La gestión de los bosques de Panamá entrará en una etapa de planificación a largo plazo, con propuestas para actualizar la legislación y orientar el aprovechamiento de los recursos naturales.

Las recomendaciones surgieron de la primera Semana Forestal, celebrada con participación internacional, y servirán como insumo para el Plan Maestro de Desarrollo Forestal 2026–2056.

El encuentro reunió a especialistas de Portugal, Brasil, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y México, además de investigadores, funcionarios, empresas y representantes indígenas.

La discusión abordó cómo proteger los ecosistemas sin desaprovechar su potencial económico, mediante decisiones sustentadas en investigación, participación comunitaria y mecanismos de inversión.

La iniciativa fue organizada por el Ministerio de Ambiente, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Forest Stewardship Council. Entre sus objetivos estuvo identificar cambios que permitan fortalecer la gobernanza forestal y modernizar las reglas aplicables a la conservación y al uso sostenible de los bosques panameños.

Sandra Sharry, directora del Sistema Nacional de Investigación de la Senacyt, explicó que las mesas de trabajo produjeron recomendaciones concretas para fortalecer tanto el plan maestro como la futura legislación.

Las propuestas se organizaron alrededor de cuatro ámbitos: gobernanza, investigación, participación territorial y mercados, con atención al financiamiento de las actividades forestales.

Carlos Espinosa, director nacional Forestal de MiAMBIENTE, sostuvo que las decisiones deben apoyarse en evidencia científica y en una gestión responsable de los recursos. El funcionario destacó la necesidad de articular al sector público con empresas, investigadores y comunidades para construir una política forestal que trascienda los períodos de gobierno.

La discusión ocurre en un contexto de pérdida significativa de cobertura forestal. El Diagnóstico de Bosques y Otras Tierras Boscosas 2023, divulgado por MiAMBIENTE en agosto de 2024, identificó 352.873 hectáreas perdidas en apenas dos años, con afectaciones importantes en Veraguas, Darién y Coclé.

El contraste resulta relevante porque el Mapa de Cobertura Boscosa y Uso de Suelo 2021 había establecido que los bosques y otras tierras boscosas representaban aproximadamente el 68% del territorio nacional. Ese registro constituye una referencia anterior al diagnóstico de pérdidas, por lo que no debe interpretarse como una medición actualizada de 2026.

El Ministerio de Ambiente también reconoce que la expansión de las actividades agropecuarias constituye una presión sobre los ecosistemas forestales. Entre sus metas para 2024–2028 figura desarrollar una estrategia de financiamiento para conservar los servicios ambientales, junto con medidas de restauración y adaptación climática que requieren información científica y recursos económicos.

Durante la clausura, Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, señaló que Panamá alberga alrededor del 5% de la biodiversidad mundial, según la estimación presentada en el encuentro. Planteó que semejante patrimonio natural requiere investigación propia, herramientas tecnológicas y profesionales especializados, además de recursos públicos para su conservación.

El funcionario también defendió la necesidad de ampliar el financiamiento nacional para investigaciones sobre biodiversidad. Explicó que la Senacyt continuará respaldando proyectos forestales mediante convocatorias científicas y oportunidades de formación, incluidas becas de posgrado y doctorado para especialistas interesados en estudiar los ecosistemas del país.

Otro componente del encuentro fue la búsqueda de alternativas económicas compatibles con la conservación. Las mesas sobre mercados, inversión y bioeconomía analizaron mecanismos para financiar actividades forestales sostenibles, mientras la Senacyt impulsa una estrategia nacional de bioeconomía orientada a convertir el conocimiento científico en oportunidades productivas.

La participación indígena también ocupó un espacio dentro de las propuestas de gobernanza territorial. Durante las actividades se entregaron certificaciones a comunidades de las comarcas Emberá Wounaan, Wargandí y Madugandí, como reconocimiento a su compromiso con el manejo sostenible y la conservación de los recursos forestales.

La agenda incluyó una feria de pósteres donde estudiantes, docentes y profesionales presentaron investigaciones y experiencias de campo. Este intercambio permitió incorporar trabajos científicos y técnicos a las discusiones, con el propósito de vincular la formación académica con los desafíos forestales que enfrenta Panamá.

Las recomendaciones serán insumos para el Plan Maestro de Desarrollo Forestal 2026–2056 y la reforma de la Ley Forestal. Su incorporación dependerá de los procesos institucionales posteriores, en un país donde la conservación, la deforestación y el aprovechamiento económico plantean decisiones para las próximas tres décadas.

La Asamblea Nacional retomó la ampliación de los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores con la aprobación en primer debate del proyecto de ley 746.

La nueva iniciativa revisa varios beneficios y contempla mecanismos de compensación para los comercios, después de que el presidente José Raúl Mulino objetara una propuesta similar.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, presidida por Crispiano Adames, aprobó el proyecto tras modificar, eliminar e incorporar artículos durante su discusión. El documento deberá superar el segundo y tercer debate legislativo antes de ser remitido al Ejecutivo para su eventual sanción y promulgación.

El antecedente es el proyecto 226, aprobado por la Asamblea en agosto de 2026, que fue objetado totalmente por Mulino el 20 de septiembre. El mandatario invocó razones de inconveniencia e inexequibilidad, en medio de cuestionamientos sobre las obligaciones económicas que las nuevas rebajas impondrían a distintos sectores.

La comparación de las iniciativas muestra una reducción de algunos porcentajes originalmente propuestos. El proyecto 226 contemplaba inicialmente descuentos del 35% en restaurantes y establecimientos de comida rápida, mientras que el texto presentado del 746 establece una rebaja del 25% sobre el consumo individual, incluidas las franquicias nacionales e internacionales.

En medicamentos, el nuevo documento presentado contempla un descuento del 25% sobre el precio de venta, mientras que el proyecto anterior había planteado porcentajes superiores durante su tramitación. La propuesta también incorpora beneficios específicos para tratamientos oncológicos, incluidos medicamentos, procedimientos e insumos relacionados con la atención de pacientes con cáncer.

Los servicios médicos forman parte de los beneficios que se busca ampliar o actualizar. El proyecto 746 contempla descuentos del 25% en consultas generales y especializadas, 20% en exámenes de laboratorio y 30% en servicios radiológicos y determinados tratamientos oncológicos, según las condiciones previstas en su articulado.

En electricidad, la iniciativa establece una rebaja del 30% para consumos residenciales de hasta 600 kilovatios hora, frente al límite de 700 contemplado en el proyecto anterior. También propone descuentos del 30% en agua, telefonía e internet, sujetos a requisitos relacionados con los contratos y los límites de facturación.

Otros beneficios incluyen rebajas en pañales desechables, productos de higiene y equipos de movilidad, así como descuentos en servicios funerarios y tasa de aseo. El documento incorpora además incentivos para adaptar las viviendas a las necesidades de accesibilidad, especialmente en instalaciones destinadas a mejorar la seguridad y el desplazamiento.

Una diferencia relevante es la creación de un mecanismo para compensar económicamente a las microempresas que otorguen los descuentos. El proyecto propone establecer un fideicomiso destinado a reembolsar hasta el 100% de los beneficios debidamente facturados por negocios inscritos y acreditados ante la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La propuesta también contempla el reconocimiento tributario de los descuentos concedidos por los establecimientos y mecanismos de fiscalización para verificar su aplicación. En la administración y supervisión del sistema participarían la Ampyme, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, conforme a las disposiciones que se establezcan.

Estas modificaciones buscan responder a las preocupaciones expresadas por gremios empresariales durante la discusión del proyecto 226, posteriormente objetado por el Ejecutivo. En aquel debate, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá cuestionó el aumento de los descuentos obligatorios y sus posibles consecuencias para las actividades económicas.

La Asociación Panameña de Hoteles también advirtió sobre el impacto de ampliar las rebajas y las dificultades para deducirlas fiscalmente. Representantes del sector farmacéutico expresaron inquietudes sobre los márgenes de ganancia y la sostenibilidad de los establecimientos, especialmente de los pequeños negocios obligados a conceder beneficios adicionales.

Durante la discusión de aquella propuesta, el Consejo Nacional de la Empresa Privada solicitó una evaluación técnica de las medidas, mientras la Asociación Bancaria de Panamá planteó preocupaciones sobre sus posibles efectos en el acceso al crédito. El Ministerio de Economía y Finanzas también advirtió sobre las implicaciones fiscales de los descuentos.

Las diferencias llevaron a revisar las disposiciones y buscar mecanismos de compensación para los comercios, mediante conversaciones entre representantes empresariales, organizaciones de jubilados y autoridades. Adames destacó que la nueva discusión incorporó una mesa técnica para conciliar los intereses económicos y sociales involucrados.

Con el avance del proyecto 746, queda pendiente conocer la evaluación del sector privado sobre los cambios introducidos, particularmente los porcentajes de descuento y el mecanismo de compensación.

La reacción de los gremios será importante para determinar si las modificaciones atienden las preocupaciones que marcaron la iniciativa anterior.

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, sostuvo que los beneficios alcanzarán también a adultos mayores que no reciben pensión. Por su parte, el diputado Javier Sucre, proponente de la iniciativa, estimó en 270 millones de dólares anuales el valor de los beneficios, una cifra presentada durante la discusión legislativa.

Los promotores esperan que el proyecto avance a segundo debate durante la próxima semana y complete su trámite antes del 31 de octubre. Sin embargo, su aprobación definitiva todavía depende del pleno legislativo y del Ejecutivo, mientras permanecen abiertas las interrogantes sobre el financiamiento de las compensaciones y su aplicación.

Panamá mantiene desde hace 32 años su condición de país libre de poliomielitis por transmisión autóctona, pero las autoridades sanitarias advierten que una disminución en las coberturas de vacunación podría comprometer ese logro. El Ministerio de Salud (Minsa) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reforzaron el llamado a inmunizar a los niños.

Durante la conmemoración del Día Mundial contra la Poliomielitis, celebrado cada 24 de octubre, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, advirtió que el país debe recuperar sus niveles de protección. Aunque la enfermedad no tiene cura, puede prevenirse mediante las vacunas incluidas en el esquema infantil.

Los registros del Programa Ampliado de Inmunizaciones muestran que, hasta septiembre de 2026, la cobertura en menores de un año alcanzó el 88 %. Sin embargo, el refuerzo correspondiente a los 18 meses registró aproximadamente un 67 %, según el comunicado oficial, una proporción que preocupa a las autoridades.

La poliomielitis es una enfermedad infecciosa causada por el poliovirus, que afecta principalmente a niños menores de cinco años, aunque cualquier persona no vacunada puede contraerla. El microorganismo se transmite principalmente por vía fecal-oral, mediante agua, alimentos o manos contaminadas con materia fecal de personas infectadas.

