecta la identidad, la libertad de movimiento, el ejercicio de derechos y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida. La organización espera que la decisión española permita ampliar la protección a otros nicaragüenses que atraviesen situaciones similares.

De acuerdo con datos de la Oficina de Asilo y Refugio de España, Nicaragua se encuentra entre los tres países con más de beneficiarios de protección internacional en el país europeo. De hecho, entre 2018 y 2025, el país español ha brindado asilo a 5,747 nicaragüenses.

El asilo es concedido por España cuando existen temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política.

Costa Rica expresó su apoyo a seis organizaciones juveniles y estudiantiles de Nicaragua que denunciaron la crisis de derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una señal de respaldo diplomático a los sectores que reclaman la recuperación de las libertades civiles y políticas en el país centroamericano.

La representación permanente costarricense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) envió el 21 de octubre una comunicación a los grupos, que habían dirigido una carta el 24 de septiembre a la entonces ministra interina de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Indiana Trejos Gallo.

Según informó Artículo 66, la misión de Costa Rica señaló que las preocupaciones planteadas por las organizaciones fueron recogidas en la resolución aprobada el 2 de octubre durante la 31ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. El texto regional reclama medidas para frenar el deterioro institucional en Nicaragua y restablecer derechos suspendidos o restringidos.

La carta estuvo dirigida a la Alianza Universitaria Nicaragüense, la Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses, el Movimiento UNA 19 de Abril, el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, AVANZA-Acción Universitaria y la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua. La diplomacia costarricense reconoció el aporte de esas agrupaciones y destacó el papel de los jóvenes en la búsqueda de una salida democrática.

La resolución de la OEA plantea la liberación incondicional de las personas detenidas por razones políticas y la divulgación del paradero y la situación de quienes permanecen desaparecidos de forma forzada. También pide la restitución de la nacionalidad y de los derechos civiles y políticos a quienes fueron privados de ellos.

El documento reclama el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión, además de garantías para el funcionamiento de organizaciones civiles, medios de comunicación independientes, universidades y asociaciones empresariales. También solicita la devolución o compensación de bienes confiscados.

En el plano institucional, la OEA instó a recuperar la independencia de los poderes públicos, la separación de poderes y las condiciones para elecciones libres, justas, inclusivas y con observación internacional creíble. La resolución prevé un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, que debía comenzar sus labores dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del texto y presentar recomendaciones en un plazo de 60 días.

Costa Rica reafirmó, de acuerdo con la información publicada por Artículo 66, su compromiso con los derechos humanos del pueblo nicaragüense y con una solución pacífica y democrática. El país también planteó ante la OEA la necesidad de que la respuesta regional no se limite a declaraciones de preocupación.

La presión internacional combina reclamos diplomáticos y sanciones selectivas

La iniciativa regional se suma a otras medidas y pronunciamientos contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Reuters indicó que República Dominicana anunció el retiro de su embajada en Nicaragua durante la reunión de cancilleres. Managua abandonó formalmente la OEA en 2023, pero el organismo sostiene que Nicaragua mantiene obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Estados Unidos, por su parte, mantiene sanciones contra funcionarios, familiares del matrimonio gobernante y entidades vinculadas al Estado nicaragüense. La Oficina del Representante Comercial estadounidense anunció además un arancel gradual para importaciones nicaragüenses que no estén cubiertas por el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos: la tasa será de 0% en 2026, subirá a 10% el 1 de enero de 2027 y llegará a 15% en 2028.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas documentó 199 detenciones por motivos políticos entre abril de 2025 y mediados de enero de 2026, de acuerdo con un reporte citado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. La nueva instancia de seguimiento de la OEA deberá evaluar si Managua atiende las exigencias regionales y proponer medidas diplomáticas y jurídicas no militares.

Los aguaceros asociados a una vaguada dejaron 2,360 personas y 590 viviendas afectadas en República Dominicana, de acuerdo con el informe de situación difundido este viernes por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y difundido por Listín Diario. Las mayores incidencias se concentran en Santiago y Puerto Plata.

De acuerdo con el medio, el organismo indicó que, hasta el corte de la mañana, no había registros de puentes ni infraestructuras dañadas, tampoco acueductos fuera de servicio. El informe tampoco consignó fallecidos, personas evacuadas, desplazamientos ni viviendas destruidas.

Los datos publicados por Listín Diario precisan que en Santiago se notificó de forma preliminar el colapso de una pared perimetral de una vivienda. Las lluvias también causaron inundaciones urbanas en varios sectores de esa provincia.

