El Gobierno aprobará este martes un paquete extraordinario de medidas sociales que recogerá, entre otras, una mejora de prestaciones por viudedad, para víctimas de violencia de género o para el cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves.

El Ministerio de Seguridad Social ultima un Real Decreto-Ley, según ha adelantado El País y que ha podido confirmar elDiario.es de fuentes gubernamentales, con un amplio catálogo de reformas en prestaciones, justo en plena precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y después de que PP y Vox hayan caldeado el debate sobre una potencial reforma del sistema de pensiones si llegan a gobernar.

En el Ejecutivo aseguran que la letra pequeña del decreto no está cerrada, pero que las líneas generales pasan por mejorar la prestación por incapacidad temporal para mujeres con patologías asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género, la reforma de la llamada CUME, y la ampliación del acceso a las pensiones de viudedad y para las derivadas de actos terroristas.

Según recoge El País, el planteamiento de Seguridad Social pasa por ampliar la prestación para las mujeres con patologías asociadas a la menopausa y víctimas de violencia de género al 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará el salario el día de la baja, pero desde entonces será la Seguridad Social quien se haga cargo del abono de la prestación.

Por otro, la reforma de la prestación para padres y madres por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves (la CUME, como se conoce) permitirá que ambos progenitores puedan percibirla de manera alternativa o simultánea, además de extenderla más allá de los 26 años cuando la persona afectada presente una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada.

La Seguridad Social lleva meses preparando una modificación del marco legal de esta prestación. En junio sacaron a audiencia pública un texto con su reforma que incorporaba nuevas patologías al listado de enfermedades que permiten acceder a la misma, entre otros cambios, aunque no fue muy bien recibido por las familias.

Mejora de las pensiones por viudedad para parejas de hecho

Por otro lado, y en materia de pensiones, el texto ampliará el acceso a las pensiones de viudedad en el caso de parejas de hecho y, si hay hijos en común, será suficiente para acreditar esta relación de hecho para solicitar esta paga, algo que en la actualidad generaba problemas. Además, el decreto permitirá revisar en los próximos 12 meses las solicitudes que fueron denegadas.

También se mejoran las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas: ninguna de estas pensiones podrá situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos (2.442 euros), una cantidad un 36% mayor al que había ahora, que quedó desfasada.

El texto recoge una mejora en la protección de huérfanos por violencia de género, que percibirán prestaciones contributivas que serán de un mínimo de dos veces el SMI, mientras que las no contributivas podrán situarse, como máximo, en esos dos sueldos mínimos.

Y por último, se mejora el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, triplicando la cuantía máxima de los anticipos por beneficiario (de 100 a 300 euros) y su duración, para proteger a los menores cuando un progenitor incumple sus responsabilidades.

A pesar del adelanto electoral, el Gobierno se encuentra en plenas funciones hasta el día después de la cita con las urnas. Este Real Decreto-Ley podrá ser aprobado en la Diputación Permanente del Congreso, que ya convalidó el pasado viernes dos normas previas a la disolución de las Cortes. El Ejecutivo se plantea, entre otras medidas, subir el SMI antes de los comicios y se plantean revalorizar, incluso en funciones, las pensiones con el IPC.

La Agencia Tributaria mantiene abiertas 35 investigaciones vinculadas a posibles fraudes en las declaraciones del IVA en el sector de hidrocarburos, una rama sobre la que el fisco ha endurecido el control tras detectar un “auge” en estos ilícitos. El caso más sonado y reciente es el presuntamente liderado por el empresario, comisionista y corrupto confeso Víctor de Aldama, quien habría desempeñado un papel clave a la hora de defraudar 180 millones de euros a la Hacienda pública, una causa aún pendiente de juicio.

Esa treintena de actuaciones se encuentran en distintas instancias y fases, según fuentes de la Agencia Tributaria, organismo que ha colocado como uno de sus “objetivos prioritarios” la erradicación de este fenómeno “dado el enorme perjuicio que estaba causando, tanto a la sociedad como a la Hacienda Pública”.