Muchas infecciones transcurren sin síntomas evidentes, lo que permite que el virus circule sin ser detectado. Cuando aparecen manifestaciones, pueden incluir fiebre, cansancio, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y rigidez del cuello, molestias que inicialmente pueden confundirse con otras enfermedades virales.

En los casos más graves, el poliovirus puede invadir el sistema nervioso y destruir neuronas responsables del movimiento muscular. Esto provoca debilidad y parálisis flácida, generalmente en las piernas, que puede desarrollarse rápidamente y dejar secuelas permanentes, incluso después de superar la infección inicial.

La enfermedad también puede afectar los músculos utilizados para respirar y tragar, lo que representa una amenaza para la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 5 % y el 10 % de quienes desarrollan parálisis pueden morir cuando resultan comprometidos los músculos respiratorios.

Quienes sobreviven pueden experimentar limitaciones de movilidad, deformidades musculares y discapacidad permanente. Décadas después, algunas personas presentan el denominado síndrome pospoliomielítico, caracterizado por nueva debilidad, fatiga y dolores musculares, incluso tras largos períodos de estabilidad clínica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el poliovirus salvaje continúa circulando de manera endémica en Afganistán y Pakistán, los dos países donde todavía no ha sido interrumpida su transmisión. Durante 2025 registraron 52 casos, lo que demuestra que el riesgo internacional de propagación persiste.

En América Latina, la situación es diferente: no existe actualmente una concentración de casos endémicos comparable con la de esos países asiáticos. La región fue certificada libre de poliovirus salvaje en 1994, aunque la OPS mantiene la vigilancia epidemiológica ante posibles importaciones y brotes asociados con otras variantes del virus.

Por ello, no sería correcto identificar a Brasil, México, Colombia o cualquier otro país latinoamericano como los territorios con más casos actuales sin datos confirmados. La vigilancia regional incluye la detección de parálisis flácida aguda, un síndrome que puede tener distintas causas y no equivale automáticamente a poliomielitis.

Para reforzar la prevención, el Minsa desarrolla una jornada intensiva de vacunación del 19 al 25 de octubre, durante la cual se han administrado 24,318 dosis de vacunas que contienen protección contra la enfermedad. La campaña también permite actualizar esquemas contra otras infecciones, como neumococo, rotavirus y virus del papiloma humano.

Las autoridades recordaron que las vacunas son gratuitas en las instalaciones públicas de salud, incluidas policlínicas, centros sanitarios y jornadas comunitarias. El llamado está dirigido especialmente a padres y tutores, quienes deben revisar las tarjetas de vacunación y completar las dosis pendientes de sus hijos.

El viceministro Zambrano Chang insistió en que mantener a Panamá libre de poliomielitis depende de sostener coberturas elevadas de inmunización. La circulación del virus en otros continentes mantiene vigente la amenaza de reintroducción, por lo que la prevención continúa siendo una prioridad sanitaria nacional.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) inició el proceso para cancelar el registro de siete embarcaciones de bandera panameña incluidas en una lista de sanciones de Estados Unidos.

La decisión responde a investigaciones sobre operaciones comerciales vinculadas con Irán, que también involucran a una firma jurídica y empresas del sector marítimo.

La medida fue anunciada después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, sancionara el 21 de octubre a varias entidades.

Washington sostiene que estas estructuras facilitaron el transporte de productos iraníes sujetos a restricciones económicas, mediante mecanismos destinados a ocultar a sus beneficiarios reales.

Entre las entidades sancionadas figura Karnakis and Karnakis, un bufete jurídico con oficinas en Panamá y Grecia. Según el Tesoro, la firma constituyó sociedades utilizadas por propietarios de embarcaciones que transportaron cientos de millones de dólares en petróleo, productos petroquímicos y acero iraníes, facilitando operaciones comerciales sujetas a las restricciones estadounidenses.

La investigación señala que el despacho participó en la creación de estructuras corporativas relacionadas con la llamada flota en la sombra, integrada por embarcaciones utilizadas para transportar mercancías sancionadas. Algunas de esas sociedades habrían servido para dificultar la identificación de los propietarios efectivos y mantener las operaciones de exportación iraníes.

El Departamento del Tesoro identificó como propietarios del bufete a Sofianos Karnakis Kosmas y Konstantinos Karnakis Kosmas, ambos con nacionalidad panameña y griega. También sancionó a Ioanis Karnakis Kosmas, Pedro Ortega Jones y Roberto Ortega Jones, por sus actuaciones relacionadas con la firma y las sociedades registradas.

Las autoridades estadounidenses también incluyeron a Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., empresa con operaciones en Panamá y Grecia. Esta compañía administra siete buques de bandera panameña, tres de los cuales, Anemos, Gloris y Pride, transportaron mercancías de origen iraní durante el último año, según la investigación oficial.

Las otras cuatro embarcaciones identificadas son Destiny, Flamingo 1, Harmony y Prince, igualmente vinculadas con Roxette. Estados Unidos las clasificó como propiedades bloqueadas por su relación con la compañía, aunque no atribuyó individualmente a estas cuatro naves los mismos cargamentos documentados para las tres anteriores.

La investigación estadounidense forma parte de Operation Economic Outcast, una iniciativa dirigida contra las redes que permiten a Irán comercializar productos sujetos a sanciones. Washington sostiene que estos mecanismos contribuyen a generar recursos para actividades militares y otros programas iraníes, mediante intermediarios financieros, jurídicos y marítimos.

En respuesta, la AMP comunicó que inició los procedimientos administrativos para cancelar el registro de las siete naves, conforme al Decreto Ejecutivo 512 del 18 de octubre de 2024. También informó que adoptó medidas contra la compañía sancionada, sin precisar cuáles fueron las actuaciones ejecutadas.

La autoridad panameña indicó que endureció los controles previos al abanderamiento de buques, con el propósito de impedir el ingreso de operadores vinculados con actividades sancionadas. Las revisiones abarcan propietarios, administradores y fletadores, quienes deben someterse a procesos de debida diligencia antes de obtener el registro nacional.

Las sanciones de la OFAC implican el bloqueo de bienes e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones a determinadas transacciones con las personas y empresas designadas. Estas disposiciones pueden afectar sus operaciones internacionales, aunque no constituyen por sí mismas una condena penal de las personas involucradas en Panamá.

El caso representa un nuevo desafío para la supervisión del registro mercante panameño, uno de los principales del mundo. La AMP reiteró su política de cero tolerancia frente al uso indebido de la bandera nacional y aseguró que continuará excluyendo a embarcaciones y compañías incluidas en listas internacionales de sanciones reconocidas por el país.

Panamá acumuló ingresos corrientes por $5,383.7 millones entre enero y agosto de 2026, una cifra que representa $958 millones menos de lo presupuestado, según el informe preliminar de recaudación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Aunque el monto supera en $320.7 millones lo registrado un año antes, el Gobierno no alcanzó sus previsiones de ingresos.

El resultado refleja un déficit de recaudación del 15.1% frente a la meta, lo que significa que el Estado recibió menos recursos de los que esperaba obtener durante los primeros ocho meses. No equivale al déficit fiscal total, que también considera los gastos gubernamentales, pero puede aumentar las presiones sobre el financiamiento público.

La situación presenta dos comportamientos diferentes: los ingresos aumentaron 6.3% respecto a 2025, pero permanecieron por debajo de las proyecciones oficiales. Esta diferencia es importante porque un crecimiento en la recaudación no garantiza que se cumpla el presupuesto, especialmente cuando las metas contemplan incrementos superiores a los efectivamente registrados.

Los impuestos aportaron $4,294.4 millones en efectivo, equivalentes al 80% de los ingresos corrientes. La recaudación tributaria creció 9.6% frente al año anterior, pero quedó $805.4 millones por debajo de lo esperado, una brecha que explica buena parte del incumplimiento presupuestario acumulado.

Entre los impuestos directos, el gravamen sobre la renta generó $2,047.3 millones, un incremento interanual de 6.6%. Este tributo se aplica a los ingresos de personas y empresas, pero su recaudación quedó $382.5 millones por debajo de la meta, pese al aumento observado respecto a 2025.

El impuesto sobre la renta de personas naturales alcanzó $1,089.6 millones y creció 10%, mientras que el correspondiente a personas jurídicas sumó $547.9 millones, con un incremento de apenas 2.7%. Esta última categoría, relacionada con las empresas, quedó 21% por debajo de lo presupuestado.

Uno de los aumentos más destacados correspondió al impuesto de inmuebles, que recaudó $160.2 millones, un crecimiento de 28.9% frente a 2025. También sobresalió el Seguro Educativo, cuyos ingresos aumentaron 45.4%, hasta $105.6 millones, según las cifras acumuladas del informe.

En los impuestos indirectos, el ITBMS sobre las ventas internas aportó $739.8 millones, un crecimiento de 13.3%. Este impuesto, conocido por su tasa general del 7%, se cobra sobre numerosos bienes y servicios, por lo que su comportamiento permite observar parte de la actividad comercial y del consumo.

Sin embargo, el ITBMS aplicado a las importaciones recaudó $379.2 millones, muy por debajo de los $572.1 millones previstos. Aunque aumentó 9.3% frente al año anterior, presentó un faltante presupuestario de $192.9 millones, uno de los más elevados entre los distintos conceptos tributarios.

También hubo retrocesos. Los impuestos de importación disminuyeron 1.4% frente a 2025, hasta $205 millones, mientras que los ingresos por concesiones cayeron 7.8%. En contraste, el impuesto al consumo de combustible aumentó 36.9% y los impuestos selectivos al consumo crecieron 7.9%.

Los ingresos no tributarios, que incluyen tasas, derechos, concesiones y aportes de entidades públicas, sumaron $1,046.7 millones. Este resultado representó una caída interanual de 5.9% y un faltante presupuestario de $127.3 millones, a diferencia del crecimiento observado en los ingresos procedentes de impuestos.

Entre las contribuciones relevantes, los peajes y servicios del Canal aportaron $398.5 millones, un aumento de 6.9% frente al año anterior. Por otra parte, los dividendos de empresas con capital mixto crecieron 67.6%, hasta $92.1 millones, aunque los aportes de otras entidades gubernamentales disminuyeron.

El informe también incorpora $87.4 millones acumulados mediante documentos fiscales, como créditos y otros instrumentos utilizados para cancelar obligaciones tributarias. Al sumar estos registros, los ingresos corrientes ascienden a $5,471.1 millones, aunque el faltante frente al presupuesto también aumenta, hasta aproximadamente $999.6 millones.

En agosto, considerado individualmente, los ingresos tributarios en efectivo alcanzaron $467.7 millones, con un incremento de 39.6% frente al mismo mes de 2025. Pese a ese crecimiento, la recaudación quedó $146.6 millones por debajo de la meta mensual, confirmando que el desafío presupuestario persistió al cierre del período analizado.