En Hoyo de Caimito, las inundaciones afectaron a 101 viviendas. En el sector Francisco del Rosario Sánchez, otras 40 resultaron impactadas. La Defensa Civil reportó además daños en 36 casas del barrio La Gloria, en Santiago Oeste, conocido como Cienfuegos.

El reporte incluye 20 viviendas afectadas en El Ingenio y otras 35 en el sector El Ensueño. El COE señaló que la situación volvió a la normalidad en las zonas donde se registraron esas incidencias.

Ante las afectaciones registradas, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) elevó a alerta amarilla la alerta en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional frente a las condiciones meteorológicas informadas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), según anunció el director del COE, Erdwin Olivares, en un audiovisual compartido en las redes oficiales de este organismo.

El COE mantuvo el mismo nivel de alerta para Baoruco, Pedernales, Independencia, Barahona, Santiago, Puerto Plata y Espaillat. Las autoridades activaron los planes de contingencia de las instituciones responsables de responder ante posibles incidencias vinculadas con las lluvias.

Olivares exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten crecidas. El llamado también abarca avenidas elevadas y pasos a nivel con acumulación de agua.

“Por favor, absténganse de cruzar”, señaló el director del COE, quien pidió evitar situaciones que puedan poner en riesgo a las personas durante la vigencia de las alertas.

El organismo colocó bajo alerta verde a La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Bonao, La Vega, Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Valverde.

Las provincias bajo ese nivel deben seguir los boletines emitidos por Indomet y el COE, indicó Olivares. También señaló que las entidades que integran el sistema de respuesta permanecen en disposición para actuar de acuerdo con la evolución de las condiciones atmosféricas.

Las autoridades piden evitar calles inundadas y corrientes de agua

El COE recomendó esta mañana no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua, y pidió no utilizar balnearios en las provincias bajo alerta. También solicitó evitar calles anegadas y no pasar a pie por corrientes que alcancen la altura de las rodillas.

A los conductores les aconsejó reducir la velocidad, encender las luces y mantener distancia con otros vehículos. La institución pidió retirar objetos de techos, balcones y terrazas ante las posibles ráfagas de viento, no dejar residuos que bloqueen los drenajes y mantenerse alejado de postes y cables eléctricos.

Además, el organismo exhortó a las familias a identificar rutas de evacuación y zonas seguras, preparar una mochila de emergencia y seguir los boletines oficiales y las instrucciones de las autoridades locales mientras persistan las condiciones de inestabilidad.

El parque vehicular de El Salvador ya supera los dos millones de unidades y cerca de un tercio tiene más de 20 años de fabricación, una condición que, de acuerdo con el Movimiento de Estudiantes y Profesionales por la Seguridad Vial (MOVES), incrementa los riesgos de siniestros por la falta de tecnologías que están presentes en modelos más recientes.

El coordinador general de MOVES, Hugo Mayorga, afirmó en la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña (TCS), que el país registra 2,158,431 vehículos en circulación. Parte de esa flota ya superó su vida útil estimada, aunque aclaró que la antigüedad no implica por sí sola que un automóvil esté en malas condiciones mecánicas.

“Gran parte de nuestro parque vehicular está ya bastante antiguo, por no decir obsoleto”, sostuvo Mayorga. El especialista señaló que los vehículos de mayor antigüedad pueden mantenerse operativos si reciben mantenimiento preventivo y correctivo, aunque carecen de sistemas que han mejorado con el avance tecnológico, como sistemas de frenado, estabilidad y conducción.

La cifra actual del parque vehicular representa un aumento de 174,509 vehículos, equivalente a 8.8%, frente a 1,983,922 registrados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial en septiembre de 2025. En ese registro, 363,626 vehículos tenían 24 años o más, mientras que 422,980 tenían menos de cuatro años.

El parque vehicular ya mostraba un peso relevante de las motocicletas. En octubre de 2025 había 667,657 unidades registradas, de acuerdo con cifras del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito. En la entrevista de este 23 de octubre, Mayorga informó que el número ascendió a 753,031 motocicletas, lo que equivale a cerca de uno de cada tres vehículos que circulan en el país.

MOVES también señaló que existe una brecha entre la cantidad de motocicletas y las licencias habilitadas. Mayorga indicó que hay 378,480 licencias vigentes para motociclistas, frente a 753,031 unidades registradas. Bajo esa relación, estimó que solo el 50.3% de los conductores tendría una licencia válida, aunque aclaró que una misma persona puede poseer más de una motocicleta.

Mayorga vinculó el crecimiento del parque automotor con una mayor carga sobre las calles y carreteras de El Salvador. A su juicio, la congestión, sumada a conductas imprudentes, incide en el número de hechos viales.

