Dos adolescentes mellizos murieron tras una intervención de la Policía Nacional en el sector Mendoza, en Santo Domingo Este, un caso que volvió a poner bajo atención pública las muertes de personas buscadas por la justicia durante operativos en República Dominicana.

Los fallecidos fueron identificados como Randy Omar Borges Jiménez y Omar Randy Borges Jiménez, ambos de 16 años. La Policía se refería a Randy Omar con el alias de “el sicario de Mendoza”, mientras que en el barrio eran conocidos como “Los Mellos de Mendoza”.

Según informó la institución, los jóvenes fueron heridos de bala el miércoles 21 de octubre durante una operación policial y fallecieron mientras recibían atención médica. La versión oficial sostiene que contra ambos pesaban cinco órdenes de arresto y que existían denuncias por asaltos, robos agravados entre otros delitos.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron dos armas de fuego que, de acuerdo con la Policía, eran portadas de manera ilegal: una pistola Taurus calibre nueve milímetros y una Glock modelo 19. La institución no detalló cómo se produjo el operativo.

En declaraciones a medios locales, la abuela de los fallecidos argumentó que los acusados habían sido llevados anteriormente ante las autoridades y luego quedaron en libertad porque, según dijo, no tenían antecedentes confirmados.

165 entregas voluntarias en las primeras semanas de octubre

El caso ocurrió en medio de un incremento en los operativos contra personas requeridas por la justicia. Frente a ese escenario, la Policía Nacional informó que 318 personas con órdenes de arresto se entregaron voluntariamente entre el 17 de agosto y el 21 de octubre.

De ese total, 165 personas se presentaron ante las autoridades entre el 1 y el 21 de octubre, una cifra superior a las 122 entregas registradas durante septiembre y a las 31 contabilizadas en la segunda mitad de agosto.

Las autoridades indicaron que 76 de los entregados eran buscados por robos y asaltos; 75, por homicidios; y 49, por tráfico de drogas. El resto tenía procesos pendientes por agresiones, violencia, vehículos robados, delitos sexuales y otras infracciones.

La institución ha señalado que las entregas permiten poner a los requeridos a disposición del Ministerio Público y ejecutar los procedimientos judiciales sin que se produzcan operativos de captura. A comienzos de octubre, la Policía informó que tenía registradas 53,877 órdenes de arresto pendientes, aunque aclaró que algunas podían corresponder a una misma persona.

El episodio de Mendoza también se inscribe en el aumento de muertes durante acciones policiales que las autoridades describen como intercambios de disparos. En estos casos, la versión oficial suele indicar que los buscados se resisten al arresto y abren fuego contra los agentes, quienes responden a la agresión.

Un recuento de casos publicado el 15 de octubre situó en 238 las personas muertas en presuntos enfrentamientos con la Policía durante 2026. La cifra incluyó 146 fallecimientos entre enero y junio, 16 en julio y agosto, 55 en septiembre y 21 durante la primera mitad de octubre.

La cantidad de muertes y las circunstancias de algunos operativos han provocado pedidos de investigación desde organizaciones políticas, abogados y familiares de personas fallecidas. En el caso de Randy Omar y Omar Randy Borges Jiménez, la Policía aseguró que aplicaría los protocolos correspondientes y que ofrecería más detalles tras el avance de las indagaciones.

La delegación salvadoreña en Brasil tuvo una participación destacada en la XXX Olimpiada Iberoamericana de Química 2026, donde sus cuatro estudiantes obtuvieron tres medallas de plata y una de bronce. El resultado ubicó a El Salvador en el tablero de los países destacados en la competencia, que reunió a estudiantes de 19 naciones.

La olimpiada se realizó entre el 13 y el 19 de octubre en Fortaleza, Brasil, con actividades en la Universidad Federal de Ceará (UFC) y el Hotel Praia Centro. El encuentro convocó a cerca de 200 participantes de América Latina y la península ibérica, además de docentes, mentores y observadores.

Los resultados de la delegación salvadoreña forman parte del programa Jóvenes Talento de El Salvador, que recibe formación profesional a través de la Universidad de El Salvador (UES) que destacó la participación de cuatro alumnos en las pruebas de química. Saúl Eduardo Morales Barraza, Gerardo Andrés Jovel Franco y Adrián Nicolás Arévalo López recibieron medallas de plata. Carlos Armando López Dubón obtuvo la medalla de bronce.

La participación salvadoreña contó con el acompañamiento del jefe de delegación, Edwin Bladimir Bonilla Ascencio, y del mentor Nixon Junior Ayala Martínez. Cada país podía asistir con un máximo de cuatro estudiantes, dos mentores y dos observadores.

La competencia reunió a delegaciones de 19 países

La XXX Olimpiada Iberoamericana de Química se desarrolló junto con el primer Encuentro Iberoamericano de Química. Ambas actividades buscaron reunir a estudiantes con formación avanzada en esta materia para rendir evaluaciones y compartir experiencias académicas con delegaciones de otros países.

El formato de la competencia incluyó la presencia de jóvenes talentos de distintos sistemas educativos de la región. La cifra de unos 200 participantes contempló a estudiantes y miembros de las delegaciones que viajaron hasta Fortaleza para las actividades programadas durante una semana. Las actividades involucran a estudiantes que representan a El Salvador en disciplinas con pruebas teóricas y prácticas.

El Programa Jóvenes Talento de El Salvador, financiado por el Ministerio de Educación y administrado por la UES, ofrece formación complementaria y especializada en Matemática, Física, Química, Biología, Astronomía y Ciencias de la Computación. Sus alumnos reciben clases durante la Academia Sabatina, que funciona en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, y los estudiantes con mejores resultados pueden integrar grupos de preparación para olimpiadas internacionales.