Un presunto tumbe de drogas ejecutado por hombres que simulaban ser policías provocó una balacera y una persecución por distintas vías de la capital panameña. El incidente ocurrió en Albrook, una zona de intensa actividad comercial, próxima al aeropuerto Marcos A. Gelabert y al centro comercial Albrook Mall.

El hecho se registró alrededor de las 10:00 a. m., cuando dos automóviles interceptaron un vehículo gris en plena vía pública. De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados, que utilizaban indumentaria similar a la de unidades policiales, descendieron de los automóviles y sustrajeron bolsas negras del vehículo intervenido.

Durante la operación se produjo un intercambio de disparos que generó alarma entre conductores y transeúntes. La situación ocurrió a plena luz del día, en un sector frecuentado por trabajadores, viajeros y compradores, mientras los involucrados intentaban abandonar el lugar después de apoderarse de los paquetes.

Los reportes periodísticos señalan que los sospechosos vestían prendas similares a las utilizadas por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP). Esta modalidad habría sido utilizada para simular un procedimiento de las autoridades y facilitar la intercepción del automóvil.

La Policía Nacional desplegó unidades para localizar a los responsables y estableció controles en distintos puntos de la ciudad. La persecución condujo a los agentes hasta San Isidro, en el distrito de San Miguelito, donde fue ubicado uno de los vehículos presuntamente utilizados durante el incidente.

El operativo provocó un fuerte congestionamiento en las principales vías de San Miguelito y sectores aledaños, debido a la movilización policial y las acciones de búsqueda. La situación afectó la circulación de numerosos conductores, mientras las autoridades continuaban rastreando los automóviles relacionados con el caso.

El despliegue de seguridad terminó con cuatro personas aprehendidas y cuatro vehículos retenidos. Durante las primeras horas circularon cifras preliminares diferentes, pero el reporte posterior elevó a cuatro el número de capturados en relación con el incidente.

Durante la inspección de los vehículos, las unidades policiales encontraron un arma de fuego que contaba con su respectivo permiso, según la información oficial. Las autoridades no precisaron si había personas heridas ni confirmaron la naturaleza del contenido de las bolsas sustraídas, aspectos que permanecen bajo investigación.

Las personas aprehendidas y los vehículos retenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades. Aunque los primeros reportes describieron el episodio como un presunto tumbe de drogas, la Policía Nacional no confirmó oficialmente esa hipótesis en su comunicado inicial.

El incidente ocurrió en medio de una semana marcada por varios hechos de violencia homicida en Panamá. Entre ellos figura el doble asesinato de dos personas dentro de un automóvil en Perejil, corregimiento de Calidonia, donde los atacantes huyeron después de efectuar los disparos, según los reportes policiales.

La sucesión de episodios violentos ha puesto nuevamente la seguridad en espacios públicos y vías de alta circulación en el centro de la atención. En Albrook, los disparos ocurrieron mientras transitaban numerosos vehículos, lo que expuso a conductores y peatones a una situación de riesgo sin relación aparente con los involucrados.

El uso de indumentaria semejante a uniformes oficiales constituye otro aspecto relevante de la investigación, porque los responsables habrían intentado aprovechar la apariencia de autoridad para interceptar a sus víctimas. Corresponderá al Ministerio Público establecer la participación individual de los sospechosos y el origen de las mercancías relacionadas con el incidente.

La Policía Nacional aseguró que mantiene operativos de seguridad y acciones para combatir la delincuencia, mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido. El caso dejó una persecución por diferentes sectores de la capital y nuevas interrogantes sobre la actuación de grupos armados que ejecutan delitos a plena luz del día.

La Policía Nacional interceptó 50 frascos cilíndricos con presunta heroína procedentes de España y destinados a Panamá, durante una diligencia de allanamiento en un centro de procesamiento postal de Correos y Telégrafos, ubicado en Tocumen.

El hallazgo introduce una ruta de envío poco habitual frente al tráfico de cocaína desde América Latina hacia Europa, aunque las autoridades todavía investigan la procedencia de la sustancia y los responsables.

El cargamento fue localizado dentro de una caja que contenía los recipientes con la presunta droga, durante un operativo coordinado con el Ministerio Público.

Los indicios quedaron bajo custodia de las autoridades para realizar los análisis químicos correspondientes y determinar su composición, mientras avanzan las investigaciones sobre el remitente y el destinatario del paquete.

La procedencia española del envío plantea interrogantes sobre el movimiento internacional de sustancias ilícitas mediante servicios postales, aunque no demuestra que la heroína haya sido producida en ese país.

La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) ha documentado el uso de encomiendas y servicios de mensajería para transportar heroína, aprovechando el volumen de paquetes que circulan internacionalmente.

De acuerdo con la agencia europea, Afganistán ha sido históricamente el principal origen de la heroína comercializada en Europa, aunque las restricciones al cultivo de amapola han modificado las condiciones de abastecimiento.

En 2023, las autoridades europeas desmantelaron 14 instalaciones relacionadas con el procesamiento, corte o empaquetado de esta sustancia, principalmente en Países Bajos, Grecia y Francia.

A diferencia de drogas completamente sintéticas, la heroína es un opioide semisintético derivado de la morfina, obtenida originalmente del opio. La existencia de laboratorios europeos dedicados a otras sustancias ilícitas no permite concluir que el cargamento interceptado en Panamá haya sido fabricado en ese continente, una circunstancia que deberá esclarecerse mediante las investigaciones.

Las estadísticas del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) muestran que Panamá decomisó 69,50 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026, de las cuales 46,20 toneladas correspondieron a cocaína y 23,18 toneladas a marihuana.

En otro procedimiento, un ciudadano colombiano fue aprehendido en calle Primera, en el sector de Perejil, cuando se desplazaba a bordo de un vehículo. Durante la inspección, los agentes encontraron varios sobres con polvo rosado, pastillas y un recipiente tipo cápsula con polvo blanco, sustancias cuya composición deberá determinarse mediante pruebas especializadas.

Las autoridades informaron que el sospechoso mantenía un brazalete electrónico por un caso relacionado con delitos de drogas, circunstancia que forma parte de las verificaciones realizadas durante el operativo. La Policía Nacional no precisó las cantidades decomisadas ni la identidad química de los productos encontrados, por lo que todavía no existe confirmación sobre el tipo de sustancias.

En el corregimiento de Tocumen, cuatro personas fueron aprehendidas durante un allanamiento a una vivienda, donde las autoridades localizaron paquetes y fragmentos de presuntas sustancias ilícitas. También decomisaron una pesa digital, un chaleco balístico, equipos tecnológicos y dinero en efectivo, elementos incorporados a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público.

Otro operativo desarrollado por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) permitió incautar 150 paquetes de presunta droga en la provincia de Chiriquí, además de más de 13.500 dólares en efectivo, cinco teléfonos celulares y dos vehículos. La intervención, realizada bajo el Plan Firmeza, terminó con la aprehensión de dos ciudadanos panameños.

La operación comenzó en Salsipuedes, distrito de Renacimiento, cuando un conductor desatendió una orden policial de detenerse, lo que desencadenó una persecución. Durante el procedimiento, dos agentes del Grupo de Reacción Inmediata Motorizada resultaron afectados en un accidente de tránsito y requirieron atención hospitalaria especializada.

El vehículo fue retenido posteriormente en Paso Canoas Arriba, donde las autoridades inspeccionaron seis maletines y encontraron los 150 paquetes. La Fiscalía de Drogas de Chiriquí participa en las diligencias para determinar la naturaleza de la sustancia incautada y establecer las responsabilidades penales, mientras continúan las investigaciones de los distintos casos.

El Gobierno de Panamá pondrá en marcha un sistema de identificación de viviendas afectadas por el terremoto del 9 de octubre, mediante etiquetas de colores que permitirán establecer cuáles edificaciones pueden utilizarse, cuáles presentan restricciones y cuáles deben permanecer desocupadas por razones de seguridad, como parte del proceso de evaluación y recuperación de las comunidades damnificadas.

La iniciativa contempla tres categorías de señalización: verde, amarilla y roja, siguiendo los criterios de la guía técnica ATC-20 (Applied Technology Council 20), utilizada para evaluar edificaciones después de un terremoto.

La clasificación estará a cargo de profesionales competentes, quienes determinarán las condiciones de las estructuras y las medidas necesarias para proteger a sus ocupantes.

Las edificaciones identificadas con etiquetas verdes podrán utilizarse bajo las condiciones establecidas por los evaluadores, aunque esto no significa necesariamente que estén libres de daños. Las amarillas tendrán restricciones de acceso o utilización, mientras que las viviendas señalizadas con rojo deberán permanecer desocupadas hasta que una evaluación competente determine que existen condiciones seguras.

El director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith Gallardo, explicó que la aplicación de este procedimiento requiere evaluaciones realizadas por profesionales idóneos, debido a que las decisiones sobre habitabilidad y seguridad estructural corresponden a las entidades competentes.

Sinaproc participará en la coordinación institucional, la identificación de riesgos y la orientación de las familias afectadas.

Las autoridades advirtieron que la señalización deberá interpretarse conforme a las indicaciones del personal técnico responsable, especialmente cuando existan daños que no resulten evidentes a simple vista.

Una etiqueta verde no constituye una garantía absoluta de seguridad, mientras que las restricciones establecidas mediante señalizaciones amarillas o rojas deberán respetarse hasta que se determine la posibilidad de utilizar nuevamente las edificaciones.

El anuncio forma parte de las medidas de atención a las familias afectadas por el movimiento sísmico, que provocó daños en viviendas e infraestructura de distintas comunidades del país. La información fue presentada durante una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencias, con la participación del ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza.

Como parte del balance institucional, Sinaproc informó que sus equipos mantienen recorridos por las comunidades afectadas, mediante labores de identificación de riesgos y recopilación de información sobre los daños reportados.

Estas acciones permitirán establecer las necesidades prioritarias de las familias y fortalecer la coordinación con las instituciones responsables de la atención y recuperación.

Los resultados de las inspecciones también servirán para orientar las decisiones sobre rehabilitación y reconstrucción de viviendas, así como para identificar las condiciones habitacionales de las comunidades perjudicadas.

El proceso se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y otras entidades competentes, de acuerdo con sus respectivas atribuciones.

Las autoridades señalaron que la recuperación temprana dependerá de las evaluaciones técnicas realizadas en las estructuras, así como de la identificación de familias que requieren atención prioritaria.

Estas verificaciones permitirán planificar medidas dirigidas a restablecer progresivamente las condiciones de vida de quienes sufrieron daños en sus propiedades.

Durante la presentación también se dieron a conocer los avances de Panamá Conecta, una plataforma digital vinculada al sitio web institucional, diseñada para facilitar el acceso de la ciudadanía a información sobre la emergencia.

La subdirectora general de Sinaproc, Maltizie Rivera, explicó que la herramienta permitirá consultar los avances de las acciones institucionales dirigidas a las comunidades afectadas.