“A mayor congestión, mayor tasa de siniestralidad y menos paciencia”, afirmó el coordinador de MOVES. Agregó que el deseo de llegar antes a los destinos lleva a algunos conductores a incumplir normas básicas, como respetar semáforos, pasos de cebra y límites de velocidad.

Con datos atribuidos al Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Mayorga indicó que entre el 1 de enero y el 14 de octubre se registraron 17,449 siniestros viales, un promedio de 61 por día. Estos hechos dejaron 12,492 personas lesionadas, equivalentes a 44 diarias, y 1,144 fallecidos.

La cifra de muertes representa un promedio de cuatro personas por día. “Dos de ellos motociclistas”, precisó Mayorga, quien añadió que los peatones también forman parte de los usuarios más expuestos en las vías.

Moves no considera que las penas altas reduzcan los accidentes

Actualmente, la Asamblea Legislativa estudia reformas al Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Una de las propuestas fija penas de cinco a diez años de prisión para propietarios, poseedores o encargados que permitan conducir vehículos de transporte colectivo o camiones de más de ocho toneladas a personas sin la licencia correspondiente.

Ante ese panorama, Mayorga señaló que la responsabilidad de conducir con documentos habilitados debe alcanzar a todos los tipos de vehículos. También consideró excesiva la pena planteada para quienes faciliten una unidad a un conductor sin licencia.

Óscar Canjura, asesor legal de MOVES, sostuvo que la respuesta estatal debe priorizar la prevención. “El endurecimiento de penas no es una solución al incremento de infracciones”, afirmó. A su juicio, una mayor sanción penal no reducirá por sí sola la cantidad de siniestros viales.

Canjura propuso campañas permanentes de educación vial, formación obligatoria tras ciertas infracciones, controles de velocidad y mejoras en señalización e infraestructura. Mayorga añadió que la seguridad vial exige responsabilidades compartidas entre conductores, peatones y autoridades encargadas de las calles y la regulación del tránsito.

Miles de cubanos enfrentan cortes prolongados de agua por tuberías, con denuncias de hasta cuatro meses sin servicio en localidades de Pinar del Río y Santiago de Cuba. Ante la falta de abastecimiento, familias recurren al agua de lluvia, pozos artesanales y camiones cisterna, según testimonios recogidos por Martí Noticias.

En San Juan y Martínez, municipio de la provincia de Pinar del Río, el residente Michel Valladares afirmó que los vecinos de la zona de La Estrella llevan más de cuatro meses sin recibir agua en sus viviendas.

De acuerdo con su testimonio, varios hogares hierven agua de lluvia para beber y cocinar porque no pueden afrontar el costo de las pipas privadas.

El precio de esos camiones oscila entre 15,000 (USD 625) y 20,000 pesos cubanos (USD 833.33), mientras que los tanques de 200 litros se venden entre 1,000 (USD 41.67) y 1,200 pesos (USD 50), según Valladares.

El hombre también denunció presuntas deficiencias en la administración local del acueducto y conexiones ilegales a la red principal, situaciones que, según sostuvo, disminuyen la presión disponible para los hogares.

La situación se repite en el oriente del país. La activista y periodista independiente Yadira Serrano indicó a Martí Noticias que el centro de Songo-La Maya, en Santiago de Cuba, acumula entre tres y cuatro meses de interrupciones en el suministro. Añadió que algunas comunidades llevan cerca de un año con dificultades para acceder al recurso.

Los residentes de esa zona buscan agua en pozos artesanales o compran tanques a vendedores particulares. Cada recipiente cuesta entre 1,000 (USD 41.67) y 1,500 pesos cubanos (USD 62.50 ), mientras que una pipa puede alcanzar los 15,000 pesos (USD 625), de acuerdo con Serrano.

En la provincia de Granma, el activista Yurisnel Domenech informó desde la localidad de Media Luna que la población atravesaba entre cinco y seis días sin acceso al agua. El corte afectó incluso a sectores que antes contaban con un servicio regular por la red pública.

Los cortes en La Habana superan los 80 días en algunos barrios

En La Habana, las denuncias se concentran en publicaciones de la página de Facebook “Víctimas de Aguas de La Habana”. Vecinos del reparto Las Piedras, en San Francisco de Paula, aseguraron que llevaban 38 días sin agua por tuberías.

En la Loma de Córdoba, en Lawton, habitantes del área informaron una interrupción de 19 días, después de un período anterior de casi 80 días sin servicio. En barrios cercanos, los cortes superaban las dos semanas, según los reportes publicados en esa página.

Las afectaciones ocurren mientras el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y el Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento reconocen problemas de abastecimiento en el país. Los organismos estatales calcularon que alrededor de 2.5 millones de personas, equivalentes al 32% de los clientes conectados a las redes públicas, afrontan dificultades con el agua potable.