Solo por poner un ejemplo, más allá de casos mediáticos: de los diez mayores morosos de la lista que publica anualmente el fisco, cinco son compañías vinculadas a este fraude, que deben cerca de 900 millones de euros a la Agencia Tributaria. Son Bio Zenite Energy (232,9 millones), Metaway Combustibles (195,6 millones), Vertix Petroleum (194,7 millones), Marillion SLU (151,1 millones) y Biomar Oil (119,1 millones). Pero son decenas de sociedades y la deuda global se sitúa cerca de los 1.500 millones (de un total de 15.400 millones).

Entre ellas, también, Villafuel SL, la compañía que da nombre a la trama que involucra no solo a Víctor de Aldama –condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso Mascarillas, pero eximido por el Supremo de ingresar en prisión–, sino también a Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en billetes a la sede del PSOE en Ferraz. En su momento, Pano aseguró que ese efectivo era de Claudio Rivas, dueño de la compañía en cuestión.

Rivas tiene dos causas más abiertas en la Audiencia Nacional: el caso Gaslow, por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021; y el que involucra a otra sociedad (SKT Oil), por un quebranto de más de 70 millones entre 2016 y 2018.

Empresas que desaparecían sin pagar el IVA

Pese a que los tentáculos de la trama hidrocarburos se han mezclado con la política española a través del caso Koldo, y ya resulta difícil saber dónde empieza uno y acaba otro, el mecanismo por el que se llevaba a cabo este presunto fraude era relativamente sencillo. Los presuntos defraudadores creaban empresas pantalla que compraban el combustible, lo vendían cobrando el IVA a sus clientes y, después, desaparecían antes de que Hacienda pudiera reclamar el impuesto. Eso le permitía vender el combustible a precios más baratos y ganaban cuota de sus competidores.

A la vista de que el problema del fraude de hidrocarburos no dejaba de engordar, suponiendo un quebranto cada vez mayor para la Hacienda pública, el Gobierno decidió reforzar los controles para ser un operador mayorista del sector. Hasta 2023, las empresas solo debían acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera ante el registro gestionado por el Ministerio de Industria, siendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien publicaba, posteriormente, un listado de aquellas compañías al por mayor en ejercicio.

En aquel año, el Ministerio para la Transición Ecológica sustituyó a Industria en esas funciones y, al mismo tiempo, la Agencia Tributaria puso en marcha el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), dado que “las actuaciones de control represivas (y a posteriori) no eran suficientes para atajar el fraude en el sector”, reconocen desde el fisco.

A través del Redef, que entró en marcha también en 2023, el Gobierno estableció que los titulares de los depósitos fiscales de los hidrocarburos se convertían en responsables subsidiarios en el caso de una deuda con Hacienda, siempre y cuando permitieran su extracción (es decir, la retirada del combustible) por parte de operadores no autorizados en el registro. La primera versión de este listado incluyó inicialmente a numerosas compañías que ya estaban involucradas en fraudes al IVA, explican desde la Agencia Tributaria, por lo que se tuvo que depurar el listado hasta entrado 2024, “de manera que el fraude al IVA en el sector se redujo de manera muy notoria”.

Además, con la reforma fiscal de 2024, Hacienda puso en marcha la llamada ‘solución italiana’, que obliga a los operadores a garantizar el pago del IVA –bien con avales o a través de un adelanto– antes de la salida del depósito y no meses después, una exigencia que solo se puede salvar en el caso de que sean reconocidos como ‘confiables’. Precisamente, para evitar que las empresas desaparezcan sin pagar los impuestos correspondientes. Este sistema empezó a funcionar el pasado 1 de febrero y fuentes del fisco apuntan que los resultados “están siendo muy positivos”, ya que garantizan una detección temprana del fraude, en el caso de que suceda.

Los formularios que tienen que rellenar estas operadoras se encuentran en pleno proceso de renovación. El Ministerio de Transición Ecológica publicó el pasado mes de junio una consulta para la actualización de los formularios que han de rellenar estas operadoras, con el objetivo de recoger las nuevas categorías de combustibles y, también, para facilitar la lucha contra el fraude.

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el Real Decreto-Ley con las ayudas por la guerra de Irán con los votos a favor de PP, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, entre otros, por lo que las rebajas fiscales a los combustibles, las medidas específicas para el campo y el transporte o el tope a la tarifa del gas para hogares vulnerables seguirán en vigor. Vox ha votado en contra.