La plataforma se desarrolla junto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), con el propósito de fortalecer la comunicación pública y facilitar el seguimiento de las medidas adoptadas.

Según las autoridades, la iniciativa busca mejorar la transparencia y coordinación durante las distintas etapas de atención a las familias damnificadas.

El Gobierno sostuvo que la identificación de daños, las evaluaciones estructurales y el acceso a información institucional serán componentes del proceso de recuperación posterior al terremoto. Sin embargo, el comunicado no precisa cuántas viviendas han sido inspeccionadas ni establece un calendario para completar la clasificación de las edificaciones afectadas.

Como parte del último balance de la emergencia, las autoridades mantienen las evaluaciones de viviendas e infraestructura afectadas por el terremoto, principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

Los reportes preliminares habían identificado más de 1,200 viviendas con daños, mientras continúan las inspecciones para determinar la magnitud de las afectaciones y las necesidades de las familias damnificadas.

En materia de infraestructura pública, el terremoto también provocó afectaciones en 619 centros educativos y nueve puentes, de acuerdo con los reportes divulgados durante los primeros días de la emergencia. Las autoridades han concentrado parte de sus esfuerzos en verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones, con el propósito de establecer cuáles requieren reparaciones y cuáles pueden continuar funcionando.

Para atender las consecuencias del desastre, el Gobierno declaró el estado de emergencia y habilitó un fondo de 100 millones de dólares, destinado a financiar las acciones de respuesta y recuperación.

El Ministerio de Economía y Finanzas había señalado que los recursos disponibles serían suficientes para cubrir las necesidades inicialmente identificadas, aunque las evaluaciones técnicas permitirán precisar el alcance de los daños.

El terremoto de magnitud 7,5 se registró el 9 de octubre de 2026, a las 12:56 del mediodía, con epicentro localizado a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y una profundidad aproximada de cuatro kilómetros.

El movimiento sísmico provocó daños en viviendas, carreteras, instalaciones públicas y otros componentes de infraestructura, además de una secuencia de réplicas que mantuvo la vigilancia de las autoridades y la preocupación entre los habitantes de las zonas afectadas.

La Asamblea Nacional abrió la discusión de dos propuestas para modificar los requisitos de idoneidad de los abogados, después de que cerca de mil graduados de Derecho enfrentaran dificultades para obtener la autorización profesional. Las iniciativas buscan corregir los efectos de la Ley 500 de 2025, aunque plantean soluciones diferentes.

Los anteproyectos fueron presentados por Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional, y Manuel Cheng, vicepresidente del Legislativo. Ambas iniciativas fueron prohijadas por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, pero una establece excepciones para antiguos estudiantes y la otra flexibiliza las evaluaciones.

La controversia comenzó con los cambios introducidos en la regulación profesional. Durante 38 años, la Ley 9 de 1984 permitía solicitar la idoneidad con el título universitario. Posteriormente, la Ley 350 de 2022 incorporó un examen de competencias, mientras que la Ley 500 de 2025 estableció otras alternativas.

La última reforma contempló tres mecanismos para obtener la autorización profesional: aprobar un examen, publicar una tesis en una revista especializada o realizar tres meses de servicio voluntario. Sin embargo, el examen quedó reservado para quienes comenzaron la carrera después de la promulgación, limitando las opciones anteriores.

En la práctica, los estudiantes anteriores a la reforma quedaron exentos del examen, pero no de las demás exigencias. Quienes se graduaron mediante seminarios, prácticas o materias de maestría no podían utilizar la alternativa de tesis. Además, la obligación de publicarla en una revista especializada complicó ese mecanismo.

El servicio voluntario también generó dificultades porque los horarios disponibles y las restricciones sobre las oficinas autorizadas representaban obstáculos para graduados que ya tenían empleo. Aunque algunos trabajaban como asistentes legales, debían completar una práctica adicional que podía retrasar su incorporación formal al ejercicio profesional.

La primera iniciativa, presentada por Castañedas, propone crear un régimen transitorio para quienes iniciaron Derecho antes del 24 de noviembre de 2025. La excepción comprendería a graduados y estudiantes matriculados, incluidos aquellos con tesis pendientes. Las nuevas exigencias continuarían aplicándose a quienes ingresaron posteriormente.

El anteproyecto busca que los beneficiarios puedan solicitar su idoneidad conforme a los requisitos anteriores, según el momento en que comenzaron sus estudios. También establece un plazo máximo de 60 días para resolver solicitudes y contempla revisar expedientes pendientes, suspendidos, devueltos o rechazados por la reforma.

La propuesta de Cheng sigue otro camino: mantener las tres alternativas, pero hacerlas accesibles para todos los aspirantes. Su texto permitiría presentar el examen a graduados y estudiantes con materias completadas. Además, eliminaría la obligación de publicar la tesis, sustituyéndola por una certificación universitaria.

En cuanto al servicio voluntario, Cheng propone mantener los tres meses, equivalentes a 480 horas, pero permitir horarios flexibles. Los aspirantes podrían completar la práctica en jornadas parciales, nocturnas o durante fines de semana. Las horas comenzarían a acumularse desde el segundo año universitario, con certificación institucional.

La iniciativa también ampliaría los espacios autorizados para realizar la práctica, incluyendo oficinas judiciales, departamentos de audiencias y dependencias con funciones jurídicas. Asimismo, permitiría reconocer tesis y horas de servicio anteriores a la reforma, además de presentar nuevamente solicitudes rechazadas por requisitos de publicación o prácticas.

Castañedas sostiene que su propuesta pretende evitar que estudiantes y graduados queden atrapados entre normas diferentes, mientras Cheng plantea ajustar las evaluaciones sin eliminar los estándares profesionales. Ambas iniciativas coinciden en reducir la incertidumbre que ha dificultado obtener la idoneidad, aunque sus mecanismos son distintos

El Colegio Nacional de Abogados expresó una posición favorable a las propuestas legislativas. Su representante, Alexander Hepburn, señaló que existe preocupación por cerca de mil licenciados que terminaron sus estudios sin conseguir la autorización profesional.

Una nueva ola de violencia y ataques con características de sicariato se registró esta semana en Panamá, dejando varias víctimas en distintos sectores de la capital.

El caso que más alarma ha generado por la forma en que fue ejecutado ocurrió en Perejil, en el corregimiento de Calidonia, donde dos hombres fueron asesinados dentro de un automóvil en pleno centro de la ciudad.

El doble homicidio ocurrió el miércoles 21 de octubre, cuando dos hombres fueron asesinados a tiros dentro de un sedán blanco en Calle Primera. Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron el momento en que los presuntos homicidas descendieron del vehículo, que todavía estaba en movimiento, después de disparar contra sus ocupantes.

Las imágenes muestran cómo los dos atacantes escaparon corriendo del lugar y posteriormente fueron recogidos por otro automóvil. Las primeras investigaciones indican que las cuatro personas viajaban juntas en el sedán, por lo que los homicidas habrían compartido el vehículo con sus víctimas antes de abrir fuego.

Los dos fallecidos presentaban impactos de bala en la cabeza, mientras las autoridades iniciaron las diligencias para identificar a los responsables. El ataque provocó la movilización de unidades policiales y personal de Criminalística, que realizaron la inspección del automóvil y el levantamiento de los cuerpos.

Las grabaciones constituyen una pieza importante para reconstruir la participación de los atacantes y establecer la ruta utilizada durante la fuga. Los investigadores también buscan determinar las circunstancias que precedieron al doble asesinato, así como el posible móvil del ataque ocurrido en una zona céntrica de la capital.

La violencia también alcanzó la comunidad de Los Caobos, en Chilibre, donde Reynaldo Roberto Prendergast Torres, de 37 años, murió tras recibir múltiples disparos mientras conducía un sedán blanco. Según los reportes preliminares, los agresores dispararon desde otro automóvil en movimiento durante la mañana del miércoles.

Prendergast perdió el control del volante después de recibir los impactos y su vehículo terminó dentro de una cuneta, a un costado de la carretera. Residentes alertaron a las autoridades, que acordonaron el lugar para recuperar evidencias. Los registros policiales indican que el fallecido había sido aprehendido anteriormente, aunque no se ha establecido si esos antecedentes guardan relación con el asesinato.

Otro hecho violento dejó un taxista de 20 años asesinado en Alcalde Díaz, también en Panamá Norte. La víctima fue identificada como Sudan Gabriel Eduardo Ceballos Falcón, quien recibió un disparo en la cabeza en el sector de La Esperanza, cerca de un puente peatonal.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 10:15 de la noche, cuando residentes escucharon varias detonaciones de arma de fuego. El joven fue encontrado boca abajo, cerca de un taxi amarillo estacionado junto a la carretera. Una de las hipótesis preliminares indica que intentó escapar del atacante, pero cayó antes de conseguir ayuda.

La jornada violenta también dejó un homicidio a plena luz del día en Pueblo Nuevo, donde Luis García, de 51 años, fue asesinado a tiros cerca de las 6:00 de la mañana del miércoles. El ataque ocurrió en calle Tercera, a pocos metros del Sistema Penal Acusatorio de la vía Transístmica, cuando la víctima caminaba cerca de su residencia.

Según los reportes preliminares, los agresores le dispararon desde un automóvil dorado y escaparon del lugar. Los vecinos describieron al fallecido como una persona trabajadora y tranquila, mientras las autoridades investigan el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

Los hechos se produjeron en medio de una sucesión de homicidios que afecta principalmente a sectores de la capital.

De acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), Panamá registraba 460 homicidios intencionales hasta el 11 de octubre de 2026, cuatro más que durante el mismo período del año anterior. La provincia de Panamá concentraba 288 víctimas, equivalentes a casi el 63% del total nacional, mientras Colón contabilizaba otras 77.a

La distribución territorial muestra que el distrito de Panamá acumulaba 198 homicidios, seguido de San Miguelito, con 85. Dentro de Panamá Norte, Chilibre registraba 18 casos, Ernesto Córdoba Campos otros 17 y Caimitillo nueve. Estas cifras reflejan la concentración de la violencia en determinadas comunidades, aunque corresponden a un corte estadístico anterior a los últimos ataques.

Las investigaciones también identifican un aumento del 64% en los homicidios vinculados al pandillerismo, que pasaron de 42 a 69 frente al mismo período de 2025. Las rencillas delincuenciales representaban 156 casos y otros 67 permanecían bajo investigación, mientras las armas de fuego estuvieron presentes en 392 asesinatos, aproximadamente el 85% del total.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar los móviles de los ataques, identificar a los responsables y establecer posibles conexiones. Mientras avanzan las diligencias, los crímenes registrados en Perejil, Chilibre y Alcalde Díaz vuelven a colocar la violencia armada en el centro de la preocupación por la seguridad pública.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó una nueva muerte por influenza en Panamá, con lo que el acumulado de fallecimientos por esta enfermedad llegó a 65 durante 2026.