Las autoridades atribuyeron la mayor parte de las interrupciones a la crisis energética. Más del 85% de las estaciones de bombeo depende del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que los apagones impiden la operación de los equipos y la reposición del suministro.

Según datos del INRH citados por Martí Noticias, los cortes eléctricos y desperfectos técnicos explican el 88% de las paralizaciones del abastecimiento, mientras que la sequía representa el 4%. Los sistemas de acueducto requieren entre 10 y 12 horas continuas de electricidad para llenar las tuberías y recuperar la presión de la red.

República Dominicana mantiene 25 provincias bajo alerta meteorológica por las lluvias asociadas a una vaguada, que este viernes 23 de octubre dejará aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El COE informó que nueve demarcaciones permanecen en alerta amarilla y otras 16, en alerta verde. El conteo incluye 24 provincias y el Distrito Nacional, aunque el organismo difundió el balance como 25 áreas bajo medidas preventivas ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de deslizamientos de tierra.

La alerta amarilla alcanza al Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Puerto Plata, Pedernales, Independencia, Bahoruco, Barahona, Espaillat y Santiago. En tanto, la alerta verde rige para San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís, Dajabón, San José de Ocoa y Valverde, entre otras provincias señaladas en el mapa oficial del COE.

El organismo explicó que la ampliación de las alertas responde a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y a una masa de aire con alto contenido de humedad. Estas condiciones favorecen la formación de nublados y precipitaciones en distintas zonas del territorio.

La meteoróloga Tamaris Mercedes, del Centro Nacional de Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), indicó que las precipitaciones se concentrarán durante la mañana sobre el litoral costero caribeño.

Las áreas con mayor probabilidad de lluvias en las primeras horas del día incluyen el Gran Santo Domingo, Peravia, La Romana, La Altagracia, Azua, Barahona y Pedernales. Indomet prevé que la actividad se extienda luego hacia otras zonas, sobre todo durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Mercedes señaló que en ese período podrían registrarse aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en regiones del suroeste y sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Entre las localidades expuestas figuran Monte Plata, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan de la Maguana, Elías Piña y Valverde.

El organismo meteorológico atribuyó el panorama al efecto combinado de la vaguada, el viento cálido procedente del sureste y la humedad presente sobre el país. Las autoridades anticiparon temperaturas calurosas durante el día, con condiciones algo más agradables hacia la tarde en las zonas costeras.

El COE pidió evitar calles inundadas y corrientes de agua

Ante el pronóstico, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) recomendó a la población no cruzar calles anegadas, ríos, arroyos ni cañadas con niveles elevados. También solicitó evitar el paso a pie por corrientes de agua que alcancen las rodillas.

Entre las medidas difundidas por la entidad figura la recomendación de no circular por vías inundadas. Para quienes tienen que conducir, pidió reducir la velocidad, encender las luces y mantener una distancia prudente con otros vehículos.

El COE también aconsejó no dejar basura, fundas u objetos que puedan bloquear los desagües, retirar elementos de techos, balcones y terrazas ante las ráfagas de viento, y mantenerse alejado de postes y cables eléctricos.

La institución instó a permanecer en un lugar seguro y evitar salidas que no sean necesarias mientras persistan las lluvias. Además, pidió seguir los boletines de las autoridades y atender las instrucciones de los organismos de protección civil.

Indomet informó que las condiciones marítimas serán normales en ambas costas. No obstante, recomendó que las embarcaciones pequeñas y medianas operen con precaución al suroeste de Pedernales, debido a los aguaceros, las tormentas eléctricas y la reducción de la visibilidad.

El opositor nicaragüense Félix Maradiaga cuestionó, en declaraciones recogidas por Artículo 66, la reforma constitucional aprobada este jueves 22 de octubre por la Asamblea Nacional. El cambio incorpora la figura de los «designados presidenciales» y elimina la vicepresidencia, una modificación que, a juicio del opositor, evidencia los problemas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para establecer un mecanismo de sucesión que garantice la continuidad del poder.

«Lo que la dictadura aprobó este jueves no es una reforma constitucional. Es el tercer bandazo en menos de tres años de un régimen que no logra resolver su propio problema de sucesión», afirmó Maradiaga, según el medio nicaragüense.

La reforma modifica el artículo 126 de la Constitución y faculta a la Presidencia para nombrar a los designados, quienes asumirían funciones ejecutivas delegadas. La disposición permite que esas responsabilidades recaigan en personas de confianza de Ortega y Murillo, aunque no hayan obtenido un cargo mediante elecciones.