Una delegación ya participa en una olimpiada de matemáticas en Colombia

Mientras el equipo de química concluyó su participación en Brasil, otra delegación salvadoreña llegó a Bucaramanga, Colombia, para intervenir en la VI Olimpiada Panamericana Femenina de Matemáticas (PAGMO) 2026.

Las estudiantes hicieron una escala previa en Bogotá antes de trasladarse a la ciudad sede. La competencia reúne a participantes de distintos países de la región en pruebas centradas en la resolución de problemas matemáticos.

Jóvenes Talento de El Salvador informó que las alumnas ya se encuentran en Colombia para representar al país, el proceso se extiende hasta el 24 de octubre.

Estudiantes viajarán a Tailandia

El calendario internacional de los estudiantes salvadoreños continuará en noviembre con la participación de Diana Corvera y Diego Rivera en la V Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica Junior.

La competencia se celebrará del 1 al 8 de noviembre en Tailandia. Ambos jóvenes se preparan para representar a El Salvador en un certamen dirigido a estudiantes de nivel junior, con evaluaciones sobre astronomía y astrofísica.

La participación en Brasil, Colombia y Tailandia concentra durante estas semanas a delegaciones salvadoreñas en química, matemáticas y ciencias espaciales.

Un operativo conjunto de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada terminó con la captura de un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), a quien las autoridades vinculan con delitos de homicidio agravado, lesiones, daños y agrupaciones ilícitas.

La intervención ocurrió en San Luis Talpa, La Paz Oeste, según informó las autoridades policiales. La institución identificó al detenido como Raúl Vicente González Sosa, alias Chele, señalado como homeboy de la MS-13 y presunto extorsionista de la estructura criminal.

De acuerdo con la publicación oficial, González Sosa habría intentado ocultar los tatuajes relacionados con la pandilla. Sin embargo, la PNC sostuvo que sus registros lo perfilan como miembro de esa organización.

Las autoridades no brindaron detalles sobre las circunstancias en las que fue detenido el sujeto; sin embargo, González Sosa, no habría puesto resistencia tras ser interceptado por las autoridades policiales. La información difundida indica que será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.

Al menos cuatro delitos en su contra

La PNC atribuyó a González Sosa antecedentes por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, lesiones y daños. El homicidio agravado es uno de los delitos con mayores penas en la legislación salvadoreña y se aplica cuando existen circunstancias que aumentan la gravedad del hecho, como la participación de varias personas o una planificación previa.

El señalamiento por agrupaciones ilícitas se relaciona con la participación o colaboración dentro de estructuras criminales. En este caso, la Policía lo presenta como integrante de la MS-13, una de las pandillas que las autoridades salvadoreñas han declarado organizaciones terroristas.

El término homeboy se utiliza dentro de estas estructuras para referirse a miembros plenos de la pandilla. Según la PNC, alias Chele tenía tatuajes que lo vinculaban con el grupo, aunque habría tratado de ocultarlos para evitar su identificación durante la intervención.

La captura forma parte de los operativos que mantienen la Policía y la Fuerza Armada en distintas zonas del país. En estos despliegues, los agentes realizan controles de identidad, consultas en bases de datos policiales y verificaciones sobre órdenes de captura o antecedentes de las personas intervenidas.

Los operativos continúan bajo el régimen de excepción

El régimen de excepción entró en vigor el 27 de marzo de 2022, tras su aprobación por la Asamblea Legislativa, en respuesta a un aumento de homicidios atribuido por el Gobierno a las pandillas.

La medida permitió ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad para realizar capturas y mantener operativos en zonas consideradas de riesgo.

Dentro de esta estrategia, el Gobierno desplegó a la PNC y a la Fuerza Armada en comunidades urbanas y rurales, con patrullajes, cercos de seguridad y controles focalizados. Las autoridades también reforzaron las investigaciones para ubicar a personas acusadas de integrar, colaborar o financiar a grupos criminales.

La Presidencia ha señalado que el régimen busca desarticular las estructuras que durante años ejercieron control territorial y cometieron delitos como extorsiones, homicidios y amenazas contra comerciantes, transportistas y habitantes de distintas localidades.

En el caso de González Sosa, la PNC afirmó que la información obtenida en sus sistemas permitió confirmar su presunta vinculación con la MS-13. Tras su captura en San Luis Talpa, será puesto a disposición de las autoridades judiciales para que se defina su situación legal.

Las protestas de 48 horas convocadas en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, pusieron en el centro del debate la situación de obras y servicios que los movimientos comunitarios consideran pendientes desde hace años. La jornada contó con respaldo de comercios y con presencia de agentes policiales en distintos sectores de la ciudad.

La convocatoria fue mantenida por la Coalición de Movimientos Populares de Salcedo, que presentó peticiones a las autoridades ante problemas de infraestructura, saneamiento y recolección de residuos. Su vocero, Héctor Bloise, sostuvo que cerca del 90% de los establecimientos comerciales se sumó al paro durante su primer día.

El puente de La Caoba figura entre las obras pendientes

Una de las principales peticiones a las autoridades se refiere a la construcción del puente de La Caoba. De acuerdo con los organizadores, el inició de ese proyecto ocurrió hace cinco años, aunque la obra todavía no está terminada. La falta de esa infraestructura afecta los accesos viales y forma parte de los planteamientos expuestos durante la protesta.