El vicepresidente primero y ministro de Economía ha defendido un texto que, ante la incertidumbre por la guerra y las tensiones en los mercados internacionales, “profundiza en una apuesta equilibrada” que protege a empresas y sectores afectados. En total, desde marzo se han movilizado 12.000 millones de euros para “continuar dando protección y seguridad de ciudadanos y empresas”.

Cuerpo ha asegurado que las rebajas fiscales a la gasolina y al gasoil están funcionando y las gasolineras las están aplicando íntegramente en los precios. Según ha destacado el ‘número dos’ del Ejecutivo, al día siguiente de aprobarse el nuevo Real Decreto-Ley de ayudas, el 82% de las gasolineras “ya había trasladado el total de esta reducción impositiva”.

El vicepresidente ha apuntado que el alivio fiscal está permitiendo compensar el 60% del aumento del coste de la gasolina y un 40% en el caso del diésel.

La nueva rebaja fiscal aprobada a finales de septiembre contempla un recorte de 20 céntimos para el mes de octubre, a través del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, de 13 céntimos por litro en noviembre y 6 en diciembre, con una cláusula de salvaguarda en el caso de que los precios superen un incremento del 15% interanual. El dato de inflación de septiembre ha confirmado este extremo, por lo que la rebaja equivalente de 20 céntimos permanecerá en noviembre.

Medidas para la TUR, el campo y el transporte

Además, la norma vuelve a intervenir la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural, a la que están acogidos más de 3 millones de consumidores. Para evitar “un aumento de la TUR superior al 45 por ciento respecto de la tarifa vigente desde el 1 de julio”, se introduce un mecanismo similar al que estuvo vigente entre finales de 2021 y junio de 2024 para limitar las subidas de la tarifa regulada del gas, topando el componente relacionado con el coste de la materia prima a un 35% para el último trimestre de este año y a un 15% para los siguientes.

También se establece un mecanismo para recuperar temporalmente el IVA del 10% sobre electricidad y determinados combustibles, y vuelve a rebajarse el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo legal del 0,5% si el IPC energético supera el umbral del 15%.

El decreto introduce nuevas obligaciones relativas al control de la tensión eléctrica, clave en el apagón de 2025 y también una obligación extraordinaria de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.

Para el campo, un sector prioritario, el decreto amplía “por un lado, el plazo de vigencia de la ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios” que finalizará a finales de este año. “El importe para el cálculo de la ayuda correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2026 será hasta el 70 por ciento de la diferencia entre el precio medio del gasóleo agrario de la semana y el precio del gasóleo agrario antes del inicio del conflicto, sin que, en ningún caso, pueda superar los 0,2 euros por cada litro de gasóleo”. Asimismo, se amplía igualmente la ayuda compensatoria a empresas armadoras de buques pesqueros por el incremento de costes productivos provocados por el aumento del precio de los combustibles.

En cuanto al transporte, el texto recoge la prórroga, para los meses de octubre, noviembre y diciembre, de la “ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los titulares de los vehículos que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional”.

El texto recoge que el “importe de la ayuda ascenderá a 5 céntimos de euro por cada litro de gasóleo utilizado como carburante en el motor de los vehículos” de transporte por carretera “en los suministros realizados durante el mes de octubre de 2026”. Pasará “a 12 céntimos de euro por cada litro de gasóleo suministrado en el mes de noviembre de 2026 y a 19 céntimos de euro por cada litro de gasóleo suministrado en el mes de diciembre de 2026”. Además, recoge que “si por aplicación del mecanismo de salvaguarda, la bajada del tipo de gravamen del gasóleo fuera mayor en el mes de noviembre, el importe de la ayuda será de 5 céntimos por litro y, en el mes de diciembre y según el caso, de 5 ó 12 céntimos por litro”.

Por último, en el ámbito ferroviario, recoge el Real Decreto-Ley, “se establece una línea adicional de ayudas directas, complementaria” a lo últimos planes de ayuda aprobados por el Ejecutivo “destinada a compensar el impacto persistente de los costes energéticos sobre las empresas operadoras, evitando efectos de expulsión de este modo de transporte que puedan comprometer los objetivos de sostenibilidad y eficiencia del sistema logístico”.