Para Maradiaga, la nueva figura representa el último de varios cambios constitucionales que muestran la falta de una fórmula estable para organizar la sucesión en Nicaragua. Recordó que primero se habilitó la posibilidad de nombrar a varios vicepresidentes, después se instauró la copresidencia y ahora se elimina la vicepresidencia para dar paso a los designados.

«Ninguna de esas reformas es coherente con la anterior. Una dictadura que estuviera en control no necesitaría reescribir su Constitución cada pocos meses», sostuvo el opositor en declaraciones citadas por Artículo 66.

El dirigente también destacó la posible inclusión de Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja gobernante, entre los nombres que podrían ocupar una designación presidencial. Según Maradiaga, esa posibilidad refuerza la interpretación de que el régimen busca asegurar la continuidad del poder dentro de la familia gobernante.

«El nombre de Laureano Ortega Murillo en la lista de posibles designados confirma lo que todos sospechábamos: no buscan continuidad institucional, buscan una sucesión dinástica», afirmó.

La reforma permite que la Presidencia asigne funciones a los designados, una disposición que podría facilitar el traslado de responsabilidades ejecutivas a integrantes del círculo de confianza de Ortega y Murillo. Maradiaga sostuvo que el rumbo del país apunta hacia un sistema de partido único.

«Lo que aspira a construir es un partido único, una Corea del Norte en Centroamérica, y hacia allá camina Nicaragua», señaló el opositor, de acuerdo con el reporte de Artículo 66.

Maradiaga describió las modificaciones como una muestra de la fragilidad del régimen. «Esa es la medida real de su fragilidad. No son las decisiones de un régimen que gobierna con seguridad. Son las decisiones de un régimen desesperado y atrapado en la trampa que él mismo construyó», dijo.

También afirmó que los cambios constitucionales no pueden sustituir la voluntad ciudadana. «Pueden cambiar la Constitución tantas veces como quieran. Lo que no pueden cambiar es que ningún designado presidencial sustituye la voluntad de una nación», expresó.

La aprobación de la reforma ocurre mientras el Gobierno nicaragüense permanece bajo el escrutinio de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El organismo aprobó el 2 de octubre una resolución por consenso para crear un Grupo Ministerial de Seguimiento, encargado de impulsar contactos con Managua y escuchar a sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales, incluida la oposición en el exilio.

La resolución establece que el grupo deberá iniciar sus trabajos dentro de 30 días y presentar recomendaciones sobre posibles acciones diplomáticas y jurídicas en un plazo de hasta 60 días. Maradiaga recordó que Ortega anunció el 19 de julio que no habría nuevas elecciones, una declaración que, según él, fue seguida por una retractación y nuevas medidas constitucionales.

«La única explicación de ese nerviosismo es el miedo. Miedo al pueblo nicaragüense, y miedo incluso a quienes hoy se definen como votantes sandinistas», concluyó.

La Justicia de El Salvador condenó a cuatro personas —tres hombres y una mujer— por posesión y tenencia de drogas en dos procesos distintos que se resolvieron en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. Los fallos incluyeron penas de tres años de prisión, aunque una de las condenadas recibió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Uno de los casos involucró a Óscar Alberto Gómez Hueso, Miguel Antonio Mancía Melgar y María Argelia Guevara Torres, detenidos durante un patrullaje preventivo realizado el 2 de mayo de 2025 en el distrito de Teotepeque, La Libertad Costa.

De acuerdo con la información difundida por los Centros Judiciales de El Salvador, los agentes observaron a las tres personas en una situación que consideraron sospechosa y procedieron a registrarlas. Durante el operativo incautaron porciones de material vegetal que, tras el análisis químico, dieron resultado positivo a marihuana.

A Gómez Hueso y Mancía Melgar les decomisaron cinco gramos a cada uno, mientras que Guevara Torres portaba ocho gramos. El tribunal los declaró responsables del delito de posesión y tenencia de marihuana y les impuso una pena de tres años de prisión.

Los dos hombres deberán cumplir la condena en un centro penitenciario debido a que tienen otros procesos judiciales pendientes, según indicó el órgano judicial. Guevara Torres, en cambio, obtuvo una suspensión condicional de la pena por un período de tres años.

Durante ese plazo, la mujer deberá residir en el mismo domicilio, abstenerse de consumir drogas, no salir del país y someterse al control del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena.

El segundo caso tuvo como condenado a Francisco Barillas Canizalez, un adulto mayor capturado el 9 de diciembre de 2025 en Quezaltepeque, La Libertad Norte. El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo halló culpable por posesión y tenencia de drogas y le impuso tres años de prisión, sustituidos por reglas de conducta.