También figura la paralización de los trabajos en la carretera de Palmarito. Los representantes de la coalición indicaron que las tareas llevan más de cuatro meses detenidas. La situación mantiene sin resolución una vía que las comunidades de la zona consideran necesaria para mejorar la conectividad.

Los problemas de movilidad y acceso aparecen entre las causas del paro. La protesta busca que las obras anunciadas o iniciadas tengan continuidad y que las autoridades establezcan plazos para su ejecución.

Las peticiones incluyen otros servicios básicos

La jornada también incluyó solicitudes vinculadas con los servicios básicos. Los movimientos populares pidieron mejoras en la recolección de basura y señalaron el deterioro del sistema cloacal en la parte baja de la ciudad.

Según la coalición, las deficiencias en esa red provocan el vertido de aguas residuales al río, una situación que los manifestantes incorporaron a las peticiones dirigidas a las autoridades. El planteamiento reúne problemas de saneamiento urbano con la necesidad de mantener en condiciones los espacios públicos y los cursos de agua cercanos.

Las solicitudes específicas vinculadas con el suministro de agua potable o el servicio eléctrico estuvieron presentes en las movilizaciones realizadas en San Francisco de Macorís, en la vecina provincia Duarte, donde organizaciones sociales mencionaron interrupciones de energía, costos del servicio y dificultades para acceder al agua.

Las protestas de ambas provincias coincidieron en pedidos relacionados con el funcionamiento de servicios públicos, el costo de vida y la demora en obras comunitarias. En Salcedo, las peticiones se concentraron en infraestructura vial, residuos, drenaje sanitario y el tratamiento de aguas residuales.

Medios locales señalaron que los transportistas se sumaron al paro, argumentando que el precio del combustible se encuentra elevado, por lo que piden a las autoridades tomar nuevas medidas para proteger a la población dominicana. De forma inmediata las autoridades no se han pronunciado sobre la situación; sin embargo, se espera establecer diálogo entre ambas partes.

Un operativo de búsqueda contra uno de los hombres señalados por varios crímenes, entre ellos el asesinato de un suboficial de la Policía Nacional, terminó con un intercambio de disparos en el sector Villa Liberación, en la provincia de San Juan. Las autoridades informaron que el sospechoso murió durante la intervención de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

El fallecido fue identificado como Randy Tejada Valdez, conocido como “El Cojo”. Según la Policía Nacional, era uno de los presuntos autores de la muerte del sargento mayor Pedro Luis Guerrero Ibis, asesinado durante un asalto en Santo Domingo Norte.

El caso se incorpora a una serie de muertes de personas buscadas por distintos delitos durante operativos policiales en las últimas semanas.

De acuerdo con la versión oficial, el sargento mayor Guerrero Ibis recibió un disparo mortal durante un asalto en el establecimiento Gallera y Bar Higüero Abajo, ubicado en el sector Higüero, de Santo Domingo Norte.

El agente se encontraba fuera de servicio cuando ocurrió el ataque. La Policía mantiene la búsqueda de las demás personas que habrían participado en ese hecho.

La institución identificó a Tejada Valdez como uno de los hombres requeridos por ese homicidio, aunque no precisó qué papel le atribuía en el asalto ni si existía una orden de arresto relacionada de forma directa con la muerte del suboficial.

Más de una orden de arresto pendiente

Sobre Tejada Valdez pesaba además la orden de arresto número 530-2024-EMES-00164, emitida por su presunta participación en la muerte de Desiderio Pantaleón Ureña, oficial retirado del Ejército de República Dominicana.

Pantaleón Ureña murió por heridas de bala el 27 de enero de 2024 en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte. El expediente de ese caso incluye acusaciones vinculadas con asociación de malhechores, robo y homicidio, conforme a varios artículos del Código Penal dominicano.

La Policía sostuvo que el hombre era buscado por su posible relación con otros delitos. Sin embargo, no ofreció detalles sobre esos expedientes ni informó si había otros sospechosos identificados.

La Policía informó que ocupó dos armas

El enfrentamiento ocurrió después de que una patrulla de la DICRIM localizara a Tejada Valdez en Villa Liberación, según el informe preliminar de la institución.

Durante el procedimiento, los agentes ocuparon una pistola y un arma de fabricación artesanal que atribuyeron al fallecido. La Policía no informó el calibre de la pistola, si las armas estaban registradas ni si fueron enviadas a peritaje.

Tampoco comunicó si algún miembro de la patrulla resultó herido durante el operativo. Las autoridades no detallaron cuánto tiempo llevaba el hombre en San Juan ni las circunstancias previas al intercambio de disparos.

Las muertes en operativos policiales aumentaron en los últimos meses

El hecho ocurrió durante un período de aumento de muertes en intervenciones de la Policía Nacional. En septiembre se registraron 55 fallecimientos en presuntos intercambios de disparos, según los conteos publicados sobre esos casos.

Hasta el 13 de octubre, al menos 20 personas habían muerto en hechos similares. Las autoridades señalaron en varios de esos expedientes que los fallecidos eran buscados por homicidios, robos armados, asaltos y despojos de motocicletas.

La muerte de Tejada Valdez se produjo el martes 20 de octubre. La investigación por el asesinato del sargento mayor Guerrero Ibis continúa abierta y la Policía mantiene la búsqueda de otros implicados.

La detección de una embarcación con decenas de personas a bordo en el Canal de la Mona activó un operativo de la Guardia Costera de Estados Unidos en una ruta marítima marcada por los riesgos de los viajes irregulares entre la República Dominicana y Puerto Rico.

El resultado fue la repatriación de 63 migrantes a la República Dominicana, luego de que las autoridades interceptaran el bote en aguas al noroeste de Aguadilla.