El reporte corresponde a la semana epidemiológica 39, del 27 de septiembre al 3 de octubre, y también evidencia un incremento semanal de los cuadros gripales y las infecciones respiratorias graves.

Entre las personas fallecidas por influenza, el 61.5% tenía 65 años o más y el 58.5% correspondía a hombres. El informe señala que el 96.4% no había recibido la vacuna de la temporada actual, mientras el 81.5% presentaba factores de riesgo, principalmente enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

La influenza es una infección viral que provoca fiebre, tos, dolor muscular, cansancio y malestar general. Aunque muchas personas se recuperan, puede evolucionar hacia neumonía o insuficiencia respiratoria. La dificultad para respirar, el dolor persistente en el pecho y la confusión son señales de alarma que requieren atención médica inmediata

El síndrome gripal registró 927 casos durante la semana 39, frente a 811 de la semana anterior, un incremento de 116 pacientes, equivalente al 14.3%. El acumulado comunicado por el Minsa llegó a 33,331 casos.

Estos cuadros pueden ser causados por distintos virus respiratorios y generalmente presentan fiebre, congestión nasal, dolor de garganta y tos.

Las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen neumonía y bronconeumonía, sumaron 462 casos durante la semana 39, frente a 459 en la semana 38. El acumulado reportado alcanzó 16,547 casos.

Estas enfermedades afectan los pulmones y pueden comprometer la oxigenación, especialmente cuando aparecen respiración acelerada, dificultad respiratoria o disminución del estado de alerta.

La comparación también muestra un incremento en los registros de leishmaniasis, que pasó de 21 casos semanales a 26. El acumulado subió de 1,907 a 1,933. Esta infección parasitaria, transmitida por la picadura de insectos flebótomos infectados, puede provocar úlceras cutáneas persistentes y, en determinadas formas, lesiones de las mucosas.

En contraste, los nuevos casos de malaria disminuyeron de 27 en la semana 38 a cuatro en la 39, aunque el acumulado informado llegó a 6,000. La enfermedad es causada por parásitos transmitidos mediante mosquitos Anopheles infectados. Sus síntomas incluyen fiebre, escalofríos, sudoración y dolor de cabeza, y puede producir anemia grave o complicaciones orgánicas.

El informe epidemiológico de la semana 39, correspondiente al período del 27 de septiembre al 3 de octubre, es anterior a la detección y divulgación de los casos de malaria asociados a Merca Panamá. El 15 de octubre, el Ministerio de Salud confirmó 34 contagios; el 17 de octubre la cifra aumentó a 37 y, para el 19 de octubre, ya se contabilizaban 44 personas diagnosticadas.

La vigilancia epidemiológica identificó además un nuevo caso de fiebre por hantavirus, elevando el acumulado de 21 a 22. El síndrome cardiopulmonar asociado mantuvo 18 casos. La infección se relaciona con la exposición a excreciones de roedores infectados y puede comenzar con fiebre y dolores musculares, antes de provocar dificultad respiratoria potencialmente mortal.

En leptospirosis, el Minsa no notificó casos nuevos durante la semana 39, pero incorporó dos registros correspondientes a períodos anteriores, aumentando el acumulado de 39 a 41. Esta infección bacteriana puede adquirirse por contacto con agua o suelo contaminado con orina de animales y causar fiebre, dolor muscular, ictericia y daño renal.

El reporte también contabilizó 114 casos acumulados de gusano barrenador en humanos, frente a los 111 consignados en el cuadro estadístico de la semana 38. Esta infestación ocurre cuando determinadas moscas depositan huevos en heridas y sus larvas invaden tejidos vivos, causando dolor, lesiones progresivas e infecciones que necesitan tratamiento oportuno.

Respecto al virus Oropouche, no se notificaron infecciones correspondientes a la semana 39, pero se incorporaron tres casos de semanas anteriores, elevando el acumulado de 20 a 23. La enfermedad, transmitida principalmente por pequeños insectos picadores infectados, puede causar fiebre y dolores intensos; ocasionalmente presenta complicaciones neurológicas, como meningitis.

La viruela símica, conocida como mpox, alcanzó 15 casos acumulados después de incorporar dos registros anteriores, frente a los 13 contabilizados hasta la semana 38. Puede transmitirse por contacto estrecho y provocar fiebre, ganglios inflamados y lesiones cutáneas. Las complicaciones son especialmente preocupantes en personas inmunodeprimidas y pacientes con infecciones extensas.

Finalmente, el Minsa reiteró la importancia de mantener actualizada la vacunación y reconocer tempranamente los síntomas de gravedad. También recomendó reforzar la higiene, evitar exposiciones de riesgo y buscar atención médica cuando los síntomas empeoren, especialmente entre adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, los grupos más vulnerables ante complicaciones.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) desplegará más de 950 personas en 66 áreas protegidas de Panamá durante las celebraciones patrias de noviembre, cuando miles de residentes y turistas acostumbran desplazarse hacia el interior del país. El operativo se desarrollará del 30 de octubre al 11 de noviembre, con medidas de vigilancia, prevención y atención a visitantes.

Las festividades del 3, 4, 5 y 10 de noviembre generan tradicionalmente un incremento del turismo interno, debido a los días de descanso y las actividades conmemorativas. A estas fechas se suma el 28 de noviembre, cuando se celebra la independencia de Panamá de España, aunque esta jornada queda fuera del operativo anunciado.

Sin embargo, el movimiento turístico dependerá de las condiciones que mantengan las provincias afectadas por el terremoto del 9 de octubre, especialmente Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. Las restricciones de acceso, los daños en infraestructura y las evaluaciones de seguridad podrían influir en la decisión de las familias sobre sus destinos.

El dispositivo especial contará con 625 guardaparques y 50 jefes de áreas protegidas, además de colaboradores regionales y personal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También participarán unidades de la Policía Ambiental, Rural y Turística, el Senafront y el Senan, mediante patrullajes terrestres, acuáticos y controles de ingreso.

Las labores se concentrarán en parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas forestales, donde se vigilarán los senderos, las zonas de acceso y los ecosistemas vulnerables. MiAmbiente buscará prevenir la tala, la minería ilegal, el tráfico de especies y los incendios, además de garantizar una visita ordenada y segura.

Entre los destinos destacados figura el Parque Nacional Soberanía, próximo a la ciudad de Panamá, reconocido por sus senderos y la observación de aves. Su ubicación facilita las excursiones de residentes y extranjeros interesados en conocer la biodiversidad tropical, especialmente en el histórico Camino del Oleoducto.

Otro atractivo es el Parque Nacional Volcán Barú, en la provincia de Chiriquí, donde los visitantes realizan caminatas y excursiones hacia la cima más elevada del país. Desde sus miradores, cuando las condiciones atmosféricas lo permiten, pueden observarse ambos océanos, mientras los bosques montañosos albergan una importante diversidad de especies.

En Veraguas se encuentra el Parque Nacional Coiba, uno de los principales destinos de turismo marino, conocido por sus arrecifes, playas y posibilidades de buceo. El área, reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco, atrae visitantes nacionales e internacionales interesados en la observación de fauna y los ecosistemas oceánicos.

También destacan el Parque Nacional Santa Fe, en Veraguas, y Portobelo, en Colón, que ofrecen paisajes naturales, bosques y oportunidades para el senderismo. San Lorenzo, igualmente en Colón, combina ecosistemas tropicales con un importante patrimonio histórico, mientras Chagres protege fuentes hídricas esenciales para el país.

MiAmbiente informó que el horario general de visitas será de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., mientras las áreas marino-costeras y aquellas con condiciones especiales permitirán el ingreso hasta las 3:00 p. m. Los guardaparques verificarán las tarifas, supervisarán los senderos habilitados y orientarán a los visitantes sobre las medidas de seguridad.

Por el momento, permanecen restringidos los accesos al Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, en Los Santos, y a la Reserva Hídrica Cerro Los Picachos, en Coclé.

La institución recomienda verificar las condiciones de cada destino antes de viajar, especialmente porque la situación posterior al terremoto podría modificar los planes turísticos.

La directora de Áreas Protegidas, Michele Caballero, destacó la importancia de coordinar las acciones de conservación con los estamentos de seguridad para impedir actividades ilegales.

Las autoridades también exhortaron a utilizar únicamente los senderos autorizados, respetar los horarios y evitar dejar desechos, con el propósito de proteger los ecosistemas durante la temporada de mayor circulación turística.

El Ministerio Público contabilizó 502 denuncias entre enero y septiembre de 2026, con incrementos importantes en Chiriquí, Colón y Panamá Oeste. Las investigaciones abarcan daños a los ecosistemas, tala ilegal, afectaciones a especies protegidas y otras conductas sancionadas por la legislación penal.

Las denuncias por delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial aumentaron 17% en Panamá durante los primeros nueve meses de 2026, al pasar de 430 a 502, según estadísticas del Ministerio Público. Los registros incluyen destrucción de recursos naturales, maltrato animal, afectaciones a la vida silvestre e infracciones relacionadas con proyectos urbanísticos.

La categoría con mayor incidencia fue la de delitos contra los recursos naturales, con 277 denuncias, equivalentes al 55% del total. Le siguieron los delitos contra animales domésticos, con 176 casos; contra la vida silvestre, con 44; y las infracciones de tramitación y cumplimiento urbanístico, con cinco investigaciones.

Dentro del primer grupo, la destrucción de recursos naturales acumuló 187 denuncias, frente a 154 en 2025, un incremento del 21%. Esta figura comprende conductas que afectan ilegalmente los componentes del ambiente, mientras la tala y destrucción de vegetación en áreas especiales registró 52 investigaciones, una reducción del 31%.

El informe también contabiliza 13 denuncias relacionadas con la importación de materiales o desechos peligrosos, 12 por incendios de masas vegetales y ocho por emisiones de ruido, gases, olores o luminosidad que afectan al público o los ecosistemas. Estas conductas pueden comprometer la calidad del aire, el suelo y las fuentes hídricas.

Los delitos contra animales domésticos registraron uno de los mayores incrementos, al pasar de 110 a 176 denuncias, equivalente al 60%. Esta categoría comprende conductas de maltrato o crueldad sancionadas penalmente. En materia de vida silvestre, se contabilizaron 36 investigaciones por extracción de especies protegidas y ocho por tráfico, que implica su comercialización ilícita.

En materia de minería ilegal, dos personas fueron aprehendidas el 19 de septiembre en la quebrada Peluca, dentro del Parque Nacional Chagres, donde presuntamente extraían minerales sin autorización. MiAmbiente decomisó motobombas, palas y bateas, mientras la Fiscalía Ambiental asumió las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Otro operativo realizado en junio, en Mamoní Arriba, permitió la aprehensión de 11 personas y la retención de un menor por presunta extracción clandestina. En julio, seis personas fueron sorprendidas en el Corredor de Los Pobres, donde la actividad minera había provocado afectaciones al suelo y al cauce de una quebrada.