Según el reporte judicial, Barillas Canizalez fue intervenido por policías que encontraron 12 gramos de marihuana distribuidos en ocho porciones durante el registro. En la vista pública, el acusado reconoció que la droga era de su propiedad, un elemento que el tribunal tomó en cuenta para emitir una sentencia condenatoria.

El fallo estableció que deberá cumplir reglas de conducta durante tres años. Entre ellas figuran la prohibición de consumir drogas y bebidas alcohólicas, además de no frecuentar lugares donde se comercialicen sustancias ilícitas.

Ordenaron juicio contra un hombre acusado de portar metanfetaminas

En otro expediente, el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó que Mario Ezequiel A. R., de 29 años, sea enviado a juicio por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.

La acusación sostiene que el imputado fue detenido en julio de 2024 durante un patrullaje preventivo en la alameda Manuel Enrique Araujo, en el distrito de San Salvador. Los policías habrían advertido una conducta sospechosa en el conductor de un automóvil, por lo que realizaron una intervención.

Durante la revisión del vehículo, los agentes encontraron 13 bolsas plásticas con una sustancia que posteriormente dio resultado positivo a metanfetaminas. También decomisaron una báscula digital y dos sobres con $ 1.076 en efectivo.

Tras evaluar los elementos presentados en la audiencia preliminar, el juzgado consideró que existían indicios para llevar el caso a la etapa de sentencia. Además, mantuvo vigente la detención provisional del acusado.

Las penas previstas por la legislación salvadoreña

Aunque suele mencionarse de forma general al Código Penal, las sanciones para estos hechos están contempladas en el artículo 34 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.

La norma establece penas de uno a tres años de prisión y multas de cinco a mil salarios mínimos mensuales urbanos para quien posea o tenga drogas ilícitas en cantidades inferiores a dos gramos, sin autorización legal.

Cuando la cantidad es de dos gramos o más, la pena prevista aumenta a tres a seis años de prisión, además de una multa de cinco a mil salarios mínimos mensuales urbanos vigentes.

La legislación fija una pena más alta si la posesión o tenencia tiene como objetivo alguna actividad de tráfico de drogas. En esos casos, sin importar la cantidad decomisada, la condena puede ser de seis a 10 años de prisión y una multa de 10 a dos mil salarios mínimos mensuales urbanos vigentes. La escala está contemplada en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación contra 564 cabecillas de las estructuras Barrio 18 Sureños y Revolucionarios por delitos cometidos en El Salvador entre 2012 y 2026. El proceso busca penas perpetuas o ejemplares para quienes habrían ordenado ataques, homicidios, extorsiones y otros crímenes contra la población y el sistema de seguridad.

La acusación reúne 14,497 imputaciones y fue presentada ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez 3. Del total de procesados, 474 están detenidos y 90 permanecen ausentes.

Entre los acusados figuran José Timoteo Mendoza Flores, alias Chory One, de La Unión; Douglas Geovanny Velásquez Navas, alias Payaso, de San Martín; y Melvin Alexander Alegría Solórzano, alias Muerto, del Parque Libertad. También fueron incluidos César Daniel Renderos Díaz, alias Muerto, de Las Palmas; Anthony Javier Pleitez Amaya, alias Centinela, de la IVU; Víctor Antonio Cerón García, alias Duke, de la IVU; y Jefry Isaac Corvera Morán, alias Xochitl, de la IVU.

Los imputados enfrentan cargos por pertenencia a una organización terrorista, un delito que contempla pena perpetua. El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Múñoz, sostuvo que los señalados también han sido acusados de rebelión por intentar imponer un estado criminal, atribuirse facultades propias del Estado y utilizar la violencia para causar terror en la población.

La acusación incluye hechos ocurridos en 2014 y 2015, entre ellos el traslado de una granada fragmentaria M 67 hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República. También abarca el atentado contra la Delegación Policial de Quezaltepeque, el ataque con explosivos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la agresión contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, donde murió un integrante de seguridad.

Según Múñoz, los cabecillas habrían ordenado entrenar militarmente a integrantes de las pandillas antes de ejecutar ataques contra instituciones estatales. La Fiscalía les atribuye haber definido directrices para actuar contra el sistema de seguridad.

El expediente también incorpora 269 casos de homicidios, extorsiones, tráfico de armas, trata de personas y otros delitos. Entre los asesinatos investigados está el homicidio agravado de un agente policial y su hija, cometido el 6 de julio de 2015 en la comunidad La Campañera, Soyapango.

La Fiscalía sostiene que los pandilleros tenían autorización permanente para asesinar a miembros del sistema de seguridad y aplicaban un patrón de eliminación de testigos de crímenes cometidos en las zonas bajo su dominio. Esa misma directriz habría derivado en una emboscada contra dos agentes policiales el 12 de abril de 2016.