Otros tres pasajeros quedaron bajo custodia federal por una investigación vinculada con un presunto intento de reingreso ilegal a Estados Unidos.

La Guardia Costera informó sobre el procedimiento realizado por la tripulación del buque Winslow Griesser.

Un avión detectó el bote a 130 kilómetros de Aguadilla

La embarcación fue localizada por una aeronave de la Guardia Costera a unas 70 millas náuticas, cerca de 130 kilómetros, de la costa de Aguadilla, en el oeste de Puerto Rico, señaló una publicación de EFE. Tras el aviso, el Winslow Griesser se dirigió al lugar e interceptó el bote.

Según las autoridades, la nave tenía unos nueve metros de eslora y transportaba a un número de pasajeros superior a su capacidad. La Guardia Costera señaló que el estado del bote y la cantidad de personas a bordo suponían un riesgo para quienes intentaban cruzar el canal, una zona de mar abierto .

Los guardacostas llevaron a los 66 pasajeros a bordo de su embarcación. Del total, 59 personas afirmaron ser de nacionalidad dominicana: 55 hombres y cuatro mujeres. Los otros siete pasajeros, seis hombres y una mujer, declararon ser ciudadanos haitianos.

La Armada dominicana recibió a 63 de los pasajeros

Una vez finalizado el operativo, la tripulación estadounidense entregó a 63 migrantes a dos embarcaciones de la Armada de la República Dominicana. La transferencia se realizó en el mar, como parte del proceso de repatriación coordinado entre las autoridades de ambos territorios.

Los tres pasajeros restantes permanecen bajo custodia federal. La Guardia Costera indicó que las autoridades investigan su situación migratoria y que enfrentan cargos por intento de reingreso ilegal a Estados Unidos.

No se difundieron las identidades de los detenidos ni se precisó si habían sido deportados previamente. Tampoco se informó si los tres formaban parte de la misma organización que coordinó la travesía del resto de los migrantes.

El operativo ocurrió semanas después de un naufragio cerca de Mona

La interdicción tuvo lugar menos de un mes después de otro hecho registrado cerca de la isla de Mona, en la misma ruta marítima. A finales de septiembre, una embarcación con 64 migrantes volcó después de una pelea a bordo, durante la cual varias personas sufrieron heridas con machete.

En ese caso, la Guardia Costera rescató a 49 personas y recuperó los cuerpos de tres ciudadanos dominicanos. Además, una docena de pasajeros continuaba desaparecida tras el naufragio.

A principios de octubre, tres ciudadanos dominicanos fueron acusados en Puerto Rico por su presunta participación en aquella operación de tráfico marítimo de personas. Las autoridades mantienen vigilancia aérea y marítima en el Canal de la Mona, donde suelen interceptar embarcaciones utilizadas para viajes irregulares hacia Puerto Rico.

La noche de regreso a casa después de preparar un proyecto escolar terminó con la muerte de un estudiante de 17 años en un accidente de tránsito en Sonsonate Oeste. El hecho ocurrió en el kilómetro 82 de la carretera que comunica Sonsonate con Acajutla, donde el automóvil en el que viajaban varios menores chocó contra la parte trasera de una rastra estacionada sobre el hombro de la vía.

La víctima fue identificada como Owen Morales, alumno de primer año de Sistemas Eléctricos del Instituto Nacional de Acajutla (INA).

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el adolescente regresaba junto a sus compañeros después de trabajar en una tarea para la feria de logros programada para este martes.

Morales también formaba parte de la Tiburones Music Band, agrupación municipal de Acajutla. El accidente ocurrió durante la noche del lunes 19 de octubre, horas antes de la jornada escolar en la que los estudiantes debían presentar el proyecto que preparaban.

Dos personas fueron detenidas tras el choque

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el conductor del sedán era Jeremy Adonay Ponce Calderón, de 16 años. Según el reporte policial, el adolescente perdió el control del vehículo y chocó contra la parte posterior de la rastra.

La corporación indicó que Ponce Calderón permaneció en el lugar después del impacto y fue detenido. Junto con él viajaban Owen Morales y otro menor de edad, quien sufrió lesiones y fue trasladado a un centro asistencial.

Según declaraciones de los menores, un perro se habría cruzado en la vía, el conductor intentó esquivar al animal, realizó una maniobra y luego impactó contra el vehículo de carga. Las autoridades no precisaron si ese elemento forma parte de la investigación policial.

También fue detenido Luis Nolberto Aldana Rodríguez, de 42 años, quien conducía la rastra que permanecía estacionada en el hombro de la carretera. La PNC afirmó que ambos serán remitidos por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

El caso quedó bajo investigación para establecer las condiciones en las que permanecía estacionada la rastra y determinar las responsabilidades de los dos detenidos. La muerte del menor ocurrió dentro del automóvil, donde quedó atrapado tras la colisión.

Un motociclista también murió en Ciudad Arce

La mañana de este martes 20 de octubre, los reportes oficiales y de cuerpos de socorro también dieron cuenta de otra muerte en las carreteras salvadoreñas. Un motociclista falleció cerca de la medianoche en el kilómetro 36.5 de la carretera Panamericana, en la jurisdicción de Ciudad Arce.

Cruz Verde Salvadoreña, seccional Zapotitán, informó que el hecho ocurrió en el sentido de la carretera que conduce hacia Santa Ana. Hasta las primeras horas de este martes no se habían divulgado la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre los vehículos involucrados.

Otro motociclista resultó lesionado durante la madrugada en el bulevar Venezuela, en San Salvador. El accidente ocurrió en el sector del barrio Lourdes y el herido fue trasladado a un centro asistencial luego de recibir atención en el lugar.