La legislación panameña establece penas de tres a seis años de prisión por destrucción, extracción, contaminación o degradación ilegal de recursos naturales, conforme al artículo 399 del Código Penal. Las sanciones pueden aumentar cuando se afectan áreas protegidas, cuencas hidrográficas o fuentes de agua, entre otras circunstancias agravantes.

En junio, cuatro personas recibieron condenas de 48 meses de prisión por minería ilegal en Las Minas, provincia de Herrera. Los sentenciados habían sido sorprendidos realizando exploraciones clandestinas en Río Negro, donde las actividades ocasionaron daños al ecosistema y degradaron un acuífero, según el Ministerio Público.

Los riesgos asociados a la actividad minera también quedaron expuestos tras el terremoto del 9 de octubre, que provocó un deslizamiento en la antigua mina El Remance, en Veraguas. La explotación, abandonada desde 1999, conserva depósitos de residuos mineros que representan un pasivo ambiental y requieren vigilancia permanente.

MiAmbiente detectó en la quebrada Veneno un pH de 5.75, indicativo de condiciones ácidas, además de concentraciones de hierro de 15 miligramos por litro y sulfatos de 114 miligramos por litro. Los resultados motivaron un monitoreo reforzado de las fuentes de abastecimiento, mientras continúa la evaluación de posibles afectaciones.

La institución solicitó al IDAAN vigilar las tomas de agua de San Francisco y Santiago, mientras el Ministerio de Salud evalúa los sistemas comunitarios. También anunció trabajos de restauración ambiental en El Remance y otros cinco puntos del país, ante los riesgos que representan las antiguas explotaciones abandonadas.

En la distribución geográfica, Panamá encabezó las denuncias con 99 casos, seguida de Chiriquí, con 91, y Panamá Oeste, con 74. Colón registró el mayor incremento relativo entre las provincias, de 118%, mientras Chiriquí aumentó 82% y Panamá Oeste 80% frente a 2025.

El informe también revela reducciones importantes en Darién, Los Santos y Bocas del Toro, con disminuciones de 76%, 50% y 34%, respectivamente. Septiembre cerró con 44 denuncias, frente a 38 en agosto, mientras enero concentró el mayor registro mensual, con 76 investigaciones.

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre cobró su segunda víctima mortal, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmara este jueves el fallecimiento de Regina Miranda, de 60 años, quien permanecía hospitalizada en Santiago de Veraguas por las lesiones sufridas durante el movimiento sísmico.

Miranda realizaba labores administrativas en la escuela Rómulo Arrocha, en Santiago, cuando comenzó el terremoto. Durante la evacuación del plantel, tropezó con una cuneta y cayó al suelo, golpeándose fuertemente la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico grave.

La mujer fue trasladada al Hospital Luis “Chicho” Fábrega, donde recibió atención especializada del servicio de Neurocirugía. Sin embargo, permaneció en estado de coma y falleció pese a los esfuerzos médicos, según informó la institución sanitaria en un comunicado fechado el 22 de octubre.

La primera víctima fue Elena Barría, de 68 años, quien falleció el 14 de octubre. La mujer descansaba en su vivienda de Macaracas, provincia de Los Santos, cuando una pared se desplomó sobre ella, dejándola atrapada entre los escombros y provocándole graves lesiones abdominales.

Barría fue rescatada por familiares y vecinos, quienes lograron sacarla de la estructura colapsada. Posteriormente recibió atención en distintos centros hospitalarios hasta ser trasladada a la capital, donde fue intervenida quirúrgicamente. Su fallecimiento fue confirmado por la Caja de Seguro Social después de varios días hospitalizada.

Entre los casos de mayor gravedad figura Suribeth Cortéz, una joven de 22 años con dificultades de movilidad, quien quedó atrapada cuando una pared cayó sobre ella en El Pájaro de Macaracas. Sufrió lesiones craneales y abdominales que obligaron a trasladarla en helicóptero al Hospital Santo Tomás.

Después de permanecer sedada y recibir intervenciones quirúrgicas, la joven despertó y fue retirada de la ventilación mecánica el 14 de octubre. Su familia confirmó que reconoció a su hermana y mostró una evolución favorable. Posteriormente, continuó su proceso de recuperación y rehabilitación tras superar los momentos más críticos.

El balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualizado al 20 de octubre, registraba 27 personas lesionadas por el terremoto. La cifra todavía incluía una sola víctima mortal, debido a que el fallecimiento de Miranda fue confirmado dos días después del último consolidado disponible.

El Ministerio de Salud informó que más de 31,000 atenciones sanitarias se habían brindado en las zonas afectadas, mediante personal desplegado en hospitales, centros de salud y albergues. Los equipos también ofrecen apoyo psicológico y seguimiento médico a las familias damnificadas.

Las consecuencias materiales continúan extendiéndose por distintas comunidades. Sinaproc contabilizó 10,655 viviendas evaluadas y 35,065 personas registradas mediante las inspecciones de daños y necesidades. Estas cifras corresponden a las evaluaciones realizadas y permanecen sujetas a nuevas verificaciones.

El mismo informe identificó 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud con afectaciones, mientras 5,628 personas permanecían alojadas en 126 albergues. Las autoridades también reportaron 175 comunidades atendidas con asistencia humanitaria, incluyendo alimentos, agua y otros suministros esenciales.

Las provincias de Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé concentran parte importante de los daños ocasionados por el movimiento sísmico. Entre las afectaciones se encuentran viviendas destruidas, centros educativos deteriorados, iglesias dañadas y problemas en carreteras y puentes, especialmente en comunidades rurales.

El terremoto tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, según los registros del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Las autoridades mantienen las evaluaciones estructurales y la asistencia humanitaria, mientras las familias afectadas enfrentan el proceso de recuperación.

El terremoto que sacudió Panamá el 9 de octubre provocó desplazamientos del terreno de hasta 1.20 metros en Búcaro, provincia de Los Santos, y hundimientos de entre 15 y 30 centímetros en Isla Cañas.

Los resultados preliminares también identifican rupturas superficiales y deformaciones del fondo marino, que pudieron contribuir a la generación de olas durante el movimiento sísmico.

Los hallazgos corresponden a una investigación del geofísico panameño Isaac Guerra Araúz, becario doctoral de la Senacyt, quien realiza mediciones en Búcaro, La Pitaloza y Mariato, en la costa de Veraguas y el sur de Azuero.

El especialista encontró desplazamientos horizontales de entre uno y 1.20 metros, además de movimientos verticales cercanos a un metro en Búcaro.

Las mediciones buscan establecer cómo se desplazaron los bloques de la corteza terrestre durante la ruptura de la falla responsable del terremoto. Estos movimientos pueden provocar grietas, desniveles y modificaciones del relieve, especialmente en terrenos cercanos a la zona de ruptura, donde la deformación puede permanecer visible después del sismo.

La investigación también documenta un hundimiento de entre 15 y 30 centímetros en Isla Cañas, mientras se estudian deformaciones del fondo marino que pudieron contribuir a la generación de olas.

Los especialistas buscan determinar la extensión de estos cambios y sus consecuencias sobre las comunidades costeras, particularmente en las zonas próximas a la falla.

En sectores de Tonosí, Soná y Mariato se han reportado fisuras y alteraciones visibles en la superficie terrestre, asociadas al terremoto. También circulan reportes sobre arrecifes que habrían quedado expuestos incluso durante la marea alta, aunque todavía no se dispone de mediciones científicas verificadas que permitan confirmar su extensión o establecer cuánto se elevó el litoral.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá relacionó el terremoto con la falla de Azuero-Soná, cuya ruptura alcanzó aproximadamente 90 kilómetros. Esa extensión corresponde al proceso geológico que originó el sismo y no significa necesariamente que exista una grieta continua de esa longitud sobre la superficie terrestre.

Guerra Araúz desarrolla estas investigaciones como parte de su doctorado en Geofísica en la Universidad de Western Ontario, Canadá, bajo la supervisión del científico Katsuichiro Goda.

Los resultados permitirán contrastar las mediciones de campo con modelos de ruptura sísmica y comprender mejor el comportamiento de las fallas activas en Panamá.

Antes del terremoto, ambos investigadores habían desarrollado uno de los primeros modelos tridimensionales del subsuelo panameño, mediante el análisis de 2,741 movimientos sísmicos registrados entre 2013 y 2023.

Utilizaron información de 148 estaciones de Panamá, Costa Rica y Colombia para estudiar estructuras geológicas ubicadas hasta 80 kilómetros de profundidad.

El estudio, publicado en mayo de 2026 en la revista Tectonophysics, identificó nuevas evidencias de un sistema de doble subducción bajo el occidente panameño. Las placas de Cocos y Nazca se introducen desde el Pacífico, mientras la placa del Caribe presenta señales de hundimiento desde el norte, configurando una interacción tectónica particularmente compleja.

La magnitud del terremoto también llamó la atención del ingeniero estructural japonés Kit Miyamoto, director ejecutivo de Miyamoto International, quien lo situó entre los movimientos más grandes que han afectado zonas pobladas durante 2026. El especialista advirtió que un sismo de semejante intensidad provocaría problemas incluso en Los Ángeles, California.

Miyamoto destacó además la importancia de las inspecciones estructurales realizadas después del terremoto, especialmente en viviendas, carreteras y edificios públicos. Su evaluación subrayó que identificar las construcciones inseguras constituye apenas la primera etapa de una recuperación que deberá incorporar mejores condiciones de resistencia ante futuros movimientos sísmicos.

El más reciente balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con corte al 20 de octubre, contabiliza 10,655 viviendas evaluadas y 35,065 personas registradas en las evaluaciones de daños. También reporta 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud afectadas, además de 27 lesionados y una persona fallecida.

La emergencia mantiene 5,628 personas alojadas en 126 albergues, mientras continúan las inspecciones y la asistencia humanitaria. Las autoridades han movilizado más de 208,317 libras de suministros por vía aérea y 365 toneladas por tierra, con atención reportada en 175 comunidades afectadas.

Los resultados de las investigaciones geológicas serán fundamentales para determinar las condiciones de seguridad de los terrenos donde se reconstruirán viviendas.

Guerra Araúz sostiene que integrar las mediciones de desplazamiento con los registros de daños permitirá mejorar los modelos de amenaza sísmica y orientar la planificación territorial, especialmente en las comunidades más expuestas.

El terremoto que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre fue uno de los movimientos sísmicos más grandes que han afectado zonas pobladas del mundo durante 2026, según el ingeniero estructural Kit Miyamoto.

El especialista internacional destacó la enorme cantidad de energía liberada y los desafíos que enfrentan las autoridades para evaluar los daños y garantizar la seguridad de los habitantes.

Miyamoto, director ejecutivo de Miyamoto International, explicó que un terremoto de magnitud 7.7 no puede considerarse un evento menor, especialmente cuando ocurre cerca de comunidades habitadas.