El ataque ocurrió en el terreno rústico conocido como La Tabacalera, situado al costado de la comunidad El Paraíso, en el cantón La Flor de San Martín, departamento de San Salvador. Los dos policías fueron asesinados en ese lugar.

Las masacres atribuidas a las estructuras Sureños y Revolucionarios

A los cabecillas de Barrio 18 Revolucionarios se les atribuye haber ordenado el asesinato de 11 trabajadores el 2 de marzo de 2016. La masacre ocurrió en el caserío La Flor, del cantón Agua Escondida, en San Juan Opico, La Libertad.

De acuerdo con la acusación, los trabajadores fueron considerados una amenaza para el control territorial y los intereses económicos de la estructura. Por ese motivo, habrían sido atacados por integrantes de la pandilla.

Los cabecillas también son procesados por la masacre de nueve motoristas de furgones, ocurrida el 30 de marzo de 2015. Las víctimas estaban en un parqueo de furgones cercano al desvío de San Juan Opico, en el distrito de San Juan Opico, municipio de La Libertad Norte.

Los atacantes habrían considerado que los motoristas tenían vínculos con pandillas rivales porque residían en zonas controladas por otros grupos criminales. La Fiscalía indicó que esa presunta relación fue interpretada como una amenaza para el dominio territorial y económico de la estructura.

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, sostuvo que las pandillas haitianas podrían atentar contra los militares de El Salvador si el presidente Nayib Bukele decide ampliar su respuesta tras la desaparición de cuatro técnicos salvadoreños en las afueras de Puerto Príncipe.

“Bukele puede mandar a medio Ejército de El Salvador y se lo van a matar como pollos en Haití”, afirmó Riverón, en declaraciones recogidas por Listín Diario.

El funcionario dominicano argumentó que los grupos armados conocen el terreno y cuentan con capacidad para enfrentar a fuerzas que ingresen al país.

La declaración se produjo después de que Bukele advirtiera a las pandillas haitianas que deberán entregar “vivos y sin ningún daño” a los cuatro ciudadanos salvadoreños desaparecidos. El mandatario anunció además el inicio de una operación militar para localizarlos.

Los cuatro integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II son aerotécnicos vinculados a la misión internacional desplegada en Haití. La Fuerza Armada de El Salvador señaló que el grupo fue atacado cuando regresaba a su campamento en un vehículo blindado.

La emboscada ocurrió el domingo 18 de octubre en Santo, una zona de Croix-des-Bouquets, comuna situada cerca de Puerto Príncipe. Hombres armados abrieron fuego contra el vehículo, que luego se incendió. Los técnicos se vieron obligados a escapar a pie y desde entonces se perdió la comunicación con ellos.

Según Bukele, los cuatro salvadoreños no cumplen funciones de combate. El mandatario indicó que, el trabajo de ellos, se concentra en tareas de aviación, evacuaciones médicas y asistencia para salvar vidas dentro de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El presidente salvadoreño explicó que los técnicos volvían de realizar compras cuando se produjo el ataque. Hasta este jueves 22 de octubre no se habían divulgado sus nombres ni se conocía públicamente información sobre su estado de salud o su paradero.

En una publicación en sus redes oficiales, Bukele dirigió un mensaje a los responsables del secuestro. El presidente sostuvo que la operación iniciada por las autoridades salvadoreñas representa una primera respuesta. “El ataque de hoy no es nada comparado con lo que viene si no entregan a los cuatro rehenes vivos”, señaló.

El mandatario vinculó la advertencia con la política de seguridad que llevó adelante contra las organizaciones criminales en su país. “Ya terminamos con las pandillas de El Salvador y podemos terminar con las de ustedes también”, expresó.

Bukele planteó una salida condicionada a la liberación de los cuatro técnicos. “Todavía tienen tiempo para evitarlo. Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas vivos, sin ningún daño, y todo volverá a ser como antes del secuestro”, afirmó.

La advertencia elevó la tensión en torno al operativo de búsqueda. No quedó claro si una eventual ampliación de las acciones involucraría más personal salvadoreño, fuerzas haitianas o integrantes de la misión internacional que actúa contra las pandillas.

Haití declaró prioritaria la liberación de los técnicos

El Gobierno de Haití informó que la liberación de los cuatro salvadoreños constituye una “prioridad absoluta”. Las autoridades analizaron medidas para reforzar las operaciones de seguridad junto con la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Riverón, alcalde de una localidad de República Dominicana ubicada en la frontera con Haití, consideró que el caso podría atraer una mayor atención internacional sobre la crisis de seguridad haitiana. También mencionó la posible participación de Estados Unidos en una respuesta más amplia contra las organizaciones armadas.