La PNC sostuvo que las dos capturas por el accidente de Sonsonate se relacionan con la muerte de Owen Morales y las lesiones sufridas por otro adolescente. Ambos detenidos deberán ser puestos a disposición de las autoridades judiciales.

La próxima zafra azucarera de República Dominicana se desarrollará bajo un esquema que pone el abastecimiento interno en el centro de la política económica. El Gobierno fijó reglas para distribuir la producción, controlar las exportaciones y habilitar importaciones si el mercado local enfrenta una falta de azúcar.

El presidente Luis Abinader promulgó el Decreto 719-26, que establece las normas para la zafra 2026-2027. La disposición define cómo deberán actuar los ingenios, las empresas productoras y el Instituto Azucarero Dominicano (Inazucar) ante la demanda nacional y los compromisos comerciales con otros países.

La medida alcanza la producción de azúcar del nuevo ciclo y los excedentes disponibles de la zafra anterior. El objetivo es que esos volúmenes cubran primero el consumo de la población dominicana antes de destinar partidas a las ventas internacionales.

El mercado local tendrá prioridad en la distribución del azúcar

El decreto dispone que los ingenios deberán separar de la producción total las cantidades necesarias para atender la demanda local. Solo después de garantizar el suministro interno podrán cumplir con las cuotas de exportación y los contratos acordados con compradores extranjeros.

La prioridad para el mercado nacional busca dar previsibilidad al consumo interno y reducir el riesgo de desabastecimiento. En un producto de uso cotidiano, la disponibilidad local depende de la capacidad de los productores, de los inventarios de ciclos anteriores y de la supervisión oficial sobre los destinos de la producción.

Las empresas azucareras podrán desarrollar sus programas de molienda y fabricación de acuerdo con sus proyecciones. Sin embargo, esos planes deberán ajustarse a las obligaciones de suministro establecidas por el Estado y a las cuotas autorizadas para las exportaciones.

El esquema también contempla una respuesta ante un posible faltante. Si la producción local y las reservas no resultan suficientes, Inazucar podrá emitir licencias para la importación de azúcar. Esa facultad busca complementar la oferta disponible y sostener el abastecimiento del mercado dominicano.

El Estado reforzará el control sobre las exportaciones

El decreto establece que ningún embarque de azúcar, melaza o subproductos podrá salir del país sin un permiso de Inazucar. El organismo estatal concentrará las autorizaciones para supervisar el volumen y el destino de los envíos al exterior.

La norma incluye los Certificados de Elegibilidad sobre Cuota (CQE), que permiten ingresar azúcar al mercado de Estados Unidos dentro de los mecanismos comerciales vigentes. Estos documentos solo podrán entregarse a ingenios y empresas productoras autorizadas.

La disposición prohíbe que los certificados sean emitidos a favor de terceros sin habilitación. Con ese criterio, el Ejecutivo busca que las cuotas de exportación estén relacionadas con los productores reconocidos y que las operaciones se ajusten a las condiciones fijadas para el sector.

Para los ingenios, la regulación define procedimientos sobre los mercados externos y las obligaciones de información. El cumplimiento de esas reglas será determinante para conservar el acceso a las cuotas en futuras zafras.

Las empresas deberán informar cada venta internacional

Las compañías azucareras tendrán que notificar a Inazucar las ventas realizadas en Estados Unidos, la Unión Europea y otros destinos dentro de los ocho días posteriores a cada operación. También deberán presentar una copia fiel del contrato dentro de los ocho días hábiles desde su recepción.

Las empresas deberán entregar el certificado de cantidad, polarización y materias extrañas dentro de los tres días hábiles posteriores a recibir el informe de desembarque. Esos documentos permitirán al organismo estatal verificar las características y el volumen del azúcar enviado al exterior.

Además, los ingenios deberán comunicar cada mes cualquier modificación en sus estimaciones de producción o en el cumplimiento de sus cuotas. Si una empresa prevé un déficit y no lo informa a tiempo, el Poder Ejecutivo podrá aplicar una reducción proporcional de su cuota para la siguiente zafra.

El Decreto 719-26 regirá la producción y comercialización de azúcar durante el período 2026-2027, con controles sobre el abastecimiento interno, las importaciones y el acceso de los productores a los mercados internacionales.

Cuando viajó desde León para visitar a sus familiares palestinos, Samer Samir Alwazir González esperaba regresar a Nicaragua después de unas semanas. Cinco años más tarde, afirma que permanece atrapado en la Franja de Gaza por la guerra, lejos de la ciudad donde creció.

Samer, de madre nicaragüense y padre palestino, llegó a Gaza en 2021, después de graduarse en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León). El viaje coincidió con la boda de uno de sus hermanos y con el reencuentro con la familia de su padre. Según su testimonio, difundido en videos de TikTok desde la cuenta “Soy Samer”, su estancia quedó alterada por el inicio de la guerra en 2023.

“Viajé antes de la guerra y quedé atrapado como 2 millones de personas”, expresó en uno de los videos que circulan en esa red social. Su relato describe una vida marcada por los bombardeos, los desplazamientos y la dificultad de abandonar un territorio con severas restricciones de movilidad.

¿Qué le impide viajar?

El joven explica que su pasaporte nicaragüense no le garantiza una salida inmediata de Gaza. “Nicaragua, mi gente. Literalmente estoy atrapado. Aquí no hay aeropuertos y hay un bloqueo fronterizo”, señaló en TikTok.