Durante su intervención, afirmó que un movimiento de semejante intensidad provocaría serios problemas incluso en Los Ángeles, California, donde reside y desarrolla parte de su actividad profesional.

El experto utilizó esa comparación para dimensionar la fuerza del fenómeno y sus posibles consecuencias sobre la infraestructura.

Explicó que después de un terremoto de gran magnitud resulta fundamental identificar rápidamente los daños en carreteras, puentes y edificaciones, así como determinar cuáles instalaciones pueden continuar funcionando sin representar un peligro para la población.

En su evaluación de la emergencia, Miyamoto consideró que la respuesta inicial de las autoridades panameñas fue profesional y adecuada. Entre las medidas que mencionó estuvieron las inspecciones de las principales vías de comunicación, la instalación de equipos médicos de emergencia y la organización de mecanismos para distribuir alimentos entre las comunidades afectadas.

Uno de los aspectos que destacó fue la evaluación de casi 10,000 viviendas y edificios durante los primeros diez días posteriores al movimiento sísmico.

Según explicó, estas inspecciones permiten identificar estructuras peligrosas y ofrecer información a las familias sobre las condiciones de seguridad de los inmuebles que ocupaban antes del desastre.

El ingeniero señaló que en otros países las evaluaciones de daños suelen comenzar después de dos semanas, por lo que consideró relevante el tiempo empleado en Panamá. Sin embargo, la identificación inicial de los problemas estructurales constituye apenas una etapa de un proceso que también requiere reparaciones, reconstrucción y medidas para reducir riesgos futuros.

El terremoto ocurrió el 9 de octubre a las 12:56 de la tarde, con una magnitud de 7.5, según los datos divulgados por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Su epicentro se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad aproximada de cuatro kilómetros.

El Instituto de Geociencias explicó que el terremoto estuvo relacionado con el movimiento de la falla de Azuero-Soná, una estructura geológica ubicada en la región afectada. Según la información difundida por sus especialistas, la ruptura se extendió aproximadamente 90 kilómetros, lo que permite dimensionar la extensión del proceso que originó el movimiento.

Una falla geológica se activa cuando la tensión acumulada entre bloques de la corteza terrestre supera su resistencia, provocando un desplazamiento repentino. La energía liberada se propaga mediante ondas sísmicas que pueden afectar viviendas, edificios, carreteras y otras estructuras, dependiendo de su cercanía al epicentro y de las condiciones del terreno.

Las principales afectaciones se concentraron en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, donde se reportaron daños en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud e infraestructura pública. El terremoto también estuvo acompañado de numerosas réplicas que mantuvieron la preocupación entre los residentes, particularmente en las comunidades que sufrieron mayores daños materiales.

La magnitud de la emergencia obligó a realizar inspecciones estructurales y habilitar servicios médicos provisionales, mientras se organizaba la distribución de suministros. El Gobierno declaró el estado de emergencia el 10 de octubre, una medida que permitió movilizar recursos para atender a las comunidades damnificadas y continuar con la evaluación de los daños.

Miyamoto, quien se reunió con el presidente José Raúl Mulino para abordar las necesidades de recuperación, cuenta con experiencia en proyectos de ingeniería sísmica y reconstrucción internacional.

Su participación se produce mientras Panamá enfrenta el desafío de determinar qué edificaciones pueden repararse y cuáles necesitan intervenciones mayores, especialmente en las zonas más afectadas.

Las observaciones del especialista también ponen de relieve la importancia de mantener evaluaciones técnicas durante las siguientes etapas de recuperación. Más allá de las primeras inspecciones, la seguridad de las viviendas y la resistencia de la infraestructura serán determinantes para que las comunidades puedan recuperar sus actividades y reducir su vulnerabilidad ante futuros terremotos.

Un ciudadano costarricense requerido por Estados Unidos por su presunta participación en un esquema de fraude con falsos premios de lotería fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El extranjero viajaba desde Costa Rica hacia Colombia, con una conexión en Panamá, cuando las autoridades migratorias detectaron la orden de captura.

La Policía Nacional, mediante la Oficina Central Nacional de INTERPOL Panamá, confirmó la aprehensión del pasajero solicitado por las autoridades estadounidenses por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El Servicio Nacional de Migración también participó en su detección, durante los controles realizados en la terminal aérea.

De acuerdo con la investigación estadounidense, los responsables del esquema contactaban a residentes de distintos estados para informarles falsamente que habían ganado premios de lotería. Posteriormente, les exigían pagos anticipados por supuestos impuestos, con la promesa de entregarles las ganancias una vez cumplido ese requisito.

La modalidad descrita por las autoridades consistía en aprovechar la expectativa de recibir un premio económico para conseguir transferencias de las víctimas. El comunicado no precisa cuánto dinero habría movilizado la operación, cuántas personas resultaron perjudicadas ni la identidad del costarricense aprehendido.

El Servicio Nacional de Migración informó que el extranjero fue puesto a disposición de INTERPOL después de detectarse el requerimiento estadounidense. Las autoridades no han detallado todavía si se ha iniciado un procedimiento de extradición o cuáles serán las siguientes actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

Por otro lado, en la provincia de Colón, las autoridades migratorias reportaron la detección de un ciudadano nicaragüense que había ingresado irregularmente a Panamá.

El extranjero fue localizado durante el operativo Cristo Negro de Portobelo y trasladado a un centro de detención administrativa migratoria, donde se realizarán los trámites correspondientes a su situación.

El operativo Cristo Negro de Portobelo es un dispositivo especial de seguridad organizado por las autoridades durante la celebración religiosa del 21 de octubre. Este año se desarrolla del 18 al 22 de octubre, con controles en las vías de acceso, patrullajes terrestres y marítimos y vigilancia de los peregrinos.

Un ciudadano nicaragüense fue detenido durante el operativo Cristo Negro de Portobelo, en la provincia de Colón, tras detectarse que había ingresado irregularmente a Panamá. Fue trasladado a un centro de detención administrativa migratoria.

La Policía Nacional anunció el despliegue de más de 1,000 agentes para proteger a los asistentes a esta festividad, que reúne cada año a miles de personas. Las medidas incluyen verificaciones de seguridad, controles de tránsito y vigilancia comunitaria, especialmente en las rutas hacia Portobelo.

Las intervenciones se producen mientras Panamá mantiene operaciones de control migratorio y cooperación policial con otros países. Entre enero y septiembre de 2026, el Servicio Nacional de Migración registró 851 extranjeros detenidos por infracciones de la legislación nacional, de acuerdo con sus estadísticas preliminares.

De ese total, 716 eran hombres y 135 mujeres, mientras que las principales causas de detención fueron el ingreso irregular, con 318 casos, y la estadía vencida, con 249. También se contabilizaron 210 personas remitidas por cumplimiento de pena y otras detenciones por diferentes causales.

Por nacionalidad, las estadísticas muestran 388 colombianos, 168 nicaragüenses y 118 venezolanos detenidos durante los primeros nueve meses del año. Los registros incluyen además 46 ecuatorianos y 18 salvadoreños, entre otras nacionalidades.

En materia de deportaciones y expulsiones, Migración contabilizó 822 procedimientos entre enero y septiembre, de los cuales 472 fueron deportaciones y 350 expulsiones. La principal causal fue el ingreso irregular al territorio panameño, con 495 registros, seguida de 138 procedimientos relacionados con delitos de posesión agravada de drogas.

Los informes también identifican 387 colombianos y 187 nicaragüenses entre los deportados y expulsados, seguidos de 79 venezolanos y 58 ecuatorianos. Septiembre registró 136 procedimientos, frente a 21 en agosto, mientras que enero presentó el mayor número mensual, con 172 casos.

Durante 2026, INTERPOL Panamá también realizó otras aprehensiones de extranjeros requeridos por autoridades internacionales. El 23 de enero fue detenido en Tocumen un ciudadano mexicano solicitado por Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, vinculados, según la Policía, al Clan del Golfo.

El 23 de abril, las autoridades aprehendieron a un cubano requerido por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con trata de personas. El 16 de junio también fue detenido un ciudadano turco, solicitado por lavado de dinero y conspiración para violar una legislación estadounidense sobre poderes económicos de emergencia.

Otro procedimiento ocurrió el 21 de julio, cuando INTERPOL Panamá aprehendió a una mujer con nacionalidades española y cubana, requerida por Lituania mediante una notificación roja. La sospechosa era investigada por su presunta participación en una organización vinculada con delitos de terrorismo, según la información policial.

Estos casos evidencian el uso de Tocumen como punto de detección de personas requeridas internacionalmente, especialmente durante conexiones aéreas. Las aprehensiones por solicitudes extranjeras y las detenciones por infracciones migratorias responden a procedimientos jurídicos diferentes, aunque pueden involucrar actuaciones coordinadas entre la Policía Nacional y Migración.

El Gobierno de Panamá confirmó que los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre se realizarán en la ciudad capital, pese a las afectaciones provocadas por el terremoto del 9 de octubre.

El ministro de Educación, Ventura Vega, explicó que las celebraciones estarán acompañadas de un mensaje de solidaridad hacia las comunidades damnificadas, principalmente en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

La decisión contempla mantener las dos rutas tradicionales de los desfiles capitalinos: la primera en el Casco Antiguo, cerca de la Presidencia de la República, y la segunda en Vía España. El titular de Educación sostuvo que los estudiantes podrán participar en las actividades programadas, después de meses de preparación junto a docentes, instructores y padres de familia.

En el resto del territorio nacional, la realización de los actos dependerá de las autoridades locales, considerando las condiciones de seguridad y los daños registrados en cada comunidad. Para Colón, el comunicado oficial establece que la decisión corresponderá al gobernador de la provincia, mientras los gobiernos municipales determinarán la celebración de otras festividades tradicionales de noviembre.

El ministro Ventura Vega explicó que las celebraciones también buscan ofrecer un espacio de esparcimiento a la población, después del impacto emocional del terremoto y sus réplicas. Consideró que la preparación de los estudiantes y sus familias debe ser tomada en cuenta, siempre que existan condiciones adecuadas para desarrollar los recorridos.

La decisión del Ministerio de Educación contrasta con la suspensión de las tradicionales dianas del 3 de noviembre en la Presidencia, anunciada por el presidente José Raúl Mulino. El mandatario canceló esa actividad como muestra de respeto hacia las familias afectadas por el terremoto, aunque la medida no supone la eliminación de todas las celebraciones patrias.

También en el corregimiento de Juan Díaz, las autoridades locales suspendieron el tradicional desfile del 10 de noviembre, que conmemora el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos. El representante David Bernal explicó que la actividad será sustituida por una caravana de ayuda humanitaria hacia las comunidades damnificadas de la provincia de Los Santos.