El ataque contra los técnicos salvadoreños fue descrito como el primer hecho de gran magnitud contra la fuerza internacional desde el inicio de sus operaciones en territorio haitiano. La búsqueda continuaba este jueves, mientras las autoridades mantenían sin confirmar si los cuatro hombres seguían con vida.

La nueva Ley Especial y Transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, aduaneras, de tránsito y otras multas permitirá a contribuyentes y ciudadanos regularizar diversas deudas ante el Estado salvadoreño. El beneficio principal consiste en la exoneración de intereses, recargos y, en determinados casos, multas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y se pague o gestione un plan de pago dentro del período de vigencia de la normativa.

La medida tendrá efectos hasta el 11 de diciembre de 2026, contado desde la entrada en vigencia del decreto tras su publicación en el Diario Oficial. La ley no incluye deudas, multas ni recargos de las municipalidades.

Uno de los principales grupos beneficiados será el de los contribuyentes con obligaciones administradas por el Ministerio de Hacienda. La amnistía cubre impuestos originales o complementarios adeudados al Fisco, correspondientes a períodos fiscales anteriores y a declaraciones cuyo plazo de presentación o pago ya venció, incluidas las obligaciones correspondientes a septiembre de 2026.

En materia tributaria, podrán acogerse quienes presentaron declaraciones pero no pagaron el impuesto liquidado; quienes no presentaron declaraciones, aunque no tuvieran impuesto por pagar; y quienes realizaron operaciones gravadas sin presentar la respectiva declaración ni cancelar el tributo. También aplica para declaraciones presentadas con valores en cero, pese a que existieron operaciones sujetas al pago de impuestos.

La normativa abarca además casos en los que los contribuyentes declararon saldos a favor mayores a los que legalmente les correspondían, liquidaron impuestos por montos inferiores o deben presentar declaraciones modificatorias. Al corregir voluntariamente estas situaciones y pagar el monto aplicable, podrán obtener la dispensa de intereses, recargos y multas, según el tipo de proceso en que se encuentre su caso.

Otro segmento cubierto son los contribuyentes sometidos a fiscalizaciones, audiencias, procesos de liquidación de oficio o procedimientos sancionatorios ante la Dirección General de Impuestos Internos. También podrán acceder quienes tengan recursos pendientes ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa o procesos de amparo constitucional.

Incluso se incluyen deudas tributarias que hayan sido remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), estén en cobro judicial o vinculadas con avisos por presunta defraudación al Fisco, siempre que no exista una sentencia definitiva. En esos casos, el interesado deberá desistir o renunciar, total o parcialmente, al proceso o recurso que mantiene abierto para poder solicitar los beneficios fiscales.

La amnistía también cubre incumplimientos relacionados con retenciones, percepciones y anticipos tributarios. Es decir, aplica a contribuyentes que no retuvieron o percibieron tributos estando obligados a hacerlo; que los retuvieron pero no los enteraron al Estado; o que pagaron montos inferiores a los debidos.

En el ámbito aduanero, la ley incluye deudas por Derechos Arancelarios a la Importación y otros impuestos no pagados o liquidados incorrectamente. Esto comprende declaraciones de mercancías no presentadas, con omisiones, inexactitudes o uso indebido de beneficios y exenciones.

También cubre vehículos ingresados temporalmente al país cuyo permiso de permanencia venció, siempre que sean importados definitivamente y se paguen los derechos correspondientes, o que sean reexportados.

Asimismo, podrán acogerse quienes tengan mercancías bajo regímenes temporales de importación, exportación, admisión o perfeccionamiento y cuyos plazos estén vencidos. Para recibir el beneficio deberán someter los bienes al régimen definitivo respectivo o efectuar su reexportación o reimportación fuera de plazo.

Respecto de las multas de tránsito, la amnistía no elimina la multa principal, sino únicamente los recargos acumulados por infracciones a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Aplica tanto a multas sin compromisos previos de pago como a planes incumplidos, sean total o parcialmente pendientes.

El decreto también permite eliminar intereses y recargos sobre multas determinadas por instituciones de la Administración Pública, con la excepción expresa de las alcaldías. Además, contempla facilidades para quienes dejaron vencer mandamientos de pago del Impuesto sobre la Renta con Número de Pago Electrónico.

Las obligaciones podrán cancelarse al contado o mediante planes de hasta nueve cuotas mensuales. Para acceder al pago a plazos, el deudor deberá cancelar inicialmente el 10% del monto adeudado. El incumplimiento del plan provocará la pérdida de los beneficios y la reactivación proporcional de intereses, recargos y multas.