Samer sostiene que para regresar necesita una autorización de las autoridades israelíes y que ese trámite puede prolongarse. “Para yo poder regresar a Nicaragua, literalmente, necesito ser aceptado por lo que es el gobierno de Israel. Y ese proceso de aceptación lleva meses, incluso puede llevar años”, afirmó.

No hay información pública en el testimonio sobre una eventual solicitud formal ante autoridades nicaragüenses ni sobre gestiones consulares relacionadas con su caso.

Sus declaraciones se conocen a través de grabaciones personales difundidas en redes sociales en las que ha buscado apelar a la ayuda de las autoridades nicaragüenses sin obtener una respuesta satisfactoria.

En sus publicaciones, Samer muestra edificios destruidos, zonas afectadas por ataques y momentos de la vida cotidiana junto a su familia. También habla de la falta de alimentos, la imposibilidad de trabajar y los continuos traslados que ha experimentado.

“Por supuesto que no estoy bien. Llevo tres años sobreviviendo con mi familia, corriendo de un lugar para el otro, dejando nuestra ropa atrás, sin trabajar, sin comer, viendo a las personas morir”, dijo en uno de los videos.

El 10 de octubre, según relató, sobrevivió a un bombardeo que impactó a menos de 20 metros del lugar donde se encontraba. Dijo que estaba en el segundo piso de un edificio y que se lanzó al suelo al escuchar la explosión. “Por mucho que vivas este tipo de situaciones, uno no se puede acostumbrar”, afirmó.

Días después, publicó otra grabación en la que describió una noche de ataques como una de las peores que había vivido durante su permanencia en Gaza.

La situación de Gaza continúa marcada por la destrucción de infraestructura, el desplazamiento de la población y la dependencia de la ayuda humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos informó el 19 de octubre que redujo su asistencia por falta de fondos: pasó de atender a 1,6 millones de personas a 1,1 millones.

El organismo estimó que 1,4 millones de habitantes de Gaza enfrentan inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o superiores.

“Por los momentos seguiré tratando de sobrevivir, seguiré tratando de documentar lo que está pasando aquí”, manifestó. Mientras tanto, insiste en su deseo de volver a casa y reunirse otra vez con la parte nicaragüense de su familia.

Cuando viajó desde León para visitar a sus familiares palestinos, Samer Samir Alwazir González esperaba regresar a Nicaragua después de unas semanas. Cinco años más tarde, afirma que permanece atrapado en la Franja de Gaza por la guerra, lejos de la ciudad donde creció.

Samer, de madre nicaragüense y padre palestino, llegó a Gaza en 2021, después de graduarse en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León). El viaje coincidió con la boda de uno de sus hermanos y con el reencuentro con la familia de su padre. Según su testimonio, difundido en videos de TikTok desde la cuenta “Soy Samer”, su estancia quedó alterada por el inicio de la guerra en 2023.

“Viajé antes de la guerra y quedé atrapado como 2 millones de personas”, expresó en uno de los videos que circulan en esa red social. Su relato describe una vida marcada por los bombardeos, los desplazamientos y la dificultad de abandonar un territorio con severas restricciones de movilidad.

¿Qué le impide viajar?

El joven explica que su pasaporte nicaragüense no le garantiza una salida inmediata de Gaza. “Nicaragua, mi gente. Literalmente estoy atrapado. Aquí no hay aeropuertos y hay un bloqueo fronterizo”, señaló en TikTok.

Samer sostiene que para regresar necesita una autorización de las autoridades israelíes y que ese trámite puede prolongarse. “Para yo poder regresar a Nicaragua, literalmente, necesito ser aceptado por lo que es el gobierno de Israel. Y ese proceso de aceptación lleva meses, incluso puede llevar años”, afirmó.

No hay información pública en el testimonio sobre una eventual solicitud formal ante autoridades nicaragüenses ni sobre gestiones consulares relacionadas con su caso.

Sus declaraciones se conocen a través de grabaciones personales difundidas en redes sociales en las que ha buscado apelar a la ayuda de las autoridades nicaragüenses sin obtener una respuesta satisfactoria.

En sus publicaciones, Samer muestra edificios destruidos, zonas afectadas por ataques y momentos de la vida cotidiana junto a su familia. También habla de la falta de alimentos, la imposibilidad de trabajar y los continuos traslados que ha experimentado.

“Por supuesto que no estoy bien. Llevo tres años sobreviviendo con mi familia, corriendo de un lugar para el otro, dejando nuestra ropa atrás, sin trabajar, sin comer, viendo a las personas morir”, dijo en uno de los videos.

El 10 de octubre, según relató, sobrevivió a un bombardeo que impactó a menos de 20 metros del lugar donde se encontraba. Dijo que estaba en el segundo piso de un edificio y que se lanzó al suelo al escuchar la explosión. “Por mucho que vivas este tipo de situaciones, uno no se puede acostumbrar”, afirmó.

Días después, publicó otra grabación en la que describió una noche de ataques como una de las peores que había vivido durante su permanencia en Gaza.

La situación de Gaza continúa marcada por la destrucción de infraestructura, el desplazamiento de la población y la dependencia de la ayuda humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos informó el 19 de octubre que redujo su asistencia por falta de fondos: pasó de atender a 1,6 millones de personas a 1,1 millones.

El organismo estimó que 1,4 millones de habitantes de Gaza enfrentan inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o superiores.

“Por los momentos seguiré tratando de sobrevivir, seguiré tratando de documentar lo que está pasando aquí”, manifestó. Mientras tanto, insiste en su deseo de volver a casa y reunirse otra vez con la parte nicaragüense de su familia.