En San Miguelito, la Asociación Cívica de Santeños Residentes canceló los desfiles de carretas y las actividades folclóricas previstas para esa misma fecha. Su presidente, Jorge Aquiles Domínguez, anunció que los esfuerzos se concentrarán en recolectar alimentos, agua y artículos de primera necesidad para trasladarlos a las familias afectadas por el movimiento sísmico.

La iniciativa denominada Gran Caravana de la Solidaridad Santeña reunirá a organizaciones de distintas comunidades, entre ellas Juan Díaz, La Chorrera, Nuevo Chorrillo, Gatuncillo de Colón y Capira. Las agrupaciones buscan transformar los recursos y esfuerzos destinados a las festividades en asistencia directa, mediante donaciones de productos de higiene, ropa, insumos médicos y otros suministros esenciales.

En Panamá Oeste, el Comité Cívico y Cultural 10 de Noviembre de La Chorrera suspendió sus actividades previstas entre el 5 y el 10 de noviembre. Asimismo, la Alcaldía de San Carlos canceló celebraciones patrias y festejos locales, incluida la realización de dianas en espacios públicos, para priorizar la atención de más de 117 familias afectadas por el terremoto.

La Junta Comunal de Las Lajas, en Chame, también anunció la suspensión de sus festividades de los días 9 y 10 de noviembre, en solidaridad con las comunidades damnificadas. Estas decisiones reflejan las diferentes respuestas adoptadas por las autoridades y organizaciones comunitarias, mientras el país intenta recuperar la normalidad después de los daños ocasionados por el sismo.

En el ámbito educativo, Vega informó que 770 centros escolares han sido inspeccionados y habilitados para retomar las clases, tras evaluaciones realizadas por ingenieros, arquitectos y personal técnico. Para los planteles que todavía presentan dificultades, los 16 directores regionales podrán aplicar alternativas contempladas en la normativa educativa, con el propósito de garantizar la continuidad del año escolar.

El ministro reconoció que persisten temores entre estudiantes, docentes y padres de familia, por lo que las revisiones estructurales continuarán antes de autorizar nuevos retornos. Mientras tanto, los desfiles del 3 y 4 de noviembre seguirán programados en la capital, en medio de un escenario en el que distintas comunidades han decidido sustituir las celebraciones por acciones de solidaridad.

Panamá registró 740 casos adicionales de dengue en su acumulado nacional durante una semana, al pasar de 9,679 a 10,419 contagios entre las semanas epidemiológicas 38 y 39 de 2026.

Aunque las cifras continúan por debajo de las registradas en 2025, el incremento evidencia que la transmisión del virus persiste en distintas regiones del país.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el nuevo balance corresponde al período comprendido hasta el 3 de octubre, cuando se contabilizaron 10,419 casos. La diferencia semanal incluye nuevas notificaciones y actualizaciones de registros anteriores, por lo que no necesariamente representa 740 infecciones ocurridas exclusivamente durante esos siete días.

La comparación también muestra un aumento de los casos de dengue grave, que pasaron de 56 a 62 entre ambas semanas. Los pacientes con signos de alarma aumentaron de 1,209 a 1,291, mientras los contagios sin manifestaciones de gravedad subieron de 8,414 a 9,066, de acuerdo con los informes epidemiológicos oficiales.

Las hospitalizaciones registraron 60 ingresos adicionales en el acumulado semanal, al pasar de 1,100 a 1,160 pacientes. Pese a ese incremento, la cifra continúa por debajo de las 1,193 hospitalizaciones contabilizadas durante el mismo período de 2025, lo que representa una disminución interanual de 2.77%.

El número de fallecidos se mantuvo en 20 personas durante ambas semanas, sin nuevas defunciones incorporadas al balance nacional. Colón registra cuatro muertes; Chiriquí, Bocas del Toro y Los Santos, tres cada una. Las restantes defunciones se distribuyen entre otras seis regiones sanitarias, según los registros del Minsa.

Aunque el acumulado semanal aumentó, Panamá presenta 2,056 casos menos que en 2025, cuando se habían contabilizado 12,475 infecciones para la misma fecha. Esto representa una reducción de 16.5%, mientras la tasa nacional disminuyó de 273 a 225.3 casos por cada 100,000 habitantes, equivalente a una caída de 17.47%.

Colón continúa encabezando las estadísticas con 2,432 casos confirmados, seguido de la región Metropolitana, con 2,389, y Chiriquí, con 1,259. Panamá Oeste acumula 1,004 contagios y San Miguelito registra 841. Estas cinco regiones concentran 7,925 infecciones, aproximadamente el 76% de todos los casos reportados en el país.

Entre los corregimientos con mayor incidencia, Veracruz registra 719 casos y Puerto Pilón otros 458, mientras Burunga acumula 368 y Sabanitas, 345. También destacan Tocumen, con 336, y Cristóbal, con 316. La concentración de contagios en estas comunidades mantiene activa la vigilancia epidemiológica y los operativos para eliminar criaderos.

El grupo de 10 a 14 años presenta la mayor tasa de incidencia del país, con 318.9 casos por cada 100,000 habitantes y 1,182 infecciones. En la semana anterior contabilizaba 1,099 casos, por lo que el acumulado aumentó en 83 registros, una variación que evidencia la exposición de la población escolar.

El dengue es transmitido principalmente por la picadura de mosquitos hembra infectados de la especie Aedes aegypti. Las hembras necesitan alimentarse de sangre para desarrollar sus huevos y pueden transmitir el virus durante ese proceso. Los machos no pican a las personas, pues se alimentan de néctar y otras sustancias azucaradas.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre elevada, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares, articulares, náuseas y erupciones cutáneas. Sin embargo, el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes y los sangrados pueden indicar una evolución peligrosa, especialmente cuando aparecen después de que comienza a disminuir la fiebre.

La enfermedad puede convertirse en dengue grave cuando provoca hemorragias importantes, choque circulatorio o daños en órganos vitales. Las autoridades recomiendan buscar atención médica ante cualquier señal de alarma y evitar medicamentos como aspirina e ibuprofeno, que pueden aumentar el riesgo de sangrado en pacientes infectados.

En América Latina y el Caribe, el dengue continúa representando un desafío sanitario, aunque los registros regionales muestran una disminución respecto de los últimos años. La Organización Panamericana de la Salud reportó más de 1.7 millones de casos sospechosos en las Américas hasta la semana 38 de 2026, una reducción frente al mismo período de 2025.

La circulación del virus persiste después de la epidemia histórica registrada en 2024, cuando las Américas superaron los 13 millones de casos. En Panamá, las autoridades mantienen los operativos de control del mosquito transmisor y reiteran que la eliminación de recipientes con agua acumulada resulta fundamental para prevenir nuevos contagios.

La muerte de una menor en la comarca Ngäbe-Buglé y un ataque a tiros que dejó herida a una niña de ocho años en San Miguelito forman parte de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público. Las autoridades también informaron sobre dos condenas por homicidio y tentativa de homicidio en un caso ocurrido en Chiriquí durante 2024.

La Fiscalía Regional de Chiriquí confirmó la aprehensión de un adolescente de 16 años por su presunta vinculación con un femicidio registrado en la comarca Ngäbe-Buglé. La víctima, también menor de edad, fue encontrada sin vida el 18 de octubre a orillas del río Cubívora, en el distrito de Müna, según el informe oficial divulgado el martes 20 de octubre.

Las autoridades no han precisado la edad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Tampoco han informado sobre la relación que pudiera existir entre ambos adolescentes. La investigación permanece abierta y el Ministerio Público desarrolla diligencias para esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad penal del sospechoso.

El adolescente aprehendido deberá comparecer ante un juez penal de adolescentes para una audiencia de control, en la que se examinarán las actuaciones judiciales correspondientes. Su detención no constituye una declaración de culpabilidad, mientras la Fiscalía reúne los elementos necesarios para sustentar la investigación por el presunto delito de femicidio.

Sobre el femicidio en la comarca, reportes de medios locales identificaron a la víctima como una estudiante de 14 años de la comunidad de Tebujo. La adolescente había desaparecido el sábado 17 de octubre y su cuerpo fue localizado al día siguiente. Las primeras inspecciones revelaron heridas de arma blanca, aunque inicialmente se consideró la posibilidad de un ahogamiento.

En otro procedimiento, la Fiscalía Regional de San Miguelito consiguió la detención provisional de un hombre de 26 años, imputado por tentativa de homicidio contra una niña de ocho años. El ataque ocurrió la noche del 17 de octubre en La Providencia, dentro del corregimiento de Belisario Porras, cuando varios sujetos llegaron hasta una residencia.

Según la investigación, aproximadamente a las 10:00 p. m., el imputado llegó acompañado de otros hombres y disparó repetidamente contra la vivienda. Como consecuencia, la menor resultó herida y un perro que pertenecía a la familia murió durante el ataque. La Fiscalía no precisó en su comunicado el estado actual de salud de la niña.

Durante la audiencia, el Ministerio Público argumentó que existían riesgos para la víctima, sus familiares y la comunidad, además de la posibilidad de afectación de pruebas. Los fiscales destacaron que en la residencia había otros menores de edad y que los disparos también pusieron en peligro a vecinos y transeúntes

La detención fue ordenada por un juez de garantías después de escuchar los argumentos de la Fiscalía, que señaló la gravedad del ataque y los posibles riesgos procesales. El imputado permanecerá privado de libertad mientras continúa la investigación. Las autoridades no han informado sobre otras aprehensiones relacionadas con los hombres que lo acompañaban.

Sobre el femicidio en la comarca, reportes de medios locales identificaron a la víctima como una estudiante de 14 años de la comunidad de Tebujo. La adolescente había desaparecido el sábado 17 de octubre y su cuerpo fue localizado al día siguiente. Las primeras inspecciones revelaron heridas de arma blanca, aunque inicialmente se consideró la posibilidad de un ahogamiento.

La menor cursaba octavo grado en el Colegio Peña Prieta, donde su muerte provocó consternación entre compañeros y residentes. Según los reportes, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de David para la necropsia. La Fiscalía todavía debe establecer las circunstancias y el móvil del crimen, así como la presunta participación del adolescente aprehendido.

En un tercer caso, la Fiscalía Regional de Chiriquí obtuvo condenas de 30 y 37 años de prisión contra dos hombres, declarados responsables de homicidio y tentativa de homicidio. Los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 2024 en La Riviera, distrito de David, donde dos hermanos fueron atacados con armas de fuego.

Según el Ministerio Público, ambos recibieron impactos de bala cerca de un proyecto de construcción, lo que provocó la muerte de uno de ellos. El otro sobrevivió al ataque. Durante el juicio, la Fiscalía presentó al menos 80 pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales, que sustentaron el fallo condenatorio unánime.

El tribunal estableció penas individuales por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. A uno de los responsables le impuso 25 y 12 años, respectivamente, mientras que al segundo le fijó 30 y 10 años. Las condenas finales quedaron establecidas en 30 y 37 años, conforme a la dosificación aplicada.