Al menos 78 salvadoreños, entre militares y policías, se encontrarían en Haití como parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), según cifras oficiales.

Dentro de ese contingente participa la Fuerza de Tarea Libertad II de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), cuya intervención quedó bajo atención luego de que cuatro aerotécnicos desaparecieran tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe.

La cifra incluye a ocho especialistas en aviación que llegaron en enero de 2025 y a un grupo posterior de 70 efectivos, datos que circularon tras la aprobación de la Asamblea Legislativa para la participación de salvadoreños en dicha misión.

La FAES no ha divulgado una actualización oficial sobre el número de integrantes que permanecen actualmente en territorio haitiano ni sobre la composición precisa de la Fuerza de Tarea Libertad II.

La Fuerza de Supresión de Pandillas es una misión internacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para apoyar a Haití ante la expansión de los grupos armados. Sustituyó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que estuvo encabezada por Kenia.

La GSF tiene el mandato de respaldar a la Policía Nacional de Haití, realizar operaciones contra organizaciones criminales y contribuir a restablecer condiciones de seguridad en zonas afectadas por la violencia. La ONU autorizó una fuerza de hasta 5,550 uniformados y más de 50 civiles, aunque el despliegue permanece por debajo de ese objetivo.

Según informó Noticias ONU el 19 de octubre, la misión contaba con 1,563 integrantes uniformados desplegados hasta el 12 de octubre. Los contingentes proceden de Chad, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia y Sri Lanka. La operación inició formalmente el 1 de junio y su mandato se extiende hasta marzo de 2027.

La Fuerza de Tarea Libertad II aporta aeronaves y personal técnico

La participación salvadoreña se centró en evacuaciones médicas, traslado de heridos y protección de aeronaves, vehículos y otros recursos de la misión internacional. La Fuerza de Tarea Libertad II opera con helicópteros y personal especializado en aviación.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva ley transitoria que autorizó la continuidad de la FAES en Haití por 12 meses, hasta octubre de 2027. La normativa amplió las funciones permitidas para el contingente.

El nuevo marco legal autoriza el despliegue de aeronaves equipadas para tareas específicas, recursos de protección y personal civil o militar conforme a las necesidades operativas de la GSF.

Las capacidades aéreas tienen un papel relevante debido a las restricciones de movilidad en Haití. Las pandillas controlan sectores urbanos y vías de acceso, levantan bloqueos y atacan vehículos, lo que afecta tanto a los residentes como a las fuerzas de seguridad y a las organizaciones humanitarias.

Cuatro aerotécnicos desaparecieron tras un ataque en Croix-des-Bouquets

El 18 de octubre, cuatro aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II fueron emboscados cuando regresaban a su campamento en un vehículo blindado. El ataque ocurrió en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe.

La FAES informó que los agresores emplearon armas de fuego y explosivos. El blindado fue alcanzado, se incendió y los cuatro militares lograron salir de la unidad. Las autoridades salvadoreñas no han confirmado su ubicación desde entonces.

Helicópteros de la FAES acudieron al área para brindar apoyo, pero también recibieron disparos. La institución señaló que los intentos de aproximación por tierra y aire se vieron limitados por los enfrentamientos y las condiciones de seguridad.

Según EFE, los restantes integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II trabajan junto con el mando de la GSF y otros contingentes internacionales para establecer contacto y determinar el paradero de los aerotécnicos.

La desaparición de cuatro militares salvadoreños en una zona bajo influencia de grupos armados volvió a mostrar el alcance de la violencia de las pandillas en Haití, un país donde barrios enteros, carreteras y actividades económicas están sometidos a estructuras criminales que han debilitado al Estado y han puesto a la población civil entre el fuego cruzado.

Los aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II, integrados a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), fueron atacados el domingo 18 de octubre en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe. La Fuerza Armada de El Salvador informó que viajaban de regreso a su campamento en un vehículo blindado, que fue alcanzado por disparos y explosivos antes de incendiarse.

Los cuatro lograron salir del vehículo, pero desde entonces no se conoce su ubicación. Las operaciones de búsqueda por tierra y aire han enfrentado obstáculos por los enfrentamientos armados en la zona. Versiones difundidas por medios locales señalaron que el grupo habría cambiado su ruta para “buscar una tienda” y que “usaba Google Maps” para ubicarse.

El diario Le Nouvelliste informó, con base en dos fuentes gubernamentales haitianas, que los militares habrían sido “secuestrados” por integrantes de la banda Chèn Méchan. Dos días después no se ha podido confirmar su paradero o si se encuentran con vida.

La emboscada contra los salvadoreños expuso los riesgos que enfrentan las fuerzas internacionales en un territorio donde las pandillas conservan capacidad de ataque, controlan corredores estratégicos y desafían a las instituciones haitianas.

Santo está dentro de una franja disputada por grupos armados

Santo forma parte de la planicie de Cul-de-Sac, una zona estratégica del área metropolitana de Puerto Príncipe. Su ubicación conecta la capital con rutas hacia el centro y el este de Haití, así como con corredores que conducen hacia la frontera con República Dominicana.

El control de estas vías permite a las pandillas instalar retenes ilegales, atacar vehículos, exigir pagos a comerciantes y transportistas, mover armas, municiones entre otras mercancías. En ese entorno operan grupos como 400 Mawozo, Chèn Méchan, Canaan, Tokyo y Kraze Baryè.

400 Mawozo, liderada por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, mantiene presencia en Croix-des-Bouquets y en rutas cercanas a la frontera. La banda ha sido vinculada con secuestros colectivos, extorsiones y ataques a transportistas. Chèn Méchan controla sectores de Santo, Marin y Shadda, mientras que Canaan ha extendido su influencia sobre áreas de la planicie de Cul-de-Sac.

Kraze Baryè, dirigida por Vitelhomme Innocent, opera principalmente en Tabarre y zonas cercanas. Su líder fue acusado por Estados Unidos de participar en el secuestro de 17 misioneros en 2021 junto con integrantes de 400 Mawozo.

De grupos electorales a estructuras armadas

Las pandillas haitianas comenzaron a ganar fuerza hace cerca de dos décadas en barrios de Puerto Príncipe como La Saline, Fort Touron y Cité Soleil. Su expansión se aceleró después de 2011, cuando jóvenes desempleados fueron reclutados por dirigentes políticos y candidatos para tareas de intimidación y control electoral.

Tras recibir armas, dinero y protección, muchos de esos grupos mantuvieron sus redes una vez terminados los procesos políticos. Otros fueron financiados por sectores económicos que buscaban proteger negocios o imponer control en zonas de interés comercial.

Con el paso de los años, esas bandas dejaron de depender exclusivamente de sus patrocinadores iniciales. Hoy obtienen recursos a través de secuestros, extorsiones, peajes ilegales, tráfico de armas, municiones y drogas. En barrios bajo su dominio, comerciantes, transportistas, vendedores ambulantes y residentes deben pagar para trabajar o circular.

Antiguos rivales se convirtieron en aliados

La principal alianza criminal del país es Viv Ansanm, creada en 2024 por Jimmy Chérizier, alias Barbecue. La coalición reúne a grupos que antes integraban G9 y G-Pép, dos bloques rivales que se disputaron durante años el control de Puerto Príncipe.

Chérizier dirige una estructura armada en Delmas 4 y enfrenta sanciones internacionales. Estados Unidosofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que permita detenerlo.

Más de 5,700 personas murieron o resultaron heridas entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de este año, mientras que se documentaron más de 230 secuestros y más de mil agresiones sexuales contra mujeres y niñas, según datos recogidos por EFE.

El territorio salvadoreño enfrentará este martes lluvias y tormentas con ráfagas de viento que podrían superar los 40 kilómetros por hora (km/h), en una jornada marcada por la influencia de una vaguada ubicada al noroccidente de Centroamérica y el ingreso de vientos del noreste.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé precipitaciones en distintos puntos del país, con mayor presencia en la cordillera volcánica y la zona norte.

Hacia el final del día, las lluvias podrían extenderse a varios departamentos del centro, occidente y oriente, entre ellos La Unión, San Miguel, Cabañas, San Vicente, Cuscatlán, San Salvador, La Libertad y Sonsonate.

La combinación de humedad, flujo del este y un sistema de alta presión situado al noreste de Texas, Estados Unidos, favorecerá la formación de nubosidad y tormentas. El viento tendrá velocidades entre 10 y 20 km/h, aunque las tormentas podrían generar ráfagas de mayor intensidad.

El ambiente se mantendrá cálido durante el día, mientras que en la noche y madrugada se esperan condiciones más frescas. El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) figura entre las zonas donde podrían registrarse lluvias durante la noche, de acuerdo con el pronóstico oficial.

El Observatorio de Amenazas mantiene alerta por inundaciones y deslizamientos

El Observatorio de Amenazas advirtió que las lluvias intensas pueden provocar afectaciones que interrumpan actividades y comprometan la movilidad en sectores expuestos. La vigilancia se concentra en áreas con antecedentes de acumulación de agua, crecidas repentinas y deslizamientos.

Las autoridades señalaron la posibilidad de inundaciones urbanas y crecidas súbitas en La Libertad y La Paz, debido a la persistencia de precipitaciones. Estas condiciones podrían ocasionar daños temporales en infraestructura y complicaciones para la circulación vehicular y peatonal, en especial en zonas cercanas a quebradas, ríos y drenajes.

Durante las últimas horas también permanece en vigilancia la cordillera montañosa de Morazán, donde las lluvias podrían generar deslizamientos y caída de rocas. El distrito de Santa Rosa de Lima aparece entre los sectores con posibilidad de afectaciones leves sobre comunidades y carreteras ubicadas en áreas de pendiente.

La advertencia se suma al escenario previsto por el MARN para este martes, con tormentas eléctricas y lluvias de mayor organización en zonas altas y del norte del país, antes de que la actividad se desplace hacia otros puntos del territorio.

¿Qué se espera en los próximos meses?

El MARN prevé que la temporada de lluvias dé paso de forma gradual a condiciones más secas durante la transición lluviosa-seca, período que comenzó el 17 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre. A partir del 14 de noviembre iniciará la estación seca en El Salvador, que se mantendrá hasta abril de 2027, aunque durante la transición todavía pueden registrarse lluvias aisladas o episodios asociados a sistemas atmosféricos que influyan en la región.

La Universidad de El Salvador (UES) presentó una actualización sobre las perspectivas climáticas asociadas al fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). El informe, basado en pronósticos del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia, indica que los modelos proyectan un evento de El Niño muy fuerte durante el período 2026-2027.

Para comprender este escenario, El Niño es un fenómeno que modifica la temperatura del océano Pacífico y altera los patrones de lluvia y temperatura en distintos países. En el caso salvadoreño, la UES prevé que entre noviembre de 2026 y enero de 2027 las lluvias se ubiquen entre 40% y 50% por debajo de lo normal.

El documento también estima temperaturas entre 50% y 70% por encima de los valores habituales para ese mismo trimestre. La proyección coincide con la actual transición de la estación lluviosa a la seca en El Salvador, que comenzó el 17 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre.